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    • rdf:value = " MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. Primer trámite constitucional. Segundo informe complementario. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- A continuación, corresponde tratar el informe complementario sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Harry Jürgensen. Antecedentes: -Informe Complementario de la Comisión de Hacienda, boletín Nº 1374-05. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Solicito la unanimidad de los señores Diputados para permitir el ingreso a la Sala del señor Manuel Marfán , Subsecretario de Hacienda , y del señor Fiscal de Aduanas . Acordado. Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente , por acuerdo de los Comités parlamentarios, se acordó que la citada iniciativa volviera a la Comisión de Hacienda para reestudiar el artículo 4º del proyecto en relación con una indicación del Ejecutivo, que tiene por objeto sustituirlo por el siguiente: “Artículo 4º.- Agrégase al artículo 80 de la Ordenanza de Aduanas, a continuación de la expresión “licitación”, la frase “o habilitación directa”.”. En esta ocasión, la Comisión contó con la asistencia de los señores Claudio Juárez , asesor del Ministerio de Hacienda, y de Alfredo Ugarte , fiscal del Servicio Nacional de Aduanas. Explicaron que la indicación señalada, en esencia, no difiere del texto aprobado por la Comisión de Hacienda en sesión de fecha 3 del presente, puesto que dejaría abierta la posibilidad para habilitar depósitos aduaneros en cualquier punto del país. Asimismo, se establece en una misma disposición los dos regímenes posibles para la instalación y explotación de recintos de depósitos aduaneros. Sometida a votación la indicación del Ejecutivo , fue aprobada por 6 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Los Diputados señores Arancibia , Bartolucci , Cornejo , Makluf , Urrutia, don Raúl ; Villegas y Venegas , también formularon la siguiente indicación: “Por el reglamento a que se refiere el inciso anterior, se fijarán los requisitos y condiciones a que deberán someterse los recintos que se instalen mediante concesión o habilitación directa. Tales recintos deberán ubicarse dentro del territorio jurisdiccional de la aduana de la cual dependan y respecto de mercancías a importarse, sólo podrán depositarse en ellos aquellas que ingresen al país por las aduanas de su jurisdicción. “Las normas contenidas en los artículos 81, 83 y 83 bis y demás a que se sujetan los concesionarios de recintos de depósitos, serán también aplicables en lo que resulte procedente, a quienes se les habilite recintos en forma directa.” Los autores de la indicación explicaron que se provocaría un grave daño económico a las ciudades-puerto si se permitiese la habilitación de almacenes en cualquier punto del país, estando facultados para recibir mercaderías ingresadas al país por aduanas diferentes a la de su jurisdicción. Por otra parte, se sostuvo que el beneficio de los almacenes extraportuarios consiste en que la mercadería llegue lo más cerca posible del lugar que convenga al usuario y que el futuro promisorio de las ciudades-puerto estaría más bien ligado a un comercio internacional que fuera más expedito y de bajo costo. Sometida a votación, la indicación fue aprobada por 7 votos a favor y 3 en contra. Es todo cuanto puedo informar respecto de las dos indicaciones formuladas al artículo 4º. La Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia. El señor URRUTIA (don Raúl) .- Señor Presidente , en la indicación presentada por un grupo de señores Diputados al artículo 4º, es fundamental tener presente que fue aprobada por la Comisión de Hacienda por 7 votos contra 3 y que permitirá a todas las regiones del país, a través de los almacenes extraportuarios que se instalen en ellas, nacionalizar las mercancías que se depositen en esos recintos. En reiteradas ocasiones se ha señalado que se trata de un beneficio exclusivo para Valparaíso, y, en verdad, ello no es así. En definitiva, con esta indicación se permitirá competir a todos los almacenes extraportuarios del país, en especial a Valparaíso, con los de la Región Metropolitana, en igualdad de condiciones. La libre competencia debe ser regulada por el Estado a través de un instrumento, que es la ley, impidiendo que algunas actividades sean monopolizadas por algunas ciudades en desmedro de otras. Hay ciudades que tienen mayor atracción por el gran número de industrias o por la enorme cantidad de personas que en ellas vive, en desmedro de aquellas regiones o provincias aledañas que carecen de las mismas condiciones económicas. Si la indicación no se aprueba, la situación de la Quinta Región sería bastante desastrosa. Se afectaría el empleo de más de cinco mil personas, porque no sólo decaería la actividad de las agencias de Aduanas, sino también la bancaria y comercial de todos los servicios relacionados con el almacenaje de las mercancías en los recintos de depósitos aduaneros. Es decir, se afectaría a todas las actividades que presta el Servicio Nacional de Aduanas, sobre todo en su dirección regional, aumentando considerablemente el alto porcentaje de cesantía de esta región, que es del diez por ciento. Los habitantes de la Quinta Región no estamos solicitando leyes especiales, como se les otorga a algunas para que puedan subsistir, sino solamente piden que se mantenga lo que hoy tiene Valparaíso . Por eso solicito aprobar la indicación que hemos presentado, de manera que haya libertad de competencia entre los diferentes almacenes extraportuarios del país. He dicho. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente , es útil hacer un poco de historia sobre las indicaciones que en algunos momentos más vamos a votar, y llamar la atención sobre la importancia que tienen para nuestro comercio internacional. En primer lugar, en el mensaje del Ejecutivo al Congreso Nacional se señala expresamente que la iniciativa pretende -cito textual- “facilitar la instalación de recintos privados de depósito aduanero y almacenes particulares en áreas distantes del frente de mar donde se realizan las operaciones de transferencia de carga. La existencia de estos recintos permitirá reducir el almacenamiento portuario prolongado -causante de una parte importante de la congestión portuaria-, cuando el aforo en origen o destino no sea técnica o económicamente factible". En función de estos principios, definidos en el mensaje del Ejecutivo , se nos proponía un artículo 2º que decía lo siguiente: "Facúltase al Presidente de la República para que mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, modifique el Título Preliminar y el Libro II de la Ordenanza de Aduanas, con el objeto de adecuar la normativa aduanera a la interconexión electrónica de la tramitación de los documentos, modificar el procedimiento de las normas relativas al aforo permitiendo que el examen físico de las mercancías en los casos de las exportaciones e importaciones pueda practicarse en lugares distintos de los actualmente autorizados, como también modificar las normas sobre instalación y explotación de almacenes de depósito aduanero operados por particulares". Teniendo en vista las ideas contenidas en el mensaje y en la redacción propuesta por el Ejecutivo en el texto del proyecto, la unanimidad de la Comisión de Hacienda decidió separar las materias y dejar en el artículo 2º aquéllas relacionadas con la facultad para que el Presidente de la República modifique la normativa aduanera en lo relativo a la interconexión electrónica de la tramitación de los documentos, y en un artículo 4º lo relativo a los almacenes extraportuarios. En consecuencia, no nos hemos excedido en ninguna de las atribuciones y facultades que nos otorgan la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Me parece importante tener presente este planteamiento, desde el momento que se discutió la atribución que pudieran tener los parlamentarios para for-mular la indicación del artículo 4º original que se proponía en el informe de la Comisión de Hacienda. Después, el Ejecutivo envió una indicación proponiendo reemplazar el artículo 4º, de origen en una indicación parlamentaria, para agregar en el artículo 80 de la Ordenanza General de Aduanas la expresión: "o habilitación directa", con el objeto de permitir habilitar depósitos aduaneros en cualquier punto del país. La indicación fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, a ella se formuló una de origen parlamentario, con lo cual se estaría restringiendo la instalación de estos depósitos de habilitación directa a la zona jurisdiccional de las aduanas, con el evidente propósito -como aquí lo ha señalado el Diputado señor Urrutia - de que esto quede restringido sólo a las zonas puerto. Esta restricción es altamente inconveniente para el comercio internacional. Entendemos que los parlamentarios que representan a zonas puerto se preocupen por una de sus actividades económicas, por el impacto que una medida, como la habilitación directa de almacenes extraportuarios en todo el territorio nacional, pueda tener en el empleo en sus respectivos distritos. Sin embargo, si lo miramos a mediano y largo plazo, debe-mos concluir que la única forma de fortalecer esas zonas es estimular y desarrollar nuestro comercio internacional. Cuanto más lo entorpecemos y encarecemos, más impedi-mos que tengan un desarrollo acorde con sus potencialidades. Por eso, solicito que se voten en forma separada la indicación del Ejecutivo y la presentada por parlamentarios. Quiero llamar la atención respecto de esta última y señalar que, en mi opinión, sería extraordinariamente inconveniente para el comercio internacional, pues significaría un retroceso e iría en contra de lo que el propio Ejecutivo nos propuso en su mensaje. Además, en el momento de emi-tir nuestro voto debemos tener presentes los efectos que ella pueda tener. Señor Presidente , por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Ribera. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente , no quiero ir al fondo del tema, porque me inscribiré para intervenir en él, pero deseo formular una pregunta a Su Señoría y, por su intermedio, también al Diputado señor José García . En la primera página del informe complementario, se dice que los Comités parlamentarios acordaron que “la citada iniciativa volviera a la Comisión de Hacienda para que se reestudiara el artículo 4º del proyecto en relación con una indicación del Ejecutivo” y no con una indicación presentada por parlamentarios. A mi entender, la Comisión fue más allá de dicho acuerdo, ya que los parlamentarios no podían formular indicación alguna. Lo único que podía hacer era abocarse a estudiar el fondo de la indicación del Ejecutivo y no otra materia. Por tanto, me parece que aquí hay un problema reglamentario previo, pues la Sala no autorizó lo que en definitiva hizo la Comisión: abocarse a una materia distinta a la que le fue encomendada. Señor Presidente, solicito una respuesta sobre el particular. Muchas gracias. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- El tema en discusión es el planteado por Su Señoría y por eso el proyecto se envió a la Comisión de Hacienda para un nuevo informe. Dado que en este momento están funcionando en el Senado las cinco subcomisiones que analizan el proyecto de Presupuestos para el próximo año, y que respecto de la iniciativa anterior, relativa a normas laborales, la Sala adoptó un acuerdo en igual sentido, propongo que todos los artículos del proyecto en discusión se voten a las 13 horas. ¿Habría acuerdo? Acordado. Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente , formulé a Su Señoría una pregunta concreta. Sostengo que los Comités y la Sala encomendaron a la Comisión de Hacienda un solo objeto: analizar la indicación presentada por el Ejecutivo y no otra materia, pero la Comisión emitió un informe no sólo respecto de dicha indicación, sino también de una formulada por parlamentarios, en circunstancias de que la Sala no le encomendó ese estudio. Por lo tanto, no puede ser objeto de discusión. Hoy sólo cabe considerar si la indicación del Ejecutivo fue analizada o no por la Comisión de Hacienda, pues estimo que ésta se extralimitó en sus atribuciones. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Señor Diputado , la primera página del informe complementario, el boletín Nº 1374-05-2, es clara. Dice: “Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se acordó que la citada iniciativa volviera a la Comisión de Hacienda para que se reestudiara el artículo 4º del proyecto en relación con una indicación del Ejecutivo que tiene por objeto sustituirlo por el siguiente:” Su Señoría tiene razón al formular la consulta respecto del artículo 4º, pero quiero recordar, porque me correspondió presidir las dos sesiones en que se trató este proyecto, que algunos artículos no se votaron, porque en ese momento no se reunía el quórum especial requerido. Por eso, existe un acuerdo de la Sala para votarlos a las 13 horas. Por lo tanto, voy a seguir ofreciendo la palabra para referirse al reestudio de la indicación al artículo 4º. El señor RIBERA.- Señor Presidente , si usted me da la razón de que la Comisión no podía abocarse más que al estudio de la indicación del Ejecutivo , entonces el resto de las proposiciones de los señores parlamentarios no puede ser considerado, porque, además, los plazos constitucionales para presentar indicaciones habían expirado. Claramente, la Comisión se abocó a un tema distinto al autorizado por la Sala. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente , pongo término a mi primera intervención, sin perjuicio de que me reservo el derecho de hacer otra. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia, por un asunto reglamentario. El señor URRUTIA (don Raúl) .- Señor Presidente , es para señalar que el Diputado señor Ribera está equivocado. El informe dice que se reestudiará el artículo 4º del proyecto en relación con una indicación del Ejecutivo, pero eso no significa que en dicho estudio los parlamentarios no puedan presentar indicaciones. En tal caso, sólo tendríamos que aprobar o rechazar lo que el Ejecutivo haga, y nuestra labor es estudiar en profundidad los proyectos que nos envía. Si acogiéramos la teoría del Diputado señor Ribera, estaríamos de más en este Parlamento. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo, para referirse a un punto de Reglamento. El señor CORNEJO .- Señor Presidente , en relación con el artículo 4º, percibo que la observación del Diputado señor Ribera tiende a evitar que la indicación aprobada en la Comisión de Hacienda se pueda discutir y votar en la Sala. Si la Mesa adoptara esa determinación, nos obligaría a votar la indicación que se discutió en la última sesión, oportunidad en que algunos parlamentarios sostuvimos que era inconstitucional, sin que hubiera ningún pronunciamiento concreto de la Mesa respecto de la materia. Por lo tanto, para los efectos de ordenar el debate, y como algunas intervenciones tienden a evitar que se estudie el fondo, pues sólo nos hemos dedicado a la forma, sugiero a la Mesa convocar a una reunión de Comités para determinar cómo vamos a tratar este tema en la Sala. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- La interpretación de la Mesa es la siguiente: Así como en otras sesiones se planteó la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas normas -Su Señoría también intervino-, ahora hay cinco parlamentarios inscritos para opinar sobre el reestudio del artículo 4º, con todas las indicaciones que se hubieran analizado, discutido y aprobado en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, continúa el debate sobre el tema. Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, en esta oportunidad no quiero detenerme en aspectos formales, sino abordar el tema de fondo del proyecto. Desde mi punto de vista, el tema de fondo no está vinculado con Valparaíso, las regiones o Santiago , sino con la estrategia de desarrollo por la que ha optado el país, la cual, no ahora, sino hace muchos años, es de apertura al comercio exterior. Esa es la estrategia que tiene Chile desde hace más de una década, la que, en definitiva, le ha forjado el éxito y permitido progresar y crecer sostenidamente en el tiempo. Esta opción, que Chile tomó hace muchos años, es la que está adoptando el mundo entero. Ejemplos hay muchos, pero lo concreto es que hoy día nuestro país tiene que competir con Asia, con Europa, con los países desarrollados y, sobre todo, con países emergentes que están adoptando esta misma estrategia de desarrollo. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado ? Solicito la unanimidad de los señores Diputados para que ingrese a la Sala el Director de Aduanas subrogante, don Osvaldo Rivas. ¿Habría acuerdo? El señor RIBERA.- ¡No! El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo. Puede continuar el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , lo que está ocurriendo en el mundo, y que no debe ser indiferente para nuestro país, es que cada vez tenemos más competidores en el comercio exterior. Lo anterior significa que, como país, debemos ser lo más competitivos posible para que nuestros productos lleguen a destino y puedan competir en los distintos mercados. Si se analiza la perspectiva del proyecto, el primero de modernización planteado por el Ejecutivo , vemos que se comenzó por Aduanas por su estrecha vinculación con el comercio exterior, cuyas actuales normas le colocan serias limitaciones e, incluso, costos adicionales. Tal como lo ha señalado el Diputado señor José García , el proyecto tiene tres elementos fundamentales: la interconexión electrónica, la modificación de las normas sobre el aforo y, para efectos internos no tan vinculados con el comercio exterior, la modificación de los criterios relativos al personal. Dentro de esos elementos, los depósitos de habilitación directa en distintos lugares del país constituyen una piedra angular del comercio exterior, porque cuando se importan distintas materias primas para la elaboración de productos de exportación, el hecho de llegar directamente al usuario significa, sin duda, una rebaja sustancial de los costos. Lo más probable, y así lo conversaba con distintos parlamentarios, es que a la larga esta sola disposición no será determinante para el comercio exterior. Pero no nos damos cuenta de que cuando los países son competitivos, las pequeñas diferencias pueden hacer ganar o perder un mercado. Por lo tanto, esta disposición no debe ser mirada en forma aislada, sino como parte de un conjunto de normas que, si a la larga las sumamos, nos pueden hacer más o menos competitivos y permitirnos ganar o perder un mercado determinado. Así veo el proyecto, y por eso estimo indispensable que existan normas flexibles para que nuestro comercio exterior se pueda ir adaptando a esta nueva realidad que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Considero nefando que, a pesar de advertir esa realidad, vayamos colocando distintas cortapisas que el día de mañana pueden tener un alto costo no sólo para una ciudad en particular, sino para el país entero. Por lo tanto, más que desde una perspectiva de región o de ciudad-puerto, el proyecto hay que analizarlo en ese contexto, porque de otra manera no se va a entender bien la discusión. Por eso, encontrando legítimas muchas de las aprensiones de las ciudades-puerto, creo que hay dos intereses contrapuestos que deberían complementarse y analizarse en otra perspectiva, que es el bien común país versus el bien particular de las ciudades-puerto. Desde mi punto de vista, la estrategia de desarrollo de las ciudades-puerto debería analizarse en otro contexto y no en este particular, relacionado con el tema del Servicio de Aduanas. Las ciudades se fortalecen cuando se robustece el comercio exterior, y una manera de hacerlo es liberándolo de estas disposiciones. En síntesis, aquí no está en juego el tema de Valparaíso versus Santiago, o de otras ciudades-puerto del país. Lo que está en juego es la decisión de hacer un país más competitivo ante todo un concierto mundial que está adoptando este sistema, pues son esas pequeñas diferencias las que nos permiten ganar o perder un mercado. Indudablemente, tenemos que asimilar esa realidad para que, en definitiva, el país y nuestro comercio exterior puedan ser más eficientes y, de esa manera, podamos seguir con esta estrategia de desarrollo, para que otros países, que están emergiendo en forma fuerte, no nos hagan perder mercados en el futuro. En esta perspectiva se analizó el proyecto de modernización, y, tal como lo señalé al comienzo, no por azar se comenzó por el tema portuario. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Quiero clarificar dos cosas. En la discusión de este proyecto, los parlamentarios inscritos tienen derecho a dos discursos de 5 minutos cada uno. El Diputado señor Orpis ocupó prácticamente los dos discursos. No lo quise interrumpir en su momento para señalárselo; pero lo hago presente para que lo tengan en cuenta los Diputados inscritos. Nuevamente solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese el Director subrogante de Aduanas , don Osvaldo Rivas. El señor RIBERA.- Señor Presidente , voy a dar ahora la unanimidad, porque el Diputado don Raúl Urrutia me ha señalado que el Director en ejercicio está enfermo. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Por lo tanto, habría acuerdo sobre ese punto. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, estamos analizando dos indicaciones. La primera es la del Ejecutivo al artículo 80 de la Ordenanza de Aduanas, para agregar la expresión “o habilitación directa”, de modo que se puedan entregar a particulares los recintos de depósitos aduaneros, ya sea mediante licitación o habilitación directa. Esta es la médula del proyecto, en lo relativo al artículo 4º. Esto es lo que efectivamente el Gobierno está proponiendo, y lo que constituye el interés del Gobierno y de su proyecto en lo relativo a la modernización del servicio. Esto es muy importante, porque la indicación parlamentaria a que me voy a referir, no echa por tierra, en absoluto, esta proposición del Gobierno, que se considera, y la consideramos, sustancial para lo relativo a la modernización de este servicio. Vamos a votar a favor esta primera indicación presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, hemos agregado una segunda indicación, que es parte de toda una larga historia de la tramitación de este proyecto, la cual tiende a ser equitativo el proyecto de modernización del Ejecutivo con las aspiraciones, deseos e intereses, también legítimos, de las regiones y, específicamente, de las ciudades-puerto. Señor Presidente , quiero llamar la atención de mis colegas, para que tengan claro al momento de votar que si no se aprueba la indicación parlamentaria, estaremos provocando una lesión enorme a las regiones, sobre todo a aquellas que están muy cercanas a Santiago. Quienes hemos suscrito la indicación, no podríamos estar en desacuerdo con la modernización de un servicio y del Estado en relación con el comercio exterior; pero planteamos que la modernización de un servicio y de una función del Estado se haga con equidad, sin perjuicio ni desmedro de las regiones. No nos parece bien que las modernizaciones del Servicio de Aduanas y de una función del Estado vayan en perjuicio de las regiones y en beneficio del Area Metropolitana, de Santiago. Este es el riesgo que corremos de no aprobarse la indicación parlamentaria. ¡Está bien la modernización del Estado y la agilización del Servicio de Aduanas, pero no en beneficio de Santiago y en perjuicio de las regiones! La modernización debe hacerse con un criterio equitativo. En consecuencia, luego de aprobar la primera indicación, que es la que interesa al Ejecutivo y mediante la cual se pretende la modernización, debe sancionarse una segunda, que permita que la equidad esté presente, para que esta modernización del Estado se haga sin perjudicar a las regiones. Se ha dicho aquí que son tres las modernizaciones planteadas. Pues bien, la indicación nuestra no tiende a desfavorecer ninguna de las planteadas por el Ejecutivo , sino a hacer equitativa una de ellas. Se exagera y se exacerba más allá de lo racional la argumentación cuando se dice que con una indicación como la nuestra -lo he comprobado en algunas intervenciones- prácticamente se pone en juego todo el comercio exterior de Chile, se lo dificulta, no hay competitividad-país, se echa abajo la piedra angular del comercio internacional chileno, no hay eficiencia para nuestro comercio, hay costos adicionales, todo se encarece, como si en esta disposición se jugara todo el destino del comercio exterior de Chile, tanto de las importaciones como de las exportaciones, cuando la cadena del sistema de comercio exterior es muchísima más amplia que eso. Aceptamos la instalación de estos depósitos aduaneros fuera de los recintos portuarios establecidos en las regiones, evitando que se establezcan en la Región Metropolitana sólo para las mercaderías de importación, ya que tampoco lo hemos planteado para las mer-caderías de exportación, porque entendemos la cadena exportadora y, además, lo que debe ser un verdadero servicio modernizado, en que el aforo se hace documentalmente y no físicamente. Ahí está la modernización y tecnificación que el Gobierno plantea, ahí se juega verdaderamente la modernización del servicio. Entendemos lo que es el proceso exportador y la cadena de importaciones que se puede hacer a través del aforo documental y que las mercaderías vayan directamente a recintos extraaduaneros. Además, la indicación tampoco impide que haya recintos aduaneros fuera de los puertos en cualquier parte del país. Lo que queremos es que el depósito de las mercaderías que ingresen por un puerto, en el caso de que el aforo sea físico y tengan que establecerse en un recinto extraportuario, se haga dentro de la respectiva jurisdicción de la aduana a que pertenece el puerto por el cual ingresan, como una manera de proteger la actividad económica de las ciudades-puerto de las regiones. Sabemos que el monstruo de Santiago crece y va abarcando a todas las actividades, destruyendo las regiones. ¡Cada vez más centralismo, cada vez más actividades, cada vez más economía, cada vez más riqueza, mientras las regiones se empobrecen! Es muy fácil para los señores Diputados entender que el proceso aduanero es parte importante de la actividad portuaria. No queremos perder esa parte de la cadena económica que significa el proceso aduanero: queremos que parte del proceso portuario de importaciones permanezca dentro de las regiones. Santiago es una ciudad que va creciendo más allá de lo prudente. Esta es una nueva actividad económica que va a tomar la capital, en desmedro de las regiones del país. Llamo a los colegas a meditar sobre esta situación, para que demos aquí una señal clara de que estamos por la modernización de un servicio, aprobando la indicación del Ejecutivo y el resto del articulado, pero que somos equitativos, y que, al mismo tiempo, queremos proteger la actividad legítima que corresponde a las regiones del país y que estamos apoyando también la modernización de nuestro sistema de comercio exterior, sin causar un perjuicio enorme a las ciudades-puerto y a las regiones del país. Al votar, es necesario que tengamos presente la equidad y la armonía que significan las dos indicaciones: la del Ejecutivo y la de los parlamentarios, que yo denominaría complementarias, equitativas, como una manera de establecer un sistema que realmente pueda funcionar en beneficio de todos y no solamente en el de la Región Metropolitana. Esa es nuestra alegación, ese es nuestro planteamiento, que, esperamos, esté en la conciencia de cada uno de los señores parlamentarios al momento de emitir su pronunciamiento. De esta forma, habremos dado un paso de equidad en beneficio del país, de su comercio exterior y en resguardo de las legítimas aspiraciones que corresponden a las regiones y a las ciudades-puerto del país. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención planteando que es absolutamente reglamentario que estemos discutiendo esta indicación, ya que la Comisión tiene la facultad legal, además de discutir una indicación del Ejecutivo, de plantear una indicación como ésta. Al respecto, quiero decir esencialmente dos cosas. En primer lugar, la materia en discusión es muy importante, pero poco tiene que ver con la modernización del Servicio Nacional de Aduanas, por lo que debemos debatirla en otro momento y en otro contexto. Yo tengo un juicio sobre la estrategia de desarrollo de nuestro país, sobre la estrategia de apertura, sobre la necesidad de tener una visión madura y de mediano plazo respecto a nuestra integración a nivel mundial, sobre la integración con regiones y, específicamente, sobre los acuerdos del Nafta, Mercosur, Unión Europea y Apec. No es tiempo de sacar cuentas políticas livianas, como han tratado de hacerlo algunos a través de la prensa en estos días, debido a un retroceso en el proceso de incorporación al Nafta, producido por problemas de política interna de Estados Unidos. Tiendo a compartir más la opinión del Gobierno y del representante del empresariado. Estamos en un proceso de integración, en el cual hay que modernizar muchos servicios. Aduanas es uno de ellos. Sin duda, es muy necesaria una ley general de puertos; necesitamos modernizar Emporchi y muchas otras cosas. Este no será el único proyecto de esta naturaleza. Desde que recuperamos la democracia, se ha intentado modernizar servicios públicos o sectores del Estado; pero no creo que este debate sobre estrategia de desarrollo y el lugar que en ellos puede cumplir la habilitación de almacenes aduaneros tenga que ver con el esfuerzo y con la idea principal de esta iniciativa, relacionada con la modernización del Servicio Nacional de Aduanas, un servicio público. Deberíamos separar los temas. Metodológicamente, sería útil que el representante del Gobierno nos ayudase a asumir un compromiso de que se pueda discutir este tema en otra iniciativa y que, hasta que se presente esa iniciativa, el reglamento actual no sea modificado. Señor Presidente, el tema de los almacenes es de mucho interés e importancia, pero tengo una discrepancia con el colega Bartolucci sobre el tema de fondo. No creo que este sea un problema de Santiago versus las regiones-puerto ni que tenga que ver exclusivamente con ellas. Mi opinión es que tiene que ver con muchos otros temas, como la libertad de la iniciativa privada. La Quinta, la Segunda u otras regiones donde existan establecimientos aduaneros, no tienen el derecho a coartar la libertad de iniciativa en otras partes del país ni tienen por qué transferirles, potencialmente, un costo más grande por almacenaje a las regiones que carecen de puertos. Quizás, para Codelco-Chile es más importante contar con cierto tipo de almacenes que alberguen sus importaciones, dependiendo del tipo que éstas sean, pero estimo que es un debate que no debemos realizar en este contexto. Más bien, debemos aprobar la primera indicación que viene propuesta -a la letra a)-, para despachar de una vez por todas el proyecto de modernización de aduanas y pedir al Ejecutivo que asuma el compromiso de abordar este tema en otro contexto. Más importante es dar tranquilidad en cuanto a que el reglamento vigente no será modificado hasta cuando el Congreso Nacional realice un debate más abierto sobre este tópico. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , estamos en presencia de un importante proyecto de modernización del Estado que implica continuar mejorando nuestra competitividad como país, la eficiencia de nuestras exportaciones e importaciones. A mi juicio, es de la máxima importancia que sea finalmente aprobado y llegue a su término con coherencia, como realmente se necesita desde el punto de vista del desarrollo integral. Lamento profundamente la discusión y la confusión que se ha originado respecto del artículo 4º, con la habilitación directa de almacenes extraportuarios. Sobre este tema, el Gobierno ha dado muestras de comprensión al modificar la ordenanza de Aduanas en lo que a esto atañe, y es así como en la letra a), mediante una indicación, ha eliminado la frase, entre otras, que implica la habilitación de almacenes en todo el territorio nacional. En el fondo, ello significa un mejoramiento en relación con la normativa vigente, en términos de que los almacenes extraportuarios que hoy se licitan, puedan ser -cuando el caso lo amerite- habilitados directamente. Respecto de la indicación que han presentado algunos parlamentarios, quiero señalar que el reglamento que rige en la actualidad otorga a las ciudades-puerto -y en forma mucho más clara a Valparaíso- las preferencias que existen, esto es, que los recintos se establezcan en el área jurisdiccional de la aduana y que a ésta lleguen las mercaderías que se importan a través del respectivo puerto. A mi juicio, en un proyecto de la importancia del que estamos discutiendo, no se justifica rigidizar lo que ya existe en el reglamento. Aquí no hay ningún perjuicio para las ciudades-puerto; al contrario, en el corto y mediano plazos hay beneficios, porque se necesita más eficiencia para ser competitivos en el futuro si queremos ser un corredor entre el Atlántico y el Pacífico y, además, tener ofertas de servicios portuarios a los países vecinos. En consecuencia -insisto-, existe una mejora importante en la eficiencia del sistema portuario y, por lo tanto, los mayores beneficiarios serán las ciudades-puerto. En segundo lugar, hay un claro contrasentido cuando queremos incorporar y rigidizar en una ley, ventajas y beneficios que no están en discusión y que hoy están establecidos en el reglamento. En función de esos criterios, quiero pedir la aprobación de la indicación hecha por el Gobierno -que ya implica un avance y una comprensión respecto de lo que se ha solicitado- y, asimismo, solicitar la división de la votación para aprobar la letra a) -estoy de acuerdo en aprobarla- y luego rechazar la letra b) del artículo 4º, por establecer -repito- rigideces innecesarias. Señor Presidente , con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Víctor Jeame Barrueto . El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Jeame Barrueto . El señor BARRUETO .- Señor Presiden-te , las ciudades-puerto son sostén de una actividad económica fundamental para el país, pero que normalmente no se traduce en beneficios suficientes para ellas y sí en grandes costos desde el punto de vista urbanístico y ambiental. Debemos tener presente este problema. El argumento de que si funcionan mejor los puertos y la exportación, la iniciativa redundará en beneficio de las ciudades-puerto, no necesariamente es cierto si no hay intencionalidad política específica. Dado ese criterio, sin embargo, me parece mejor lo propuesto por el Diputado señor Juan Pablo Letelier y la Diputada señora Rebolledo , en el sentido de dejar las cosas como están. Eso constituye la mejor solución por el momento, en espera de que se pueda discutir posteriormente el tema con mayor profundidad. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra la Diputada señora Rebolledo. La señora REBOLLEDO.- Señor Presidente , estamos absolutamente a favor de un desarrollo equitativo. Las regiones y ciudades rezagadas y que tienen dificultades, deben recibir beneficios especiales para lograrlo. Sin embargo, ellos no pueden ser a costa de disminuir la competitividad de un sector, circunstancia que, incluso, podría llegar a perjudicarlas. La iniciativa no es perjudicial, sino que beneficia a las ciudades-puerto. Por lo anterior, votaré en contra de la letra b) del artículo 4º, es decir, en contra de rigidizar eternamente beneficios que hoy existen, ya que el día de mañana podría perjudicar a las zonas en cuestión. Finalmente, me parece importante que el Subsecretario de Hacienda, que se encuentra en la Sala, pueda aclarar el alcance de las indicaciones, en función del proyecto y del desarrollo de esas zonas, para proceder a votar en consecuencia. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Hacienda. El señor MARFÁN ( Subsecretario de Hacienda ).- Señor Presidente , tengo la sensación de que se confunden dos temas distintos. El primero tiene que ver con los efectos prácticos de legislar ahora respecto de la ubicación geográfica regional de los recintos extraportuarios. El segundo se refiere a cómo hacerlo, si se decide legislar, si dar preferencia a las ciudades-puerto o permitir la habilitación de recintos extraportuarios en cualquier punto del territorio nacional. A mi juicio, son claramente distintos. En el primer caso, la posición del Ejecutivo en el proyecto que envió a la consideración del Congreso Nacional era claramente la de no legislar sobre la ubicación física de los recintos extraportuarios. El efecto práctico de no hacerlo ahora es que se mantiene la vigencia del decreto supremo Nº 845, del Ministerio de Hacienda, de 1987, que en el inciso segundo de su artículo 10 señala: “Los recintos de depósito deberán estar ubicados dentro del territorio jurisdiccional de la aduana de la cual dependen, con excepción de aquellos que se habiliten para el puerto de Valparaíso, los cuales deberán estar ubicados dentro de los límites de la provincia de Valparaíso.” El inciso segundo del artículo 17 del mismo reglamento, dice: “Las mercancías sólo podrán ser almacenadas en recintos de depósitos que se encuentran sometidos a la jurisdicción de la aduana ante la cual se hubieran manifestado las especies, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas.” Si la decisión es no legislar ahora y, por lo tanto, sigue vigente este reglamento, el efecto práctico es que los recintos extraportuarios se podrían habilitar directamente sólo en los territorios donde tienen jurisdicción las aduanas en la actualidad y, en el caso particular de Valparaíso, exclusivamente en la provincia de Valparaíso. Insisto en que la intención del Gobierno es no innovar en esta materia; tampoco en el reglamento. Si se decide legislar, entramos al segundo tema. En éste está en juego si los recintos extraportuarios deberían ubicarse y ser habilitados en cualquier punto del territorio nacional o si se debería dar preferencia especial a las ciudades-puerto. En este caso, los efectos son claramente distintos. Si se decide permitir la habilitación sólo en las ciudades-puerto, el efecto que va a tener en el resto del territorio nacional será, de alguna manera, una preferencia a su desarrollo. Si se decide ubicarlos en cualquier punto del territorio nacional, el efecto práctico que uno debería esperar es que los recintos de almacenes extraportuarios para la importación de mercaderías tenderían a ubicarse más bien donde se hace el consumo de las importaciones, donde se concentra la población, o en algunos puntos especiales de producción que compran insumos de manera importante, como las zonas mineras. Como contrapartida, habría un desmedro para el desarrollo de las ciudades-puerto. Respecto de la segunda discusión, hemos conversado con los Diputados señores Cornejo y Bartolucci de que si la Cámara decide legislar sobre el tema, el Ejecutivo apoyará la decisión que aquélla apruebe mayoritariamente. Éste es el compromiso que hemos asumido y que se cumplirá. Pero respecto del primer tema, el efecto práctico de la diferencia entre legislar y no hacerlo es básicamente el mismo en cuanto a dónde se podrían habilitar los recintos extraportuarios. La única diferencia sería si se le da carácter de ley o se mantiene su status de decreto supremo de Hacienda, que requiere la firma del Presidente de la República para su modificación. Gracias, señor Presidente. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Aldo Cornejo. El señor CORNEJO .- Señor Presidente , después de escuchar las palabras del Subsecretario de Hacienda , tiene particular sentido continuar la discusión y resolverla, en mi opinión, tal como la hemos planteado. Él señaló que existiría voluntad o disposición para que el actual texto del reglamento, que leyó, permanezca vigente. En la discusión de que ha sido objeto el artículo 4º en la Cámara, hemos manifestado reiteradamente, después de escuchar la lectura del reglamento y de leer la indicación que hemos planteado, que no hay ninguna diferencia sustancial. Sin embargo, es importante saber que la sola vigencia de un reglamento no garantiza estabilidad ni permanencia en el tiempo de dicha norma, toda vez que el reglamento puede ser derogado en cualquier momento por Su Excelencia el Presidente de la República . En consecuencia, hay una primera razón de certeza, de seguridad y de permanencia en el tiempo, cual es que la norma reglamentaria se traspasara a una legal, cuya modificación en el futuro requeriría ineludiblemente de un pronunciamiento del Congreso Nacional. En segundo lugar, el señor Subsecretario ha expresado que si se aprobara una norma que permitiera situar los almacenes extraportuarios en cualquier punto del territorio nacional, se produciría un daño a las ciudades puerto, ya que, en la práctica, éstos tenderían a establecerse en los grandes centros consumidores, es decir, en la Región Metropolitana. Esas dos argumentaciones han sido la base de nuestros alegatos en la Sala durante la tramitación del proyecto: una, nos da garantía que una norma de esta naturaleza se establezca en la ley; y, dos, hay