REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 332ª, EXTRAORDINARIA Sesión 60ª, en miércoles 3 de abril de 1996 (Ordinaria, de 10.30 a 15.50 horas) Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime, y Huenchumilla Jaramillo, don Francisco. Presidente accidental, el señor Viera-Gallo Quesney, don José Antonio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS IV. CUENTA V. ORDEN DEL DÍA VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión8 III.Actas8 IV.Cuenta8 o Nuevo día y hora de sesión especial sobre ingreso de Chile al Mercosur8 o V.Orden del Día. Modificación del decreto supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, y de la Ley de Caminos. Proposición de la Comisión Mixta10 Modificación del artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad. Primer trámite constitucional13 Modificación de la ley Nº 18.696, sobre transporte de pasajeros, en la evaluación del impacto ambiental. Tercer trámite constitucional15 Modificaciones al Código Sanitario. Primer trámite constitucional16 Exigencia para la autorización notarial de promesas de compraventa de viviendas Serviu. Primer trámite constitucional. (Votación)19 Escalafón de Servicio Religioso de la Armada. Primer trámite constitucional21 Modificaciones a disposiciones del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional24 Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sobre el Servicio Militar obligatorio. Proyecto de acuerdo28 VI.Documentos de la Cuenta. 1.Moción de los Diputados señores Tuma, Arancibia, Pérez (don Aníbal), Encina, Hernández, Naranjo, Escalona, Tohá, Muñoz y Aguiló, que reduce cargos fijos en los servicios de agua potable y cobros por concepto de alcantarillado en verano (boletín N° 182503).83 VII. Otros Documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: Del Diputado señor Munizaga, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 3 de abril en curso. Del Jefe de Bancada del Partido Renovación Nacional por la cual informa que el Diputado señor Galilea será reemplazado permanentemente en la Comisión de Agricultura por el Diputado señor García (don José). 2.Oficios: Corte Suprema. Diputado Pérez (don Ramón), hechos que afectan al Juez del Primer Juzgado de Letras de Iquique. Contraloría General de la República. Diputado Ávila, presuntas irregularidades cometidas por Esval S.A. Ministerio del Interior. Diputado Jürgensen, recursos que involucra la extinción de un siniestro en la Décima Región. Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputados García (don René), Jürgensen, Ribera y Tuma, homicidio del campesino chileno Eliseo Quintonahuel Quintonahuel. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Diputado Kuschel, materias relativas al sector turismo; cartografía de lugares turísticos relevantes de Chile; estado de avance del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Décima Región. Ministerio de Hacienda. Diputados Letelier (don Juan Pablo), Navarro y Tuma, forma de operar de las empresas de seguros en el área de la construcción. Ministerio de Educación. Diputado Jürgensen, programas en aplicación para aliviar la pobreza rural. Ministerio de Obras Públicas. Diputados ÁlvarezSalamanca, Moreira, Jürgensen, Prokuriça, Ferrada, Bayo y Munizaga, derechos de aprovechamiento de aguas de los regantes de la cuenca del río Maule. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Diputado Ascencio, resultados de fiscalización a empresas que indica. Diputado Reyes, fiscalización al sector forestal en la Décima Región. Diputado Kuschel, situación laboral de empresas pesqueras. Ministerio de Minería. Diputados Palma (don Joaquín) y Villegas, deudas Enami. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputado Rodríguez, déficit habitacional en comunas de las provincias de Los Andes y San Felipe. Diputado Kuschel, seguros de viviendas. Secretaría General de Gobierno. Diputados Hurtado y Jürgensen, estudio sobre determinantes de la pobreza rural. Ministerio de Planificación y Cooperación. Diputado Jara, instalación de una oficina en el Alto Biobío. Corporación Nacional del Medio Ambiente. De la Corporación, acciones para resolver situación que afecta a la zona del Alto Biobío. Programa de Reconocimiento del Exonerado Político. Informa estadísticas al 290296. Presentación de un particular. Modificación a la ley N° 19.064 sobre propiedad horizontal. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores Diputados: (108) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Allamand Zavala, Andrés --Allende Bussi, Isabel --Arancibia Calderón, Armando --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Aylwin Azócar, Andrés --Balbontín Arteaga, Ignacio --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Caminondo Sáez, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --De la Maza Maillet, Iván --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Ferrada Valenzuela, Luis Valentín --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Rodríguez, José Luis --Gutiérrez Román, Homero --Hamuy Berr, Mario --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado RuizTagle, José María --Jara Wolf, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Jürgensen Caesar, Harry --Karelovic Vrandecic, Vicente --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Makluf Campos, José --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Matthei Fornet, Evelyn --Melero Abaroa, Patricio --Montes Cisternas, Carlos --Morales Morales, Sergio --Moreira Barros, Iván --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokuriça Prokuriça, Baldo --Rebolledo Leyton, Romy --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Solís Cabezas, Valentín --Soria Macchiavello, Jorge --Sota Barros, Vicente --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Villegas González, Erick --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Wörner Tapia, Martita --Zambrano Opazo, Héctor --Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Osvaldo Vega. Asistieron, además, los siguientes Ministros: de Relaciones Exteriores, señor José Miguel Insulza; de Defensa Nacional, señor Edmundo Pérez Yoma; de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro García, y de Agricultura, señor Emiliano Ortega. Además, concurrió el Senador señor Adolfo Zaldívar. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.30. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El acta de la sesión 56ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 57ª se encuentra a disposición de los señores Diputados. IV. CUENTA El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. NUEVO DÍA Y HORA DE SESIÓN ESPECIAL SOBRE INGRESO DE CHILE AL MERCOSUR. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señores Diputados, ayer se informó del acuerdo de los Comités para realizar una sesión especial sobre el Mercosur, la cual se había programado originalmente, tal como lo di a conocer ayer, en reemplazo de la sesión ordinaria de mañana. Los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción me han informado que mañana jueves hay reunión de gabinete, por lo cual no podrán asistir. Por eso y después de consultar a los Comités, he resuelto trasladar esa sesión para hoy a las 15.45 o 16. La hora de inicio se precisará en la citación respectiva, la que establecerá distintos horarios para adecuarlo a la hora de término de la presente sesión en que además se analizará el servicio militar obligatorio. Si le parece a la Sala, se anticipará la sesión de mañana para hoy en la tarde, la cual se dedicará únicamente al tema del Mercosur. El señor LATORRE.- Señor Presidente, ¿cuáles Ministros han comprometido su asistencia para hoy en la tarde? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Los Ministros señores José Miguel Insulza y Emiliano Ortega. El Ministro señor Álvaro García sólo estará al inicio de la sesión, porque después tiene una reunión programada con la CUT para analizar la misma materia. El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece necesario que, en nombre de la Cámara, le pida al Ministro García que permanezca en la Sala durante toda la sesión. El señor ULLOA.- ¿Me permite, señor Presidente? Acogemos su propuesta. Sólo me permito consultarle sobre las sesiones de comisiones. Creo importante que Su Señoría señale ahora cuál sería el criterio aplicable al respecto, sin perjuicio de las normas reglamentarias. Se trata de dos cuestiones distintas, razón por la que solicito un pronunciamiento de Su Señoría. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La sesión de la tarde se regirá por las normas de la hora de Incidentes. Por ende, las comisiones podrían sesionar simultáneamente con la Sala, aunque por la trascendencia de la materia, sería conveniente que aquéllas que no tengan un compromiso ineludible suspendan su trabajo. La idea de la Mesa es suspender el funcionamiento de las comisiones; pero, reglamentariamente, se requiere analizar un poco más el tema para adoptar una decisión. El señor ULLOA.- ¿Me permite, señor Presidente? Precisamente, en el mismo sentido de lo que Su Señoría señala, solicito que cite a una reunión de Comités en el momento que estime oportuno para resolver el punto, porque, desde mi perspectiva, no sería muy conveniente exigir la participación de todos los señores Ministros, como lo hace con razón el Diputado señor Latorre, lo que me parece estupendo, en circunstancias de que la contrapartida, es decir, los Diputados, no podrán estar presentes en la Sala. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito a los presidentes de las comisiones que suspendan su trabajo de hoy, para que todos los parlamentarios puedan estar presentes en el debate sobre el Mercosur. Si alguna comisión no puede hacerlo, debe señalar a la Mesa sus razones para analizar su situación particular. En cuanto a lo solicitado por el Diputado señor Latorre, debo expresar que reiteraremos nuestra invitación al Ministro señor García, aun cuando me señaló que tiene un compromiso contraído previamente con la Central Unitaria de Trabajadores para informar esta misma materia a las 17.30. Por esa razón, la sesión comenzaría a las 15.45, con el fin de contar con su presencia, por lo menos, a su inicio. Asimismo, se ha invitado a los Ministros Insulza y Ortega con sus respectivos jefes de negociaciones internacionales, por lo que se entiende que estas personas están autorizadas para asistir a dicha sesión. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, solicito tratar en primer lugar y sin discusión, el proyecto que figura en el Nº 6 de la Tabla, que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad, ya cuenta con la unanimidad de la Comisión y de la Sala. Todas las indicaciones formuladas en la primera discusión fueron acogidas y redactadas unánimemente por la Comisión, con especial participación de las señoras parlamentarias. Hago la petición por el tema que trata y teniendo presente que las festividades de Semana Santa dilatarán su tramitación si no es despachado hoy el proyecto. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, en este instante no veo en la Sala a la Diputada señora Prochelle, informante del proyecto. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, es el segundo trámite del proyecto y en su discusión hemos participado parlamentarios de las distintas bancadas, entre ellos las Diputadas señoras Prochelle y Cristi. Por lo tanto, estoy dando a conocer a la Sala y a Su Señoría que el proyecto cuenta con la unanimidad correspondiente. Las indicaciones fueron formuladas en conjunto. Por ello me atrevo a solicitar su asentimiento. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, me alegro de que así sea. Sin embargo, me gustaría despachar el primer proyecto de la Tabla y luego pedir la unanimidad para tratar el mencionado por usted, porque algunos señores Diputados no se encuentran en este momento en la Sala, y es bueno que estén presentes para evitar cualquier problema al respecto. Es un proyecto importante, con disposiciones de quórum de ley orgánica constitucional, por lo que debo estar seguro de la adhesión de las personas ausentes en este momento, sin dudar de que en la Comisión se logró lo que señala Su Señoría. Por lo tanto, si le parece bien, despacharemos el que figura con el Nº 1 de la Tabla e, inmediatamente después, someteremos su propuesta a consideración de la Sala. El señor SEGUEL.- Gracias, señor Presidente. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº 294, DE 1984, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y DE LA LEY DE CAMINOS. Proposición de la Comisión Mixta. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica el decreto supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960, Ley de Caminos. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 108409 (S), sesión 59ª, en 2 de abril de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 3. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, la comisión mixta fue integrada por los Senadores señores Francisco Javier Errázuriz, Ricardo Martin, Carlos Ominami, Bruno Siebert y Andrés Zaldívar, y por los Diputados señores René Manuel García, Juan Masferrer, Isidoro Tohá, Samuel Venegas y Hosain Sabag. Además, concurrieron el director de Vialidad, señor Oscar Ferrel, el subdirector de Vialidad, señor Mario Isamet, y el fiscal del Ministerio de Obras Públicas, señor Aliro Verdugo. La comisión mixta, cuya proposición ya fue aprobada por el Senado y sólo falta el pronunciamiento de la Cámara, analizó y discutió las divergencias producidas entre ambas cámaras en el artículo 1º. En su Nº 2, que pasó a ser Nº 3, y se refiere al artículo Nº 41, el Senado había aprobado en el inciso primero el concepto de “caminos nacionales” y la Cámara lo reemplazó por el de “caminos públicos”. Fundamentalmente, se refiere a la autorización previa de la Dirección de Vialidad a particulares para abrir caminos de acceso. El reemplazo produjo la controversia. Es del caso señalar que la red vial es de 80.000 kilómetros, de los cuales sólo el 10 por ciento, es decir, 8.000 kilómetros, tiene la calidad de “caminos nacionales”. Con la proposición de la Cámara, dicha cifra subía a 14.000 kilómetros y significaba que muchas otras vías pavimentadas también podían tener la calidad de “nacionales”. Sin embargo, el Senado la rechazó porque consideró que no es posible extender la facultad del Director de Vialidad de permitir el acceso a particulares a todos los caminos pavimentados. La Dirección de Vialidad pedía que se declararan como “caminos públicos”, pero la comisión mixta, en votación dividida, acordó clasificarlos sólo como “caminos nacionales”. Son caminos nacionales el Longitudinal, los que unen las capitales de provincias con él y los calificados especialmente por el Presidente de la República como tales. El resto son caminos públicos. La razón fundamental es que si en algún camino pavimentado aumenta considerablemente el movimiento de vehículos, el Presidente de la República tiene la facultad para calificarlo como nacional. En resumen, la mayoría de la comisión mixta aprobó la calificación de “caminos nacionales”. Después viene la parte que se ha relacionado con la delegación de facultades. El personal a contrata de Obras Públicas no puede firmar o representar al Ministerio con las facultades del Director Nacional de Vialidad. En este caso, están los seremis, los directores regionales de vialidad y muchos otros. Por supuesto, la situación crea gravísimos problemas. Es del caso señalar que el 33 por ciento de los profesionales están a contrata, incluso muchos jubilan con esta calidad. Después de un largo debate, fue aprobada la proposición de la Cámara para que los directores regionales y el personal a contrata en general tengan las facultades legales para representar al Ministerio de Obras Públicas. La última cosa importante se refiere al traspaso de personal. Como se ha dicho en muchas oportunidades, una gran cantidad de funcionarios del Ministerio tiene la calidad de obreros; pero desde hace mucho tiempo desempeña funciones administrativas. No puede realizarse el cambio de calidad jurídica de un mes por año de servicios, porque no se dispone de recursos para pagar las indemnizaciones correspondientes. Se autoriza el traspaso y los funcionarios quedarán sin solución de continuidad, lo que significa que podrán jubilar con todos los derechos. Por esta razón, el siguiente artículo fue aprobado por unanimidad: “Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo final de la ley Nº l8.834, será aplicable a los actuales trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y servicios dependientes, regidos por el Código del Trabajo, que queden afectos a las normas del Estatuto Administrativo por ser nombrados en la planta o contratados asimilados a grados, sin solución de continuidad en el mismo órgano en que se desempeñan”. El Ministerio estima de vital importancia que la Cámara apruebe la proposición de la Comisión Mixta, como lo ha hecho el Senado, ya que, de alguna manera, aliviará la aflictiva situación que afecta a su personal. En consecuencia, pido que la Sala adopte igual predicamento. He dicho. -o- El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Frente al grave accidente que sufrió su hijo, aprovecho la ocasión para expresar al Diputado señor Ferrada la solidaridad de la Mesa y de la Corporación y nuestra alegría porque, después de días de intensa preocupación, su cuadro clínico ha mejorado. Estimado colega, nos alegramos de su presencia. Hemos estado junto a usted, preocupados por una situación tan difícil. El señor FERRADA.- Señor Presidente, un millón de gracias a todos. La solidaridad manifestada en horas de mucha aflicción ha llenado de gozo el corazón de mi señora y mío. Lo digo muy sinceramente, porque trasunta la inmensa calidad humana de los integrantes de esta Corporación y de los amigos. Señor Presidente, ya que ha tocado el tema, deje darme un gusto: ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a todos ustedes! -o- El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, aparentemente, el proyecto es muy sencillo y no tendría muchas consecuencias, pero es bastante amplio. Si bien todos los caminos son de uso público, se dividen según el flujo vehicular en nacionales y públicos. El criterio de la Cámara fue mantener el concepto de caminos públicos, pero el honorable Senado consideró que ampliaba demasiado las facultades del Director Nacional de Vialidad de definir los accesos y su uso. La comisión mixta optó por mantener el concepto de caminos nacionales, por una razón muy sencilla: Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el artículo 26 del decreto con fuerza de ley Nº 206, tiene la facultad para clasificar de nacionales los caminos según el flujo vehicular. Esto no es tan sencillo como parece. Además del flujo vehicular, influye en la utilización de las vías por los servicios públicos, como teléfonos, gas y agua potable. Por lo tanto, la clasificación de caminos nacionales no podía quedar sólo en manos del Director Nacional de Vialidad. También se discutió largamente que el derecho de paso que pagan las compañías de agua, luz, gas o teléfonos recaerá finalmente en el consumidor. Es decir, los grandes afectados serán los consumidores. Por otra parte, está el derecho adquirido. A muchas empresas se les ha dado el usufructo en las vías públicas por años, y si se les pide que saquen la red de alumbrado, por ejemplo, del área pública, de la franja del camino, el propietario del lado no va a ceder el paso gratis, porque tiene la facultad de cobrar. Esto se discutió largamente en la comisión mixta. En la electrificación rural, en gran parte, se ocupan las vías, de donde salen los accesos a las casas. Si se impide su uso, se encarecería enormemente el servicio, materia que fue discutida largamente. Por eso, se conservó el concepto de caminos nacionales, aparte de que Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el decreto supremo Nº 294, tiene la facultad para calificarlos de tales. También se discutió largamente el acceso de industrias que se instalen dentro de radios urbanos. Ahora, el permiso deberá complementarse entre la municipalidad y la Dirección de Vialidad, para evitar que la salida a los caminos principales, a caminos nacionales o a una curva, represente peligro. Este proyecto, que en apariencia parece sencillo, va entrelazado directamente con la ley de concesiones. ¿Por qué digo esto? Porque al existir en el país la doble vía desde La Serena a Puerto Montt, entre Talca y Linares tenemos 296 pasos con acceso a la carretera, y de éstos sólo quedarán 40 ó 60. Por lo tanto, tendrá que haber caminos alternativos. Por eso, dada su importancia, este proyecto tenía que ser de iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República y no del directorio de Vialidad. Cerrar los accesos de cualquier camino y de otros que en este momento son públicos, sería realmente costoso. Ahora bien, en el proyecto se establecía que si una persona salía con su vehículo a la carretera, Vialidad le ofrecería una solución razonable; pero resulta que, a lo mejor, esa solución era hacer un by pass o cualquier otra cosa, lo que podría representar un costo mucho más alto que el valor de la propiedad de este señor. Por eso, en este punto se mantuvo el criterio de los caminos nacionales en vez de los públicos, a pesar de que la cantidad de ellos aumentaba más si seguía el otro enfoque. Pero repito hasta el cansancio todo el plan que existe hoy para pavimentar los caminos de las cabeceras de comunas, hará subir, lógicamente, el flujo vehicular. Entonces, Su Excelencia tendrá la facultad para declarar nacional el camino que había sido público, y de decretar los accesos que tendrá en definitiva. Así, la gente que ingresa a la ruta quedará fuera de peligro. Ésos son los puntos que se discutieron en la comisión mixta, sobre todo los derechos adquiridos que tenían las empresas para usar la vía. También se trató el artículo 71 bis, que permite al personal a contrata del Ministerio de Obras Públicas pasar a la planta. Ése es el caso de los directores regionales que estaban a contrata y no podían pasar a formar parte de la planta de Vialidad, a pesar de la inmensa responsabilidad que tienen en cada región. Esta medida favorecerá enormemente a este personal en cuanto a jubilación, indemnizaciones y todos los derechos que la ley les otorga. Al estar a contrata no tenían estos beneficios y podían ser despedidos en cualquier momento, sin derecho a ninguna indemnización. En la comisión mixta primaron muchos de los criterios del Senado, que fueron aprobados prácticamente por unanimidad. Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional anuncia su voto favorable a la proposición de la comisión mixta. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, los Diputados que me han antecedido en la palabra han sido claros al referirse a todas las discrepancias que se suscitaron entre el Senado y la Cámara y a los temas más relevantes que se zanjaron. Para no extender mi exposición, porque sería repetir innecesariamente los argumentos ya entregados, anuncio que los parlamentarios de la UDI votaremos favorablemente todas las proposiciones de la comisión mixta. He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la proposición de la Comisión Mixta, dejando constancia de que existen los quórum requeridos. Aprobada. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En conformidad con lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad. Diputado informante de la Comisión de Trabajo es la señora Prochelle. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Trabajo, boletín Nº 176013, sesión 58ª, en 21 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Seguel me ha señalado que habría acuerdo unánime para votar, sin discusión, el proyecto que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad, que figura en el punto 5 de la Tabla. La señora CRISTI.- Pido la palabra. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora CRISTI.- Señor Presidente, voy a dar mi aprobación al proyecto, dado que fui partícipe de la indicación. Creo que ella adquiere una tremenda relevancia. Me gustaría que algún señor parlamentario la explicara. Sería muy triste que una modificación tan importante para las mujeres pasara inadvertida. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- También me parece a mí, señora Diputada, pero como se ha propuesto tratarlo de una determinada manera, tengo que consultar. Pienso que la Diputada informante señora Prochelle podría intervenir, pero se encuentra ausente. El señor SEGUEL.- Pido la palabra. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, seré lo más breve posible. Los parlamentarios hemos acogido favorablemente las indicaciones que se han presentado. Una de las más importantes es la formulada por los Diputados señores Bombal y Paya, que agrega al inciso primero del artículo 194, después de la coma que sigue a “administración pública”, la frase “el Congreso Nacional y el Poder Judicial,”. Después, hubo unanimidad respecto de la letra b) que mencionaba la Diputada Cristi, que señala: “Ningún empleador podrá exigir para la contratación de mujeres, su permanencia o renovación de contrato, exámenes de ninguna especie que demuestren la existencia o ausencia de embarazo, como así tampoco para la promoción y movilidad en su empleo.” Esta indicación tuvo largo debate, en cuanto a la promoción o movilidad en el empleo, porque según la información recogida en la Comisión se han hecho uso o abuso por los empleadores respecto de no dar promoción o movilidad en el empleo a las trabajadoras por el hecho de estar embarazadas. En ese sentido, la Comisión ha sido tajante. Esperamos que ésa sea también la opinión de la Cámara, a fin de hacer ver a los empleadores que el hecho de que la mujer esté embarazada no es ningún menoscabo para que pueda tener promoción en su empleo o alguna movilidad en el mismo. Por esta razón, estimamos conveniente dejar claramente establecido en este informe que promoción o movilidad no afecta en nada el hecho de que la mujer se encuentre embarazada. Luego, al final del número 2, agregamos al inciso segundo del artículo 208, a continuación del punto aparte, la siguiente oración: “;como asimismo aquellos empleadores que infrinjan lo dispuesto en el inciso final del artículo 194.” El artículo 194 del Código del Trabajo dice que la protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título, y que quedan sujetos a ellas los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado. En síntesis, lo que establece el Código es que toda la administración pública y las instituciones privadas deberán respetar el derecho de las mujeres al embarazo. Es todo cuanto puedo informar en nombre de la Comisión. Considerando que fue unánime la aprobación de las indicaciones en la misma, esperamos que así ocurra en la Sala. Señor Presidente, la Diputada señora Cristi me ha pedido una interrupción, la que por su intermedio concedo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No corresponde, señor Diputado. El señor SEGUEL.- Entonces, puede hacer uso de la palabra. Por mi parte, he terminado. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se pidió cambiar el orden de la Tabla en atención a que habría unanimidad para aprobar este texto sin debate, lo cual es complicado en proyectos como éste. Con esto, Diputado señor Seguel, queda demostrado que no había unanimidad para aprobarlo sin debate. El señor SEGUEL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No, señor Diputado. El señor SEGUEL.- ¿Quién no está dando la unanimidad? El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Esta es una buena lección, porque cuando se pide modificar la Tabla para tratar un proyecto sin debate, no es así, por cuanto requiere discusión. Como el tema ya ha sido planteado, voy a dejar con la palabra a la Diputada señora Cristi. Si podemos acordar que haya un procedimiento breve, le pediría que su intervención no pasara de dos o tres minutos, porque a continuación hablará el Diputado señor VieraGallo. Después votaremos. ¿Habría acuerdo de la Sala? El señor PÉREZ (don Víctor).- No. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, se dio el acuerdo unánime para que se votara sin debate, pero usted está dando la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Eso es lo que había entendido. El señor PÉREZ (don Víctor).- Entonces, si está dando la palabra a algunos parlamentarios, necesariamente se va a producir un debate largo. Por tanto, o se respeta el acuerdo unánime o bien todos los parlamentarios que quieran intervenir tendrán derecho a hacerlo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene razón. Estaba viendo si había una variante. ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto? Aprobado. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se aprueba dejando constancia de que se ha reunido el quórum requerido en el artículo único. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.696, SOBRE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. Tercer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.696, que establece normas sobre transporte de pasajeros. Antecedentes: Modificaciones del Senado, boletín Nº 40709, sesión 59ª, en 2 de abril de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Senado ha modificado lo que aprobó la Cámara. Diputado señor Jara, en su calidad de presidente de la Comisión de Transportes, ¿podría informar a la Sala? El señor JARA.- Señor Presidente, conforme a los antecedentes que se nos entregaron respecto de las modificaciones que incorporó el Senado a este proyecto, puedo informar que son menores y corresponden a una adecuación formal, manteniendo la idea central de la iniciativa, que tuvo su origen en una moción de varios señores parlamentarios. En mi opinión, en este tercer trámite corresponde aprobar las modificaciones propuestas por el Honorable Senado. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala se aprobarán las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece normas sobre transporte de pasajeros. Aprobadas. MODIFICACIONES AL CÓDIGO SANITARIO. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para tratar, a continuación, el proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el Código Sanitario. Acordado. Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Ojeda. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Salud, boletín Nº 143711, sesión 52ª, en 12 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en las materias que señalaré. El proyecto fue aprobado en general el 25 de enero del presente año, y debido a dos indicaciones que se formularon en la Sala volvió a la Comisión para su discusión particular. Su objetivo es permitir que el Ministerio de Salud, los servicios de salud y el Instituto de Salud Pública de Chile desarrollen en mejor forma las tareas sanitarias que la normativa vigente les encomienda. Consta sólo de dos artículos. El artículo 1º tiene cuatro números, y en el informe en general que rendí anteriormente ya hice un detalle pormenorizado respecto de su significado. Se refiere a la facultad que se otorga a los directores de los servicios de salud y del Instituto de Salud Pública para eximir o rebajar el pago de los aranceles sanitarios a determinadas personas, en casos excepcionales y por motivos fundados. Además y creo que ésta es la parte más trascendente del proyecto, se establece el control de calidad para elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres humanos, tales como guantes quirúrgicos, reactivos de laboratorio, preservativos, material de sutura y jeringas hipodérmicas. Asimismo, actualiza la cuantía de las multas establecidas en el Código Sanitario. El artículo 2º prescribe que el reglamento que menciona el nuevo artículo 101 del Código Sanitario deberá dictarse dentro de los noventa días contados desde la publicación de la ley. Durante el debate en la Sala se propusieron dos indicaciones. La primera la formularon los Diputados señores Letelier don Juan Pablo, y Tohá, para agregar en el artículo 101, entre los elementos destinados al cuidado de la salud de las personas, a continuación de las palabras “jeringas hipodérmicas” lo siguiente: “asimismo agrotóxicos aplicados a productos hortofrutícolas destinados al consumo humano”. Esta indicación se rechazó porque no estaba dentro de la idea central del proyecto. Además, se trata de una situación que debe estudiarse detenidamente. Por otro lado, debo señalar que con el Diputado señor Tohá presentamos un proyecto de acuerdo, con el objeto de solicitar a las Comisiones de Agricultura y de Salud que hagan un estudio respecto del problema. La indicación fue rechazada por unanimidad. Los señores Bayo y Ojeda formularon indicación para agregar un inciso segundo, nuevo, al artículo 101 que dice: “El costo de las certificaciones será de cargo exclusivo de las personas naturales o jurídicas que las soliciten.” Se aprobó por mayoría, con una abstención. Dejo constancia de lo siguiente: 1. El artículo 101, letra b), que se incorpora por el número II del artículo 1º, es norma de quórum calificado. 