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El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la instalación de los municipios democráticos, en junio de 1992, ha significado un claro avance para el país.
Chile apostó a la descentralización y al acercamiento del gasto público a los problemas del hombre y la mujer común. Y ésa es una apuesta del país que el Partido por la Democracia comparte en plenitud.
El futuro del país qué duda cabe necesita municipios más democráticos, más profesionalizados, con mayores espacios de participación y más eficientes; pero, por sobre todo, requiere municipios con más responsabilidades, atribuciones y recursos, porque son la cara del Estado más cercana a la ciudadanía, más capacitada para escuchar y procesar las demandas reales de la gente y el instrumento más eficaz para mejorar concretamente la calidad de vida de los chilenos en el ámbito local, donde los ciudadanos perciben con claridad las fortalezas y debilidades de nuestro sistema democrático.
Por ello, no son indiferentes los mecanismos que regulan la democracia local. No da lo mismo la forma de elegir a las autoridades. Esta decisión es uno de los actos más cercanos que los ciudadanos tienen para incidir en la agenda pública.
Por eso, el Partido Por la Democracia y su bancada parlamentaria celebra el acuerdo que hoy hemos logrado en materia de elección de autoridades comunales. En él se expresa nuestra voluntad de reformar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, posibilitando la participación más directa de los ciudadanos.
El consenso alcanzado en torno al proyecto representa un claro avance en el proceso de profundización de la democracia municipal y en la consolidación de nuestro sistema democrático, que paso a paso se va perfeccionando, sorteando los obstáculos propios de la institucionalidad, y también los temores que abrigan quienes resisten la voluntad mayoritaria del cambio.
Señor Presidente, a decir verdad, el sistema que estamos aprobando hoy no es perfecto, pero es el más cercano a lo que desea la ciudadanía, considerando las limitaciones que un acuerdo de esta naturaleza conlleva, toda vez que requiere del requisito de que sea un acuerdo políticamente viable. Y éste, afortunadamente, lo ha sido.
Con la reforma que aprobaremos aseguraremos el respeto de la voluntad ciudadana. Digámoslo con claridad. Ningún sistema electoral es totalmente satisfactorio, pero, obviamente, hay algunos sistemas que permite de manera más nítida la voz democrática de la gente y otros posibilitan desatenderla e, incluso, ahogarla. Es el caso del actual sistema, que traslada la decisión definitiva de quién será el alcalde en cada comuna del país, al secreto y restringido veredicto de los concejales.
En las próximas elecciones, los ciudadanos podrán elegir entre todas las alternativas disponibles y optar entre los distintos liderazgos locales, sin intervención de las cúpulas, asegurándose que será elegido alcalde el candidato a concejal que obtenga un amplio respaldo, que concite la adhesión mayoritaria de la comuna, y que además pertenezca a una lista o pacto que cuente, a lo menos, el 30 por ciento de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección, excluidos los votos en blanco y los nulos.
En definitiva, hemos cumplido con el objetivo mayor de transferir a la ciudadanía el poder de elegir a sus alcaldes, evitando protocolos antes y después de la elección. Nadie reemplazará al pueblo en la decisión de elegir a su alcalde a lo largo de las 336 comunas del país. La misma noche de la elección, los ciudadanos podrán reconocer al futuro alcalde y celebrar el triunfo con la certeza de que no se torcerá la voluntad soberana expresada en el sufragio. La elección directa de alcaldes y concejales en una misma cédula constituye un avance democrático en la relación de la ciudadanía con los municipios, así como, en la gobernabilidad de las comunas.
De este modo impulsamos en el proceso de descentralización del país la expresión de los liderazgos comunales y preservamos la diversidad democrática. El país percibirá nuestra clara señal de flexibilizar el sistema político y respetar las autonomías locales en el proceso de generación de sus máximas autoridades.
Con relación a la fecha de las elecciones municipales, nuestra bancada también está dispuesta a apoyar un cambio de ella; particularmente, por los inconvenientes que tienen los ciudadanos rurales, en especial de la zona sur del país, para concurrir a las urnas durante el invierno, lo cual constituye un gravamen injustificado que atenta contra el principio de igualdad de oportunidades.
Del mismo modo, nuestra bancada está dispuesta a apoyar un proyecto que permita la transparencia en el gasto de las campañas electorales.
Con este acuerdo, que otorga mayor trasparencia al proceso de elección de alcalde se pone término asimismo a la división de los períodos municipales que ha significado un obstáculo y discontinuidad en la gestión comunal. Sin duda, la mayor legitimidad de la autoridades fortalece a los gobiernos comunales y contribuyente al proceso de modernización de los municipios, tarea a la que nos abocaremos con la celeridad que nos permite el acuerdo, que hoy aprobaremos en materia de generación de autoridades y que el Partido por la Democracia y su bancada parlamentaria han impulsado decididamente.
Esperamos que los discursos y promesas que se han expresado en el ámbito de la gestión municipal se traduzcan en un amplio acuerdo que permita, en un futuro próximo, aprobar el proyecto de ley en trámite en el Congreso en este momento en la Cámara y que persigue la modernización de los gobiernos locales.
¿Qué duda cabe de la incidencia creciente de los municipios en la vida de los ciudadanos? Hoy gestionan el 2,3 por ciento del producto geográfico bruto, y tenemos la voluntad de aumentar esa capacidad de administración de los recursos públicos. Para ello, era indispensable superar la desconfianza ciudadana que suscitaba la elección indirecta de los alcaldes, lo que se logra con el proyecto que la Cámara aprobará mayoritaria mente hoy.
También tenemos por delante la importante tarea de perfeccionar el marco legal que regula la gestión municipal para dotar al país de municipalidades asentadas en la realidad local y con capacidad de responder a los requerimientos de los ciudadanos.
Del éxito de estas reformas dependerá, en gran medida, la consolidación de nuestra democracia y también la modernización de esta institución fundamental en la administración del Estado.
Señor Presidente, ahora los partidos políticos tenemos la oportunidad también de contribuir al acercamiento de los municipios
con los ciudadanos. Hemos levantado la principal barrera que nos separaba para permitir la expresión de su voluntad democrática, sin intermediaciones, en la elección de alcaldes de 1996, y nos comprometemos a abordar con responsabilidad las reformas que requiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para fortalecer la democracia comunal y así consolidar el régimen democrático para Chile.
He dicho.
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