reconocimiento expreso de que la norma contenida en el proyecto original tendería claramente a la concentración de actividades en los grandes centros consumidores -léase Región Metropolitana- y, por tanto, ocasionaría un perjuicio indesmentible a las ciudades puerto. Se ha sostenido que esta proposición podría afectar de algún modo la estrategia de desarrollo del país, o alterar la eficiencia de un servicio público. El bien común corres-ponde al país, sin duda alguna; pero también existe el bien común de cada una de las partes que lo constituyen. Por consiguiente, cuando se propone una legislación moderni-zadora de un servicio público es para que la misma se aplique en la práctica y produzca efectos en las regiones, en las ciudades y en sus habitantes. En consecuencia, no me parece prudente legislar haciendo abstrac-ción, artificial por cierto, de que esta norma no producirá efectos prácticos graves para algunas ciudades puerto, en particular, para Valparaíso, San Antonio y otras del país. Ha sido grande el esfuerzo desplegado para tratar de concordar la posición expresada en la indicación que se aprobó en la Comisión de Hacienda y que correspondería votar en la Sala. Frente a una norma de esta naturaleza, que produce los efectos que el señor Subsecretario ha reconocido, el Gobierno no debiera adoptar una posición neutral. En consecuencia, si se presentó una indicación que mayoritariamente fue aprobada en la Comisión de Hacienda -ya han quedado claros los efectos que la norma propuesta inicialmente podría producir en algunas ciudades del país-, pido votarla y aprobarla, por cuanto todavía existe la posibilidad de perfeccionarla en el Senado de la República. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor De la Maza. El señor DE LA MAZA .- Señor Presidente , fundamentalmente -así se lo manifesté-, quiero apoyar a los Diputados del distrito de Valparaíso que han argumentado a favor de la indicación y logrado revertir el articulado en la Comisión de Hacienda, de modo tal que podamos aprobarla aquí porque, de no ser así, se causaría un grave daño a la Quinta Región y a otras, en cuyas zonas se ubican los principales puertos del país. Deseo complementar la argumentación del Diputado señor Cornejo con algunos puntos de vista que, a mi juicio, han sido tocados en la discusión, pero con un perfil que distorsiona el problema de fondo. Jamás el bien común nacional podrá ser contradictorio con el bien particular de cada región; jamás podríamos entender que favorecer a una región de modo inteligente podría perjudicar el bien común nacional. De otro modo, ¿cómo estaríamos legislando a propósito de ciudades fronterizas? ¿Cómo podríamos aprobar leyes específicas para algunas regiones o ciudades cuyo desarrollo económico, social y político se ve perjudicado por el nivel de centralismo que vive el país? ¿Habría sido posible, incluso, legislar respecto de algunas comunas de Santiago que, desde los puntos de vista económico y social, se ven desfavorecidas en cuanto a la metrópoli? Creo perfectamente legítimo que en un país con las características del nuestro tengamos la posibilidad de discriminar en forma positiva sobre algunos sectores o regiones, como también lo hemos hecho respecto de actividades económicas nacionales. Por ejemplo, ¿no hemos pensado en favorecer con regímenes especiales y tributarios a algunas actividades económicas productivas que se ven en situación desmedrada por algún ordenamiento legal de nuestro país? ¿Acaso el sector agrario no se siente disminuido por una política tributaria y de importaciones que no lo favorece? ¿No se ha estado buscando fórmulas para compensar esa aparente agresión de una legislación de carácter nacional, que se supone orientada al bien común? En el trasfondo de este articulado está en juego el proceso de descentralización y de desconcentración que afecta tan gravemente al país y que nos deja en posición tan desmedrada frente a la metrópoli. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la voluntad legislativa termine con este gigantismo que absorbe la totalidad del poder económico, político y cultural. En el fondo, de eso se trata. Tras esta medida, hay opiniones de personas versadas en la materia. No creo que algún señor Diputado pueda decir que la mantención de esta indicación y su aprobación por la Sala perjudicará el sistema de modernización aduanera, que creará un perjuicio económico en la agilidad del comercio exterior o afectará al puerto, en circunstacias de que todos sabemos que, independiente-mente del imperioso proceso de moderni-zación de los puertos, las actividades adua-neras y portuarias constituyen un ejemplo por su agilidad, por su transparencia y por el beneficio que prestan al sector importador del país. Por eso, no creo en un desarrollo nacional aséptico que mire al país como un ente en el cual no existen regiones, localidades, peculiaridades. Es muy propio del desarrollo de un país atender las peculiaridades étnicas, políticas, geográficas y sociales. Por ese motivo, manifestamos nuestra más profunda concordancia con lo expresado aquí por los Diputados señores Cornejo , Bartolucci y otros colegas, y señalamos nuestra predisposición a votar por lo que no sólo constituye la defensa de Valparaíso y de otras ciudades puerto, sino, fundamentalmente, porque el interés del país amerita esta discriminación inteligente y conveniente. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente , las intervenciones de los Diputados señores Cornejo , De la Maza y la del propio Subsecretario me permiten abreviar bastante lo que tenía que decir. Para varias regiones de este país, especialmente para las ciudades puerto, es importante que queden incorporadas en la ley las indicaciones presentadas por algunos colegas, las cuales aclaran la ubicación de los recintos extraportuarios o puertos secos, máxime si esa materia ya se encuentra en un reglamento. Eso es bueno para el desarrollo futuro, confianza y credibilidad de las propias ciudades puerto en cuanto a su potencial de desarrollo. La experiencia de los puertos de Valparaíso, de Coquimbo, de Antofagasta y de Arica, en términos de la disminución del rol que juegan en el desarrollo de cada una de las comunidades en que están insertos, tiene mucho que ver con la inestabilidad de normas, leyes o reglamentos, por cuanto, muchas veces, quienes podrían invertir en algunas áreas vinculadas al servicio portuario no lo hacen, porque tienen claro que esa legislación puede ser modificada o cambiada rápidamente. Hay una serie de actividades y servicios que dejarían de prestarse en los puertos. En el caso específico de Valparaíso, se trasladarían a Santiago los servicios de estiba y desestiba; el almacenamiento de las mercaderías o el depósito de éstas en los recintos de depósitos aduaneros; los servicios prestados por el Servicio Nacional de Aduanas, relacionados con tramitación, declaraciones, servicio en el puerto, pago de tributos y de seguros, y todo lo que significa la actividad bancaria relativa al pago de gravámenes aduaneros, dejaría de hacerse en las ciudades puerto, lo que redundaría en una disminución de su actividad comercial y profesional, de la vida del puerto. Hay materias de más largo aliento, más de fondo, que tienen que ver con el transporte o con la responsabilidad de quienes ofrecen un servicio completo. Creo que con mucha facilidad se puede cambiar el rol natural y propio de los agentes de aduana, que para los efectos de los trámites de importación o de exportación actúan como ministros de fe. También esto tiene efectos en la situación de las ciudades donde se instalarían estos posibles o futuros puertos secos. Supongamos que se ubican todos en Santiago o en la periferia. Eso generará una situación extraordinariamente delicada y grave en el tema urbanístico. Por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo en Santiago por cambiar la situación del ingreso de camiones de alto tonelaje a la ciudad misma, al interior de la circunvalación Américo Vespucio, por lo que esto implica en términos de tráfico, mantención de vías, expedición del tránsito y por la falta de facilidades que tiene una ciudad, como nuestra capital, para el desplazamiento de vehículos de carga al interior de ella. Entonces, el Ministerio de Transporte ha planteado descongestionarla sobre la base de instalar en las afueras de Santiago estos centros, depósitos e instalaciones para las empresas de transporte de carga de todo tipo, a fin de que, a su vez, la carga llegue a esos terminales y, desde ahí, sean cambiadas las mercaderías a vehículos más chicos para llevarlas a su destino, ya sea a las zonas industriales o de comercio. Si con este tipo de normativa, dejamos que los puertos se instalen en Santiago, en vez de solucionar un problema lo vamos a agravar, porque todas las mercaderías deberán llegar a la capital y de ahí iniciar un pro-ceso de redistribución extraordinariamente complicado y contrario a lo que ha pensado el Ministerio de Transportes en esta materia. Entonces, es muy lógico el planteamiento que hacen los colegas en su indicación, en el sentido de que los recintos extraportuarios queden bajo la tuición de la aduana de la provincia, como se estableció en el Reglamento en el caso de Valparaíso. Así, como las distancias de que hablamos no son muchas, se podría controlar el crecimiento desmesurado de la capital de Chile y ayudar a la descentralización. Aquí me permito discrepar del señor Subsecretario . No veo cuál es el problema de que se decida, mediante una ley, otorgar cierto privilegio o la posibilidad de que los almacenes sean instalados sólo en las ciudades puerto o en las provincias a las cuales pertenecen las aduanas. Al contrario, creo que ello ayuda a que el desarrollo armónico del país se pueda hacer con un mínimo de equidad, a que se produzca realmente una descentralización y a que no estemos concentrando absolutamente todo en la capital, en este caso, en Santiago. Creo que una indicación de este tipo debiera ser apoyada por el Ejecutivo con mucho gusto y optimismo, por cuanto es más coherente con lo que están haciendo o planteando otros Ministerios o autoridades de Gobierno respecto del manejo del crecimiento de Santiago, de la forma cómo los vehículos de carga se desplazarán por la ciudad y de los efectos que produce la ubicación de terminales en su periferia o al interior de ella. Me parece que debemos aprovechar los espacios que tiene el país, el potencial existente en sus regiones y, en forma específica, en las ciudades puerto. Esa es la razón por la cual apoyaré la indicación presentada por los colegas. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención llamando la atención de los señores Diputados respecto de que aquí debemos decidir si consagramos legalmente un privilegio o monopolio en favor de las ciudades puerto y en perjuicio del resto de las ciudades del país, o si, sencillamente, buscamos un sistema para flexibilizar el tránsito de mercancías en el país. Aquí no votaremos en favor de amigos parlamentarios que nos solicitan defender un puerto u otro, sino de lo que le conviene más al país y a las zonas que representamos. Por ejemplo, cuando un señor Diputado por Talca deba votar el proyecto, no debe hacerlo sólo porque su colega de Valparaíso o de otra ciudad puerto le ha pedido que por favor apoye la indicación que favorece a las ciudades puerto, sino teniendo presente qué le conviene al país y a la zona que representa. Entiendo la postura de los parlamentarios que representan a las zonas puerto. Comprendo a mi colega Raúl Urrutia , quien ha asumido esto como bandera propia y defiende su región; pero no lo puedo apoyar porque, si lo hago, perjudico el comercio internacional y a mi región, que tiene intereses exportadores y desea contar con un sistema más fluido y apto para poder exportar. ¿Dónde deben estar los almacenes de aduana? Eso no deberíamos decidirlo nosotros por ley, o los que trabajan en las aduanas, sino quienes hacen uso del servicio. En este aspecto, hay que considerar qué le conviene más a los puertos y al resto del país. Estamos cayendo, sin darnos cuenta, en un claro retroceso en esta materia. Cuando escuchaba las apreciaciones de los parlamentarios, recordaba a aquellos señores feudales que, cuando un barco surcaba un río que pertenecía a más de uno de ellos, cada uno exigía el pago de un derecho de tránsito por cruzar a través de su territorio. Si hoy aprobáramos lo que quieren algunos parlamentarios, que los almacenes portuarios estén ubicados en las zonas de jurisdicción de las aduanas, mañana otros, de zonas agrícolas, dirán: “Nada se puede sacar de la región si no se procesa previamente en ella.” ¿Y por qué mañana los señores Diputados que representan al norte del país, no podrían decir: “Ninguna libra de cobre se puede exportar si no se procesa previamente en la zona, para que también genere mano de obra.” Este no es un tema de mano de obra más o de mano de obra menos, sino acerca de si tiene viabilidad o no lo que se nos plantea. Creo que la fórmula que se nos presenta, por loable que sea la defensa del Diputado Raúl Urrutia y de otros parlamentarios, en razón de los presuntos derechos de las ciudades puerto, es inviable. Es más, la considero más negativa que la presentada originalmente por el Gobierno como indicación, la cual se discutió en la Comisión de Hacienda, porque hoy pretenden elevar al rango de ley la vinculación entre los almacenes portuarios y las jurisdicciones de aduana. Por otro lado, creo que podemos estar cometiendo una discriminación arbitraria en cuanto al trato que el Estado y sus organismos dan en materia económica. ¿Qué razón de peso existe hoy para discriminar en favor de Valparaíso y perjudicar al resto del país aparte de la presión de algunos parlamentarios y de ciertos gremios? ¿Es ésta una discriminación justificada o arbitraria? Sostengo que consagrar este precepto a nivel legal puede, incluso, ser abiertamente inconstitucional, porque el Estado, a través de sus organismos, está estableciendo una discriminación arbitraria en materia económica. Es más, el artículo 19, número 22º, de la Constitución, señala que sólo se podrán autorizar beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica en la medida en que ello no sea arbitrario. Sostengo, sin lugar a dudas, que lo que algunos señores parlamentarios desean hacer es arbitrario y perjudicará al resto del país, que también representamos. Señor Presidente , el Diputado señor Urrutia me ha pedido una interrupción, por su intermedio. Se la daré por razones de caballerosidad, porque me imagino que no va a sostener mi tesis. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Señor Diputado, hasta este instante ha hecho uso de seis minutos; le quedan cuatro. Recuerdo a la Sala que a las 13 horas se empezarán a votar los proyectos pendientes. El señor RIBERA.- Le concedo un minuto, señor Presidente. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el Diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA .- Señor Presidente , sólo quiero rectificar algunas apreciaciones erróneas del honorable señor Ribera, toda vez que ha señalado que en Valparaíso se crearía un monopolio porque se impediría el establecimiento de almacenes extraportuarios en el resto del país. Le pido al señor Diputado que lea la indicación para que se percate con precisión de que en ninguna parte se impide el establecimiento de dichos almacenes en otras ciudades del país. Además, aclaro al señor Ribera, y a otros Diputados que han cometido el mismo error en la Sala, que la medida no afecta al comercio internacional chileno porque se refiere sólo a las importaciones -a parte de su comercio internacional- y no a las expor-taciones. Por lo tanto, Su Señoría puede seguir impulsando que en su región se hagan cosas para exportarlas, porque, si quiere, podrá dejarlas en cualquier almacén o lugar antes de enviarlas al extranjero. Pero la situación es absolutamente diferente, ya que se trata de que la nacionalización de las mercancías que lleguen al país se realice en la jurisdicción de la aduana por la cual ingresaron, lo que es absolutamente distinto a lo sostenido por el señor Diputado . Además, también es errada su interpretación del artículo l9, Nº 22, de la Constitución Política. He dicho. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra, por dos minutos 30 segundos, el Diputado señor Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Usted, señor Presidente , sabe que de todo hay en la viña del Señor. No comparto la aprensión del Diputado señor Urrutia . Justifico su actuar en términos de que defienda a Valparaíso y a Viña del Mar, pero creo que está profundamente equivocado. El artículo correspondiente establece que solamente podrán importarse y depositarse las mercancías dentro de los recintos de las aduanas de la jurisdicción respectiva. Ello, en definitiva, significará que no se podrá tener almacenes extraportuarios, lo cual constituirá una traba para el comercio internacional de las regiones que no tienen puertos, a las que se perjudicará. Entonces, sostengo que es necesario liberalizar la norma y le hago presente a Su Señoría que es fundamental que resuelva una cuestión previa que le he planteado, respecto de la indicación presentada por los señores parlamentarios en este trámite sui generis al recurrir nuevamente a la Comisión de Hacienda, la cual se extralimitó en la autorización dada por la Sala para abocarse, única y exclusivamente, a una indicación del Ejecutivo. Por tanto, no podía ser tratada la indicación formulada por los señores parlamentarios. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Señor Diputado , por segunda vez deseo expresarle que no tengo dudas en relación con su inquietud. Faltan dos minutos para el término del debate y están inscritos los Diputados señores Nelson Ávila y José García. En cumplimiento estricto del Reglamento interno de la Corporación, si les parece se podrían insertar sus discursos en la versión oficial de esta sesión. El señor ÁVILA.- Pido la palabra. El señor ORTIZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ÁVILA .- Señor Presidente , para eso tendría que sacar fotocopia de mis pensamientos, y tal vez ella salga en blanco. No lo tengo escrito. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Su Señoría tiene tiempo para escribirlo de aquí a mañana. Por lo tanto, los Diputados señores Nelson Ávila y José García pueden entregar sus discursos dentro de 24 horas . De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala: El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente , en mi anterior intervención me refería a la historia de modificaciones que había sufrido esta disposición del artículo cuarto y concluía con certeza de cómo algunos parlamentarios han querido alterar, y me atrevo a decir, a anular el sentido de la norma. Sabemos que puede haber algunos que representan ciudades puertos que se oponen a la filosofía de fondo que guía el artículo cuarto, cual es la de “liberalizar” la ubicación de los depósitos aduaneros para ayudar a nuestro comercio exterior. Coincido con aquellos que sostienen que aquí está en juego un tema de la más alta trascendencia. Se trata de impulsar o no nuestro comercio exterior, y al hacerlo permitir que en él participen todas las regiones y no sólo algunas. Por eso es que resulta incomprensible que aquí se sostenga que estamos normando en favor del statuo quo. Dictar una ley que en la práctica confirme y mantenga inmutable el actual estado de cosas en materia de recintos extra-portuarios. Algo así como que se dicte una ley que signifique mantener la discriminación de los depósitos aduaneros monopólicamente en manos de las actuales zonas jurisdiccionales portuarias. Y no sólo eso, sino que además se pretendería por algunos que el monopolio zonal pueda ser aún más profundo por la vía de que se habiliten nuevos depósitos aduaneros sólo en las jurisdicciones actuales portuarias. Tal posición es incoherente con la filosofía original de la norma que ahora discutimos y la rechazamos enteramente en lo que se refiere a la indicación parlamentaria. El estanco que pretenden algunos colegas en favor de determinadas zonas-puerto no es ni más ni menos que torcerle la nariz a la razón de ser del artículo cuarto y uno de los ejes centrales del proyecto modernizador de aduanas, cual es, lograr efectivamente “poner al día” las aduanas para que ayuden en el desarrollo del país y no para que sean un obstáculo. No estamos legislando para colocarle las actividades del Servicio de Aduanas a la vuelta de la esquina. Nuestro interés debe estar centrado en la competitividad de nuestro comercio exterior y para ello constituye una obligación del Servicio de Aduanas en colaborar al máximo. Yo me