REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 325a., EXTRAORDINARIA
Sesión 69a, en martes 4 de mayo de 1993.
(Ordinaria, de 11.00 a 16.05 horas)
Presidencia del señor Hamuy Berr, don Mario.
Presidencia accidental del señor Cerda García, don Eduardo, y de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. 
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


INDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESION
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DIA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
INDICE GENERAL
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I.Asistencia 6268
II.Apertura de la sesión 6270
III.Actas: 6270
IV.Cuenta 6270
1.Participación del Presidente de la República en el proceso legislativo. Alcance sobre un documento de la Cuenta 6270
2.Solidaridad con municipalidades y poblaciones de las comunas de
Santiago Oriente afectadas por aluvión  6271
3.Envío a Comisión de Educación de modificaciones del Senado a
proyecto sobre fomento del libro y la lectura 6272
4.Acuerdos de los Comités parlamentarios 6272
V.Orden del Día
5.Plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi.
Primer trámite constitucional 6273
6.Normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del
Estado. Primer trámite constitucional 6298
VI.Proyectos de acuerdo.
7.Solidaridad con República del Paraguay ante próxima celebración
de elecciones presidenciales 6321
8.Adopción de medidas para solucionar problemas derivados de
Inundaciones 6323
9.Declaración de zona de catástrofe a regiones Metropolitana, Quinta
y Sexta 6326
VII.Incidentes.
10.Incorporación de matronas en proyecto sobre personal de los servicios de urgencia. Oficio 6330
11.Plaga en el cultivo de la papa en la Sexta Región 6330
12.Ayuda en caso de catástrofes 6331
13.Día Internacional del Trabajo. Oficio 6331
14.Recursos para mantención de obras públicas. Oficio 6332
15.Informes de medidas adoptadas para enfrentar aluvión en regiones
Metropolitana y Sexta. Oficios 6333
16.Creación de comunas en la Octava Región. Oficios 6334
17.Profundización de canales de la Región Metropolitana. Oficios 6334
18.Modificación del Código de Aguas 6334
19.Reposición de canal en Conchalí (Región Metropolitana) 6335
20.Licitación o arrendamiento de ramal ferroviario de Talca a Constitución. Oficio 6335 
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21.Contaminación en comuna de Puchuncaví (Quinta Región). Oficio 6337
22.Pensiones de gracia para pintores María Mujica Asenjo y Ricardo
Anwandter von Salís Soglio. Oficios 6338
23.Excedentes presupuestarios del sector público. Oficios 6339
24.Homenaje a oficial de Carabineros Víctor Rivas, herido en acto de
servicio en la ciudad de Los Andes 6340
25. Situación de los olivicultores de Huasco. Oficio 6342
26. Réplica a intervención de señor Diputado 6342
27.Daños por aluvión en comuna de San José de Maipo, Provincia
Cordillera. Oficios   6343
VIII.Documentos de la Cuenta.
.1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que formula algunas consideraciones acerca del proyecto de ley sobre modificaciones a las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile (boletín N9 64702) 6345
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que presenta indicaciones acerca del proyecto de ley sobre modificaciones a las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile (boletín N9 64702) 6357
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita que se declare la inadmisibilidad de las indicaciones al proyecto que otorga beneficios a los profesionales regidos por la ley N 15.076, mejorando sus remuneraciones y otorgándoles un descanso compensatorio adicional al feriado legal (boletín N9 92611) 6357
4.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que formula indicaciones al proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley NQ 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (boletín N9 26807) 6359
Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de "suma", para el despacho de los siguientes proyectos:
5.El que otorga beneficios a los profesionales que indica, regidos por la ley N9 15.076 (boletín N9 92611) 6360
6.El que otorga al personal de los servicios de urgencia de salud que indica, los beneficios que señala (boletín N9 95611) 6360
7.Fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín NQ 93915) 6360
8.Establece normas sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (boletín N9 69606) 6361
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los que hace presentes las urgencias, con calificación de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos:
9.El que modifica la ley Ne 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (boletín N9 26807) 6361 
N943207) 6362
11.El que sustituye las plantas de personal de las subsecretarías dependientes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Junta de Aeronáutica Civil (boletín NQ 90815) 6362
Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos:
12.El que modifica la ley N916.643, sobre abusos de publicidad (boletín N9 88107).6362
13.El que modifica la ley N9 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir (boletín N9 85109) 6363
14.El que dispone el pago de un derecho por el uso de las vías urbanas afectas a congestión vehicular (boletín N9 43315) 6363 Alberto Hurtado Cruchaga S.J. (boletín N9 76804) 6364
16.Dispone erigir dos monumentos, en las ciudades de Santiago y de
Chillán, en memoria de Claudio Arrau León (boletín N9 38704) 6364
17.Dispone erigir un monumento en la ciudad de Calama, en memoria
de Radomiro Tomic Romero (boletín N9 61504) 6364
18.Hace extensivo a Puerto Williams los beneficios establecidos en el artículo 36 del decreto ley N9 825, de 1974 (boletín N9 90605) 6365
19.Acuerdo relativo al Convenio sobre el ejercicio de actividades remuneradas por parte de los dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico, celebrado con Costa Rica el 6 de marzo del992 (boletín N9 88010) 6365
Oficios del Senado, por los cuales comunica haber dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta, formada para resolver las divergencias producidas entre ambas Cámaras, durante la tramitación de los siguientes proyectos:
20.Modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, en lo
relativo a la notificación de las sentencias judiciales (boletín N9 62407) 6365
21.Crea un Fondo para la capacitación y formación sindical (boletín
N9 60613) 6366
22.Oficio del Senado, por el cual comunica haber dado su aprobación,
en primer trámite constitucional, al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio básico de cooperación científica y tecnológica suscrito entre el Gobierno de Chile y el de Estados Unidos de América
(boletín N9 81610) 6366
Oficios del Senado, mediante los cuales comunica haber dado su 
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aprobación, en segundo trámite constitucional, con modificaciones, a los siguientes proyectos:
23.Crea la planta de técnicos en el Servicio de Impuestos Internos (boletín N2 67003) 6375
27.Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto
de ley que establece un Estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín N2 59811) 6375
28.Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece un estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín N2 59811) 6409
29.Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, recaído en el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de la República (boletín N2 70207) 6414
30.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (boletín N2 69606) 6425
31.Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (boletín N2 69606) 6463
32.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley
que establece normas sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (boletín N2 69606) 6511
33.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley que fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 93915) 6514
34.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley
que fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 93915) 6527
35.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto que transforma el Instituto Profesional de Osorno en universidad (boletín N2 93004). 6530
36.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que
transforma el Instituto Profesional de Osorno en universidad (boletín N2 93004): 6539 
37.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que
transforma el Instituto Profesional de Santiago en universidad (boletín N2 84904).
38.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto que transforma el Instituto Profesional de Santiago en universidad (boletín N2 84904)
39.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, constituida en Comisión Investigadora del cumplimiento del convenio y sus acuerdos y consecuencias posteriores entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral "ESO"
40.Moción de los Diputados señores Mario Palestra y Víctor Barrueto,
con la cual inician un proyecto de ley que establece un mecanismo de recaudación de propina para los garzones (boletín N2 97513)


IX.- Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicaciones:
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por la que solicita al señor Presidente de la Corporación extender invitación formal al Parlamento de Canadá para que una delegación de cinco parlamentarios canadienses visite nuestro país.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana mediante la cual señala su aprobación para que la Diputada señora María Maluenda, Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, concurra a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrando la delegación de Chile.
De los Diputados señores Guillermo Yunge, Luis Leblanc, Carlos Dupré, Felipe Valenzuela, Ramón Pérez, Patricio Melero, Camilo Escalona y José Antonio Viera-Gallo, por la que solicitan permiso constitucional para ausentarse del país, por más de 30 días, a contar del 2 de mayo 1993, los que fueron otorgados en virtud de autorización concedida a la Presidencia en sesión del 6 de junio de 1991.
Del Diputado señor Camilo Escalona, por la cual adhiere al proyecto de ley, originado en moción, que regula la libertad de culto en Chile (boletín N2 76007)
De los Diputados señores Julio Rojos, José Miguel Ortiz, Edmundo Villouta, Víctor Reyes y Diputada señora Eliana Caraball, por la que adhieren al proyecto de ley, originado en moción, que agrega una disposición trigesimaquinta transitoria a la Constitución Política de la República de Chile (boletín N2 96707). 
Del Diputado señor Edmundo Villouta, mediante la cual adhiere al proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley N2 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional (boletín N2 96807)
2.Oficios:
De la Excma. Corte Suprema, por el que remite opinión que le fuera solicitada en relación con el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal, en materia del delito de estafa y restitución de las especies sustraídas o defraudadas (boletín N2 90307).
De la Contraloría General de la República, por el cual responde el que se le enviara en nombre de los Diputados señores Carlos Cantero, Antonio Horvath y Felipe Valenzuela, referidos a ayuda para los damnificados del aluvión que afectó a la ciudad de Antofagasta en junio de 1991.
Del Ministerio del Interior, mediante los cuales responde los que se dirigieran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Jorge Morales, factibilidad de construcción de servicios higiénicos en Caleta Central de Pescadores de Coquimbo y posibles irregularidades ocurridas en el traslado dispuesto por el Alcalde de la Municipalidad de Combarbalá, Cuarta Región, de profesionales de la educación.
Del Diputado señor Jaime Orpis, medidas para exterminar plagas de garrapatas en la Unidad Vecinal N2 16, de La Granja.
Del Diputado señor Octavio Jara, instalación de juzgado de policía local de Santa Bárbara.
De los Diputados señores Víctor Pérez y Francisco Bayo, requerimiento de solución definitiva de los déficit de educación y salud municipal.
De los Diputados señores Hernán Rojo, Juan Concha, Hernán Bosselin, Mario Acuña, Andrés Palma, Gustavo Cardemil, Jorge Molina, Felipe Valenzuela, Isidoro Tohá, Gustavo Alessandri, Cristian Leay y los Comités parlamentarios de Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, sobre funcionarios de planta, a contrata y a honorarios de las municipalidades de la Región Metropolitana y concejales de otros municipios que prestan servicios en reparticiones de la Administración Pública.
Del Diputado señor José Antonio Galilea, entrega a los habitantes de la población "Gabriela Mistral" de los terrenos en que se encuentran construidas dichas viviendas para regularizar títulos de dominio de las familias afectadas.
Del Diputado señor Juan Martínez, mejoramiento de infraestructura de Liceo Comercial B43, de Coronel.
Del Diputado señor Teodoro Ribera, instalación de electrificación rural en sector de Catrianche, Nueva Imperial; cantidad
de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios existentes hasta el 26 de septiembre de 1992 en diferentes municipalidades del país.
De los Diputados señores Baldo Prokurica, José Pedro Guzmán, José García, Jorge Ulloa, Antonio Horvath, Claudio Rodríguez, Hernán Rojo, Edmundo Villouta, Ramón Pérez, Roberto Muñoz y las Diputadas señoras Marina Prochelle y María Angélica Cristi, difusión del decreto N2 466.
A nombre de la Corporación, aplicación del decreto NQ 466.
Del Diputado señor Carlos Montes, ordenanzas sobre ferias libres de las municipalidades de Providencia, Las Condes, San Ramón, Cerro Navia, La Serena y Maipú.
Del Diputado señor Carlos Recondo, recursos complementarios a las municipalidades del país por servicios traspasados.
Del Diputado señor José Miguel Ortiz, creación de comunas en provincia de Concepción.
Del Diputado señor José García, cuentas de agua potable de los habitantes de la Villa Austral de Temuco.
Del Diputado señor Juan Masferrer, programa especial de cesantía, comuna de Andacollo, Cuarta Región.
Del Diputado señor René García, modernización del Servicio de Registro Civil e Identificación en Oficina de Villarrica, Novena Región.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores, por los cuales responde los que se le dirigieran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Antonio Horvath, publicación en Buenos Aires sobre su desempeño parlamentario.
Del Diputado señor Rodolfo Seguel, situación de recluido chileno en Argentina.
Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante los que responde los que se le enviaran en nombre de los ¡Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Antonio Horvath, acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea y Argentina
Del Diputado señor Jorge Ulloa, ayuda a armadores y pescadores afectados por el siniestro del puerto de San Vicente.
Del Ministerio de Educación, por los que responde los que se le enviaron en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
De los Diputados señores José García y Mario Acuña, fondo de recursos complementarios de la ley N° 19.070.
Del Diputado señor José Antonio Galilea, asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.
Del Ministerio de Justicia, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del señor Hugo Alamos, aplicación de ordenanza NQ 355 de la Subsecretaría de Justicia.
Del Ministerio de Defensa Nacional, por los cuales responde los 
que se le dirigieran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Ramón Pérez, implementación del complejo deportivo de la ciudad de Iquique.
Del Diputado señor Jorge Ulloa, concesiones marítimas otorgadas en el borde costero de la bahía de Coronel.
Del Ministerio de Obras Públicas, por el que responde el que se le enviara en nombre de los Diputados señores Mario Acuña y René García, sobre obras en Lago Villarrica.
Del Ministerio de Agricultura, mediante los cuales responde los que se le enviaran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
De los Diputados señores José García, José Antonio Galilea, Jorge Ulloa, José Pedro Guzmán, Mario Acuña, Baldo Prokurica, Juan Carlos Latorre, Jaime Naranjo, Isidoro Tohá, Roberto Muñoz, Claudio Rodríguez, Jorge Pizarra y Diputada señora Marina Prochelle, sobre crisis de la agricultura tradicional.
Del Diputado señor Baldo Prokurica, condonación de deudas contraídas con Indap por pequeños agricultores de Alto del Carmen, Tercera Región.
Del Ministerio de Salud, mediante los cuales responde los que se le dirigieran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Antonio Horvath, para elevar al rango de consultorio médico la posta de salud recientemente inaugurada en las cercanías de la zona de Laguna del Desierto, y la ubicada en la localidad de La Junta.
Del Diputado señor Jaime Orpis, necesidad de construcción de nuevo consultorio en comuna de La Granja.
De los Diputados señores Gustavo Cardemil y Raúl Urrutia, información referente al Santuario Parque Cementerio de Los Pensamientos ubicado en comuna de Viña del Mar, Quinta Región.
Del Diputado señor Claudio Rodríguez, estadísticas referentes a casos de Sida pesquisados por el Servido de Salud San FelipeLos Andes.
Del Diputado señor Jaime Naranjo, destrucción del antiguo cementerio de la Colonia Dignidad.
Del Ministerio de Minería, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Pizarra, relativo a fundición de cobre en el norte chico.
Del Ministerio de la Vivienda, por el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre la pavimentación y acceso a calles de la comuna de Puerto Montt.
Del Ministerio de Transportes, mediante el que responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Arturo Longton, referente a supuestas irregularidades en agencia de Correos de Valparaíso.
Del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, mediante los cuales responde los que se le enviaran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala:
Del Diputado señor Antonio Horvath, trámite de urgencia para moción parlamentaria.
Del Diputado señor Arturo Longton, inclusión en convocatoria de legislatura extraordinaria de sesiones de moción parlamentaria.
A nombre de la Corporación, situaciones vinculadas con construcciones de viviendas sociales.
Del señor Director del Servicio Electoral, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre de los Diputados señores René García y Juan Enrique Taladriz, relativo a la creación de juntas inscriptoras en localidades de la Novena y la Décima Regiones.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por el que responde el que se le enviara en nombre de la Diputada señora María Maluenda, relativo a irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte del ex Director de la Dina.
Del Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, por el que responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Hernán Rojo, relativo a proyectos de pavimentación de esa municipalidad.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Retomo, mediante el cual responde la inquietud formulada por el Diputado señor Jorge Schaulsohn, con motivo de la discusión del proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retomo y modifica diversas disposiciones legales complementarias (boletín Ne 89107). 


I.ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados: (98)
--Acuña Cisternas, Mario 
--Alamos Vázquez, Hugo 
--Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro 
--Arancibia Calderón, Armando 
--Araya De la Cruz, Nicanor 
--Aylwin Azocar, Andrés 
--Bartolucci Johnston, Francisco 
--Bayo Veloso, Francisco 
--Bombal Otaegui, Carlos 
--Bosselin Correa, Hernán 
--Caminondo Sáez, Carlos 
--Campos Quiroga, Jaime 
--Cantero Ojeda, Carlos 
--Caraball Martínez, Eliana 
--Cardemil Alfaro, Gustavo 
--Carrasco Muñoz, Baldemar 
--Cerda García, Eduardo 
--Coloma Correa, Juan Antonio 
--Concha Urbina, Juan 
--Cornejo González, Aldo 
--Devaud Ojeda, Mario 
--Elgueta Barrientes, Sergio 
--Elizalde Hevia, Ramón 
--Espina Otero, Alberto 
--Estévez Valencia, Jaime 
--Fantuzzi Hernández, Angel 
--Faulbaum Mayorga, Dionisio 
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio 
--García García, René 
--García Ruminot, José 
--Guzmán Alvarez, Pedro 
--Hamuy Berr, Mario 
--Horvath Kiss, Antonio 
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco 
--Huepe García, Claudio 
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María 
--Jara Catalán, Sergio 
--Jara Wolff, Octavio 
--Jeame Barrueto, Víctor 
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio 
--Kuzmicic Calderón, Vladislav 
--Latorre Carmona, Juan Carlos 
--Leay Morán, Cristian 
--Letelier Morel, Juan Pablo 
--Longton Guerrero, Arturo 
--Longueira Montes, Pablo 
--Maluenda Campos, María 
--Manterola Urzúa, Martín 
--Martínez Ocamica, Gutenberg 
--Martínez Sepúlveda, Juan 
--Masferrer Pellizzari, Juan 
--Matta Aragay, Manuel Antonio 
--Matthei Fomet, Evelyn 
--Mekis Martínez, Federico 
--Molina Valdivieso, Jorge 
--Morales Adriasola, Jorge 
--Munízaga Rodríguez, Eugenio 
--Muñoz D’Albora, Adriana 
--Naranjo Ortiz, Jaime 
--Navarrete Carvacho, Luis 
--Ojeda Uribe, Sergio 
--Orpis Bouchon, Jaime 
--Ortega Riquelme, Eugenio 
--Ortiz Novoa, José Miguel 
--Palma Irarrázaval, Joaquín 
--Peña Meza, José 
--Pérez Muñoz, Juan Alberto 
--Pérez Varela, Víctor 
--Pizarro Mackay, Sergio 
--Pizarro Soto, Jorge 
--Prokurica Prokurica, Baldo 
--Ramírez Vergara, Gustavo 
--Rebolledo González, Víctor 
--Recondo Lavanderos, Carlos 
--Reyes Al varado, Víctor 
--Ribera Neumann, Teodoro 
--Ringeling Hunger, Federico 
--Rocha Manrique, Jaime 
--Rodríguez Cataldo, Claudio 
--Rodríguez Del Río, Alfonso 
--Rodríguez Guerrero, Hugo 
--Rojos Astorga, Julio 
--Sabag Castillo, Hosain 
--Salas De la Fuente, Edmundo 
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Seguel Molina, Rodolfo 
--Smok Ubeda, Carlos 
--Sota Barros, Vicente 
--Sotomayor Mardones, Andrés 
--Taladriz García, Enrique 
--Tohá González, Isidoro 
--Ulloa Aguillón, Jorge 
--Urrutia Avila, Raúl 
--Valcarce Medina, Carlos 
--Velasco De la Cerda, Sergio 
--Vilches Guzmán, Carlos 
--Villouta Concha, Edmundo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los siguientes señores Diputados: Carlos Dupré Silva, Camilo Escalona Medina, Luis Leblanc Valenzuela, Patricio Melero Abaroa, Andrés Palma Irarrázaval, Ramón Pérez Opazo, Hernán Rojo Avendaño, Felipe Valenzuela Herrera, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Guillermo Yunge Bustamante.
Asistieron, además, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor René Cortázar, y el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Germán Molina.


II.APERTURA DE LA SESION

Se abrió la sesión a las 11.00.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III.ACTAS

El acta de la sesión 66a se declara aprobada.
Las actas de las sesiones 67y 68a quedan a disposición de los señores Diputados.


IV.CUENTA

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Terminada la lectura de la Cuenta.


1.PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL PROCESO LEGISLATIVO. ALCANCE SOBRE UN DOCUMENTO DE LA CUENTA.

El señor RIBERA.- Pido la palabra sobre un punto de la Cuenta.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIBERA.- Señor Presidente, en la primera página se da cuenta de un oficio del Presidente de la República, mediante el cual solicita que se declaren inadmisibles algunas indicaciones a un proyecto que otorga beneficios a los profesionales regidos por la ley N° 15.076.
Dado que nos encontramos en el campo del derecho público, la participación del Presidente de la República en el proceso legislativo está expresa y taxativamente establecida en las leyes, y ésta se circunscribe sólo y exclusivamente al mensaje, a la presentación de indicaciones, a ejercer su derecho a veto, a la promulgación y a la publicación.
Sin embargo, desconozco la disposición legal que autoriza al Presidente de la República para hacer presente a esta Cámara la inadmisibilidad de algunas indicaciones presentadas por los señores parlamentarios, aun cuando me imagino que quizás lo puede hacer sobre su derecho de petición general.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Es facultad del Presidente de la República como colegislador.
El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, lo planteado por el Diputado señor Rivera es absolutamente correcto. No hay ninguna atribución, en su rol de colegislador expresamente definida en la Constitución, para que el Presidente de la República pueda declarar o solicitar la admisibilidad o inadmisibilidad de una moción parlamentaria. La inadmisibilidad de las indicaciones es una facultad del Presidente de la Cámara o de las Comisiones respectivas, y, en último término, si se admite a tramitación una indicación inadmisible en un proyecto sujeto a la revisión del Tribunal Constitucional, será éste el órgano llamado a determinar que, efectivamente, ha sido despachada una ley en forma contraria a la Constitución. El Presidente de la República no tiene facultades para ello y, a mi juicio, se excede al formular este tipo de observaciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ha hecho uso del derecho de petición, que procede correctamente.
Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.
El señor RIBERA.- Señor Presidente, con el fin de resguardar plenamente nuestra competencia en materia legislativa, sería conveniente dejar en claro que el Presidente de la República no inviste la calidad de Jefe del Estado cuando envía estas sugerencias, sino que lo hace como simple ciudadano. Presumo, por las expresiones de Su Señoría, que los otros 12 ó 14 millones de chilenos también podrían hacer las mismas observaciones a esta Cámara.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Se dejará constancia.


2.SOLIDARIDAD CON MUNICIPALIDADES Y POBLACIONES DE LAS COMUNAS DE SANTIAGO ORIENTE AFECTADAS POR ALUVION.

El señor SOTA.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTA.- Señor Presidente, el país ha sido conmovido por el aluvión que ayer arrasó con las poblaciones de Santiago Oriente. Hay numerosas víctimas y miles de personas han quedado sin hogar en La Florida, Macul, Peñalolén y en comunas adyacentes.
Por eso pido que esta Cámara envíe una comunicación de condolencias, de solidaridad y de afecto a las municipalidades de todas las comunas afectadas, y que también se exprese nuestra sentida adhesión a los colegas Diputados representantes de los distritos que forman parte de esas comunas.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se enviará en nombre de la Cámara.
Acordado.
El señor URRUTIA.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRUTIA Señor Presidente, en relación con lo que señalaba el Honorable Diputado señor Vicente Sota, y a petición de los Diputados señora María Angélica Cristi y don Gustavo Alessandri, quisiera recabar de la Sala la posibilidad de aprobar un proyecto de acuerdo que tendríamos que redactar, para solicitar que, de conformidad con la Constitución Política, se declare "zona de catástrofe" toda la zona afectada por el aluvión, y se vea la posibilidad de que se destinen fondos del dos por ciento constitucional para estos efectos.
En consecuencia, señor Presidente, solicitaría la unanimidad de la Sala para presentar este proyecto de acuerdo, el que redactaríamos en conjunto todas las bancadas.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Señor Diputado, la Mesa solicitará dicho acuerdo cuando tratemos los proyectos de acuerdo. 


3.ENVIO A COMISION DE EDUCACION MODIFICACIONES DEL SENADO A PROYECTO SOBRE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Solicito el acuerdo de la Sala para enviar a la Comisión de Educación, hasta el martes 11 del presente, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre fomento del libro y la lectura.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.


4.ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos adoptados por los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del Esputado señor Hamuy, adoptaron los siguientes acuerdos:
"1a.- Otorgar un tiempo de hasta 15 minutos por bancada, prorrogable si fuere necesario, para despachar totalmente, en general y en particular, el proyecto de ley, calificado de "suma urgencia", que fija las plantas del personal de la Empresa Portuaria de Chile.
"2a. Despachar en general, en la presente sesión, otorgándose también un tiempo de hasta 15 minutos por bancada y prorrogable si fuera el caso, al proyecto que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Hecho esto, se enviará a segundo informe a Comisiones unidas de Gobierno Interior y de Trabajo hasta el martes 11 del actual.
"3aOcuparse, en primer lugar del
Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles 5 de mayo, hasta su total despacho, del proyecto sobre Estatuto de atención primaria de salud municipal.
"4a Despachar en particular, en la sesión del jueves 6 del presente, el proyecto que modifica el Código Civil en lo tocante a régimen patrimonial del matrimonio.
En todas las sesiones anteriores se prorrogará el Orden del Día, si fuere necesario."
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se ratificarán los acuerdos de los Comités.
El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en respaldar los acuerdos adoptados por los Comités, pero hay otros proyectos que interesan al país y a muchos parlamentarios y que no aparecen en la Tabla entre ellos la modificación a la ley sobre abusos de publicidad que, entre otras cosas, traspasa la competencia de los tribunales militares a los ordinarios, por delitos cometidos por periodistas en el ejercicio de sus funciones, y restringe la facultad de éstos de prohibir informar por medios de comunicación respecto de los juicios de que conocen.
En consecuencia, solicito que dada su urgencia, coloque ese proyecto en la Tabla de esta semana; de lo contrario, de conformidad con los acuerdos de los Comités, no se tratará.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- El proyecto sobre abusos de publicidad reglamentariamente está incluido en la Tabla de mañana.
El señor SCHAULSOHN.- Gracias, señor Presidente.
El señor HAMUY (Presidente en ejercido).- Si le parece a la Sala, se ratificarán los acuerdos de los Comités.
Acordado.


