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El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, la reforma electoral municipal es un tema público, que ha sido tratado con anterioridad a la llegada del proyecto de ley del Ejecutivo, respecto del cual la opinión pública ha tenido diversas posturas. En algunas hemos coincidido y en otras no.
Quiero hacer un poco de memoria y dar un elemento de luz sobre lo que primero señaló el Gobierno del sistema electoral. A través del Ministerio del Interior, consultó a los presidentes de partidos el proyecto inicial que proponía que fuera electo alcalde el concejal que obtuviera la primera mayoría de votos, independiente de la lista o el pacto; propuesta que, sin lugar a dudas, interpretaba el verdadero sentir nacional después de la triste experiencia que vivió el país de los resultados electorales de 1992, en los cuales se adulteró la voluntad popular a través de acuerdos y protocolos que permitieron que llegaran a ser alcaldes personas de muy baja representatividad ciudadana.
A esa propuesta accedieron plenamente y firmaron un acuerdo los partidos de la Oposición que conforman el Pacto Unión por Chile. Así, le manifestamos al señor Ministro del Interior la necesidad de buscar consenso en materia electoral, previo a la discusión técnica de la ley orgánica para perfeccionar los municipios.
Lamentablemente, el Gobierno propone lo que dispuso la Concertación. No es la primera vez que el Gobierno propone, pero quienes disponen son los presidentes de partidos de la Concertación. Una vez más al Gobierno se le dobla la mano para imponer los criterios y los intereses partidistas, en este caso respecto de la institucionalidad municipal.
Con posterioridad, se ha llegado a un acuerdo entre la Concertación y Renovación Nacional que rompe el principio inicial de la propuesta del Gobierno, al que habían adherido los partidos de la Oposición, principio que se basa simplemente en respetar la voluntad popular.
Es bueno analizar para qué sirven los sistemas electorales. Un sistema electoral sirve, simplemente, para dos objetivos que son claros: dar legitimidad a la autoridad, en este caso, a la autoridad del alcalde, y reflejar el orden de las preferencias en que los ciudadanos se han manifestado.
El acuerdo logrado entre la Concertación y Renovación Nacional rompe ese principio de respeto al pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas; provoca una confusión, porque, de uno u otro modo, distorsiona las ventajas de la elección directa; como dije la voluntad popular al alterar el orden de preferencia, llegado a ser alcalde una persona que, nuevamente, logre una baja votación en las urnas; no legitima la autoridad del alcalde, porque al tener una baja votación y por medio de ella alcanzar su sitial, no es representativo de la comunidad.
Por lo tanto, de una u otra manera, el sistema propuesto destruye, en gran medida, la posibilidad de que la comunidad influya en las decisiones de la comuna. Y este punto específico de un régimen democrático sustancial queda simplemente como una consigna electorera.
El sistema electoral acordado repite exactamente los mismos errores de 1992: favorece nuevamente los intereses partidistas por sobre la institucionalidad municipal; favorece los arreglos entre partidos; favorece los acuerdos y los protocolos entre los partidos, pero lo único que no se respeta es la voluntad de los ciudadanos.
En definitiva, todos los sectores políticos, con posterioridad a la elección de 1992, criticaron el sistema; todos los partidos políticos se manifestaron por el cambio del sistema por uno más transparente, pero ¿a qué se ha llegado? Exactamente a lo mismo.
Espero que en septiembre de 1996, cuando estén asumiendo los nuevos alcaldes del país, quienes firmaron este acuerdo no tengan que decir nuevamente que se debe perfeccionar el sistema, que hay que modificar el sistema electoral, que fue un mal acuerdo, porque se cae en un grado de irresponsabilidad con los principios reseñados.
Parece que no se quiere aprender la lección, porque a la hora de decidir, a la hora de pensar un cambio, de nuevo prevalecen los mismos intereses partidistas por sobre los nacionales y por sobre la voluntad popular. O sea, las palabras sólo quedan en promesas.
¿En qué queda la iniciativa presentada por el Senador señor Piñera , en el sentido de que debiera ser electo alcalde la persona que obtuviera entre un 20 y un 25 por ciento de la votación, y en el caso de que no lo lograra ninguno de los candidatos, que hubiese una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías relativas, con lo cual se consagra el principio de respetar la voluntad popular? ¿En qué quedan todos esos proyectos que se han hecho llegar al Congreso Nacional en términos de respetar dicha voluntad? La verdad es que, después de este acuerdo, simplemente en nada, y como dicen en la calle, en palabra de políticos, lo que, lamentablemente afecta la credibilidad del sistema democrático.
Se está proponiendo un sistema que es negativo para la institucionalidad municipal, que privilegia los intereses partidistas, que mantiene como dije los errores de la elección municipal de 1992, lo que es más grave porque ya hay una experiencia. Cuando se cometen errores, lo mejor en la vida es reconocerlos y enmendarlos; lo peores seguir cometiéndolos.
En definitiva, el sistema propuesto deslegitima el concepto de autoridad y lo que son los principios sustanciales de un sistema electoral democrático.
Rechazamos este acuerdo por los motivos reseñados. Pero rechazaremos también cualquier intento encubierto, que ya se viene tramando, para otorgar financia miento de las campañas políticas municipales.
Me parece reprochable el apoyo que le ha dado el Gobierno a esta iniciativa, a través del Ministerio del Interior. ¿Dónde está la preocupación verdadera del Gobierno por los pobres?
Hace poco el Parlamento tuvo que aprobar un reajuste de pensiones, y para ello el Gobierno señaló que no tenía recursos. Se debieron subir los impuestos a la bencina, y alzas en el IPC, que afectan preferentemente a la clase media. Pero ahora sí hay plata para financiar las burocracias partidistas.
Me parece que hay una tremenda incongruencia del Gobierno, de la Concertación y de quienes apoyan esta iniciativa cuando hablan de apoyar a los pobres. Hay que ser consecuentes.
Por lo tanto, como partido político, rechazaremos toda iniciativa en tal sentido.
He dicho.
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