pregunto entonces para qué habría dicho el Presidente de la República en su Mensaje que quiere que los depósitos aduaneros puedan ser habilitados en zonas alejadas de los puertos como lo dice en la página 5 del Mensaje, si hay parlamentarios que pretenden mantener las mismas jurisdicciones aduaneras, por la vía de “legalizar” el criterio de la norma de inferior jerarquía contenida en el artículo 17, inciso 2º y otros del Decreto 845. Pretender legislar así, sería completamente equivocado. Un contrasentido. Equivalente a escribir con la mano y borrar con el codo lo que se escribe. Me pregunto para qué se quiere liberalizar el lugar de los aforos si los depósitos de importaciones se mantendrían en las mismas actuales ubicaciones o en sus inmediaciones. Hay algunos que quieren convertir al Presidente de la República en el “Gatopardo” que decía que “todo debe cambiar para que nada cambie” como si el primer mandatario y nosotros quisiésemos legislar en este proyecto para algo menor casi irrelevante, algo así como que se dicte una ley que en la práctica signifique mantener la discriminación de los depósitos aduaneros monopólicamente en manos de las actuales zonas jurisdiccionales portuarias y tranquilizar a algunos con el “prurito” de las habilitaciones directas, llenas de condiciones zonales que son desde luego inconstitucionales. Es decir, hay parlamentarios que quieren un artículo 4º que no altere nada. Una norma que no diga nada, legislar para la nada. Es un absurdo. Hoy queremos la habilitación directa a fin de que pueda pedirla cualquier particular idóneo y que la Aduana no pueda rechazarlo salvo por criterios objetivos en cuanto a la necesaria solvencia y seriedad que los postulantes deben reunir. En consecuencia, el organismo estatal de Aduanas o el Ministerio de Hacienda, no podrán imponer restricciones de carácter reglamentario que no tienen fundamento legal como por ejemplo regular tarifas a los usuarios, en vez de dejar al mercado que las determine, o “petrificar” las ubicaciones de los almacenes. Esas normas reglamentarias serían inconstitucionales. Este es el sentido que damos al inciso primero del artículo 4º promovido con la indicación del Ejecutivo. Es cierto que el Reglamento de licitaciones de depósitos aduaneros conservará su vigencia plenamente en todo lo que no vaya en contra del espíritu de los que hemos legislado. Sostener que puede seguir vigente en sus disposiciones discriminatorias o antimercado es defender una inconstitucionalidad y una incongruencia de jerarquía de normas jurídicas que naturalmente nadie puede respaldar. Pero, hay más señor Presidente . Me pregunto también para qué el señor Fanta , presenta a la Comisión un estudio elaborado por un organismo internacional, como lo es el Fondo Monetario Internacional, que incluye una profusa correspondencia, y nos señala en la Comisión que desea seguir esos dictados con urgencia, si hoy, el Ministro subrogante Marfán opina, con una ambigüedad sobresaliente, tomando palco y formulando implícitamente aseveraciones en el sentido que de aprobarse únicamente la indicación del Ejecutivo (inciso primero del artículo 4º) el Gobierno conservaría las disposiciones reglamentarias vigentes. Al parecer, el señor Marfán no comprende lo que es la jerarquía de las normas jurídicas y el alcance inconstitucional de los preceptos reglamentarios vigentes como también, del inciso propiciado por los parlamentarios. Me pregunto también para qué el señor Fanta , representado por el abogado Ugarte , le envía al Diputado Jürgensen una carta en la que le adjunta una indicación que ellos respaldarían y que fue incluida en el texto del informe complementario anterior en que no se distinguía, segregando al territorio nacional (por lo que la habilitación podía plantearse en cualquier parte), si aquí más de alguno quiere sostener todo lo contrario a esa indicación. Pero aquí señor Presidente , hay un sólo sentido posible para la nueva legislación, que vamos a abrir la actividad de depósitos aduaneros para que ayude al comercio exterior pudiendo establecerse en donde sea necesario donde el mercado nacional lo aconseja y vamos en consecuencia a remover los obstáculos que se oponen a la actividad mercantil internacional. Hacer otra cosa es simplemente convertirse en obstáculo a los cambios positivos mismos y en una especie de baluartes del proteccionismo y de la sobre dimensión del Estado, al revés de como caminan los países cuyos ciudadanos progresan. Por mucho que solidaricemos con determinados funcionarios o gremios locales, no podemos plegarnos a un criterio equivocado desde el punto del interés nacional y social, como tampoco cercenarnos nuestras propias facultades legislativas. Debemos como siempre cumplir con el papel para que nos eligen que es el de legislar con interés nacional. Nos hemos resuelto, de una vez, a modernizar y a no dejar nada en la ambigüedad. Ese es el sentido que damos de buena fe a la norma contenida en la indicación presidencial, la cual aprobaremos. Al hacerlo, nos atenemos al Mensaje que en general señala que éste es un proyecto que “moderniza” el servicio de aduanas y que en particular, desea desentrabar el comercio internacional facilitando “la instalación de recintos privados de depósitos aduaneros y almacenes particulares en áreas distantes del mar donde se realizan las operaciones de transferencia de carga” y “extender la jurisdicción de aduanas en este tipo de recinto y permitir la habilitación directa, como opción adicional al esquema de licitación. Así también dice el Presidente en su Mensaje. Y él, como es natural, no habla de territorios “escogidos”, si no que por el contrario, él no distingue, es para todo el país. Las normas vigentes, al igual que la indicación impulsada por algunos parlamentarios, permite otra grave discriminación, esta se daría entre los depósitos aduaneros que hoy sólo pueden establecerse por adjudicación, en licitación y en el territorio jurisdiccional de aduana donde se manifiesten las mercaderías (que son los puertos por donde salgan o entren), en comparación con los denominados “almacenes particulares”. Esta situación también debe ser corregida por Aduanas sin siquiera ser para ello necesario norma legal alguna. Mientras los depósitos aduaneros sólo se pueden establecer por voluntad de la aduana que llama a su licitación y fija su ubicación, los almacenes particulares en cambio pueden ser requeridos libremente por cualquier particular, sin la necesidad de licitación ni de restricción de su ubicación o “atadura” a la aduana donde haya ingresado la mercadería. Es decir, un privado puede tener un almacén particular, quedando él mismo como depositario debiendo soportar todos los costos y el riesgo que ello significa. Sin embargo, no puede hacer aquello que más le convendría, que es entregar la mercadería en depósito a una empresa privada que cumplirá el encargo en forma más eficiente, barata y reduzca los riesgos que el acto conlleva. La discriminación entre una y otra forma es también inconstitucional y además atenta en contra de normas de la O.M.C. (Organización Mundial del Comercio) que prohíbe tales diferentes, pues entorpecen la libre circulación de los bienes. Sólo hace algunos meses aprobamos ese Tratado y Aduanas debe demostrar estar dispuesta a poner en práctica su aplicación en esta materia. Pero volviendo a los almacenes extra-portuarios, estimamos que no puede conservarse un monopolio administrativo, injustificado y arcaico y que sólo en apariencia favorece a las ciudades puertos. Hasta hoy, sólo ellas, pueden ser sedes para la ubicación de los almacenes extraportuarios. Y esto, por la existencia de algunas “famosas” normas reglamentarias del Decreto 845 que son las que han creado el estanco inconstitucional que se quiere preservar. Legislando en favor de la “liberación” que inspira la indicación presidencial que contendría el artículo cuarto, los depósitos aduaneros se constituirán en un mecanismo que facilita el comercio internacional, y no en un instrumento que beneficia a pocos, y simultáneamente complica con al menos doble bodegaje a acción mercantil exterior, encareciéndola y disminuyendo sus ventajas relativas. ¿Quieren en verdad los diputados que impulsan la indicación parlamentaria que todo el país progrese o quieren convertirse en equivocados defensores de privilegios arbitrarios? No podemos ser promotores de la tragedia de una aparente compasión prefiriendo a unas zonas en desmedro de la inmensidad y de la potencialidad del resto. Hace algún tiempo se licitaron depósitos aduaneros en Valparaíso, sin que se manifestara un real interés por parte de los empresarios. Fue declarada desierta. Y ¿porqué? Porque todos saben, que es, ¡tan absurda! la reglamentación actual, tan “antimercado”, tan anacrónica, que resulta poco atractivo participar y de allí la urgencia de su modificación y liberalización. La situación actual simplemente ha hecho crisis y parece que algunos no se percatan y lo que es más inconveniente, el representante del Gobierno hoy, parece preferir la neutralidad, por las presiones de que es objeto, en vez de sostener con fuerza el criterio original del gobierno que era el de la modernización. En todo caso quiero, señor Presidente , realizar un alcance constitucional acerca de la tesis de aquellos que sostienen que deben autorizarse depósitos aduaneros sólo en el ámbito jurisdiccional de la aduana respectiva del puerto en que ingresen o salgan las mercaderías, y que son quienes han presentado la indicación que agrega el inciso 2º. Estoy convencido en el plano constitucional que una regulación que pueda establecer o confirmar un beneficio monopólico para ciertas zonas del país -beneficio monopólico que implica un perjuicio económico para el resto del país y que no tiene una justificación nacional- viola una de las garantías económicas constitucionales. Para demostrar esta circunstancia, quiero, poner un ejemplo. ¿Podría mañana el legislador exigir que todo procesamiento y elaboración de materias primas tuviera que realizarse obligatoriamente dentro de la comuna o región donde se han producido esos bienes, con el objeto de favorecer la incorporación regional de valor agregado del producto final? En la misma línea, ¿podría el legislador obligar a que el refinamiento del cobre se realice en la misma comuna donde se extrae el mineral u obligar a que la producción