V.ORDEN DEL DIA


5.PLANTAS DE PERSONAL DE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE, EMPORCHI. Primer trámite constitucional.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija las plantas del personal de la Empresa Portuaria de Chile.
Diputados informantes de las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, son los señores Ortiz y Huepe, respectivamente.
El proyecto está impreso en el boletín N9 93915 y figura en el número 7 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69*, celebrada él 4 de mayo de 1993.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ha tenido a bien designarme Diputado informante del proyecto que fija las plantas del personal de la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi.
Antes de analizar su presupuesto y articulado, permítaseme hacer algunas breves consideraciones generales sobre el sector portuario.
Chile tiene, a Dios gradas, tina larga y extensa geografía, enmarcada señorialmente por un mar que nos provee de su riqueza, la que a través de sus numerosos puertos nos proporciona múltiples sitios de entrada y salida para los productos y maquinarias necesarias para el acelerado desarrollo del país. Desde estos puntos de embarque salen hada todo el mundo los frutos, los productos, la savia enriquecedoras de nuestro suelo: el salitre y el cobre del norte; la madera del sur que, marcada por el esfuerzo de sus hombres, irá esparciéndose como una bandera chilena por todos los continentes.
Esta es nuestra realidad histórica. No somos sólo un país minero; la uva, las manzanas, el alerce, el coigüe, el hierro, la tecnología, los mariscos no son nuestra única riqueza. De nada valdría todo nuestro auge económico y desarrollo si no tuviéramos la posibilidad que nos brinda nuestra privilegiada geografía, de exportar nuestra riqueza a través del transporte marítimo. Lamentablemente, a veces nos olvidamos de esta realidad.
He hecho este breve preámbulo porque hoy debemos abocamos al estudio de una iniciativa, originada en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, que fija las plantas del personal de la Empresa Portuaria de Chile, organismo autónomo del Estado, creado por el decreto con fuerza de ley N° 290, de 1960, y que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Su objetivo fundamental es administrar, explotar y conservar los puertos que determine el Presidente de la República, a solicitud de su Director. Es decir, las normas contempladas en el proyecto en informe regirán las relaciones laborales de los funcionarios de la Empresa en Antofagasta, Coquimbo, Arica, Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Montt, Valparaíso, San Vicente, San Antonio, Iquique y Chacabuco.
Con el objeto de entender la urgencia de esta normativa, entregaré algunos antecedentes previos.
En 1960, la dotación de personal de la Empresa era de 3.034 funcionarios; en 1965 año de mayor dotación histórica, de 5.328, llegando a 5.257, en 1973, y en 1982, período en que tuvo la menor dotación conocida, solamente a 1.394.
En la actualidad, la planta de Emporchi contempla 1.198 cargos permanentes, de los cuales están ocupados solamente 815. Se encuentran vacantes los ubicados en los últimos grados de los respectivos escalafones, que no corresponden a funciones propias de la Empresa. Para cumplir con sus objetivos, en los últimos años la dotación ha sido aumentada a 1.559 trabajadores, de los cuales 744 son personal a contrata.
No obstante el aumento de personal, los trabajadores de Emporchi deben realizar constantemente jomadas extraordinarias, con horarios extenuantes, lo que hace cada día más necesario llenar las vacantes, a través de la contratación respectiva, producto del aumento del tráfico naviero de nuestros puertos.
En el mensaje se señala qüe la normativa legal contemplada en el decreto con fuerza de ley Na 290, de 1960, facultaba al Director de la Empresa Portuaria de Chile para proponer al Presidente de la República la incorporación de las plantas de personal de empleados y sus respectivas remuneraciones en el proyecto de Presupuestos de cada año. En 1977, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de la época dictó el decreto correspondiente, que fue rechazado por la Contraloria General de la República, en razón de que dicha facultad estaría derogada por el decreto ley Na 1.056, de 1975. Para subsanar esta situación y sustituir la planta, el Gobierno debió dictar el decreto ley N° 2.061, de 1977.
En 1981, la ley N° 18.042, que creó la Corporación Nacional Portuaria, suprimió 3.141 de los 4.339 cargos que contemplaba la planta de 1977. Sin embargo, la constitución de las sociedades anónimas que administrarían la infraestructura portuaria que disponía esta ley no se concretó, por lo cual fue derogada por el artículo 1a de la ley N° 18.966, de 10 de marzo de 1990. Como fruto de esta legislación, la empresa quedó con vacantes en escalafones cuyas funciones desaparecieron y sin vacantes en aquellas que debió seguir desempeñando.
La situación descrita ha significado, por una parte, que el personal con que cuenta actualmente la empresa sea total y absolutamente insuficiente para realizar las labores crecientes del comercio marítimo, y, por otra, desde un punto de vista estrictamente funcionario, que el personal de planta no haya tenido ascensos en su carrera durante los últimos quince años y que el personal a contrata haya mantenido esta condición durante igual lapso.
Los Diputados que participamos en la Comisión de Transportes entendemos que el mejor camino para subsanar esa injusticia es el proyecto de ley patrocinado por el Gobierno, que consta de 10 artículos y fija definitivamente las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile.
Durante el estudio en particular del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Molina Valdivieso, y del Director de la Empresa Portuaria de Chile, don Raúl Urzúa Marambio.
También concurrieron a la Comisión, en representación de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios N® 2, los señores Juan Alegro Hernández, Presidente; Nelson Castro, Secretario General; Luis Lagos, asesor, y Luis Rodríguez, Director; y los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, señores Carlos Garrido Estrada, Presidente; Hernán Bravo, Vicepresidente; Manuel Guerrero, Secretario General, y Julio Moraga, Director.
Recuerdo su participación, porque en el análisis en particular del proyecto se tocó el tema de los 200 vigilantes, que corresponden al personal a contrata de la Empresa Portuaria de Chile, los cuales no están contemplados en el mensaje. Algunos parlamentarios habíamos solicitado al Supremo Gobierno su inclusión mediante una indicación. Pero la explicación dada por el Ministro de Transportes, don Germán Molina, nos satisfizo, pues nos comunicó que el Gobierno se había comprometido a enviar un proyecto sobre el personal de la Empresa de Correos de Chile y los vigilantes de la Emporchi, el cual ingresó al Congreso la semana pasada, para que puedan acogerse a la negociación colectiva.
Clarifico esta situación porque fue un tema discutido ampliamente en la Comisión.
El artículo l° crea escalafones según una estructura lógica y piramidal, en los que cada trabajador quedará encasillado conforme con su nivel de estudios o de especialidad. Se procede así porque, como producto de las supresiones de cargos, los escalafones quedaron conformados sin ordenamiento y no se aplicaron las disposiciones que sobre esta materia establece el Estatuto Administrativo, especialmente aquélla que dispone que cuando se producen vacantes en grados superiores, éstos deben llenarse con los grados siguientes, quedando, en consecuencia, las vacantes en los últimos grados.
Contempla, además, una estructura lógica en los niveles jerárquicos del servicio, ya que la actual legislación en esta materia, es decir, el decreto ley NQ 1.114, de 1975, sólo considera algunas jefaturas.
Por otra parte, persigue hacer justicia a un gran número de profesionales que actualmente se encuentran encasillados sólo en el escalafón administrativo.
Por último, racionaliza la planta con el objeto de eliminar la actual inconsistencia entre los grados del personal de planta y del a contrata. A este respecto, hay que considerar que el personal de planta ha estado estancado en sus grados desde 1977, sin derecho al ascenso y, por lo tanto, sin derecho a la carrera funcionaría, en contraposición con el personal de contrata, que sí ha tenido la posibilidad de hacer una carrera laboral como fruto de que tal condición se renueva en forma anual.
La normativa dispuesta en el artículo 2° del proyecto regulariza la situación de los trabajadores a contrata, que se viene arrastrando desde 1977.
De esta manera, al considerarse a todo el personal en la planta, la Empresa podrá aplicar a todos los trabajadores las normas sobre destinaciones, asignaciones de traslado y otras que contempla el Estatuto Administrativo. Como estos beneficios están consagrados exclusivamente para el personal de planta, no pueden hacerse extensivos a los trabajadores a contrata.
Permite, además, regularizar la desproporción del personal de contrata en relación con lo que establece el Estatuto Administrativo, que de la dotación sólo un 20 por ciento debe ser personal a contrata. Actualmente, el personal a contrata alcanza al 48,4 por ciento.
El artículo 3e establece que el Director podrá designar en los cargos de jefatura a los funcionarios que considere idóneos para desempeñarlos.
Esta facultad la ejercerá ajustándose a la realidad de la empresa, tomando en consideración la importancia de la función y los requisitos que demande la actual tecnificación de las labores.
Al respecto, se consultó al Director de la Empresa Portuaria y a los dirigentes de las dos federaciones, y hubo acuerdo unánime para que los cargos sean ocupados por personal idóneo, tanto desde el punto de vista profesional como funcionario.
Sin duda, el artículo 5“ del proyecto es de justicia y de reconocimiento para los trabajadores de Emporchi, pues establece que el personal que a la fecha del encasillamiento se encuentre en el tope de su escalafón/ jubilará con su última renta, y no con el promedio de las doce últimas rentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 transitorio de la ley N" 18.834.
A su vez, el artículo 6“ preceptúa que el encasillamiento que se efectúe en conformidad con esta iniciativa de ley no podrá significar para el personal de planta disminución de remuneraciones por concepto de sueldo base y de aquéllas que se calculan sobre la base de éste. Las diferencias que se presenten por tal motivo deberán ser pagadas por planilla suplementaria y serán absorbidas por los aumentos de remuneraciones que se produzcan por cualquier causa, razón o motivo, salvo que provengan de reajustes de remuneraciones o de bonificaciones que se otorguen para compensar el alza del costo de la vida.
En cuanto al financiamiento del proyecto, el artículo 9a dispone que el mayor gasto que demande la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la Empresa Portuaria de Chile.
En la Comisión se explicó que en la Ley de Presupuestos de cada año el Ministro de Hacienda fija los excedentes que la Empresa debe entregar al Fisco. Generalmente, la empresa ha debido entregar el ciento por ciento de sus utilidades y, en algunos períodos, se le ha exigido un aporte superior, provocándole la descapitalización.
La utilidad anual promedio en los últimos tres años ha sido de 6.000 millones de pesos, a lo cual debe agregarse la tributación especial del 40 por ciento a que está sometida. En 1992, entregó al Fisco un aporte de 7.000 millones de pesos por concepto de utilidades, y otro de 5.000 millones de pesos por impuestos.
El artículo 10 establece que esta ley regirá desde el primer día del mes siguiente al de su publicación.
En relación con este artículo, hubo consenso en acoger la petición formulada por los trabajadores para modificar la fecha de entrada en vigencia, de forma tal que empiece a regir desde el 1 de enero de 1993. Por lo demás, como lo expresó el propio Ministro, don Germán Molina, esto último corresponde a la intención del Ejecutivo. La Comisión estimó que sólo el Presidente de la República tenía iniciativa en esta materia, por lo cual se acordó, en forma unánime, hacerle la petición correspondiente.
Finalmente, debo señalar que hubo unanimidad en la Comisión para aprobar una indicación destinada a agregar el siguiente artículo transitorio: "En el primer encasillamiento que se efectúe en conformidad con el artículo 2a, no regirá lo dispuesto en el artículo 13, inciso cuarto, de la ley N° 18.834."
Esta indicación obedece a una petición formulada por los trabajadores, en el sentido de que el primer encasillamiento que se efectúe de acuerdo con la nueva ley no se realice por concurso, como lo establece el Estatuto Administrativo. Eso permitirá que el personal a contrata que ha permanecido en esa calidad por más de 15 años, pueda incorporarse a la planta sin necesidad de concursar.
Hago especial hincapié en que esta iniciativa ha contado con el respaldo total y absoluto de todos los sectores involucrados, es decir, del Presidente de la República, de los Ministros de Hacienda, de Transportes, Secretario General de la Presidencia, de los trabajadores, dirigentes sindicales y de parlamentarios, no sólo de aquellos que pertenecen a distritos portuarios. Por eso, su urgencia no tiene otro norte que hacer justicia a un gremio injustamente postergado durante muchos años.
Espero que la aprobación de este proyecto refleje precisamente ese sentir, que es el de todos los señores Diputados de la Comisión de Transportes.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Solicito la autorización de la Sala para que pueda ingresar a ella el señor Director de Emporchi.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Huepe, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor HUEPE.- Señor Presidente, me corresponde informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley que fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile, sobre el cual el Diputado señor Ortiz ha hecho una completa exposición en representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Sin embargo, es necesario dar algunos antecedentes adicionales que fueron analizados en la de Hacienda.
Previamente, es importante tener presente que no sólo en esta iniciativa, sino en diversos proyectos estudiados por nuestra Comisión, relativos al establecimiento de plantas para la Administración Pública, se advierte rigidez cuando esas plantas son fijadas por ley. En la Comisión existe una opinión bastante compartida en cuanto a que es necesario que tengan mayor flexibilidad, dada la complejidad de la administración en el mundo moderno, con el objeto de que cada vez que se modifiquen no deban serlo precisamente por ley. Esta es sólo una reflexión general.
En el caso particular de Emporchi, se ha planteado un problema más de fondo que, por supuesto, no resolveremos ahora: si el sistema de remuneraciones y las plantas deban ser reguladas por ley o bien de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, incluso el aumento de remuneraciones, como sucede en otras empresas autónomas. En todo caso, es importante que los señores Diputados consideren esta reflexión, reiterativa en la Comisión de Hacienda, sobre la conveniencia de que exista mayor flexibilidad en las diferentes reparticiones del Estado respecto de las remuneraciones y plantas de personal. Sin embargo, como dice el proverbio que lo mejor es enemigo de lo bueno, no tiene sentido esperar una modificación de fondo, sobre todo en vista de los problemas que presenta Emporchi en estas materias.
El propósito central de la iniciativa es corregir ciertas anomalías derivadas de la no aplicación de cierta normativa de la ley Ne 18.042, que creó la Corporación Nacional Portuaria, la cual permitirá regularizar en Emporchi la situación que afecta al personal, haciendo viable la carrera funcionaría y sus ascensos.
En relación con la estructura que se quiere modificar con el proyecto, se puede apreciar lo siguiente:
En primer lugar, los funcionarios de planta representan el 51,6 por ciento del personal de la Empresa, mientras que el 48,4 por ciento corresponde a trabajadores a contrata, lo cual refleja una desproporcionalidad evidente que, obviamente, impide contar con una estructura piramidal jerarquizada.
Además, los actuales escalafones por especialidad no permiten asimilar a profesionales cuyos grados académicos son equivalentes en la actualidad, ni tampoco considerar la incorporación de nuevos profesionales. Cualquiera empresa debería contar con las herramientas necesarias para otorgar a su personal el nivel jerárquico que se requiere. Sin embargo, la planta actual no lo permite, ya que su estructura no es concordante con los niveles de funciones del personal en la Empresa. 
También existe otra limitación, cual es que el personal a contrata no puede asumir cargos de jefatura ni tampoco percibir los beneficios que tiene el trabajador de planta en materia de asignación de traslado.
Por otra parte, el congelamiento de los escalafones conlleva un estancamiento de la carrera laboral de los trabajadores de planta y, como consecuencia de ello, un importante grupo de ellos se mantiene en sus grados desde 1977.
Asimismo, el personal a contrata tiene un trato preferencial respecto del de planta, pues su asimilación de grado en los escalafones correspondientes ha sido superior porque, como los contratos se renuevan anualmente, es posible modificar esos escalafones.
En cuanto a la estructura actual, en el sector operarios de planta es imposible desarrollar una carrera laboral fuera de sus escalafones iniciales. Para lograrlo, deben renunciar a la condición de funcionarios de planta y pasar a la de contrata en el escalafón administrativo.
Todo lo anterior motivó la elaboración de este proyecto de ley por una comisión técnica profesional de la Empresa Portuaria de Chile. Posteriormente, fue sometido al análisis de los Ministerios de Transportes y de Hacienda; después, sus criterios centrales fueron dados a conocer a los trabajadores del Servicio, a través de sus dirigentes nacionales, quienes los han compartido plenamente, como también los efectos que produce el encasillamiento del personal.
En consecuencia, ha habido un estudio muy acucioso de esta iniciativa a nivel del Gobierno, y ella fue discutida con los trabajadores. Por eso, estimo que la aprobación unánime del proyecto en las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda se reflejará en el trámite de hoy en la Sala.
Antes de hacer un breve comentario acerca de algunas disposiciones, en mi calidad de miembro de la Comisión de Hacienda hago presente a la Sala que el informe financiero de la Dirección de Presupuestos estima que el proyecto representa un mayor gasto anual del orden de los 394 millones de pesos; o sea, para ser exactos, un costo mensual de 32.852.711 pesos, que se financiará con cargo a los ingresos de operación del presupuesto vigente de la Empresa Portuaria de Chile. Se detalla el costo mensual adicional de cada uno de los cargos del escalafón. La dotación total de la nueva planta es de 1.559 personas. En todo caso, el incremento del costo total de las remuneraciones es del 6,28 por ciento, cifra bastante razonable que no figura en el informe, pero que es de interés para los señores Diputados. Varía por estamentos tengo un cuadro que lo analiza. Tal vez el más alto se produce en el nivel de técnicos no universitarios, que alcanza al 12,33 por ciento; en la planta directiva superior llega a sólo 0,24 por ciento; en la planta directiva profesional superior, a 1,74 por ciento; en el caso de los trabajadores manuales, a 9,35 por ciento, etcétera. Lo destacable es que el aumento total de remuneraciones asciende a un 6,28 por ciento.
Ahora, si analizamos el resultado financiero de te Empresa Portuaria, es perfectamente factible que dicho costo adicional se financie con los ingresos de operación, ya que, en el resultado provisional, la utilidad estimada al 31 de diciembre de 1992 es del orden de los
7.055.277.0pesos, que supera b obtenida en los años 1990 y 1991
Asimismo, la planta moviliza 16.800.toneladas, aproximadamente. Ambos factores han permitido traspasar al Fisco una suma significativa.
En el año 1992 se anticipó al Fisco la cantidad de 9.000.560.000, la cual difiere levemente de la entregada por el señor Ortiz. Es decir, la Empresa produce utilidades, hace un traspaso significativo de recursos al Fisco y está en condiciones de financiar ampliamente esta iniciativa.
Finalmente, sobre el articulado del proyecto y complementando lo expuesto por el Diputado señor Ortiz, debo señalar que el artículo 1° fija el escalafón de la Empresa y le da una estructura lógica y piramidal, en el que cada trabajador queda encasillado conforme a su nivel de estudios o especialidad.
El artículo 22, regulariza la situación de los trabajadores a contrata, la que se arrastra desde el año 1977.
Al considerarse a todo el personal en la planta, la Empresa puede extender a todos los trabajadores los beneficios contemplados en el Estatuto Administrativo; por ejemplo en materia de destinaciones, la asignación de traslado, beneficio que en la actualidad se consagra exclusivamente para el personal de planta. Por consiguiente, si las necesidades del servicio ameritan destinar a un funcionario a contrata, éste no recibe pago de pasajes para su grupo familiar ni los gastos de menaje o el mes de remuneraciones por su traslado.
También se regulariza la desproporción del personal a contrata en relación con lo establecido en el Estatuto Administrativo, en cuanto a que deberá ser igual a un 20 por ciento de la dotación, en vez del 48,4 por ciento que existe ahora. El ordenamiento y encasillamiento de este personal se hará por antigüedad en el servicio.
El artículo 3a faculta al Director para proveer las jefaturas, ajustándose a la realidad de la Empresa.
El artículo 4a establece que cuando se produzca una vacante en un grado intermedio de determinado escalafón, se provea de acuerdo con lo regulado por el Estatuto Administrativo, esto es, con el funcionario del grado siguiente, y así sucesivamente, hasta que quede vacante el correspondiente al último grado del escalafón pertinente, que se llenará mediante el llamado a concurso interno.
El artículo 5° dispone que los trabajadores que a la fecha del encasillamiento se encuentran en el tope de su escalafón, les será aplicable el artículo 15 transitorio de la ley 18.834. Por lo tanto, jubilarán con su última renta y no con el promedio de las últimas doce.
El artículo 6° dispone, por estimarlo de justicia, que los trabajadores no pierdan su asignación de antigüedad. Las disposiciones vigentes sobre la materia permiten disminuir los bienios cuando se produce un ascenso de grado, y la proposición de planta está considerada como una adecuación de la existente. Por ello, no deben disminuirse o eliminarse los bienios cuando se produce un ascenso de grado. El artículo 7a determina que sólo en noviembre de cada año podrán efectuarse los ajustes de remuneraciones.
Respecto del artículo transitorio, el Diputado señor Ortiz señaló que establecía que, para el primer encasillamiento, no sería aplicable lo dispuesto en él inciso cuarto del artículo 13 del Estatuto Administrativo.
Aquí hubo un problema formal. Tal como lo señala el informe de la Comisión de Hacienda, su presidente tuvo presente que el contenido de esta disposición es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y como fue incorporada al proyecto por indicación parlamentaria, la declaró inadmisible. Sin embargo, la Comisión no se pronunció sobre el artículo, a pesar de que, quizás por unanimidad, compartía el fondo de lo planteado por la Comisión de Obras Públicas. Eso quedó pendiente y debe ser resuelto por la Sala.
Recalco nuestra disposición para aprobar este proyecto que hace justicia a un importante sector de trabajadores. Creo que la Sala compartirá esta posición, que ha sido reiterada en forma unánime en ambas Comisiones.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, la bancada democratacristiana celebra el envío y la discusión de este proyecto de ley que fija las plantas del personal de la Empresa Portuaria de Chile, por cuanto sus niveles de mayor eficiencia y productividad son reconocidos públicamente en los últimos años, por lo cual, sin duda alguna, se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro comercio exterior. Sin embargo, la eficiencia alcanzada por la Emporchi no resultaba suficiente, medida solamente en parámetros de mayor productividad, mientras no se legislara respecto de la situación de sus trabajadores.
Nos alegra que a la eficiencia de la empresa se agregue un nuevo ordenamiento jurídico que permitirá que las relaciones laborales con sus trabajadores se concreten con criterios de mayor equidad y oportunidades.
También nos alegra que el Supremo Gobierno haya enviado un proyecto de ley que autoriza negociar colectivamente a los vigilantes privados de la empresa. En definitiva, una legislación adecuada, con equidad y mayor justicia laboral, contribuirá a una mejor evaluación de la operación de la Empresa Portuaria de nuestro país.
Asimismo, este proyecto responde, sin duda, a una aspiración y a un anhelo, arrastrado desde hace varios años, tanto por los trabajadores como por los ejecutivos de la empresa, que funcionaba con anomalías o en forma irregular, en perjuicio no sólo de los trabajadores, sino que de una mejor estructura orgánica de la Emporchi.
Como los informes emitidos por los Diputados Ortiz y Huepe han sido bastante completos, resaltaré sólo algunos de los elementos que nos parecen importantes.
Se establece una estructura racional, ya que, como producto de las supresiones de cargos, los escalafones de la empresa quedaron sin ningún ordenamiento, es decir, no se aplicaron las disposiciones del Estatuto Administrativo sobre la materia.
Asimismo, se hace justicia a un importante número de profesionales, actualmente encasillados en el escalafón administrativo, porque la actual planta de la Empresa contempla un número definido de profesionales, lo que impide incorporar a otros en el resto de los escalafones.
Se racionaliza la actual inconsistencia entre los grados del personal de planta y el de contrata, ya que el primero quedó estancado en sus grados desde 1977, aproximadamente, sin ascensos y, por lo tanto, sin derecho a la carrera funcionaría, en contraposición con el personal a contrata, que ha tenido la posibilidad de tener una relativa carrera laboral, producto de que su condición a contrata se renueva, a lo menos, anualmente. Además, regulariza la situación de los trabajadores de planta.
Al considerarse a todo el personal en la planta, la Empresa puede extender el beneficio contemplado en el Estatuto Administrativo en materia de destinaciones; por ejemplo, la asignación de traslado, la que, en este momento, está consagrada sólo para el personal de planta. En consecuencia, si las necesidades del servicio ameritan destinar a un funcionario que tiene la calidad de a contrata, teóricamente no podría pagarle los beneficios de pasajes de su grupo familiar, gastos de menaje y el mes de remuneraciones.
En general, el proyecto regulariza el porcentaje de personal a contrata que existe en la actualidad, el cual es desproporcionado con el que establece el Estatuto Administrativo, que asciende al 20 por ciento de su dotación total como máximo. 
Podríamos enumerar varios otros beneficios que establece este proyecto para regularizar la carrera funcionaría e introducir reitero elementos de equidad en favor de los trabajadores de la Empresa Portuaria de Chile.
Por estas razones, la bancada de Diputados democratacristianos prestará su aprobación al proyecto.
Al mismo tiempo, nos encantaría que se empleara el mismo procedimiento utilizado en esta iniciativa en futuros proyectos relacionados con la Empresa Portuaria de Chile, cualquiera que sea su naturaleza, pues constituye un ejemplo, ya que este proyecto es el futuro de la acción coordinada y mancomunada de los trabajadores, de los directivos, de las autoridades del Ministerio respectivo, que ha dado lugar a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Comisión y, ciertamente, también lo será en forma unánime por esta Sala.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero iniciar la exposición de la bancada de la Unión Demócrata Independiente presentando, en primer lugar, las excusas de mis colegas parlamentarios que trabajaron en las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, quienes se encuentran en Santiago tratando de resolver el gravísimo problema que afectó ayer a una parte de su población, y al que se refirió el Diputado señor Sota al principio de la sesión.
Ahora bien, es por todos conocido que un país abierto al mundo en lo económico, y cuyo intercambio comercial se hace por vía marítima en más de un 95 por ciento, requiere que el Estado otorgue atención preferente a la condición de sus puertos, de sus trabajadores y, esencialmente, de quienes son parte de Emporchi, toda vez que les entregan una cantidad de recursos extraordinariamente importante.
Desde ese punto de vista, y por los cambios en la política de comercio exterior del país y por las necesidades de ajuste que comenzaron a realizarse entre los años 1980 y 1981, se hacía absolutamente imprescindible corregir las deficiencias que este personal venía sufriendo desde hace varios años. La necesidad de regular las plantas del personal de Emporchi era clara y meridiana. Es obvio que no se estaba cumpliendo con las normas que regulan a toda empresa del Estado. Es decir, el número de personas a contrata en Emporchi era extraordinariamente alto, producto de este desorden que tenía la planta, motivado por los cambios sucesivos que se fueron produciendo.
Por otro lado, junto con considerar absolutamente necesario el reordenamiento de su planta, la UDI estima importante destacar que el costo operacional de este proyecto que como bancada apoyaremos integralmente está totalmente cubierto por la misma empresa, en atención a la gran cantidad de recursos que aporta el Estado.
Nos hubiera interesado que el personal de vigilantes quedara incorporado en la planta. Esperaremos el proyecto que enviará el Ejecutivo para conversar, discutir y ver cuál puede ser nuestro aporte en relación con esta materia.
Junto con destacar la necesidad de aprobar este proyecto a la brevedad, es importante señalar que la política portuaria necesariamente pasa por una regionalización de los puertos, materia que debe ser estudiada y de consenso, pues las ciudades portuarias, que sufren con el traslado continuo de materias deben obtener la devolución de muchos de estos recursos que le proporcionan al Estado.
Concedo una interrupción al colega Bartolucci.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, seré breve.
El Diputado señor Ulloa ya ha señalado el voto favorable de nuestro partido a este proyecto por las razones que ha indicado y por parecemos de toda justicia que se ponga término a una situación de incertidumbre que se arrastra desde mucho tiempo en el personal de la Emporchi, de manera que no ahondaré ni repetiré los argumentos que ya se han dado y que, por lo demás, han sido señalados por los Diputados informantes y por el propio Esputado señor Cornejo.
El artículo 3Q entrega una facultad discrecional al Director de la Emporchi para realizar el encasillamiento a que se refiere el proyecto. Esta es una forma de realizarlo con rapidez, pues se han evitado los sistemas de concursos públicos, antecedentes, etcétera. No obstante, queremos llamar la atención sobre esta facultad entregada al Director de la Emporchi, y hacer fe de que el proceder de la dirección será prudente y justo en este encasillamiento discrecional del personal de la Emporchi, pues es una facultad abierta, que podría lo digo en forma condicional utilizarse injusta o arbitralmente.
Sin embargo, hemos dado nuestra aprobación a este artículo, porque queremos acelerar el proceso. Dejamos planteado el punto, la reserva y nuestra fe en la tarea de la Dirección de Emporchi, para que este encasillamiento sea, efectivamente, justo, prudente y satisfaga las aspiraciones legítimas de cada uno de estos trabajadores.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Barrueto.
El señor BARRUETO.- Señor Presidente, nos encontramos frente a un proyecto que, espero, aprobemos unánimemente en esta sesión, dada la importancia que tiene el sector marítimo y portuario para nuestro país.
Las plantas de Emporchi son una aspiración largamente esperada por sus trabajadores, que están presentes con sus dirigentes sindicales en estas tribunas. Constituye un derecho más que los trabajadores chilenos recuperan en democracia.
El tema de las plantas de Emporchi tiene relación con la actitud que se tuvo durante el régimen anterior respecto de las empresas del Estado. En efecto, cuando vemos que en 1982 se llegó al menor número de trabajadores de toda la historia de esta Empresa y que en la actualidad la planta del personal abarca al 51,6 por ciento de los trabajadores que se desempeñan en ella, podemos concluir que se pretenden mantener artificialmente plantas reducidas, cuyas principales consecuencias son deficiencias en el servicio de la empresa, pero, sobre todo, un abuso con los trabajadores de planta que deben laborar sobretiempos a fin de lograr los objetivos de la Empresa.
Esta actitud respecto de las empresas del Estado provoca una contradicción entre los grados de eficiencia que ella ha alcanzado y la situación de sus trabajadores, quienes, en alto porcentaje, no tienen derecho a los ascensos ni a una carrera funcionada.
Corregir esta grave situación, en que están de acuerdo no sólo el Gobierno sino que todos los trabajadores, implica darles las herramientas necesarias para una proyección futura a esta empresa, que, como hemos dicho en otras oportunidades, forma parte del centro neurálgico del desarrollo potencial de nuestro país, a través
de los puertos y de la actividad marítima.
Señor Presidente, ¿cómo puede estar una empresa durante casi diez años con el 50 por ciento de sus trabajadores privados de sus derechos? ¿Cómo puede una empresa del Estado, que es precisamente la encargada de generar las condiciones adecuadas para apoyar las exportaciones e importaciones, encontrarse con el 50 por ciento de sus trabajadores en la incertidumbre de su continuidad laboral? ¿Cómo puede una empresa del Estado vulnerar las propias leyes que establecen un máximo de 20 por ciento de personal a contrata para poder subsistir? ¿Cómo es posible que un grupo de sus actuales funcionarios no haya podido ascender en la carrera funcionaría desde 1980 por carecer de esta ley que estamos por aprobar?
Aquellos que han visto con autocomplacencia el aumento de la eficiencia en los puertos, que se vanaglorian por haber transformado a Chile en un país exportador, hoy, con este proyecto, se enteran de que se ha realizado con la más profunda de las injusticias: la incertidumbre de sus trabajadores, el no pago de remuneraciones adecuadas, el desincentivo que significa la privación de la carrera funcionaría.
Sin embargo, dos temas han quedado pendientes, pero el Gobierno ha propuesto soluciones que deberán ser estudiadas en este Parlamento. El primero de ellos, materia de un proyecto de acuerdo que patrocinamos oportunamente junto con la Diputada señora Muñoz, se refiere a los vigilantes privados de Emporchi. Nuestra preocupación y anhelo es que sean incorporados a la planta; es decir, creemos justo que todos los trabajadores puedan ser beneficiados con los mismos derechos, otorgándoles estabilidad, carrera funcionaría y remuneraciones similares a las de otros organismos públicos.
Como resultado de este proyecto de acuerdo, el Gobierno decidió, en cambio, incorporar a los vigilantes privados en otro proyecto, en trámite en esta Corporación, que les permitirá negociar colectivamente. Esta solución no es del todo satisfactoria para los trabajadores, aunque significa un avance respecto de la actual situación en que se encuentran, que es prácticamente "en tierra de nadie".
El segundo tema es el anhelo de los trabajadores de ser incorporados en faenas que les permitan una jubilación anticipada.
Al respecto, es necesario señalar que el Gobierno ha impulsado una ley que dispone la creación de una comisión ergométrica, con el fin de determinar cuáles serían las faenas que corresponden a trabajos pesados y, por tanto, someterse a un régimen especial de previsión que les permita una jubilación anticipada a quienes las realizan.
Sin duda, la mayoría de las que se realizan en nuestros puertos forman parte de estas actividades, y por ello, confiamos en que, una vez aprobado este proyecto, los trabajadores de Emporchi, podrán acceder a esta jubilación anticipada.
Finalmente, quiero señalar que el auge de las faenas en nuestros puertos, así como el creciente desarrollo de una conciencia de nuestra calidad de país costero, requieren de una acción del Estado que, más allá de la eficiencia y de un crecimiento económico, sea, a la vez, un factor de equilibrio y de equidad entre los actores que participan en esta área de desarrollo. Los trabajadores deben contar con herramientas que les otorguen estabilidad, seguridad laboral y posibilidades de progreso.
Asimismo, la determinación de la ley de planta tendrá que articularse en el futuro con la necesaria flexibilidad respecto del proceso de descentralización de nuestro país, de manera que la Emporchi, pueda desarrollar sus funciones más articuladas con los intereses de la región a la cual pertenece.
Por todas estas razones señalo que, en nombre de las bancadas del Partido Socialista y del PPD, votaremos en favor de este proyecto.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Comparto las observaciones formuladas sobre el proyecto en discusión, pero quiero referirme a un aspecto específico relacionado con la discrecionalidad otorgada en el artículo 3o al Director de la Empresa para contratar personal y manifestar un matiz de opinión respecto a lo señalado por mi distinguido colega señor Huepe.
Me parece que aquí hay un problema de fondo, que el Estatuto Administrativo se considera como una especie de lastre para un funcionamiento eficaz y eficiente de las empresas del Estado. En mi opinión tanto el Estatuto Administrativo como la Ley de Bases resultan ser una conquista de los trabajadores, porque no es lo mismo estar en el sector público que en el privado. La eficiencia de las empresas públicas tiene que procurarse sin romper lo que es su esencia y, desde ese punto de vista, no comparto la opinión que, a lo mejor, equivocadamente, aprecio en algunas de las expresiones que he escuchado en la mañana, en orden a que en esta materia se requiere más flexibilidad, o sea, dicho en buen castellano, más facultades para que un funcionario público designado por el Presidente de la República, pueda contratar o despedir a discreción una cantidad importante de trabajadores.
Si estoy equivocado, me gustaría que se me corrigiera, pero en el proyecto se le dan facultades al Director para nombrar a su entera discreción, porque las palabras de buena crianza que se pongan en la ley no tienen ningún valor jurídico. Se podrá decir que lo hará conforme a los principios de la equidad, que procurará ser justo, que no pasará a llevar a nadie; pero esas son palabras. Aquí se está haciendo una excepción a las normas del Estatuto Administrativo, una excepción a la Ley de Bases, que dicho sea de paso, señor Presidente, a mi juicio, es de carácter orgánico constitucional más adelante me voy a referir a ese problema y se le están otorgando facultades a un funcionario público para contratar y despedir a su entera discreción un total de 69 personas.
He sumado los funcionarios del grado 6 al 10, que son los que pasan a ser discrecionales. Ahora, no sé y pregunto: ¿cuántos de estos funcionarios están ejerciendo cargos?; ¿cuántos serán reemplazados? y ¿cuántos serán cambiados?
En segundo lugar, me parece bien que el encasillamiento, por esta vez, no sea por concurso, porque entiendo que eso busca preservar la estabilidad laboral de personal que lleva muchos años y que, en un concurso, sobre la base de nuevas condiciones, podrían perder su trabajo. Esa es una norma de estabilidad en el empleo. Pero no veo razón alguna para dar al funcionario a cargo de esta empresa estatal la facultad omnímoda de resolver sobre un número tan importante de cargos. Fuera del Presidente de la República, que tiene cargos de su exclusiva confianza y que no son muchos no sé en qué otra repartición estatal existe una facultad tan amplia como ésta.
Ahora, el ingreso a la Administración Pública, de acuerdo con la ley de bases, es por concurso. Al facultar al Director para contratar en los grados 6 al 10 sin concurso, se está haciendo una excepción a esa legislación que, a mi juicio, requiere de quorum calificado para su aprobación.
Estamos de acuerdo en que el Estatuto Administrativo es ley simple, pero no la Ley de Bases. Y acá hay un principio bien fundamental, porque evidentemente la Administración Pública siempre puede tener un sesgo político y está bien que así sea, y la Ley de Bases y el Estatuto Administrativo buscan proteger y amparar a los trabajadores del sector público respecto de las vicisitudes y los vaivenes públicos, estableciendo condiciones muy precisas para el ingreso al trabajo y requisitos para la cesación en los cargos, a menos que se declaren de exclusiva confianza del Presidente de la República o del jefe de Servicio, en cuyo caso son cargos bastante acotados.
