REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 324ª, ORDINARIA Sesión 43ª, en miércoles 16 de septiembre de 1992. (Ordinaria, de 10.30 a 14.25 horas) Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio; Hamuy Berr, don Mario, y Coloma Correa, don Juan Antonio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESION III.CUENTA IV.ORDEN DEL DIA V.PROYECTOS DE ACUERDO VI.INCIDENTES VII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA INDICE GENERAL Pág. I.- Asistencia 3254 II.- Apertura de la sesión 3256 III.- Cuenta 3256 IV.- Orden del Día 1.Fomento del libro y la lectura. Primer trámite constitucional. Acuerdo de los Comités. Votación de proyecto de acuerdo 3256 V.- Proyectos de acuerdo 2.Licitaciones de la pesquería de la especie bacalao de profundidad 3288 3.Sustitución de requisito de pescadores artesanales para inscribirse en el registro 3291 VI.- Incidentes 4.Rechazo a expresión vertida en programa televisivo 3292 5.Difusión de actividades de la Cámara de Diputados. Oficio 3293 6.Creación de parques destinados a promover la cultura de los derechos humanos 3294 7.Alcances sobre pesquería del bacalao y proyecto de acuerdo sobre la materia 3295 8.Septuagésimo aniversario de la radiodifusión chilena. Oficios 3297 9.Identificación de paisajes chilenos en propaganda televisiva. Oficio. 3298 10.Homenaje en memoria del periodista Darío Canut de Bon, recientemente fallecido 3299 11.Repavimentación de avenida de acceso a San Felipe (Quinta Región). Oficio 3300 12.Asistencia de parlamentarios a acto oficial de la Corporación 3300 13.Irregularidades en el transporte aéreo nacional. Oficios 3302 VII.- Documentos de la Cuenta 1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley sobre juzgados vecinales (boletín N°806-07) 3305 2.Mensaje de S.E. el Presidente de la República sobre carrera funcionaria de los jueces, funcionarios auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial (boletín N° 807-07) 3318 3.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira del Congreso Nacional el proyecto que autoriza regularizar la posesión de inmuebles destinados a cultos religiosos (boletín N° 467-12) 3336 4.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto sobre fomento del libro y la lectura (boletín N°534-04) 3336 5.Informe de la Comisión de Hacienda, sobre el proyecto sobre fomento del libro y la lectura (boletín N°534-04) 3356 6.Moción de los señores Gutenberg Martínez, Montes, señora Eliana Caraball, señores Elgueta, Leay, Elizalde, Cantero, Ortega y Alvarez-Salamanca, que dispone dictar ordenanzas municipales sobre medio ambiente en todas las municipalidades del país (boletín N°798-12) 3360 7.Moción de los señores Leay, Recondo, Ulloa, Orpis, Bombal, Bartolucci, Coloma, Chadwick, Melero y Correa, que sustituye el artículo 18 de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo a la duración de la licencia de conducir (boletín N° 799-15) 3362 8.Moción de los señores Masferrer, Ulloa, Recondo, Longueira, Orpis, Leay, Bombal, Coloma, Bartolucci y Chadwick, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con la finalidad de establecer en las viviendas económicas acogidas a la Ley sobre Propiedad Horizontal espacios públicos para instalar luminarias (boletín N° 800-14) 3363 9.Moción de los señores Recondo, Víctor Pérez, Melero, Ulloa, Correa, Longueira, Masferrer, Leay, Orpis y Chadwick, que modifica la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, con el objeto de establecer estímulos a los conductores diligentes (boletín N° 801-15) 3365 10.Moción de los señores Chadwick, Longueira, Recondo, Víctor Pérez, Bombal, Correa, Orpis, Leay, Melero y Coloma, que modifica la ley N°18.290, Ley de Tránsito, con el objeto de permitir a los propietarios de vehículos de alquiler aumentar la capacidad de pasajeros sentados (boletín N°802-15) 3367 11.Moción de los señores Melero, Recondo, Chadwick, Víctor Pérez, Longueira, Bartolucci, Orpis, Masferrer, Ulloa y Correa, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N°803-01) 3368 12.Moción del señor Devaud, que modifica el artículo 9° de la ley N° 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (boletín N°804-07) 3371 13.Moción de la señora Eliana Caraball, y de los señores José García, Correa, René García, Montes y señora María Angélica Cristi, que autoriza regularizar la posesión de inmuebles municipales en casos que indica (boletín N°805-14) 3372 VIII.- Otros documentos de la Cuenta 1.Oficios: Del señor Ministro del Interior, mediante los cuales responde los que se le dirigieron en nombre de los Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan: Del señor Orpis, antecedentes referidos a la municipalidad de Macul. Del señor Juan Alberto Pérez, construcción de un liceo. Del señor Juan Alberto Pérez, informes referidos a las municipalidades de Parral y de Pelluhue. Del señor Isidoro Tohá, proyectos del Fosis. Del señor Kuschel, materias referidas a la comuna de Calbuco. Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por el que responde el que se le remitiera en nombre de la Corporación. (Res. N°5.697). Del señor Ministro de Defensa Nacional, por el que responde el que se le enviara en nombre del señor Valcarce. (Res. N°3164). Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por los cuales responde: El que se le enviara en nombre del señor Masferrer, sobre antecedentes referidos al Sercotec. El que se le dirigiera en nombre del señor Juan Alberto Pérez, respecto a los análisis de combustibles. El que se le remitiera en nombre del señor Matta, acerca de concesiones de suministro de energía eléctrica. Del señor Ministro de Educación, mediante los cuales responde: El que se le enviara en nombre del señor Horvath, referido a establecimientos ubicados en la Undécima Región. El que se le remitiera en nombre del señor Tohá, relativo a una escuela en Chillán Viejo. Del señor Ministro de Salud, por el que responde el que se le remitiera en nombre del señor Sergio Pizarro, referido a una indicación a un proyecto de ley. Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, Por los cuales responde: El que se le enviara en nombre del señor Huenchumilla, acerca de la pavimentación de diversas calles. El que se le remitiera en nombre del señor Hamuy, sobre pavimentación de pasajes en Recoleta. El que se le enviara en nombre del señor Juan Alberto Pérez, relativo al subsidio habitacional rural. Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante los cuales responde los que se le dirigieron en nombre de los Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan: Del señor Hugo Alamos, propaganda política en estaciones, situación de trabajadores y ex trabajadores de Emporchi. Del señor Prokurica, reposición de una oficina de Correos. Del señor Morales, solicitud de teléfono público. Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del señor Matta, acerca de cooperativas eléctricas. Del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, por el que se responde el que se le enviara en nombre del señor Velasco, acerca del contrato de gestión del litoral sur. Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por el que responde, por instrucciones del señor Ministro de Educación, el que se le enviara a este último en nombre de la señora Evelyn Matthei, acerca de la gestión de dicha Junta Nacional. I.ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (81) --Acuña Cisternas, Mario --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro --Arancibia Calderón, Armando --Aylwin Azocar, Andrés --Bayo Veloso, Francisco --Bosselin Correa, Hernán --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Alfaro, Gustavo --Carrasco Muñoz, Baldemar --Coloma Correa, Juan Antonio --Concha Urbina, Juan --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Estévez Valencia, Jaime --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --García García, René --García Ruminot, José --Hamuy Berr, Mario --Horvath Kiss, Antonio --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Huepe García, Claudio --Jara Wolff, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Kuzmicic Calderón, Vladislav --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --Leblanc Valenzuela, Luis --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Manterola Urzúa, Martín --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Barra, Roberto --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarrete Carvacho, Luis --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Solís, Héctor --Orpis Bouchon, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palestro Rojas, Mario --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pérez Opazo, Ramón --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Ramírez Vergara, Gustavo --Rebolledo González, Víctor --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Ringeling Hunger, Federico --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Soto Morales, Akin --Sotomayor Mardones, Andrés --Tohá González, Isidoro --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Avila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Velasco De la Cerda, Sergio --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilicic Karnincic, Milenko --Villouta Concha, Edmundo Con permiso constitucional, estuvieron ausentes los Diputados señores Sergio Aguiló Meló, Francisco Bartolucci Johnston, Jaime Campos Quiroga, Eduardo Cerda García, Angel Fantuzzi Hernández, Pedro Guzmán Álvarez, Sergio Jara Catalán, Juan Pablo Letelier Morel, Manuel Antonio Matta Aragay, Juan Martínez Sepúlveda, Federico Mekis Martínez, Jorge Morales Adriasola, José Peña Meza, Jorge Pizarro Soto, Jorge Schaulsohn Brodsky y Guillermo Yunge Bustamante. Asistió, además, el señor Ministro de Educación Pública, subrogante, don Francisco Cumplido Cereceda. II.APERTURA DE LA SESION Se abrió la sesión a las 10.30 horas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.CUENTA El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- Da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. IV.ORDEN DEL DIA. 1.- FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA. Primer trámite constitucional. Acuerdo de los Comités. Votación de proyecto de acuerdo. El señor HAMUY (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fomenta el libro y la lectura. Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Edmundo Villouta. El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 534-04 y figura en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, vuestra Comisión de Educación pasa a informar este proyecto de ley, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Durante su estudio, la Comisión contó con la colaboración de los señores Raúl Allard, Subsecretario de Educación; y de Juan Vilches, Jefe de Departamento Jurídico; Arturo Navarro, asesor cultural; señora Perla Fontecilla, abogado, todos del Ministerio de Educación, y de otras personas que aparecen en el informe que está en poder de los señores parlamentarios. Antecedentes 1.- El mensaje, luego de hacer presente que tanto el proceso de crecimiento como los cambios que experimenta nuestra sociedad exigen, para su continuidad, una amplia difusión de la cultura, señala que la adquisición de los bienes culturales y la participación de toda la comunidad en su creación constituyen uno de los objetivos fundamentales de la acción del Estado, por ser ello un medio indispensable para que el hombre pueda adaptarse a la constante evolución social. Más adelante, añade que el libro es un instrumento idóneo para el logro de tales fines, por cuanto en él se aúnan "la riqueza del intelectual y lo creativo, con la actividad de importantes sectores económicos de la vida nacional." Refiriéndose concretamente a la situación nacional, menciona la existencia de un informe de la Corfo, que recomienda legislar para adoptar medidas destinadas al aumento y exportación sostenida de libros, como también de una investigación conjunta de la Biblioteca Nacional y la Universidad Católica de Chile, que determinaron una situación de atrofia en la industria editorial y una grave crisis en los hábitos de lectura. Señala, asimismo, que actualmente la situación se caracteriza por la existencia de un fuerte deterioro en los hábitos de lectura, por el alto costo que para el lector nacional, tiene el libro especialmente el importado; por la escasez de lectores; por la pequeñez del mercado interno; por la notable reducción de la compra de libros para las bibliotecas; por el escaso número de librerías, como que hay 40 circunscripciones electorales en cuyos territorios no existen establecimientos de este tipo, y por la limitada exportación de este producto, como consecuencia del alto impuesto al derecho de autor que deben pagar los extranjeros. Añade, luego, que "la cultura de imagen" se ha convertido en la gran competidora de la lectura, pasándose de una situación en que se vendían decenas de miles de ejemplares de cada edición, a la actual, en la que los editores deben efectuar serios esfuerzos para agotar tiradas de no más de mil ejemplares. De todo lo anterior, el mensaje deduce la existencia de un problema nacional que, cree, debe combatirse por la vía de actuar simultáneamente sobre la escuela, la biblioteca y la industria editorial, procurándose que el libro llegue cada vez a más gente y a las más tempranas edades. Agrega que, al respecto, el Estado debe facilitar el encuentro entre el libro y el lector, y que al Ministerio de Educación le corresponde formular una política nacional del libro dentro de sus facultades de delinear la política cultural del Estado. Termina señalando que las orientaciones centrales de esta política serán las siguientes: crear conciencia nacional acerca de la insustituible función cultural del libro; incentivar y favorecer los hábitos de lectura en todos los niveles de la sociedad; facilitar la disponibilidad y uso del libro a través de bibliotecas públicas; promover el desarrollo y crecimiento de la creación literaria y de la actividad editorial; velar por la protección de los derechos morales y patrimoniales de los autores y de los derechos de los editores, especialmente respecto de las prácticas de reproducciones no autorizadas. 2.El decreto ley N°824, de 1974, que aprobó el texto de ley sobre impuesto a la renta, cuyo título IV trata del llamado "impuesto adicional a la renta", el que, en general, grava los ingresos obtenidos de fuente chilena por personas que no tienen domicilio ni residencia en el país y que, en consecuencia, son remesados al exterior. En lo que interesa a este informe, su artículo 59 establece un impuesto con una tasa del 40 por ciento sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesoría técnica y otras prestaciones similares, que consistan en regalías o cualquiera otra forma de remuneración. 3.La ley N°8.737, que confirió personalidad jurídica a la Editorial Jurídica de Chile, establece en su artículo 3° que la dirección y administración superiores de la Editorial estarán a cargo de un consejo integrado por siete miembros. Añade la disposición que el consejo sesionará con la mayoría de los consejeros en ejercicio y sus acuerdos se tomarán por simple mayoría. 4.La ley N°18.985, introdujo diversas modificaciones a la Ley de Renta, estableció en su artículo 8° la llamada "Ley de donaciones con fines culturales". Este último cuerpo legal establece un incentivo de carácter tributario para las donaciones realizadas con fines culturales, consistente en un crédito equivalente al 50 por ciento del valor donado, en contra de los impuestos a la renta de primera categoría o global complementario que afecten al donante. De conformidad con lo establecido en el número 1 del artículo l° de esa ley, podrán beneficiarse con las donaciones las universidades y los institutos profesionales estatales, las universidades y los institutos profesionales particulares reconocidos por el Estado y las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, cuyo objeto exclusivo sea la investigación, el desarrollo y la difusión de la cultura y el arte. Las entidades beneficiarias solamente podrán recibir donaciones en conformidad con esta normativa si presentan proyectos con el plan o programa de actividades específicas, culturales o artísticas que pretendan realizar dentro de cierto tiempo. Dicho plan debe ser aprobado por el Comité Calificador de Donaciones, organismo integrado por el Ministro de Educación, un representante del Senado, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Consejo de Rectores y un representante de la Confederación de la Producción y del Comercio. 5.La ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, contiene una normativa que protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de una obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, como también los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral que amparan el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. 6.La ley 16.643, sobre Abusos de Publicidad, junto con reiterar la plena libertad de opinión que consagra la Carta Fundamental, precisa en el inciso final de su artículo l°, que "el abuso de este derecho sólo puede castigarse en los casos y forma señalados en la presente ley". Con tal objeto, establece una serie de requisitos tendientes a evitar tales abusos, exigiendo que los dueños de imprenta, litografías o cualquier otro taller impresor, coloquen el nombre del taller, el lugar y la fecha en cada ejemplar de las publicaciones que efectúen; como también obligación de inscribirse en un registro especial que lleva la Biblioteca Nacional, la obligación de remitir a dicha Biblioteca 15 ejemplares de cualquier impreso o publicación que efectúen, la exigencia de declarar ante el gobernador respectivo la publicación de cualquier nuevo diario o escrito periódico, transmisión de radio o televisión. Con el mismo objeto anterior, reglamenta las rectificaciones y el derecho a respuesta y sanciona diversos delitos que pueden cometerse por estos medios, como la provocación o inducción a delinquir, la propagación de noticias falsas o no autorizadas, el ultraje a las buenas costumbres la calumnia e injuria, etcétera. 7.La ley N°18.480 establece un sistema de reintegro simplificado de gravámenes que inciden en el costo de los insumos importados empleados en la producción de bienes que se exportan y que constituyen exportaciones menores no tradicionales. El porcentaje de reintegro, en la medida en que el valor de lo exportado en los últimos 12 meses no exceda de US$ 7.500.000, será de 8 por ciento del valor de los productos que se exporten de origen nacional, entendiendo por tal el valor FOB de la respectiva mercancía. El mecanismo que establece esta ley recibe el nombre de "simplificado", porque, al contrario de lo que sucede con el sistema regular o normal de reintegros de gravámenes, no resulta necesario acreditar ni efectuar cálculos para determinar qué componentes importados integran el producto que se exporta. El Servicio de Tesorería puede, no obstante, objetar el valor de lo declarado por el exportador como precio obtenido por el producto que exporta, correspondiendo decidirlo a la Comisión Técnica, integrada por un representante del Ministerio de Economía, otro del Servicio Nacional de Aduanas y otro del Banco Central. 8.El decreto N°641, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 1991. Esta norma efectuó un desglose de las mercancías que figuran en la partida 4901 del Arancel Aduanero, vale decir, libros, diccionarios, libros académicos, escolares, etcétera, apareciendo desde entonces esa misma mercadería distribuida en diversas subpartidas, circunstancia que ha permitido aplicar el sistema simplificado de reintegro de gravámenes a las exportaciones de productos que, figurando antes en una misma partida arancelaria, quedaban fuera de este sistema por exceder su monto de los US$ 11.250.000 en los últimos 12 meses. Legislación comparada. Diversos países, tales como Uruguay, Venezuela, México, Argentina y España cuentan con legislaciones de fomento al libro o a la industria editorial. En el informe en poder de los señores parlamentarios figura, para su conocimiento, la legislación correspondiente a Uruguay, Venezuela y México. Ideas matrices del proyecto. El propósito central del proyecto es reconocer en el libro un instrumento eficaz e indispensable para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud. Con tal propósito o idea central: a)Establece una "Ley de Fomento del Libro y la Lectura", que se caracteriza por lo siguiente: 1° La creación de un Fondo Nacional del Libro, cuyos recursos se destinarán, entre otras cosas, a promover la lectura, a crear y reforzar los hábitos de lectura y a la capacitación y motivación de profesores, bibliotecarios y demás personas relacionadas con estas materias. 