2. No se suprimieron disposiciones. 3. Se modificó el artículo 1º, Nº II, en el cual se agregó un nuevo inciso segundo. 4. No se introdujeron nuevos artículos. 5. No existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. En consecuencia, el proyecto está en condiciones de ser aprobado en los mismos términos propuestos por la Comisión. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, esta iniciativa, que otorga a los servicios de salud y al Instituto de Salud Pública la facultad, por una parte, de eximir y rebajar aranceles y, por la otra, de efectuar un control de calidad para los elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades en los seres humanos, tales como guantes quirúrgicos, reactivos de laboratorio, preservativos, material de sutura y jeringas hipodérmicas, apunta en la dirección correcta, por dos razones: en primer lugar, sitúa al Instituto de Salud Pública en su función reguladora y establece debidamente la función contralora y fiscalizadora del Estado respecto de elementos destinados al diagnóstico y prevención de enfermedades. Sabemos que pronto ingresará al Congreso un proyecto para precisar con mayor nitidez la prioridad de este organismo público en el ámbito contralorregulador y no en el ámbito productivo, como hoy sucede. En segundo lugar, también se sitúa en el marco de denuncias hechas públicamente por el Instituto de Salud, las que señalan que aproximadamente el 50 por ciento de los exámenes de laboratorio que se efectúan en el país carecen de validez e inducen a errores en el diagnóstico de enfermedades, lo que atenta contra la salud de la población, porque los elementos utilizados para los análisis de laboratorio muchas veces no concuerdan con su composición química ni con sus fechas de vencimiento. De manera que cualquier avance en la materia apunta al objetivo nacional que inspira a todos: asegurar el acceso adecuado a la salud de toda la población. Sin perjuicio de los beneficios que establece el proyecto, no comparto y esto respecto no sólo de esta iniciativa sino también de muchas otras el que dejemos encomendadas las regulaciones y la determinación del proceso de certificación al reglamento. Habría preferido que muchos de estos temas quedaran consagrados en la ley, porque se pueden generar algunas dualidades entre lo que dispone el reglamento y lo que los fabricantes de estos elementos establecen, tanto en Chile como en su país de origen. También se podrían emitir certificaciones o regulaciones dobles, lo que puede significar un proceso más engorroso. Quizás habría sido mejor establecer con mayor claridad en la ley las materias objeto de fiscalización y de regulación y contemplar una adecuada coordinación con los fabricantes, de modo que el Estado no incurra en gastos mayores en la materia. Sin perjuicio de lo anterior, estimo que hay algunos productos o elementos que, por su naturaleza, deben ser controlados en el país. En resumen, la iniciativa se orienta en la dirección correcta desde el punto de vista de la regulación del Estado, aun cuando su texto es un poco mezquino al no considerar las regulaciones para evitar dualidades. Además, resuelve un problema muy sustancial en el diagnóstico clínico del país: la fidelidad de los elementos que se utilizan, especialmente para los exámenes de laboratorio. Por las razones expuestas, aprobaremos esta iniciativa. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tohá. El señor TOHÁ.- Señor Presidente, quiero recordar a los señores Diputados que este proyecto ya fue debatido en la Sala, y habría sido despachado en esa oportunidad si no se hubieran presentado dos indicaciones que obligaron a que volviera a la Comisión. Ya se han mencionado las materias fundamentales del proyecto. Otorga facultades a los directores de los servicios de salud y al Director del Instituto de Salud Pública para rebajar o eximir el pago de aranceles sanitarios a algunas instituciones sin fines de lucro; fija normas de calidad para algunos elementos que se utilizan en el diagnóstico y prevención de enfermedades; actualiza el monto de las multas, las que hasta este momento eran irrisorias y no lograban impedir la contravención de las normas. No hay objeción en cuanto a que este proyecto significa mejorar el Código Sanitario en los aspectos indicados. Junto con el Diputado Juan Pablo Letelier, formulamos indicación para incluir los agrotóxicos en la certificación de calidad. Indudablemente, no es adecuado que esa materia tan importante quede en el Código Sanitario, en la parte que se refiere al control de calidad de artículos empleados para atender a las personas o para prevenir las enfermedades. Por lo tanto, en forma unánime se consideró que no era procedente modificar el Código en el sentido indicado. Los Diputados señores Bayo y Ojeda formularon indicación para establecer de cargo de quién sería el costo de las certificaciones de calidad de los productos. Se aprobó por unanimidad. Por eso, nosotros votaremos favorablemente el proyecto He dicho. El señor ESTÉVEZ.- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobaría por unanimidad... El señor MELERO.- Sería bueno que se votara. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El artículo 2º está aprobado reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones. La letra b) del artículo 101 requiere quórum calificado de 61 votos. En votación todo el articulado, salvo la letra b) del artículo 101. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. Si le parece a la Sala, se aplicará la misma votación para la letra b) del artículo 101. Aprobada. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, Girardi, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Makluf, Masferrer, Melero, Montes, Morales, Moreira, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Venegas, VieraGallo, Vilches, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano. EXIGENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN NOTARIAL DE PROMESAS DE COMPRAVENTA DE VIVIENDAS SERVIU. Primer trámite constitucional. (Votación). El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En consideración a que respecto del proyecto de ley que establece normas sobre adopción de menores, deroga la ley Nº 18.703 y modifica la ley Nº 7.613, que figura en el número 3 del Orden del Día, no se encuentra presente la señora Ministra de Justicia y el tiempo de que disponemos hasta las 12 para aprobarlo es insuficiente, propongo a la Sala tratar el signado con el número 4, que ya fue debatido y que prohíbe a los notarios autorizar contratos de promesa de compraventa de viviendas Serviu sin estar canceladas. Acordado. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, en relación con ese proyecto, con el autor de la moción, Diputado señor Maximiano Errázuriz, presentamos una indicación, de manera que podríamos votarlo con dicha indicación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Gajardo, el proyecto presenta varias indicaciones; por lo tanto, sólo se votará su idea de legislar, después de lo cual volverá a la Comisión con las indicaciones. ¿Hay acuerdo para poner en votación la idea de legislar? Acordado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. El proyecto vuelve a Comisión para el segundo informe. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Ceroni, De la Maza, Elgueta, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, GarcíaHuidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, León, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, VieraGallo, Vilches, Villouta y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Coloma, Melero, Moreira y Orpis. Se abstuvo el Diputado señor Leay. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo único. 1. Del Diputado señor Villouta, reemplazando el artículo único del proyecto por el siguiente: “Para autorizar contratos de cesión de derechos, promesas de compraventa, compraventa, o cualquier otro que tenga por fin último e inmediato transferir el dominio o la posesión de un inmueble adquirido de SERVIU o sus antecesores legales y/o financiado con fondos provenientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a cuyo respecto exista saldo de deuda o prohibición legal vigente, las Notarías deberán exigir autorización del respectivo SERVIU. Para acreditar lo anterior, el cedente o promitente vendedor deberá acompañar certificado de hipotecas y gravámenes. Los actos celebrados en contravención a esta ley, adolecerán de nulidad absoluta.”. 2. De los Diputados señores Elgueta, Errázuriz y Gajardo, para sustituir, en el inciso primero, el vocablo “contratos” por “escrituras”. 3. De los Diputados señores Elgueta, Errázuriz y Gajardo, en el inciso primero, para intercalar entre las palabras “viviendas” y “adquiridas”, la frase “de menos de 400 unidades de fomento”. 4. De los Diputados señores Elgueta, Errázuriz y Gajardo, en el inciso primero, para agregar entre las expresiones “los notarios públicos exigirán que” y “la operación correspondiente”, la oración “se acredite ante ellos el pago del precio o la circunstancia de no existir prohibiciones vigentes de celebrar actos y contratos o en defecto de lo anterior, que”. 5. De los Diputados señores Elgueta, Errázuriz y Gajardo, para eliminar en la parte final del inciso segundo, la expresión “con certificado de vigencia”, reemplazando la coma que la precede por un punto final. 6. De los Diputados señores Elgueta y Errázuriz, para agregar el siguiente inciso final, nuevo: “Los actos celebrados en contravención a este artículo serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Del mismo vicio de nulidad adolecerán dichos actos celebrados por escritura privada.”. ESCALAFÓN DE SERVICIO RELIGIOSO DE LA ARMADA. Primer trámite constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En los 25 minutos que restan del Orden del Día, propongo tratar el proyecto de ley, signado con el número 11, que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de la Subsecretaría de Marina, y el decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto entiendo que dice relación con un cambio menor en la planta de servicios religiosos de la Armada. Acordado. Diputados informantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Andrés Palma y Jürgensen, respectivamente. Antecedentes: Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 146102, sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 3. Informes de las Comisiones de Defensa, y de Hacienda, sesión 26ª, en 28 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 4, respectivamente. El señor ELGUETA.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, yo, por lo menos, voy a plantear una cuestión de constitucionalidad. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, pediré al Diputado señor Andrés Palma que informe sobre el proyecto, el cual no se votará sin discusión. Sólo queremos saber si podemos votarlo a favor o en contra en lo que resta del Orden del Día. Si no alcanzamos continuaremos en otra sesión. Tiene la palabra el Diputado señor Palma, don Andrés. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Defensa Nacional, informaré acerca del proyecto que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de la Subsecretaría de Marina, y el decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de reestructurar el escalafón de oficiales del servicio religioso de la Armada. El proyecto no aumenta el número de oficiales de dicho servicio religioso, sino que modifica sus grados respecto de la situación actual, de modo que, en lugar de un capitán de navío, un capitán de fragata y diecisiete capitanes de corbeta y tenientes primeros, existan un capitán de navío, dos capitanes de fragata y 16 capitanes de corbeta y tenientes primeros. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Palma, un momento por favor. Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, creo que el proyecto es secreto y correspondería darle ese tratamiento. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No está indicado en el informe de la Comisión ni en ninguna parte, señor Diputado. El informe del proyecto fue repartido a la Sala de modo normal, como todos, y se refiere al servicio religioso dentro de las Fuerzas Armadas. No veo que pueda ser secreta esa información. Pero, en vista de que hay una petición al respecto, voy a estudiar la situación. Puede continuar el Diputado señor Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, voy a terminar el informe y en su momento me referiré a la preocupación del Diputado señor Errázuriz. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Primero tendríamos que resolver si el proyecto se trata en secreto o no. ¿Su Señoría quiere referirse a ese punto para tomar una decisión al respecto? El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en verdad, las plantas de las Fuerzas Armadas son secretas y están establecidas en leyes secretas. Ahora, el proyecto nunca fue considerado como secreto en las Comisiones de Defensa Nacional o de Hacienda, durante su tramitación, aun cuando la norma que se modifica tiene ese carácter, porque afecta al personal del servicio religioso. Por lo tanto, creo no habría problema alguno en estudiarlo de la manera como lo estamos haciendo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En general, las normas que fijan la planta de las Fuerzas Armadas se tratan en secreto; no obstante, el debate sobre el aumento del número de generales de la Fuerza Aérea, hace poco tiempo atrás, se hizo en forma pública. Tiene la palabra el Diputado señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la bancada de la UDI estima que debe mantenerse la forma en que se está tratando el proyecto. Puede haber una suerte de equivocación; lo que es secreto es la oración profunda de cada uno de nosotros. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Además, las últimas modificaciones han sido publicadas en el Diario Oficial en forma normal; no en edición restringida. Por tanto, tratándose de un proyecto estrictamente de materia religiosa, me parece que puede ser discutido en forma abierta. Puede continuar el Diputado señor Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, como expresaba, el proyecto modifica la estructura de grados de los oficiales del servicio religioso de la Armada. Decía que en la actualidad hay un capitán de navío, un capitán de fragata y diecisiete capitanes de corbeta y tenientes primero, y el artículo 1º del proyecto establece que haya un capitán de navío, dos capitanes de fragata y dieciséis capitanes de corbeta y tenientes primero. Asimismo, el artículo 2º modifica los años de servicio que deben tener los oficiales de servicio religioso para acceder a las distintas graduaciones, en el sentido de fijar siete años para el grado de teniente primero, nueve años para el grado de capitán de corbeta y siete años para el grado de capitán de fragata. El grado de capitán de navío, por ser el máximo de la institución, no requiere de antigüedad especial. Esta modificación, que significa mayor gasto considerado dentro de los recursos propios de la Armada, fue estudiada por la Comisión de Hacienda que emitirá su informe respectivo. El proyecto fue tramitado por la Comisión hace más de un año y, debido a su sencillez, sería muy positivo que fuera despachado por la Sala en esta oportunidad. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen. El señor JÜRGENSEN.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encargado informar sobre este proyecto cuyo objeto es reestructurar el escalafón de oficiales de servicio religioso de la Armada, incorporando un cargo del grado de capitán de fragata a expensas de la disminución de igual número del grado de capitanes de corbeta y tenientes primero, con lo cual se produce un mejoramiento de la estructura de la planta, haciéndola piramidal, sin que ello signifique un aumento de los integrantes del escalafón respectivo. La Comisión de Defensa Nacional dispuso que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los tres artículos aprobados. El informe financiero, remitido por la Dirección de Presupuestos, señala que el incremento anual neto del gasto se estima en 863 mil pesos, el que será absorbido por los recursos consultados en el presupuesto de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional. La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto, como asimismo la indicación del Ejecutivo que reemplaza el año “1994” por “1995”, precisamente porque la iniciativa se viene tramitando desde hace tiempo. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quizás no debiera plantear estas observaciones, pero la libertad de conciencia y religiosa, garantizada por nuestra Constitución, me obliga a formular algunos comentarios sobre este proyecto. Cuando en una iniciativa como ésta se crean grados y se establece una especie de carrera funcionaria para quienes efectúan los servicios religiosos en este caso en la Armada no me cabe la menor duda de que se está implementando un sistema en el cual tiene preeminencia una sola religión, lo que no me parece adecuado por cuanto en el Congreso se está tramitando diría que en medio de una gran efervescencia un proyecto sobre la libertad de religión, de culto y de conciencia, en el cual se dan iguales oportunidades a las distintas religiones y creencias que existen en nuestro país. No quiero ahondar en la materia, pero hago presente esta situación por cuanto estructurar una verdadera carrera militar en el sector religioso, y respecto de una sola religión, va preparando las bases para que se acentúen los desequilibrios y las desigualdades, lo cual no es conveniente para la tolerancia de ideas que debe existir en nuestro país. Por lo tanto, me voy a abstener en este proyecto. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, su observación dice relación con un proyecto que está tratando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre los cultos en Chile. En votación general el proyecto, con la indicación de la Comisión de Hacienda. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. Como no ha sido objeto de otras indicaciones, también queda aprobado en particular. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ascencio, Aylwin (don Andrés), Bartolucci, Bayo, Cardemil, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, GarcíaHuidobro, González, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Masferrer, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rocha, Sabag, Solís, Taladriz, Tuma, Urrutia (don Salvador), Venegas, VieraGallo, Vilches y Zambrano. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Aguiló, Elgueta, Letelier (don Juan Pablo), Naranjo, Salas y Sota. El señor DUPRÉ.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor DUPRÉ.- Señor Presidente, sin conocimiento de que había sesión de Sala hoy en la tarde, ayer la Comisión de Relaciones Exteriores invitó al Ministro del ramo a una sesión secreta. Por lo tanto, pido la autorización de la Sala para sesionar simultáneamente con la Sala. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, la sesión de hoy en la tarde se celebrará con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores. Lamento que el cambio de la sesión del jueves para hoy en la tarde los Ministros no podían venir ese día altere el normal funcionamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tal vez sería necesario reprogramar la hora con el Ministro por cuanto él debe estar en la Sala en ese momento. MODIFICACIONES A DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Primer informe constitucional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El Diputado señor Gajardo me ha planteado que también podría informar el proyecto que figura en el número 10 de la Tabla, que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo. ¿Cuántos minutos necesitaría para informar el proyecto, señor Diputado? El señor GAJARDO.- Aproximadamente, siete minutos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para escuchar el informe del Diputado señor Gajardo? Acordado. Antecedentes: Moción, boletín Nº 174513, sesión 17ª, en 15 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 3. Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 37ª, en 3 de enero de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 12. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, éste es un proyecto bastante simple, cuyo propósito original fue corregir cierta falta de coordinación existente entre diversas normas del Código del Trabajo, corrige errores de referencia y aborda algunas materias que, a pesar de ser sustantivas, son necesarias para que el cuerpo contenga una debida sistematización en el tratamiento de los temas que abarca. Como se trata de un proyecto misceláneo, señalaré específicamente el sentido de las modificaciones que contiene. El artículo 14 del Código del Trabajo se refiere al trabajo de los menores, específicamente ciertas limitaciones al realizado por menores de 18 años. En su inciso primero establece que serán admitidos en trabajos subterráneos; sin embargo, en el segundo dispone que podrán ser contratados previo examen de aptitud. En consecuencia, hay una contradicción porque a pesar de que el primero es categórico al consignar que no se deben admitir menores de 18 años en trabajos subterráneos, el segundo establece que ello es posible previo un examen. Entonces, la primera modificación es para suprimir los incisos segundo y tercero, con el objeto de que quede a firme el principio contenido en el inciso primero de que los menores de 18 años no pueden ser admitidos en trabajos subterráneos. El artículo 48 del Código del Trabajo precisa un tema que en su texto aparece ambiguo, no obstante que la interpretación de la Dirección General del Trabajo ha sido siempre la misma ¿En qué sentido? Dicha norma señala la forma de calcular la utilidad para los efectos del pago de la gratificación. La utilidad se calcula dice el artículo de acuerdo con la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta. Más adelante, señala que de esa utilidad se deducirá un 10 por ciento por interés del capital propio del empleador. Lo que no está claro es si ese 10 por ciento es del capital o de la utilidad. La redacción es ambigua, pero la jurisprudencia es absolutamente uniforme en cuanto a que se trata del 10 por ciento del capital. Por medio de esta modificación se ratifica por vía legal la jurisprudencia uniforme tanto de la Dirección del Trabajo como de los tribunales de justicia. El artículo 50 del Código se refiere a las gratificaciones, y lo que hace la modificación es desrigidizar la norma. Dicho artículo establece una forma alternativa del pago de la gratificación, que consiste en abonar o pagar a los trabajadores el 25 por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial. En virtud de la modificación se flexibiliza la norma en el sentido de que también se puede cumplir con dicha obligación abonando más del 25 por ciento. Para tal efecto, se reemplaza el artículo “el” entre las palabras “trabajadores” y “veinticinco”, por la frase “a lo menos un”, lo que hace legítimo el pago de una gratificación superior al 25 por ciento y, en consecuencia, resuelve un problema que a veces ha traído algunas dificultades de interpretación. En el artículo 73 se hace un simple cambio de referencia. Dicha norma que se refiere a la compensación del feriado, y establece que no puede compensarse en dinero. Pero su referencia al artículo 66 es incorrecta, porque debido a las modificaciones experimentadas por el Código del Trabajo se produjo un cambio en la numeración. En consecuencia, la referencia correcta, sin cambiar en absoluto el fondo, debe ser al artículo 67, que trata del feriado normal y obligatorio que tiene que otorgarse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En el artículo 171 se suprime su inciso segundo. El alcance de la supresión es eliminar una contradicción que existe cuando el contrato de trabajo termina por voluntad del trabajador frente al incumplimiento de sus obligaciones por parte del empleador. El inciso segundo se contrapone con lo dispuesto en el precedente, por cuanto establece sanciones diferentes, y lo que corresponde es dejar vigente la del inciso primero. Por lo tanto, se suprime el segundo. El artículo 227 se refiere a los sindicatos. Fija el quórum necesario para su constitución y establece requisitos diferentes según se trate de sindicatos de más o menos de 25 trabajadores. Dispone que para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 50 trabajadores se requerirán 25 como mínimo. En el caso de que tenga 50 o menos, es necesario que el número de trabajadores que constituya el sindicato represente, a lo menos, al 50 por ciento del total. Ésta es un situación absurda, puesto que si la empresa tiene 51 trabajadores, bastan 25 para constituir un sindicato; en cambio, si tiene 50, son necesarios 26, porque deben ser más del 50 por ciento. Entonces, se trata de un simple cambio menor, porque es conveniente que nuestros textos estén correctamente redactados y aquí hay una deficiencia lógica evidente. En el artículo 238 se plantea eliminar un vacío que contiene la ley, en cuanto al fuero que se otorga a los trabajadores candidatos a directores sindicales. El inciso final que se agrega establece que ese derecho lo pueden ejercer los trabajadores sólo una vez durante cada año calendario, para evitar transformar una norma que protege la autonomía sindical en una forma encubierta de establecer la inamovilidad absoluta, que sería posible si los directores sindicales se están renovando permanentemente. Por lo tanto, se limita ese derecho a un año con lo cual, junto con respetar el derecho del fuero, se elimina la posibilidad de que se haga un mal uso de él para establecer un efecto que la ley no quiere: la inamovilidad absoluta. En el artículo 310 se hace simplemente una corrección del texto, que no tiene mayor importancia en cuanto al fondo. Finalmente, se intercala un artículo 473bis, que a la Comisión le pareció extraordinariamente importante, que establece: “Las causas laborales gozarán de preferencia en la Corte Suprema, para su vista y conocimiento por la Sala respectiva.” De acuerdo con las últimas reformas laborales, tanto procesales generales como del trabajo, las causas del trabajo admiten el recurso de casación, respecto del cual la Corte Suprema se toma algún tiempo en resolver. Por eso se estima conveniente reitero otorgar una preferencia para su vista y conocimiento en la Sala respectiva. Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, que contó con la participación de asesores de distintas corrientes políticas. Por lo expuesto, se recomienda a la Sala dar su aprobación. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. La letra i) del artículo único dispone que las causas laborales gozarán de preferencia en la Corte Suprema y, por tal razón, la Comisión ha estimado que requiere quórum de ley orgánica para su aprobación. En mi opinión, el precepto no cambia la competencia de los tribunales, por lo cual la Mesa no comparte en esta parte, el informe de la Comisión. Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Su Señoría tiene toda la razón, pues en realidad la norma propuesta no altera la competencia de los tribunales de justicia, sino que sólo le da preferencia en la Corte Suprema a las causas laborales, lo que es muy lógico, sobre todo después de la eliminación de las cortes del trabajo. Se han repuesto los tribunales del trabajo, pero en segunda instancia no hay cortes del trabajo, en cuyo caso con toda razón debemos dar preferencia en la Corte Suprema a las causas de este tipo. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La letra i) no se considerará como norma de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, el proyecto es de quórum simple. En votación la idea de legislar. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobada la idea de legislar. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Bartolucci, Bayo, Cantero, Cardemil, Cornejo, Dupré, Elgueta, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, García-Huidobro, González, Jocelyn-Holt, Karelovic, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Montes, Morales, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Ramón), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Silva, Solís, Soria, Taladriz, Tohá, Ulloa, Venegas, Viera-Gallo, Villouta, Walker y Zambrano. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado en general y en particular. Despachado el proyecto. -o- El señor TALADRIZ.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, hoy se ha dado a conocer un hecho que amerita que tomemos cartas en el asunto. Se ha originado un problema de competencia limítrofe entre Chile y Argentina en la comuna de Panguipulli. Ayer, un helicóptero con gendarmes llegó a la veranada de un fundo que se llama “Paimún”, en un lugar denominado “Las Pipas”, de propiedad del señor Luis García Durán. El señor VIERAGALLO.- Pido la palabra por un problema reglamentario. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, entiendo que es un problema importante, pero no corresponde tratarlo ahora porque está fuera de Tabla. En todo caso, me parece más pertinente abordarlo con el Ministro de Relaciones Exteriores, quien ayer hizo una declaración al respecto. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Está claro que la intervención del Diputado señor Taladriz no corresponde reglamentariamente. Sin embargo, como está planteando una situación de relevancia que afecta al país, voy a dejar que él termine su exposición. Después veremos el procedimiento. A lo mejor, como en la tarde está citado el señor Ministro de Relaciones Exteriores, en algún momento podríamos tocar el tema. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, creo que interpreto a los Diputados de la zona, señores González, Caminondo y Silva, al señalar que este asunto afecta a la provincia de Valdivia. Es una situación que se está viviendo hoy. Hay diferencias entre Carabineros y Gendarmería. Creo que la Cámara, por lo menos, debería señalar su opinión, en orden a que se cautele el interés nacional; que los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores tomen cartas en el asunto con prudencia, pero con la firmeza que el caso requiere. Los habitantes del sector, todos campesinos, están preocupados y nerviosos, y como somos sus representantes, tenemos que hacernos presentes y decir estas cosas. Es bueno que la Cámara demuestre una intención y oficie a los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa, para que el caso se trate con la justeza y prudencia que las relaciones exteriores ameritan, pero con la firmeza que los chilenos debemos tener frente a estas actitudes. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- La Mesa, como lo he señalado, va a preocuparse del tema. Lo conversaremos con el señor Ministro de Relaciones Exteriores durante la tarde. El señor ORPIS.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORPIS.- Señor Presidente, este tipo de materias tiene que ver con Relaciones Exteriores y Defensa. Aprovechando que está el señor Ministro, a lo mejor él podría entregar una información a la Sala. El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra por un problema reglamentario. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, estamos totalmente fuera de Reglamento. Su Señoría ha tenido el buen criterio y creo que lo ha hecho muy bien al dejar exponer al Diputado señor Taladriz, pero no podemos hacer un debate sobre el tema. Me parece que tampoco corresponde, en este momento, entrar al fondo del asunto, toda vez que el Ministro de Relaciones Exteriores hizo ayer una declaración muy clara que ha oído toda la ciudadanía por la radio y hemos sido perfectamente informados sobre la materia. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No es posible continuar este debate. Hemos acogido el tema y propuesto un procedimiento al respecto. INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Proyecto de acuerdo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el informe de la Comisión de Defensa Nacional, relativo a diversos aspectos relacionados con el Servicio Militar Obligatorio. Diputado informante es el señor Ignacio Walker. Antecedentes: Informe de la Comisión de Defensa, sesión 13ª, en 4 de julio de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 21. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, en primer lugar solicito que pida el asentimiento de los señores Diputados para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de Guerra, quien ha estado a cargo del tema del servicio militar. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Solicito el asentimiento para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Guerra, señor Jorge Burgos. Acordado. El señor WALKER.- Señor Presidente, paso a dar cuenta del informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre diversos aspectos del servicio militar, labor que le fuera encomendada en virtud de un mandato de la Sala del 4 de agosto de 1994, para lo cual disponía de 120 días, plazo que fue prorrogado. Este informe se entregó a la Mesa de la Cámara hace 10 meses. Respecto del procedimiento que siguió la Comisión, quiero recalcar dos cosas. En primer lugar, fueron escuchados los más amplios sectores de la vida nacional, tanto público como privado: el Ministerio de Defensa, por supuesto; el Subsecretario de Guerra, don Jorge Burgos; el asesor del Ministro, don Gonzalo García; el Director de Movilización Nacional, General Javier Salazar; instituciones como Flacso, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Programa de Asistencia Legislativa, las juventudes de los partidos políticos con representación parlamentaria y, por cierto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, se acopió una serie de documentos, los que se encuentran entre los diversos antecedentes que se han distribuido a los señores Diputados para su consulta. En segundo lugar, debo destacar un hecho que a mi juicio es muy importante y que debe ser tenido en cuenta desde el comienzo de esta relación, cual es que en esta materia, a pesar de ser muy sensible y de que hay cuestiones muy opinables, fue posible obtener el consenso unánime de la Comisión de Defensa. En ese espíritu, con el acuerdo de los 13 Diputados que conforman esta Comisión, entregamos este informe a la consideración de la honorable Cámara. En los 30 minutos de que dispongo tiempo escaso dada la complejidad del tema me remitiré a los aspectos más medulares y fundamentalmente a las conclusiones, las que se encuentran en la página 97 y siguientes. El resto del informe contiene el cúmulo de antecedentes que reunió la Comisión y que nos ayudan a ilustrar este debate tan importante, tan sensible y tan opinable. La perspectiva inicial de la Comisión antes de entrar a los aspectos específicos, es que el debate en torno a la cuestión del servicio militar debe analizarse desde una perspectiva de continuidad y de cambio. Es decir, cambios en relación con las profundas transformaciones económicas y sociales que tienen lugar en el mundo y en Chile y que conllevan, como es lógico, transformaciones culturales de tipo valóricos, especialmente en la percepción de los jóvenes en relación con lo que es para ellos, como prioridad de vida, el tema de la educación y de la inserción laboral. O sea, estamos experimentando un conjunto de cambios que conlleva el proceso de modernización, que crea una serie de nuevas expectativas en el plano del progreso individual y una serie de transformaciones culturales que están en el trasfondo de toda la discusión y el debate nacional que está teniendo lugar en esta materia. Pero, junto con estos elementos de cambios y de modernización, hay que tener en cuenta también que hay elementos de continuidad que son muy importantes para entender el tema del servicio militar. Es decir, la Comisión está consciente de que, junto con estas nuevas transformaciones valóricas, hay que hacerse cargo, responsablemente, de lo que son las funciones permanentes del Estado, fundamentalmente en lo que se refiere a la seguridad de las personas y del territorio. Todo Estado, desde la ciudadestado de la antigüedad hasta el Estado nación de nuestros días, pasando por los imperios y las distintas formas de organización jurídica y distribución territorial que éstos han tenido, ha debido hacerse cargo, como una de sus funciones fundamentales, de esta dimensión de la seguridad del Estado, del territorio y de la población. Por lo tanto, es en ese contexto global de continuidad y cambio que la Comisión de Defensa emite su informe. Nuestra conclusión es que esas transformaciones y funciones permanentes del Estado requieren específicamente, en lo que se refiere al servicio militar, de adecuaciones y correcciones, como lo señala el informe, que permitan adecuar al servicio a la realidad actual del país y del mundo. La primera reflexión debe ser en relación con el tema de la obligatoriedad del sistema militar que nos rige en este momento. La defensa nacional es una función básica del Estado en resguardo y seguridad de la población. Es decir, es un bien público que debe ser cautelado por el Estado y la sociedad. Por lo tanto, la preparación del Estado y la forma de hacerse cargo responsablemente de las funciones de la defensa nacional son permanentes, con guerra fría o sin ella, porque podemos decir: “Si terminó la guerra fría, ¿por qué la función de defensa nacional?”. Ella se debe a la situación geopolítica de nuestro país de la que dan cuenta la historia y las memorias y a una situación muy particular que con guerra fría o sin ella sigue vigente. Entonces, las fuerzas armadas son el principal instrumento de la defensa nacional como elemento de disuación y coerción del país para enfrentar una eventual amenaza o una real agresión militar externa. En ese contexto, estimamos que el servicio militar y es en esta perspectiva que debe analizársele es una respuesta técnica que el Estado se da para proveer la cantidad y calidad de las personas que las fuerzas armadas necesitan para cumplir su misión de defensa nacional. A ese respecto, es interesante tener en cuenta cuáles son las distintas modalidades existentes en el mundo, desde una perspectiva comparativa, para dar lugar al servicio militar. Básicamente, hay cuatro modelos o alternativas que se han intentado en el mundo. En primer lugar, el ejército de ciudadanos o milicias, sistema que se aplica en países como Israel, Suiza y Suecia y que consiste en una preparación militar que se extiende a lo largo de toda la vida de sus componentes, quienes, a la vez, son soldados y están recibiendo permanentemente un entrenamiento militar. Obviamente, se trata de una modalidad adoptada por esos países ante su particular situación histórica, geopolítica, estratégica y militar. No es el caso estudiar el punto mayormente y en profundidad, porque, que yo sepa, no hay nadie que haya propuesto en Chile un ejército de ciudadanos o milicias, ya que no respondería a nuestra realidad. Un segundo sistema que se ha intentado en el mundo es el voluntario ocupacional. De hecho, cuatro de los quince países de la Otan lo han adoptado: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Luxemburgo. Este sistema es muy atractivo, porque da cuenta tanto de la voluntariedad como de la remuneración. Lo que está claro es que en ninguna parte del mundo existe un servicio militar voluntario y a la vez gratuito. Es decir, debemos tener conciencia de que la voluntariedad va acompañada de un alto costo financiero para el Estado, que debe considerarse al momento de tomar decisiones. Es el caso de los ejércitos profesionales que algunos de los países mencionados han implementado con un alto costo financiero, sistema que debemos analizar con mayor profundidad. En tercer lugar, tenemos el servicio militar obligatorio y universal. Otros países de Europa, como Alemania, España y Portugal, contemplan un servicio militar obligatorio bastante extendido que va acompañado de instituciones como la objeción de conciencia, que existe en esos paises. Es decir, rige para la gran mayoría de las personas de una determinada edad y que cumplen con los requisitos para ser reclutados. También hemos tenido en cuenta esa modalidad. ¿Cuál es la realidad chilena? La verdad es que nuestro sistema es distinto de los tres anteriores. Podríamos decir que es mixto. ¿Por qué? Porque es estrictamente voluntario en lo que se refiere a las escuelas matrices de oficiales y suboficiales, cuyo ingreso se basa en la voluntariedad, y porque tiene como complemento la conscripción obligatoria que, como veremos, es relativa y también, de hecho y tenemos que hacernos cargo de esa realidad, selectiva. Incluso, en el lenguaje de algunos, puede ser hasta discriminatoria. Desde la independencia nacional, específicamente a partir de la Guerra del Pacífico, ése es el sistema que se ha implementado en Chile en torno del servicio militar. Esto tiene sus fuentes legales en la propia Constitución Política, que en su artículo 22 establece la obligatoriedad del servicio militar en los términos que indica la ley. En segundo lugar, el artículo 19, Nº 20, del mismo texto constitucional, señala la igual repartición de las cargas públicas, que no es otra cosa que la aplicación práctica del principio de igualdad ante la ley. En tercer lugar, el decreto ley Nº 2.306, de 1978, dispone: “El deber militar se extiende a todas las personas, sin distinción de sexo, desde los 18 años hasta los 45 años de edad”. Éstas son las fuentes constitucionales y legales que describen e informan el servicio militar en Chile. Algo que generalmente se desconoce y en lo que no se ha reparado en forma suficiente tiene posibilidad de desarrollo, es que, junto con la conscripción ordinaria es la que mayormente nos preocupa, en especial a los jóvenes, existen otras dos alternativas: los cursos especiales, que también se implementan, aunque en menor grado, y la prestación de servicios, de muy escasa ocurrencia, pero consagrada en la ley. Éstas son las tres alternativas dentro del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es la conclusión a que hemos llegado en la Comisión de Defensa Nacional respecto de un tema tan sensible como el de la obligatoriedad? Desde el punto de vista de lo deseable es decir, de lo ideal sería mejor contar con un servicio voluntario, ocupacional, un ejército de profesionales, porque desde el punto de vista motivacional tiene doble base: la voluntariedad y la remuneración. Es decir, sin descartar lo que parece ideal y deseable, en la realidad concreta del país, bajo las actuales circunstancias, y en el futuro próximo, fundamentalmente desde el punto de vista de las restricciones presupuestarias, esta alternativa no aparece como viable según la opinión de la Comisión de Defensa Nacional. En consecuencia, descartamos el ejército de milicias y el servicio militar obligatorio universal, como existe en muchos países miembros de la Otan. De hecho, nadie ha planteado estas dos alternativas con mucha seriedad. Creemos que no hay condiciones financieras para implementar, en el corto plazo o en un futuro próximo, el servicio voluntario ocupacional. Por lo tanto, la Comisión propone adecuar, perfeccionar, reformar, modernizar y flexibilizar el servicio militar obligatorio actual para crear, sobre la base de incentivos adecuados, una nueva base motivacional y vocacional que permita a los jóvenes, entre sus muchas alternativas, considerar el servicio militar a los 18 años. Quiero dar un solo dato sobre el costo financiero es un ejercicio absolutamente tentativo que implicaría un servicio voluntario ocupacional. Si a los 30 mil conscriptos acuartelados anualmente les pagáramos 100 mil pesos mensuales, sueldo equivalente al mínimo de un cabo de carabineros recién ingresado al servicio en Argentina esta cifra es bastante superior en este momento, y ellos están tratando de implementar este sistema, ello nos daría un costo mensual de 3 mil millones de pesos; es decir, 36 mil millones de pesos o 90 millones de dólares anuales, sólo por concepto de la retribución económica, sin pensar en infraestructura, vestuario, calzado, alimentación y todo lo que se refiere al servicio militar. O sea, una cifra bastante elevada. En estas condiciones, y teniendo en cuenta que el sistema obligatorio universal sólo existe en teoría, porque en la práctica es relativo aunque también selectivo, la Comisión estima razonable mantener, en lo fundamental, el sistema de composición mixta; es decir, de ingreso voluntario a las escuelas matrices de oficiales y suboficiales, con un sistema de conscripción obligatorio, respecto del cual propondremos como señalé brevemente una serie de medidas. Esto no impide que bajo determinadas condiciones y para enfrentar ciertas situaciones especiales por ejemplo, poblamiento de las zonas australes u otras que pudieran estimarse de ese tipo una aplicación parcial y limitada del sistema voluntario ocupacional de acuerdo con la disponibilidad económica o financiera del país. Ahora, en estricto rigor, la obligatoriedad tiene dos aspectos. ¿Cuál es hoy en Chile? En primer lugar, inscribirse en el Servicio Militar, lo cual no significa hacerlo. Ésa es la obligación de todos quienes tienen la edad y los requisitos. En segundo lugar, la necesidad de asegurar un contingente acorde con las necesidades de la defensa nacional. En este sentido, sabemos que es un servicio militar obligatorio relativo si consideramos que, en promedio, en los últimos años sólo uno de cada cuatro jóvenes 30 mil sobre 120 mil ha hecho el servicio militar. En 1994 alcanzó al 21 por ciento, es decir, uno de cada cinco jóvenes, aunque ahora se acerca a uno de cada tres porque cada día como sabemos hay menos jóvenes en el país. Como dato ilustrativo, puedo decir que en Chile los nacimientos han disminuido de 300 mil a 220 mil en los últimos años. Por lo tanto, la base del universo potencial de conscripción también ha disminuido. Junto con ello, proponemos dos conceptos fundamentales: el de la prestación pareja y el de la justa retribución o compensación. Sabemos que en la ciudadanía existe una condición esencialmente igualitaria, que no es otra cosa que la aplicación del principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, ante el carácter selectivo que tiende a tener en la práctica el servicio militar, en la medida en que quienes efectivamente cumplen con él son, por lo general, hombres de estratos bajos y de extracción rural, aunque también urbana, consideramos que hay que propender a una prestación pareja, sin distinción de nivel socioeconómico, cultural o educacional, que ofrezca a todos los jóvenes condiciones de cumplimiento conforme a sus capacidades. Es decir, procurar revertir esta suerte de selectividad o discriminación que ocurre en la práctica y tratar de avanzar, en la medida de lo posible, a esa prestación pareja, que no es otra cosa que la aplicación del principio de igualdad ante la ley que supone la igual repartición no desigual de las cargas públicas. En síntesis, somos partidarios de modernizar, perfeccionar y adecuar el servicio militar, sin perder de vista la obligatoriedad relativa, más que por ser ideal no lo es; tal vez, lo ideal es el servicio voluntario ocupacional porque las restricciones financieras y presupuestarias nos impiden en el corto plazo avanzar en esa dirección. En este sentido, la Comisión considera que si bien lo ideal es el servicio voluntario ocupacional, no hay condiciones prácticas para implementarlo en el corto plazo. En segundo lugar, el llamado “servicio civil alternativo” sin perjuicio de que iniciativas muy loables como el servicio País u otras que pudieran existir sobre la base de la voluntariedad u otro tipo de servicios no constituye una respuesta a las necesidades particulares de la defensa nacional. Por eso, sin cerrarnos a esa posibilidad al contrario, ojalá proliferen en el país iniciativas como éstas que permitan a los jóvenes tener opciones basadas en la voluntariedad y la solidaridad, para servir de maneras distintas no nos parece que el concepto “servicio civil alternativo” sea adecuado porque, insisto, esas otras modalidades no responden a las necesidades de la defensa nacional. Respecto de la objeción de conciencia, sobre el cual existe gran debate, la Comisión estimó que antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre este punto hay que ver cuáles son los tratados internacionales vigentes sobre la materia, qué tan vinculantes son para Chile, cuáles son las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto; es decir, hacer un estudio más acabado del marco internacional global de los tratados y resoluciones de organismos internacionales que pudieran vincular a Chile, y a partir de ese dato fundamental y de ese estudio, tener una definición desde el punto de vista del Estado. Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional, junto con esta prestación pareja a la que deberíamos avanzar para que realmente sea igualitaria y no discriminatoria, propone una serie de incentivos muy concretos para avanzar a lo que hemos llamado una nueva base vocacional y motivacional, para que el servicio militar no sea percibido por los jóvenes sólo como una carga insoportable, sino que también, a través de estos incentivos, como una opción legítima que, desde el punto de vista de muchos de esos jóvenes, puede servir de base a su verdadera vocación. En este sentido, consideramos que la obligatoriedad relativa del servicio militar como la que rige en Chile es una condición necesaria, pero no suficiente para velar por su legitimidad y eficacia. ¿Cuáles son las propuestas concretas de la Comisión? En primer lugar, en el plano de la información y difusión, que se recurra a conductos más institucionales, a canales públicos adecuados para que los jóvenes reciban la información acerca de la inscripción, proceso de selección, de sus derechos, deberes, y características del servicio militar. Hemos constatado que existe muy poca información y difusión, que hay desconocimiento y, muchas veces, distorsión respecto del tema. Por ejemplo, he visitado 22 colegios y liceos de mi distrito, y he descubierto que los alumnos de cuarto medio no saben que cuando cumplen 18 años pueden recurrir a la modalidad del curso especial no al de la conscripción ordinaria, modalidad que les permite cumplir con el servicio en dos veranos. De hecho, cuatro mil alumnos de cuarto medio recurren anualmente a este sistema, mil de los cuales son acuartelados. Hay desinformación y poca difusión acerca de la verdadera naturaleza y alcance del servicio militar en Chile. En segundo lugar, en cuanto al tema de la inscripción, tal vez, una de las propuestas más creativas y originales de la Comisión es la que aparece en la página 110 del informe, que se refiere al primer y segundo llamado en el proceso de inscripción. La idea es voluntariedad hasta donde sea posible y obligatoriedad hasta donde sea necesaria. En otras palabras, que exista un primer llamado, una primera fecha o como queramos llamarle, para que los jóvenes que espontánea y voluntariamente deseen cumplir con el servicio militar tengan la preferencia para inscribirse, y que el remanente para completar el número de conscriptos que estimen necesarios las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa el Gobierno sea reclutado sobre la base del criterio de selectividad a través de la obligatoriedad. Estamos seguros de que eso tendría un tremendo efecto en el proceso de inscripción y selección del servicio militar. Es más, se propone que puedan optar por la rama o especialidad. Incluso, en la actualidad se le pregunta al muchacho que se inscribe si desea optar por alguna rama de las Fuerzas Armadas. Quiero decir más: en este momento, en la Armada y en la Fuerza Aérea sucede exactamente al revés, es decir, tienen demasiados interesados en cumplir con el servicio militar y no hay cupos suficientes. Por ejemplo, en la Armada el servicio no es de 12 meses, como en el Ejército, sino de 22, pero muchos jóvenes postulan a ella, entre otras cosas, porque reciben capacitación y perfeccionamiento y la mayoría son contratados posteriormente por la Armada. En la Fuerza Aérea ocurre algo similar, pues muchos derivan a los cursos de especialidades u otros. Por lo tanto, el tema está remitido más bien al Ejército, que capta el 92 por ciento de la conscripción, pero en las otras instituciones el asunto es muy distinto. Es decir, se trata de que los jóvenes puedan manifestar su opción a este respecto, como también su preferencia por el área geográfica o de destinación, porque su situación familiar, económica o laboral les haga recomendable, por ejemplo, no ir a las zonas extremas del país. Respecto de los alumnos que cumplen 18 años en cuarto medio, sin perjuicio de que en la actualidad existe la posibilidad de los cursos especiales, se propone que se pueda postergar automáticamente para el año siguiente, con el objeto de no suspender o interrumpir sus estudios. De hecho, ésa es una de las preocupaciones fundamentales de los jóvenes, como se consigna en la página 111 del informe. Es más, si la ley dice que ésta es una carga constitucional sin distinción de sexo, cabe estudiar la posibilidad lo decimos en el informe de que las mujeres, voluntariamente, puedan postular al servicio militar. ¿Por qué no? Sobre el tema de la inscripción hay propuestas muy novedosas que apuntan a introducir estos incentivos. Respecto de la selección, ya hemos visto que la obligatoriedad del servicio militar es sólo relativa, en la medida en que uno de cada cuatro jóvenes efectivamente lo hace, pero como también ésta conlleva cierta selectividad o discriminación, hay que prestar mucha atención al tema de la prestación pareja e igual repartición de las cargas públicas. ¿Cómo se logra? La Comisión dice que flexibilizando las modalidades de cumplimiento del servicio militar, porque ¿de dónde emana esa gran cantidad de jóvenes que no lo hace? Fundamentalmente, de la educación superior o de institutos superiores. Por lo tanto, una modalidad flexible de servicio militar, por ejemplo, los veranos, fines de semana, etcétera, permitiría una prestación más pareja y evitaría la selectividad que existe en la práctica. En cuanto a la justa compensación, que junto con el concepto de prestación pareja son los dos ejes fundamentales de nuestra propuesta, hay cuestiones muy importantes que inciden directamente en la vida de los jóvenes. En primer lugar, becas de estudio. ¿Sabían los honorables colegas que el 38 por ciento de los jóvenes 4 de cada 10 que obtienen su licencia militar, no han terminado la educación media? Una beca de estudios para terminarla es una cuestión que no es menor para el servicio militar. En segundo lugar, puntaje para subsidio habitacional. Si hay jóvenes que cumplen con el servicio militar, que tiene un costo alternativo para decirlo en términos económicos respecto de su inserción laboral o educacional, es justo que se le otorgue cierta retribución, como becas de estudio, puntaje para el subsidio habitacional y, en tercer lugar, capacitación y perfeccionamiento. Al respecto, quiero decir responsablemente y hemos sido informados en detalle sobre el particular que las tres ramas de las Fuerzas Armadas ya han suscrito convenios con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, para cursos de capacitación o perfeccionamiento. Es decir, ese joven recibe su licencia militar y un certificado que lo acredita con algunos oficios o especialidad, lo cual facilita enormemente su posterior inserción laboral. El trato es otro tema muy importante que preocupa a los jóvenes. Incluso existe una encuesta que demuestra que existe la percepción de que el tema de los abusos y de los malos tratos es una cuestión que les preocupa, y a veces con fundamento. De hecho, cada uno en su distrito ha tenido conocimiento de situaciones como éstas. Hay una percepción preocupante en los jóvenes en torno a esta materia. Obviamente, hay que conciliar el principio de autoridad, de jerarquía, de disciplina, de rigor, que conlleva el servicio militar, que es evidente, con el de la justicia. En este caso, con la sanción para el superior responsable ante la eventualidad de que existieren y se comprobaren malos tratos o abusos. De hecho, no es otra cosa que el cumplimiento de la normativa vigente que sanciona muy drásticamente, con penas de presidio, a quienes incurrieran en delitos como violencia innecesaria o de otro tipo están mencionados en la página 117 del informe, lo que me evita relatarlos, como faltas, abusos, que tienen sanción en la ley, pero que muchas veces no son aplicadas en la práctica. Por lo tanto, proponemos que se implemente un sistema que permita que los conscriptos que eventual o excepcionalmente sean víctimas de algún tipo de maltrato, dispongan de una instancia efectiva y eficaz para reclamar de dicha situación y lograr que se sancione a los responsables. Además, que sean informados de sus derechos en el momento mismo de su inscripción y que dispongan de instancias y procedimientos adecuados y efectivos que permitan sancionar las conductas, de suyo excepcionales, que puedan incurrir en aquello que es ilegítimo, porque existe un rigor, una disciplina propia del servicio, pero hay o puede haber eventuales abusos o maltratos ilegítimos que van mucho más allá de lo que está permitido. Por último, en cuanto a la duración, estimamos que diez a doce meses satisfacen los requerimientos de las Fuerzas Armadas. En este momento, en el Ejército son catorce; en la Fuerza Aérea, dieciocho; en la Armada, veintidós meses. En este último caso hay muchos incentivos, pues la gran mayoría se queda trabajando en la institución, pero un período de diez a doce meses, es decir, de un año aproximadamente, parece razonable. Es fundamental compatibilizar las fechas de convocatoria y licenciamiento con las matrículas e ingreso a los establecimientos de educación media o superior. De hecho, entiendo el señor Ministro o el Subsecretario lo podrán confirmar o rectificar con posterioridad que ya se está implementando y que este año por primera vez se compatibilizó la fecha de convocatoria y licenciamiento para que no interfieran con las de matrícula e ingreso a la educación media o superior, tema que reviste especial interés para los jóvenes. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados insisto, por la unanimidad de sus miembros, después de doce sesiones de trabajo y de muchos meses de escuchar a las partes involucradas, solicita a la Cámara que, junto con tomar conocimiento y discutir, como lo haremos en esta sesión, el informe sobre los diversos aspectos del servicio militar, tenga a bien aprobar y transmitir al Ejecutivo las medidas que propone, que tiene iniciativa exclusiva sobre la materia, a fin de modernizar y perfeccionar el servicio militar, adecuándolo a la realidad del país. Es cuanto puedo informar. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Advierto a los asistentes a las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional. El señor PÉREZ (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a la Honorable Cámara de Diputados la invitación que me ha extendido para exponer el pensamiento del Gobierno en relación con el sistema de reclutamiento y conscripción militar que se aplica en el país. Los señores Diputados han de saber que el Gobierno y el Ministerio de Defensa Nacional aprecian el hecho de que hoy nos encontremos en esta Sala conversando sobre el servicio militar. Esto constituye una clara indicación de que la defensa nacional es un área que merece, al igual que otras, una especial y permanente atención por parte de todos los órganos del Estado con responsabilidades institucionales en la materia. En este sentido, el Gobierno del Presidente Eduardo Frei ha sido bastante explícito al plantear al país la necesidad de visualizar el futuro en absoluta armonía con una política de defensa nacional, que aspire, además, a que todos los ciudadanos adquieran el convencimiento de que los beneficios y deberes en la tarea de defensa alcanzan indefectiblemente a cada uno de los chilenos. Esta toma de conciencia constituye uno de los pilares del desafío del Gobierno en defensa, y se puede definir como el conocimiento para el compromiso ciudadano. En función de esta política, vale la pena mencionar que hace algunos días tuve oportunidad de dar a conocer algunos planteamientos en torno a la defensa nacional. Entre otras materias abordadas, una de las que considero más relevantes es la necesidad de configurar una verdadera comunidad de la defensa, a partir de la generación de actitudes que permitan crear compromisos sólidos entre aquellos sectores que existen para la defensa, las Fuerzas Armadas, y los otros actores, civiles, que podrían y deben participar con su esfuerzo en la misma. Esta comunidad de defensa debe originarse y cultivarse en distintos niveles y sectores de la sociedad y, de manera importante, por toda la ciudadanía, la cual está llamada, por razones cívicas, históricas y de futuro, a ocupar un espacio importante en su configuración. Estimo, como lo señalé en la oportunidad referida, que no entender a la defensa nacional en la perspectiva anotada, crea una vulnerabilidad, por cuanto ésta, en tiempo de paz, no se realiza como esfuerzo colectivo de un pueblo. Me valgo de estas reflexiones para entrar a exponer sobre el tema por el cual he sido invitado a esta sesión de la Cámara de Diputados. Me refiero al servicio militar, materia en la cual el Ministerio de Defensa Nacional ya se pronunció cuando, ante la Comisión de Defensa de la Cámara, el Subsecretario de Guerra, don Jorge Burgos Varela, planteó los lineamientos centrales de la política del Gobierno en relación con el servicio militar. En consecuencia, mi exposición profundizará los aspectos expresados en esa oportunidad, especialmente en cuanto a dar respuesta a lo que fue planteado en esa ocasión más bien en términos de diseño conceptual y a las medidas que se están implementando desde aquella fecha. Supuestos básicos relacionados con el servicio militar obligatorio. Comprender la naturaleza del servicio militar, como la finalidad que persigue el Estado al establecerlo, constituye un antecedente previo e indispensable para llegar a concebir la mejor manera de ponerlo en práctica. Éstos son dos supuestos básicos sobre los cuales se construye el sistema de reclutamiento, y que paso a explicar brevemente. En cuanto a su naturaleza, se debe señalar que el servicio militar es concebido dentro del concepto macro de “deber militar”, junto a otras dos instancias de participación que también integran el concepto, que son: la participación en la reserva y la participación en la movilización nacional. Este deber militar es definido como una carga personal que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa respectiva, deben soportar determinados ciudadanos de la República, esto es, todas las personas, sin distinción de sexo, desde los 18 hasta los 45 años de edad. Es importante comprender al servicio militar bajo el concepto de “deber militar”, porque sitúa el problema en una dimensión especial con, al menos, dos alcances: El primero, que el servicio militar es una carga personal, establecida en el artículo Nº 22, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado, norma que no hace sino continuar una consistente y larga tradición constitucional en la materia. Este carácter de carga personal, es decir, una prestación de servicios al Estado, es un sello de la propia naturaleza del servicio militar, lo que permite afirmar que, independiente de las medidas tendientes a mitigar con incentivos y retribuciones los sacrificios que siempre supone una carga para quien la soporta, no es posible evitar completamente sus costos. El segundo, que el servicio militar está concebido en función de las otras dos instancias que comprenden el “deber militar”: la participación en la reserva y en la movilización nacional. Lo señalado indica claramente que, de no haber servicio militar, no hay reservas, y si no hay reservas, no hay recursos humanos para movilizar en el caso de un conflicto bélico. Derivada de su naturaleza, no resulta posible concebir el reemplazo de esta carga por una de otro carácter, como podría ser un servicio cívico alternativo. Por cierto que una iniciativa como la que se ha planteado por algunos sectores es digna de elogio, ya que demuestra el alto sentido de servicio que tiene la juventud del país. Pero, en función de la defensa nacional, no es posible evaluar el reemplazo del servicio militar por una modalidad como la planteada. En cuanto a su finalidad, es necesario entenderla y explicarla en ámbitos distintos, pero interdependientes: En el ámbito de la seguridad externa, sus fines están dados, en primer lugar, por la necesidad de instruir reservas para ser movilizadas en caso de un conflicto bélico, y en segundo lugar, con el objeto de mantener una adecuada presencia de fuerzas en la paz, produciendo, de esta manera, niveles de disuasión suficientes para mantener las condiciones de seguridad que el país precisa en función de sus objetivos de desarrollo. En el ámbito de la integración social, estableciendo adecuados y necesarios niveles de conocimiento mutuo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, lo que permite sentar bases sólidas para un mayor entendimiento entre sectores de la sociedad que necesitan validarse permanentemente entre sí. En el ámbito del desarrollo, contando con los recursos humanos suficientes para asegurar la participación institucional de las Fuerzas Armadas en tareas que, dadas su complejidad y condiciones especiales de ejecución, como ser aquellas que se ejecutan en escenarios geográficos de extrema dureza, son estas instituciones las llamadas a cumplirlas. No deseo extenderme demasiado en cuanto a las finalidades del servicio militar explicadas, pero estimo pertinente comentar dos aspectos que fluyen de lo señalado: Primero, la visión que se tiene de este deber militar no puede ser reduccionista, entendiéndolo sólo en función de la seguridad. Si así ocurre, no será posible que un importante número de jóvenes chilenos, imbuidos de un rico contenido de ideales de servicio a la comunidad, se sienta llamado a participar en las tareas de integración social y, en especial, de desarrollo, que le corresponde realizar a las Fuerzas Armadas. Segundo, que no es posible comprender su existencia si no se cree en la necesidad de que el país cuente con un número suficiente de fuerzas en presencia y de reservas instruidas para enfrentar situaciones que alteren la paz y la estabilidad regional, logradas gracias a un esfuerzo muy importante de los gobiernos y de sus pueblos. Pero, y debe ser reconocido, elemento importante en la mantención de esta paz ha sido contar con adecuados niveles de disuasión, los que se logran de manera relevante como se señaló con un instrumento armado en condiciones de operar eficientemente, de manera de evitar la repetición de hechos lamentables que pongan en riesgo las bases del desarrollo alcanzado. De esta forma, las Fuerzas Armadas y el servicio militar como tal, lejos de constituir elementos orientados al conflicto, se constituyen en un poderoso aliado para el logro de la paz. Criterios de evaluación. No obstante lo señalado, el Servicio Militar, en cuanto a su modalidad de ejecución, no puede ser entendido desde una concepción estática, transformándolo de esta manera más en un fin en sí mismo que en un medio para lograr otros objetivos. En este sentido, el Gobierno concuerda en la necesidad de flexibilizarlo en función de las nuevas realidades y necesidades que ofrece el país. Este propósito quedó reflejado con ocasión del Mensaje que el Presidente de la República dirigió al país con motivo del inicio del período de legislatura ordinaria del Congreso Nacional en 1995, al señalar la necesidad de adaptar la modalidad del servicio militar a los requerimientos de nuestra época y a las necesidades educativas y de perfeccionamiento de los jóvenes chilenos. Para el Ministerio de Defensa Nacional, esta flexibilización, a partir de las orientaciones presidenciales, ha constituido una tarea prioritaria poniéndose en ejecución una serie de medidas y estudiando otras en función de una serie de criterios de análisis que, dados los distintos matices que reviste el tema, es necesario considerar. Sólo a partir de un adecuado cruzamiento y priorización de estos criterios es posible llegar a soluciones que armonicen de la mejor manera posible los intereses en pugna. Estos criterios son los siguientes: Primero, un criterio de buen gobierno, lo que significa que lo que en definitiva se vaya resolviendo y poniendo en ejecución en esta materia debe estar orientado por la necesidad de compatibilizar con responsabilidad política, grados y niveles adecuados de defensa con el aprovechamiento de las posibilidades que la realidad social ofrece a los jóvenes en términos de educación, capacitación e inserción laboral. Segundo, un criterio políticoestratégico, lo que significa estudiar cómo se comporta cada proyecto en relación directa con los requerimientos que provienen del manejo operacional de la defensa. Tercero, un criterio económico, el cual involucra dos aspectos: primero, los costos de adoptar una u otra modalidad, segundo, los costos alternativos, si la decisión es modificar el actual sistema por otro más costoso. Cuarto, un criterio social, el cual necesariamente debe considerar los aspectos que tienen que ver con minimizar y evitar los sacrificios y costos que tiene para cada joven cumplir con su servicio militar. Política de Gobierno en relación con el servicio militar. En absoluta concordancia con lo propuesto al país en 1993, en el programa de gobierno de la Concertación, en esta materia el Ejecutivo ha orientado su accionar, procurando una absoluta fidelidad a lo planteado en esa oportunidad. En este sentido, debo señalar que, en ninguna parte de este programa, el Gobierno asumió el compromiso de modificar el servicio militar de la forma como se ha estado planteando por algunos sectores. Lo que sí constituye un asunto de máxima prioridad para el Ministerio de Defensa Nacional, es responder de una manera eficaz a los lineamientos que el Presidente de la República señaló en esta materia en mayo de 1995, y que ya fueron comentados en esta exposición. Basado en los criterios aludidos, en la coherencia de sus planteamientos a lo largo de toda su gestión y, por cierto, atendiendo a aquellas sugerencias que se enmarcan dentro de los elementos señalados, en particular aquellas que se encuentran contenidas en el informe de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en relación con esta materia, el Gobierno viene a explicitar los argumentos centrales de la política de reclutamiento y conscripción militar: Primero, dentro de los modelos de fuerzas armadas existentes en la actualidad en cuanto a la forma como se nutren del recurso humano, el que más se adecua a la realidad nacional es el sistema mixto, es decir, aquel que considera una combinación de fuerzas profesionales voluntarias con una modalidad de conscripción, en el caso nacional, obligatoria. Segundo, en tal sentido, dadas las actuales circunstancias, el Gobierno no ha contemplado modificar el carácter de obligatorio del servicio militar. Influyen en esto los siguientes elementos, derivados de los criterios de análisis ya explicados: la responsabilidad que le asiste en cuanto al deber de asegurar el bien público “defensa nacional”; la necesidad de mantener Fuerzas Armadas en condiciones de satisfacer los requerimientos mínimos de seguridad, en función de una política de disuasión defensiva; por razones de índole económica, es imposible por ahora variar el actual sistema hacia un modelo de fuerzas armadas enteramente profesional. Incluso, si existieran recursos, no sería la variable fundamental para definir si el país desea o no unas fuerzas armadas sin conscripción. Antes habrá que debatir supuestos políticos, históricos, estratégicos y culturales, como plantearé más adelante; la dificultad para completar la necesidad de conscripción exclusivamente con personal voluntario, en razón de la ampliación de las oportunidades, motivaciones e intereses de la juventud chilena en la actualidad. Tercero, no obstante lo señalado, ha sido una política del Gobierno implementar una serie de medidas conducentes a introducir modificaciones a la modalidad del servicio militar. Lo anterior, siempre dentro del marco normativo del decreto ley Nª 2.306, sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, en aquellos aspectos que permitan una adecuación de éste a la actual realidad social y, de forma importante, que le otorguen una mayor legitimación democrática. Proyectos de implementación. A continuación, paso a exponer las medidas de adecuación contempladas por el Ministerio de Defensa Nacional. Medidas relacionadas con la información. El diseño de una política de información del servicio militar dirigida tanto al propio interesado como al grupo familiar, resulta clave no sólo en las fases iniciales, sino en todo el proceso de reclutamiento. De hecho, estudios en tal sentido señalan que casi el 60 por ciento de los jóvenes no están informados del servicio militar, y de los informados, el 65 por ciento saben de éste por sus amigos. Por eso, el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con la Dirección General de Movilización Nacional y de las Fuerzas Armadas, ha dado pasos importantes en el proceso informativo, y se continuarán poniendo en ejecución medidas que tiendan a mejorar aún más, en cantidad y calidad, la información proporcionada. Una síntesis de esta materia permite señalar que, en la fase de inscripción, se ha dado inicio el año pasado a una campaña de información a través de folletos e impresos que explican al joven todos los aspectos que dicen relación con el servicio militar en esta fase, los que consideran de una manera integral cómo deben cumplirse los trámites de inscripción, enfatizando en todas las alternativas que existen para cumplir adecuadamente con esta ley, algunas de las cuales permiten excluirse o eximirse de este deber militar, o postergarlo. Este punto es importante, ya que destaca el interés del Ministerio de Defensa en poner a disposición de los interesados, en una perspectiva eminentemente pedagógica, todas las alternativas que otorga la ley para cumplir con ella, en la forma que mejor convenga a cada persona, de acuerdo con la situación en la que se encuentre. También la Dirección General de Movilización Nacional realizó una campaña de promoción televisiva, con el fin de que los jóvenes se inscribieran en los cantones de reclutamiento y cumplieran con sus deberes militares. En una segunda fase se promovía la realización del servicio. Ha sido esta última expresión pública la que ha causado una polémica. Es oportuno señalar que su fin fue motivar, de una manera novedosa y atractiva, el cumplimiento de esta normativa y mejorar, de paso, los porcentajes de jóvenes que cumplen con el deber de inscribirse. No obstante la polémica, al Ministerio de Defensa Nacional le asiste el convencimiento de que además de la finalidad perseguida, esta campaña constituirá un buen incentivo para que las instituciones castrenses hagan todos sus esfuerzos en orden a hacer del servicio militar un deber mucho más atractivo para el joven conscripto, evitando, hasta donde sea posible, aquellas actividades que no conducen a este fin. Es más, se estima que lográndose esta meta, los niveles de voluntariedad aumentarán de forma importante y se podrá llegar, a través de esta vía, a un servicio militar prácticamente voluntario, pero no porque la ley lo diga, sino más bien como una consecuencia de una motivación bien lograda. Finalmente, la Dirección General de Movilización Nacional puso en marcha una serie de medidas tendientes a satisfacer consultas de este proceso de una manera ágil y expedita, así como a facilitar el proceso de inscripción. Entre las primeras, se puede señalar la de poner a disposición de los interesados un servicio de información directa, proporcionada por una línea telefónica del tipo 700; entre las segundas, se puede mencionar la creación de cantones móviles que, al recorrer distintos puntos de Santiago, permitan una mayor comodidad y rapidez en este trámite. Asimismo, la ejecución de un programa de charlas informativas llevadas a cabo por oficiales de reclutamiento, que abarcó a más de 560 establecimientos educacionales, en 260 comunas. Para este año, la meta es alcanzar a 780 establecimientos en la totalidad de las comunas de Chile. En las fases siguientes la información sigue siendo vital. Para diferencia en la inscripción, lo que importa es establecer un vínculo, no sólo con el joven, sino que también, y de manera relevante, con su familia. Así, se ha resuelto intensificar las medidas orientadas a informar. En la fase de selección, terminado el proceso, los aspectos a ser informados a las familias, entre otras materias, dicen relación con el lugar de destino, unidad en la que cumplirá con su servicio militar, referencias generales de la unidad y de la zona geográfica en la cual está ubicada; tipo de actividades que cumplen los soldados conscriptos, procedimientos a seguir en caso de tener que dirigirse a la unidad, etcétera. En esta materia, puedo informar que si bien la doctrina de las Fuerzas Armadas considera la entrega de este tipo de informaciones, durante el actual proceso de selección se impartieron instrucciones precisas en orden a materializar estas políticas institucionales de la manera más clara posible. Habrá que evaluar el efecto de estas medidas a objeto de introducir los cambios que la situación aconseje. En la fase de acuartelamiento, la información a los familiares permitirá establecer un vínculo permanente y necesario entre los familiares directos y las instituciones, que tienen la tarea de instruir al recluta como el deber de proteger su integridad física y síquica. En la fase de licenciamiento, la información estará orientada, en primer lugar, al soldado licenciado, de tal manera que éste sepa cuál es su situación al finalizar su servicio militar, en cuanto a derechos y deberes, pero también a la familia, comunicando, por ejemplo, el término de esta obligación y algún otro tipo de información adicional que deba saber, en particular lo relacionado con retribuciones que la familia deba estar enterada por el interés que este tipo de medidas revisten para el grupo familiar. Señores Diputados, si bien la información es una actividad incorporada a la doctrina de las instituciones, el Ministerio de Defensa Nacional estima que es posible hacer esfuerzos adicionales en esta materia para mejorarla. Así, con las medidas enunciadas la situación de carencia que se evidencia en esta área podrá ser resuelta en el corto plazo y sin costos mayores, produciéndose gradualmente en el sistema efectos de gran relevancia. Además, gracias a una adecuada, oportuna y suficiente información, se potenciará el rol pedagógico que la ley de reclutamiento tiene en sí misma. En efecto, una correcta sistematización de este cuerpo legal, en función de una labor de difusión masiva de sus normas, por cierto, permitirá que una gran cantidad de jóvenes para no decir la inmensa mayoría pueda, por primera vez, tomar contacto directo con el detalle de las disposiciones contenidas, produciéndose estoy seguro una gran sorpresa en muchos al ver que, lejos de resultar perjudicados, podrán aprovechar su articulado, al menos, en dos sentidos: primero, para apreciar que la ley de reclutamiento ofrece distintas alternativas para cumplir con su deber militar y, segundo, para hacer valer, fundada y correctamente, sus derechos cuando éstos se vean conculcados por actos inconvenientes de la autoridad administrativa. Medidas relacionadas con el procedimiento convocatorio. Después de una evaluación preliminar de la propuesta del doble llamado, el Ministerio de Defensa Nacional estima que es posible ponerlo en ejecución. Para estos efectos, se ha dispuesto que la Dirección General de Movilización estudie con precisión cómo materializarla, procedimiento que, por lo general, funcionará sobre la base de una doble citación. A la primera se presentarán los llamados que no tienen problemas para realizar el servicio militar; a la segunda, concurrirán aquellos que los presentan. Ahora bien, según las vacantes que no se hubieran completado con los presentados a la primera citación y conforme con lo que la ley establece, se procederá a seleccionar de los presentados a la segunda citación. Medidas relacionadas con la objeción de conciencia. En el caso nacional, la objeción de conciencia está debidamente establecida en el ordenamiento jurídico en dos casos precisos: El primero, como causal de exención del servicio militar, es el que regula la propia ley de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, al excluir del servicio militar a los ministros o religiosos de cualquier culto o religión que acrediten tal calidad. El segundo, establecido en la ley Nº 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que, en su artículo 32, dispone que los hijos legítimos, naturales y adoptivos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política quedarán en la categoría de disponibles. Fuera de los casos descritos, no existen otros que puedan ser catalogados actualmente como causales de objeción de conciencia. Ahora bien, entiendo que los planteamientos esgrimidos en esta materia por parte de los sectores que postulan su inclusión como causal de exención, no están debidamente recogidos en las situaciones legales explicadas. Al contrario, lo que se pretende es abrir el campo de la objeción de conciencia hacia ámbitos aún no delimitados, situación que, en estas circunstancias, ubica el debate en términos bastante ambiguos. Precisamente, con el objeto de definir claramente lo que está en discusión y aceptando que esta materia requiere de un estudio en mayor profundidad, el Ministerio de Defensa Nacional estima conveniente analizar este tema en función de entregar respuestas más fundadas a las interrogantes planteadas, para lo cual ha encargado un estudio de legislación comparada de forma de determinar si el problema ha sido resuelto en otras sociedades y de qué manera. Medidas relacionadas con compensaciones. Una de las modificaciones que el Ministerio de Defensa Nacional ha introducido en el sistema de reclutamiento es a las compensaciones, reduciendo el perjuicio para quienes cumplen su servicio militar en unidades y/o regiones que, por alejamiento de los hogares de los jóvenes acuartelados u otros motivos, implique detrimentos específicos. Esta política de compensaciones constituye un motivo de permanente preocupación por parte de las instituciones castrenses y, en particular, de los mandos de las unidades en los cuales los conscriptos cumplen con su servicio militar. En efecto, son muchas y diversas las medidas que se han ido implementando en orden a mejorar las condiciones en que los jóvenes cumplen con esta carga en zonas difíciles. No obstante lo ya realizado, se ha dispuesto que la Dirección General de Movilización Nacional, en conjunto con las instituciones de la defensa, realice un estudio destinado a incrementar las soluciones en este sentido. Puedo citar, a vía ejemplar, las siguientes: mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de los conscriptos, concreción de medidas tendientes a facilitar la comunicación entre los conscriptos y sus familiares, disminución de la duración del servicio militar en regiones y unidades que impliquen sacrificios mayores. De esta forma, estimo que lo que proponga el organismo asesor del Ministerio de Defensa Nacional, unido a una mayor cantidad de recursos que habrá que destinar para estos fines, permitirá mejorar la situación de bienestar de los jóvenes conscriptos a corto plazo. Medidas relacionadas con retribuciones. Como se comprenderá, debido a la imposibilidad de incluir al total de la base de conscripción al servicio activo por los costos que esto implica y por no ser imprescindible a la defensa, el carácter obligatorio deja de ser universal para transformarse en selectivo como lo señalaba el Diputado señor Walker, situación que introduce al sistema los sesgos propios de todo mecanismo de este tipo, en particular lo relativo al impacto negativo que produce en su legitimidad social por el perjuicio objetivo que impone al joven seleccionado en relación con el no seleccionado. Lo anterior implica establecer un régimen de retribuciones en favor del seleccionado. Por esto, el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con la Dirección de Movilización y con las instituciones castrenses, ha venido desarrollando un conjunto de iniciativas, algunas de las cuales ya están en la fase de aplicación. Entre éstas, puedo mencionar la capacitación que reciben los jóvenes reclutas para enfrentar en la mejor forma los desafíos laborales de su vida civil. Así, es posible afirmar que las instituciones castrenses han desarrollado importantes esfuerzos en orden a lograr tal capacitación. Durante el año militar 1994, el total de conscriptos capacitados en distintas áreas ascendió a 4 mil 103 jóvenes, representando un 13 por ciento del total del contingente acuartelado en las tres instituciones. A estos porcentajes hay que agregar que en términos presupuestarios, en los últimos tres años se han invertido 855 millones de pesos para capacitación laboral en soldados conscriptos, cifra que consideramos insuficiente. Sin embargo, y en esto se requiere precisión, hay que ser categóricos en afirmar que la capacitación será siempre una actividad de tipo retributiva, pero no principal en el servicio militar. Éste, como se ha señalado, es un deber militar y su orientación primordial, por tanto, está dada en función de su esencia. Además de las actividades de capacitación laboral que se realizan durante el servicio militar, se encuentra en etapa de estudios una serie de medidas destinadas a compensar en mejor forma al ciudadano que cumple con su servicio militar. Estas medidas están orientadas a obtener beneficios de carácter adicional, como ser becas para estudios destinadas principalmente a la enseñanza media y superior, asignación de puntaje en el sistema de subsidios habitacionales y, por último, programas de capacitación a través del Sence. Como se comprenderá, estas asignaciones deben estar acorde con los recursos existentes para estos fines en todo el sistema nacional, lo que implica definiciones que exceden el campo propio de este Ministerio. De ahí que, además de los estudios referidos, se han iniciado los contactos con las carteras de Interior, de Educación y de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de hacer realidad estas iniciativas en el menor plazo posible. Medidas para evitar interrupciones en el estudio de enseñanza media. Otra iniciativa importante a ser implementada por el Ministerio de Defensa es la de potenciar las posibilidades para realizar el servicio militar en cursos especiales para estudiantes. Esta modalidad está claramente establecida en la ley de reclutamiento y en su reglamento complementario, por lo que, sin afectar los criterios de orden político y estratégico necesarios de tener en cuenta, es posible ponerla en práctica, evitando, de paso, interrumpir los estudios de enseñanza media a una cantidad determinada de jóvenes que, previa certificación de su situación particular, verán de esta manera allanado el camino hacia mejores alternativas de desarrollo personal. Medidas relacionadas con la dignidad y trato. A raíz de casos puntuales y graves de maltrato que han sufrido jóvenes conscriptos, denunciados en el último tiempo, esta materia se ha vuelto en contra del servicio militar por una serie de comentarios y argumentaciones. En primer lugar, deseo afirmar categóricamente que el Ministerio de Defensa Nacional no ha aceptado ni aceptará ninguna situación que signifique atentar contra la integridad de los jóvenes llamados a cumplir con su servicio militar. Esta afirmación, más que en función de motivaciones jurídicas, obedece a la convicción moral de que nadie puede, a pretexto de razón alguna, infligir castigos que impliquen humillaciones y secuelas físicas. En segundo lugar, debo señalar que, no obstante la ocurrencia de estos hechos, no es posible, por ningún motivo, generalizar la situación comentada. Muy por el contrario, la doctrina y reglamentación de las instituciones de la defensa es tajante para reprimir abusos de este tipo, ya que se entiende con mucha claridad la diferencia que existe entre el rigor de la vida militar en función de las tareas a cumplir con malos tratos de carácter físico y psíquico. De hecho, en varios de los casos denunciados se han ejercido con ejemplar dureza las facultades legales y reglamentarias que la situación ameritaba. Por lo señalado, no es posible utilizar estos argumentos con seriedad para desacreditar la modalidad del servicio militar actualmente en aplicación. En todo caso, al Gobierno le asiste la certeza de que las instituciones castrenses harán los esfuerzos necesarios, de forma tal que, a corto plazo, las situaciones ocurridas sean evitadas al máximo. Para lo anterior, además de las herramientas legales y reglamentarias, existe al interior de las Fuerzas Armadas un elemento mucho más fuerte aún, en cuanto a reprimir situaciones de maltrato; me refiero al mando militar. Es el correcto ejercicio de éste y, por ende, la confianza que debe generar en el conscripto, el mejor remedio contra el abuso. Por el contrario, introducir elementos ajenos a la doctrina institucional con el objeto de fiscalizar el trato digno a los soldados por vía distinta, implica destruir este mando y con él uno de los pilares en que se basa la organización militar. Cosa distinta es la percepción que a través de estudios especializados han entregado jóvenes que realizaron su servicio militar en los últimos dos años. Según lo señalado, habría situaciones de malos tratos en el cumplimiento del servicio militar. No obstante este dato, también hay que advertir que estos mismos estudios señalaron, por una parte, dificultad para distinguir conceptualmente lo que es propiamente maltrato del rigor de la disciplina militar, y por otra, una especie de mitología del maltrato asociada a historias que se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, sin desconocer los antecedentes arrojados por este estudio, es necesario que la percepción de los jóvenes, reflejada en esta encuesta, requiera de una lectura integral muy precisa y objetiva, con el objeto de llegar a resultados correctos. En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional estima que lo que claramente cabe realizar junto al incremento de las medidas de fiscalización al cumplimiento de las normas que prohíben el maltrato, es mejorar la imagen que se tiene del servicio militar, en particular la de los jóvenes. Esta medida es en extremo pertinente si se toma en cuenta que estudios de medición indican que, antes de entrar al servicio militar, el 50,1 por ciento de los encuestados revela que su imagen en relación con éste era negativa. Sin embargo, al término del servicio, el 42,5 por ciento cambió su posición positivamente. Es más, esos estudios señalan que el 60,8 por ciento de los jóvenes que cumplieron con su obligación militar estimó que el hecho de haber estado en el servicio activo les fue útil como antecedente para conseguir trabajo. Como se puede apreciar, el concepto y visión que se tiene del servicio militar, una vez que se le conoce, contrasta fuertemente con relación a la percepción de éste antes de realizarlo. De aquí que se afirme que el problema de imagen es una realidad y, por lo tanto, es necesario y conveniente mejorarla, lo que es posible a través de las siguientes medidas: Primero, evitar las situaciones que de hecho atentan contra la dignidad e integridad de los jóvenes. Segundo, mejorar la información que tienen del servicio militar. Y tercero, contar con el apoyo de todos los sectores en cuanto a que, sin esconder los hechos, traten este tema con la máxima responsabilidad y objetividad, sin otra intención que buscar la verdad y, en lo posible, la reparación del acto injusto. Medidas relacionadas con la duración del servicio militar. Durante el último tiempo se han realizado importantes esfuerzos en orden a reducir el tiempo de duración del servicio militar. Es el caso del Ejército, que ha logrado rebajarlo de 18 a 14 meses como máximo, licenciándose en la práctica al 65 por ciento de los acuartelados luego de 12 meses. No obstante esta realidad, el Ministerio de Defensa Nacional continuará en la búsqueda de alternativas para modificar los períodos anotados. Lo anterior, sin vulnerar el adecuado grado de alistamiento profesional que deben tener las instituciones. Una eventual reducción del tiempo de conscripción permitiría al joven licenciado en caso de que el Ejército logre reducirlo a 12 meses a retomar sus estudios, generalmente de enseñanza media, en el año inmediatamente siguiente al de licenciamiento. Con seguridad, esta medida reducirá el eventual perjuicio causado por el cumplimiento de este deber militar. En resumen, el Ministerio de Defensa Nacional ha implementado las siguientes medidas en función a readecuar y flexibilizar el servicio militar: 1. Continuar y perfeccionar la política informativa adoptada por el Ministerio de Defensa en relación con el servicio militar, orientando su accionar hacia los siguientes objetivos: a) Mejorar el nivel de conocimiento que el ciudadano y su familia tienen del servicio militar. En lo específico, se busca que en todas las fases del proceso los actores involucrados tengan la mejor información en torno a los elementos que les afectan. Así, por ejemplo, durante el período de acuartelamiento, la familia del conscripto sabrá las condiciones en las cuales éste se encuentra; entre otras, lugar de destino, unidad y referencia del mando de ésta, procedimiento en detalle de la forma de plantear sus inquietudes y necesidades, etcétera. b) Potenciar el rol pedagógico de la Ley de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, en orden a permitir que el joven conozca en detalle las alternativas que el cuerpo legal le ofrece para cumplir con su deber militar, y c) Mejorar la imagen y percepción que la juventud tiene del servicio militar. 