Me asalta la duda respecto de esta norma y no me gusta la fundamentación dada para sustentarla: que se requiere flexibilidad. Esta no es una sociedad anónima, en que el gerente hace lo que quiere, porque es su empresa: puede contratar, puede despedir. Esta es una Empresa del Estado que se rige por otras normas.
No quiero ser mal pensado sé que no es la intención del Supremo Gobierno, pero ésta es una norma que acerca un tanto, el día de mañana, la posibilidad de un traspaso de esta Empresa al sector privado, por cuanto en su ley constitutiva se pueden dar ciertas características de flexibilidad, que la pueden hacer atractiva para transformarla, en el futuro, en una sociedad anónima, que entiendo hoy no es. Pero ésa es una mera presunción totalmente infundada de mi parte, por lo que no insisto en ella, pero sí en un principio que para mí es bien fundamental. Los funcionarios de la Administración Pública pertenecen a ella y se les trata como tales. No me gustan las normas de excepción que dan a ciertos funcionarios un tratamiento que, más bien, se asimila a los del sector privado.
En principio, considero y estoy naturalmente abierto a ser persuadido de lo contrario altamente inconveniente facultar a un funcionario para resolver un número tan importante de cargos, haciendo una excepción a las normas que rigen a las empresas del Estado.
Dejo planteada mi opinión, de que la aprobación de esta norma, por constituir una excepción a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, necesita de quorum calificado. En lo demás, el proyecto viene a satisfacer un anhelo y una necesidad. Desde ese punto de vista, me sumo a lo expresado en la Sala por los distintos señores Diputados.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Huepe.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.
El señor HUEPE.- Señor Presidente, entiendo la preocupación del Diputado señor Schaulsohn.
La reflexión que formulé al comenzar mi exposición, como Diputado informante de la Comisión de Hacienda, fue de tipo general. Primero, la Administración Pública obviamente es distinta y comparto la apreciación del Diputado señor Schaulsohn del sector privado. En este último existe un problema de estabilidad en el trabajo, que se debe cautelar de manera distinta.
Pero el tema está planteado como una pregunta. Lo discutimos, incluso, cuando se trató la ley de plantas municipales, porque no es posible que la rigidez de la ley obligue, por ejemplo, cuando jubile o se retire un funcionario de Obras Públicas o Planeamiento, nombrar a una persona de otro departamento, que no tiene nada que ver con esas labores, toda vez que debe seguirse estrictamente el grado que corresponde. O sea, hay que compatibilizar y ése es el gran desafío que tenemos con una legislación futura, la necesaria flexibilidad en la administración de una empresa con la garantía de estabilidad en el trabajo que deben tener las personas.
El caso de Emporchi es muy excepcional en cuanto a su legislación laboral. Otras empresas del Estado, como Petrox, Enacar, RPC, etcétera, generalmente no están regidas por una ley especial, sino que por el Código del Trabajo.
Tengo entendido el señor Ministro podrá ratificarlo o no que será planteada una modificación legal, que habrá que estudiar con suma detención en su momento, para ver cómo es posible cambiar el esquema jurídico por el cual se rige la estructura de remuneraciones y laboral de Emporchi. Esas son la dos observaciones que formulé inicialmente.
En este caso como el otro no se da todavía estamos de acuerdo en que es necesaria una nueva ley que adecúe las nuevas plantas, para eliminar las rémoras de la ley de 1977.
En el artículo 2°, desde el punto de vista formal, el Diputado señor Schaulsohn puede tener razón en que hay una aparente discrecionalidad. Hay antecedentes importantes, que podrán ser complementados por el señor Ministro o por el Director de Emporchi, y está la historia de la ley, que permite señalar que el encasillamiento contempla proveer los cargos del personal de planta conforme al actual ordenamiento de cada escalafón, es decir, respetando estrictamente lo establecido en el Estatuto Administrativo. En lo relativo al personal a contrata, su ordenamiento será por antigüedad en el servicio.
Estos son compromisos formales adquiridos en el seno de la Comisión y, por lo tanto, ésta es la oportunidad para ratificarlos. El punto debe ser planteado de esta forma, porque si no la rigidez sería extrema.
Además, las implicancias del proyecto han sido debatidas y analizadas con los dirigentes sindicales, que también tienen plenas garantías de que esta normativa se aplicará sin atropello a ningún derecho de los trabajadores.
Reitero: hay un problema general, que debe ser analizado en otra oportunidad, relacionado con la compatibilización entre la flexibilidad en la administración de empresas del Estado, junto con los derechos que debe tener este trabajador, y hay un problema específico de este proyecto, donde las garantías están dadas adecuadamente como para esperar que no haya ningún abuso en el ejercicio de la facultades que se otorgan en el artículo 2a.
El Diputado señor Cornejo me pide una interrupción. No puedo concedérsela, porque estoy haciendo uso de una que me ha concedido el Diputado señor Schaulsohn
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Puede continuar Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, me han solicitado muchas interrupciones, pero lo razonable es entregarle a la Mesa la conducción del debate.
El señor ORTIZ.- Pido la palabra en mi calidad de Diputado informante de la Comisión de Transportes, porque han quedado en el aire dos afirmaciones del Honorable Diputado señor Schaulsohn, que es bueno aclarar.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Le concederé la palabra a continuación del señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, quiero hacer presente la misma argumentación planteada en el debate originado en la Comisión de Transportes, a raíz, precisamente, de una indicación presentada por los Diputados señores García, Hurtado, Taladriz y Horvath relacionada con el término "discrecional" incorporado en el artículo 3a del proyecto. En definitiva, esa indicación fue rechazada y el artículo fue aprobado por unanimidad en función de los siguientes argumentos.
En primer lugar, se debe señalar que el  
artículo 3°, en su tenor literal, establece, como función fundamental, que el Director encasillará al actual personal de plantas. A mayor abundamiento, quiero decir que esta facultad de ninguna manera debe entenderse como para despedir personal; precisamente se deduce de ese artículo que no está autorizado el Director de la empresa para adoptar ese tipo de medida. Se trata y, por lo demás, está contenido en un documento de trabajo sobre procedimiento para encasillar que cuenta con la plena aprobación del Poder Ejecutivo y de los trabajadores de la empresa que cuando opere este artículo respecto del personal de planta se hará una prelación respetando estrictamente el ordenamiento de los escalafones, y respecto del personal a contrata se hará por estricto orden de antigüedad. Por lo tanto, no estamos en presencia de una facultad que necesariamente desordenará la realidad existente hoy al interior de la empresa. Es más, el artículo se debe interpretar a la luz del Estatuto Administrativo, que establece que los grados Ia al 5a son de exclusiva confianza y, en consecuencia, referirse en esta norma a los del 6a al 10a es redundante.
En segundo lugar, se hace presente que esta facultad la ha tenido el Director de la Empresa desde el año 1974; o sea, no hay ninguna innovación respecto de este punto. El fondo de su establecimiento dice relación con un hecho que quiero que los señores parlamentarios comprendan en profundidad.
Con los sueldos que tiene la Administración Pública, la Emporchi no está en condiciones de enfrentar los desafíos de modernidad, que serán mayores en el futuro. Los actuales no permiten contar con los profesionales a que se refieren precisamente los grados que van entre el 6a y el 10a e impiden que la empresa compita en el mercado en término de eficiencia. El proyecto posibilitará que en el futuro porque en la primera vuelta lo más probable es que, de acuerdo con el procedimiento establecido, se respeten los escalafones según el ordenamiento, y en el caso de los funcionarios a contrata, su antigüedad, su Director pueda incorporar el personal que le dé competividad.
Me decía el señor Director, que está presente, que en los últimos 60 días diez profesionales altamente calificados han debido abandonar la empresa por ofertas más convenientes del sector privado, que siempre se lleva a los mejores.
Por lo tanto, sin romper el principio de antigüedad en los escalafones que existen, se trata de dar la posibilidad de conservar a sus profesionales e incorporar a nuevos, que permitan enfrentar el desafío de eficiencia y modernidad a que está enfrentada hoy la Empresa Portuaria de Chile.
En la lata discusión que hubo al respecto en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, los parlamentarios comprendieron este punto de vista y, como lo hizo el Diputado señor Bartolucci, requirieron prudencia en el uso de la facultad por el riesgo de la discrecionalidad que contiene. En nombre de la Emporchi y del Gobierno, quiero asegurar que se actuará con prudencia, sin perjuicio de la vigilancia que sobre la materia ejercerán los propios sindicatos.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, quiero clarificar dos puntos que se trataron in extenso en la Comisión de Transportes. El primero ya lo explicitó el señor Ministro de Transportes don Germán Molina.
El segundo que planteó el Diputado señor Jorge Schaulsohntiene que ver con la seudointención, posibilidad, señal o mensaje de privatización de la Empresa
Portuaria de Chile. Fue debatido en presentía de los dirigentes de las dos federaciones, del señor Ministro y del señor Director de la Emporchi. Se recordó que la mayor parte de los dirigentes que estaban en la Comisión encabezaron el proceso para que no se privatizara en el régimen anterior, opinión que también dimos a conocer varios parlamentarios. Por lo tanto, a ninguno de los que estábamos presentes se planteó el tema en la Comisión, o cosa por el estilo. Al revés, hubo juicios tajantes en el sentido de que a la Empresa Portuaria de Chile había que apoyarla en todo para que siguiera siendo autónoma del Estado. Esto quería clarificar.
Quiero conceder una breve interrupción al Diputado señor Sergio Elgueta, que desea complementar un aspecto jurídico que tiene que ver con el tema en cuestión.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el Diputado señor Schaulsohn planteó dos interrogantes: una, si hay otro ejemplo en que el jefe superior del servicio pueda actuar discrecionalmente. Le contesto: en las normas de la Contraloría General de la República existe el poder discrecional del jefe superior de esta entidad.
La segunda pregunta fue si se necesita quorum de ley orgánica constitucional. De acuerdo con el artículo 18, inciso segundo, de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que citó, precisamente las empresas públicas se rigen de manera exclusiva por la respectiva ley de quorum calificado y están exceptuadas de todo lo relativo a la organización, funcionamiento, carrera funcionaría, etcétera, que señala ese cuerpo legal tan especial que se refiere a los ministerios, intendencias, gobernaciones y demás órganos y servicios del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. En consecuencia, no cabe aplicar aquí el quorum de ley orgánica constitucional.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Puede continuar el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por último, concedo una interrupción al Diputado señor Cornejo.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, simplemente para reiterar lo dicho por el Diputado señor Elgueta, ya que al alterarse lo del concurso público, al Diputado señor Schaulsohn le inquieta que la iniciativa pueda requerir quorum de ley orgánica constitucional.
En efecto, no se aplica por las razones y disposiciones señaladas por el Diputado señor Elgueta. Además, existen reiterados fallos del Tribunal Constitucional en el sentido de que las leyes de planta y encasillamiento son comunes y ordinarias y no de quorum calificado o de ley orgánica constitucional.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Hurtado.
El señor HURTADO.- Señor Presidente, Renovación Nacional votará favorablemente la iniciativa y se abstendrá en el artículo 3a al igual que en la Comisión, por estimar que debiera eliminarse la palabra "discrecionalmente", pues es mejor considerar la antigüedad, los estudios y las calificaciones al momento de encasillar al actual personal de planta que dejarlo al arbitrio del Director de Emporchi.
Respecto del artículo 10a, los parlamentarios de la Comisión solicitamos, a través del señor Ministro, que el Gobierno patrocine una indicación con el objeto de que los beneficios del proyecto comiencen a regir desde el mes de enero de 1993, pero lamentablemente no ha llegado a la Cámara.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado don René García.
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, sólo para aclarar un poco lo expresado por el Diputado señor Schaulsohn.
Cuando la iniciativa ingresó a la Comisión, se dijo que debía aprobarse inmediatamente. Sus miembros recibimos una carta del jefe de uno de los sindicatos el señor Garrido, que solicitaba la presencia de representantes de los trabajadores. Provocó una discusión bastante agria, pero al final el señor Ministro y el Gerente de la Emporchi accedieron. Consideramos ilógico que se votara algo que los favorecía sin consultar a los trabajadores.
Para aclarar el punto, debo decir que la iniciativa, en el fondo, constituye un convenio colectivo traspasado, porque cuenta con el apoyo de todos los sindicatos de la Emporchi. Por lo tanto, no veo el problema de discrecionalidad en este caso.
En consecuencia, si ambas partes trabajadores y empresa están dispuestas a aceptar las condiciones de este convenio, no veo inconveniente en apoyar la iniciativa. Reitero, es un convenio colectivo, traspasado expresamente para la estabilidad de los funcionarios de la Emporchi.
El hecho de que se retiren técnicos y otros trabajadores, es problema de sueldos; eso lo verá la Emporchi. Cada cual es libre de buscar las condiciones que más le convengan dentro de las empresas. Por lo tanto, me parece que la queja no se justifica. Ojalá existieran muchas privadas que proporcionarán mejores condiciones que el Estado a los trabajadores.
Considero que los trabajadores permanecerán en las empresas del Estado, porque ciertamente les dan estabilidad de alguna manera, pues las privadas se manejan con criterio de eficiencia. Además, la Emporchi es importante, ya que por ella pasa casi el 90 por ciento de la carga que va al extranjero. En consecuencia, creo que la estabilidad de sus trabajadores está resguardada.
El Diputado señor Schaulsohn me solicita una interrupción. Por su intermedio, señor Presidente, se la concedo.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, desde luego, sin discusión, una ley no es un convenio colectivo.
En el informe de la Comisión se deja constancia de lo siguiente: "Respecto a la discrecionalidad que se concede al Director de la Empresa, señalaron los trabajadores que esta situación les preocupa y así lo han hecho saber. Pero hay un compromiso de respetar las normas sobre encasillamiento de los personales de planta y de contrata, a los que deberá respetárseles su antigüedad." Pero ese compromiso no está en la ley, y los únicos válidos, desde el punto de vista jurídico, son aquellos contemplados en ella.
No dudo de la buena fe de nadie; pero si legislamos, los derechos de los trabajadores deben quedar consagrados en la ley y no en compromisos de buena voluntad.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejer 
cirio).- Puede continuar el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, coincido en que una ley no es un convenio colectivo, pero en este caso se ha transformado en ello.
Si hay tantas dudas con la discrecionalidad que se entrega al Director de la Emporchi y el señor Ministro acepta, podríamos devolver el proyecto a la Comisión con el propósito de que el criterio del Diputado señor Schaulsohn quede establecido en la ley, con lo cual también estoy de acuerdo. No visualizo el inconveniente que impediría hacerlo. Se procedería en esa forma en vez de despachar un texto de manera apresurada, lo cual, a lo mejor, podría perjudicar a los trabajadores en un momento dado.
En todo caso, reitero que están debidamente resguardados sus derechos. No creo que nadie dude de la palabra dada, porque, para quienes la tenemos, vale más que un contrato.
He dicho.
Aplausos.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Advierto a los asistentes a tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Diputado don Sergio Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, como Diputado representante del puerto de San Antonio, quiero agradecer a las distintas bancadas su disposición de aprobar esta anhelada aspiración de los trabajadores de la Empresa Portuaria de Chile.
Además, permítanme la licencia de recordar en esta oportunidad al ex miembro de la Comisión de Transportes, también Diputado por San Antonio, don Akin Soto Morales, con quien luchamos para que esta iniciativa de ley llegara al Congreso Nacional.
Aplausos.
El señor VELASCO.- El proyecto en análisis fue elaborado por una comisión bipartita integrada por personal especializado de la empresa y por representantes de las dos federaciones de trabajadores, a las cuales pertenece la mayoría de los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile.
Los criterios de la iniciativa fueron compartidos en forma unánime por la totalidad de los miembros de la Comisión, como asimismo sus efectos en el encasillamiento del personal. Ambas posiciones se dieron a conocer por los dirigentes a sus bases en cada administración de puerto, y en la Dirección del Servicio por los integrantes de la Comisión de Trabajo. Lo anterior fue acogido a plena satisfacción por los trabajadores de la empresa, entendiéndose que esencialmente se lograba concretar dos principios: ordenamiento de vina planta que se mantiene estática desde hace más de quince años y regularización del personal a contrata, que excede el 20 por ciento de la dotación, máximo autorizado por ley.
El personal de planta está constituido por el 51,6 por ciento de los trabajadores de la empresa; el 48,4 por ciento restante corresponde a trabajadores a contrata, situación que refleja una desproporcionalidad en la estructura de la empresa. Lo anterior impide contar con una estructura piramidal jerarquizada.
Los actuales escalafones por especialidad no permiten asimilar a profesionales equivalentes en grado académico, ni tampoco la integración de nuevos profesionales. La modernización y dinámica que debe tener toda empresa requiere contar con las herramientas necesarias para dar 
a su personal el nivel jerárquico que se precise. La planta actual no lo permite, ya que su estructura no es concordante con los niveles de funciones.
El personal a contrata no puede asumir cargos de jefaturas ni percibe los beneficios del trabajador de planta en lo relativo a asignación de traslado.
El congelamiento de los escalafones de planta conlleva el estancamiento de la carrera laboral de ese sector, y, como consecuencia de ello, este importante grupo de trabajadores mantiene sus grados desde 1977.
El personal a contrata ha tenido un trato preferencial respecto del de planta, ya que su asimilación de grados a los escalafones pertinentes ha sido superior.
En el sector de operarios de planta es imposible desarrollar una carrera laboral fuera de los escalafones iniciales, salvo que se renuncie a esa condición para ingresar a contrata en el escalafón administrativo.
La planta propuesta soluciona todas las situaciones representadas anteriormente. Por ejemplo:
Se regulariza la situación de los trabajadores a contrata, cuya anomalía se arrastra desde 1977.
Se hace justicia a un gran número de profesionales que se mantienen en el escalafón administrativo.
Se crean escalafones con una estructura lógica y piramidal, en lo que cada trabajador queda encasillado conforme a su nivel de estudios y especialidad.
Se racionaliza la actual inconsistencia de grados entre el personal de planta y el de contrata.
Esta planta permite hacer extensivos a todos los trabajadores los mismos beneficios en materia de destinaciones.
La estructura de cargos tiene una relación definida conforme a los actuales niveles de jerarquización.
Todo funcionario tendrá acceso a grados de complemento cuando le sea asignada una jefatura, en el caso que corresponda.
Se regulariza la situación laboral de aquellos operarios que tuvieron que renunciar a su condición de planta para asumir funciones administrativas en la condición de a contrata.
También se regularizan los casos de aquellos profesionales de nivel técnico que están en la planta de operarios o asimilados a ellos, encasillándolos en el escalafón respectivo.
Señor Presidente, me gustaría hacerle una consulta al señor Ministro.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de la Democracia Cristiana. Le ruego redondear la idea.
El señor VELASCO.- Solicito al señor Ministro que no se considere, por única vez, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, inciso cuarto de la ley N2 18.834, en la parte que se refiere a que la provisión de dicho cargo se hará siempre por concurso.
Mi segunda petición dice relación con el artículo 102, el cual dispone que la presente ley regirá desde el primer día del mes siguiente al de su publicación. Al respecto, los trabajadores y los parlamentarios que representamos a puertos solicitamos que la aplicación de esta norma sea con efecto retroactivo, es decir, a contar del l2 de enero de 1993.
Tengo entendido que el señor Ministro formulará una indicación relativa a estas dos necesidades fundamentales.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara. 
términos de que los Diputados del Partido por la Democracia apoyaremos este proyecto.
Sin embargo, las reflexiones del Diputado señor Schaulsohn nos enfrentan a un problema mayor, pues ponen en el tapete la necesidad de que, a futuro, se pueda contar con un Estatuto de la empresa pública, hoy inexistente en Chile.
Muchas empresas tienen como elemento común en materia organizativa el hecho de ser públicas, pero cuentan con distintas estructuras jurídicas. Unas son sociedades anónimas y otras no lo son; unas tienen directorio y otras carecen de él; unas tienen giro limitado y otras giro amplio. Esta materia necesariamente habrá que abordarla a futuro, a fin de uniformar las normas que rigen este tipo de empresas y conciliar adecuadamente la necesidad de que tengan la flexibilidad a la cual se hace mención, con el sentido de empresa pública.
La Empresa Portuaria de Chile no sólo es viable sino también rentable, y existe razonable optimismo respecto de su futuro desarrollo por el continuo crecimiento del comercio exterior.
Sin embargo, su alto grado de eficiencia en la gestión operativa no guarda relación con la realidad administrativa laboral. Aquí se ha señalado una irregularidad: tiene un porcentaje mucho mayor de empleados a contrata que de planta. Los orígenes de este problema se encuentran en la legislación, un tanto errática, dictada sobre la materia en el gobierno pasado. Mediante la ley N2 18.042, se intentó la creación de la Corporación Nacional Portuaria, persona jurídica de derecho público cuyo único objetivo era constituir con el Fisco la Sociedad Anónima Portuaria de los principales puertos del país, avanzando en la idea de su privatización.
Esa legislación fue derogada por la ley N2 18.966, de 10 de marzo de 1990, también dictada por el gobierno pasado. En consecuencia, la Emporchi quedó con vacantes en escalafones cuyas funciones desaparecieron, y sin vacantes en aquellas que debió seguir cumpliendo, especialmente las referidas a los empleados de almacén, control, equipos de mantención, etcétera. Por ello, la dotación debió ser ampliada mediante el mecanismo de la contrata, a fin de lograr la eficiencia requerida.
El Gobierno de la Concertación no ha hecho otra cosa que corregir esa situación anormal a través de este proyecto, cuya idea matriz es fijar la planta del personal de la Empresa Portuaria de Chile, a fin de establecer un ordenamiento jerárquico que permita ascensos normales de su personal y haga viable la carrera funcionaría, conforme con los respectivos escalafones de su especialidad.
Por estas razones, los Diputados del Partido por la Democracia votaremos favorablemente esta iniciativa.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, sólo deseo manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa que corrige una situación que se ha arrastrado por muchos años, y destacar la participación de los trabajadores de la empresa en la elaboración y discusión de este proyecto.
Asimismo, solicito el acuerdo unánime de la Sala para que se incorporen en la versión oficial las intervenciones de los colegas que estábamos inscritos para hacer uso de la palabra, lo cual no fue posible debido a la limitación del tiempo acordado por los Comités.
Me parece importante aclarar que el proyecto es muy positivo, cuenta con el pleno respaldo de la bancada de la Democracia Cristiana y espero que también con el asentimiento unánime de la Sala. 
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se insertarán las intervenciones a que ha hecho mención el Diputado señor Pizarro.
Acordado.
Los textos de las intervenciones cuya inserción se acordó, son los siguientes:
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, respecto de las aprensiones del Diputado señor Bartolucci y otros señores Diputados en relación con las atribuciones que se le otorgan en el artículo 3a al Director de Emporchi para promover discrecionalmente las vacantes existentes en los grados 10 y superiores y las de los trabajadores no regidos por el Estatuto Administrativo, quiero manifestar que este artículo 3a fue aprobado por la unanimidad de la Comisión. Además, en el informe se establece que hay un compromiso de respetar las normas sobre encasillamiento de los personales de planta y de contrata, en especial su antigüedad. De esta manera, queda en la historia de la ley este compromiso y la seguridad del respeto a las normas sobre encasillamiento.
He dicho.
El señor SABAG.- Señor Presidente:
Una vez más se somete a la aprobación de esta Cámara un proyecto de ley que, además de producir un ejemplar consenso entre los parlamentarios, viene a llenar vacíos legales que entorpecían gravemente la aplicación de la justicia social que este Gobierno se comprometió a aplicar durante su mandato.
Pero no es solamente eso: se trata de perfeccionar y hacer eficaz, hasta lograr la excelencia en el funcionamiento de una empresa estatal, cuya actual eficiencia en el manejo produce un buen rendimiento económico y que además se ha constituido en el soporte básico de nuestro comercio exterior.
No puedo menos de recordar lo que nos señalan los informes de las Comisiones que estudiaron el proyecto. Emprentar demostró durante casi 16 años que, aun con toda la deficiencia en la estructuración de su planta, de lo cual no tenían culpa sus trabajadores o ejecutivos, sino el injusto, inadecuado y me atrevo a decir, aberrante cuerpo legal que la condicionaba, rendía óptimos frutos para la economía del país.
Vale la pena señalar que durante recientes años, mientras se elevaba el transporte marítimo-portuario en un 95 por ciento, el personal que laboraba en él, disminuía de 5.328 trabajadores en 1965 a 1.394 trabajadores en 1983. De esos 1.394, solo 815 eran personal de planta; los demás son trabajadores "a contrata", es decir, sin seguridad, sin porvenir o expectativa de ascenso; en otras palabras, sin incentivo alguno. Parece paradójico que, mientras se pregonaba oficialmente la necesidad y el derecho a esperar incentivos por el mayor esfuerzo, se negaba esa misma posibilidad a quienes se exigía excelencia para una actividad vital del país. Excelencia que, por lo demás, ellos entregaban.
El Director de la Empresa Portuaria de Chile ha dicho en esta Cámara algo tan razonable que al parecer no sería necesario repetirlo, pero creo útil afincar su idea en esta breve intervención. Emporchi es una empresa que se desenvuelve en una actividad altamente competitiva. Si no cuenta con personal profesional, técnico, altamente entrenado y debidamente remunerado, no sólo pierde "esa" empresa estatal: pierde el país, porque pierden sus puertos y su capacidad de tratar su comercio exterior".
El proyecto que hoy sin duda aprobaremos (creo que motivados por sentido común, más que por otro motivo), incorpora a la planta, a todo ese personal que estuvo "a contrata" durante casi 12 años. Ni siquiera aumenta el personal como sería aconsejable. Sólo le hace justicia y al mismo tiempo otorga una tranquilizadora seguridad al país, porque las manos y los conocimientos técnicos que manejan las puertas de su comercio exterior han sido considerados en justicia y empiezan a ser incentivados para que entreguen todo lo que saben hacer y han hecho durante largos años en bien del país.
No puedo menos de expresar mi satisfacción por el hecho, tantas veces constatado, de que las leyes deben hacerla los parlamentarios, los representantes elegidos por el pueblo, con lo cual esa voz del pueblo es escuchada en todas las instancias de la formación de las normas que lo regirán; así ha sucedido ahora, así debe suceder siempre.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, sólo para responder a las consultas formuladas por el Diputado señor Velasco sobre una indicación presentada en la Comisión de Transportes, aprobada por unanimidad, que agrega un inciso al artículo 2a del proyecto, en el sentido de que en el primer encasillamiento que se efectúe en conformidad con el artículo 2a, no regirá lo dispuesto en el artículo 13, inciso cuarto, de la ley N° 18.834. La segunda indicación se hizo a través de un oficio dirigido al señor Presidente de la República, para establecer que esta ley, a diferencia de lo señalado en el actual proyecto, tendría efecto retroactivo a contar de Ia de enero de 1993.
Respecto de la primera indicación, el Ejecutivo está plenamente de acuerdo con ella. En cuanto a la segunda, se encuentra en proceso de tramitación, con consulta al Ministerio de Hacienda, ya que, por tratarse de una materia que involucra la asignación de determinados recursos, debe contar con la aprobación de ese Secretario de Estado. Sin embargo, en mi opinión, es muy probable que ambas indicaciones se incorporen en el curso de la tramitación del proyecto.
De esta manera respondo las consultas del Diputado señor Velasco.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, no quisiera repetir las argumentaciones sobre la normativa establecida en el proyecto para dignificar la labor de la Empresa Portuaria de Chile en la importante tarea que realiza a lo largo de toda la costa nacional.
Sin embargo, quiero aclarar algo señalado por el señor Ministro en relación al artículo 2a. Dicha disposición no fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas justamente porque, a nuestro juicio, no puede quedar consagrada en una ley de la República una facultad de carácter discrecional otorgada a un jefe de servicio, menos aún si se refiere a grados contemplados entre el 6a y el 10 de la Escala Única de Remuneraciones, puesto que no son cargos de confianza. Insistir en este tipo de facultades discrecionales no beneficia para nada a la Administración Pública, pese a los compromisos contraídos con los sindicatos, ya que, en este sentido, la ley podría obviarlos.
Sobre esta materia, por intermedio del señor Presidente quiero preguntar al señor Ministro cuál será el criterio que se aplicará en el encasillamiento, si es el que en la actualidad rige para el personal de la Empresa Portuaria de Chile, o si las juntas calificadoras estarían haciendo una especie de calificación apresurada, la que, en cierta medida, acusaría una fuerte presencia de los partidos del actual gobierno, lo cual haría que la discrecionalidad fuera utilizada en sentido contrario al compromiso que se planteó en la Comisión.
Por esa razón, insistimos en la conveniencia de respetar los estudios, las calificaciones y la antigüedad; en definitiva, el mérito para ascender en forma objetiva en la Administración Pública.
Del mismo modo, en el artículo 3° no está suficientemente explicitado el término idóneo, aspecto hecho presente oportunamente en la Comisión y aclarado por los representantes de los trabajadores, por los funcionarios, y por el propio señor Ministro.
El artículo 6° dispone que nadie sufrirá disminución de remuneraciones producto del encasillamiento, situación que se obviará mediante planillas suplementarias. Aunque estas vías paralelas o suplementarias incluidas en iniciativas similares aprobadas por la Cámara son positivas y dan cierta tranquilidad, no dan seguridad en el tiempo, pues a través de algún hostigamiento interno estas personas puedan quedar rápidamente fuera de los servidos públicos, situación que no queremos que vuelva a suceder.
Respecto del artículo 10 hubo unanimidad para que este beneficio rija desde el 1 de enero de 1993, puesto que así fue concebido, sin perjuicio de que el dinero para el presente año ya estaba resguardado, en virtud de una disposición existente.
En cuanto al artículo transitorio propuesto por la Comisión de Obras Públicas, que dispone que en el encasillamiento que se efectúe conforme al artículo 2a no regirá lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto Administrativo, estimamos que el artículo 2a respetará las normas generales de encasillamiento y, por ser la primera vez, no dará pábulo para que la Contraloría General de la República devuelva esta iniciativa.
Por las razones expuestas, en términos generales aprobaremos el proyecto para dignificar a la Empresa Portuaria de Chile, pero nos abstendremos en el artículo 2a, como señal de advertencia.
Señor Presidente, el Diputado señor Longton me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, agradezco la interrupción al Diputado señor Horvath.
Este proyecto es realmente importante para los trabajadores de Emporchi, y así fue presentado en las conversaciones que junto con el Senador señor Sergio Romero sostuvimos con su directiva hace algún tiempo. La importancia que han adquirido los puertos en los últimos años y la que tendrán en los próximos, indudablemente justifican esta iniciativa que hacía falta. Cuando los trabajadores de un servicio público o de una empresa, no están bien o se sienten inseguros, es difícil exigirles perfección en su trabajo. Esta iniciativa, que viene a dar seguridad a los trabajadores de la Emporchi en el desempeño de sus funciones, indudablemente conducirá a una mayor prolijidad y a un mayor cumplimiento de ellas.
Desde el punto de vista humano, el proyecto nos parece adecuado y oportuno: remedia una situación que durante quince años ha sido injusta en cuanto a la carrera funcionaría, al no existir ascensos; su dictación permite hacerla realidad. Asimismo, es oportuno que tenga efecto retroactivo a partir de enero de este año.
Discrepo un poco del Diputado Jeame Barrueto cuando, de alguna manera, en su intervención responsabiliza a gobiernos anteriores de que los trabajadores hayan permanecido durante tanto tiempo en esta especie de vacío o de incertidumbre. Con ese mismo criterio, por ejemplo,  
podría preguntar por qué el Gobierno esperó tres años y medio para enviar el proyecto y no lo hizo en el primer año.
Pero, en definitiva, se está dando solución a muchos trabajadores, se está corrigiendo una anomalía y hay unanimidad al respecto. Todo eso nos debe alegrar y movemos a demostrar nuestra satisfacción.
Por lo tanto, colaboramos con muchísimo gusto con nuestro voto. Nos alegramos de que estos trabajadores tengan esa tranquilidad, ya que después de haberla obtenido, veremos a la Empresa Portuaria de Chile trabajando con más eficiencia que la observada hasta el momento.
He dicho.
Gracias.
Aplausos en las tribunas.
El señor HAMUY (Presidente en ejercido).- Advierto a los asistentes a tribunas que les está prohibido hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum.
El señor FAULBAUM.- Señor Presidente, sólo para anunciar los votos favorables de la bancada radical social demócrata a este proyecto que satisface las aspiraciones de los trabajadores y de la Empresa Portuaria de Chile. Como en el transcurso del debate ya se dieron todos los antecedentes del caso, sólo nos interesa resaltar en forma particular lo expresado por el señor Ministro, para que en el más breve plazo se haga realidad la indicación para dar efecto retroactivo a la ley.
Asimismo, deseo rectificar lo señalado por el Diputado señor René Manuel García, en cuanto a que accedimos a recibir a los trabajadores en la Comisión sólo porque estaban de acuerdo con ello el señor Ministro y el Director de la Empresa, pero la verdad es que la Comisión lo resolvió en forma autónoma, y en esa oportunidad nos dimos cuenta de que el proyecto contaba con el apoyo unánime de las federaciones de la Empresa.
En consecuencia, estamos plenamente de acuerdo con las normas contenidas en el proyecto sometido a nuestra consideración.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, el artículo 10 establece que la ley regirá desde el primer día del mes siguiente al de su publicación.
Luego el informe señala que hubo amplio consenso para acoger la idea de que la entrada en vigencia fuera desde el le de enero de 1993, y que, como lo expresó el propio Ministro señor Germán Molina, esto último corresponde a la intención de Ejecutivo.
Si es así, ¿se formulará indicación en el Senado para fijar la fecha en que la ley entre en vigencia, o simplemente por falta de tiempo no se materializó una indicación que tiene el consenso de todos?
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Como lo explicó el señor Ministro en forma muy clara, esto se encuentra en Hacienda.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, no escuché la explicación del señor Ministro. ¿Qué significa que esté en Hacienda?
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, voy a reiterar el asunto recién señalado.
Por tratarse de una materia que tiene que ver con asignación de recursos, la respectiva indicación debe contar con la aprobación del señor Ministro de Hacienda, cuya opinión es favorable; pero mientras ella no esté presentada formalmente, no existe.
Respecto de la primera indicación, puedo adelantar que hay acuerdo unánime; y sobre la segunda, esperamos formularla muy pronto, seguramente en la tramitación del proyecto en el Senado.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Aplausos en las tribunas.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Advierto a los asistentes a las tribunas que deben guardar silencio.
El proyecto no ha sido objeto de indicaciones, salvo el artículo 52 que tiene una indicación de Hacienda
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en particular, con excepción del número 5a que debe votarse.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, había una petición respecto del artículo 2a, que se refiere a la discrecionalidad con que el Director proveerá las vacantes, respecto del cual se anunciaron algunas abstenciones.
Solicito que se vote.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 2a, con la abstención de Renovación Nacional y de los Diputados señores Schaulsohn, Horvath, Leay...
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Votación!
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En votación el artículo 2a, que modifica el 3e del decreto ley N9 423.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 26 abstenciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, solicito que se agregue mi voto favorable, porque no aparece en el tablero.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Por la afirmativa, 55 votos, sumados los de los señores Gutenberg Martínez, Matta, Villouta y Jorge Pizarro.
En votación el artículo 5°, con la indicación de Hacienda.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos: por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo 5“ con la indicación de Hacienda.
Despachado el proyecto en primer trámite constitucional.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, en nombre del Gobierno, agradezco muy sinceramente a la Honorable Cámara haber tratado con profundidad y celeridad la aprobación de este proyecto en su primer trámite constitucional. Igual tratamiento tuvo en las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.
Con esto se está dando una muestra muy clara del enorme consenso que existe para solucionar un viejo problema que afecta a nuestros trabajadores portuarios y a la eficiencia de Emporchi.
Gracias a todos.


