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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo a la plena integración social de las personas con discapacidad, que cuenta con informe de la Comisión de Salud.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 13a, en 23 de julio de 1992.
En tercer trámite, sesión 17a, en 24 de noviembre de 1993.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.
Hacienda, sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.
Salud (tercer trámite), sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993.
Discusión:
Sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992 (se aprueba en general); 13a, en 21 de julio de 1993 (se despacha en particular).
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Los señores Senadores tienen en su poder el boletín N°752-11, donde aparece, en primer lugar, el oficio N° 1.484, de la Cámara de Diputados, en el que da cuenta de las modificaciones introducidas al proyecto despachado por el Senado, y, en segundo término, un comparado con las disposiciones aprobadas por éste y las respectivas enmiendas.
Además de ese boletín, se ha repartido el informe de la Comisión de Salud, en el que se hace constar que sus miembros aprobaron unánimemente todas las modificaciones.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En vista de que todas las enmiendas fueron acogidas por unanimidad en la Comisión, si le parece a la Sala se debatirán en conjunto.
-Así se acuerda.
En discusión las modificaciones.
El señor LARRE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, considerando que en la Comisión de Salud hubo consenso en la aprobación de las enmiendas, los Senadores de Renovación Nacional estamos dispuestos a aceptarlas de inmediato en la misma forma.
Este proyecto tiene enorme trascendencia social y hace algunos días se cumplió un año desde que el Senado lo aprobó en general en primer trámite. Por lo tanto, sería bueno despacharlo en esta oportunidad.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Tal vez el señor Ministro, o el Presidente de la Comisión de Salud, puedan informarnos someramente acerca del sentido de los cambios más importantes que hizo la Cámara de Diputados, que no son más de 4 ó 5 -los demás no son muy relevantes-, antes de proceder a aprobarlos.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente, a mi juicio, esta iniciativa del Ejecutivo es la más humanitaria enviada al Congreso durante el Gobierno del señor Aylwin, y Su Señoría lo conoce muy bien, porque participó en la ceremonia -realizada en la Casa Manso de Velasco- en que se dio a conocer el mensaje que lo originó, donde estuvieron presentes también algunos coautores del mismo de la Cámara de Diputados.
Mediante esta norma se pretende integrar plenamente a la sociedad, en la medida de lo posible, a aquellas personas que tienen la desgracia de ser discapacitadas, a la cual, en algunos casos, se agrega la de ser desposeídas de la fortuna.
Lo expuesto ya demuestra la calidad de la normativa, y el hecho de que la hayan firmado nada menos que siete Ministros de Estado refleja su amplitud.
Haré una breve referencia al articulado, a fin de recalcar algunos puntos cuyo conocimiento por los señores Senadores es indispensable, aunque al parecer ya todos están interiorizados de ellos. Sin embargo, no está de más reiterarlos, para que la opinión pública sepa también cómo trabaja el Senado de la República y, en particular, sus Comisiones, ya que la labor que allí se desarrolla a veces no se valora como corresponde.
Después de meses de trabajo en las Comisiones de Salud y de Constitución, como asimismo en la Cámara de Diputados, tenemos el agrado de informar sobre este tema.
Primeramente, la iniciativa reconoce, como obligación del Estado -que recoge el espíritu solidario de toda la sociedad-, el derecho de las personas discapacitadas a su rehabilitación; en seguida, define qué se entiende por persona con discapacidad, como consecuencia de deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, y dispone que un reglamento establecerá la forma de determinar la existencia de una o más deficiencias que constituyan discapacidad, la calificación y cuantificación de las mismas, etcétera; luego especifica los requisitos para acceder a los beneficios de la ley en proyecto; posteriormente crea el Registro Nacional de Discapacidad , donde, para inscribirse, deberá acompañarse un certificado emitido por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a que se refiere el artículo 6°.
Insistimos en la creación del Registro Nacional de la Discapacidad . En este sentido, hubo un debate bastante prolongado acerca de si es necesario o no contar con él. En su oportunidad, pusimos como condición fundamental su existencia -por fortuna, primó nuestro planteamiento- con el objeto de cuantificar el problema. Algunos sostienen que un millón 200 mil chilenos se encuentran en esas condiciones, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el número exacto, ni cuántos corresponden a no videntes, sordomudos, parapléjicos, personas con síndrome de Down, etcétera. Es básico, a nuestro juicio, conocer ese universo y, también, los sectores donde se ubica cada una de las discapacidades.
Por eso prevaleció el criterio de que se precisa contar con dicho Registro, no solamente para hacer una análisis cuantitativo y cualitativo de la situación, sino además para disponer programas a futuro y conocer cómo se desarrolla todo el proceso.
La calificación y diagnóstico de las discapacidades corresponde, por supuesto, a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, es decir, a las COMPINES, que existen en todas las Regiones y se hallan debidamente preparadas para enfrentar el tema, porque tienen mucha experiencia sobre el particular. Estas Comisiones operan en los lugares donde se ubican los principales hospitales del país. Lo anterior no obsta a que las instituciones reconocidas por el Ministerio de Salud tengan la posibilidad de efectuar una evaluación previa; pero, de todas maneras, la certificación definitiva de la discapacidad, a nuestro juicio -así está claramente estipulado en la normativa-, es de competencia de la COMPIN. Vale decir, también se dispone de entidades de carácter privado para realizar la calificación o constatación de los casos.