2° La creación del Consejo Nacional del Libro, repartición integrante del Ministerio de Educación, al que corresponderá convocar a concursos públicos para la asignación de los recursos del Fondo y asesorar al Ministerio de Educación en la formulación de la política nacional del libro y la lectura. 3° La consagración de la libertad de división, impresión y circulación de libros. 4° El establecimiento de incentivos tributarios, impositivos y arancelarios para la exportación de libros, su comercialización y su donación con fines culturales. 5°. La tipificación de diversas figuras delictivas para sancionar las infracciones a las normas del proyecto. 6°. El establecimiento de normas procesales especiales para juzgar las conductas contrarias a la iniciativa. 7°. La definición de los términos: libro, libro chileno, autor y editor. b)Modifica la Ley de Renta en el sentido de rebajar del 40 al 15 por ciento la tasa del impuesto adicional a los pagos por concepto de derecho de autor o editor, que se efectúen a personas no domiciliadas ni residentes en el país. c)Modifica la Ley de Donaciones con Fines Culturales para incluir entre los beneficiarios a las bibliotecas abiertas al público. d)Modifica la ley que confiere personalidad jurídica a la Editorial Jurídica de Chile para elevar de 7 a 8 los integrantes de su consejo directivo, debiendo el nuevo integrante ser designado por el Ministerio de Educación. Tales ideas y propósitos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, inciso cuarto, números l° y 2° de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 60, números 1), 2) y 14) de la misma Carta, son materias propias de ley, algunas de ellas de la exclusiva iniciativa presidencial, son expresadas por el proyecto en las disposiciones que se describen en el capítulo siguiente. Síntesis de las disposiciones del proyecto. El artículo 1° establece una normativa para fomentar el libro y la lectura. Dicha normativa se divide en cuatro títulos, con un total de 18 artículos permanentes y 2 transitorios. El Título I trata del Fondo Nacional del Libro y consta de cinco artículos. El artículo 1° reproduce el objetivo central del proyecto, cual es el de reconocer al libro como un instrumento eficaz e indispensable para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud, estableciendo que el Ministerio de Educación deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines de la ley, promoviendo la participación de los agentes culturales y de los medios de comunicación social. El artículo 2° crea el Fondo Nacional del Libro, administrado por el Ministerio de Educación, por medio de la División de Extensión Cultural, cuyos fines serán financiar los proyectos y programas de fomento del libro y la lectura, y demás acciones que emanen de la ley. Tendrá un patrimonio formado por los recursos que se contemplan anualmente en la Ley de Presupuestos, por los que reciba el Gobierno por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional destinados a cumplir los propósitos de la ley, y por las donaciones, herencias y legados que obtenga. El artículo 4° señala el destino que se dará a los recursos del Fondo, indicando que deberán financiar, total o parcialmente, diversas prestaciones, entre las que se pueden señalar: la promoción de la lectura en establecimientos educacionales, en general; la creación y reforzamiento de los hábitos de lectura; la creación literaria y la edición en el país mediante concursos, becas, talleres, etcétera; la organización de ferias locales, regionales y nacionales; la promoción y desarrollo de las exportaciones de libros nacionales; la difusión y promoción de los derechos y obligaciones de autores, editores y empresarios gráficos, según lo establecido en la legislación vigente; la adquisición de libros, no pudiendo comprarse más del 20 por ciento de los ejemplares de una misma edición. El artículo 3° crea, en el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional del Libro, encomendando a la División de Extensión Cultural del Ministerio las funciones de Secretaría de este nuevo organismo. El Consejo estará integrado por el Ministro de Educación o su representante, quien lo presidirá; por un representante del Presidente de la República; por el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos; por el Jefe de la División de Extensión Cultural del Ministerio; por un académico de reconocido prestigio, designado por el Consejo de Rectores; por un escritor, designado por la Sociedad de Escritores de Chile; por dos representantes de la Cámara Chilena del Libro; por un profesor de reconocida experiencia en la promoción de la lectura, designado por el Colegio de Profesores, y por un bibliotecario con experiencia en bibliotecas públicas o escolares, designado por el Colegio de Bibliotecarios. El artículo 5° señala las funciones del Consejo, indicando que le corresponderá convocar a los concursos públicos para asignar los recursos del Fondo y, asimismo, resolverlos; asesorar al Ministro de Educación en la formulación de la política nacional del libro y la lectura; supervisar el desarrollo de los proyectos y las acciones aprobadas, y publicar una memoria con la relación de las acciones realizadas y las inversiones y gastos efectuados. El Título II, que trata del fomento del libro y la lectura, consta de 6 artículos. Los artículos 6° y 7° declaran libres la edición, impresión y circulación de libros, sin más restricciones que las que imponga una resolución judicial, y señalan las exigencias que deben cumplir las publicaciones, tales como la constancia del lugar y fecha de la impresión del tiraje, nombre y domicilio del impresor y del editor, así como también los requisitos para la inscripción de la obra en el International Standard Book Number. Los artículos 8°, 9°, 10 y 11 establecen incentivos para el fomento del libro y la actividad editorial, disponiendo el goce del sistema simplificado de reintegro a las exportaciones; rebajan del 40 al 15 por ciento el impuesto adicional por derechos de autor o de edición que deban ser pagados al exterior; permiten a las bibliotecas públicas abiertas al público en general gozar de los derechos y franquicias que establece la Ley de Donaciones con Fines Culturales, y, por último, permiten a editores, distribuidores y libreros rebajar el valor de sus libros inventariados del 25 al 0 por ciento al cabo de 5 años. El Título III, que se refiere a las infracciones, delitos y sanciones, consta de 6 artículos. El artículo 12 encomienda al Consejo cautelar y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. El artículo 13 sanciona con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa entre 5 y 50 unidades tributarias mensuales la edición e impresión fraudulenta de libros; la edición e impresión de libros sin autorización del autor o titular de los derechos; la reproducción de todo libro por cualquier medio, sin autorización de los titulares de los derechos de autor; la comercialización, a sabiendas, de libros editados o impresos fraudulentamente o sin autorización del titular de los derechos de autor; la exclusión dolosa del nombre del autor en una obra o su publicación alterada y la utilización engañosa o fraudulenta de procedimientos para acceder a los beneficios que otorga el proyecto de ley. El artículo 14 establece que los libros que hubieren sido materia de los delitos descritos, deben ser entregados al autor o al titular de los derechos patrimoniales o, en su defecto, a la Dirección de Bibliotecas. Los artículos 15 y 16 establecen el procedimiento, facultando al juez para disponer el retiro de circulación, la incautación, el comiso o la suspensión de la venta de libros que hayan sido materia u objeto del delito, no pudiendo el sumario durar más de 90 días, permitiéndose su prórroga por una sola vez. Por último, el artículo 17 dispone que las normas del proyecto serán complementarias de las que se establecen en las leyes sobre propiedad intelectual y abusos de publicidad, en lo referente a las infracciones que puedan cometer los empresarios gráficos. El Título IV se refiere a las disposiciones generales, estableciendo en su artículo 18 las definiciones de los términos libro, libro chileno, autor y editor. Disposiciones transitorias El artículo 1° transitorio se refiere a la obligación del Presidente de la República de dictar el correspondiente reglamento de esta ley. El artículo 2° modifica el artículo 59 de la Ley de la Renta, al intercalar un nuevo inciso que rebaja del 40 al 15 por ciento el impuesto que grava las sumas pagadas por concepto de uso de derechos de autor o de edición a personas sin domicilio ni residencia en el país. El artículo 3° modifica la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 sobre reforma tributaria, para agregar entre las instituciones beneficiarías de tal ley a las bibliotecas abiertas al público en general. El artículo 4° modifica la ley N° 8.737, al elevar de 7 a 8 el número de integrantes del Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile. No me referiré a los detalles de la discusión del proyecto en beneficio del tiempo y a petición de algunos señores Diputados. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda analizó los artículos sometidos a su conocimiento por la Comisión de Educación. En el debate participaron los señores Raúl Allard, Subsecretario de Educación; don Juan Vilches, Jefe del Departamento Jurídico del mismo Ministerio; doña Perla Fontecilla, abogada del Ministerio y, fundamentalmente, los señores Arturo Navarro, Asesor de dicho Ministerio y Mario Marcel, Subdirector de Racionalización y Función Pública del Ministerio de Hacienda. Concurrió, además, don Eduardo Castillo, Presidente de la Cámara Chilena del Libro. Luego de una primera revisión del proyecto, su tramitación debió suspenderse porque durante el debate se constató que no estaban asignados los recursos anunciados en el proyecto, circunstancia que lo hacía ineficiente. Esta situación fue subsanada recientemente por el Ejecutivo de una forma que no convenció plenamente a la Comisión de Hacienda, aun cuando desde un punto de vista formal cumple con los objetivos de un proyecto en vías de ser despachado. Este, a través de una indicación aprobada por la Comisión establece que la Ley de Presupuestos de 1993 destinará los recursos para el Fondo Nacional del Libro, no establecidos en el proyecto original. Como el presupuesto comenzará a discutirse en los próximos días, tendremos oportunidad de verificar esta norma, y como seguramente el proyecto no será despachado antes de fin de año, desde el punto de vista formal, la norma satisface la inquietud de la Comisión, aun cuando no está estipulado el monto de los recursos que serán aportados al Fondo Nacional del Libro lo cual constituye una deficiencia del proyecto. Desde el punto de vista financiero, hay otros aspectos, además de los aportes al Fondo Nacional del Libro, que tienen impacto significativo. El total de las medidas de fomento contenidas en el proyecto representan un costo fiscal de 600 millones de pesos, cifra modesta en el conjunto del Presupuesto, pero relevante dentro del área de la industria del libro, que no está plenamente desarrollada en nuestro país. La idea del proyecto es que se pueda desarrollar como tal. De esta cifra, aproximadamente 100 millones corresponden a la inclusión de los libros en el reintegro simplificado, a causa de las exportaciones con que pueden verse beneficiados -cifra correspondiente a subsidios por concepto de promoción de las exportaciones-; 50 millones por concepto de donaciones que se obtendrán por la inclusión de las bibliotecas en la Ley de Donaciones con Fines Culturales, y 450 millones -la cifra más relevante para la operatoria de la industria del libro- por castigo de existencia. Es la norma en virtud de la cual, al cabo de cuatro años, los libros pueden ser castigados en su integridad y, de esa manera, eliminados del patrimonio y de las relaciones que ello representa en cuanto a tributación. Los artículos del proyecto fueron objeto de numerosas indicaciones, muchas de ellas patrocinadas por los Diputados señores Huepe, Longueira, Palma, don Andrés; Ramírez, Sabag y Sota, en respuesta a las inquietudes formuladas en la Comisión por la Cámara Chilena del Libro. La Comisión acogió la mayor parte de ellas, en el entendido de que constituían aportes al debate, y con la esperanza de que algunas pudieran perfeccionar el articulado durante la tramitación del proyecto. Quiero detenerme en una norma, aprobada en la Comisión por dos votos a favor y las abstenciones de varios de sus miembros. Me refiero al artículo 11 bis, originado en una indicación de los Diputados señores Vicente Sota y José Antonio Viera-Gallo, que establece la eliminación del impuesto al valor agregado y de los impuestos a las ventas y servicios de los libros. Durante su tramitación en la Comisión, esta indicación fue declarada admisible en atención a un principio de autoridad. Como fue presentada por el Presidente de la Cámara -considerando, además, la alta investidura de su cargo y el hecho de que, de acuerdo con sus atribuciones, le corresponde velar porque las indicaciones a los proyectos se ajusten a las normas constitucionales-, la Comisión consideró improcedente discutir la admisibilidad o inadmisibilidad de esta indicación; reconoció la autoridad del Presidente de la Cámara de Diputados y espera que él, en el debate, se pronuncie sobre esta materia, respecto de la cual la Comisión decidió obviar la discusión, con el objeto de que la norma fuera fundamentada, en la Sala, en mejor forma por sus patrocinantes. Desde el punto de vista del informe y de las proposiciones de la Comisión de Hacienda, está aprobada la indicación de los Diputados señores Sota y Viera-Gallo. La proposición, sin duda, podría representar algún costo fiscal adicional, pero no contamos, cuando la debatimos, con un informe técnico sobre esta materia. En ese aspecto, debe ser analizada en la discusión general. Estos son los aspectos más relevantes sobre los cuales correspondía informar verbalmente. El resto de las materias discutidas en la Comisión de Hacienda están contenidas en el informe que los señores Diputados tienen a su disposición. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Diputado don Roberto Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, quiero hacer sólo algunas reflexiones, por cuanto el mensaje del proyecto es bastante claro. Deseo puntualizar la actitud nueva, interesante y responsable del Gobierno, de fomentar también, a través de sus actos, el uso del libro. Baste para ello señalar, como ejemplo, que se han entregado cerca de mil millones de pesos para un Fondo Nacional de Cultura, que serán utilizados, precisamente, en la adquisición de libros, de tanta trascendencia social. El proyecto de ley crea una institucionalidad legal, un organismo ágil, una especie de Conicyt o de Fondecyt de la cultura. La idea es partir con este fondo de base presupuestaria, que anuncia una institucionalidad cultural más permanente, creada precisamente por la ley, por la vía del fondo del libro. Ahora, ¿por qué se privilegió el libro? Porque había un mayor avance con los sectores culturales involucrados en la actividad con los vinculados a las bibliotecas y con los relacionados con la industria editorial, es decir, con los exportadores, importadores, editores y distribuidores de libros. No está de más definir el libro como un bien cultural de gran trascendencia. Es un instrumento idóneo para diseminar la cultura, esencial, milenario, de aprendizaje, particularmente en el mundo actual, en que el conocimiento ha pasado a tener más que nunca un rol central; su acopio y su creación son más amplios, todo lo cual hace del libro un instrumento insustituible para quien desee estar al día en el mundo contemporáneo. Otra razón para que tanto los señores parlamentarios como el Gobierno se ocupen del libro reside en que en él hay también, como elemento de aprendizaje, un esfuerzo; es decir, el lector, al enfrentarse al libro, asume ante él una actitud crítica; aprende y observa otros medios, como la televisión o la radio, instrumentos poderosos, en realidad, de la difusión cultural. Y al hablarse de la crisis del libro -así lo veo yo, al menos-, se concluye que ello se debe seguramente a que éste no tiene el monopolio de ser el único transmisor de cultura, sino que debe competir con otros medios; pero su característica especial radica en poder releerse, guardarse, de enfrentarse al lector, reflexionando, criticando y aprendiendo, por ser un elemento fundamental en el nivel escolar. Ahora, bien, ¿qué cosa también preocupa a los hombres interesados en esta idea legislativa? Realizada por el Ministerio de Educación una investigación relacionada con 900 escuelas, evidenció que las estadísticas son bastante preocupantes. ¿Qué dicen ellas? Que consultados estudiantes de la enseñanza media, un 63 por ciento de ellos manifestaron que el libro tiene una importancia secundaria, regular, poca o ninguna, y el 67,5 por ciento, que no ha llegado a desarrollar el hábito de la lectura. Esa sería la realidad confesada directamente por el estudiantado. En un tema muy serio -tan serio como otros que se tratan en esta Cámara-, en lo que se refiere tanto al niño que empieza a leer, como al alfabetizado adulto, se le asigna gran valor a la cultura, pero tal valoración va decreciendo. Conforme a la misma encuesta, un 57,6 por ciento de los alumnos de primer ciclo básico le atribuyen al libro gran importancia en su vida, porcentaje que baja al 37 por ciento en el segundo ciclo básico y a un 33 por ciento en la enseñanza media. En consecuencia, como la misma encuesta lo revela, los estudiantes son lectores mínimos, es decir, se limitan a 1er las lecturas escolares obligatorias, las que requiere el currículum escolar, porque son indispensables para pasar de curso o aprobar un examen. Un factor importante sería la deficiencia del sistema escolar, la cual, según se estima, podría paliarse con proyectos financiados por el Fondo que crea esta ley; pero también se requiere, y digámoslo con claridad, de otro tipo de incentivos. Así, por ejemplo, en el proyecto Mece se consultan veintitrés mil bibliotecas de aula, es decir, un estante en el rincón de la sala de clases, en que además de los cinco o seis libros de lectura obligada, habrá unos cincuenta más que el alumno podrá leer, llevar a su casa y luego devolver, proyecto fundamental que, además, dará una forma más atractiva a la presentación del libro y a los medios de que se podrá valer el profesor para incentivar los hábitos de la lectura. Otro factor importante de análisis en la discusión de este proyecto es el desplazamiento del libro por la cultura de la imagen. Se piensa que si la sociedad permanece estática ante tal situación, seguramente el libro terminará por desaparecer del interés de los niños. Se sabe que el profesor, el padre, la madre o el hermano mayor son poderosos intermediarios entre la imagen del televisor y el niño, y si esta intermediación se efectúa correctamente, la televisión podría resultar un interesante incentivo para que el niño busque en el libro la satisfacción de sus inquietudes. Otro factor que se considera en este proyecto es la crisis de la industria editorial chilena y la falta de textos adecuados para jóvenes. Se señala, en lo que se refiere a la enseñanza, que hay mucho tradicionalismo en la selección de libros, puesto que se repiten títulos que