6.NORMAS SOBRE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. Primer trámite constitucional.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- De conformidad con los acuerdos de los Comités, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es la señora Caraball, y de las de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, los señores Seguel y Villouta, respectivamente.
El texto del proyecto está impreso en el boletín N3 69606 y figura en el número 8 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69B, celebrada el 4 de mayo de 1993.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.
La señora CARABALL.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un mensaje, con urgencia calificada de "simple", que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- ¿Me permite, señora Diputada?
Si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso del señor Subsecretario del Trabajo.
Acordado.
Puede continuar, Su Señoría.
La señora CARABALL.- Durante el estudio de esta iniciativa, se contó con la asistencia y colaboración del señor Eduardo Loyola, Subsecretario del Trabajo y Previsión Social; de la señora Paulina Veloso, Jefa de Gabinete de dicha Cartera, y del señor Esteban Montes, asesor del primero de los nombrados.
Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 212 del Reglamento de la Corporación, expresaron sus puntos de vista acerca de la iniciativa los señores José Fuentes, Víctor Ulloa, Rigoberto Muñoz, Luis Contreras y Oscar Domínguez, en representación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef); Mario Araya, Femando Silva y Oscar Maldonado, por la Asociación Nacional de Empleados Municipales (Asemuch), y Humberto Cabrera, Juan Díaz y la señora Zunilda Martínez, por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats).
La idea matriz de la iniciativa en informe es, a decir del mensaje del Ejecutivo, reglamentar el derecho de asociación de los trabajadores de la Administración del Estado reconocido por nuestra Carta Fundamental.
El proyecto consta de 69 artículos permanentes distribuidos en diez capítulos y tres normas transitorias.
El Capítulo I, sobre disposiciones generales consta de 7 artículos que, someramente, paso a analizar.
El artículo 1° permite a los funcionarios estatales y municipales organizarse  
en asociaciones, teniendo como única obligación la de enmarcarse en la normativa legal y en los propios estatutos que las regulen. El mismo artículo aclara que lo anterior no tiene aplicación respecto del personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a las empresas del Estado dependientes de la cartera de Defensa Nacional, o que se relacionen con el Gobierno por intermedio de la misma y, también, a tales empresas en las cuales la ley le prohíba expresamente sindicalizarse.
El artículo 2a permite que las asociaciones posean una estructura y naturaleza acorde con la de la entidad de que se trate. Así, tendrá un carácter nacional, tratándose de un ministerio; uno comunal, si la organización se da dentro del ámbito de un municipio, etcétera.
Ahora bien, la norma se encarga de precisar que en el área de la salud estas organizaciones puedan darse respecto de los funcionarios que laboren en uno o más hospitales o establecimientos que componen cada servicio, siendo consideradas, para estos fines, como de índole comunal.
Además de lo señalado, la misma norma en análisis consagra el derecho del personal de asociarse en federaciones y confederaciones, pudiendo como asociación afiliarse o desafiliarse libremente de aquéllas.
Además, este artículo posibilita que las aludidas federaciones y confederaciones constituyan organizaciones internacionales de trabajadores, asociarse a las ya existentes y viceversa; todo ello, en consonancia con lo que, al efecto, señalen sus propios estatutos y las disposiciones, usos y costumbres consagrados por el derecho internacional.
El artículo 3a se encarga de indicar, en otros términos, que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, o dejar de serlo, precisando que el afiliarse a alguna de éstas es un acto voluntario, personal e indelegable.
Por otra parte, prohíbe a los funcionarios estar afiliados, al mismo tiempo, en más de una asociación relativa a un mismo empleo, como, igualmente, a una de éstas, hacerlo respecto de otra de superior grado de idéntico nivel.
El artículo 4a sanciona la infracción de las prescripciones antes indicadas con la caducidad de toda afiliación anterior y, en caso de no poderse determinar el orden de precedencia de las mismas, con la nulidad de todas ellas.
El artículo 5a reafirma la libertad de que gozan los funcionarios de pertenecer o no a una asociación, impidiendo que tal manifestación de voluntad pueda ser objeto de todo condicionamiento o discriminación laboral.
El artículo 6a reconoce el carácter de ministro de fe, para los propósitos de la ley en proyecto, a los notarios y a los oficiales del Registro Civil, y a los funcionarios de la Contraloría designados como tales, por su jefe máximo.
El artículo 7a contiene una larga enumeración de objetivos que, para efectos de este informe, se ordenan según la metodología utilizada por el propio mensaje, que expresa que se mantienen algunos similares a los que tienen las organizaciones del sector privado, en particular los relacionados con el bienestar, el perfeccionamiento, la educación, la formación y la capacitación de los afiliados, así como las facultades que se otorgan a las organizaciones sindicales para concurrir a la constitución o asociación con mutualidades, servicios de bienestar e instituciones previsionales o de salud.
A su vez, se establecen funciones específicas para este tipo de organizaciones, tales como las de recabar información sobre los servicios a quienes corresponda, y de los planes, programas y resoluciones relativas a los funcionarios; de hacer presente, ante las autoridades, cualquier incumplimiento de las normas del Estatuto Administrativo y demás pertinentes que establezcan derechos y obligaciones laborales, a solicitud del afectado; de indicar a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones relativas al personal, a la carrera funcionaría, a la capacitación, a materias de interés general para la asociación o sobre otras materias que expresamente le solicite la autoridad, facultades éstas que se ejercerán en forma permanente por las asociaciones y que les aseguran el cumplimiento de su objetivo, esto es, ser canales o vías de comunicación permanente entre sus asociados y los jefes superiores de los respectivos servicios.
El Capítulo II, que consta de seis artículos, contiene la normativa a que habrán de sujetarse las asociaciones para los efectos de constituirse.
En lo que respecta a los aspectos más relevantes contenidos en él, podemos reseñar que tal acto deberá realizarse en una asamblea celebrada ante un ministro de fe, de la cual se levantará acta, en donde se aprobarán los estatutos de la entidad y se elegirá a su directorio, cuyos miembros gozarán de fuero desde ese momento.
La Contraloría General de la República llevará un registro de este tipo de asociaciones, las cuales adquirirán personalidad jurídica desde el momento en que depositen, con las modalidades que indica, en el organismo contralor general o regional, según el caso, el acta original y dos copias de sus estatutos, pudiendo formular reparos a dicho acto constitutivo, los que habrán de ser subsanados. Además, se obliga a la directiva a poner en conocimiento de la jefatura superior del servicio correspondiente el hecho de haberse llevado a cabo la mencionada asamblea, individualizando a quiénes la conforman, al día hábil siguiente a la misma, como, igualmente, cualquier modificación que sufra tal directorio.
Finalmente, en lo que a esta materia respecta, se precisa que la constitución y elección en las entidades que conforman el área de salud, se llevarán a efecto en un solo acto salvo situaciones excepcionales, pero observando las normas que fije la Contraloría, exigiéndose mínimos para organizarse conforme a la ley en proyecto, tanto en lo que dice relación con la cantidad de personas que deseen asociarse, como, asimismo, que representen ciertos porcentajes en relación a los funcionarios que, en total, prestan sus servicios en la repartición, servicio o establecimiento de que se trate.
El Capítulo III, que comprende dos artículos, trata de los estatutos, los cuales, junto a la iniciativa en informe y al reglamento que de ella se dicte, constituyen la normativa por la cual se regirán estas asociaciones.
Luego de señalar las menciones que los estatutos deberán contener ineludiblemente, preceptúa que su reforma tendrá que ser aprobada en una sesión extraordinaria, por la mayoría absoluta de los miembros al día en el pago de sus cuotas.
El Capítulo IV, que consulta la normativa relativa al directorio, consta de dieciocho artículos.
El primero de ellos el artículo 16entrega al directorio la representación judicial y extrajudicial de la asociación, haciendo aplicable a su presidente aquella norma del Código de Procedimiento Civil que autoriza al gerente o administrador de sociedades civiles o comerciales para litigar en nombre de éstas, con las facultades que en dicho cuerpo legal se señalan y que prevalecen, aun cuando se pretendan limitar en los respectivos estatutos o actos constitutivos de las mismas.
El artículo 17 establece el número de directores con que podrá contar la asociación de funcionarios, el que fluctúa entre uno y nueve, de conformidad con las distintas cantidades de afiliados, con que cuenten y que el mismo texto se encarga de precisar. No obstante, en las condiciones especiales que se señalan en el inciso segundo, el personal de un servicio o repartición, de carácter nacional, perteneciente a una provincia o región, podrá elegir el mismo número de directores que le posibilite la aplicación de la regla indicada precedentemente, para que lo represente en la región o provincia que corresponda.
Además, se dispone que las variaciones experimentadas durante un ejercicio, en cuanto a la cantidad de asociados, no producirá efectos inmediatos en materia de directores, sino hasta que se verifique una nueva elección, oportunidad en que habrá de ajustarse su composición.
El artículo 18 encomienda a los estatutos el establecimiento de los requisitos para ocupar un cargo en el directorio de una de estas entidades, aunque señala como menciones obligatorias a consignar la de no haber sido condenado o encontrarse sometido a proceso por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, inhabilidad que sólo operará hasta la prescripción de la pena, y la de tener una antigüedad mínima de seis meses de afiliación, a menos que la entidad tuviere una existencia más breve que dicho lapso.
Los artículos 19 a 22, ambos inclusive, se refieren a las modalidades a que habrán de ceñirse las elecciones del directorio con exclusión del primero de las asociaciones de funcionarios, las que, en general, quedan entregadas a lo que determinen sus propios estatutos. Ahora bien, en silencio de éstos se señala una mecánica de relativa simpleza, otorgándose un rol protagónico al secretario en lo que respecta a la inscripción de las candidaturas y a la información que, sobre el particular, deberá dar éste a la jefatura superior del Servicio y a la Contraloría General de la República, organismo, este último, a quien le corresponde pronunciarse acerca de la eventual inhabilidad o incompatibilidad que pueda afectar a los miembros que resultaren electos, de oficio dentro de los 90 días siguientes a la elección o al hecho que la motivare o a petición de parte en cualquier tiempo.
Se indica, además, que las votaciones destinadas a elegir directorio o a censurar el cometido del mismo deben efectuarse en presencia de un ministro de fe y en forma secreta, a menos de que se trate de una asociación existente en un servicio en que labore una cantidad inferior a 25 funcionarios, sin perjuicio de dejar constancia escrita de lo obrado, con copia a la Contraloría, a fin de que certifique estos hechos.
Por otra parte, se consigna que podrán participar en estas elecciones todos los afiliados con una antigüedad mínima de 90 días a la fecha en que se realizarán éstas, excepción hecha, por lógica y como se viera, tratándose de la que habrá de realizarse al constituir la asociación, en donde serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran a la asamblea y que cumplan con los requisitos exigidos para ser director.
Asimismo, la norma propuesta se encarga de señalar el número de preferencias de que podrá hacer uso cada elector, fijándolo en 2, si son 3 los cupos a proveer; en 4, tratándose de 7, y, finalmente, en 5, si son 9 las vacantes.
La situación especial de las asociaciones que cuenten con menos de 25 afiliados, lo aborda en términos de que a cada uno le concede el derecho a un solo voto.
El artículo 23 dispone una duración de dos años para los directores, dando cabida a su reelección, como, igualmente, que los acuerdos deberán ser adoptados por la mayoría absoluta de los mismos.
El artículo 24 se refiere al fuero de que gozarán los dirigentes de este tipo de asociaciones, materia que, a decir de la parte preliminar del mensaje, se aparta de la lógica aplicada al sector privado, en donde aquél consiste, fundamentalmente, en la inamovilidad en el empleo para el  
dirigente sindical, cuyo contrato sólo podrá ser dejado sin efecto previo desafuero solicitado al tribunal competente, quien lo considerará sólo si acoge la causal de caducidad invocada por el empleador.
Ello no podría ser tratado así por el proyecto en análisis continúa el texto en comento toda vez que los funcionarios de la administración del Estado gozan, según el Estatuto Administrativo, de inamovilidad en su empleo, por lo que el fuero debe estar orientado a dotarlos de un instrumento que les asegure el ejercicio de sus funciones. De allí que el fuero de los dirigente de las asociaciones de funcionarios consiste conforme lo aborda la iniciativa del Ejecutivo en otorgarles inamovilidad en la labor que desempeñan en sus respectivos servicios, al resultar elegidos dirigentes; en la imposibilidad de ser trasladados de una sección a otra o de un lugar a otro; y en que, mientras dure su mandato, no puedan ser calificados anualmente, a menos que el mismo dirigente así lo solicite. De esta manera se recoge, en lo sustancial, lo que establecía para los dirigentes de asociaciones de trabajadores del sector público al antiguo Estatuto Administrativo, que les permitía desarrollar adecuadamente sus funciones de representación.
Otro de los aspectos que trata este artículo apunta a los derechos que asisten a quienes ocupan cargos directivos en estas asociaciones. En lo fundamental, solicitar información de las respectivas autoridades, en cuanto a los asuntos y disposiciones que digan atingencia con los objetivos de las asociaciones, como, igualmente, con los derechos y obligaciones de quienes se encuentren afiliados a las mismas; ser recibidos por las autoridades indicadas, y solicitar pronta respuesta a sus inquietudes; y demandar su participación en la gestión de políticas que guarden consonancia con los derechos y obligaciones del personal por ellos representado.
El artículo 25 contempla el derecho que asiste a los afiliados de censurar a la directiva, la cual resultará siempre extensiva a todos sus miembros. Deberá ser presentada por un porcentaje superior al 20 por ciento de los socios y aprobada por la mayoría absoluta de los mismos con derecho a voto, cumpliendo las formalidades que allí se indican.
El artículo 26 priva del derecho a votar en la primera elección o censura de directorio a aquellos socios que han estado afiliados a otra asociación existente en el mismo servicio hasta un año antes de la realización de uno de aquellos actos.
El artículo 27 obliga a que las elecciones de directorio o las votaciones de censura se efectúen en un solo acto, repitiendo esta norma aquélla ya indicada al abordar la ley en proyecto, la problemática que se suscita con motivo de la constitución de la entidad y la elección de su primer directorio en aquellas reparticiones en donde, por su naturaleza, no pueda darse cumplimiento a tal imperativo, debiendo estarse, a este respecto, a la normativa que para cada caso dicte la Contraloría General de la República.
Su artículo 29 hace imperativo para las jefaturas superiores de los servicios otorgar las facilidades del caso para que se practiquen las elecciones y votaciones dispuestas en esta iniciativa.
Su artículo 30 se refiere a la provisión de las vacantes que se generen en un directorio, disponiendo que sólo se procederá a llenarlas si se produjeren con una antelación mínima de seis meses al cumplimiento del respectivo período y, en tal evento, exclusivamente por el tiempo que falte para ser completado, a menos que aquéllas fueran de tal cantidad que afectaren al buen funcionamiento de la directiva, caso en el cual ésta se renovará en su integridad y por el lapso ordinario de dos años.
Sus artículos 31 al 34, ambos inclusive, regulan, en detalle, los permisos a que tendrán derecho los dirigentes de estas asociaciones con motivo del cumplimiento de sus labores como tales, fuera del lugar de trabajo, distinguiendo entre aquéllos de orden común no inferiores a 22 horas semanales para los directores de asociaciones nacionales o a 11 horas si se trata de entidades de carácter regional, provincial o comunal y los de índole especial o adicional. Dentro de estos últimos, contempla las siguientes situaciones: la de los directores que se excusen de cumplir la jomada completa o media jornada de trabajo, por acuerdo de la asamblea correspondiente, por un período superior a seis meses y hasta que concluya su ejercicio; la de emplear hasta cinco días hábiles durante el año calendario para efectuar tareas propias de su cometido; otro adicional, también de hasta cinco días en el año, con goce de remuneraciones, para asistir a eventos relativos a materias atingentes a la función pública y, por último, aquéllos convenidos entre el directorio y la jefatura superior del servicio, sin goce de remuneraciones, para que uno más de sus miembros haga uso de licencia por un lapso determinado.
La normativa en análisis se encarga de determinar de cargo de quién es, en definitiva, el pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de los dirigentes correspondientes al tiempo empleado con motivo de los referidos permisos y licencias, siendo la norma general que aquéllos de carácter común indicados en la primera parte del párrafo precedente no alteran el régimen ordinario de pago, esto es, son de cargo del servicio o repartición; en cambio, los por un lapso que exceda del anterior, deberán ser pagados por la propia asociación, salvo, obviamente, los dos últimos permisos y licencias también aludidos en el ya individualizado párrafo.
Finalmente, el artículo 34 dispone que se considerará, para todos los efectos, como efectivamente trabajados todos
los tiempos consultados con anterioridad.
El Capítulo V consta de cuatro artículos relativos a las asambleas, a las que consagra como el órgano resolutivo superior de la asociación de funcionarios, pudiendo tener el carácter de ordinarias o extraordinarias.
El Capítulo VI está compuesto de diez artículos y se refiere al patrimonio de las asociaciones de funcionarios, disposiciones que pasan a reseñarse someramente, a lo menos en lo que a su contenido respecta, toda vez que, en su gran mayoría, contienen normas de detalles, pero de fácil comprensión de su simple lectura.
Así, el primero de estos artículos contiene los distintos rubros que integran tal patrimonio, y el último de ellos establece la posibilidad de que los respectivos estatutos indiquen otros recursos.
Su artículo 39 reconoce a estas entidades la facultades de adquirir, conservar y y enajenar todo tipo de bienes, a cualquier título, reiterando una norma ya indicada, en cuanto a que la enajenación de bienes precisa, como requisito previo, el acuerdo adoptado al efecto en asamblea extraordinaria.
Su artículo 40 entrega al directorio la administración de los bienes sociales, respondiendo los directores, solidariamente, hasta de la culpa leve en tal cometido.
El artículo 42 concibe este patrimonio como de exclusivo dominio de la asociación, no perteneciendo, en particular, a ninguno de sus miembros, ni pudiendo éstos acceder a la propiedad de alguno de los bienes que lo componen en el evento de disolución de la misma. Además, en este último caso, se prescribe que pasará aquél a la asociación que fijen sus estatutos y, a falta de esta mención o por la inexistencia de la asociación designada, a la que disponga el Presidente de la República.
Sus artículos 43 y 44 señalan la obligatoriedad para los asociados del pago de las cotizaciones ordinarias consignadas en los estatutos. Igualmente, entrega a la asamblea la determinación de la cuota que, del total de estas cotizaciones, deberá destinarse como aporte a las asociaciones de grado superior a la que la entidad se encuentre afiliada.
El artículo 45 consulta el mecanismo del descuento por planilla de tales cuotas y las obligaciones que, en este aspecto, caben al jefe superior del respectivo servicio.
El artículo 47 establece la obligación para aquellas asociaciones que cuenten con 250 afiliados o una cantidad superior, de efectuar anualmente un balance, el que deberá ser aprobado por la asamblea y, una vez cumplido que sea esto, habrá de remitirse copia del mismo a la Contraloría. Para aquellas asociaciones que tengan un número inferior de afiliados al señalado con anterioridad, sólo existe el deber de llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario.
El artículo 48 otorga al organismo contralor las más amplias atribuciones fiscalizadoras respecto de los libros de actas y contabilidad de las asociaciones. La directiva deberá proporcionar todos los antecedentes que aquél requiera para estos efectos. En caso contrario, se consultan drásticas sanciones por estar asimilado este hecho, para estos efectos, a una infracción grave. Finalmente, se consulta la facultad para que los socios que se encuentren al día en el pago de sus cuotas en un porcentaje no inferior a un 25 por ciento, requieran una auditoría externa de la entidad, la que habrá de ser practicada.
El Capítulo VH consta de doce artículos 49 al 60y regla las federaciones y confederaciones, entendiendo por las primeras la unión de tres o más asociaciones, y por las segundas, que también pueden ser llamadas agrupaciones, la unión de cinco o más federaciones o de veinte o más asociaciones.
También se establece en estos artículos la posibilidad de incorporarse a una federación o confederación en formación o ya constituida, como también que la desafiliación de ellas habrá de ser acordada en votación secreta y ante un ministro de fe por la mayoría absoluta de sus socios y cumpliendo todas las formalidades que el texto especifica.
El Capítulo VHI, que comprende los artículos 61 al 63, se refiere a la disolución de las asociaciones de funcionarios, la cual, de conformidad con la primera de las disposiciones indicadas, puede ser requerida por uno o más de sus afiliados, por la Contraloría General de la República o por la propia repartición o servicio donde se constituyera, por las causales que en cada caso señala y que se enumeran en el informe.
El artículo 68 suprime, tanto en el Estatuto Administrativo de la Administración Pública como en el Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales, la actual prohibición que pesa sobre los trabajadores de ambos sectores de "organizar o pertenecer a sindicatos en el área de Administración del Estado".
El artículo 69 faculta al Presidente de la República para que, dentro del lapso de un año, incorpore las normas de esta iniciativa en las leyes N°s. 18.834 y 18.883, y le fija los marcos a que deberá ceñirse para tales efectos.
Por último, como se señalara con anterioridad, el proyecto en informe culmina con tres disposiciones transitorias.
La primera de ellas da un plazo de dos años para que las asociaciones, federaciones y confederaciones existentes en este momento, adecúen sus estatutos a fin de acogerse a la presente normativa, las que serán consideradas continuadoras legales de sus antecesoras.
La segunda posibilita que puedan ser dirigentes del primer directorio de una federación o confederación que se constituya dentro de los dos años de vigencia de la ley, jubilados o montepiados de la Administración del Estado. 
La tercera consulta una norma muy similar a la anterior, pero referida a quienes a la fecha de constitución de las entidades de grado superior no tuvieren el carácter de directores de asociaciones de base, los que gozarán de los fueros y permisos establecidos en esta iniciativa en lo que resultaren pertinentes.
Cabe consignar que tanto el artículo 2Q como el 3a transitorio autorizan la posibilidad de reelección para las personas favorecidas con sus disposiciones.
Señor Presidente, cabe señalar que el mensaje del Ejecutivo señala que es papel del Estado velar porque las garantías constitucionales puedan efectivamente operar en el contexto de la legislación que se dicte sobre el particular, en resguardo de los derechos ciudadanos que amparan.
Así, agrega que en nuestra Carta Fundamental se reconoce el derecho de asociarse sin permiso previo a todas las personas y, por extensión, se consagra el derecho de sindicalizarse, garantías ambas susceptibles de perfeccionarse con el establecimiento paulatino de medios institucionales y legales que, a su vez, logren la instauración y vigorización de cuerpos intermedios de participación en la sociedad, viéndose de paso afianzado el sistema democrático en su conjunto.
Se procura con esta iniciativa obtener un mayor equilibrio en el ámbito de las relaciones laborales de las personas, en general, y no tan sólo de aquellas que lo hacen en el sector privado, dado que se presenta el contrasentido de que, estando garantizado en la Constitución igual derecho para quienes desarrollan algunas actividades, sólo se haya regulado respecto de quienes se desempeñan en el mencionado sector.
Asimismo, se persigue dar mayor fluidez a las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus funcionarios, mediante la creación de un sistema institucional que contenga reglas precisas y claras en este sentido, para propender, en definitiva, a un nivel de cierta equiparidad en el tratamiento jurídico que reciben los trabajadores que se desempeñan en una u otra área.
Concluye el mensaje expresado que se pretende recoger con las limitantes que, por cierto, conlleva el ejercicio de una tarea de carácter público el marco jurídico creado por la ley Ns 19.069, sobre organizaciones sindicales, aplicable a los trabajadores del sector privado, con el propósito de que entre ambos cuerpos normativos, "no sólo exista una misma orientación conceptual, sino que también una relativa identidad jurídico-formal y una gran concordancia en contenidos".
Este proyecto se inserta en un conjunto de iniciativas legales que apuntan a establecer una institucionalidad laboral adecuada a los propósitos de impulsar una mayor equidad en las relaciones de trabajo y de contribuir a un desarrollo económico sostenido, con justicia social.
Este ha sido el trasfondo conceptual que inspiró al Gobierno, entre otras iniciativas, a la relativa a organizaciones sindicales y negociación colectiva, hoy convertida en ley de la República, la que, sin embargo, se refiere únicamente a los trabajadores del sector privado. Por lo tanto, existe un amplio sector de trabajadores los del sector público cuyo derecho de asociación, aun cuando fue reconocido en forma general por la Constitución Política, no ha sido reglamentado por la normativa legal. Esta situación representa, a juicio del Ejecutivo, una discriminación arbitraria que no se conforma con el principio de la libertad sindical ni con el de protección al derecho de asociación internacionalmente reconocido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.
Destaca el Ejecutivo que la mayoría de los países del mundo han reconocido, hace mucho tiempo, el derecho a sindicarse del personal del servicio público;
sin embargo, la sindicalización de los funcionarios públicos es un fenómeno relativamente reciente en comparación con la larga tradición del sindicalismo en el sector privado, produciéndose en forma generalizada entre las décadas del sesenta y del ochenta, y aún, ya avanzada esta última.
También expresa el Ejecutivo que la transformación y modernización de la Administración del Estado, y consecuencialmente la función pública, requiere el establecimiento de mecanismos institucionales que regulen de manera clara las relaciones de trabajo de los funcionarios de los servicios públicos, que den lugar a una interlocución adecuada entre la parte empleadora y sus trabajadores, con el firme propósito de ayudar a que las relaciones laborales sean más equilibradas y armónicas lo que, por otra parte, enriquece la convivencia social y refuerza el sistema democrático y que, en consonancia con estos principios y consideraciones, el Gobierno ha concordado en la necesidad de extender el derecho de asociación a los empleados de la Administración Pública, con fines de representación de los mismos en materia de las condiciones de empleo que les afectan, y corregir así una discriminación odiosa con respecto a estos trabajadores.
El proyecto sometido a consideración de la Cámara guarda una misma orientación conceptual y una relativa identidad formal con la ley NQ 19.069, sobre organizaciones sindicales del sector privado, no obstante lo cual es preciso indicar que se ha considerado la especificidad propia de la función pública, particularmente, el distinto estatuto laboral de estos trabajadores, por lo que, respetando el derecho de asociación, no se reconocen facultades negociadoras, que son propias del sector privado. Cabe señalar, por lo tanto, que el derecho a negociación colectiva y a huelga, no se consideran para estos trabajadores.
En la discusión general del proyecto, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, en líneas generales, compartió los puntos de vista sustentados por el Ejecutivo, y aprobó por unanimidad la idea de legislar en esta materia.
En cuanto a la discusión particular, hubo un alto grado de acuerdo respecto de sus numerosos artículos.
Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. En la primera de las situaciones señaladas, conforme a lo acordado por la Comisión, se encuentran los artículos 9a, 10,13, 15, 19, 20, 24, 27, 46, 47, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 66 y 67 del texto aprobado en el presente trámite.
Del texto aprobado, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda los artículos 17, 30, 31, 32, 33, 57, 58, 64 y 65.
Los artículos no aprobados por unanimidad son el 2a, 7a, 8a, 10, 13, 22, 32, 42, 44, 46, 52, 64, 65 y 66, según lo acordado por la Comisión.
Como consecuencia de lo indicado, la Comisión de Gobierno Interior estima del caso aconsejar a la Honorable Sala la aprobación en general de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social me ha encomendado informar el proyecto que constituye un importante paso en la conformación de una institucionalidad laboral acorde con la realidad política y social que vive actualmente nuestra nación.
No creo que esté en discusión por ningún sector político la necesidad de consagrar en la ley lo que la realidad nos presenta como hechos irrebatibles, esto es, la existencia de asociaciones gremiales en el ámbito de la Administración del Estado, aun cuando ellas constituyeran asociaciones de derecho privado, regidas por el Código Civil, pero que, indudablemente, debieron estar reguladas por el derecho público, que es el ámbito al cual pertenecen.
Por otra parte, tampoco está en discusión el hecho de que el hombre es naturalmente sociable; es decir, requiere asociarse, unirse para la satisfacción de sus necesidades, el logro de sus objetivos y el alcance de aquellas metas que aisladamente serían imposibles de obtener. Desde luego, la posibilidad del ser humano de aprender y enseñar evidencian su destino social. Lo mismo acontece en el campo del trabajo; es una exigencia de la naturaleza imperfecta del hombre aprender a trabajar y organizarse para tal fin.
Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama, explícitamente, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
A este respecto, cabe recordar que durante la Revolución Francesa el antagonismo histórico existente entre la libertad individual y el derecho a constituir asociaciones indujo a eliminar el derecho de asociación en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Hoy en día, el derecho de asociación es ampliamente reconocido como garantía constitucional, basada en el derecho natural. Es así como el número 15a del artículo 19 de la Constitución Política de la República consagra la libertad de asociación, asegurando a todos los habitantes de nuestro país el derecho de asociación sin permiso previo, debiendo las entidades que así se constituyan gozar de personalidad jurídica, observando las disposiciones legales pertenecientes a esta materia y quedando prohibidas aquellas asociaciones que atenten contra la moral, el orden público o la seguridad del Estado. Como igualmente aquellas acciones tendientes a obligar a alguien para que se afilie a una de las mismas.
Por otra parte, el número 19 de la ya señalada disposición constitucional asegura el derecho de sindicarse en los casos y en la forma que la ley prescriba, puntualizando que el ejercicio de éste será siempre de carácter voluntario.
En cuanto a la obtención de personalidad jurídica por parte de estos entes, se puntualiza que ella ha de ser consecuencia del registro de sus respectivos estatutos y actas constitutivas, de conformidad con la ley, entregando a esta última la responsabilidad de establecer la mecánica que garantice la independencia de estas entidades, quedando prohibida su intervención en actividades propias de los partidos políticos.
Sin perjuicio del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que dice directa relación con el ejercicio del derecho de asociación por parte de los trabajadores, el número 16 de la misma disposición, relativa a la libertad de trabajo y su protección, en su inciso tercero prohíbe cualquier discriminación en esta materia que no se base en la capacidad o idoneidad personal, haciendo especial reserva de los requisitos de nacionalidad o de límites de edad que la ley puede exigir en casos especiales.
Además, su inciso cuarto consagra la más amplia libertad laboral, con excepción de aquellas actividades que atenten contra la moral, la seguridad o la salubridad públicas o por exigirlo el interés nacional, debiendo ser declarado así por una ley. Igualmente, prohíbe las exigencias de estar afiliado a cualquier entidad o desafiliarse de una de la que ya se pertenece como requisito para desarrollar un trabajo.
Finalmente, debo destacar que los incisos penúltimo y último de este número se refieren a los procesos de negociación co 
lectiva y al de huelga, encomendando a la ley la determinación expresa de las situaciones excepcionales en que los trabajadores no podrán hacer uso del primero de éstos y las modalidades a que se someterá su operatoria, como asimismo, entrega a la norma legal la facultad de señalar aquellos casos en que habrá de someterse a arbitraje obligatorio. En cuanto a la huelga, la prohíbe respecto de los funcionarios del Estado y de los municipios, como igualmente a quienes sirvan en corporaciones o empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización provocase grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, lo que será determinado conforme a los procedimientos que la ley precise.
Por otra parte, el Derecho Internacional del Trabajo, expresado a través del Convenio 87 de la OIT, aprobado en la Conferencia General celebrada en San Francisco, en 1948, señala especialmente en su artículo segundo que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
Del mismo modo, consagra que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Asimismo, preceptúa que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho o entorpecer su ejercicio legal. Del mismo modo, determina que la adquisición de la personalidad jurídica por parte de las organizaciones de trabajadores y empleadores, federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la
aplicación de las disposiciones anteriores.
Finalmente, la misma Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio NQ 151, de junio de 1978, estableció la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública.
El referido texto hace presente que su ámbito de aplicación es sobre las personas de la Administración Pública, siempre que no les resulten aplicables normas más favorables contenidas en otros convenios internacionales sobre la materia, entregando a la legislación nacional la facultad de determinar la medida en que las garantías pueden hacerse extensivas a los funcionarios de alto nivel, como asimismo a las Fuerzas Armadas y a la policía. Además, define la organización de empleados públicos, cualquiera sea su composición, como aquella que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos.
Por su parte, el mensaje señala que es papel del Gobierno velar por que las garantías constitucionales puedan efectivamente operar en el contexto de la legislación que se dicte sobre el particular, en resguardo de los derechos ciudadanos que ellas amparan.
La iniciativa en informe procura obtener, en general, un mayor equilibrio en el ámbito de las relaciones laborales de las personas, y no tan sólo de aquéllas que lo hacen en el sector privado, dado que se presenta el contrasentido de que, estando garantizado en la Constitución igual derecho para quienes desarrollan algunas actividades, sólo se ha regulado respecto de quienes se desempeñan en el mencionado sector.
Asimismo, persigue dar mayor fluidez a las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus funcionarios, mediante la creación de un sistema institucional que contenga reglas precisas y claras, de manera de propender, en definitiva, a un nivel de cierta equiparidad en el tratamiento jurídico que reciben los trabajadores que se desempeñan en una u otra área.
Con ello se pretende recoger, con las limitaciones que, por cierto, conlleva el ejercicio de una tarea de carácter público, el marco jurídico creado por la ley N° 19.069, sobre organizaciones sindicales, aplicable a los trabajadores del sector privado, con el propósito de que entre ambos cuerpos normativos no sólo exista una misma orientación conceptual, sino también una relativa identidad jurídico-formal y una gran concordancia en lo que a contenidos respecta.
No quisiera detenerme en el contenido del proyecto, por cuanto el texto del informe se basta a sí mismo, y me imagino que todos los Honorables Diputados lo han leído y están preocupados de la materia. Sólo quiero hacer presente que él se inserta dentro de un conjunto de iniciativas legales que apuntan a establecer una institucionalidad laboral adecuada a los propósitos de impulsar una mayor equidad en las relaciones de trabajo y de contribuir a un desarrollo sostenido con justicia.
La transformación y modernización de la Administración del Estado, y consecuentemente de la función pública, requiere el establecimiento de mecanismos institucionales que regulen de manera clara las relaciones de trabajo de los funcionarios de los servicios públicos, dando lugar a una interlocución adecuada entre la parte empleadora y sus trabajadores, con el firme propósito de ayudar a que las relaciones laborales sean más equilibradas y armónicas, lo que, por otra parte, enriquece la convivencia social y refuerza el sistema democrático.
Acorde con estas ideas, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social prestó su aprobación en general y en forma unánime al proyecto, aun cuando en su discusión particular estimó necesaria la modificación del texto propuesto por la Honorable Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, a fin de permitir el restablecimiento y perfeccionamiento del texto original propuesto por el Ejecutivo, como una manera de hacerlo concordante con las disposiciones de la ley Na 19.069, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, aprobada por esta Comisión en informe del 11 de abril de 1991, en aquellos aspectos que fueran pertinentes, atendida la naturaleza jurídica de la función pública.
No quisiera terminar esta intervención sin hacer un llamado a mis colegas a fin de que presten su aprobación al texto propuesto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que, según lo manifestado por los propios trabajadores, interpreta más fielmente las aspiraciones e intereses de quienes laboran en la función pública.
Junto con entregar este informe, llamo la atención de los Diputados que aún permanecen en la Sala para que demos nuestra aprobación a este proyecto, ya que mañana la Anef cumple 50 años de vida.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, el proyecto que me corresponde informar como integrante accidental de la Comisión de Hacienda, fue sometido, antes de llegar al Parlamento, a una larga discusión y análisis entre el Ministerio del Trabajo y las asociaciones de trabajadores del sector público involucradas en el tema. Por ejemplo, se sostuvo reuniones con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef; con la directiva presidida por Hemol Flores hasta septiembre de 1991, y con la encabezada por don Milenko Mihovilovic, con posterioridad. Las consultas también abarcaron la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, la Asociación de Empleados Municipales de Chile y el Colegio de Profesores.
El largo período de elaboración casi dos años se debe, en parte, a los permanentes cambios introducidos a sugerencia de los gremios antes señalados. En consecuencia, el texto propuesto al Parlamento cuenta, en la casi totalidad de las materias, con el respaldo y aceptación de los trabajadores del sector público. Sólo subsistiendo aspectos controvertidos los derechos a negociaciones colectivas y huelgas, los que no fueron considerados en el proyecto en cuestión y que no es del caso analizar ahora.
Este proyecto sobre asociaciones de funcionarios del Estado permitirá la organización legal de doscientos mil trabajadores pertenecientes a la administración central del Estado, los Servicios de Salud y los trabajadores y profesores empleados por las municipalidades.
El proyecto establece una normativa muy similar a la correspondiente a las organizaciones sindicales reguladas por la ley NQ 19.069, con diferencias relativas básicamente a los fueros, permisos, prácticas desleales e imposibilidad de negociar colectivamente y votar la huelga.
Los fines de estas asociaciones de funcionarios, en cuanto a la promoción del mejoramiento económico de los asociados, son más amplios que los correspondientes a las organizaciones sindicales. Es así como el proyecto faculta a las asociaciones de funcionarios para constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter previsional o de salud, a la creación y constitución de mutualidades, fondos y otros servicios vinculados a asesorías de promoción, educacionales, etcétera, y también se faculta a las asociaciones para establecer centrales de compra o economatos.
Para el cumplimiento de sus fines, las asociaciones podrán celebrar convenios con instituciones privadas o públicas.
En materia de permisos, el proyecto difiere de las organizaciones sindicales en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, se amplía el número de horas semanales que los directores de las asociaciones puedan destinar a las actividades gremiales, siendo de un mínimo de 11 a 22, según sea la calidad de los directores.
En consecuencia, es significativo el aumento de las horas de permisos. Tal aumento no resulta desproporcionado si se considera que el número de dirigentes sindicales por cada trabajador del sector privado es muy superior al número previsible de directores de asociaciones de funcionarios del sector público. O sea, el número promedio de trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales es menor que el correspondiente a las asociaciones de funcionarios.
En consecuencia, el número de horas de permiso para los dirigentes gremiales, analizado en relación con la cantidad de afiliados por organización, resulta muy similar en los sectores públicos y privados.
Contrariamente a lo que ocurre en el sector privado en que las horas no trabajadas por concepto de permisos son de cargo del sindicato, de acuerdo con el texto propuesto del proyecto las horas de permiso de los directores de asociaciones de funcionarios son pagadas por el empleador, es decir, por el Estado.
En consecuencia, tanto la mayor cantidad de horas de permiso como el pago de ellas supone una diferencia y una ventaja respecto de lo que ocurre con las organizaciones sindicales. La primera se justifica plenamente ya que el mayor número de afiliados por asociación, así como su dispersión geográfica, hacen más compleja y exigente la labor de los dirigentes.
La segunda diferencia, esto es, el pago por el Estado y no por la organización gremial de las horas de permiso, aun cuando supone una ventaja innegable para las asociaciones de funcionarios, conceptualmente es más difícil de defender. Sin embargo, si se considera que constituye deber e interés del Estado que las asociaciones de funcionarios cumplan a cabalidad la labor de promoción y servicio que la ley les asigna, no se divisa razón para rechazar el financiamiento estatal de la acción gremial.
Fue este punto el que provocó mayores consultas y dudas a la Comisión, ya que no hay una limitación de asociaciones que se puedan formar en una misma institución pública, incluso comunal, lo que puede generar un gasto indirecto difícil de cuantificar si se forma más de una, y el aumento de dirigentes crea un alejamiento de sus labores de trabajo a muchos funcionarios, lo que podría provocar desajustes en las labores de dichos servicios.
En el informe de la Comisión se deja establecido que los artículos fueron aprobados por unanimidad, con las indicaciones presentadas en la Comisión de Hacienda. El inciso primero del artículo 33 fue rechazado por unanimidad.
Es cuanto puedo informar.
El señor CERDA (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.
El señor NAVARRETE.- Pido la palabra.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, Renovación Nacional votará favorablemente la idea de legislar respecto del proyecto del Ejecutivo sobre asociaciones de empleados públicos y municipales.
El proyecto es positivo en cuanto importa materializar el principio constitucional de libertad de asociación y de sindicalización consagrado en la Constitución Política de la República.
Es positivo en cuanto normaliza una situación de hecho. Es público y notorio que casi todas las instituciones de funcionarios públicos y municipales están organizadas y son interlocutores válidos ante la autoridad y ante los funcionarios, por lo cual es bueno y conveniente que tengan una normativa legal, y no como ahora, que muchas veces se desconoce el marco en el cual se mueven estas organizaciones.
Es positivo en cuanto adhiere fundamentalmente a la ley de organización sindical, por lo cual, a nuestro juicio, estas asociaciones perfectamente bien podrían haberse llamado sindicatos de empleados públicos y municipales. El nombre no difiere en nada, desde el momento en que el contenido de este proyecto es prácticamente idéntico al de la ley Ne 19.069, sobre sindicalización del sector privado.
Es positivo también al impedir la negociación colectiva de estos funcionarios, porque la autoridad no puede aceptarla desde el momento en que no está arriesgando su propio patrimonio, como en el caso de las empresas.
Sin embargo, tenemos algunas objeciones sobre aspectos puntuales del proyecto.
Es objetable, por ejemplo, la disposición que permite ingresar al personal contratado como miembro de estas asociaciones e incluso ser director. Por definición, los funcionarios contratados cumplen funciones transitorias por un período no superior a un año, y no es bueno ni conveniente que incluso puedan ser directores o pertenecer a estas asociaciones.
El señor SEGUEL.- ¿Me permite una consulta?
El señor NAVARRETE.- Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Seguel.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.- Solamente una aclaración.
Cuando Su Señoría habla de contratados, ¿se refiere a los trabajadores a contrata?
El señor NAV ARRETE.- Exactamente. Me refiero a los funcionarios que están a contrata a quienes podemos asimilar inmediatamente a la condición de temporeros: son funcionarios transitorios. Es como si en la ley sobre sindicalización del sector privado se permitiera a los temporeros pertenecer también al sindicato de empresa. Repito: no es bueno ni conveniente que personas contratadas por un período transitorio formen parte de una organización.
Es negativo también respecto del permiso para dirigentes. En el sector privado, éstos tienen permisos de 6, 8 y 10 horas semanales, según se trate de dirigentes de asociaciones de empresas, de federaciones o de confederaciones. Sin embargo, a los funcionarios públicos se les conceden permisos de 11, 22 y 26 horas semanales que, prácticamente, en los dos últimos casos representan media semana que estarían en condiciones de trabajar para la organización sindical o la asociación de funcionarios, lo cual, a nuestro juicio, es una discriminación inconveniente, con la agravante de que el proyecto los establece como permisos mínimos en circunstancias de que para el sector privado se establecen como máximos.
Por lo tanto, presentaremos indicación para corregir esta evidente discriminación con respecto al personal del sector privado.
También es inconveniente la disposición transitoria que permite elegir y reelegir indefinidamente a jubilados o pensionados como directores de federaciones y confederaciones. Es inconveniente que personas desvinculadas de la administración, que no conocen a perfección la circunstancia real ni inmediata que se está viviendo sean quienes dirigen estas federaciones y confederaciones. En nuestra opinión, esto obedece a razones de conveniencia política contingente, es decir, se busca una ley con nombre y apellido, seguramente para halagar a dirigentes que hoy son ex funcionarios del Estado, pero que están al frente de estas organizaciones de empleados públicos.
Por último, también es negativo que las centrales sindicales léase federaciones y confederaciones cuyos objetivos son extremadamente vagos, se presten de modo particular para la acción política, por lo que también hemos presentado indicación para corregir estos aspectos negativos de la iniciativa.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, muy breve para fundamentar nuestra decisión de votar favorablemente la idea de legislar en este proyecto.
La verdad es que su contenido ya ha sido dado a conocer por los respectivos informantes.
Todos sabemos que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 15, consagra la libertad de asociación, en términos de asegurar a todos los habitantes del país el derecho de asociarse sin permiso previo, debiendo las entidades que así se constituyan para gozar de personalidad jurídica, hacerlo observando las disposiciones legales atinentes a esta materia. Por su parte, el número 19 asegura el derecho a sindicarse en los casos y en la forma que la ley prescriba, puntualizando que el ejercicio de este derecho será siempre de carácter voluntario. Es decir, el derecho a sindicarse es la especie del género más amplio establecido en la libertad de asociación.
Sin embargo, el derecho a sindicarse está vedado para los funcionarios del Estado. El artículo 78 del Estatuto Administrativo señala expresamente la prohibición: "Los funcionarios que se rigen por el Estatuto Administrativo no pueden organizar sindicatos ni pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración."
Esto contradice lo que señala el Convenio NQ 151 de la OIT, que versa sobre la protección del derecho de sindicalización y establece los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública.
El texto de dicho Convenio hace presente que es aplicable a todas las personas empleadas en la Administración Pública, siempre que no existan normas más favorables contenidas en otros convenios internacionales sobre la materia. 
Sin embargo, lo anterior no significa que los funcionarios del Estado no se hayan organizado. Las organizaciones existen, pero no tienen una normativa específica. Por ello, dichos trabajadores han recurrido a otras estructuras jurídicas. Algunos se han acogido a la normativa sobre asociaciones gremiales; otros se han constituido como corporaciones de derecho privado, conforme con las normas que sobre la materia establece el Código Civil.
En consecuencia, el proyecto satisface la necesidad de establecer un mecanismo específico de organización de los trabajadores del sector público. En líneas generales, sigue la normativa existente en materia de organizaciones sindicales respecto de los trabajadores del sector privado que aprobamos en esta Cámara, y se aparta de ella sólo en los casos en que la naturaleza de la función propia del funcionario público lo hace necesario.
Además, según el artículo 69 del proyecto, estas normas se incorporarán en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales, facultando al Presidente de la República para efectuar las armonizaciones que la situación amerite.
Reiteramos nuestra voluntad de votar favorablemente el proyecto.
Los informes tienen diferencias importantes. Si bien las Comisiones aprobaron unánimemente la idea de legislar, hay diferencias en sus textos, sobre todo en aspectos muy particulares, como respecto de los permisos sindicales.
Como la materia debe necesariamente pasar a segundo informe, me limitaré a señalar que nuestra preferencia en relación con los temas en que hay discrepancias es la acordada en la Comisión de Trabajo, cuyo informe emitió el Diputado señor Seguel.
En consecuencia, votaremos favorablemente la idea de legislar.
El señor HAMUY (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el proyecto tiene que ver con una realidad que se produce desde hace mucho tiempo. En la década de 1930 a 1940, las agrupaciones o asociaciones tuvieron un primer reconocimiento formal. El Estatuto Administrativo establecido por la ley N2 8.282, de 1945, y el decreto con fuerza de ley N2 256, de 1953, en forma indirecta, aludieron a los organismos gremiales de los empleados públicos al autorizar que se descontaran de las remuneraciones de los funcionarios las respectivas  
cuotas sociales de los afiliados de dicha organización.
El Estatuto Administrativo establecido por el decreto ley Ne 338, de 1960, sólo se limitó a autorizar la existencia en cada servicio público de un delegado del personal; omitió incluso los descuentos de las cuotas sociales, que continuaron efectuándose por autorización interna del Ministerio del ramo.
La ley N° 18.834, actual Estatuto Administrativo, en su artículo 78, letra i), prohibió toda actividad sindical dentro de los servicios públicos.
Sin embargo, en este breve recuento, cabe señalar que a partir de 1960 se dispuso el reconocimiento formal de las organizaciones gremiales de los empleados públicos de la Anef, en las leyes NQs. 14.171, 15.364, 15.077, 16.402 y 16.840. La ley N° 17.594 otorgó la inamovilidad a sus dirigentes; la ley NQ 15.364 reguló su traslado y cambio de funciones, y la ley N° 15.984 estableció que las funciones de representación gremial quedaban comprendidas dentro del ejercicio de la jomada diaria de trabajo.
Por otra parte, la Contraloría General de la República, a través de su jurisprudencia, configuró un verdadero estatuto de garantía gremial para el libre ejercicio de esta actividad.
En consecuencia, desde hace tiempo nuestro país goza de un historial sobre la agremiación de los funcionarios públicos.
Todo esto se gestó paralelamente, mientras en las Naciones Unidas se proclamaba la igualdad de los derechos civiles y políticos en favor de los empleados públicos y, a su vez, la realidad nos hacía constatar una clara evolución de los conceptos tradicionales que han caracterizado la función pública.
Es así como en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo NQ 54, de 1970, reiterada posteriormente en el Convenio Ne 151, de 27 de junio de 1978, las Naciones Unidas estableció diferentes principios que permiten señalar que todos los trabajadores, sin excepción alguna y sin necesidad de recabar autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, y pueden afiliarse a ella con la sola condición de observar y respetar la legislación nacional.
Asimismo, estos convenios hacen expresa reserva de que el personal de las Fuerzas Armadas y de Policía se encuentra en una situación excepcional que no le permite agremiarse, salvo que lo disponga expresamente la legislación nacional.
En consecuencia, el principio internacional es recogido hoy por el proyecto que analizamos.
En la función pública, los servidores del Estado, al igual que los del sector privado, tienen el derecho de asociación que garantiza la Constitución Política.
No hay duda de que la función pública ha evolucionado, según lo constatamos en distintos hechos. Hoy, la Administración Pública tiene una importancia inmensa en el desarrollo del Estado, de la vida nacional. La formación de entidades, de empresas funcionalmente descentralizadas, con patrimonio y personalidad jurídica propios; los servicios públicos transformados en entidades con estas características obligan a reconocer que existe una interrelación y no una separación entre las actividades que realizan los funcionarios públicos y los del sector privado. Ahora no existe el límite preciso de hace 50 años, cuando se separaba el derecho público del privado. No hay duda de que existen organismos o entes del Estado regidos por disposiciones del derecho privado y otros por normas del derecho público. Lo hemos visto, incluso en el Estatuto de los profesores y en otros compendios normativos, en los que se entremezclan disposiciones del derecho privado y del derecho público.
De ahí que el proyecto responda a estas dos premisas básicas: el reconocimiento de los derechos civiles y la distinta naturaleza de la función pública que hoy realiza el Estado.
Nos parece que el proyecto contiene un fuero especial para el sector público, para sus dirigentes. La categoría de permisos que se otorgan, ¿quién es el responsable de las horas de permiso, que en este caso asume el Estado? Ante la imposibilidad de que estos asociados puedan efectuar negociaciones colectivas o declararse en huelga, que se prohíbe por la Constitución Política de 1980, les confiere una reglamentación adecuada y un reconocimiento expreso de la realidad nacional.
La iniciativa también da un rol muy especial a la Contraloría General de la República, en cuanto a su calidad de ministro de fe o de registro, para de esta manera adecuar el cumplimiento a las normativas que rigen las asociaciones de funcionarios públicos.
Por estas razones y por las que se han señalado, daremos nuestro voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.
El señor VALCARCE.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que los beneficios y garantías que establece el proyecto son estupendos para el sector laboral fiscal.
Sin embargo, me asalta una duda por la serie de funciones, que implican mayor trabajo y control, que se entregan a la Contraloría General de la República en los diferentes artículos: formular observaciones a la constitución de la asociación, dentro de los 90 días después de depositada el acta, mantener un registro de todas las asociaciones laborales, calificar la inhabilidad o incompatibilidad de los dirigentes elegidos, normar las elecciones de directorios o votaciones de censura, revisar y fiscalizar balances, pronunciarse respecto de las denuncias e irregularidades sobre manejo financiero.
En definitiva, si bien es cierto que la Contraloría General de la República es un organismo serio, éste u otro proyecto debería contemplar el personal suficiente para que maneje el sinnúmero de asociaciones gremiales fiscales que se crearán a lo largo del país, ya que sólo las municipalidades son más de 300; los ministerios y una serie de otros organismos sumarán otros tantos. La Contraloría tendrá que llevar un registro preciso de cada uno de ellos, sin dejar de cumplir las labores de su competencia.
Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, consulto al señor Ministro si se aumentará el personal de la Contraloría General de la República.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Manterola.
El señor MANTEROLA.- Señor Presidente, los Diputados radicales y socialdemócratas votaremos favorablemente en general el proyecto de ley que permite asociarse a los funcionarios públicos, ya que garantiza el equilibrio de las relaciones laborales entre estos trabajadores y el Estado y crea un sistema institucional que tiende a equiparar la situación del sector público y el sector privado.
De acuerdo con el artículo 2a de la iniciativa, los funcionarios pueden asociarse en federaciones y confederaciones y afiliarse y desafiliarse libremente. El principio básico es la libertad de que gozan para pertenecer o no a una de estas asociaciones.
El proyecto establece los objetivos que corresponde cumplir a las asociaciones, como la búsqueda del bienestar, perfeccionamiento, educación y capacitación de sus miembros, y, por cierto, ser los medios de comunicación permanentes y expeditos entre sus asociados y los jefes superiores de los respectivos servicios. En fin, el proyecto constituye una respuesta a una pretensión muy antigua de los trabajadores del sector público que, de algún modo, se ha reflejado en los hechos, si no en el derecho.
Por este motivo, considerando que la iniciativa representa una solución concreta a tan sentidas y lógicas aspiraciones de los funcionarios de este sector, la bancada radical socialdemócrata la votará en general favorablemente.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, en cuanto a la consulta específica sobre la Contraloría, tema planteado por varios señores Diputados, debo informar que su papel o las alternativas que habría respecto de algunas funciones que se señalan en el proyecto, suponen una discusión con ese organismo en relación con los recursos indispensables para efectuar esas tareas.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Se suspende la sesión por diez minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Continúa la sesión.
En votación general el proyecto.
Se entiende que se votan las normas de quorum simple.
El quorum especial requerido es de 62 votos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobadas.
Si le parece a la Sala, con el mismo quorum aprobaremos las normas de quorum calificado o de quorum de ley orgánica constitucional.
Aprobadas.
Aprobado en general el proyecto.
Pasa a Comisión para su segundo informe.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, Honorable Cámara, quiero agradecer el respaldo que ha tenido este proyecto y destacar la importancia de que, por primera vez, se esté generando un estatuto jurídico para los trabajadores del sector público. Ello significa abrir para cerca de 200 mil trabajadores la posibilidad de ejercer el derecho de asociación.
La aprobación de este proyecto en vísperas de cumplirse 50 años de la constitución de la ANEF, parece un paso fundamental. Por eso, esperamos que pronto se convierta en realidad un estatuto que permita no sólo organizarse a los trabajadores de este sector, sino contar también con un instrumento eficaz para sus fines.
Muchas gracias.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Despachado en general el proyecto.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 2°.
1.De la Comisión de Trabajo, para remplazar el inciso tercero, por el siguiente:
"Las asociaciones de funcionarios tienen el derecho de constituir federaciones, confederaciones, que podrán denominarse también agrupaciones y centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas.".
2.De la Comisión de Trabajo, para sustituir el inciso cuarto, por el siguiente:
"Asimismo, todas las asociaciones de funcionarios indicadas en el inciso precedente, tienen el derecho de constituir organizaciones internacionales de trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ella en la forma que prescriban los respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional.".
Al artículo 5°.
3.De la Comisión de Trabajo, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 5a.- No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a una asociación de funcionarios. Del mismo modo, se prohíbe impedir o dificultar su afiliación o perjudicarlo en cualquier forma por causa de su afiliación o de su participación en actividades de la asociación.".
Al artículo 6°.
4.De la Comisión de Trabajo, para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley serán ministros de fe los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil o los funcionarios de la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, que sean designados en calidad de tales por el Contralor General.".
Al artículo 7°.
5.De la Comisión de Trabajo para reemplazar el encabezamiento por el siguiente:
"Artículo 7°. - Las asociaciones de funcionarios públicos no tendrán fines de lucro, lo que no obsta a la realización de los objetivos establecidos en el presente artículo.
Sus finalidades principales serán las siguientes:".
6.De la Comisión de Trabajo, para eliminar en la letra i) las palabras "de las mismas".
7.De la Comisión de Trabajo, para suprimir en el inciso primero de la letra
j), la expresión "de las mismas".
8.De la Comisión de Trabajo, para eliminar en la letra k) las comillas de la palabra "economatos".
Al artículo 8°.
9.De la Comisión de Trabajo para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:
"En tal asamblea y en votación secreta se aprobarán los estatutos de la asociación y se procederá a elegir su directorio. De la Asamblea se levantará acta, en la cual constarán las actuaciones indicadas en el inciso precedente, la nómina de los asistentes, y los nombres y apellidos de los miembros del directorio.".
Al artículo 10°.
10.De la Comisión de Trabajo para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:
"La Contraloría General podrá, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la constitución de la asociación si faltare por cumplir algún requisito para constituirla o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley.
11.De la Comisión de Trabajo para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:
"La asociación deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus estatutos a las observaciones formuladas por la Contraloría General dentro del plazo de sesenta días contados desde su notificación.".
Al artículo 11°.
12.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar en el inciso primero la referencia al artículo "24" por otra al "25".
13.De la Comisión de Trabajo, para sustituir en el inciso segundo, la palabra "tal" por la expresión "dicho".
Al artículo 13.
13 Del señor Navarrete, para eliminar en el inciso primero, la frase "a lo menos, el diez por ciento de los que allí presten servicios".
14.Del señor Navarrete para eliminar, en el inciso segundo, la frase: "siempre que representen más del 50 por ciento del total de los mismos".
15.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar el inciso cuarto, por el siguiente:
"Para efecto de lo dispuesto en los incisos anteriores se considerará que integran el personal de la institución o repartición los funcionarios de planta y los a contrata.".
Artículo nuevo.
16.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente artículo nuevo, signado con el N° 22:
"Artículo 22.- No se requerirá la presencia de ministro de fe en los casos exigidos en esta ley, cuando se trate de asociaciones de funcionarios constituidas en servicios que ocupen menos de veinticinco trabajadores. No obstante, deberá dejarse constancia escrita de lo actuado y remitirse una copia a la Contraloría General, la cual certificará tales circunstancias.".
Al artículo 22.
17.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar el inciso segundo, por los siguientes:
"Si se eligen tres directores, cada funcionario tendrá derecho a dos votos; si se eligen cinco, los votos de cada funcionario serán tres; si se eligen siete, cada funcionario dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada funcionario dispondrá de cinco votos. Los votos no serán acumulativos.
Sin embargo, cada funcionario tendrá derecho a un voto en la elección de presidente, en las asociaciones que tengan menos de veinticinco afiliados.".
Al artículo 23.
18.De la Comisión de Trabajo, para sustituirlo, por el siguiente:
"Artículo 23.- Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de sus integrantes.".
Al artículo 24.
19.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, tratándose de directores de una asociación que tengan la calidad de a contrata, el fuero los amparará sólo durante la vigencia de su respectivo nombramiento o contrato.".
Al artículo 30.
20.De la Comisión de Trabajo, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:
"Artículo 30.- La jefatura superior del Servicio, Repartición, Institución o Ministerio, según corresponda, deberá conceder a los directores de las asociaciones los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores a 22 horas semanales por cada director de una asociación de carácter nacional ni a 11 horas cada director de una asociación de carácter regional, provincial o comunal o que tenga como base uno o más establecimientos de salud y por cada director regional o provincial elegido conforme al inciso 2° del artículo 17.".
21.De la Comisión de Hacienda, para eliminar en el inciso primero del texto propuesto por la Comisión de Trabajo, la frase "fuera del lugar de trabajo" y para reemplazar la palabra "inferiores" por "superiores".
22.Del señor Navarrete para reemplazar en el inciso primero, del texto propuesto por la Comisión de Trabajo, la oración "los que no podrán ser inferiores" por la siguiente: "los que no podrán ser superiores", y para reemplazar los guarismos "22" y "11" por "8" y "26", respectivamente.
Al artículo 31.
23.De la Comisión de Hacienda para eliminar en el inciso final, la frase "y el inciso primero del artículo siguiente," y para reemplazar la coma (,) por un punto final (.) después de la palabra "asociación", suprimiendo las frases que le siguen.
Al artículo 32.
24.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente como inciso primero:
Artículo 32.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los Servicios o Reparticiones podrán convenir con el directorio de la asociación que uno o más de los dirigentes de ésta hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones por el tiempo que acordaren, previo acuerdo general o especial de la asamblea respectiva adoptado en conformidad a sus estatutos.".
25.De la Comisión de Hacienda para suprimir el inciso primero propuesto por la Comisión de Trabajo.
Al artículo 44.
26.De la Comisión de Trabajo para agregar en el inciso primero, a continuación de la expresión "asociación respectiva", la frase: ", o cuando el afiliado lo autorice por escrito,".
Al artículo 45.
27.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente, como inciso segundo nuevo:
"La obligación establecida en el inciso anterior no se aplicará a la asociaciones con menos de cincuenta trabajadores.".
Al artículo 46.
28.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
"Artículo 46.- Las asociaciones que cuenten con doscientos cincuenta afiliados o más deberán confeccionar anualmente un balance firmado por contador.".
29.De la Comisión de Trabajo, para sustituir el inciso cuarto, por el siguiente:
"Las asociaciones que tengan menos de doscientos cincuenta afiliados, sólo deberán llevar un libro de ingresos y egresos y uno de inventario; no estarán obligados a la confección del balance.".
Al artículo 50.
30.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar el inciso tercero, por el siguiente:
"Previo a la decisión de los funcionarios afiliados, el directorio de la asociación deberá informarlos acerca del contenido del proyecto de estatutos de la organización de superior grado que se propone constituir o de los estatutos de la organización a que se propone afiliar, según el caso, y del monto de las cotizaciones que la asociación deberá efectuar a ella. Del mismo modo, si se tratare de afiliarse a una federación deberá informárselos acerca de si se encuentra afiliada o no una confederación o central y, en caso de estarlo, la individualización de éstas.".
Al artículo 58.
31.De la Comisión de Trabajo, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:
"Artículo 58.- El Director de una federación o confederación tendrá derecho a que el Servicio o Repartición le conceda permisos para ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores a 26 horas semanales, las cuales serán acumulables dentro del mes calendario. Cada director podrá ceder a uno o más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, previo aviso escrito a la jefatura superior del Servicio o Repartición, Institución o Ministerio, según corresponda.". 
32.De la Comisión de Hacienda para intercalar en el inciso primero propuesto por la Comisión de Trabajo, entre las palabras "confederación" y "tendrá", la siguiente frase ": y hasta un máximo de 9 u 11, respectivamente".
Al artículo 64.
33.De la Comisión de Trabajo, para eliminarlo.
Al artículo 65.
34.De la Comisión de Trabajo, para reemplazar las palabras "Las restantes infracciones a esta ley que no tengan señalada una sanción específica" por: "Las infracciones que no tengan señalada una sanción específica en esta ley".
35.De la Comisión de Hacienda, para suprimir en el encabezamiento del artículo propuesto por la Comisión de Trabajo, la expresión "en esta ley".
Al artículo 66.
36.De la Comisión de Trabajo, para agregarle el siguiente inciso final:
"Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal en que pueden incurrir los directores en el desempeño de sus funciones.".
Artículo nuevo.
37.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente artículo:
"Artículo 68.- Suprímese en la letra i) del artículo 78 de la Ley Ne 18.834, la frase: "organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado.
Suprímese en la letra i) del artículo 82 de la Ley N® 18.883 la frase: "organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado.".
Disposiciones transitorias
Artículo nuevo.
38.De la Comisión de Trabajo, para intercalar el siguiente artículo:
"Artículo segundo.- Las federaciones o confederaciones que se constituyan dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, podrán elegir como directores, en su primer directorio, a personas que a la fecha de dicha constitución estuvieren jubilados o pensionados de la Administración del Estado, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente.".
39.Del señor Navarrete para suprimir el artículo segundo, propuesto por la Comisión de Trabajo.
40.Del señor Navarrete para reemplazar la expresión "trabajadores" por "funcionarios", en todas las partes en que figure.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, varios Diputados de los diferentes partidos políticos representados en esta Cámara hemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitarle al Presidente de la República que declare en estado de catástrofe, por los aluviones e inundaciones producidos, algunas zonas de las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, y, además, para pedirle que estudie la posibilidad de que, en conformidad con la facultad que le otorga el artículo 32, N° 22, de la Constitución Política, haga uso del 2 por ciento constitucional.
Este proyecto de acuerdo insisto fue suscrito por Diputados de todos los partidos políticos representados en la Cámara. Por lo tanto, por su intermedio solicito la unanimidad de la Sala para que se pueda tratar ahora.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para acceder a la petición del Diputado señor Urrutia. 
El señor PEÑA.- ¡No!
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo.