Parte importante del tema es la que se refiere a la prevención y rehabilitación de las personas. La prevención, obviamente, tiende a evitar las causas de deficiencias que puedan ocasionar la discapacidad, e involucra también aquellos aspectos destinados a evitar su aumento o derivación. Y aquí volvemos a tocar un punto que algunos han considerado de modo superficial. Dentro de las precauciones y preocupaciones que se deben tener en cuenta al respecto, el número 5) del artículo 13 del proyecto consigna lo siguiente: "La promoción de la salud física y mental, principalmente evitando el uso indebido de las drogas y el abuso del alcohol" -y aquí caemos de nuevo en el problema- "y del tabaco.". ¿Y por qué esto, señor Presidente ? Porque, indiscutiblemente, se ha demostrado hasta la saciedad que la mujer embarazada que fuma en forma excesiva o se desenvuelve en un círculo de fumadores ocasiona daños al feto, produciéndole falencias que a la larga lo harán formar parte del enorme grupo de discapacitados existentes en Chile con problemas respiratorios, neurológicos o de otro orden.
El mismo precepto se reitere a la prevención en accidentes del tránsito, del trabajo y "enfermedades ocupacionales". Se usó deliberadamente este último término por estimarlo más genérico y conveniente que las expresiones "enfermedad profesional" o "enfermedad laboral". Y así quedó contemplado en la iniciativa.
La rehabilitación, parte fundamental en la materia, permite a quienes presentan una discapacidad física, síquica o sensorial que dificulte su integración social, educativa o laboral, el acceso a las prestaciones y servicios oportunos y necesarios para la recuperación de la funcionalidad y su mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadora consistirá en desarrollar las destrezas funcionales de la persona y en dotarla de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad. En este aspecto el compromiso del Estado es evidente. En el proyecto se establece que él adecuará el equipamiento y personal que corresponda para asegurar, entre las prestaciones médicas, las que se refieren a la prevención y rehabilitación médico-funcional.
Conviene destacar que en el artículo 16 la Cámara de Diputados sustituyó el adjetivo "indispensable" por "imprescindible" en cuanto al uso de prótesis, órtesis o de otras ayudas técnicas destinadas a realizar las funciones propias de la vida diaria, de la educación o del trabajo. La adquisición, conservación, adaptación y renovación de dichos aparatos se entenderá como parte del proceso de rehabilitación.
Respecto de la equiparación de oportunidades, se consideró que los establecimientos educacionales, los organismos públicos y privados de capacitación, los empleadores y, en general, toda persona o institución, cualquiera que sea su naturaleza, que ofrezca cursos, empleos, servicios, llamados a concurso y otros similares, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberán adaptar los mecanismos de selección en todo cuanto sea necesario para permitir la participación de los discapacitados en igualdad de condiciones.
Se contempla también, por ejemplo, la adecuación de bibliotecas de acceso público. Para ello contarán con un tiempo bastante prolongado, de acuerdo a los medios y recursos que tengan, con el objeto de que puedan disponer gradualmente de material y brindar facilidades a los no videntes en especial. En uno de los artículos transitorios del proyecto se consagra un plazo de 12 años para ir ajustando de modo paulatino todo el sistema.
Como la materia abarca prácticamente a todos los sectores y Ministerios, la normativa establece que las nuevas construcciones o ampliaciones y las reformas de edificios, sean públicos o privados, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, deberán adecuarse a la condición de los discapacitados. Asimismo, se señala que con tal motivo los organismos competentes tendrán que modificar las normas de urbanismo y construcción vigentes, tal como se ha procedido en otros países del mundo.
Además, el proyecto contempla un sistema de subsidios especiales para las personas impedidas, otorgándoles prioridad en la asignación de los mismos, y determina los mecanismos para la ubicación y construcción de viviendas y la asignación de los subsidios correspondientes, todo lo cual deberá atenerse a un reglamento.
Por otra parte, se dispone el otorgamiento de facilidades -incluyendo lo que se refiere al transporte de pasajeros- para que las personas discapacitadas tengan fácil acceso a espectáculos públicos, teatros, cines, etcétera. Y en lo que respecta a los establecimientos para vehículos, en vez de colocar un número definido, que podría haber sido 1 por cada 10 disponibilidades, 10 de cada 500, o lo que fuera, se consigna una frase un poco más amplia en el sentido de que deberá reservarse un número suficiente de ellos, entregando a las municipalidades la tarea de velar por el adecuado cumplimiento de esta obligación. Ello obedece al hecho de que en algunas partes concurre una cantidad tan significativa de personas discapacitadas que prácticamente coparía parte importante de los estacionamientos.
Todas estas disposiciones fueron aprobadas por la unanimidad de los cuatro señores Senadores presentes en la Comisión el día de ayer.