fueron, sin duda, las bases de la formación del castellano; pero el joven tiene ahora otras ideas. Lo anterior requiere cambios en la formación del profesor, mayores recursos y la posibilidad de ofrecer al joven mayor variedad de libros para elegir, circunstancia que constituirá un incentivo para la lectura, contrariamente a lo que sucede con libros que se mantienen, desde hace un siglo, como lectura obligatoria. Son muchas, entonces, las razones de esta institucionalidad cultural general y del privilegio del fomento del libro. El mecanismo, para ello, es la creación de un Fondo Nacional, formado especialmente con recursos contemplados anualmente en la Ley de Presupuestos, como, asimismo, donaciones y otros medios; pero se estima fundamentalmente que, dentro de lo cultural, deberán privilegiarse las consecuencias positivas del desarrollo del libro para la formación de las personas, circunstancia que les daría el carácter de una actividad nacional permanente. La Cámara Chilena del Libro ha planteado la supresión del IVA a los libros; o bien, establecer uno rebajado, y con ello financiar específicamente las medidas de incentivo propuestas. Con el Diputado señor José Miguel Ortiz, presentamos el año pasado dos proyectos de acuerdo de este mismo tenor, y señalamos, en esa oportunidad, que el Gobierno tenía la obligación de subvencionar la cultura. Desgraciadamente, el proyecto de acuerdo para suprimir el IVA de los libros que, en dos oportunidades presentamos junto con el Diputado señor Ortiz, fue rechazado por esta Honorable Cámara. Ahora, estos recursos van a beneficiar a la industria editora, como efecto del no pago de un impuesto; pero el Gobierno ha pensado que es mejor un IVA diferenciado en el caso de los libros, tal como se estila en muchos países europeos desarrollados. No obstante, hasta este minuto, el Ministerio de Hacienda no lo ha considerado apropiado, y espero que ahora sí lo considere. Al crearse el Fondo del Libro y al entregársele recursos consultados anualmente en la Ley de Presupuestos, se devuelven recursos del Estado para fomentar el libro; entre ellos, los que se recaudan por concepto del IVA. El Ministerio de Educación administrará el Fondo a través de su División de Extensión Cultural. Al respecto, existen algunas observaciones de la Cámara Chilena del Libro susceptibles de acoger en este proyecto o en alguna iniciativa futura. El artículo 5° del proyecto enumera las funciones del Consejo. Entre otras, le corresponde convocar a concursos públicos para asignar los recursos y prestar asesoría al Ministro de Educación en la formulación de las políticas. Las medidas de fomento del libro y de la lectura son, fundamentalmente, cuatro. En primer lugar, un derecho al sistema simplificado de reintegro establecido en la ley N° 18.480 para la exportación de libros, mediante la apertura de la respectiva partida del Arancel Aduanero. Actualmente, existe una glosa del Arancel comprensiva de los materiales impresos que se exportan en forma global, partida utilizada normalmente por las revistas que se exportan. Se desea que el libro tenga una partida propia, aparte de la de las revistas. El beneficio consiste en el reintegro, por parte del Estado, del 10 por ciento del valor FOB. En segundo lugar, la rebaja de los derechos de autor que deben pagarse al exterior, es decir, de los derechos que producen los libros de autores extranjeros vendidos en el país. Las remesas al exterior están gravadas con un impuesto adicional de 40 por ciento, que se rebaja al 15 por ciento. En tercer lugar, la incorporación de las bibliotecas públicas a las prerrogativas que el artículo 8° de la ley N° 18.985, sobre Reforma Tributaria, concede a los beneficiarios de donaciones con fines culturales. En síntesis, si una persona efectúa una donación a una institución con base en un proyecto -aprobado por una Comisión integrada por los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y el Ministro de Educación-, esa donación será rebajada en un 50 por ciento de la próxima declaración de impuestos, absorbiendo el donante sólo la mitad. En cuarto lugar, la rebaja de la desvalorización que experimenta el libro que no se vende y que está en el inventario. Dado que mientras se mantiene en poder del editor, del distribuidor o del librero, se desvaloriza más que otros bienes, se permite castigar su valor en forma gradual hasta llegar al ciento por ciento en el quinto año razón por la cual deja de considerarse en el haber del propietario, aunque siga registrado en él. Termino mi intervención, señor Presidente, manifestando que este proyecto, por su gran transcendencia, debe ser tratado y escuchado con la misma acuciosidad con que se modifican artículos de algunos Códigos, porque aquí estamos enfrentando un problema cultural que constituye el pilar sobre el cual vamos a construir la sociedad del próximo siglo. Con mucho agrado y absoluta convicción, voy a dar mi aprobación a este proyecto de fomento del libro. Con el Diputado señor José Miguel Ortiz, lamentamos no haber tenido, el año pasado, la suerte de conseguir respaldo para el proyecto de acuerdo, del mismo tenor, que presentamos en dos oportunidades, como consta en las actas de esta Honorable Cámara. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, el libro es imprescindible en bibliotecas, escuelas y entidades educacionales, y el Estado debe fomentar la lectura masiva. La iniciativa implementa varias medidas en este sentido, pero la única efectiva es la que dispone el artículo 11 bis introducido por la Comisión de Hacienda, que libera del IVA a los libros. Sin embargo el artículo 62 de la Constitución establece que esta materia es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Por lo tanto, lo que corresponde es pedir el patrocinio del Ejecutivo. La moción parlamentaria sólo crea falsas expectativas a escritores y lectores. Aquí se ha dicho que este proyecto podría tener alguna implicancia fiscal, y resulta que significa más que todos los aportes que se están haciendo al libro, pues representa, aproximadamente, cuatro millones de dólares que dejaría de percibir el Estado. ¿Cómo no vamos a desear que se abarate el costo de los libros y la cultura llegue a todos los estratos sociales de nuestro pueblo? Pero la Mesa debe pronunciarse sobre la admisibilidad del artículo 11 bis. El 18 por ciento significaría una rebaja real para los adquirentes de libros; desgraciadamente, esta materia no es de iniciativa parlamentaria. Si no es admisible, solicito que se pida el patrocinio de Su Excelencia el Presidente de la República. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Sota. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SOTA.- Señor Presidente, sin perjuicio de dar las razones que abonan la indicación aludida por el Honorable señor Rene García, en la discusión general no se justifica su petición de pronunciamiento de la Mesa sobre ella. No es necesaria y basta con que la iniciativa sea aprobada en general. Más adelante veremos si somos capaces de obtener el apoyo que esperamos del Ejecutivo. Señor René García, le rogaría conceder una interrupción al Diputado señor Viera-Gallo, y le agradezco la que me ha otorgado. He dicho. El señor GARCIA (don René Manuel).- Encantado le concedo la interrupción al señor Presidente de la Cámara. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, todos los Diputados que han intervenido están contestes en que es muy importante fomentar la lectura y favorecer la producción y difusión del libro. Con el Diputado señor Sota sabemos que la indicación tiene reparos desde el punto de vista constitucional, pero la presentamos con el espíritu de provocar este debate en la Sala y abrir uno más amplio en el país, para que ojalá el Ejecutivo se convenza de la bondad de la medida. En todo caso, salvo que se solicite la declaración de inconstitucionalidad del artículo 11 bis, la Mesa no tiene por qué operar de oficio. Consultado el señor Ministro subrogante de Educación al respecto, me ha informado que en esta ocasión, al menos, el Gobierno no la va a solicitar. De manera que si el Diputado don René García insiste en su petición, recaerá sobre él la responsabilidad de que no sea aprobado, y no sobre sus patrocinantes o el Ejecutivo, con el cual hay diálogo abierto. En este momento se discute en general el proyecto; pero es muy probable que en la discusión particular se propongan fórmulas más flexibles para respaldar a la industria del libro y fomentar la lectura. Pido, por intermedio del señor Presidente, que el Diputado don René García retire su petición, salvo que, en el fondo, por un afán purista de respeto de la legalidad -abstracto, que no tuvo ayer la Comisión-, desee perjudicar la difusión del libro y el apoyo a la lectura. Hay dos formas de obtener respaldo: una, que el Gobierno haga suya la indicación -es lo que esperamos-; y la otra, que acceda tácitamente a la idea. Si no formula objeción constitucional, en la práctica entrega su patrocinio tácito; de lo contrario, tendrá que recurrir al Tribunal Constitucional o pedir al Presidente de la Cámara que declare inconstitucional el artículo. Agradezco la interrupción al Diputado señor René Manuel García. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado don René García. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, llama la atención que se haga recaer en mí esta tremenda responsabilidad, en circunstancias de que -lo sabe el Diputado señor Viera-Gallo, porque maneja muy bien la Cámara- el artículo es inconstitucional. Y temo que se transforme en la punta del iceberg: cualquier parlamentario podrá pedir la exención de determinado impuesto y la Cámara se quedará callada. Es un mal precedente. Entendemos los beneficios que reportará el proyecto; sólo pedimos que el Ejecutivo dé su patrocinio al artículo 11 bis, porque cada vez que distintos parlamentarios han formulado indicaciones de esta naturaleza, la Mesa las ha declarado inconstitucionales. Ahora, como ha sido presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, debemos callar, sobrepasar la Constitución y concluir que es constitucional. O sea, tenemos dos estándares: cuando el Presidente de la Cámara presenta indicación y cuando lo hace cualquier otro Diputado. Por lo tanto, reafirmo mi petición, asumo la responsabilidad y pido que la Mesa se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 11 bis. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Coloma. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor COLOMA.- Agradezco la interrupción que me ha concedido el Diputado don René García. Señor Presidente, el planteamiento del Diputado señor Viera-Gallo es de extraordinaria trascendencia para el futuro de la Cámara y el entendimiento entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo; bastante más importante que el de otras legislaciones, porque abre todo un espacio de acción para los señores parlamentarios. Dado que el señor Viera-Gallo ha discutido el punto con el señor Ministro de Educación subrogante, que se encuentra presente en la Sala, quiero preguntarle, por intermedio de la Mesa, si ésta va a ser la actitud permanente respecto de indicaciones que supongan alguna suerte de gasto; o en este caso se trata de una gran excepción, atendidas las funciones de las personas que la patrocinan. Es fundamental calificar esta disposición, pues quizás el Diputado don René García tiene toda la razón al insistir en su objeción constitucional. También me gustaría que el señor Ministro de Educación subrogante señala si esto corresponde a un cambio de actitud del Gobierno o se trata de un caso especial. Sería bueno conocer su opinión al respecto. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el Diputado don René García. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente son tantas las interrupciones que me han pedido, que prefiero que el debate siga su curso normal. Dejo lanzada la idea. He dado a conocer mis puntos de vista. No podemos taparnos los ojos para no ver lo que no conviene. Nada más. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco. El señor CARRASCO.- Señor Presidente, debo reconocer que la consulta del Diputado señor Colonia es interesante, por lo que nos gustaría que el señor Ministro de Educación subrogante se pronunciara al respecto. Por su intermedio, le concedo una interrupción a fin de que nos aclare la situación, porque realmente crea un precedente muy serio en la Cámara. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación subrogante, por la vía de la interrupción. El señor CUMPLIDO (Ministro de Educación subrogante).- Señor Presidente, el procedimiento legislativo está establecido en la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional y los reglamentos de las respectivas Cámaras. El Ejecutivo tiene la oportunidad de hacer valer sus facultades colegisladoras en el momento que lo estime oportuno. Tenemos clara conciencia de que la indicación presentada es inconstitucional. Esto es incuestionable. Pero nos interesa escuchar el debate sobre la materia. El Ejecutivo hará uso de su facultad en el momento oportuno. Por mi parte, al término de la sesión, daré a conocer el punto de vista del Ejecutivo en relación con el fondo de la indicación presentada, toda vez que el problema es bastante importante y claro en cuanto a la forma de lograr la finalidad del proyecto, entre un criterio individualista y otro social. Analizaremos oportunamente esto, porque no es bueno que en la opinión pública quede la impresión de que por una disposición constitucional se impugna la forma de una indicación, en circunstancias de que se está en desacuerdo con el fondo. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el Diputado señor Carrasco. El señor CARRASCO.- Señor Presidente, en mi condición de profesor, valoro positivamente el proyecto que estamos analizando, porque será un aporte importantísimo al desarrollo de la cultura y hará asequible el libro a mucha gente. Quienes con regularidad visitamos las librerías con el propósito de adquirir libros, conocemos la tremenda tragedia que significa el costo de cada ejemplar, que imposibilita el desarrollo cultural del país, especialmente en los niveles que más lo necesitan, la gente de escasos recursos. Además, casi toda la población infantil, millones de niños, no tiene acceso a ellos. El hecho de que el Estado de Chile reconozca en el libro un instrumento eficaz e indispensable para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud, es importante y valioso. El compromiso que adquiere el Ministerio de Educación en cuanto a hacer esfuerzo para que esta declaración se convierta en realidad también tiene valor fundamental. Sin embargo, nos preocupan algunos aspectos del proyecto. Participamos un poco de la idea de que en él no se estarían dando los pasos suficientes para que el libro baje de precio, lo cual, en el fondo, interesa. En la discusión particular, de seguro se plantearán otras ideas que aseguren una baja sustancial en el valor de los libros. La creación del Fondo Nacional del Libro es un paso importante que permitirá la promoción de la lectura, la creación y reforzamiento de este hábito, la capacitación y motivación a los profesores, la instalación de bibliotecas, su construcción y modernización. Sin embargo, notamos en el Fondo una carencia de vinculaciones regionales. Los que somos parlamentarios de regiones y trabajamos intensamente para que en el futuro, en todos los proyectos de ley, exista una valoración en tal sentido, echamos de menos en su distribución una consideración de las regiones. Sabemos que ellas son las más abandonadas en el aspecto cultural, muy especialmente en cuanto a la habilitación de bibliotecas v dotación de libros. Conocemos la existencia de cientos de escuelas rurales que desconocen los libros, lisa y llanamente, y de muchos pueblos que no saben de las bibliotecas. Entonces nos preocupa el hecho de que los recursos del Fondo puedan tener una distribución centralizada por la cultura existente en el país. Con el Diputado señor Elgueta y otros colegas, hemos presentado una indicación, a fin de que haya equidad en la distribución del Fondo, tomando en consideración la importancia de las provincias y las regiones. Además, es interesante la constitución del Consejo Nacional del Libro. Se trata de una entidad jurídica que le dará importancia a la distribución de los libros y a todo lo que signifique incentivar el hábito de la lectura. Pero, en el mismo sentido, nos preocupa que las regiones no tengan ninguna representación en este Consejo. A pesar de que en el día de ayer votamos en la Cámara la Ley Orgánica de Consejos Regionales para descentralizar el país, se continúa legislando sin considerar la realidad regional, que tanto peso tiene en el país. Por eso, con el Diputado señor Elgueta y otros parlamentarios hemos planteado la posibilidad de que, así como existe un Consejo Nacional, cuyas funciones son el fomento del libro y la lectura, también pueda haber, a iniciativa del Intendente regional, Consejos Regionales que tengan la función de desarrollar los hábitos de la lectura, la tenencia del libro, la formación de bibliotecas y el desarrollo cultural a través del libro. Creemos que la ley servirá a todo el país, de manera que estamos de acuerdo con el proyecto y le entregaremos nuestro apoyo. Opinaremos sobre el financiamiento que algunos señores Diputados proponen con relación al IVA. No tenemos la seguridad -y eso nos inhibe- de que si hacemos posible la recuperación de dicho impuesto ello se traduzca en una rebaja sustancial de los precios de los libros. Ojalá así suceda. No estamos en contra de la indicación, porque es fundamental que el libro llegue a un precio bajo a los lectores de este país; pero quisiéramos asegurarnos de que no se perderán recursos tan importantes. Nos preocupa que tampoco se diga el monto que se asignará a esta materia en la Ley de Presupuestos del próximo año. Habría sido bueno que en la Comisión de Hacienda se nos hubiera entregado, por lo menos, alguna cifra en este sentido. Hasta este momento, los recursos del Fondo no están muy asegurados, aspecto que debe perfeccionarse en el segundo informe del proyecto. Aun así, este proyecto es un aporte importante a la cultura, por lo cual le entregaremos todo nuestro apoyo. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Advierto a los asistentes a las tribunas que está prohibido manifestar. Tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, el Supremo Gobierno ha dado a conocer varias iniciativas de promoción cultural. Recientemente se aprobó un mensaje que amplía el número de Premios Nacionales, de la Ciencia, del Arte y de la Tecnología, y aumenta el monto de los galardones. Hace poco, con gran satisfacción de los involucrados, hemos dado nuestra aprobación al proyecto de ley de registro de la propiedad intelectual, que hace justicia a los creadores artísticos. Por su parte, el Ministerio de Educación ha creado el Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondee, dotado de 750 millones de pesos y de 200 mil dólares, para premiar a concursantes en variados ámbitos de la creación. Ahora, el Gobierno, accediendo a una noble iniciativa de escritores chilenos, de la Cámara Chilena del Libro y con amplia participación de ésta en su redacción, nos ha enviado un proyecto de ley de fomento del libro y la cultura. Las principales características de este proyecto ya han sido descritas por los señores Diputados informantes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, de modo que no repetiré sus alcances generales. De más está recalcar la enorme relevancia de esta iniciativa, puesto que el libro es un bien cultural por excelencia. El "biblos" de los griegos, la Biblia de judíos y cristianos, los escritos del primitivo mundo de Oriente, han estado en el inicio de la transmisión del pensamiento de la humanidad. Y la historia del libro, a través de los siglos, se confunde con lo más noble que hay en el alma humana: la expresión durable y, a veces, perdurable de la racionalidad y de los sentimientos de la persona. Por eso, nos hemos abocado con pasión al estudio de este proyecto