7.SOLIDARIDAD CON REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE PROXIMA CELEBRACION DE ELECCIONES PRESIDENCIALES.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- De los señores Arancibia, Pizarro, don Sergio; Ortega, Cornejo, Guzmán, Matta y Valcarce.
"Considerando:
"l2.- Que el próximo 9 de mayo se efectuarán elecciones presidenciales en la República del Paraguay de cuyo desarrollo está pendiente la comunidad internacional debido a que este hecho constituye una fase decisiva en el proceso de democratización en la República hermana.
"22.- Que el pueblo chileno es solidario con la vigencia del orden democrático en todos los países de la tierra.
"32.- Que la Declaración de Santiago es un compromiso latinoamericano de solidaridad activa con el sistema democrático en todo el continente.
"La Cámara de Diputados acuerda:
"l2.- Expresar los deseos del pueblo de Chile por que las elecciones paraguayas del próximo 9 de mayo sean un evento cívico ejemplarmente democrático.
"22.- Hacer llegar el texto de este acuerdo al Congreso y al Gobierno de Paraguay."
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor BOMBAL.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en verdad, me parece una frivolidad que estemos discutiendo este proyecto de acuerdo, en circunstancias de que hace algunos momentos Su Señoría solicitó el asentimiento de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo que sí es de la mayor urgencia ante la realidad que está viviendo el país.
Considero muy lamentable que estemos dando la señal de que nos preocupa más la situación de las eventuales elecciones en un país hermano al cual todos deseamos que le vaya muy bien, al negar la posibilidad de votar un proyecto de la máxima importancia, frente a la emergencia que en este momento vive el país. Es extraordinariamente grave lo que está sucediendo en la Región Metropolitana, y de ello da testimonio el propio Gobierno que está trabajando en forma denodada junto a todas las autoridades.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- ¿Me permite, señor Diputado? Ruego a Su Señoría referirse al proyecto de acuerdo en discusión.
El señor BOMBAL.- Estoy en contra del proyecto, más por la razón formal señalada que por una cuestión de fondo.
Hablan varios señores Diputados a ¡a vez. 
a un señor Diputado que apoyara el proyecto de acuerdo.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, pido, si es posible, que solicite nuevamente la unanimidad de la Sala para que nos aboquemos a un proyecto que hoy interesa realmente a muchos miles de chilenos pobres. En la mañana, el Gobierno manifestó la necesidad de contar con más recursos.
En consecuencia, solicito que no se vote este proyecto de acuerdo, sino el otro.
El señor PEÑA.- ¡No!
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que sostenga el proyecto de acuerdo.
La señora MALUENDA.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el Diputado señor Bombal formuló una petición.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Hubo oposición, señor Diputado.
El señor BOMBAL.- ¡Que se diga quién se opuso, señor Presidente!
La señora MALUENDA.- Señor Presidente, quiero defender el proyecto de acuerdo que acaba de leerse, porque es muy importante todo el apoyo internacional que se le pueda prestar al pueblo paraguayo, que vivió durante 30 años bajo una dictadura que lo hizo sufrir extraordinariamente y que nos dio una lección al sacar del poder a Stroessner antes que nosotros a Pinochet.
Nuestro deber moral como chilenos es aprobar este proyecto de acuerdo y apoyar la democracia para el pueblo paraguayo, empezando por ratificar la democracia en nuestro país.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
La señora MALUENDA.- No es extraño que el señor Bombal se oponga porque él procura defender posiciones fascistas.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
El señor SEGUEL.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, primero, Su Señoría ofreció la palabra para impugnar el proyecto, e intervino el señor Bombal; después, lo hizo a favor la señora María Maluenda, y ahora está ofreciendo la palabra otra vez para impugnarlo. Me parece que no corresponde. Pido que se vote el proyecto de acuerdo.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrecí la palabra a un señor Diputado que apoyara el proyecto. Otra cosa son los términos en que lo hizo el Diputado señor Bombal. 
El señor BARTOLUCCI.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, impugno el proyecto a título estrictamente personal y lo votaré en contra, porque considero que se trata de una intervención indebida en los asuntos propios de otro país respecto de los cuales no nos corresponde pronunciamos.
He dicho.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobado el proyecto de acuerdo.