Con respecto a la educación especial, cabe señalar que también se definió su carácter, disponiéndose que los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias para permitir y facilitar, a las personas con necesidades educativas especiales, el acceso a los cursos de los niveles existentes.
Señor Presidente, quizás valga la pena recalcar que en este aspecto se consideró mucho más positivo que los discapacitados trabajen dentro del sistema de educación regular.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Su Señoría, como el proyecto contiene disposiciones que requieren de quórum especial, temo que no contemos con número suficiente de señores Senadores para su aprobación. De modo que le sugiero acortar lo más posible su exposición para no correr ese riesgo.
El señor DÍAZ.-
Bien, señor Presidente.
Finalmente, la iniciativa en comento es excelente y merece ser aprobada por unanimidad en esta Sala.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA ( Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, como se ha dado una explicación detallada sobre el tema, preferiría intervenir después de la votación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muy bien.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 28 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA ( Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, esta iniciativa, que se inserta dentro de la política social del Gobierno, está orientada a crear oportunidades para que las personas discapacitadas puedan integrarse al proceso de desarrollo del país, por cuanto ellas se han visto marginadas de éste.
La forma tradicional de enfrentar el problema ha sido de carácter existencialista, ya sea a través del esfuerzo familiar o, bien, mediante acciones dispersas de organismos públicos. Y dada su magnitud y características, el Gobierno tomó la decisión de abordarlo en forma integral, creando las bases legales necesarias para ello en el proyecto de ley hoy día aprobado por el Honorable Senado.
Cabe destacar que la iniciativa tuvo su origen en diciembre de 1990, con la creación de una comisión nacional para analizar el tema, en la que participaron Parlamentarios, representantes de los Ministerios directamente involucrados y dirigentes de las agrupaciones de discapacitados.
Aquí se ha señalado que este proyecto marca un hito histórico en la legislación chilena, y quiero reiterar esa afirmación. Nunca antes existió algo semejante. En él se han incorporado las ideas más modernas sobre la materia, considerándose además la experiencia de otros países, y tanto el Ejecutivo como el Parlamento tomaron en cuenta la opinión de los afectados.
Sabemos que con esta normativa se inicia un proceso, porque ella no resuelve todos los problemas. Pero, sin lugar a dudas, con una acción gradual y persistente se podrá realmente corregir algo que ha venido gravando a este país de manera dramática: el descuido, la segmentación y la marginación de las personas que sufren de discapacidad.
Señor Presidente, en este momento me embarga un sentimiento de emoción, porque veo que se crean expectativas para muchos niños que hoy día, por no ser atendidos adecuada y oportunamente, quedan limitados de por vida; veo a una gran cantidad de jóvenes y adultos a quienes, teniendo posibilidades, hasta ahora se les había negado hacer uso de sus capacidades por el hecho de ser impedidos, y, desde hoy, podrán iniciar un proceso de rehabilitación mejor que antes. Veo, en una palabra, señor Presidente , la dignidad de quienes en Chile sufren de discapacidad. Y a todos ellos se les considerará ahora como personas normales, incorporándolas a un proceso de educación, al trabajo, a la salud preventiva, con lo cual se evitará que se produzcan trastornos graves e imposibles de corregir en el futuro.
Mucha gente se beneficiará con el proyecto que ustedes, Honorables señores Senadores, acaban de aprobar.
Tengo también un sentimiento de satisfacción por el trabajo realizado tanto a nivel del Ejecutivo como del Parlamento, el que ha sido largo, acucioso y abnegado. Y un profundo agradecimiento hacia todas las personas que han colaborado en este proceso.
Quiero agradecer, en primer lugar, al Honorable Senado, porque aprobó el proyecto en su primer trámite constitucional y por despacharlo ahora por unanimidad.
Quiero agradecer en particular a la Comisión de Salud de la Corporación, la cual, con mucha acuciosidad y con un trabajo esforzado y eficiente, logró despachar la iniciativa en la forma en que la ha conocido el Senado; y en especial a su Secretario, don Sergio Sepúlveda, quien, en tiempo récord, elaboró el informe respectivo, pues sólo ayer se conocieron las modificaciones que la Honorable Cámara de Diputados introdujo al texto aprobado aquí.
Permítame agradecer también, señor Presidente, a las personas que me acompañaron durante el proceso legislativo del proyecto, algunas de las cuales trabajan en el Ministerio y otras fuera de él: a la señora Ruth Pinto, Jefa del Departamento de la Discapacidad de la Cartera a mi cargo; a la señora Patricia Schaulsohn, quien nos prestó su colaboración desde el origen de la iniciativa, asesorándonos en el aspecto legal, en forma desinteresada, abnegada y eficiente; al Fiscal del Ministerio, don Alfonso Laso, y en especial a la señora Liliana Mahn, sin cuyo esfuerzo, dedicación y capacidad no habría sido posible sacarlo adelante.
En resumen, agradezco a todos los que contribuyeron a este logro, en nombre del Gobierno y de las personas que padecen de discapacidad, porque la ley les permitirá una mayor dignidad.
Muchas gracias.
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