de cables de cobre se realicen en la zona de las labores extractivas? Estoy seguro, estimados colegas, que una reglamentación tal no sólo será considerada absurda, desde el punto de vista económico, sino que también atentatoria en contra de las garantías económicas constitucionales básicas. Ese será el resultado de aprobarse la norma que impulsan algunos diputados y frente a la cual el representante del gobierno asume una posición sin contenido, neutra al punto de caer en la ambigüedad y olvidar el sentido del Mensaje Presidencial . En particular, quiero dejar constancia que la aplicación de una norma legal que establezca o que pretenda “anclar” y “eternizar” la obligación de establecer almacenes adua-neros únicamente en las actuales zonas jurisdiccionales de las aduanas por donde se exportarán o importarán bienes, afecta el artículo 19 Nº 22 de la carta fundamental, pues consagra una discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. En particular el artículo constitucional citado establece que sólo se podrán autorizar beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otro en la medida que dicha discriminación no sea arbitraria. ¡Qué mayor arbitrariedad que beneficiar a una zona y simultáneamente privar a todo el resto, de la misma oportunidad! Será entonces perfectamente legítimo en tal caso que los particulares recurran ante los tribunales de protección frente a tal irregularidad constitucional en materia económica en el evento que se les niegue una solicitud de habilitación directa en cualquier parte del territorio que sea distinta de las actuales jurisdicciones aduaneras portuarias. Asimismo, de aprobarse la indicación parlamentaria, será necesario que el Tribunal Constitucional haga lo propio en la esfera de su competencia restableciendo el orden constitucional y poniendo atajo al proteccionismo y al populismo. Espero que el gobierno no se coloque voluntariamente en una situación semejante y de aprobarse así en la Cámara espero ver al gobierno adoptando posiciones definidas en el Senado, en el siguiente trámite, impidiendo que se consagre tamaño error. En el caso particular en comento, con todo, la presunta obligación que los depósitos aduaneros estén amarrados a las aduanas por donde se ingresan o exportan los bienes y de esta manera, forzosamente atados a los puertos que existen en nuestro país, constituye una imposición injustificada, arbitraria y mezquina, que afecta a las actividades económicas en particular y a todo el resto de las regiones en general. No podrá la autoridad administrativa entonces conservar disposiciones que atenten en contra de este criterio. Así también entendemos el alcance de la indicación parlamentaria presentada y que se pretende agregar como inciso segundo al artículo cuarto que discutimos. No podrá, en consecuencia, mantenerse vigente el Decreto reglamentario Nº 845 en lo que se refiere a su artículo 17, inciso 2º, y otras de sus disposiciones, por cuanto no pueden “amarrarse” los nuevos depósitos aduaneros a la sede de la Aduana en que se hayan manifestado las mercaderías. Un reglamento es de inferior jerarquía que la Ley. Esa disposición estaría en contra del texto expreso del artículo 80 de la ordenanza de Aduanas, que ni en su antigua ni menos en su nueva versión, permiten ni podrían por las razones que hemos señalado, establecer una reglamentación restrictiva sobre la ubicación de los depósitos aduaneros. Tal restricción además de inconstitucional, está prohibida por la Organización Mundial del Comercio, y es contraria a los principios que se oponen a los monopolios y que se encuentran establecidos entre otras disposiciones en nuestra ley antimonopolios y en todo el sistema jurídico que nos rige. Debo dejar en claro que son varias las disposiciones de O.M.C. que podrían estar siendo violadas actualmente por las normas inflexibles sobre concesiones de depósitos aduaneros pero mucho más grave sería que se pretendiera elevar a la categoría de ley, las restricciones que impone el reglamento aludido y la práctica que la Aduana le da. La contravención en este último caso serían aún más serias pues se iniciarían “activamente” después de la ratificación que realizamos de esa Convención. Por último, señor Presidente , debo señalar que no me referiré al segundo inciso de la indicación parlamentaria que pasaría a ser el tercero del artículo cuarto por considerar no sólo que su redacción es reprobable, sino que también porque las regulaciones que pretende imponer a los depósitos aduaneros que se habiliten directamente, serán las mismas que están en la ordenanza, por lo que en ese aspecto la indicación me parece superflua e irrelevante. He dicho. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Corresponde votar. Los numerales 2, 3 y 4 del artículo 1º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por contener materias que revisten carácter orgánico constitucional, deben ser votados en particular, según lo estatuye el artículo 30 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Si le parece a la Sala, se aprobarán por la unanimidad de los señores Diputados presentes, dejándose constancia de que concurren a su aprobación los más de 75 Diputados presentes de un total de 119 en ejercicio. Aprobados. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Corresponde votar el artículo 4º. Como se pidió votación separada, deberá votarse primero la letra a), que dice: “Agrégase en el inciso primero, a continuación de la expresión “licitación”, la frase “o habilitación directa”. ¿Habría acuerdo para aprobarla por unanimidad? Aprobada. En segundo lugar, corresponde votar la letra b). El señor RIBERA.- Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RIBERA.- Señor Presidente , el Vicepresidente señor Ortiz señaló con anterioridad que la Comisión de Hacienda se extralimitó en sus atribuciones -al menos, así lo interpreté-, pues no debió estudiar ni tramitar la letra b), por cuanto, según lo dice el informe, el proyecto volvió a la Comisión para el solo objeto de ver una indicación del Ejecutivo, es decir, sólo la letra a). La letra b) jamás fue considerada en el acuerdo de la Sala para que la iniciativa volviera a la Comisión. Por lo tanto, no doy la unanimidad para que se vote en esta oportunidad. El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- ¿Me permite? El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra Su Señoría para que precise lo que señaló como Presidente . El señor ORTIZ ( Vicepresidente ).- Señor Ribera, por tercera vez digo que el reestudio del artículo 4º y sus implicancias se ajustó al Reglamento de la Corporación. Por lo tanto, corresponde votar la letra b). El señor RIBERA.- Pido la palabra para referirme al Reglamento. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra Su Señoría para plantear una cuestión reglamentaria distinta a la anterior. El señor RIBERA.- Señor Presidente , cuestiono la decisión de la Mesa, por considerar que tengo la razón. Pido a los colegas que lean el final del informe. Ahí se dice que el proyecto se envía a la Comisión de Hacienda para que reestudie el artículo 4º “en relación con una indicación del Ejecutivo ”. Nosotros jamás autorizamos a los señores Diputados para que introdujeran nuevas indicaciones en la Comisión de Hacienda. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Señor Diputado , no puedo permitir mayor debate sobre esta materia. Es un asunto de Reglamento y la Mesa tiene una opinión clara en cuanto a que la Comisión actuó dentro de sus atribuciones. Otra cosa es que el señor Ribera esté o no de acuerdo con el contenido... El señor RIBERA.- Señor Presidente, la Mesa no puede tener una opinión clara, porque uno de sus integrantes no comparte ese criterio. El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- Señor Diputado , en este momento en la testera hay dos miembros de la Mesa y ambos tienen una misma y clara opinión. De modo que Su Señoría ha perdido por dos a uno. El señor PIZARRO.- Señor Presidente , ¿qué se va a votar, la indicación o el artículo original? El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).- La indicación de la Comisión de Hacienda, esto es, el texto que aparece en el informe complementario. En votación la letra b). -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 7 abstenciones. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Bartolucci, Bombal, Cardemil, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Elgueta, Elizalde, Encina, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), Hamuy, Hernández, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, León, Longton, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Muñoz, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Rodríguez, Salas, Silva, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Vega, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Caminondo, Ceroni, Errázuriz, Estévez, García (don José), Gutiérrez, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez (don Rosauro), Montes, Naranjo, Navarro, Orpis, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Taladriz y Tuma. -Se abstuvieron los Diputados señores: Alvarado, Balbontín, Correa, Jocelyn-Holt, Longueira, Seguel y Valcarce. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada. En votación el artículo 5º. ¿Habría acuerdo de la Sala para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. En votación el artículo 7º transitorio. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. En votación el artículo 9º transitorio. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. En votación el artículo 10 transitorio. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. En votación el artículo 12, que para su aprobación requiere quórum de ley orgánica constitucional. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, dejando constancia de haberse reunido el quórum necesario. Aprobado. En votación el artículo 13, que también requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad, dejándose constancia de que se ha reunido el quórum necesario? Aprobado. En votación el artículo 8º transitorio, nuevo, que también requiere quórum especial para su aprobación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, dejándose constancia también de que se ha reunido el quórum necesario. Aprobado. Despachado el proyecto. Aplausos. "
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