8.ADOPCION DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE INUNDACIONES.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- De los señores Yunge, Escalona y Estévez.
"Considerando:
"U Que cada año las calles de la ciudad de Santiago, y en especial las de las comunas más pobres, sufren anegamientos e inundaciones producto de las lluvias, causando graves problemas a decenas de miles de ciudadanos.
"2) Que lo anterior tiene como explicación, entre otros motivos, el hecho de que los colectores de aguas lluvias tienen una antigüedad superior a los cuarenta años o, simplemente, aún no han sido construidos debido al explosivo crecimiento de la ciudad.
"3) Que las medidas adoptadas por las autoridades de Gobierno y municipales para prevenir este problema, son insuficientes para solucionar estructuralmente una situación que se arrastra por años.
"4) Que existe consenso de las autoridades en orden a buscar los mecanismos que permitan superar esta situación, para lo cual se requieren elevadas inversiones en infraestructura pero que, sin embargo, existe un vacío institucional relacionado con la competencia y responsabilidad estatal sobre la materia.
"La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
"Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, que adopte las medidas de emergencia para enfrentar las situaciones más dramáticas y, al mismo tiempo, instruya al Comité Interministerial de Infraestructura y Obras Públicas para que incluya dentro del Presupuesto Nacional para 1993, que se comenzará a elaborar en los próximos meses, las partidas necesarias que permitan financiar un proyecto de inversión que solucione efectivamente el problema de los colectores de aguas lluvias de la ciudad de Santiago y, en especial, de las comunas populares del Gran Santiago".
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor ESTEVEZ.- Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, este proyecto se presentó hace algunos días con el objeto de contribuir a prevenir una situación que, lamentablemente, se repite casi todos los años en Santiago.
El dramatismo de la situación que enfrentamos ha sido puesto de relieve por los graves daños provocados por las lluvias ocurridas en las horas recién pasadas. Sin duda, presenciamos una verdadera rebelión de la naturaleza frente a la incorrecta planificación de un avance edificio y urbano que no contempla la mantención o protección de ciertas características propias de la geografía de nuestras ciudades, en este caso específico, de la de Santiago.
Se ha modificado la realidad urbana sin un plan adecuado. Entonces, cuando se producen grandes lluvias o intensos cambios climatológicos, las aguas tratan de recuperar su antiguo cauce, y debemos lamentar pérdida de vidas y destrucción de poblaciones.
Una de las causas de este problema es que Santiago no cuenta con un sistema colector de aguas lluvias. Antiguamente existían ductos que las conducían al sistema de alcantarillado; pero en la medida en que la ciudad creció, esto redundó en un mal peor, porque los sistemas de alcantarillado reventaban aguas abajo, emergiendo en el resto de la ciudad aguas gravemente contaminadas. La solución transitoria aplicada fue cerrar el acceso de aguas lluvias al sistema de alcantarillado para impedir que reventara, todo lo cual convirtió las calles de Santiago en el único gran ducto de las aguas lluvias, provocando inundaciones, destrucción de pavimento, graves daños a las personas y deterioro del medio físico.
Sin duda, el costo económico es uno de los aspectos involucrados en el problema. No obstante es necesario destacar uno previo: ningún ente u organismo se hace responsable de la situación. Golpeamos las puertas de las municipalidades, de la
Intendencia y de los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo, y ninguno de estos organismos reconoció tener la responsabilidad legal de buscarle una solución.
Por ello, en el proyecto de acuerdo pedimos que se solicite al Presidente de la República, en primer lugar, que se corrija este vacío institucional y, en segundo, que se destinen recursos de emergencia para evitar este año la repetición de los graves problemas denunciados.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor ELIZALDE.- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los Diputados autores de este proyecto de acuerdo. En efecto, el 23 de abril ya habían presentado un proyecto similar, sin sospechar que podría generarse una situación como la vivida ayer.
La Región Metropolitana está en una situación difícil debido a que gran parte de sus comunas ni siquiera cuentan todavía con colectores de alcantarillado adecuados, pues los existentes son insuficientes para absorber todo el caudal de las aguas lluvias. Si bien, felizmente, ayer mi zona no tuvo dificultades, hace dos semanas sufrió una situación análoga que afectó al sector norte de las comunas de Recoleta y de Conchalí, en el cruce de la Panamericana con Américo Vespucio.
Las dificultades surgieron por la superposición de funciones de a lo menos cuatro o cinco instituciones que debieron preocuparse del problema: cada institución espera que la otra realice los trabajos. Están superpuestas las funciones de los municipios, de las asociaciones de riego y de canalistas y de los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo.
El proyecto tiende a armonizar las facultades de los referidos organismos, con el propósito de abordar en forma definitiva el problema, y entregar los recursos necesarios para su solución.
Lo fundamental es que así como ahora se destinarán recursos para superar el problema generado en la ciudad de Santiago, mañana se asignarán fondos para dar solución integral al problema de la Región Metropolitana. No obstante reconocer que este proyecto de acuerdo significa una eventual ayuda para las personas damnificadas, es necesario garantizar al resto de la población que estas situaciones no se volverán a producir.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, ya que se está discutiendo este tema, corresponde que la Honorable Cámara dedique unos minutos a discutir y analizar el proyecto de acuerdo planteado con anterioridad, y que generó una discusión más formal que de fondo.
Todos deseamos analizar y colaborar a la solución del problema que hoy afecta a la Región Metropolitana y a la Sexta, y que mañana pudieren sufrir la Quinta u otras. La tragedia sucedida ayer en nuestro país nos obliga a analizar hoy la materia en esta Corporación. No cabe duda de que este proyecto de acuerdo resuelve una parte importante del problema, pero no podemos dejar de analizarlo en forma integral.
Si se ha solicitado el asentimiento unánime de la Sala para analizar y discutir el asunto y existe un proyecto de acuerdo en tal sentido entiendo que lo apoyan muchos Diputados cuyos distritos no fueron afectados, lo menos que podemos hacer es dar unanimidad, rediscutir y analizar el proyecto con la mayor altura de miras y en el entendido de que debemos prestar colaboración al Gobierno y a todas las instituciones que hoy enfrentan la emergencia en la ciudad más importante del país y también en otras regiones. Ya se han presentado otros proyectos de acuerdo en esta Cámara relacionados con estas materias. Hace dos años el Diputado señor Hugo Rodríguez expuso la situación que producen los desbordes de los ríos como consecuencia de las lluvias. Además, muchos de nosotros hemos planteado estos problemas, de manera que no me parece lógico aprobar un proyecto de esta naturaleza a pesar de ser importante si no discutimos el otro. Pido, una vez más, el asentimiento de la Sala para analizar el otro tema.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Quedan dos minutos para que un señor Diputado impugne el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de acuerdo en discusión peca en varios aspectos.
En primer lugar, es absurdo pretender que el problema tenga que ver con la existencia o no de alcantarillado de aguas lluvias en la Región Metropolitana. El problema es mucho más complejo.
La Región Metropolitana está afectada por un problema mucho mayor, cual es la ausencia absoluta de mecanismos que 
permitan alertar oportunamente a la población frente a situaciones absolutamente imposibles de prever, como las que se produjeron ayer en la ciudad de Santiago y en la Sexta Región. Ellas se deben, básicamente, a un fenómeno meteorológico que raramente se da en nuestro país, como es una lluvia a tres mil metros de altura, donde normalmente hay nieve.
Me parece absurdo que el proyecto de acuerdo se refiera sólo a la Región Metropolitana, cuando no ha habido oportunidad de que se publique en los diarios lo que ocurrió, por ejemplo, en algunos sectores de la Sexta Región, porque no existe un dispositivo que permita mostrar claramente la dramática situación de personas que sufrían los mismos embates de la naturaleza que en Santiago.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Señor Diputado ha terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo.
El señor LATORRE.- Termino, señor Presidente.
Ni siquiera me parece que esté a la altura de esta Cámara, el hecho de que aparezcamos públicamente pretendiendo habernos preocupado de lo que ocurrió, sobre la base de un proyecto de acuerdo de esta naturaleza.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el tiempo, señor Diputado.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, no acepto que no me deje terminar.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Yo sólo aplico el Reglamento y Su Señoría se ha excedido en un minuto.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solicito que se discuta en esta Sala el proyecto de acuerdo presentado por señores Diputados de todas las bancadas, y que se permita abordar en general la situación y no sobre la base del proyecto en discusión.
El señor GARCIA (don René Manuel).- ¡No, señor Presidente!
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo en discusión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobado.