2. Poner en práctica el sistema de doble citación, lo que contribuirá a racionalizar de mejor forma el sistema de llamado, permitiendo que a la primera citación sólo concurran los jóvenes que no presentan problemas para ser acuartelados. 3. Analizar, a partir de un estudio de legislación comparada, el tema de la objeción de conciencia, con el propósito de definir con exactitud los alcances, efectos prácticos, ventajas y desventajas de esta modalidad, a fin de determinar las reales posibilidades de aplicarla en el caso nacional. 4. Continuar con la política de compensaciones, incrementando aquellas destinadas a un mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de los conscriptos, a una mejor comunicación entre éstos y sus familiares y, en lo posible, a una disminución en la duración del servicio militar en zonas geográficas que impliquen sacrificios de mayor magnitud. 5. Continuar incrementando las medidas relacionadas con la política de retribuciones, en particular las siguientes: a) Mantener y, en la medida de lo posible, aumentar los programas de capacitación laboral durante el servicio militar. b) Una vez realizadas las coordinaciones pertinentes, poner en marcha los programas de becas de estudio, asignación de puntaje en el sistema de subsidio habitacional para la familia del conscripto y programas de capacitación especial a través del Sence. 6. Aumentar las alternativas orientadas a permitir que el servicio militar pueda ser cumplido en mayor medida de lo que es ahora a través de cursos especiales para estudiantes de enseñanza media. 7. Comprometer a las instituciones armadas en la prevención de posibles maltratos, sin perjuicio de que por la vía regular y a través de procedimientos judiciales que garanticen el debido proceso, se sancione drásticamente este tipo de abusos ciudadanos. 8. Disponer que la Dirección General de Movilización, en coordinación con las Fuerzas Armadas, realice los estudios orientados a determinar las posibilidades de reducir el tiempo efectivo de conscripción. Finalmente, deseo señalar que la intención que anima al Ministerio de Defensa es que las medidas de readecuación del servicio militar anunciadas en esta oportunidad puedan ser realidad para el próximo llamado al proceso de selección, lo que significa, a su vez, que a más tardar en diciembre del presente año el Ministerio de Defensa Nacional pondrá en conocimiento de la ciudadanía el resultado de los estudios dispuestos en relación con materias que requieren mayor análisis. Planteamientos finales: Señores Diputados, las medidas que el Ministerio de Defensa Nacional ha adoptado en el último tiempo en respuesta a las orientaciones presidenciales de mayo de 1995, más aquellas que se seguirán implementando en los próximos meses, obedece a la política con que el Gobierno ha resuelto enfrentar esta materia y que con satisfacción puedo constatar guardan gran similitud con las observaciones y proposiciones contenidas en el informe elaborado por la Comisión de Defensa de la Corporación. Este acuerdo de ideas y voluntades da certeza al Gobierno para avanzar con seguridad en un tema que, por cierto, es de gran relevancia para la comunidad. No obstante, surge por parte de determinados sectores una serie de propuestas encaminadas a producir cambios sustanciales, no sólo en la modalidad del servicio militar, sino que, en forma importante, en la propia estructura organizacional de las Fuerzas Armadas. Así, se discute la conveniencia de contar con institución armada totalmente profesional, eliminando de plano el servicio militar. También se plantea la posibilidad de contar con un servicio militar voluntario, eliminando en este caso el carácter obligatorio del mismo. Ante estas iniciativas que, como he señalado, no constituyen parte del programa de Gobierno de la Concertación, estimo conveniente señalar que sin desmerecer las argumentaciones de fondo que las sustentan, claramente no responden al actual momento político, social y económico que vive el país. En principio, nadie puede discutir las bondades de una u otra modalidad. Es más, en otras condiciones, obedeciendo a políticas de largo alcance, el estudio de éstas en un marco eminentemente prospectivo podría entregar resultados interesantes. Pero me permito compartir este criterio con los señores Diputados hay una serie de inquietudes que al momento de adoptar una política y efectuar esos cambios deben ser necesariamente resueltas. Las primeras, en el ámbito político-estratégico. a. ¿Puede asegurarse al país, en función de las realidades que se viven, un nivel mínimo de operatividad de las Fuerzas Armadas, sin la existencia de fuerzas como las que hoy se logran con una conscripción obligatoria? b. De ser efectivo lo anterior, ¿es posible medir el efecto intimidatorio que puede tener para nuestros vecinos el que Chile cuente con Fuerzas Armadas totalmente profesionales, con un alto nivel de entrenamiento y tecnología? c. ¿Cuáles son los cambios que en materia de la política de defensa del país habría que asumir en diversas materias, por ejemplo, en términos de definir la amenaza? En este sentido, valga el caso de Francia, nación que para fundamentar las modificaciones de sus Fuerzas Armadas explicitó la no existencia de adversarios en sus fronteras ni en la de sus aliados. ¿Puede Chile, con responsabilidad, argumentar situación semejante? d. En función de variables geoestratégicas y de la realidad territorial del país, ¿es posible en la actualidad rediseñar el modelo de las Fuerzas Armadas que Chile necesitaría? En el ámbito económico, cabe preguntarse, ¿cuál sería la magnitud del mayor gasto si la decisión es producir modificaciones como las planteadas? Basta señalar que un estudio aproximado en esta materia señala que para un contingente de 30 mil soldados profesionales que sería insuficiente el gasto en relación al actual se triplicaría. Segundo, ¿se han dimensionado los costos adicionales que tendrían Fuerzas Armadas como las señaladas? Tercero, ¿es posible evaluar, con arreglo a criterios sociales, el costo de avanzar en las modificaciones propuestas? Cuarto, ¿están las Fuerzas Armadas, en términos organizacionales y de infraestructura, en condiciones de adecuarse a los cambios que con seguridad tendrían? En el ámbito social, para la cultura democrática, es válido preguntarse sobre la diferencia, si es que existiera, entre un ejército de ciudadanos respecto de otro esencialmente profesional y ocupacional. ¿Qué efecto tendría esto para una sociedad democrática? ¿Qué significarían estas modificaciones para las relaciones cívico-militares? ¿Qué efectos tendrían en el régimen los deberes constitucionales y las cargas públicas? ¿Es posible definir ahora el impacto social económico- valórico que tendrían estos cambios para las instituciones armadas? Señores Diputados, estas y otras inquietudes son fundamentos que permiten concluir al Ministerio de Defensa Nacional que los cambios de mayor orden en el servicio militar no son posibles en las actuales circunstancias. Por eso, el Gobierno, responsablemente, no tiene compromisos programáticos de modificación del sistema. Sin embargo, he planteado interrogantes fundamentales que superan una mera definición gubernamental. Como Ministro de Defensa, mi responsabilidad es advertir que, si se desean alternativas al servicio militar obligatorio, éstas pasan por responder todas y cada una de las complejas variables que se ponen en juego con un cambio de tal naturaleza. En este sentido, hago un llamado a la Cámara de Diputados para que profundice las innumerables interrogantes que arrojaría una modificación esencial de la obligatoriedad del servicio militar. Así como han colaborado muy seriamente en el análisis de la flexibilización y modernización del servicio militar, creo posible que la Corporación se aboque a dicho análisis. No tengo dudas de que el marco que presidirá esta reflexión será una alta visión del país, una mirada de futuro en la perspectiva de una política de Estado, realista y sensible a tan complejas variables de dicha modificación. Como lo señalé al comienzo de la exposición, el Gobierno, en particular el Ministerio de Defensa, se complacen por la oportunidad que la Cámara de Diputados ha concedido para tratar un tema de defensa tan relevante como el servicio militar obligatorio. El sentido de pertenencia a una comunidad nacional que estoy cierto de que todos los chilenos sienten, implica ser actores relevantes de su destino, aceptar todos los beneficios que esto conlleva, saber asumir los deberes implícitos que ello significa. Uno de estos deberes es el servicio militar, lo que significa aceptarlo como tal, como un deber. En consecuencia, si bien es posible buscar alternativas para evitar algunos costos prescindibles, seguirá siendo una carga, la cual deberá ser llevada de la manera más igualitaria posible, compensando y retribuyendo cuando lo anterior no sea posible. Siempre se ha dicho que la juventud se compromete a fondo con el destino de la nación y deja de lado todo interés personal cuando se le da la oportunidad de realizar un servicio en función de sus semejantes. Lamentablemente, parte de esta juventud no aprecia en el servicio militar esta oportunidad para ayudar. Influyen en esta percepción muchos factores: culturales, históricos, políticos, sociales, etcétera. Pero lo cierto es que, por sobre todas las cosas constancia en esta materia existe de sobra, las Fuerzas Armadas y sus soldados conscriptos siempre han sido instrumentos de cooperación importante cuando el país se ha visto enfrentado a catástrofes o a crisis internacionales que llevaron o pudieron haber llevado a conflictos bélicos. Invito a los jóvenes a corroborar lo señalado con los hechos, y tal vez esta percepción negativa que actualmente tienen cambiará de manera relevante. Las autoridades de la Defensa Nacional harán todos los esfuerzos para readecuar aquello que es posible modificar, sin olvidar que la defensa nacional es una función pública, a la cual el Gobierno, responsablemente, nunca podrá renunciar. Es todo, señor Presidente. Manifestaciones en tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ruego a las personas que están en las tribunas mantener la calma. Los gritos que han emitido no están permitidos. Hemos pedido a los jóvenes que, como corresponde, se mantenga el respeto. Lamento que la juventud de Renovación Nacional no haya cumplido con el procedimiento normal de cualquier institución democrática. Llamo su atención, porque el comportamiento que han tenido no es el adecuado. Les pido, por favor, que se sometan a las normas de la tolerancia y respeten las distintas opiniones. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Para iniciar el debate, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana. Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Exequiel Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, en el tema que hoy nos convoca no podemos comenzar dividiéndonos entre quienes quieren fortalecer al Ejército y quienes pretenden destruirlo, como algunos personeros lo han manifestado. Sería una discusión falsa y no centraría el debate en aquellos temas que realmente nos interesan: el servicio militar obligatorio, los jóvenes y la necesidad de recoger las opiniones diversas pero casi unánimes, en relación a que deben introducirse cambios a la modalidad hoy existente, pues hay varios puntos criticables y discutibles. En primer lugar, la situación discriminatoria de los jóvenes de estratos populares y rurales, la violación de los derechos humanos de los reclutas, el cumplimiento del servicio militar obligatorio por jóvenes alejados del lugar donde viven sus familias, la ausencia de la objeción de conciencia, la ausencia de alternativas para servir al país de otra forma, el excesivo tiempo de duración, la obligatoriedad, etcétera. En relación con la duración del servicio militar, todos sabemos que la instrucción dura sólo pocos meses y el resto del tiempo los conscriptos se dedican a hacer guardia, a servir como mozos de casa, a limpiar caballerizas u otros servicios que nada tienen que ver con la función de defensa. Ésta es la realidad de nuestro servicio militar, donde todos sabemos que a diario se cometen diversos abusos, y no la que nos pretende mostrar un comercial de televisión que más parece el de una agencia de turismo, llamando al turismo aventura. Aplausos. El señor SILVA.- Pero esto no es todo. Hay un tema de fondo que debemos discutir y que provoca un rechazo de los jóvenes al servicio militar obligatorio: la participación del Ejército en nuestra historia reciente y la doble condición de su Comandante en Jefe, como tal y como ex gobernante, quien, con sus constantes intervenciones en el ámbito político, pretende comprometer a toda la institución. El Ejército no es el de antes, donde muchos de nuestros padres, tíos, amigos o importantes personajes públicos cumplieron el servicio militar obligatorio. Los jóvenes no quieren un Ejército al cual muchos de sus altos mandos han pretendido comprometerlo con determinados sectores políticos. Si no, veamos en qué sector político están hoy muchos de los generales con “R”. Los jóvenes no quieren un Ejército designando Senadores, ni un Ejército de la doctrina de la seguridad nacional. Al contrario, estos temas han creado una profunda división entre los chilenos y debemos despejarlos, a fin de que el Ejército y la civilidad seamos capaces de reconstruir un sentimiento que existió a lo largo de nuestra historia. Lo actual no sólo aleja a los jóvenes y los rebela en relación al servicio militar obligatorio, sino que, como hemos sostenido, esto ha impedido el pleno reencuentro entre los chilenos. Quienes opinamos así no queremos la destrucción del Ejército. Por el contrario, queremos un gran Ejército y no uno debilitado por las permanentes incursiones políticas de algunos de sus miembros. Por ser éste un debate de fondo y que no se agota con las medidas anunciadas en el informe que, por cierto, valoramos, pero que dejan sin resolver temas fundamentales, creemos que éste debe usarse como base para iniciar un gran debate nacional y no como un resultado final que no deja satisfecho. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el turno de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Ferrada. El señor FERRADA.- Señor Presidente, una primera palabra para destacar el trabajo de la Comisión, cuyos integrantes han abordado un tema de Estado, con criterio de Estado, superior por sobre cualquier división o cuestión de política partidista, lo que permitió entregar razonamientos y conclusiones que responden al interés del país. Chile está inserto hoy en una realidad en permanente y profundo cambio. Los bienes internacionales son el derecho internacional público, que continúa siendo el instrumento principal de la resolución de los conflictos y de la convivencia, pero que es extraordinariamente precario; una libertad económica amplia; un regionalismo donde los bloques ya no se cierran para autosatisfacerse, sino que se reúnen y juntan para salir a competir unos con otros en un escenario mundial de profundas diferencias con el siglo que antecedió. Estas modificaciones han traído la necesidad de revisar en profundidad las bases de una política de defensa. Desde esa perspectiva, el Ministerio de Defensa está trabajando bien, con criterio de Estado, similar al que procuró aproximarse la Comisión de Defensa, más allá de lo que divide a los chilenos en la cuestión de la contingencia diaria y procurando rescatar para el país una política útil al servicio del concepto Estado. Dentro de la política de defensa, hoy en revisión, donde hay que hacer y plantear nuevos postulados, se inserta desde nuestra perspectiva el tema del servicio militar obligatorio. Chile desde sus inicios, como república independiente, se preocupó de establecer y reglamentar el servicio militar obligatorio. Existen textos legales conocidos a partir de la Primera Junta de Gobierno, desde el año 1811, hasta las últimas disposiciones de 1978. Curiosamente, quiero recordar, sólo al pasar, cómo el concepto del servicio militar obligatorio, en la forma en que hasta hoy ha pertenecido al país, fue una conquista política de las fuerzas progresistas y civilizadas del mundo, que dejaron atrás los antiguos conceptos de los ejércitos imperiales para dar lugar al concepto del pueblo en armas, como base de la nación y del Estado. Un concepto progresista que, como tantos otros, hoy las juventudes de Izquierda parecen olvidar e ignorar. La Constitución Política del Estado no la actual, sino la de siempre estableció como bases de la institucionalidad que es un deber esencial del Estado resguardar la seguridad nacional, y en el marco de los deberes y derechos de los ciudadanos prescribió que todos los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición del país. Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de esa patria y son esenciales para la seguridad nacional. La defensa como producto de un sistema militar permanente, moderno, organizado, instruido y entrenado, requiere de un proceso de reclutamiento, de selección e instrucción de contingente, que tiene especial importancia porque permite incrementar, anualmente, la base humana que satisface las obligaciones de la defensa nacional. El servicio militar obligatorio encuentra fundamentación en aspectos valóricos de naturaleza ético moral y también en factores de importancia de la defensa nacional. Constituye una carga pública que la sociedad impone a todos sus miembros, bajo determinadas circunstancias, para que concurran y estén alistados a la defensa del país, y supedita el bien personal individual al bien común, con miras a alcanzar un fin superior que excede al interés de los individuos. Esta carga pública igualmente se basa en una necesidad imperiosa de todos los países: contar con sistemas de fuerzas armadas, que deben complementar sus dotaciones con personal profesional, que la carrera no puede cubrir. De ambos elementos de juicio proviene, en consecuencia, la justificación de este deber ciudadano. A propósito de ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para plantear que uno de los problemas esenciales que deben discutirse en el país, a raíz de éste y de muchos otros temas, es la debilidad que existe, desde nuestro punto de vista, en la conciencia ciudadana sobre la importancia que tiene el Estado entre nosotros. Las sociedades modernas, y la nuestra, muy en particular, se aproximan cada día a la concepción liberal individualista, que es la forma ya lo dije una vez más clemente de llamar al egoísmo, de convertirse en sociedades anónimas de mercaderes donde todos quieren pedir beneficios, pero a la hora de cumplir obligaciones casi todos también quieren dar vuelta la espalda. Deploramos con entera propiedad esta fatídica concepción de liberalismo individualista que comienza a apoderarse de los espíritus en las sociedades modernas y que hace olvidar que la solidaridad con los ciudadanos y con la patria es siempre un valor supremo. Aplausos en las tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Pido, por favor, a los jóvenes presentes en las tribunas que permitan que cada señor Diputado exprese su opinión del modo que corresponde a un debate pluralista. El señor FERRADA.- Agradezco los aplausos, señor Presidente. No me causan ninguna molestia, sino mucho agrado. En el amplio debate sobre el servicio militar obligatorio, ha ocupado un lugar preponderante la polémica sobre el carácter de la obligatoriedad del mismo. Existen distintas ponencias. Una de ellas sustenta que la realidad mundial y nacional no justificaría la mantención de éste; por el contrario, la sola voluntariedad manifestada por un amplio porcentaje de jóvenes sería suficiente para satisfacer las necesidades de la función de la defensa. Pero esto equivale a decir que unos chilenos cumplirían con su deber voluntariamente y otros no, y éste es un principio injusto que induce a un grado de relativismo que considero enteramente inconstitucional y falto de ética pública. Siempre habrá estoy seguro, conociendo a los jóvenes chilenos de todos los partidos políticos muchos para satisfacer las necesidades de defensa del país; pero es preciso que no unos sino todos sean llamados. En este sentido voy a repetir aquí lo que me permití decir delante de los señores generales al interior de la Comisión de Defensa: deploro que desde hace algunos años el servicio militar obligatorio en Chile lo cumpla la gente más modesta del país y no la pituquería que se escuda en una y otra razón para no cumplir los deberes con el país. El servicio militar se ha convertido desde hace algunos años en una obligación, en una carga pública que cumple el pueblo, pero que no cumplen las clases más acomodadas. En ese sentido, el Estado, los generales del Ejército y de las Fuerzas Armadas tienen la obligación de no permitir discriminaciones injustas de esa naturaleza. Quiero recordar, al pasar, el famoso Séptimo de Línea que todos conocemos, el ejército de todo un pueblo que se movilizaba sin distinción de clases en defensa de su patria. Un eventual sistema de voluntarios profesionales implicaría, por otra parte, un significativo incremento del presupuesto de la defensa, aumentaría el gasto en personal con el consecuente detrimento de una parte de los presupuestos operativos de la Fuerzas Armadas, pero, principalmente, significaría un fuerte impacto en el presupuesto nacional que tiene muchas otras necesidades tan fuertes y atendibles como las que nos ocupan. Por estas razones fundamentales, creemos que en el país no existen hoy las condiciones internacionales, ni políticas ni presupuestarias, que obliguen a la defensa nacional a realizar una reforma que implique un cambio en la modalidad del carácter actual. Pero al respecto estoy convencido de que la estructura básica del funcionamiento de las Fuerzas Armadas exige la existencia de un servicio militar obligatorio, pero al mismo tiempo es posible introducirle modificaciones a fin de equilibrar las desigualdades que hoy existen en las condiciones de su cumplimiento. Resulta posible, por ejemplo, que el joven que se inscribe pueda optar por una determinada rama de las Fuerzas Armadas, como asimismo pueda elegir una zona geográfica cercana a su hogar, de manera que la destinación no pueda traducirse en un perjuicio para quienes sean designados en determinadas unidades de regiones. No obstante, esta última frase no puedo culminarla sin decir que veo con enorme preocupación cómo es conveniente, sí, cubrir las necesidades de las regiones más australes, objetivo muy importante para la soberanía que se materializa con la presencia de la defensa nacional. Relevancia especial cobra la sugerencia de la Comisión de Defensa en el sentido de instaurar dos llamados: el primero, a quienes libremente expresen su interés en hacer el servicio y, el segundo, en caso de no llenarse los cupos necesarios. Igualmente, es posible revisar la duración del servicio militar reduciendo los períodos, dado que existen argumentos técnicos que permiten suponer que un período menor satisface los requerimientos de instrucción y entrenamiento, y, por otra parte, lo haría más compatible con las posibilidades de continuar o de iniciar estudios en el período inmediatamente siguiente al licenciamiento. Asimismo, sería ampliamente positiva la ampliación del servicio militar para estudiantes de tercero y cuarto años medio de la educación secundaria, a fin de permitirles obtener la instrucción militar antes de cumplir los 18 años de edad con modalidades especiales y sin necesidad de interrumpir sus estudios. También como se ha recordado se debe ampliar la capacitación técnica y el mejoramiento educacional a través de convenios con instituciones como el Sence y los Ministerios de Educación y del Trabajo, intensificando los acuerdos con los empresarios privados de distintas regiones del país, a fin de capacitar mejor a los soldados en actividades económicas regionales, acordes con el medio en que se desenvuelven. En suma, creemos firmemente que una adecuada información a todos los jóvenes chilenos respecto de las formalidades y realidades del servicio militar, unido a incentivos que faciliten su cumplimiento, acrecentando el equilibrio entre la justicia y el principio de autoridad con canales bien determinados que se puedan conocer, y exigiendo el cumplimiento de los derechos, ofrecerán a los jóvenes condiciones de observancia similares y justas en todo el país. La flexibilización del servicio militar obligatorio, en los términos propuestos en el informe de la Comisión de Defensa, contribuirá a dignificarlo, modernizarlo, incrementarlo y reforzarlo a fin de que Chile cuente con una reserva instruida que le permita con su presencia, entrenamiento y equipamiento, contar con un poder persuasivo real, precisamente para que el derecho internacional público no sea tan precario y las Fuerzas Armadas puedan también ser canales de participación efectiva en su desarrollo. No hay duda de que una mayor y mejor conscripción permitiría realizar proyectos de extraordinaria importancia en la preservación de la soberanía integrando a la juventud en una tarea que los enorgullecerá y les enseñará a amar más y mejor a su patria y a cumplir con ella. Enseñar hoy a nuestra juventud que Chile no es una sociedad anónima comercial, sino una nación solidaria una unidad humana, un espíritu, un destino común en la universalidad de las naciones, de la cual nuestro estado, que tiene fines y obligaciones por cumplir, debe ser emblema y cuerpo de ella, es una cuestión importante. Es preciso vencer el falso y moralmente trágico liberalismo individualista que nos domina y nos desintegra, y volver a colocar en la conciencia de todo nuestro país la admiración y el valor de nuestro estado y sus obligaciones, y sobre esa base reconstituir el inmenso valor ético que se encierra en la noble pasión de servir a Chile en el cumplimiento de sus altos fines, con el espíritu propio de obreros de una patria común que se ama. En esta ocasión quisiera que pudiéramos repetir juntos, mucho más allá de las diferencias, en un sentido de chilenidad, las viejas palabras del pensador español Antonio Cánovas: “Por la patria, como con la madre, se está siempre con y sin razón”. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El señor Diputado ha ocupado 15 minutos del tiempo de Renovación Nacional. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Karelovic. El señor KARELOVIC.- Señor Presidente, últimamente el servicio militar obligatorio ha sido bombardeado sostenidamente. Los dirigentes juveniles de la Concertación argumentan que es una pérdida de tiempo, que se abusa de los soldados, por lo cual invocan la objeción de conciencia y hasta los representantes de las juventudes socialistas propusieron desobedecer el llamado al servicio militar. Manifestaciones en las tribunas. El señor KARELOVIC.- Señor Presidente, le ruego hacer callar a las huestes del Diputado señor Viera-Gallo. Manifestaciones en las tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Karelovic, me temo que algunas opiniones de los jóvenes que están en las tribunas van a ser críticas para el Diputado señor Viera-Gallo. Su Señoría le atribuye al Diputado señor Viera-Gallo el hecho de haber traído jóvenes que no sé si respaldarán su posición. Una vez que él intervenga, veremos si la situación es efectiva o no. Puede continuar, Diputado señor Karelovic. El señor KARELOVIC.- Estamos por mantener el carácter obligatorio, porque es el mejor sistema para enfrentar las necesidades de la defensa nacional. El país requiere de una actividad de defensa para eventuales riesgos y amenazas. Necesitamos Fuerzas Armadas disuasivas y eficientes, aunque pensemos que en el futuro próximo no tendremos emergencias: nadie lo puede asegurar. El servicio militar obligatorio no puede ser cambiado sin dañar la defensa nacional. Quienes hablan de maltrato en el servicio militar, lo confunden con rigurosidad y reciedad. Hay que formar soldados y ellos requieren de un entrenamiento exigente, tanto física como espiritualmente,... Manifestaciones en las tribunas. El señor KARELOVIC.- ... que los capacite para enfrentar momentos difíciles. Estoy seguro de que esos jóvenes que ríen en las tribunas, ninguno de ellos ha sido suficientemente hombre como para hacer el servicio militar. Manifestaciones en las tribunas. El señor KARELOVIC.- Para eso existen metodologías y procedimientos que respetan plenamente todos los derechos del individuo. Para el que cometa algún exceso, las Fuerzas Armadas poseen normas con graves sanciones para quienes maltratan de palabra o de hecho. El tema del servicio militar obligatorio puede ser debatido, pero con altura de miras, en los diversos niveles académicos, políticos y de las Fuerzas Armadas. A muchos dirigentes políticos, pese a la entrega de antecedentes razonados y fundamentados, sólo les interesa el protagonismo político y critican aspectos del servicio militar obligatorio que no tienen validez ni fuerza. Es evidente que toda esta serie de declaraciones que se formulan está perjudicando la predisposición y la actitud de los ciudadanos hacia su deber con su país. Algunos proponen un servicio militar alternativo. Ese servicio no existe, porque se debe orientar sólo a la defensa nacional y no hay otro procedimiento para contribuir a ésta. Sin embargo, se usa el alternativo durante el verano, por todo el año o una vez que se sea profesional, por 180 días. Con respecto a la tan mentada objeción de conciencia, es probable que este concepto, en un futuro no cercano, pueda ser incorporado a nuestra legislación, pero debe ser muy preciso para que no se transforme en una llave a fin de evitar el servicio militar obligatorio. Tendría que estar tan bien tipificado que, junto con sustraer a un individuo de la facultad de portar armas, produzca el efecto continuo de prohibirle todo acto de violencia. Todo objetor de conciencia que no tome un arma para defender a su patria, tampoco tendría legitimidad para tomarla y defender a su familia. También se critica que el servicio militar obligatorio es discriminatorio, porque en su mayoría lo realizarían jóvenes de bajo estrato social que no tendrían influencia para sacárselo de encima. Pienso que no es discriminatorio. Al revés, existe una discriminación positiva. Quienes estudian en la educación superior quedan facultados para postergar su obligación con el país. A medida que progresan, las personas de menores recursos acceden a la educación superior, lo que les permite lograr una exención que antes no alcanzaban. A pesar de la campaña en contra de la conscripción obligatoria, Chile seguirá en la lista de países latinoamericanos que la conservan entre ellos Perú y Bolivia, porque el principal argumento para mantenerla es que un servicio militar voluntario y pagado implicaría duplicar los recursos que se destinan al efecto: según cifras operacionales, alrededor de 80 millones de dólares anuales. Insisto en que debemos mantener el servicio militar obligatorio, porque es el mejor sistema para enfrentar las necesidades de la defensa nacional; pero no debemos politizar el tema buscando sólo denostar a nuestras Fuerzas Armadas porque ello perjudica las relaciones cívico-militares. Finalmente, estimamos que debe aplicarse el rigor de la ley, quienes no acudan a cumplir con su deber deben ser sancionados, sin que cada cierto tiempo se legisle para otorgar una amnistía injusta y desmotivadora. He dicho. Aplausos. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Su Señoría ocupó 6 minutos del tiempo de su Comité. En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero comenzar mis palabras recordando que el debate sobre el servicio militar obligatorio comenzó hace más de cinco años en esta Corporación. Fue en 1990, con ocasión de la discusión del proyecto que tenía por objeto autorizar las operaciones Unitas, cuando por primera vez desde que recuperamos la democracia que se habló del servicio militar obligatorio. La evolución de este debate, estos últimos seis años ha sido muy positivo y es en ese contexto, que valoro el trabajo de la Comisión de Defensa, quienes a diferencia de lo ocurrido en otras épocas, estuvieron dispuestos a dialogar sobre la materia. En ese sentido, quiero reivindicar el derecho de una minoría que estamos en contra del servicio militar obligatorio, porque lo consideramos un sistema hipócrita, de abrir este debate y hablarlo con altura de miras y de aspirar convencer a la mayoría sobre la necesidad de superar el servicio militar obligatorio. Las razones que me llevan a afirmar en el servicio militar obligatorio, tal como está, es hipócrita, lo voy a detallar más adelante. Antes quiero dejar en claro que aquí no está en discusión la existencia de las Fuerzas Armadas, ni su legitimidad; tampoco está en discusión la necesidad del país de contar con una adecuada y suficiente capacidad disuasiva. Esto es obvio y lo respaldamos todos. Lo que está en discusión es otra cosa; esto es ¿cuál es la mejor forma para repartir en forma equitativa la carga pública de dar seguridad a la Nación toda y el hacer esto de una forma transparente? El sistema actual del servicio militar obligatorio está en crisis, no tiene legitimidad y es regresivo socialmente. Esto es un dato. De lo contrario no se explica por qué la gran mayoría de los parlamentarios no hicieron el servicio militar, ni tampoco por qué la gran mayoría de los parlamentarios hemos ayudado, por acción u omisión, a muchos jóvenes a “sacarse” el servicio militar. Y esto no es algo aislado. Tal como ocurre entre nosotros, la élite política, también las élites cultural y económica de este país hace tiempo se descomprometieron con el servicio militar obligatorio. Esta es la realidad social de nuestro país. El servicio militar obligatorio, solamente es hecho por unos pocos, los que no tienen el “pituto” para sacarse el servicio o quienes lo ven como, más bien una política social o una oportunidad de ascenso social. Pero permítanme sostener que el Chile de los 90 no es el Chile de los 50. Se dice que a los jóvenes les hace bien hacer el servicio militar. Es cierto que antes en el servicio militar obligatorio se alfabetizaba a muchos jóvenes, pero hoy menos del 0,6 por ciento de los reclutas son analfabetos. Es una ficción que el servicio militar obligatorio sea un instrumento de movilidad social como lo fue antes. Hoy, es una carga pública desigual, discriminatoria, injusta y creo que debemos reconocer eso. Los datos son elocuentes: De los jóvenes que están inscritos, no hacen el servicio 24% por estar cursando estudios superiores. A esto se agrega que 33% de los jóvenes que quedan excluidos por razones de salud ¡33%! Es decir uno de cada tres jóvenes de 18 años en nuestro país tienen algún impedimento. Todos sabemos que esto es falso. Que no es cierto que la juventud chilena esté enferma, que uno de cada tres esté incapacitado para cumplir el servicio. Si fuera cierto, estaríamos frente a una emergencia de salud pública. Pero no lo es y todos somos cómplices de esta mentira. Así sólo alrededor del 22% de los jóvenes hace el servicio militar obligatorio. Y de estos, de los que hacen el servicio militar, uno de cada tres no ha terminado la Educación Media. Es decir, casi a uno de cada tres jóvenes que son obligados a hacer el servicio militar obligatorio, se le interrumpen sus estudios, normalmente en tercero o cuarto medio. Es a la luz de éstos y muchos otros datos que me llevan a afirmar categóricamente que el sistema del servicio militar obligatorio actual está en crisis y por ello es justo plantear la necesidad de estudiar seriamente los costos de un servicio militar voluntario. El Diputado Walker, nos ha dicho que puede llegar a costar 90 millones de dólares. Es interesante conocer esta cifra como también lo es que si sólo invirtiéramos un poco más en el Servicio de Impuestos Internos, mucho menos de un millón de dólares, podríamos recuperar para el Fisco más de 340 millones de dólares anualmente simplemente controlando la evasión tributaria. El problema no son los costos. El problema incluso en el informe es que no están objetivados los costos. En el informe de la comisión, no se entregan datos claros ni sobre los costos directos, ni menos sobre los indirectos. No hay ningún dato sobre el costo para el país de que decenas de miles de los jóvenes estén haciendo guardia o que estén al servicio de los oficiales o suboficiales versus lo que significaría si ellos estuvieran trabajando productivamente en algo más rentable para el país. Señor Presidente, es en esta materia, el de los costos y de lo que significaría una conscripción voluntaria, donde el Informe que nos entrega la Comisión de Defensa, tiene su mayor debilidad. Somos partidarios de que sea voluntario. Queremos que exista la capacidad de discutirlo sin tapujos, sin descalificaciones, pero con realismo. Nuestro país no habría tenido los “chinos Ríos” ni los “Roberto Bravo” en el mundo artístico y cultural si todos hicieran el servicio militar obligatorio. Esa es la verdad. Muchos quienes creemos que la ley pareja no es dura, nos preguntamos ¿por qué tenemos que imponerle a los pobres, a los hijos de los campesinos y a los que no tienen otra alternativa esta carga pública? Por el contrario, ¿por qué no buscamos otras alternativas que sean más justas y productivas para el país? El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Señor Diputado, completó sus cuatro minutos. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Sí, señor Presidente. Terminemos con esta farsa de que hay igualdad ante la ley. No la hay. El servicio militar obligatorio es un sistema de “apartheid” contra los pobres y a favor de aquellos que nos sacamos el servicio y hablamos de defender la patria. Termino diciendo que queremos una transición, hacia una conscripción voluntaria donde se establezca el doble llamado, tal como está propuesto en una Moción Parlamentaria, y donde se incorporen nuevas causales de exclusión y postergación como son: la objeción de conciencia y el que los muchachos que están en tercero y cuarto medio puedan terminar sus estudios. Así mismo somos partidarios que desde ya se establezca un sistema más efectivo y transparente que cautele los derechos de los reclutas y que permita terminar con los abusos. Señor Presidente, permítame terminar diciendo “Yo no voy a dejar que a mi hijo le pegue un sargento y le dé esa rigurosidad que reclaman algunos de mis colegas, y si no estoy dispuesto; si no lo quiero para los míos, tampoco estaré por que se lo den a los hijos de los trabajadores de este país.” He dicho. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Su Señoría ocupó cinco minutos del tiempo de su Comité. En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jorge Soria. El señor SORIA.- Señor Presidente, empuñar un arma no es la única manera de defender la patria. Es lamentable que en esta Sala se entregue un informe que no se hace cargo de los cambios económicos, sociales y culturales de nuestra época. Porque han ido surgiendo legítimas expectativas de desarrollo individual y comunitario; la libertad y la paz han ido situándose entre los principales valores de la juventud contemporánea; el patriotismo ya no está identificado exclusivamente con el militarismo, y la formación de los hombres ya no equivale simplemente al aprendizaje de la obediencia. El Partido por la Democracia ha asumido cabalmente un compromiso con los jóvenes de nuestro país para modificar en su esencia el servicio militar obligatorio. En nuestra definición, hemos tenido presente a todos los discriminados, a los que han sufrido abusos de autoridad, a los que han sido sometidos a verdaderos itinerarios de humillación, a todos los que han sido violentados en sus convicciones más íntimas y muy especialmente a las familias de quienes han resultado muertos por acción u omisión. Se trata, en definitiva, de la confrontación entre una concepción anticuada sobre las obligaciones de los individuos, y otra diametralmente opuesta que respeta los derechos humanos y las libertades individuales. Rechazamos categóricamente las conclusiones elaboradas por la Comisión. Pensamos que se han descartado con excesiva ligereza alternativas modernas al servicio militar obligatorio, probadas con éxito en distintos países del mundo, como si el cambio de sistema atentara contra la defensa de la patria y la existencia del Ejército; como si la profesionalización total del Ejército, el servicio cívico y la objeción de conciencia actualmente no existieran en países cuya capacidad militar difícilmente puede ser cuestionada. Este Parlamento no puede ser tan impermeable a las demandas de los jóvenes y tan conservador como para negarse incluso a considerar con seriedad y profundidad la posibilidad de cambiar el sistema actual. La Cámara tiene la obligación de hacerse eco de una inquietud real, de una preocupación verdadera de buena parte de la juventud chilena. No podemos continuar eludiendo el debate. Las cosas no andan bien. Tenemos que promover un diálogo abierto y participativo de cara al país. No podemos continuar cerrando los ojos a las legítimas preguntas que se ha hecho buena parte de los países del mundo en los tiempos actuales. ¿Qué tipo de ejército queremos para Chile? ¿Cuál es la estructura más adecuada para nuestras instituciones armadas? En el contexto de estas preguntas se inscribe la discusión sobre el servicio militar, porque los sistemas de conscripción se ubican en la raíz de toda política de defensa. El Diputado informante señaló que la Comisión era partidaria de una profesionalización total de las Fuerzas Armadas, pero que la consideraba excesivamente onerosa para nuestra actual realidad económica. Es muy poco serio escudarnos en este juicio tan discutible para descartar esa alternativa sin siquiera estudiarla en toda su profundidad, sobre todo cuando la tendencia dominante en el mundo es a la profesionalización de los ejércitos, a hacerlos más pequeños pero dignificados y con una capacidad de respuesta rápida y sofisticada. No hay ningún estudio técnico, serio y completo sobre la profesionalización total de las Fuerzas Armadas, su incidencia en el presupuesto nacional y las consecuencias estratégicas y geopolíticas de tal decisión. No es serio, entonces, sacar cuentas personales, pagar 100 mil pesos o más al recluta y cerrar prematuramente el debate invocando un supuesto costo excesivo de esta alternativa. Consideramos, además, que existe un espacio importante para controlar posibles aumentos de costos por la vía de la redistribución y del reordenamiento del actual presupuesto destinado a defensa. Somos partidarios de un ejército completamente profesional. Actualmente, en las Fuerzas Armadas modernas por cada soldado en el frente existen nueve tareas administrativas y de apoyo. Por eso, la tecnificación y profesionalización del elemento militar es una necesidad cada vez más apremiante. El éxito de la guerra y la disuasión dependen crecientemente de la tecnología y de la capacidad del personal militar para utilizarlas eficientemente. De allí que sea cada vez más necesario contar en forma permanente con hombres y mujeres profesionales preparadas adecuadamente para manejar tecnología cada vez más avanzada. Ya tenemos la Fuerza Aérea más profesional de Sudamérica. ¿Por qué no avanzar en la misma dirección en las demás ramas de las Fuerzas Armadas? La utilización de tecnologías de punta requiere de conocimientos avanzados y preparación permanente. Poco sentido tiene a estas alturas entrenar grandes contingentes durante prolongados períodos, si ha cambiado la forma de hacer la guerra y la disuasión tanto en su concepción como en sus medios. Pero el horizonte de la modernización está situado en el mediano y largo plazos. Mientras tanto, consideramos indispensable modificar el actual sistema de conscripción. Concebimos un sistema que incluya a todos los jóvenes de nuestro país que termine con la injusticia actual del servicio militar obligatorio que, como carga pública, rige sólo para los chilenos de escasos recursos, vulnerando seriamente el principio de igualdad ante la ley. No podemos continuar aceptando que en el marco de una obligación haya continuas violaciones a la integridad física y moral de muchos jóvenes que están allí contra su voluntad, y que en este último tiempo se han multiplicado gravemente, varias de ellas con resultado de muerte. Lo que proponemos es un servicio a la patria obligatorio para todos los jóvenes chilenos, que ofrezca dos alternativas: un servicio militar y un servicio cívico, ambos reducidos a seis meses continuos, realizados a partir de los 18 años, con opciones de flexibilización para quienes cursen estudios o deban contribuir a mantener su familia. Lo dicen casi todos los expertos: seis meses de entrenamiento son suficientes para entregar las nociones básicas requeridas en la eventual defensa del país. El servicio cívico ha estado orientado a contribuir a las grandes tareas nacionales: combatir la pobreza, extender la soberanía y participar en un trabajo colectivo, de acuerdo con las capacidades de cada joven. Esta sería una manera eficaz de comprometer solidariamente al conjunto de la juventud chilena con los desafíos patrióticos. Queremos expresar nuestra molestia por el intento del Subsecretario de Guerra, señor Jorge Burgos, de cerrar, sin discusión, un debate sobre temas capitales para nuestra política de defensa nacional. Su actitud contraviene los principios básicos de un régimen político verdaderamente democrático donde se da libre expresión a la pluralidad de opiniones, que conduce a la toma de decisiones democráticas por parte de los órganos políticos representativos del Estado. Insisto: rechazamos categóricamente las conclusiones del informe entregado aquí y hacemos un llamado a acoger en este espacio tan privilegiado de la democracia la necesidad de repensar una política de defensa para los tiempos que corren y de reformar el sistema de conscripción obligatorio por los jóvenes de nuestro país. Al señor Ministro no le debe caber duda de que el PPD, junto a las juventudes políticas de la Concertación, van a poner todo de su parte para dar respuesta, con nuestros exiguos medios, a vuestras inquietudes y así no caeremos en la suerte de la historia o en la nebulosa de las preguntas sin respuestas. Al señor Diputado Karelovic expreso que la mayoría de los Diputados no ha hecho el servicio militar y por ello no vamos a dejar de ser hombres y patriotas, igual que los jóvenes que están en las tribunas. He dicho. Aplausos. El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Señor Diputado, ocupó ocho minutos de su Comité. En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Hamuy. El señor HAMUY.- Señor Presidente, conforme lo dispone nuestra Carta Fundamental, una de las bases de la institucionalidad radica en el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional, en otras palabras, la sobrevivencia de la nación como tal. Tal premisa lleva necesariamente a concluir que la defensa nacional es una función primaria e indelegable del Estado, con preeminencia sobre cualquier otra, toda vez que su ejercicio pretende mantener o alcanzar una condición de paz indispensable para la consecución del bien común. La misma Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República a la vez que impone a cada chileno el deber fundamental de honrar a su país, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. De todo lo anterior arranca el fundamento del servicio militar, carga pública establecida como obligatoria por la Constitución y que busca dotar a las Fuerzas Armadas del necesario contingente humano para el cumplimiento de sus altos fines. Como lo comprueba el acontecer histórico, es posible afirmar que la paz nunca está asegurada y que la necesidad de unas Fuerzas Armadas con verdadera vocación de servicio patrio y con capacidad de disuasión constituye una verdad indiscutible. Esta necesidad no es algo que pueda satisfacerse por la vía de la improvisación o de la preparación en el momento mismo de suscitarse la crisis. Por el contrario, requiere permanencia y credibilidad para que pueda tener un efecto verdaderamente disuasivo o bien permitir al país llegar en buenas condiciones al conflicto. Para determinar qué tipo de Fuerzas Armadas requiere un país como el nuestro, debe atenderse no sólo a la posibilidad de conflicto, siempre latente, sino a la capacidad económica nacional, porque siendo una de las alternativas que más se discute frente a la obligatoriedad del servicio militar en Chile, el llamado servicio de conscripción voluntaria, cabe tener presente que este sistema constituye una carga económica demasiado elevada, por cuanto convierte al servicio en una opción ocupacional más, sujeta a las variantes condiciones del mercado laboral y con negativas repercusiones en el presupuesto operativo de las instituciones armadas. La situación anterior no constituye una opinión favorable a una situación de inamovilidad frente a lo que hoy existe, sino que reafirma la vigencia de un sistema que se aviene más con la realidad nacional, todo ello sin perjuicio de analizar posibles flexibilizaciones o modalidades en el cumplimiento de esta carga. Así, por ejemplo, en el plano teórico podría aparecer como más deseable el sistema de la conscripción voluntaria, ya que da lugar a la formación de soldados profesionales, remunerados en forma adecuada, sistema que, aunque fuera de nuestras posibilidades, sería posible adoptar algunas de sus características e implementar, tal como recomienda la Comisión, la posibilidad de establecer un mecanismo de doble llamado basado en preferir a aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos de aptitud para el servicio, manifiesten, en el acto de inscribirse, su voluntad de hacerlo. En este caso, la obligatoriedad propiamente tal afectaría únicamente a aquellos contingentes necesarios para completar las vacantes, las que serían provistas mediante el proceso de selección vigente. Siempre dentro de las adecuaciones que propone la Comisión, sería recomendable permitir al conscripto manifestar su opinión acerca del lugar geográfico a que se le va a destinar, medida que sin duda contribuiría a morigerar la dureza de la separación militar en edades aún tempranas y, especialmente, a evitar el desarraigo del lugar de origen, algo tan importante de evitar en los tiempos actuales, como forma de combatir el excesivo centralismo, tanto nacional como regional, y el despoblamiento, especialmente en lugares apartados y limítrofes. Otra de las recomendaciones formuladas por la Comisión contempla la posibilidad de evitar el fundamento de una crítica, que si bien no tiene base legal alguna, encuentra cierto asidero en la realidad práctica, como en el carácter discriminatorio que tendría el llamado al servicio y que significaría que cumplieran con esta carga especialmente personas provenientes de estratos campesinos o modestos o de escasos recursos, eximiéndose de ella los miembros de familias de grupos medios o altos, bajo el argumento de la realización de estudios superiores. Parece lógico, para este efecto, el estudio de algún sistema alternativo para el cumplimiento de esta carga por quienes desarrollan estudios superiores, como también analizar el otorgamiento de becas de estudio y especialmente la concertación de convenios de capacitación y perfeccionamiento, como los que tienen las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, mecanismo que permitiría, por una parte, evitar esta discriminación de hecho y, por la otra, permitir la inserción laboral del conscripto una vez licenciado, constituyéndose en un verdadero incentivo para el cumplimiento del servicio. Finalmente, cabe reafirmar nuestro apoyo a la obligatoriedad del servicio militar, por ser el mecanismo que mejor se aviene a nuestra realidad y por ser indispensable para que nuestras Fuerzas Armadas puedan contar con contingente preparado para afrontar cualquier amenaza a la seguridad nacional y para cumplir con sus demás fines, sin perjuicio, como se ha expuesto, de analizar las flexibilizaciones que propone la Comisión de Defensa Nacional para adecuar el cumplimiento de esta carga pública a las actuales circunstancias. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, me asiste la certeza de que el tema que estamos tratando en esta sesión resulta de la mayor importancia, en razón de sus implicancias para el presente y el futuro del país. Por eso, el debate e intercambio de opiniones debe darse en un ambiente donde, por sobre las legítimas consideraciones políticas, prime la objetividad y el realismo. En definitiva, el interés nacional. Ello, porque el servicio militar no es una cuestión de un sector de la sociedad ni de las Fuerzas Armadas en particular; por el contrario, constituye un tema inserto en la política de defensa nacional y como tal es uno de los elementos constitutivos del Estado chileno. La defensa nacional es una responsabilidad que incumbe a toda la sociedad y no sólo a las Fuerzas Armadas, y así está reconocido por nuestra Constitución Política. Los fundamentos de ese mandato constitucional los encontramos en diferentes vertientes: de orden histórico, geopolítico, socioeconómico y de soberanía, que se deben tener presente en todo análisis que se realice, así como también en los conceptos de seguridad y desarrollo, que por sus implicancias y significación son básicos en la sustentabilidad de todo Estado. En efecto, seguridad y desarrollo van unidos y se nutren mutuamente, dado que a cierto grado de desarrollo corresponde un grado determinado de seguridad que, como señalan los especialistas en el tema, abarca no sólo la soberanía, sino al hombre, a la familia, a la sociedad y al desarrollo espiritual y cultural de todo un pueblo. En este contexto de ideas y su relación con la realidad actual, surge otro concepto: el de disuasión. Como elemento vital en el mantenimiento de la paz, para que este concepto sea eficaz debe reunir, a lo menos, dos condiciones: ser creíble, por la clara voluntad de aplicar la fuerza si las circunstancias lo ameritan, y real, al dotarla de un poder militar que obligue al eventual oponente a abandonar la idea de emplear la fuerza armada para alcanzar sus objetivos. Hay quienes ven en esta idea una intencionalidad belicista, pero objetivamente las características sociológicas de nuestro pueblo y la historia nos muestran una nación que en sus relaciones internacionales ha privilegiado siempre los acuerdos, el respeto a los tratados vigentes y la solución pacífica de cualquier controversia antes que la agresión. Somos una nación que cree en la paz porque ha existido coincidencia en civiles y militares que nada favorece más al desarrollo y al crecimiento del país que una paz permanente. Pero esa actitud que Chile ha tenido a través de su vida como nación independiente, contrasta con aquellas sostenidas por otros pueblos que en diferentes épocas han evidenciado actitudes expansionistas o, simplemente, de revancha. Por tal motivo, coincido con quienes consideran la posibilidad de conflicto como una realidad siempre presente y susceptible de surgir. Si no, observemos lo que ocurre en la actualidad, donde a pesar del término de la guerra fría, la participación activa de los organismos internacionales, la integración de las naciones y la globalización económica no han logrado suprimir totalmente los conflictos y las amenazas. La hipótesis del conflicto ha estado siempre presente en la historia de Chile. Por ese motivo, los orígenes del servicio militar obligatorio se funden con el nacimiento de la Patria, y ha sido a través de la evolución institucional del país y lo será en el futuro un pilar fundamental en toda política de defensa que se establezca. El sistema del servicio militar que adopta una nación no es necesariamente similar a otros modelos existentes, por cuanto, para que sea eficaz y cumpla con sus objetivos, debe estar plenamente identificada con las necesidades, características y capacidades de un país. Por esto, tesis como la de un ejército formado sólo por profesionales voluntarios no encuentra asidero en Chile, en razón a nuestra realidad económica. La capacidad de las Fuerzas Armadas, además de sus componentes tecnológicos, equipamiento, organización, entre otros, tiene directa relación con la cantidad y calidad del personal que la conforma. La integración de las filas castrenses puede hacerse a través de sistemas voluntarios profesionales, obligatorios o mixtos siempre, este último, el de mayor empleo en diferentes países del mundo. El sistema mixto aplicado en Chile se conforma con una planta de soldados profesionales y personal proveniente del servicio militar obligatorio, siendo, en consecuencia, el modelo que más favorece la identificación con los grandes ideales y valores aceptados por nuestra sociedad, por cuanto establece el principio de igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos. Nuestro Ejército, por sobre las otras instituciones, necesita contar con un sistema que le permita disponer de una reserva capaz de movilizarse para suplir los reemplazos que sean necesarios ante una situación extrema. Y la forma de generar este contingente preparado es a través del cumplimiento del servicio militar por parte de todos sus ciudadanos. Asimismo, y desde una perspectiva sociológica, es un factor de integración ciudadana ya que contribuye a modificar positivamente la percepción que los ciudadanos tienen sobre la defensa nacional en su conjunto, lo que no se lograría sin su participación activa en el servicio militar, transformándose así en uno de los elementos esenciales de la convivencia. Desde el punto de vista estratégico y operativo, facilita la ejecución de la movilización oportuna de la ciudadanía en períodos de emergencia o de calamidad pública. En el orden económico, en el país se aplica el modelo que produce menores costos y sin duda constituye un eficaz mecanismo de redistribución de las obligaciones de la defensa en todos los ciudadanos. Por otra parte, y tal como lo señala el historiador Gonzalo Vial, este sistema ha resultado ser un elemento clave para alejar de nuestra convivencia el militarismo tan característico en países vecinos. Ello gracias a que el ciudadano soldado transitorio tiene en las filas la oportunidad de conocer la formación, las tradiciones, y los principios de las Fuerzas Armadas. Éste, además, ha resultado ser prácticamente el único contacto permanente con la civilidad. Señor Presidente, son variadas las razones que, en mi concepto, reafirman la validez del servicio militar obligatorio, lo que no significa, por cierto, descartar cualquiera iniciativa tendiente a perfeccionarlo, como de hecho lo ha reconocido el propio Comandante en Jefe del Ejército en el planteamiento realizado durante la clase magistral denominada “El Ejército de Chile, Trayectoria y Futuro”, dictada en 1992, y que, en lo principal, consignaba la necesidad de adecuar la capacidad que se otorga al contingente a los requerimientos actuales del mundo laboral, así como la integración de sectores laborales, estudiantiles, universitarios y profesionales, sin olvidar, por cierto, su objetivo, cual es servir a la patria y unir a su pueblo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su Comité. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Termino la idea, señor Presidente. A partir de esa definición y basado en antecedentes que señalan que el 72,7 por ciento del contingente de reclutas de las Fuerzas Armadas está compuesto por chilenos que han cursado hasta el tercer año de enseñanza media y considerando el cumplimiento del servicio militar como una alternativa concreta que les permite capacitarse y ser posteriormente contratados, así como la posibilidad de implementación de las ideas, de brindarle al joven recluta la oportunidad de elegir la zona geográfica para realizar su servicio y el establecimiento de un régimen de compensaciones, con premios, a sus aptitudes y esfuerzos, que se traduzcan en el otorgamiento de becas de estudio para centros de formación profesional o universitaria, mayor ponderación en la postulación a cargos en la administración pública, a subsidios habitacionales, junto al reconocimiento legal de la capacitación recibida, constituyen sin duda alternativas que pueden ser exploradas y susceptibles de ser aplicadas, conforme a la realidad nacional. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su Comité. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Solicito que el resto de mi discurso sea insertado en la versión oficial. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Así se hará, señor Diputado. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Muchas gracias. He dicho. El resto del texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente: Además, si consideramos que nuestro país se ha desempeñado en la lucha contra la extrema pobreza y requiere de todos los actores de la sociedad para lograr sus objetivos, nuestras Fuerzas Armadas pueden ser un elemento de cooperación importante en esta labor si les entregamos las herramientas necesarias, para que en conformidad a sus objetivos puedan desarrollar programas que beneficien a su vez a los conscriptos de tal forma que estos jóvenes al cumplir con su deber para con la patria y una vez finalizado su servicio militar, les sea reconocido por el Estado la capacitación recibida y de esta forma acceder al mundo laboral con este título profesional. Quisiera hacer presente que en esta discusión no debemos olvidar que la realidad de nuestro país es diversa y compleja, que la vida de la gente de Santiago muchas veces no se relaciona en forma alguna con la vida en regiones, y desde esta perspectiva creo importante mencionar que en recientes encuestas realizadas en la zona centrosur la opinión de la juventud es positiva en su mayoría respecto de este tema, y esto porque el servicio militar es para ellos una alternativa definitivamente positiva. Concluyo señor Presidente, manifestando mi esperanza que a partir de este tema, y del verdadero interés nacional presente en cada colega, podamos en conjunto con el Gobierno elaborar una política de Estado en materia de Defensa, única fórmula para cautelar nuestros principios de soberanía y gestar un verdadero desarrollo nacional. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, desde luego, suscribo plenamente el informe de la Comisión de Defensa sobre esta materia soy uno de sus coautores y la intervención del Ministro, que ha sido realmente clarificadora. En el poco tiempo de que dispongo, quiero señalar que para analizar el tema del servicio militar hay que partir, a mi juicio, de dos presupuestos fundamentales. En primer lugar, el servicio militar, tal como está concebido y opera en la actualidad en el país, es una base esencial de nuestro sistema de defensa, de modo que modificarlo pone en riesgo evidente el sistema de defensa de nuestra soberanía. Nosotros podríamos tender a un sistema de defensa basado, según se ha explicado, en un ejército voluntario ocupacional o en uno profesional. Pero, tal como aquí se ha dicho, no es una realidad al alcance del país, no sólo por razones económicas, porque la cifra de 90 millones de dólares que se ha señalado es ilustrativa, sino porque a ello hay que sumarle todo lo relativo a infraestructura, tecnología, etcétera. Como país, no estamos en condiciones de adoptar un sistema de ejército profesional o voluntario ocupacional, sin perjuicio de que, como muy bien lo explicó el presidente de la Comisión, sea una materia interesante de analizar; pero ésa no es una realidad cercana que podamos asumir en este momento. De modo que lo que sí debemos asumir es que nuestro actual sistema de defensa, cuya base esencial es la conscripción obligatoria, es el que tenemos y que debemos resguardar. Quisiéramos no tener problemas fronterizos con nuestros vecinos, pero nuestra realidad es otra. Como muy bien se ha dicho, la capacidad disuasiva y de respuesta de nuestras Fuerzas Armadas debe estar operativa. Llevamos más de cien años sin guerra, y ello ha sido, precisamente, producto de este sistema de defensa, no de otro. Fue este sistema el que perfectamente operó en las crisis de 1974 y de 1978, de modo que es probado y eficiente. Responsablemente, en la Comisión, hemos debido hacer presente que no es posible entrar en modificaciones sin poner en grave riesgo a todo nuestro sistema de defensa. Ésa es una primera base, un primer elemento que debemos tener en consideración para cualquier modificación que se quiera proponer. La segunda base apunta a la finalidad del servicio militar. Lo digo en relación con la proposición de un servicio alternativo. El servicio militar tiene un objetivo muy determinado, muy preciso, cual es asegurar el contingente que el país necesita, un contingente en presencia y otro en reserva, lo cual nos da las capacidades disuasivas y de respuesta que el país puede necesitar en algún momento. De manera que no se puede pretender cambiar el sistema de servicio militar por servicios sociales, solidarios o alternativos, porque no tienden al propósito del país, cual es el de mantener el contingente en presencia y de reserva, en casos necesarios. En consecuencia, si se quieren introducir cambios y modificaciones, hay que tener en cuenta la naturaleza real y propia del servicio militar. Ahora, me referiré aunque sea en forma muy breve, al carácter obligatorio del servicio militar. También la Comisión ha decidido mantener esta característica, porque no nos parece posible, responsablemente, hacer un cambio en este momento, dada la situación política, económica y de relaciones con nuestros vecinos. En primer lugar, el carácter obligatorio tiene un fundamento ético y constitucional. Es una carga pública, legítima, desde luego; es un deber moral de todos los ciudadanos, es la manera de cumplir con el deber militar. Todos estamos llamados a defender la soberanía del país. Ése es un deber moral, y la forma de cumplirlo es a través del servicio militar. Esto es válido para todos, y desde el momento en que lo es para todos, debe tener carácter obligatorio. Reconozco que ello se ha distorsionado, y a eso me referiré en un minuto más, si me queda tiempo. Tampoco soy partidario de la objeción de conciencia, sin perjuicio de estudiar el punto, porque creo que puede llevarnos a la voluntariedad del servicio. Si cada uno, por su conciencia, puede eximirse, podría terminar con la obligatoriedad del servicio, el que pasaría a ser voluntario, con los problemas que eso acarrearía para la defensa nacional. Con todo, es muy importante tener presente que la Comisión se hizo cargo del tema de la voluntariedad. No lo ha desechado, como una posición a ultranza, sin considerar nada. Todo lo contrario: hemos señalado que puede irse accediendo a la voluntariedad. No me estoy refiriendo al ejército profesional o al sistema voluntario ocupacional, sino a la conscripción voluntaria basada en tres criterios muy interesantes. En primer lugar, el estímulo, la vocación; vale decir, el hecho de que los muchachos sientan el porqué y la necesidad del servicio puede aumentar la voluntariedad para hacerlo. En segundo lugar, la retribución, que debe ser justa. Si uno de cada 4 muchachos hace el servicio, es justo que haya una retribución del país. Aquí hay un segundo elemento que también puede llamar a muchos a que voluntariamente hagan el servicio. En tercer lugar, hemos propuesto la modalidad de un primer llamado completamente voluntario, tomando ciertos resguardos, y luego, un llamado obligatorio. Como muy bien lo expresó el presidente de la Comisión, voluntariedad en este momento, hasta donde sea posible; obligatoriedad, en lo que sea necesario. Aquí hay tres criterios perdonen que los reitere muy interesantes. Si hay retribución y vocación y, además, un primer llamado, vamos caminando hacia la voluntariedad que, a lo mejor, puede ser efectivamente un sistema que mañana rija en el país. En consecuencia, por las razones que he explicado, porque el servicio es base esencial de la defensa y por la finalidad que se le reconoce no es posible, en este momento, hacer ese tipo de cambios. Finalmente, quiero reiterar que la Comisión ha hecho un trabajo de fondo, exhaustivo. Creo que este debate es legítimo. Me parece bien que el país haya entrado en él y que el Congreso, a través de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados haya planteado el tema, por lo que deben respetarse sus conclusiones y valorarse su trabajo. Espero que contemos con la aprobación unánime del informe. He dicho. El señor ESTÉVEZ.- Tiene la palabra el Diputado señor VieraGallo. El señor VIERAGALLO.- Señor Presidente, deseo hacer resaltar la legitimidad e importancia del debate que estamos teniendo en la Cámara de Diputados y en la sociedad. Por eso, no han sido adecuadas algunas expresiones del Comandante en Jefe del Ejército, descalificando a quienes hemos propuesto cambios en el servicio militar obligatorio. Este debate está ocurriendo en muchas naciones del mundo. Tengo en mi mano una revista española que se refiere al debate actualmente en curso en España sobre el servicio militar, a propuesta del Partido Popular; una revista francesa que se refiere a los cambios propuestos por el gobierno del Presidente Chirac para terminar con el servicio militar obligatorio y pasar a un ejército profesional. Es decir, cuando ha cambiado la situación geopolítica del mundo y ha terminado la guerra fría, es indispensable que cada nación determine las fuerzas armadas que necesita, con qué organización y propósitos específicos. Por eso, es muy importante lo que ha hecho el Ministerio de Defensa: convocar a la comunidad que se ocupa del tema a una reflexión amplia entre civiles y militares para lograr establecer y explicitar las nuevas bases de la defensa nacional. En ese contexto debiéramos entender el debate hoy en curso. Sin embargo, hay que reconocer que éste tiene lugar cuando se ha producido un doble fenómeno, que se nota en la discusión en la Cámara. En primer lugar, un cierto cambio cultural que hace que los jóvenes hoy no sólo miren al servicio militar con poco atractivo, sino que lo rechacen. Ello derivado en gran medida de nuestro pasado reciente, de la forma cómo está planificado y organizado y de la percepción de malos tratos que se da a los jóvenes que cumplen con esta obligación. Según una encuesta, un 40 por ciento de jóvenes siente que sufren malos tratos en el servicio militar. En segundo lugar, como lo decía el Diputado señor Silva, porque recientemente ha habido un desencuentro grave entre la institución armada y una parte significativa de la civilidad. Y no podemos hacer abstracción de esa realidad. Por todo esto, pensamos que el informe de la Comisión, si bien refleja una línea de convergencia, debe ser tomado como un primer paso, no como un punto de llegada, hacia una reflexión más profunda sobre el tema del servicio militar. En ese sentido, la premisa básica es señalar que la actual estructura del servicio militar obligatorio no es satisfactoria, no sólo para los jóvenes que la rechazan, sino para la propia institución militar y para los propósitos de defensa que el país necesita. No es satisfactoria porque es obligatoria y no universal; porque es selectiva, pero con criterio de discriminación social en la selección y, sobre todo, porque el tipo de formación que se imparte no es, muchas veces, la que necesita el soldado moderno del siglo XXI que el país requiere. En ese contexto, planteamos dos tipos de cambios. Debe haber un cambio más de fondo cuando el país, luego de un amplio debate, llegue a conclusiones serias sobre las reformas estructurales que las instituciones de la defensa requieren, como está teniendo lugar, por ejemplo, en Francia. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo asignado a su Comité. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, quiero expresar una idea más. Se habla del ejército profesional como un ideal. Tengo muchas dudas al respecto, porque generalmente el ejercito profesional es impulsado por gobiernos más bien conservadores; en cambio, en la visión de las fuerzas progresistas la relación entre el ejército y la ciudadanía ha sido otra. Sin embargo, de ser necesario, hasta eso estamos dispuestos a revisar. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado don Salvador Urrutia. El señor URRUTIA (don Salvador).- Señor Presidente, de lo escuchado aquí y en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados está claro que el problema reside en que el servicio militar obligatorio actual no es aceptado por toda nuestra sociedad y es cuestionado, con razones atendibles, por varios sectores sociales que piden su modificación o, lisa y llanamente, su reemplazo por otra forma de servicio civil. En la Comisión de Defensa, como se desprende del informe entregado por el Diputado señor Ignacio Walker, nos convencimos de que el servicio militar obligatorio hoy no puede ser reemplazado, pues constituye la base de las Fuerzas Armadas chilenas actuales, que basan su capacidad de defensa en la conscripción obligatoria anual. Hacer cambios drásticos en la situación actual debilitaría la defensa y seguridad de Chile, y por ello, debemos optar por cambios graduales en dos frentes que permitan, en primer lugar, corregir los defectos del servicio militar obligatorio y, segundo, avanzar hacia nuevas formas de reclutamiento, tal como ocurre en otros países en que la voluntariedad ha reemplazado a la obligatoriedad. Debemos trabajar en ambos frentes para que la transición no debilite ni siquiera fugazmente la capacidad de defensa de Chile, pues producir esa debilidad atentaría a lo más sagrado de nuestras obligaciones de ciudadanos, que es velar y cuidar el bien común. El tema de la defensa de un país es de tremenda importancia. Las decisiones de hoy pueden afectar a nuestros hijos o nietos, o más lejos aún. Por ello, debemos ser prudentes y responsables al hacer los cambios que se necesitan. Si estamos convencidos de que es necesario introducir cambios, entonces debemos hacerlo en la mejor forma posible. La tarea urgente de hoy es perfeccionar el actual servicio militar obligatorio. Ahí me sumo a todo lo dicho anteriormente: hay que mejorar la información, la difusión, la selección, el servicio mismo, y crear estímulos compensatorios. El doble llamado me parece un tema importantísimo, porque se enlaza con una futura fuerza voluntaria ocupacional. El problema del maltrato creo que merece especial detención por parte del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, porque creo que ahí está un punto vital en la mala imagen que tiene el servicio militar obligatorio en la juventud. Hay que tener presente que las encuestas señalan lo que ya se dijo que un cuarenta por ciento de sensación de maltrato y abuso, el cual proviene fundamentalmente de los estamentos de las clases y no de los oficiales. Al respecto, las Fuerzas Armadas deben tomar acciones urgentes y rápidas que eliminen los maltratos que surgen a ese nivel. Debe crearse una instancia especial que conozca las denuncias de los conscriptos, distintas al superior directo, pues este sistema de reclamar al superior directo muchas veces es el causante del abuso y, naturalmente, no resulta en ninguna parte. Debe instruirse a los conscriptos sobre sus deberes y derechos. La duración es un tema que, naturalmente, debe acortarse, como lo han propuesto varios especialistas. Diez o doce meses, en la actualidad, es suficiente para adquirir las habilidades que requieren nuestros soldados. Tenemos también el tema de la objeción de conciencia que está surgiendo en Chile como en otros países, y hay resoluciones de la Naciones Unidas al respecto. Entonces, debemos evaluarlo y tenerlo en consideración para tomar decisiones que respondan a la inquietud de esos sectores sociales que son enemigos de la violencia en todas sus formas. Es una realidad la existencia de personas que hacen objeción de conciencia para cumplir obligaciones militares, y debemos legislar para compatibilizar esa objeción con el bien común, en que la defensa del país juega un rol básico. Sin duda, avanzar hacia Fuerzas Armadas voluntarias y profesionales es la vía de solución que compatibiliza mejor los intereses en juego. Creo que en Chile, a medida que nos desarrollamos y crecemos económicamente, debemos buscar Fuerzas Armadas voluntario ocupacionales destinando, por ejemplo, mayores fondos para remunerar a los reclutas. Hoy reciben 10.000 pesos por mes, que sufren algunos descuentos. Si pudiéramos subir gradualmente hasta entregar, por ejemplo, 50.000 pesos netos por mes a cada conscripto, aumentaría la voluntariedad y, tal vez, bastaría con el primer llamado a voluntarios para llenar los cupos. Es un camino para avanzar hacia el Ejército del futuro que debe recorrerse a mediano plazo en todos los países desarrollados del mundo, ya que sólo los ejércitos profesionalizados y de alta especialización pueden tener éxito y triunfar en los conflictos del futuro, que hemos tenido. Adelantos en la guerra de Las Malvinas y, sobre todo, en la guerra del Golfo Pérsico, en que enormes ejércitos de conscriptos fueron barridos y aplastados por pequeños ejércitos profesionales altamente tecnologizados que contaban con flujos de información permanente y global. Chile, en el horizonte temporal de las generaciones de hoy, necesitará, en forma permanente, Fuerzas Armadas que garanticen su seguridad y para ello deben estar en permanente modernización que asegure su eficiencia, lo que significa que las viejas estructuras y equipos obsoletos deben ser reemplazados por lo que mejor responda a los nuevos desafíos y si para ello se requiere alta tecnología, profesionalización y equipos humanos especializados, entonces habrá que hacer los cambios y los gastos que se necesitan, en forma equilibrada con el resto de las necesidades ciudadanas, lo que, en el marco de Gobiernos Democráticos, siempre será posible. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, pertenezco a una especie extraña en esta Cámara: soy de los ciudadanos que hizo el servicio militar. En este sentido, mi exposición será más bien testimonial para deducir después algunas conclusiones sobre la base de hacer ciertas comparaciones. En primer término, debo decir que guardo un muy buen recuerdo de mi servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo, igualmente respeto y consideración por todos los oficiales y suboficiales que fueron mis superiores. Sin embargo, es preciso agregar algunas consideraciones importantes para poder deducir algunas conclusiones. Concretamente, señalo algunos hechos. En mi tiempo, cuando hice el servicio militar, doy fe, señor Presidente, de que nunca hubo ningún oficial o suboficial que, directa o indirectamente, hablara de algo que dividiera a los chilenos: ni de política ni de religión ni de cualquiera otra cuestión de carácter ideológico. Tampoco, en mi tiempo, existía ningún alto oficial del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que interviniera activamente en la vida política del país como lo hace actualmente el General Pinochet y, desgraciadamente, otros altos oficiales. Aplausos en las tribunas. El señor AYLWIN (don Andrés).- Tampoco en ese tiempo existía un auditor general del Ejército que, con uniforme, constantemente estuviera participando en la política activa del país en forma apasionada y fanática, lo que indudablemente debilita y perjudica gravemente a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, en ese tiempo tampoco existían, en representación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas, los llamados Senadores designados, que también actúan en la política contingente. En este sentido, recojo las expresiones del colega Ferrada, tan hermosas, llamando a la solidaridad. Pero, extrañamente, las cuatro personas que están en representación de las Fuerzas Armadas en el Senado, votan sistemáticamente contra las expresiones de solidaridad, contra los proyectos laborales, contra los proyectos sociales... Aplausos en tribunas. El señor AYLWIN (don Andrés).- Eso, por supuesto, confunde a la gente, confunde a los jóvenes. Tampoco en mi tiempo existían las fiscalías militares desempeñando sus funciones con el criterio político con que hoy actúan. Naturalmente, es un conjunto de situaciones que van haciendo la diferencia. Existía además algo muy importante: Durante mi servicio militar nunca se nos habló de la posibilidad de que un chileno pudiera ser “enemigo” nuestro. El enemigo potencial fue siempre un extranjero y más que ellos, el extranjero que invadía o pretendía invadir nuestro país. Jamás un chileno o un disidente. Ésta también es una diferencia importante. Todo esto se relaciona íntimamente con la doctrina de la seguridad nacional, que significó tanta muerte, tristeza y sufrimiento en nuestro país, circunstancia de la cual no podemos prescindir, desgraciadamente, durante este debate, porque son situaciones que todavía están presentes, porque en nombre de esa doctrina, conscriptos recibieron órdenes de asesinar, por ejemplo, a modestos campesinos de Paine o Yumbel. En virtud de esa doctrina, también se ordenó a un conscripto asesinar al padre Alsina. Esto debe hacernos reflexionar, porque con toda razón el colega Letelier decía que él no quería que sus hijos pudieran ser golpeados por un sargento. Yo digo algo que considero más importante todavía. Soy mucho más viejo que él y no quiero que ningún nieto o bisnieto mío, ni ningún joven pueda recibir mañana la orden de atentar en contra de un prisionero, de hacer desaparecer a un chileno o ejecutar cualquier acto de fanatismo político, como desgraciadamente sucedió en nuestro país. Aplausos en las tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ruego mantener el orden en las tribunas. Puedo continuar, señor Diputado. El señor AYLWIN (don Andrés).- Quiero tratar con el mayor respeto no quiero arrancar aplausos, lo digo sinceramente un tema que me preocupa muchísimo. Hace muy pocos días estuve en una población fuera de mi distrito. Había 120 agentes pastorales. ¿Qué vi allí y he visto en tantas partes en tantos jóvenes? He visto miedo, he tenido la sensación de que Chile no está curado todavía de la posibilidad de que pudieran volver a suceder esas mismas cosas. Por eso, el debate que hoy tenemos sobre las Fuerzas Armadas, su rol, el servicio militar, no puede estar desvinculado de esta problemática que nos afecta, querámoslo o no, hondamente a todos los que nos ha tocado vivirla durante estos años las traumáticas realidades señaladas. Hago otra diferencia. Cuando hice el servicio militar, jamás hubo un partido político que pretendiera ser vocero de las Fuerzas Armadas. Digo más: en ese tiempo, dentro de los cuarteles, si hubiera habido un partido político, que actuara como supuesto portavoz de los uniformados, lo habrían condenado absolutamente, porque si algo vi que odiaban los militares era justamente a los aduladores, a los que solían calificar en los términos más despectivos. ¿Qué quiero decir con lo que he expresado? Que cuando hice el servicio militar, había la sensación de que el regimiento, el Ejército, las Fuerzas Armadas, nos representaban al conjunto y no a un sector de chilenos. Desgraciadamente, ésa es una situación que hoy no estamos viviendo. Señor Presidente, señor Ministro, lo digo con respeto, porque ésta es una realidad que la debemos analizar todos y sobre la cual debemos reflexionar profundamente. Por eso, así como hice gustoso mi servicio militar cuando me tocó hacerlo, y nunca he dejado de decir, aún en los peores tiempos de la dictadura, que guardo respeto y admiración por lo que me tocó vivir, así también digo que en el actual esquema de situaciones ambiguas, no aclaradas o conflictivas, tendría muchas dudas para optar por la misma opción. Señor Presidente, estas realidades, insisto, hacen necesaria una reflexión muy profunda. Nadie en esta Cámara puede prescindir de un valor fundamental: la seguridad de nuestro país. Todos tenemos que defenderla y no habrá ningún joven que no quiera defender a su país, pero tenemos que conciliar este valor fundamental con estas otras realidades, que he señalado, y naturalmente como las profundas inquietudes planteadas por un importante sector de chilenos y de jóvenes en relación con el servicio militar. Tengo la convicción de que es bueno para todos que volvamos a tener unas Fuerzas Armadas estrictamente profesionales. Chile es una democracia y un país maduro, y no necesita guardianes para defender la institucionalidad, menos aún que se pretenda defender una determinado institucionalidad económica social. Sé, Presidente, que los términos en que he hablado, algunos dirán que he atacado a las Fuerzas Armadas, talvez, incluso, que somos enemigos de los uniformados. Creo todo lo contrario, que nosotros, los de estas bancadas, somos los que verdaderamente respetamos a las Fuerzas Armadas tal como deben ser para que sean representativas de la Patria en su conjunto y si en Chile hay algún enemigo de las Fuerzas Armadas, son aquellas fuerzas políticas de ultraderecha que quieren aprovecharse constantemente de ellas para servir sus intereses políticos, económicos y los grandes poderes financieros de este país. He dicho. Manifestaciones en tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Les recuerdo a los asistentes a tribunas que no están permitidos los gritos ni las manifestaciones. Restan dos minutos y cuarenta y cinco segundos al Comité del Partido Socialista, los que serán usados por el Diputado señor Armando Arancibia. Al Comité Demócrata Cristiano le quedan siete minutos, tiempo en el cual intervendrá el Diputado señor Andrés Palma. A continuación, se votará el proyecto de acuerdo que ha sido distribuido a los señores Diputados. El señor PROKURIÇA.- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PROKURIÇA.- Señor Presidente, usted dice que se votará el proyecto de acuerdo, pero corresponde votar primero el informe. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El proyecto de acuerdo dice relación con la valoración del informe. El señor PROKURIÇA.- Reglamentariamente, corresponde votar primero el informe, y después los proyectos de acuerdo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Voy a consultar con la Mesa a fin de resolver este punto antes de la votación. Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, en este breve tiempo, haré referencia a un aspecto que, dentro de la complejidad y polémica que hoy reviste el servicio militar obligatorio, tiene una dimensión que la Comisión sólo alcanzó a esbozar muy rápidamente. Me refiero a la objeción de conciencia. En nuestra legislación no hay propiamente objeción de conciencia, sino casos de exención o de exclusión establecido en el artículo 17 del decreto ley Nº 2.306 y, por supuesto, en el caso explicable de los hijos descendientes de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero en cuanto a la objeción de conciencia propiamente tal, la Comisión sólo la dejó enunciada como un tema que debe seguir debatiéndose y analizándose. Lo que podría entenderse como un esbozo de objeción de conciencia, es lo que dispone el artículo 113 del reglamento del decreto ley Nº 2.306, al cual no me voy a referir por su extensión, que da la posibilidad de que algunas personas, por razones de religión o por otras situaciones, no sean obligadas a cumplir con este servicio. El problema es que estas causales no han permitido que siempre haya eliminación de esta obligación, con absoluta trasparencia y equidad, como sucede en el caso de la exclusión por razones políticas o sexuales. Por eso, me permito informar a la Corporación, por su intermedio, que los Diputados señores Jaime Naranjo, Exequiel Silva, José Antonio Viera-Gallo, Gabriel Ascencio, Juan Pablo Letelier, Andrés Palma, Salvador Urrutia y quien habla, hemos presentado un proyecto de ley que establece claramente la posibilidad de que en Chile se acoja la objeción de conciencia en el sistema de conscripción vigente, modificando el decreto ley correspondiente. Se trata de generar un cuadro claro, para que la objeción de conciencia se concrete efectivamente por razones filosóficas, humanitarias o ideológicas, con el objeto de que algunas personas puedan ser eximidas de la obligación del servicio militar, pero estableciendo algunos resguardos, como aquí se ha dicho, para que no se transforme en un mero pretexto, por lo que en el proyecto se establece, entre otras cosas, que quienes se acojan a esta causal no podrán portar armas ni formar parte de ninguna institución policial ni de organismos públicos o privados en los que, en el ejercicio de sus funciones, deban usar esos elementos. Esta prohibición será por un lapso determinado, porque las personas no tienen por qué seguir pensando lo mismo diez o veinte años después. Tenemos la convicción de que estamos dando un paso muy positivo al presentar esta iniciativa, porque acogemos el propósito manifestado por el Gobierno de modernizar y flexibilizar el servicio militar. Por lo demás, el representante de la Fach en la Comisión, si bien en principio planteó reservas respecto de esta objeción de conciencia, junto con el general señor Javier Salazar, Director de Movilización, dijeron en una entrevista pública que entendían y aceptaban la posibilidad de que la legislación estableciera esta figura con claridad. Creemos que el proyecto así lo hace. Termino señalando que al presentar este proyecto acogemos un planteamiento difícil de discutir hoy, porque, primero, el deber de servir a la patria y a la defensa nacional no puede ser reducido a portar armas y a prepararse para la guerra, y segundo, en una sociedad democrática es menester compatibilizar las necesidades de defensa nacional y los deberes constitucionales con el respeto a las convicciones morales y religiosas y al pluralismo entre los chilenos. He dicho. Manifestaciones en tribunas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Recuerdo a las personas ubicadas en las tribunas que no pueden realizar manifestaciones. El señor PROKURIÇA.- Dígales que no cumplieron con el acuerdo de no realizar manifestaciones. El señor ERRÁZURIZ.- Amenace con expulsarlos si siguen gritando. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputados Errázuriz y Prokuriça, debo recordarles que fue una delegación de Renovación Nacional la que inició este tipo de manifestaciones, lo que produjo una situación anómala en las tribunas. El señor PROKURIÇA.- Pero cuando ellos gritaron, usted les dijo que habían faltado a un acuerdo, que no podían gritar y que, si persistían en su actitud, serían desalojados. Sin embargo, ahora no ha actuado de la misma manera. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- También he expresado, y lo reitero, que no está permitido hacer manifestaciones en las tribunas. Por lo tanto, son igualmente improcedentes las conductas de la Juventud Demócrata Cristiana y de la Juventud Socialista. Tiene la palabra el Diputado señor Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras expresando el orgullo que me embarga por militar en el mismo partido con personas como Andrés Aylwin y Edmundo Pérez. El testimonio que nos ha entregado don Andrés Aylwin en el día de hoy nos señala la absoluta importancia del debate que estamos teniendo, mientras que la maciza exposición del señor Ministro de Defensa nos muestra que esto no son patrañas. El país necesita una reflexión sobre lo que el señor Ministro ha denominado “la comunidad de defensa”, que debe integrar lo militar y lo civil. El trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, que he integrado por dos años, constituye un aporte a esa reflexión que necesita el país. Sin duda, hemos escuchado, más que propuestas, anuncios muy importantes por parte del Ministro de Defensa. ¡Cómo no va a ser importante que se acoja la propuesta contenida en un proyecto de ley que presentamos hace mucho tiempo los Diputados Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y otros, y solicitada por las juventudes políticas de todo el espectro nacional, la cual se recoge en el informe de la Comisión de Defensa, cual es que haya dos llamados para el servicio militar! Esto constituye un cambio radical en el concepto de lo que es hoy el servicio militar, y hemos tenido la alegría de escuchar, de parte del Ministro de Defensa, que a partir de la próxima conscripción esto será realidad. Son cambios importantes, de los cuales nos alegramos, porque hacen tal como lo señaló el señor Ministro que el servicio militar sea voluntario en la práctica, aunque no esté establecido de esa manera en la ley. Nos complace este anuncio, y nos sucede lo mismo al saber que el Ministerio de Defensa está realizando un estudio sobre la objeción de conciencia y en lo personal me satisface profundamente de que los colegas de la UDI hayan entendido lo que es la objeción de conciencia, como se desprende de la intervención del Diputado Karelovic, que la ha definido con mucha claridad consideramos que este tema debe ser discutido en profundidad, sin caricaturas ni descalificaciones, para que podamos dar una alternativa a quienes sostenemos que no es lícito portar armas, ni siquiera para la defensa personal. Asimismo, valoro el llamado que hizo a la Cámara el Ministro de Defensa para que profundicemos el estudio sobre el tipo de defensa que requiere nuestro país, lo cual debe ser un mandato para la Comisión de Defensa Nacional. No cabe duda de que las preguntas que él nos ha formulado son pertinentes: ¿es posible rediseñar el modelo de las Fuerzas Armadas? ¿Puede asegurarse la presencia que requiere el país sin fuerzas de conscripción obligatoria? Necesitamos evaluar el costo social de ello. Ante su pregunta, opino que las Fuerzas Armadas de hoy difícilmente se pueden adaptar a esa situación y, por lo tanto, requerimos un estudio profundo al respecto. Mi experiencia como parlamentario y mi contacto con los jóvenes, particularmente en mi distrito, me dice que es efectivo que quienes realizan el servicio militar salen contentos, pero también conscientes de que han sido objeto de malos tratos. Esto requiere cambios efectivos. El Ministro nos ha anunciado una política al respecto, pero ella requiere una reflexión más profunda por parte del conjunto del país, pues se basa en el correcto ejercicio del mando militar. Hay buenas razones para que los chilenos tengamos dudas sobre cuál es la doctrina del correcto ejercicio del mando militar que ha habido al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Es parte de la correcta doctrina del ejercicio del mando militar defender a un oficial de Ejército que, faltando a su doctrina y a la ley, enciende el cuerpo de jóvenes que protestan contra un gobierno encabezado por las Fuerzas Armadas? ¿Corresponde al correcto ejercicio del mando militar proteger a un delincuente condenado por el máximo tribunal de justicia por el hecho de haber desempeñado el cargo de general de Ejército? Estos ejemplos no encuadran dentro del correcto ejercicio del mando militar. Por eso, es razonable que muchos chilenos, jóvenes o no, dudemos de las Fuerzas Armadas particularmente del Ejército de Chile, contaminadas por el ejercicio del poder sin contraposición durante 17 años, para ejercer una doctrina y desempeñar un mando de acuerdo con las normas de una sociedad ansiosa de reencontrarse con su tradición democrática. Estamos conscientes de que necesitamos fuerzas armadas, a pesar de que nuestra aspiración es que no las haya y de que, obviamente, una sociedad global más perfecta no las necesita. Sin embargo, mientras las necesitemos, deben estar al servicio del país y de la conciencia del pueblo, cuya expresión es a través de la democracia. Por lo tanto, necesitamos fuerzas armadas sometidas al poder democrático, cuyo ejercicio del mando militar esté subordinado al poder civil. Mientras no exista esa plena subordinación, el ejercicio del mando va a estar cuestionado en su legitimidad. Por ello, es razonable que reflexionemos porque estoy seguro de que aprobaremos el proyecto de acuerdo respecto de la objeción de conciencia sobre los maltratos a los jóvenes reclutas, la necesidad de fuerzas armadas profesionales y la conveniencia de mantener el servicio militar obligatorio, pero dentro del marco del modelo de sociedad que estamos construyendo, que inserta a las fuerzas armadas en el ámbito democrático y subordinadas al poder civil. He dicho. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Ha terminado el tiempo asignado a los diferentes Comités para expresar su opinión. A pesar de estar inscrito, el Diputado señor Maximiano Errázuriz no pudo hacer uso de la palabra. Solicito el asentimiento de la Sala para insertar su intervención. Acordado. La intervención, cuya inserción se acordó, es la siguiente: “Señor Presidente, Honorable Cámara: ¿Qué es el servicio militar y por qué es obligatorio?, ¿por qué se dice que hay violencia en los que hacen su servicio militar?, ¿qué se hace para evitarla?, ¿qué ocurre con el joven que no cumple con la ley de conscripción? Para referirme en esta sesión al tema del servicio militar, voy a dividir mi exposición en cuatro partes: I) Fundamentos del servicio militar obligatorio; II) Las ventajas que ofrecen las instituciones a quienes hacen su servicio militar; III) Las modalidades existentes de aporte de recursos humanos a la defensa nacional, y IV) La flexibilización del sistema vigente. I) Fundamentos y ventajas del servicio militar obligatorio Es necesario tener presente una serie de conceptos para precisar la necesidad de que existan Fuerzas Armadas y un servicio militar obligatorio en el país. a) La paz. Ésta es un estado ideal que busca el hombre en todo momento consigo mismo, en el seno de la familia, en la sociedad y en la relación con otros Estados; b) La seguridad y el desarrollo. Éstos son conceptos inseparables. A cierto grado de desarrollo corresponde un determinado grado de seguridad. Éste abarca no sólo la soberanía sino al hombre, a la familia, a la sociedad y al desarrollo espiritual y cultural de un pueblo. c) La disuasión. La capacidad de disuadir debe ser creíble y real. Creíble, por la clara voluntad política de emplear la fuerza si el caso lo amerita, y real al dotarla de un poder militar que obligue a la mente y voluntad del oponente a abandonar la idea de emplear la fuerza armada para alcanzar sus objetivos, y d) La defensa nacional. Este proceso se inicia durante la paz, período en que interactúan todos los sectores del quehacer nacional. Además, es una responsabilidad del Estado que beneficia a todos quienes componemos el país. Teniendo claro los fundamentos basados en la paz, la seguridad y el desarrollo, la disuasión y la defensa nacional, podemos descubrir al menos cuatro ventajas importantes del servicio militar obligatorio: 1.- Permite contar con una fuerza en presencia, de carácter disuasivo, acorde a las necesidades de la Defensa Nacional y duplicarla en horas, mediante el empleo de las reservas; 2.- Tiene un menor costo para el país que un sistema de soldados permanentes y profesionales del tamaño de los reservistas; 3.- Es un sistema que se adecua a nuestra realidad geoestratégica y a las características y objetivos naturales de nuestros países limítrofes, y 4.- Reafirma valores y principios aportados por la familia, la educación y otros. II) Ventajas que ofrecen las instituciones a quienes hacen su servicio militar Además de los fundamentos y ventajas del servicio militar obligatorio, desde el punto de vista nacional, las instituciones mismas también ofrecen ventajas a quienes hacen su servicio militar. a) Los que trabajan mantienen todos sus derechos y la propiedad del empleo como si continuaran en funciones; b) El que haciendo su servicio militar, proveniente de un acto de servicio, sufra un accidente que lo deje inhabilitado para trabajar, tiene derecho a los beneficios que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; c) Los estudiantes que deben hacer su servicio militar, mantienen su derecho a matrícula y a continuar sus estudios; d) Los soldados, que al momento de acuartelarse se hayan hecho imposiciones, las Fuerzas Armadas continúan pagándole sus imposiciones en las respectivas A.F.P.; e) Tienen atención médica y dental gratuita; f) Continúan sus estudios en forma vespertina; g) Reciben capacitación mediante convenios y en actividades propias de la función militar. Antes de abordar el tercer tema, relativo a las modalidades existentes de aporte de recursos humanos para la defensa, deseo responder a las preguntas que nos hacíamos al comienzo de esta exposición. ¿Qué es el servicio militar? Es la incorporación de un ciudadano a las filas de las Fuerzas Armadas para ser instruido y entrenado como soldado o marinero. Además, es la respuesta técnica que se da el Estado para proveer en cantidad y calidad el recurso humano que requiere el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para cumplir su rol en la Defensa Nacional. ¿Por qué es obligatorio? La obligatoriedad del servicio militar es relativa. La norma legal señala que el joven que en el año cumpla los 18 años de edad, debe concurrir al Cantón de Reclutamiento más cercano a su domicilio a realizar su inscripción en los registros de reclutamiento. Esta situación le permitirá acogerse a las diferentes opciones que determina la ley, como postergarlo o eximirse. Además, es importante señalar que durante el proceso de selección de contingente, los jóvenes que ingresan al servicio militar corresponden sólo al 25 por ciento de los ciudadanos inscritos. ¿Por qué se dice que hay violencia al interior de los cuarteles en los que hacen su servicio militar? Aquí es necesario distinguir entre la rudeza que se genera como parte de la instrucción y del entrenamiento, de la violencia que se genera por conductas de personas que actúan en forma individual y contraviniendo una serie de normas, políticas y disposiciones que para tal efecto las instituciones de las Fuerzas Armadas emiten y reiteran permanentemente. Además, debe entenderse que tanto la instrucción como el entrenamiento que se ejecuta al interior de las Fuerzas Armadas es para lograr combatientes capaces de defender a su patria en buena forma y salvar sus vidas. ¿Qué se hace para evitar la eventual violencia individual de algunos, al margen de la legalidad? Cuando se tiene conocimiento de situaciones anormales de actuaciones de personal uniformado, se adoptan las medidas administrativas correspondientes, conforme lo estipula el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de aplicarse el Código de Justicia Militar cuando hay delito. Además, el personal de soldados de las instituciones recibe al inicio de su servicio militar una acabada instrucción respecto de ambos documentos, los que señalan las instancias de reclamación que existen, como sus deberes y derechos y las faltas y delitos que pueden cometer durante su servicio militar. ¿Qué ocurre con el joven que no cumple con la ley de conscripción militar? En el evento de que el joven no se inscriba, pasa a ser “infractor” a la ley. Si posteriormente se inscribe y no se presenta, queda en calidad de “remiso”. Ambas situaciones implican que será denunciado al Tribunal Militar, el que dictará una sentencia que puede ser: Presidio menor en su grado mínimo. (De 61 días a 540 días). Cumplir el servicio militar hasta por el doble del período de conscripción. Es importante agregar que el no tener la situación militar al día puede implicar que: No podrá postular a un trabajo o ser contratado en empresas estatales y en aquellas privadas que exijan tener su situación militar al día. Se dificulta el trámite de titulación en la universidad o instituto profesional, ya que éstos exigen tener su situación militar al día. La sanción que imponga el Tribunal Militar queda registrada en el certificado de antecedentes que otorga el Registro Civil e Identificación. III) Modalidades existentes de aporte de recursos humanos para la defensa. Los modelos de reclutamiento que se han aplicado en los Ejércitos, permite clasificarlos en cuatro grupos: El Ejército de ciudadanos, denominado con frecuencia “milicias”. Son aquellos en los cuales los derechos de la ciudadanía comparten la obligación de prestar servicio en las Fuerzas Armadas. Este servicio no se limita a un largo período de entrenamiento seguido de un número de años en la reserva. Por el contrario, se extiende por toda la vida activa del ciudadano de manera que éste, día tras día y año tras año, tiene presentes sus obligaciones guerreras. Suiza, Suecia e Israel se incluyen en esta categoría. El sistema de voluntarios ocupacional, que se basa únicamente en los ciudadanos de un Estado que se prestan voluntariamente a pertenecer al Ejército durante un determinado período de tiempo. Éste es el modelo vigente en cuatro de los quince países pertenecientes a la OTAN: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Luxemburgo. El sistema de Servicio Militar Obligatorio, entendido como la selección, por sorteo o por cualquier otro medio, de parte de los hombres en edad militar para la prestación obligatoria de su servicio en las Fuerzas Armadas. El sistema mixto, que combina el reclutamiento obligatorio como eje vertebral del sistema, con un porcentaje de voluntariado profesional vocacional que asegure una respuesta eficaz a tareas o misiones que exijan una mayor complejidad, y que es adoptado por la mayor parte de los Ejércitos europeos y latinoamericanos. En esta clasificación, es necesario aclarar que la categoría de sistemas de Servicio Militar Obligatorio no constituye un tipo puro por cuanto, en la actualidad, debido a la categoría y complejidad de la función defensa, no es posible concebir la existencia de Fuerzas Armadas conformadas sólo con integrantes provenientes del reclutamiento obligatorio sin que exista una planta de profesionales vocacionales que aseguren su continuidad, estructura organizacional, disciplina, jerarquía y especialización, por sólo nombrar algunos de sus requisitos esenciales. Es así que el Estado chileno ha aplicado, a través de su normativa jurídica, el denominado sistema mixto, el cual combina el reclutamiento obligatorio con profesionales voluntarios vocacionales. ¿Qué establece la ley respecto de las exenciones? Hay que distinguir entre los que están exentos, los que pueden postergarlo y los que quedan excluidos. a) Están exentos del deber militar el Presidente de la República, los Ministros de Estado, parlamentarios, embajadores, miembros de las cortes de justicia, intendentes, gobernadores, alcaldes, religiosos y quienes ejerzan cargos que no puedan ser abandonados por razones de interés nacional. b) Pueden postergar su servicio militar, hasta por 12 años considerando como base de conscripción desde los 18 hasta los 30 años de edad quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 1. Ser estudiante de educación superior tales como universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; 2. Ser alumno de tercero a quinto año de enseñanza media que goce de beca “Presidente de la República” (Art. 32 del D.L. y 81 del R.C.), y 3. Hacer uso de beca o acreditar vivir en el extranjero. Esta franquicia debe solicitarse anualmente hasta el 31 de agosto, comenzando en el año de inscripción. c) Quedan excluidos del servicio militar los ciudadanos que padecen de una afección física o psíquica permanente. Esto es aprobado por profesionales médicos de las Fuerzas Armadas, quienes son los únicos autorizados para extender el certificado médico que lo acredite. También quedan excluidos: 1. Los no aptos moralmente, entendiéndose por tales los que posean malas costumbres o vicios que atenten contra la moral, disciplina, convivencia, seguridad y prestigio de las Fuerzas Armadas, y 2. Los que hayan sido condenados a pena aflictiva, esto es, igual o superior a 3 años y un día. IV) Flexibilización del sistema vigente. La Dirección General de Movilización Nacional mantiene en funcionamiento un Comité de Estudio de las iniciativas que se generen en relación al sistema de servicio militar obligatorio, ya sea a proposición de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de personas u organismos civiles, recopilando los planteamientos que se emiten o se entregan para ser evaluados, corregidos u optimizados si las condiciones lo permiten. Este comité durante 1995 estudió temas tales como: a) Implementación de la posibilidad que el joven pueda elegir una determinada zona geográfica para realizar su servicio militar, entendiéndose esta medida como una forma de apoyar la presencia de jóvenes en zonas extremas. b) La creación de incentivos que permitan que el joven que realiza su servicio militar reciba una retribución por parte del Estado por la prestación que él le hace, en beneficio de la seguridad y defensa nacional a la Patria. Es así como se han considerado los siguientes incentivos: 1. Becas de estudio, ya sea para la educación superior, estudios técnicos y la beca Presidente de la República. A este propósito, cabe señalar que la referida idea tiene como finalidad eximir al postulante de cumplir con el requisito de una baja condición socioeconómica, permitiendo que todos los ciudadanos que hubieren cumplido con el servicio militar, independientemente de su realidad económica, puedan acceder a esta beca, dado que se les otorgaría un puntaje adicional o, en su defecto, a igualdad de puntajes crear un tipo de privilegio para quien realizó su servicio militar. 2. Puntaje adicional para el subsidio habitacional, que puede ser endosado a su familia o ser reservado para su posterior utilización. Esta situación implica otorgar una cantidad de puntos adicionales por el simple hecho de haber dedicado un año o más al servicio a la Patria, mediante el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Además, y considerando la edad en que el joven cumple con su servicio militar, sería necesario que ese puntaje adicional pueda acumularse o guardarse, pues lo más probable es que, en el momento de licenciarse, al joven no le interese mayormente la casa propia. También se le debería dar la posibilidad de endosar el referido puntaje a su familia, pues ésta también es la que sufre el impacto de los menores recursos que se empiezan a percibir. Además, constituiría una buena forma de interesar a los padres para que éstos, directamente, incentiven a sus hijos a cumplir con el servicio militar obligatorio. 3. Becas de capacitación para ser entregadas en sus lugares de residencia a los jóvenes de acuerdo a los programas que el SENCE ofrezca. Esta alternativa considera que al reservista se le ofrezca la posibilidad de que, una vez que cumpla con su servicio militar, particularmente en una región extrema, se le asegure el ingreso a un plan de capacitación, incentivándolo en esta forma a priorizar el cumplir con su servicio militar en lugares apartados de su núcleo familiar, pero teniendo como compensación la posterior preparación para ingresar al mundo laboral. Tal situación le conviene no sólo al reservista sino que también al organismo capacitador que, finalmente, se verá favorecido con un número de recursos fijos anualmente. En síntesis, el servicio militar debe ser obligatorio, por las razones expuestas, pudiendo implementarse medidas como las propuestas para flexibilizarlo. Así tendremos un servicio militar moderno y eficiente. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- A continuación, corresponde que la Sala se pronuncie sobre la materia que ha tratado. Un proyecto de acuerdo de un grupo de Diputados implica pronunciarse sobre el trabajo de la Comisión y remitirlo posteriormente al Ministro de Defensa Nacional. Al mismo tiempo, encargarle a la propia Comisión una serie de tareas. Por lo tanto, su aprobación significa un pronunciamiento de la Sala sobre el informe de la Comisión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Si fuera rechazado, se votará el informe de la Comisión sin el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, el acuerdo fue conocer el informe de la Comisión de Defensa, y sobre eso se realizó el debate. Muchos Diputados no tenemos conocimiento del proyecto de acuerdo que menciona su Señoría; no está en nuestros escritorios. Por lo tanto, pido que someta a votación el informe de la Comisión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PÉREZ (don Víctor).- A nuestro juicio, el proyecto de acuerdo debe votarse en la hora que corresponde de la próxima sesión ordinaria. De lo contrario, alteraríamos seriamente el Reglamento de la Corporación. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, debo hacer presente que es tradición que las sesiones especiales culminen con la votación de un proyecto de acuerdo. En consecuencia, el criterio del Diputado señor Víctor Pérez es demasiado estricto en esta oportunidad, a diferencia de lo habitual. En segundo lugar, es absurdo que, en función de alguna referencia reglamentaria, no aprovechemos la posibilidad de discutir al respecto en el futuro. Por lo tanto, no me parece necesario cerrar hoy la discusión en torno al tema. He dicho. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, como dijo el colega Víctor Pérez, el acuerdo fue conocer el informe de la Comisión de Defensa, lo que ya se ha realizado. Normalmente, una vez que se conoce el informe, diferentes parlamentarios, en uso de su derecho, presentan un proyecto de acuerdo para que la Sala se pronuncie sobre la materia. Se ha presentado uno. Si el Diputado señor Víctor Pérez quiere presentar otro para pronunciarse sobre el informe, que lo haga. Yo no estoy de acuerdo con todo su contenido; por eso he concurrido a presentar un proyecto de acuerdo. Entiendo que reglamentariamente corresponde pronunciarse sobre los proyectos de acuerdo presentados a la Mesa, y pido que se cumpla eso. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señores Diputados, el tema es sensible, pero no puede prolongarse el debate e impedirse que se efectúe la próxima sesión. Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, es cierto que las sesiones especiales por lo general terminan en un proyecto de acuerdo, pero ellas son convocadas para tratar un tema específico que no ha sido estudiado por una Comisión, como la que se efectuará esta tarde respecto del Mercosur, que no tendrá informe. Evidentemente, a su término se votará un proyecto de acuerdo. Al menos durante mi tiempo como parlamentario, siempre se ha estudiado el informe de la Comisión y la Sala se ha pronunciado sobre él. Ha sido el procedimiento utilizado. Si además se quieren presentar uno o dos proyectos de acuerdo, me parece correcto. Ellos se debatirán y votarán tal como se hace con todos los proyectos de acuerdo. Pero una cosa no impide la otra. Por otra parte, la frase “valorar el trabajo de la Comisión” es genérica y no engloba lo que ha hecho la Comisión, sobre cuyas proposiciones concretas hay que pronunciarse. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, es evidente que se requiere un pronunciamiento de la Sala respecto del informe, porque puede haber Diputados que no estén de acuerdo con él y podrían convertirse en “cómplice” de lo que una Comisión hizo. Por lo tanto, conforme al Reglamento, procede que someta a votación el informe. El proyecto de acuerdo se votará en la oportunidad que corresponda. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, el Reglamento es poco preciso respecto de las sesiones especiales. Además, es evidente que la Cámara debe pronunciarse sobre el informe de la Comisión. El problema es cómo se pronuncia. Ha sido presentado un proyecto de acuerdo, que es una manera de hacerlo. Puede producir acuerdo o desacuerdo entre los Diputados. Ahora, el orden de la votación debo establecerlo buscando cumplir el Reglamento, en el sentido de que no se pueden tomar acuerdos contradictorios. Por ende, no se puede aprobar una cosa contradictoria con la anterior. El señor LEAY.- No, señor Presidente. No es así. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Estoy obligado y facultado por el artículo 148 de la Corporación para ello. Un conjunto de Diputados se pronuncia de determinada manera sobre el informe de la Comisión a través de un proyecto de acuerdo. Si es aprobado, significa el modo con que la mayoría se ha pronunciado sobre él. Si es rechazado, se votará el informe de la Comisión tal cual está. Ésa es la decisión de la Mesa. Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Consultados los Comités, han acordado votar en primer lugar el informe; y luego, el proyecto de acuerdo. Hemos logrado un consenso. Con buena voluntad todo se puede obtener para el mejor funcionamiento de la Cámara de Diputados. En votación las conclusiones del informe de la Comisión de Defensa. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 12 abstenciones. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado el informe de la Comisión. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Coloma, Correa, Chadwick, Dupré, Errázuriz, Estévez, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, JocelynHolt, Karelovic, Leay, León, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Moreira, Ojeda, Orpis, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Reyes, Sabag, Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), VieraGallo, Walker y Zambrano. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: González, Jeame Barrueto, Latorre, Letelier (don Felipe), Morales, Navarro, Soria, Sota, Tuma y Villegas. Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Elgueta, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Valenzuela y Venegas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Durante la votación: El señor ERRÁZURIZ.- Es contradictorio con lo que se aprobó. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, como informé anteriormente, en consulta con distintos Diputados, entre ellos con su propio Comité, les he solicitado el acuerdo. El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- No sería apropiado; he informado antes a la Sala y hemos procedido de buena fe en el entendido de que se va a votar una cosa primero y la otra después. El señor ORPIS.- Pido la palabra por una cuestión reglamentaria. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo que me aclare la situación reglamentaria, porque tengo entendido que ésta es una sesión ordinaria y, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento, los proyectos de acuerdo se votan dentro del horario previsto para ello, salvo que exista unanimidad en la Sala. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Señor Diputado, con todo gusto le voy a aclarar la situación reglamentaria como yo la percibo. He entendido puedo haberlo hecho mal que la situación se subsanaba votando primero el informe y después el proyecto de acuerdo, como lo sugirió el Diputado señor León. En ese entendido informé a la Sala. Hemos cumplido con la primera parte del acuerdo. Me parecería completamente inapropiado que en la mitad lo rectificáramos. Por tanto, lo he entendido así de buena fe, asumo mi responsabilidad. En votación el proyecto de acuerdo. Es la única manera en que puedo proceder. Varios señores DIPUTADOS.- No lo tenemos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- El proyecto de acuerdo ha sido repartido a todos los señores Diputados presentes en la Sala. El señor Secretario le va a dar lectura. El señor PÉREZ (don Víctor).- Reglamento, señor Presidente. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, siempre he considerado que Su Señoría actúa de buena fe, pero no hay acuerdo para votar el proyecto de acuerdo. Durante la reunión de Comités la Mesa tuvo una postura, pero nosotros hicimos valer nuestra posición, aun cuando no hicimos objeciones. No hay un acuerdo expreso de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo de los Diputados señores Montes, Letelier, don Juan Pablo; Viera-Gallo, Arancibia, señora Allende, señores León, Cornejo, Jara, Ascencio, Navarro, Silva, Soria, Ceroni, Tuma, Valenzuela, Urrutia, don Salvador; Balbontín, Seguel y Villegas. “Considerando: “1. Que la Comisión de Defensa de nuestra Corporación por mandato de esta Sala, ha desarrollado un extenso trabajo de análisis y recopilación de antecedentes relativos al Servicio Militar Obligatorio, el que ha requerido la opinión de diversas instituciones públicas, académicas y políticas. “2. Que el trabajo de dicha Comisión se ha traducido en un informe presentado a esta Cámara, el que junto con relatar los principales aspectos de la investigación realizada, ha arribado a una serie de conclusiones, algunas de las cuales tienen por objeto perfeccionar la normativa vigente sobre la materia. “3. Que las conclusiones de dicho informe recogen un gran número de las proposiciones vertidas en la Comisión, las que también habían sido planteadas a través de diversas mociones parlamentarias, proponiéndose algunas flexibilizaciones al actual sistema de conscripción, a la vez que se incorporan beneficios sociales y educativos a los reclutas. “4. Que, sin embargo de la misma discusión realizada, han surgido diversos aspectos que ameritan un análisis más extenso y pormenorizado. Él debería incluir temáticas como la conveniencia de una eventual modificación del sistema de conscripción en vigencia, el estudio comparado de la institución objeción de conciencia y el perfeccionamiento de instancias y procedimientos que cautelen los derechos de los reclutas. “5. Que la materia ha adquirido en el último tiempo relevancia pública, siendo objeto de interés para la ciudadanía y concitando un creciente interés de los medios de comunicación. “Por lo anterior la Cámara de Diputados acuerda: Valorar el trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, remitir el mismo al Sr. Ministro de Defensa Nacional y encomendarle a la Comisión de Defensa de la Corporación, en un plazo de 120 días, evacuar un nuevo informe que: 1) Estudie lo relativo a la conveniencia de una eventual profesionalización del contingente y el consiguiente tránsito hacia una conscripción voluntaria; 2) Analice la posibilidad de incluir la denominada objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y, 3) Considere el perfeccionamiento de instancias que cautelen eficazmente los derechos de los reclutas. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 2 abstenciones. Aplausos. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, JocelynHolt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Coloma, Correa, Chadwick, Jürgensen, Leay, Martínez (don Rosauro), Melero, Moreira, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça y Vilches. Se abstuvieron los Diputados señores: García (don René Manuel) y Letelier (don Felipe). El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, no hubo oportunidad para hablar a favor o en contra del proyecto de acuerdo como ocurre en forma habitual. Se leyó y se sometió a votación. El señor PALMA (don Andrés).- Estuvimos tres horas hablando del proyecto de acuerdo. El señor ESTÉVEZ (Presidente).- Diputado señor Errázuriz, los proyectos de acuerdo de estas sesiones son debatidos durante toda la sesión. Por eso no se le da el tratamiento indicado por Su Señoría. Como recién va a concluir la sesión, fracasó la citada a las 15.45 para tratar diversos aspectos de las negociaciones comerciales entre Chile y el Mercosur. Por ello me parece que lo más adecuado sería abocarnos al tema en la citada a las 16.15 y, alternativamente, en la de las 16.30. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 15.49 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. DOCUMENTOS DE LA CUENTA. Moción de los Diputados señores Tuma, Arancibia, Aníbal Pérez, Encina, Hernández, Naranjo, Escalona, Tohá, Muñoz y Aguiló. Reduce cargos fijos en los servicios de agua potable y cobros por concepto de alcantarillado en verano. (boletín Nº 1825-03) Considerando: 1º Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19 Nº 8 y 9, garantiza el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la protección de la salud. 2º Que los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado constituyen servicios públicos vitales para la población del país. 3º Que el Poder Ejecutivo ha promovido un proceso de transformación del marco regulatorio del sector de servicios sanitarios, destinado a modernizarlo y garantizar el acceso de toda la población a este vital servicio. 4º Que el sistema de tarifas de este sector sanitario a través del DFL Nº 70 de 1988 establece que para determinar las tarifas, éstas se calcularán separadamente en cada una de las etapas del servicio sanitario, a saber, producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de aguas servidas y disposición de aguas servidas, optimizando el uso de los recursos. De acuerdo al artículo 6º de esta norma, las fórmulas tarifarias deberán incluir cargos fijos periódicos y cargos variables por volumen consumido de agua potable y por volumen descargado de aguas servidas. 5º Que en el Título II del D.S. Nº 453, en su artículo Nº 19, se estipula que los cargos fijos mensuales de agua potable y de recolección de aguas servidas se calcularán sobre la base de arranque equivalente y de unión domiciliaria equivalente, respectivamente. Las recaudaciones por este concepto se destinan para solventar la mantención y reparación de los arranques, uniones domiciliarias y redes públicas de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Con la aplicación de este sistema, los cargos fijos de los servicios sanitarios se cobran a los usuarios en relación al diámetro de arranque de agua potable. 6º Que esta metodología de cálculo de los cargos fijos no considera el consumo real de los usuarios. Ello representa una injusticia con quienes consumen volúmenes relativamente bajos de agua potable, perjudicando principalmente a familias de escasos recursos. Con este procedimiento un gran porcentaje de los clientes deben pagar más por concepto de cargo fijo de agua potable, que por el consumo. 7º Que las empresas sanitarias, durante el período estival, cobran un recargo en el servicio de alcantarillado. En conformidad al artículo 14 del D.S. Nº 453, se establece que el volumen descargado de aguas servidas es igual al volumen consumido de agua potable. Produciéndose de este modo un cobro por un servicio que no se presta, puesto que el mayor consumo de agua potable está destinado, en gran medida, al riego de jardines, prados y pequeños huertos familiares. 8º Que en el proceso de modernización del sector sanitario, es imprescindible incorporar en la metodología del cálculo tarifario elementos de equidad y mayor justicia, eliminando los cobros indebidos y estableciendo un sistema proporcional en el cobro de gastos fijos, de modo que quienes más consumen, realicen un mayor aporte al financiamiento de los gastos fijos de las empresas sanitarias. Por lo anterior, es que los Diputados firmantes venimos en presentar el siguiente Proyecto de Ley: POR EL SIGUIENTE REEMPLAZASE EL ARTÍCULO 7º DEL DFL Nº 70 “Artículo 7°: Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir cargos variables periódicos por volumen consumido de agua potable y por volumen descargado de aguas servidas. El Cargo Fijo sólo incluirá los costos de operación y mantención asociados al cliente. El procedimiento para la determinación del volumen mensual descargado de aguas servidas a considerar corresponderá al que se establezca en el reglamento, el que deberá diferenciarlos para los distintos meses del año calendario. (Fdo.): Armando Arancibia; Eugenio Tuma; Aníbal Pérez; Francisco Encina; Miguel Hernández; Jaime Naranjo; Camilo Escalona; Isidoro Tohá; Pedro Muñoz; Sergio Aguiló.”