9.DECLARACION DE ZONA DE CATASTROFE A REGIONES METROPOLITANA, QUINTA Y SEXTA.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, yo solicité que requiriera nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para discutir el proyecto de acuerdo presentado por varios colegas.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- No hubo acuerdo.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Lo estoy solicitando nuevamente, señor Presidente. 
Sala para tratar el proyecto de acuerdo a que hace referencia el Diputado señor Jorge Pizarro.
Acordado.
Se dará lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de las Diputadas señoras Caraball y Cristi, y de los Diputados señores Alessandri Balmaceda, Montes, Letelier, Urrutia, Molina, Sota, Cardemil, Rodríguez, don Hugo; Estévez, Leay, Longton, Velasco, Rebolledo, Ringeling, Manterola, Morales, Valcarce, Smok, Martínez, don Gutenberg; Matta, Rojos, Latorre, Palma, don Joaquín; Elizalde, Ortiz, Acuña, García, don René; Rodríguez, don Claudio; Villouta, Masferrer, Munizaga, AlvarezSalamanca y Bayo.
"Considerando:
"1. La catástrofe producida el 3 de mayo de 1993 en algunos sectores de las regiones Metropolitanas, Quinta y Sexta, a causa de aluviones que afectan a varias poblaciones de diversas comunas de esas regiones.
"2. Que es necesario que se otorgue pronta solución a los problemas suscitados por la calamidad pública, ameritando que las zonas afectadas sean declaradas en estado de catástrofe como lo dispone el número 4a del artículo 40 de la Constitución Política de la República.
"3. Que, además, es imprescindible para la solución urgente de los daños sufridos por las personas y la propiedad pública y privada que el Presidente de la República pueda hacer uso de la facultad que le concede el número 22a del artículo 32 de la Constitución Política.
"Venimos en proponer la aprobación del siguiente
"Proyecto de acuerdo:
"1. La Cámara de Diputados solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que declare las zonas afectadas por los aluviones y las inundaciones de sectores de las regiones Metropolitana, Quinta y Sexta, en estado de catástrofe.
"2. Que haga uso de la facultad que le otorga el número 22a del artículo 32 de la Constitución Política de la República, para decretar pagos que permitan atender necesidades impostergables derivadas de la calamidad pública que afecta a dichos sectores."
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que sostenga el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.
La señora CARABALL.- Señor Presidente, la catástrofe que sufrió ayer la ciudad de Santiago fue consecuencia, en gran medida, del desconocimiento que en forma reiterada tenemos los chilenos de nuestra geografía.
Muchas veces insistimos en construir y en despoblar de árboles zonas cordilleranas que, en definitiva, sujetan los terrenos cuando se produce una emergencia climática como la de ayer, cuyas consecuencias, de pérdida de vidas, de viviendas, de caminos y muchas otras, son tremendas.
Con este proyecto de acuerdo, que tiene por objetivo entregar ayuda inmediata a los damnificados, facultando al Presidente de la República para que haga uso del dos por ciento constitucional, sólo se pretende paliar en parte los efectos de la catástrofe, y quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar a la Honorable Sala que se preocupe también del desarrollo urbano de los grandes poblados del país, aspecto que debe ser analizado en su conjunto y no depender sólo de las municipalidades.
Por lo tanto, pido la aprobación de este proyecto de acuerdo que ayudará en forma inmediata a tantos damnificados, y, a la vez, presento mis condolencias a los deudos de quienes, desgraciadamente, fallecieron a raíz del aluvión.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Quedan dos minutos.
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, muy temprano, en la mañana de hoy, me llamaron por teléfono la Diputada señora María Angélica Cristi y el Diputado señor Gustavo Alessandri, con el propósito de que presentáramos este proyecto. Conversé al respecto con señores Diputados de las distintas bancadas, los cuales le dieron su aprobación.
En primer lugar, el proyecto tiene por objeto, básica y fundamentalmente, que se declare el estado de excepción constitucional "de catástrofe", a fin de que el Presidente de la República pueda hacer uso de las facultades establecidas en la Constitución Política y en la ley orgánica constitucional de estados de excepción y en segundo lugar como lo señaló la Diputada señora Caraballa fin de que el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros, pueda hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 32, N2 22; es decir, efectuar pagos extraordinarios, con cargo al presupuesto de la Nación, para realizar las obras necesarias que correspondan frente a esta situación extraordinaria.
El proyecto de acuerdo que hemos presentado es tan importante que no me cabe duda de que contará con la unanimidad de los señores parlamentarios de esta Cámara, toda vez que demostraremos al país que efectivamente estamos preocupados de solucionar los problemas sobre la base de lo que establece nuestra Constitución Política del Estado y leyes vigentes para aminorar los estragos de estas calamidades públicas.
Por último, es necesario señalar que si el Presidente de la República acoge favorablemente este proyecto de acuerdo, sentará un precedente que permitirá una solución real a los problemas que se presentan cuando se produce calamidades como ésta.
He dicho.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, no voy a impugnar el proyecto, pero no tengo otra posibilidad de hablar.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Reglamentariamente, corresponde que tome la palabra algún señor diputado que impugne el proyecto.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, sólo quiero precisar el propósito del proyecto, porque puede ser confuso.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, se le pide al Presidente de la República que decrete el estado de calamidad pública que establece la Constitución, pero debe precisarse que puede hacerlo con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.
Por lo tanto, pido que se puntualice en el proyecto que el Presidente de la República recabe el asentimiento del Consejo de Seguridad Pública para los efectos de decretar, porque no está implícito. 
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Peña.
El señor PEÑA.- Señor Presidente, hace un rato, cuando se pidió el asentimiento unánime de la Sala, yo me opuse, porque la catástrofe que aflige a miles de familias de Santiago merece dos tipos de reflexiones que es bueno que los parlamentarios las tengamos presentes.
En primer lugar, porque las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra, que represento, todos los años sufren las inclemencias del tiempo. En esa zona hay grandes avenidas y la gente, prácticamente, pierde sus bienes, casas y animales, con los cuales se labran a diario la vida. Hace dos o tres años y no fue en un año electoral, cuando hubo allí inclemencias del tiempo, y lo ameritaron las circunstancias, pedí que se oficiara, en nombre de la Cámara, al Presidente de la República, con el objeto de que hiciera uso del dos por ciento constitucional para ir en ayuda de esa gente. Y esto es importante plantearlo porque, en el fondo, siempre actuamos con un doble estándar para el tratamiento del mismo tipo de situaciones. Estoy de acuerdo en que los pobres de Santiago son tan pobres como los de mi región; pero en lo que no lo estoy es que en el tratamiento de la pobreza o de la necesidad que en un momento determinado aflige a la población de Santiago, se aplique ese doble estándar para allegar soluciones.
El señor ESTEVEZ.- Son más numerosos.
El señor PEÑA.- Es verdad que son más numerosos; pero, lamentablemente, con el dos por ciento constitucional no se reparará a las familias y vaya el pésame a ellaspor sus deudos. De manera que, en definitiva, quedamos con las pérdidas materiales. Y aquellas que se producen en
Santiago con respecto a las de mi región son exactamente las mismas.
Confío en la prudencia de Su Excelencia el Presidente de la República y en la evaluación que haga el señor Intendente de Santiago. No me parece apropiado, por un signo de responsabilidad, que los parlamentarios tengamos un doble estándar de calificación frente a situaciones similares. Ahora quiere acordarse lo que no sé aprobó hace dos años en esta misma Cámara respecto de otros chilenos que, aunque en menor número, son tan importantes como los de Santiago.
Por eso, rechazaré el proyecto de acuerdo.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Pido la palabra.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, todos los parlamentarios estamos condolidos por la desgracia ocurrida ayer y lamentamos que se haya producido. Asimismo, celebro la preocupación que algunos parlamentarios que previsoramente presentaron un proyecto de acuerdo sobre la materia.
No obstante ello, estimo que excede claramente las atribuciones de la Cámara decirle al Presidente de la República lo que tiene que hacer, ya que se invade claramente las funciones que le son privativas y exclusivas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estimo inadmisible un proyecto de acuerdo de esta naturaleza. 
coloca a su disposición para atender esta emergencia.
Por ello, me opongo, señor Presidente.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el tiempo destinado a tratar proyectos de acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 48 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que presida la Diputada señora Eliana Caraball.
Acordado.
informados de la movilización que realizan las matronas, a nivel nacional, en rechazo a la discriminación del Gobierno en esta iniciativa.
Por lo anterior y en consideración a que las matronas cumplen funciones en sistemas de tumos nocturnos y en días sábados, domingos y festivos en los servicios dé urgencias, como las maternidades, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud, en mi nombre y en el de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a fin de incorporar a estas profesionales al proyecto antes mencionado para que también reciban los diversos beneficios que se otorgarán.
El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. 


VII.INCIDENTES


10.INCORPORACION DE MATRONAS EN PROYECTO SOBRE PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA. Oficio.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el proyecto de ley que otorga diversos beneficios al personal de los servicios de urgencia excluye a las matronas. Las autoridades de salud argumentaron en la Comisión de la Cámara que ello obedecía a que dichas profesionales no se consideraban dentro del concepto de personal en falencia. Sin embargo, se las incluye en el servicio de urgencia por la naturaleza de sus funciones. Hemos sido


11.PLAGA EN EL CULTIVO DE LA PAPA EN LA SEXTA REGION.

El señor MASFERRER otro aspecto de la vida nacional, me referiré a una plaga de la Sexta Región que agrava el problema de la agricultura tradicional y que se arrastra desde hace bastante tiempo. En la comuna de Las Cabras ha surgido una plaga que afecta al cultivo de la papa, el "nematodo dorado". Supuestamente, ingresó por semillas no certificadas, las cuales están infectadas y fueron compradas en la Cuarta Región. Es posible que algunos agricultores las hayan traído a la zona en forma clandestina, lo que ha provocado una infección en algunos predios de la comuna. Afortunadamente, el problema está focalizado. Sin embargo, es necesario que las autoridades regionales del SAG, Indap y del Ministerio de Agricultura tomen las medidas para una efectiva fiscalización, y también para orientar a los agricultores afectados. Asimismo, habría que impulsar una campaña de prevención, a nivel regional, en que se resalte el grave daño causado a la región por la irresponsabilidad de personas que adquieren semillas sin las respectivas certificaciones y sin considerar las nefastas consecuencias para la agricultura tradicional.
He dicho.


12.AYUDA EN CASO DE CATASTROFES.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- En el tumo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA Señora Presidenta, en relación con los gravísimos daños ocurridos ayer en la Región Metropolitana, es importante destacar lo manifestado por el Honorable señor Peña. Es de conocimiento de la señora Presidenta y de muchos señores Diputados que, a fines de mayo de 1991, la Octava Región, y en particular, mi distrito, sufrieron gravísimas situaciones a raíz de las inundaciones. En consecuencia, es importante mantener el mismo criterio respecto de las peticiones que hagamos al Ejecutivo.
Recalco lo expresado por el colega Peña, aun cuando por la misma razón apoyé la moción aprobada por diferentes señores Diputados.
Por lo tanto, ojalá que en lo sucesivo se mantenga el criterio de solicitar ayuda y de que ésta se entregue. Talcahuano y sus habitantes la necesitaron; sin embargo, en esa oportunidad ni siquiera consiguieron el mínimo que esperaban.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Ofrezco la palabra.
El tumo siguiente corresponde al Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El tumo siguiente corresponde al Partido Radical Social Demócrata.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


13.DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficio.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- El tumo siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.- Señora Presidenta, la celebración del Día Internacional del Trabajo es un hito importante para la clase trabajadora y bien merece un homenaje en este Parlamento democrático.
Por muchos años, en Chile esta celebración se realizó en dos escenarios diferentes: en los salones oficiales del régimen militar, en que el señor Pinochet manifestaba su autocomplacencia por lo bien que gobernaba, vociferaba en contra de los sindicalistas y terminaba anunciando alguna ley positiva que nunca se dictaba; y en las calles de Santiago y de muchas otras ciudades del país, en que los trabajadores entregaban su testimonio de protesta por los abusos de que eran objeto. En esta segunda forma de celebración se hacían presentes las fuerzas represivas del régimen y difícilmente dejaban que esos actos llegaran a su término. Un 1Q de Mayo, en la Plaza Artesanos de Santiago, se hicieron famosos los tristemente célebres "gurkas" criollos.
Desde el año 1990 a esta parte, las autoridades de Gobierno y los sindicalistas se han encontrado en una sola celebración. Ha habido críticas, pero siempre se han expresado con respeto. Al mismo tiempo, ha existido confianza entre interlocures de buena fe, que cumplen la palabra empeñada.
La legislación laboral dictada en este 
Parlamento no cuenta con la aprobación del movimiento sindical chileno, pues las expectativas eran superiores. También manifestamos nuestra disconformidad, por cuanto hubiéramos deseado reformas más reinvindicativas y más de fondo en favor de los trabajadores. Sin embargo, no tuvimos la mayoría suficiente para ello, especialmente en el Senado, y debimos conformamos con arreglos parciales.
Es sano que así sea reconocido, con lo cual formulamos un propósito de enmienda para el próximo Parlamento y un compromiso de reforma laboral centrada en los principios de la libertad sindical respaldados por la OIT y en la recuperación efectiva de los derechos que fueron cercenados durante la dictadura militar.
En este espíritu, rendimos homenaje al Día Internacional del Trabajo, con fe en un futuro de justicia social, que es la base insustituible de la paz social.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, solicito que se oficie al Ministro del Interior para que haga llegar al Presidente de la CUT, don Manuel Bustos, todo nuestro respaldo, solidaridad y espíritu de cuerpo y de camaradería, como uno más de las filas de nuestro partido.
Por otra parte, recriminamos muy fuertemente al Partido Comunista, por su irresponsable participación en la celebración del Día Internacional del Trabajo; también recriminamos las expresiones de algunas personéis, fundamentalmente las de un señor que dice ser católico, pero que ha desprestigiado a la Iglesia Católica y a todos quienes profesamos esa religión.
Por lo tanto, descalificamos la actitud del Partido Comunista, con el que trabajamos ayer para recuperar la democracia, pero que se ha quedado pegado en el pasado, queriendo volver a un sistema dictatorial.
Tanto el Partido Comunista como a la
UDI, la extrema Derecha, que han criticado a Manuel Bustos y a la CUT, les decimos que no tienen autoridad, ni moral, ni social, ni política para ello.
Vaya nuestro saludo y reconocimiento a la Central Unitaria de Trabajadores, muy especialmente a Manuel Bustos, mi camarada y amigo.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de la bancada democratacristiana.
El señor ESTEVEZ.- También en nombre del Comité Socialista.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Así se hará.


14.RECURSOS PARA MANTENCION DE OBRAS PUBLICAS. Oficio.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Hugo Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (Don Hugo).- Señora Presidenta, a todos nos preocupa lo acontecido ayer en Santiago. Vimos que la violencia de la fuerza de las aguas provocó muchos daños materiales en viviendas, en calles, en obras de infraestructura, en automóviles y la lamentable pérdida de vidas humanas.
El 16 de octubre de 1990, junto con el colega Latorre presentamos un proyecto de acuerdo respecto de las modalidades que debían adoptarse en diferentes ciudades del país, especialmente en la zona central para evitar que se produjeran consecuencias graves en el caso de ocurrir fenómenos como los que se produjeron en la Región Metropolitana.
En la zona central de Chile están los ríos Cachapoal, Tinguiririca, Claro, el estero Codegua, etcétera. Ayer se desbordó el Canal Las Perdices. ¿Qué habría pasado si en Santiago hubiera sido el río Mapocho, cuya corriente es cinco o seis veces menor que la del Cachapoal?
Cuando se desborda uno de ellos, los damnificados llegan a 25 mil, aproximadamente, como sucedió hace años en San Femando.
En la carretera sur se cortó el camino a la altura del puente de Codegua, de San Francisco. En San Femando, las autoridades de Obras Públicas, bomberos, carabineros y ejército estuvieron todo el día tratando de evitar una catástrofe de las proporciones de la de Santiago.
Por eso, reclamo nuevamente los fondos necesarios para que la Dirección de Vialidad tenga la maquinaria necesaria y los trabajos en los ríos se hagan oportunamente, ya que no sólo se salen en invierno. Muchas veces estos pueblos sufren inundaciones con los deshielos del verano.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre al Ministerio correspondiente para recabar los recursos necesarios para obtener la maquinaria pesada y realizar los trabajos de mantenimiento en los lechos de los ríos. Antiguamente existió un servicio mecanizado de Corfo que todos los años efectuaban estas labores. Sin embargo, el gobierno anterior vendió su maquinaria. Hoy cualquier trabajo de defensa en los ríos es muy costoso, ya que asciende a alrededor de 2 mil millones ó 3 mil millones de pesos.
Ayer no se inundó San Femando gradas a la visita del señor Juan Lobos, Director Nacional de Obras Públicas, quien tuvo a bien proporcionar cerca de 500 millones de pesos para realizar trabajos de defensa en el río Tinguiririca.
Para terminar, quiero señalar que estas catástrofes se pueden evitar si contamos con los medios proporcionados por Obras Públicas o Vialidad para que se hagan oportunamente los mantenimientos en los ríos de la zona central.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviará el ofido solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el del Diputado señor Latorre.


15.INFORMES DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA ENFRENTAR ALUVION EN REGIONES METROPOLITANA Y SEXTA. Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, momentos después de ocurrido el aluvión, me comuniqué telefónicamente con la Asociación de Canalistas del Maipo para que me entregara un informe, el cual ya obra en mi poder y está firmado por quien actúa como secretario abogado de esa asociación. En él se señala que en esta oportunidad se produjo un aluvión en la quebrada de Macul no es un canal habitual de aguas caídas desde la cordillera, aluvión que en esa quebrada alcanzó un ancho de 200 metros y que, felizmente, no rompió el canal Las Perdices ni otros que corrientemente reciben las aguas provenientes de la cordillera.
En consideración a la dramática situación ocurrida ayer, solicito, por su intermedio, que se oficie a la Dirección Nacional de Plegó para que ella, a su vez, pida a la Asociación de Canalistas del Maipo que informe sobre el manejo de las compuertas y respecto de la forma en que se administraron los caudales del río Maipo, del canal San Carlos y del canal Las Perdices durante los dramáticos hechos a que me he referido.
En segundo lugar, pido que se oficie al Ministro Vicepresidente de Corfo para que informe sobre la forma en que se enfrentó el rebalse generado en dos estanques de EMOS ubicados en La Reina, que bordean la cota mil y que presumiblemente habrían generado un derrame importante de aguas, fortaleciendo el aluvión que afectó gravemente a la comuna de La Reina, a Peñalolén y a toda la parte alta de esa zona de la Región Metropolitana.
Por último, en relación con la Sexta Región, debo destacar que en el día de ayer los ríos Tinguiririca y Cachapoal probablemente alcanzaron su caudal máximo, lo cual no había ocurrido en muchos años. El daño causado por estos ríos y los canales que se alimentan de ellos originó una situación bastante grave en muchas localidades, lo que no ha trascendido a los medios de comunicación hasta la fecha.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro del Interior para que recabe un informe detallado de los problemas que han vivido villorrios, familias y grupos habitacionales rurales en toda la Sexta Región con motivo de los hechos relatados y, en particular, de las razones técnicas por las cuales se produjo el corte de la Ruta 5, a la altura de Codegua, lo que creó una situación bastante caótica en el transporte longitudinal de nuestro país.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría y del Diputado don Hugo Rodríguez.


16.CREACION DE COMUNAS EN LA OCTAVA REGION. Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, pido que se oficie al Presidente de la República, don Patricio Aylwin, y al Ministro del Interior, don Enrique Krauss, por la feliz noticia que nos dieron el 23 de abril durante la constitución de los consejos regionales de Concepción, en orden a que el Ejecutivo patrocinará el proyecto de ley que crea las comunas de Chiguayante y de San Pedro de La Paz.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, a los que adhieren los Diputados señores García, don René Manuel; Alvarez-Salamanca y Acuña.


17.PROFUNDIZACION DE CANALES DE LA REGION METROPOLITANA. Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, como consecuencia de lo sucedido en el día de ayer, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Riego, para que se profundicen los canales de Pinto Solar, El Carmen y Los Choros, en las comunas de Huechuraba, Conchalí y Renca.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


18.MODIFICACION DEL CODIGO DE AGUAS.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, como es de su conocimiento, se encuentra en discusión en el Parlamento un proyecto que introduce modificaciones al Código de Aguas. 
Me parece importante expresar opiniones sobre esa iniciativa, sobre todo por los Diputados que forman parte de la Comisión encargada de su estudio, porque hace mucho tiempo, justamente por los problemas que existen hoy respecto de la responsabilidad de los municipios por los canales, planteé la necesidad de modificar el artículo 3e de ese Código , en el sentido de hacer exigible a los usuarios y a los dueños de las aguas la mantención de dichos cauces. Estimo que ha llegado la hora de establecer en ese Código una disposición de esta naturaleza, porque si en la actualidad el derecho de aguas es privado, son los particulares quienes deben asumir la mantención y limpieza de los cauces, ya que no se puede estar gravando permanentemente los intereses de los diferentes municipios del país.


19.REPOSICION DE CANAL EN CONCHALI (Región Metropolitana).

El señor ELIZALDE.- Por último, señora Presidenta, me voy a referir a un grave problema que aqueja a la comuna de Conchalí y que debe solucionarse con prontitud. Particulares taparon un canal que corre a lo largo de la Carretera Panamericana Norte, lo que ha provocado la inundación de un sector de esa comuna que nunca había sufrido este problema, esta situación afecta a las poblaciones "General Ibáñez" y "El Cortijo".
En consecuencia, se hace absolutamente necesaria la reposición de ese canal, a fin de poder evacuar las aguas a Quilicura, el cauce normal que tenía con anterioridad.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité democratacristiano.
Ofrezco la palabra.


20.LICITACION O ARRENDAMIENTO DE RAMAL FERROVIARIO DE TALCA A CONSTITUCION. Oficio.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- En el tumo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alvarez-Salamanca, quien ha solicitado que se inserte su discurso.
Con la venia de la Sala, así se procederá.
El discurso es el siguiente:
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.
Señora Presidenta, todos conocemos la difícil situación financiera por la que atraviesa Ferrocarriles del Estado, y esto no es nuevo, sino que viene de muchos años atrás. Por ello, el Congreso estudió y aprobó una nueva Ley de Ferrocarriles, dirigida a la rehabilitación y modernización de este importante servicio público.
La ley permite a Ferrocarriles arrendar o licitar el transporte de carga y pasajeros, licitar bodegas en estaciones, ramales ferroviarios; en definitiva, otorga todas las facilidades posibles para que la Empresa de Ferrocarriles se transforme en un servicio moderno que no arroje déficit presupuestarios sino que utilidades.
A pesar de eso, la Empresa de Ferrocarriles continúa siendo una importante carga para el Estado, porque las múltiples facilidades que le otorga esta ley para hacer negocios y mejorar su situación aún no se ocupan en su plenitud.
En mi zona, el ferrocarril de Talca a Constitución se halla en extremo deterioro. Tanto la vía férrea como las estaciones y el ferrocarril mismo, cuyas máquinas y carros, además de antiguos, se encuentran en pésimas condiciones de mantenimiento.
El ferrocarril de Constitución arroja excedentes en su transporte de carga debido al desarrollo de la industria forestal en la zona, pero los dineros que se obtienen, la Empresa los destina a la mantención de otras áreas o a inversiones que considera más relevantes que el mejoramiento del ramal de Talca a Constitución.
Pero es en el transporte de pasajeros donde existen gravísimos problemas. Los ejecutivos de la Empresa dicen que arroja déficit, y por ello las locomotoras o el buscarril no pueden repararse. Por la misma razón, los carros de transporte de pasajeros tienen asientos destruidos o carecen de ellos, al igual que de vidrios en sus ventanas, por lo cual también el transporte de pasajeros es absolutamente irregular. Las personas no tienen seguridad del horario de salida de los trenes e incluso ni siquiera saben si el día que corresponde va a hacer su recorrido el tren.
Lo concreto, señora Presidenta, es que el ramal de Ferrocarriles mencionado es imprescindible y el único medio de transporte que tienen numerosas familias de pequeños agricultores y comerciantes de la zona. No menos de mil familias se distribuyen en los alrededores de las estaciones de Maquehua, Huinganes, Forel, Pichaman, Toconey, González Bastías, Curtiduría, El Morro, Corinto y Rauquén.
Los niños que deben trasladarse a sus lugares de estudio son numerosos y deben hacerlo con regularidad, sobre todo los adolescentes que tienen que viajar a Talca o a Constitución a cursar la educación secundaria o universitaria.
Los agricultores y comerciantes deben trasladar sus productos, para la venta en los mercados, obligatoriamente a través de este medio de transporte; y hoy día tienen importantes pérdidas debido a la falta de regularidad en el horario y fechas de funcionamiento de los trenes.
Por esta misma causa, las dueñas de casa tienen dificultades para comprar alimentos y otros menesteres para el hogar debido a su encarecimiento.
Quizás lo más grave que enfrentan estos compatriotas es la seguridad de sus personas debido al mal estado de la línea férrea y de los trenes. Dios quiera que no ocurra alguna desgracia que después debamos lamentar. Yo comprendo que los ejecutivos digan "que el autofinanciamiento resulta una tarea de primer orden", pero ello no puede hacerse arriesgando la seguridad e integridad física de las personas.
Como decía, esta ley otorga amplias facultades a la Empresa de Ferrocarriles para hacer negocios y mejorar su situación económica, por lo que, para el caso del ramal de Talca a Constitución, la única salida es arrendar o licitar, usando cualquiera de las dos opciones, ya sea en forma conjunta o por separado, los transportes de carga y pasajeros.
Estoy seguro de que así como se financia hoy el transporte de carga, el cual ayuda a disminuir el déficit presupuestario general de la Empresa, razón por la cual ella no se quiere deshacer de este ramal ferroviario, también se financiaría y ordenaría el transporte de pasajeros.
La vía ferroviaria de Talca a Constitución, además de ser imprescindible para los habitantes de esa zona, recorre una de las localidades más hermosas de la Región del Maulé, dado que se interna en la Cordillera de la Costa y viaja, en gran medida, por las orillas del río Maulé, majestuoso y grandioso, hasta la ciudad de Constitución, que se encuentra ubicada en su desembocadura. No tengo dudas de las enormes proyecciones turísticas que podría tener el tren de pasajeros a Constitución si estuviera en manos privadas, ya que le daría vida y esplendor a las antiguas instalaciones de este ferrocarril que se encuentran en las distintas estaciones que ya he mencionado.
Señora Presidenta, le agradeceré ordenar oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, quien desciende de familias de Constitución y fue Senador por esa zona, para que interponga su autoridad y ordene la licitación o arrendamiento de estg ramal de ferrocarril, el cual le dará nueva vida y perspectivas a los habitantes de esa zona, los que le quedarán agradecidos eternamente, además de que con ello creará las condiciones para el desarrollo de un turismo de insondables proyecciones.
He dicho.


21.CONTAMINACION EN COMUNA DE PUCHANCAVI (Quinta Región). Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING.- Señora Presidenta, una de las constantes preocupaciones que he tenido respecto del distrito que represento es el nivel de contaminación que sufren los habitantes, en especial los del sector costero y, los de la comuna de Puchuncaví, al estar expuestos a la contaminación producida por la Enami y por otras empresas existentes en la bahía de Quintero.
Este hecho ha creado mucha preocupación. Gran parte de la población firmó un recurso de protección que, lamentablemente, la Corte de Apelaciones denegó por razones más bien formales que de fondo.
En cuanto a la detección de este problema, ha habido un avance importante porque hace un año y medio se instalaron monitores en distintos puntos de la comuna, con los cuales se puede determinar el nivel de contaminación que se está produciendo.
Según mi impresión y los datos que tenemos, la contaminación ha aumentado. El hecho de saber que uno se está envenenando, puede ser una ventaja; pero, en el fondo, no es una solución a los problemas graves que nos aquejan.
Los monitores instalados miden la cantidad de anhídrido sulfuroso, de material particulado y de arsénico contenido en el aire. Para los dos primeros, es decir, el anhídrido sulfuroso y el material particulado máximo que puede haber en la atmósfera en un momento determinado, existen normas precisas establecidas en el decreto supremo NQ 185, del Ministerio de Minería. Es importante destacar que esos máximos son muy superiores a los de otros países y a los que existían en la anterior legislación chilena. Fueron fijados mediante resoluciones del Ministerio de Salud.
El componente más dañino de las emanaciones de la Enami y de Las Ventanas es el arsénico, veneno que se infiltra poco a poco en el cuerpo humano, y que, a la larga, provoca complicaciones graves de salud y, muchas veces, la muerte.
El cáncer provocado por arsénico es la principal causa de muerte, desde hace cuatro o cinco años, en la comuna de Puchuncaví. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio de Salud está obligado a dictaminar sobre los máximos tolerables de arsénico medidos en estas estaciones de monitoreo, inexplicablemente no ha cumplido la obligación legal o reglamentaria establecida en el decreto supremo N2 185. Quiero hacer presente que los niveles máximos de arsénico permitidos por la Organización Mundial de la Salud son ampliamente superados en Chile, como se comprueba en los muestreos que periódicamente realiza Enami entre sus trabajadores para ver la cantidad de ese elemento que tienen en sus organismos. El nivel tolerable de la Enami es siete veces superior al máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, y cuando sus trabajadores están por sobre él, lo. cual ya es muy grave, los traslada de Puchuncaví a otros lugares donde la empresa tiene instalaciones que no producen emanaciones. Pero los niños que estudian en la escuela La Greda, y ahí reside el problema, no cuentan con la posibilidad de trasladarse a otro lugar cuando esos máximos sobrepasan los niveles permitidos.
Por lo tanto, en primer lugar, solicitamos que se oficie al Director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, a fin de que envíe, en el plazo máximo de 30 días, el análisis detallado, en horas y días así puede estar establecido de los resultados del muestreo de calidad del aire efectuado por cada una de las estaciones monitoras desde el 1Q de agosto de 1992 a la fecha, como también el análisis anual que dispone el reglamento de cada estación monitora.
Requerimos que el mismo Director informe, por el período de los últimos cinco años, incluido 1992, sobre las causas de muerte de los habitantes de Puchuncaví, que no siempre están registrados en la propia comuna.
Asimismo, solicitamos que se oficie al señor Ministro de Salud, a fin de que informe a esta Corporación las razones por las que no se ha dado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 52 del decreto supremo N° 185, del Ministerio de Minería, que creó la Comisión Interministerial de Calidad del Aire.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría con la adhesión del Diputado don René García.


22.PENSIONES DE GRACIA PARA PINTORES MARIA MUJICA ASENJO Y RICARDO ANWANDTER VON SALIS SOGLIO. Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.
El señor TALADRIZ.- Señora Presidenta, quiero hablar sobre dos pintores valdivianos que están en delicada situación, por lo cual pido que, por intermedio de la Cámara de Diputados, se oficie al Presidente de la República, al Ministro de Educación y al Ministro de Salud, con el objeto de que estudien la posibilidad de concederles pensiones de gracia. Me refiero a la señora María Mujica Asenjo y al señor Ricardo Anwandter von Salis Soglio.
La señora María Mujica, de 85 años, con 65 de actividad creadora, es experta en la técnica del óleo. Recientamente le ha sido otorgado el Premio de Extensión Cultural/ honorífica distinción que la Ilustre Municipalidad de Valdivia entrega anualmente a los más destacados del quehacer artístico y cultural de esta ciudad.
La mentablemente, la señora Mujica enfrenta una difícil supervivencia, ya que sólo tiene una pensión de 14 mil pesos mensuales, insuficiente para solventar sus gastos más elementales. Se suma a ello su avanzada edad y una delicada salud que desde hace más de diez años ha ido limitando progresivamente su capacidad laboral y artística y, con ello, los escasos ingresos que por este concepto percibe.
Don Ricardo Anwandter von Salis Soglio, de 75 años, con 60 de actividad creadora, es considerado por la crítica especializada el mejor acuarelista de Chile. Ha recibido el Premio de Extensión Cultural y ha sido declarado Hijo Ilustre de Valdivia. Su obra, extensa y variada, se ha expuesto en Chile, en América, en Holanda y en Alemania.
El señor Anwandter permanece postrado desde marzo de 1992, sin posibilidades de recuperación, víctima de dos trombosis cerebrales. Sus múltiples amigos y colegas artistas de todo Chile han concurrido en su ayuda, la que, lamentablemente, es insuficiente por los altos costos que demanda a su esposa y familiares mantenerlo con vida.
Ambos pintores, como la mayoría de los artistas plásticos de Chile, no cuentan con AFP ni con Isapre, imprevisión que, generalmente, proviene de los irregulares fondos que perciben, lo que los hace vivir con la permanente inquietud de enfrentar angustiosas situaciones, como las expuestas. A tan avanzada edad, se hace muy difícil para ellos conseguir recursos económicos para superarlos.
Solicito, en mi nombre y en el de Renovación Nacional, enviar los oficios antes mencionados, en los que pediría incorporar los curriculum de estos prestigiosos artistas valdivianos.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los Diputados presentes de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, y del Diputado señor Leay, de la Unión Demócrata Independiente.
El señor GARCIA (don René Manuel).- En el nombre de la Cámara de Diputados.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Así se procederá.


23.EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO. Oficios.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCIA (don José).- Señora Presidenta, el informe sobre la situación presupuestaria del sector público de 1992, recientemente publicado por la Contraloría General de la República, ha dejado al descubierto la ineficiencia del Gobierno en la materialización de diversos programas sociales. Procederé a darle lectura, por lo menos en aquellos casos en que la ineficiencia se hace más notoria y evidente.
En el Programa Fondo Social Presidente de la República, administrado por el Ministerio del Interior, se originaron excedentes presupuestarios por 1.763 millones de pesos, lo que corresponde al 85 por ciento del presupuesto asignado.
En el Programa modernización de la educación técnico-profesional del Ministerio de Educación, los excedentes fueron de 2.112 millones de pesos, equivalentes al 73 por ciento del total del presupuesto asignado.
El Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, conocido como proyecto Mece, administrado por el Ministerio de Educación, arrojó excedentes presupuestarios por 10.121 millones de pesos, equivalentes al 59 por ciento de su presupuesto.
La inversión real del Ministerio de Justicia tuvo excedentes por 3.300 millones de pesos, equivalentes al 48 por ciento de su presupuesto.
El Programa de mejoramiento de la educación tuvo excedentes por 805 millones de pesos, equivalentes al 42 por ciento de su presupuesto.
El subsidio al consumo del agua potable tuvo excedentes por 1.620 millones de pesos, equivalentes al 42 por ciento de su presupuesto.
El Programa de viviendas progresivas tuvo un excedente de 5.075 millones de pesos, equivalentes al 29 por ciento de su presupuesto.
El Fondo de solidaridad e inversión social tuvo excedentes por 2.916 millones de pesos, equivalentes al 22 por ciento de su presupuesto.
Podría continuar dando cifras de cómo no se utilizó en diversos programas sociales el ciento por ciento de los presupuestos asignados.
Del análisis de estas cifras, se desprenden las siguientes conclusiones:
l2.- Los contribuyentes han puesto a disposición del Gobierno una gran cantidad de recursos para la realización de importantes programas sociales.
El Gobierno, responsable de su ejecución, ha demostrado ser ineficiente en un elevado número de programas sociales, puesto que no ha sido capaz de entregar los beneficios correspondientes a quienes van dirigidos.
La suma de recursos de los programas que he señalado totalizan 48 mil millones de pesos, esto es, recursos por un volumen equivalente a 120 millones de dólares. Estos excedentes son equivalentes al 20 por ciento de los recursos proporcionados por la reforma tributaria vigente y constituyen demostración más que suficiente de que no es necesario prolongar el alza de los tributos, puesto que el Gobierno no tiene la capacidad para transformar el esfuerzo de los contribuyentes en beneficios sociales para la población de mayor necesidad.
Los excedentes en los programas sociales administrados por el Ministerio de Educación y sus servicios públicos totalizan 20 mil millones de pesos. Si estos fondos se hubieran destinado a mejorar la subvención a la educación básica y media, habría sido posible reajustarla en un 10 por ciento y devolver al poder adquisitivo que ha perdido entre 1990 y 1993, perjudicando a los profesores, a los alumnos y a la comunidad escolar en general.
Los excedentes de los programas de vivienda sumaron un total de 7.665 millones de pesos en las distintas líneas de atención. Con estos excedentes, si se hubieran aplicado al programa de viviendas básicas, habría sido posible atender a cerca de 5 mil familias que están en lista de espera para hacer realidad su casa propia.
Los excedentes de los programas de inversión del Ministerio de Justicia alcanzan a 3.306 millones de pesos, equivalentes al 48 por ciento del presupuesto disponible. Este nivel de ineficiencia no se compadece con las urgentes necesidades que enfrenta el sector carcelario, donde, por las espantosas condiciones existentes, son reiteradas las fugas de los reos, poniendo en riesgo la vida de los funcionarios de Gendarmería y la seguridad de la población.
Por lo expuesto, solicito se oficie a los señores Ministros del Interior, Educación, Justicia, Vivienda, Mideplan y Salud, con el propósito de que informen sobre las razones si las hayque han motivado los excedentes presupuestarios que he señalado y que, repito, están contenidos en el informe oficial que año a año, entrega la Contraloría General de la República.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.- Con nuestra adhesión, señora Presidenta.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los señores Diputados que así lo han hecho saber.


24.HOMENAJE A OFICIAL DE CARABINEROS VICTOR RIVAS, HERIDO EN ACTO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOS ANDES

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señora Presidenta, deseo plantear un asunto de Reglamento.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señora Presidenta, solicito que se inserte en la versión oficial mi discurso, ya que no dispongo de tiempo para pronunciarlo. 
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se insertará su discurso, señor Diputado.
El discurso es del siguiente tenor:
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señora Presidenta, el martes 27 recién pasado, luego de participar de la ceremonia principal que realizó Carabineros de Chile en su Escala de Oficiales el día de su aniversario, concurrí hasta el hospital institucional de Avenida Colón, en Santiago, para saludar y conocer el estado de salud del Capitán Víctor Rivas, de dotación de la Comisaría de Los Andes, quien resultara gravemente herido a bala hace algunos días, cuando intentara repeler un asalto a mano armada que se efectuaba en ese momento en esa ciudad.
Grande y agradable fue mi sorpresa al ver la extraordinaria mejoría que ha tenido este joven oficial, casado y con dos hijas pequeñas, lo que sólo hace pensar a los creyentes en un milagro, y a los no creyentes, al menos plantearse serias interrogantes.
El hecho dado a conocer profusamente por la prensa local, aunque en forma escasa por la de tiraje nacional, ocurrió cuando al regresar el oficial desde el sector de Auco, en Rinconada de Los Andes, se enteró, a través de la radio, que se había producido un asalto a una distribuidora de gas, ubicada en la salida de la ciudad. Su alma y corazón de carabinero, a pesar de ir en ese momento con rumbo a su casa, le instruyeron que debía concurrir hasta el sitio del suceso a cumplir con su deber y juramento. Llegado al lugar, tomó su puesto de combate y al ingresar al interior de una casa particular recibió, a menos de dos metros, tres impactos de bala, uno de los cuales le dio en pleno rostro. Allí quedó tendido por espacio de largos siete a diez minutos, debido a que sus compañeros no podían rescatarlo, ya que el asaltante continuaba disparando.
La situación, sin duda, adquirió un tono dramático y, por lo mismo, se dio aviso al hospital local para que se prepararan a recibir un herido a bala, al mismo tiempo que se solicitaba un helicóptero de la institución para trasladarlo lo más rápidamente a Santiago.
En esta parte de la narración, creo justo detenerme a felicitar y reconocer la gran e importante labor que cumplieron médicos, enfermeras y personal del hospital de Los Andes, ya que, de no haber mediado la excelente atención que le brindaron y que logró estabilizar sus signos vitales, a lo mejor hoy estaríamos lamentando una nueva pérdida de Carabineros. Afortunadamente, ello no fue así, y hoy el oficial se recupera rápidamente de las graves lesiones recibidas.
He querido, a propósito, rememorar este episodio, porque considero que en él se encuentra graficada toda la enorme vocación que tiene Carabineros de Chile, sus hombres y sus mujeres, por el bienestar y tranquilidad de los habitantes de Chile, y nada mejor que hacerlo cuando esta noble institución cumple sesenta y seis años de vida desde que fuere fundada. En el acto valeroso del Capitán Rivas uno encuentra esa inmensa disposición de servir a la patria y a sus semejantes, sin importar incluso el riesgo de perder la vida cuando ello sea en beneficio de alguna persona.
Por eso, he querido rendir en esta ocasión un justo y merecido homenaje a este ¿ oficial, hijo, padre y esposo, como cualquiera de nosotros, que ha demostrado al país los sentimientos más nobles que alberga su querida Institución. Asimismo, valoro la fortaleza de su esposa y, a través de ella, la de todas las esposas de carabineros, porque, sin duda, detrás de hombres como éstos sólo puede haber grandes mujeres.
Por último, también he querido traer a colación este hecho para que la comunidad tome conciencia de los peligros a que
está sometida y así aprenda a no perder la capacidad de asombro, ya que cuando se reconocen hechos como algo de ocurrencia prácticamente normal, entonces la sociedad entera avanza hacia caminos de obscuridad.
Gracias, Capitán Rivas, por su acto de arrojo en beneficio del prójimo. Permítanos hacer llegar, a través de su gesto de valor, nuestro emocionado reconocimiento y gratitud a todos los hombres y mujeres que llevan en su alma las carabinas cruzadas que identifican a Carabineros de Chile.


25.SITUACION DE LOS OLIVICULTORES DE HUASCO. Oficio.}

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- En el tumo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señora Presidenta, en esta ocasión me referiré a un problema que afecta a los olivicultores de la provincia de Huasco.
No quiero entrar en un análisis detallado de lo que ha sido la suerte de esta actividad tan importante en una zona de la Tercera Región. El asunto es que, después de mucho tiempo, parece que los olivicultores obtendrán una cosecha realmente importante, pero se han encontrado con diversas dificultades para tener un resultado económico que les permita paliar las pérdidas sufridas en jomadas anteriores.
Uno de los problemas que enfrentan estos esforzados agricultores está relacionado con la gran importación de aceitunas, particularmente de Argentina, la cual, además de tener ciertos problemas de calidad que deberían investigarse, se está entregando a un precio que en realidad resulta inexplicable si se consideran los costos de producción estimados adecuados en el país de origen. Lo concreto es que actualmente se está ofreciendo la aceituna, con el bidón incluido, a 450 pesos el kilo, lo que significa que los olivicultores de Huasco, en algunos casos, para competir, deberán vender su producción con una pérdida considerable.
Existen antecedentes que hacen suponer como en el chiste de "Condorito"que Argentina está exportando bidones y no aceitunas, y por esta vía está obteniendo un subsidio para la exportación de un producto manufacturado.
Señora Presidenta, atendido que tal situación afecta a un sector tan importante de la provincia de Huasco, solicito que se oficie al señor Ministro de Agricultura con el objeto dé que se realice una investigación sobre las condiciones de competencia desleal en que, eventualmente, pueden estar importándose desde Argentina estas aceitunas, el tipo de subsidio o tratamiento que permiten su venta a precios que resultan inexplicables y que, de poder comprobarse esta distorsión o competencia desleal, dicha autoridad recurra a las instancias correspondientes para adoptar las medidas habituales en estas situaciones.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Acuña, Reyes, Ojeda, Rojos, Ortiz y Prokurica.


26.REPLICA A INTERVENCION DE SEÑOR DIPUTADO.

La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.- Señora Presidenta, me veo en la obligación de desmentir lo señalado por el Diputado señor José
García en Incidentes, porque ha confundido un informe de la Contraloría, que tiene carácter reglamentario administrativo, con una evaluación económica del gasto presupuestario, que es algo completamente distinto.
En el momento que el Congreso aprueba el presupuesto nacional, recibimos una cuenta detallada de los gastos de los distintos ministerios, en la cual queda muy claro cómo se consume el Presupuesto de la Nación, en términos contables económicos.
Todos comprendemos que la Contraloría es un órgano distinto, cuya tarea fundamental es el control administrativo de los procedimientos realizados, para que se cumplan los decretos de inversión. Tiene períodos de corte, por decirlo así, determinados por las fechas de los proyectos de inversión, cuyas provisiones se van gastando en la medida en que se desarrollan.
Por lo tanto, sacar conclusiones económicas a partir de un informe de la Contraloría es algo bastante peregrino y no corresponde en absoluto a la realidad.


27.DAÑOS POR ALUVION EN COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA CORDILLERA. Oficios.

El señor ESTEVEZ.- Señora Presidenta, la Región Metropolitana, en el centro de nuestra nación, sufrió ayer nuevamente un embate de la naturaleza, de aquellos que lamentablemente ha enfrentado el país muchas veces. En este caso, la inclemencia del tiempo dejó consecuencias dramáticas en varias comunas, en particular la de San José de Maipo.
Esta mañana, su alcalde me informó que entre los perjuicios ocasionados en la infraestructura vial puede citarse la avería del puente El Canelo, que tiene suspendido el tránsito desde este punto hacia San José de Maipo, y por efectos de rodados, la destrucción de la ruta en el sector de Guayacán y Las Lajas, de 200 metros de camino de Tollo y del terraplén del puente de Tollo.
En San José de Maipo Alto, es decir, en la salida a la cordillera, el camino hacia El Melocotón está intransitable en la quebrada Carvajal, al igual que el sector de La Solana.
En San Alfonso, tres calles sirvieron de conducto del barro, las piedras y el agua hacia la ruta G25, que dejaron intransitables esas vías, la ruta propiamente tal y la plaza de la ciudad.
En el túnel cerca de San Alfonso, conocido en la zona como El Pinoco, el camino está cortado en más de cien metros; el puente Chico gravemente averiado en el sector Jaboncillo y el puente Grande desapareció, con lo cual el camino de acceso hacia la parte más alta del Cajón del Maipo se encuentra suspendido.
El puente el Almendro fue cortado por un rodado de proporciones y destruidos los puentes San Gabriel y El Yeso. No hay acceso al pueblo de El Volcán. En Las Melosas, las Chacritas, Las Amarillas y Lo Valdés los caminos están cortados por rodados e intransitable la ruta de San Juan de Pirque al Tollo.
En definitiva, como puede apreciarse, aparte de los daños a las personas que han debido ser refugiadas, la infraestructura del Cajón del Maipo sufrió un golpe bastante severo. Temo que a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse al respecto, centenares de familias permanecerán incomunicadas por un prolongado período.
Por las razones señaladas, además de alzar mi voz de alerta en el Congreso Nacional, solicito, en primer lugar, que se oficie al Presidente de la República, para que declare zona de catástrofe la comuna de San José de Maipo, junto con las otras que resultaron dañadas, como ya se pidió en un proyecto de acuerdo; y en segundo  
lugar, al señor Ministro de Obras Públicas, para que se evalúen los daños que he enunciado someramente, dé a conocer a la Cámara el programa y plazos de reparación de dichas obras y se adopten medidas con urgencia que permitan recuperar el tránsito vehicular lo más pronto posible, a fin de superar el completo aislamiento en que hoy se encuentra el sector.
He dicho.
La señora CARABALL (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Terminó el tiempo del Comité del Partido Socialista.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta La sesión.


Se levantó la sesión a las 16.05.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.