y a proponer enmiendas que lo perfeccionan. Pero antes de entrar en ellas, permítaseme dar a conocer algunas opiniones autorizadas sobre la actual situación del libro en nuestro país, que se describe como de crisis. El señor Arturo Navarro, editor, director de la Cámara Chilena del Libro, en un interesante artículo denominado "El Libro en Chile, Hoy", dice lo siguiente: "Los diagnósticos sobre el libro en Chile están hechos. El libro es caro, los lectores son pocos, el mercado es pequeño; el Estado no compra libros para sus bibliotecas; los hábitos de lectura se han deteriorado seriamente, las librerías son escasas, el libro importado de Europa es inalcanzable, la televisión es la gran competidora; la coedición entre países latinoamericanos es todavía insuficiente; la exportación de libros chilenos es limitada por impuestos insólitos a los derechos de autores extranjeros; el IVA al libro no se elimina, sino que sube al 18 por ciento; las regiones están huérfanas del libro: en 40 circunscripciones electorales de 60, no hay dónde comprar un libro..." Hay otras aseveraciones de uno de los periódicos de más influencia en la vida nacional sobre la situación crítica del libro hoy en Chile. Analizando la situación del libro en relación con la introducción de libros importados, sostiene que el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea ha elevado los precios más de tres veces, y que el encarecimiento del consumo afectó a la industria editorial y, en adelante, su mercado principal ya no estuvo orientado hacia el mundo latinoamericano. En fin, hay opiniones muy autorizadas que coinciden en constatar que el libro en Chile está en crisis. Pues bien, como quiera que el proyecto en discusión propone medidas de fomento capaces de superar las debilidades anotadas, nos concentraremos en las siguientes: Primera, la creación de un Fondo Nacional del Libro para desarrollar diversas acciones de promoción del libro y la cultura. Como ya ha expresado el Diputado señor Andrés Palma, en la Comisión de Hacienda estimamos preferible aceptar, en sustitución de las que propone el Ejecutivo, las consideradas por la Cámara Chilena del Libro. Hemos opuesto una objeción, porque no se determina el monto del Fondo, con lo cual se contradice lo establecido por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en orden a que deben acompañarse al proyecto de ley "los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto". Esta carencia -puesto que en el proyecto en discusión no se considera ningún monto para este Fondo- no es subsanada en la indicación presentada últimamente por el Ejecutivo, la cual sólo difiere del monto, sin determinarlo en la Ley de Presupuestos de 1993. De tal manera que, a nuestro juicio -y así lo expresamos en la Comisión de Hacienda- todavía subsiste esta carencia en la propuesta del Ejecutivo que, en un artículo que se propone como transitorio, dice que el Fondo que se crea regirá a contar del año 1993 y que "en la Ley de Presupuestos del sector público deberán consultarse los recursos necesarios para afrontar el gasto que represente su aplicación". Es decir, el monto no se conoce y quedará establecido en la Ley de Presupuestos del año próximo. Sobre este tema, ciertamente, podríamos volver a hablar si se presentara la ocasión de un debate en la Sala. Otro aspecto relevante en la difusión del libro, y que a nuestro juicio no se aborda satisfactoriamente en el proyecto, es el relacionado con el impuesto al valor agregado que lo grava. En este sentido, y con el fin de abaratar su precio de venta, que hoy día es excesivo, hemos formulado una indicación con el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo para eliminar el impuesto. Dice la indicación que los editores, distribuidores y libreros tendrán derecho a recuperar el impuesto al valor agregado. Para evitar la evasión, dispone que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos abrirá un registro público en el que deberá inscribirse las personas naturales y jurídicas que deseen acogerse a la devolución del impuesto. Por último, establece que la venta de los libros no estará afecta al IVA. Para ello, nos fundamos en varias razones: La primera -ya la hemos expresado- es que la calidad del bien cultural del libro es incomparable con la de otros bienes y servicios gravados con ese impuesto. La segunda es que existen otras exenciones que difícilmente pueden justificarse más que ésta. Al respecto, puedo mencionar que en Chile hay productos y servicios que no pagan IVA. Por de pronto, todas las importaciones de armamentos y municiones; las agencias noticiosas, por servicios informativos; las empresas de locomoción colectiva, por pasajes; todas las demás empresas de transporte de pasajeros, como Ferrocarriles del Estado y Empremar. Como es lógico, tampoco pagan IVA los establecimientos educacionales, los hospitales, el Servicio de Seguro Social, el Fonasa y el Servicio Nacional de Salud, ni la Casa de Moneda por la confección de especies valoradas. Es cierto que la lista tiende a reducirse, pero, de todas maneras, en el Chile de hoy todos los productos, bienes o servicios que he citado no pagan impuesto al valor agregado. También debo aducir como razón para proponer la supresión del IVA que felizmente la tasa de evasión de este impuesto es decreciente. Las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos -y esto es para felicitarlos- revelan que desde 1989 en adelante la tasa de evasión del IVA ha sido cada vez menor. Prácticamente hasta 1991, el Fisco había recuperado 135.000 millones de pesos en recaudación respecto del año 1990. Además, debemos considerar la supresión del IVA en otros países, especialmente de América Latina, como es el caso de México, cuya industria editorial es de las más prósperas. En abono de nuestra propuesta, podemos aducir la opinión de entidades y de personas que nos hacen mucha fuerza en su razonamiento. Una de ellas, la de la Cámara Chilena del Libro, a la que ya dio lectura nuestro colega el Diputado Muñoz Barra, ciertamente se fundamenta en muchas de las razones que he dado con anterioridad. Pero hay una opinión muy importante, que emitiera en 1988, antes de ocupar su puesto como Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley. Reconocemos en el Ministro de Hacienda un humanista. El no es un tecnócrata, sino un hombre de vocación política en el más noble sentido de la palabra, y apreciamos enormemente la difícil labor en que ha estado empeñado. Queremos recoger su opinión, no para contraponerla con la que pudiera tener hoy, sino para señalar que su argumentación es válida y nos da margen para decir que la nuestra podrá ser discutible, pero no absolutamente descartable. El entrevistador del Anuario de la Cámara Chilena del Libro, en 1988, decía: "Señor Foxley, las autoridades -de la época-, particularmente de Hacienda, han esgrimido el argumento de que no se puede favorecer a un determinado sector -se refería al del libro- porque otros sectores podrían también ejercer sus legítimas presiones, lo que iría en contra del principio de la igualdad en las reglas del juego en una sociedad de libre mercado". La respuesta es la siguiente: "No soy partidario de los dogmas porque se termina siendo víctima de ellos. Este puede ser un buen caso. Las medidas económicas deben tender hacia el bien común, como ocurre en todos los países civilizados, y no dejarse encerrar en posiciones rígidas que pudieran ser contraproducentes. Así como no se puede tener un IVA para cada producto, no veo que exista ningún argumento de carácter "religioso" que impida que una sociedad libremente decida respecto del acceso a bienes culturalmente deseados para sectores cuya capacidad de compra es limitada. No se puede consagrar una situación en que se diga, de tal estrato hacia abajo, simplemente no se puede acceder a la lectura". El entrevistador continúa: "Señor Foxley, es decir, le parece legítimo, aun dentro de las reglas del libre mercado, dar un tratamiento preferencial al libro." El responde: "Tan legítimamente como un IVA preferencial para los alimentos básicos. Ambos son factores indispensables para el desarrollo del espíritu". Al formular estas consideraciones no hemos tenido otro interés que asegurar al hábito de la lectura un éxito creciente. Pensamos en la complacencia con que Gabriela Mistral y Pablo Neruda, nuestros poetas laureados, mirarían el esfuerzo del Gobierno, de los legisladores, de los escritores chilenos, de los editores y libreros para rendir al libro su justo homenaje de ponerlo al alcance de la mente y del corazón del pueblo chileno. Los escritores nacionales que mantienen y siguen la tradición de los exponentes máximos de nuestro idioma escrito, nos han apoyado y estimulado. A ellos les pedimos que sigan dando honor al libro chileno, a cuya mejor difusión queremos contribuir con nuestra propuesta. He dicho. Aplausos en las tribunas. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Advierto a los asistentes a tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, a estas alturas del debate no tiene sentido referirse al fondo del proyecto, porque hemos centrado la discusión en un par de aspectos que, sin lugar a dudas, son de la mayor importancia. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para señalar que estamos frente a una legislación positiva, justa, buena, que por cierto contará con el apoyo de la bancada de la UDI. Quiero referirme básicamente a dos puntos de gran discusión en esta Sala y que lo seguirán siendo en las próximas intervenciones: la supresión del IVA y el financiamiento del proyecto. Con respecto al financiamiento, ha habido una interpretación que es muy importante que todos los parlamentarios tengan presente: Hace algunas semanas, el proyecto fue devuelto al Ejecutivo por la Comisión de Hacienda, por no establecer el monto del gasto ni tampoco indicar el financiamiento, que se asignaba a las futuras leyes de Presupuestos. El Ejecutivo insistió en su tesis y, en definitiva, no entregó estos antecedentes, lo cual abre la posibilidad de presentar iniciativas parlamentarias como éstas, con cargo a las futuras leyes de Presupuestos. Por lo tanto, se ha sentado un precedente de una nueva forma de legislar que, sin lugar a duda, es muy positiva, pues cualquier parlamentario podrá presentar, por ejemplo, una iniciativa de fomento a la cueca y señalar que su financiamiento se establecerá en la Ley de Presupuestos, porque, según el criterio del Ejecutivo, no irrogaría mayor gasto. Aclaro el punto, ya que esta discusión se dio en la Comisión de Hacienda y es muy probable que en el futuro se presenten proyectos con esa forma de financiamiento. Por lo tanto, ha quedado abierto un campo de nuevas iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales en el pasado nos hemos inhibido de presentar por estimar que ellas incurrían en un gasto. Sin embargo, si el monto no aparece en un proyecto aprobado, significa que el Ejecutivo estuvo dispuesto a otorgarle financiamiento en una ley distinta, como la de Presupuestos. He destacado el punto porque lo considero de la mayor importancia y, además, porque el Diputado señor Sota lo mencionó en parte de su intervención. Respecto del IVA, quiero aclarar mi actitud en la Comisión de Hacienda. Como todos saben, el Presidente de la Comisión tiene la obligación de pronunciarse frente a la admisibilidad de las indicaciones presentadas por los parlamentarios. En verdad, es frecuente que en muchas partes se me responsabilice de oponerme a determinadas iniciativas, que son inadmisibles, pero que la gente no tiene capacidad para percibir que la declaración de inadmisibilidad es fruto de exigencias establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y, en el caso de Hacienda, en la propia Constitución. Incluso, a veces se presentan indicaciones que he debido declarar inadmisibles en forma sistemática, aun cuando las comparta, pues creo que, debemos ser capaces de separar el fondo del asunto de la declaración de inadmisibilidad. En la Comisión de Hacienda, sostuve que no me iba a pronunciar sobre la indicación porque provenía del Presidente de la Cámara, y me parecía que él debía hacerlo en la Sala. Incluso, la prensa muchas veces no entiende el concepto de las inadmisibilidades declaradas por los Presidentes de las Comisiones. Hoy, al leer la prensa, pude observar que nadie entendió lo que ayer ocurrió en Hacienda, porque la votación del proyecto se la asignan a la inadmisibilidad. En el fondo, no me pronuncié sobre la inadmisibilidad obvia de esta indicación, porque ella venía patrocinada por el Presidente de la Corporación. ¿Qué ha ocurrido durante el debate de esta indicación? Al respecto, debemos ser serios. Si la Cámara es partidaria de que los libros no paguen IVA, es un punto distinto de llegar a sentar conceptos... El señor HAMUY (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Longueira? El Diputado señor Viera-Gallo le solicita una interrupción. El señor LONGUEIRA.- Muy bien. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, lo expresado por el Diputado señor Longueira merece alguna reflexión. Cuando patrocinamos la indicación con el Diputado señor Sota, lo hicimos en el espíritu de fomentar un debate y no para evadir responsabilidades. Tanto fue así que el propio Diputado señor Sota, como Presidente de la Comisión, declaró inadmisible una indicación que él mismo firmó en su momento. En mi opinión, lo expresado por el Diputado señor Longueira, en el sentido de que se abstuvo de declarar inadmisible la indicación porque yo la firmaba pues eso le restaría popularidad o credibilidad ante la opinión pública, no corresponde al Presidente de una Comisión. Si se pide declarar inadmisible una indicación tiene que hacerlo si efectivamente es así. Si yo estoy presidiendo la Cámara y alguien solicita lo mismo, estoy obligado a hacerlo. Uno tiene que asumir el costo del cargo que ejerce. Una indicación, por el hecho de llevar la firma del Presidente de la Cámara, no tiene ningún privilegio especial. Si Su Señoría quiere que yo pague el costo político de ello, estoy dispuesto a asumirlo. Lo único que hemos pretendido con el Diputado señor Sota es abrir los ojos de la opinión pública, sobre el problema, recoger un pensamiento bastante difundido entre los parlamentarios y, al mismo tiempo, ojalá, convencer al Gobierno de un cambio de actitud. Muchas gracias por la interrupción. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pienso que no es un problema de popularidad. Los señores Diputados son testigos de que a veces hago intervenciones absolutamente ajenas a ese propósito. Por lo tanto, al declarar admisibles o inadmisibles las indicaciones no lo hago con esa finalidad. Cuando son patrocinadas por el Presidente de la Corporación quien tiene las mismas facultades del Presidente de la Comisión de Hacienda, es obvio que no estoy obligado a emitir un pronunciamiento y puedo dejarlo para la instancia posterior, la del Presidente de la Cámara. El mecanismo para provocar una discusión son los proyectos de acuerdo y no las indicaciones inadmisibles. Si el Diputado señor Viera-Gallo desea abrir un debate sobre si los libros tienen que estar gravados con el IVA o no, debe hacerlo a través de un proyecto de acuerdo. Se reunirán las firmas y se discutirá a favor o en contra; pero no me parece adecuado argumentar que se presentó la indicación para generar este debate, porque lo podemos producir de múltiples formas. Es bastante más serio proponer un proyecto de acuerdo que una indicación inadmisible respecto de la cual Su Señoría tiene la facultad de pronunciarse. Sin duda, con esto se crea gran confusión en la opinión pública. Si en la Corporación hay mayoría para eliminar el IVA que afecta al libro, asumamos todos lo que eso significa. Rechacemos el proyecto hasta que el Ejecutivo incluya esta indicación; pero no seamos irresponsables proponiendo mecanismos -lo acabamos de escuchar del Ministro señor Cumplido- mediante los cuales se destruye la manera de legislar establecida en la Constitución. Con el criterio señalado, los parlamentarios podríamos presentar indicaciones en todos los proyectos, con un grado de demagogia infinita, y el Ejecutivo, en cualquiera de sus instancias, señalará que ellas son inconstitucionales, o terminaremos en el Tribunal Constitucional, donde se sostendrá ese mismo criterio respecto de las indicaciones. Todos sabemos cuáles son las indicaciones inconstitucionales. Esta lo es. Si queremos que el IVA no grave al libro, digámosle a los escritores que rechazaremos el proyecto para presionar al Ejecutivo a fin de que envíe uno como el que propiciamos. Todos asumiremos eso si a amplia mayoría de los parlamentarios desea suprimir el IVA; pero no es serio utilizar ahora el mecanismo de la indicación, más aún cuando se han presentado y discutido proyectos de acuerdo sobre la materia. El Diputado señor Sota ha leído una relación de artículos que efectivamente no tienen IVA, opinión que en una oportunidad emitió el señor Ministro de Hacienda sobre el tema. Por lo tanto, propongo no usar el criterio planteado, al cual se refirió el Ministro Cumplido, pues lo estimo poco serio. Si queremos eliminar el IVA al libro, no debemos sentar jurisprudencia en cuanto a este asunto, creando un vacío enorme en la legislatura y sobre cuándo las indicaciones son o no inadmisibles. Sugiero que realicemos una reunión de Comités, y si todos queremos rechazar en general este proyecto, o postergar su debate, porque el ánimo de la Corporación... El señor HAMUY (Vicepresidente).- Señor Diputado, el señor Ministro le solicita una interrupción. El señor LONGUEIRA.- Termino la idea y después concederé las interrupciones que me han pedido. Por lo tanto, si la mayoría de la Corporación quiere que los libros no estén afectos al IVA, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a actuar con el Ejecutivo para que envíe el proyecto con la indicación, la cual todos sabemos que debe patrocinar. La forma es cómo enfrentar el tema, que es sensible, importante y requiere de una discusión seria; pero no me parece adecuado sentar jurisprudencia sobre la materia, porque abriríamos un vacío que reflejaría irresponsabilidad. Concedo una interrupción al Ministro señor Cumplido. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor CUMPLIDO (Ministro de Educación Subrogante).- Señor Presidente, quiero puntualizar con toda claridad lo expresado. Creí que se habían entendido bien los alcances de mi intervención anterior. Indiqué que la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y los reglamentos señalan los procedimientos a los que debe sujetarse el proceso de formación de las leyes. Dije que el Ejecutivo, como colegislador, tiene derecho a hacer uso de las facultades conferidas en los distintos cuerpos legales, en el momento en que lo estime oportuno. No creo que se pida al Ejecutivo que corrija los procedimientos de funcionamiento de la Cámara de Diputados. Si algún Diputado estima que la indicación es inconstitucional, debe solicitar el pronunciamiento respectivo, y punto. Naturalmente, el Ejecutivo hará uso de sus facultades, repito, cuando lo considere conveniente. No parece adecuado que plantee la inconstitucionalidad de una indicación para evitar que la Cámara debata determinado tema. Somos muy respetuosos de la discusión, pero eso no significa que sentemos precedentes ni tampoco dar la posibilidad de que se genere un procedimiento irresponsable; al contrario, respetamos, la voluntad de la Cámara para debatir un punto. Cualquier parlamentario puede pedir lo pertinente a quien corresponda, en el momento oportuno. Nosotros lo haremos en la intervención de fondo. Muchas gracias por la interrupción. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Concedo interrupción a los Diputados señores Elizalde y Ortiz. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, primero, quiero manifestar que estoy dispuesto a aprobar el proyecto de ley que fomenta el libro y la lectura. Segundo, no dejaré solo al Diputado señor García, ya que también pediré la inconstitucionalidad de la indicación. Tercero, quiero reivindicar en la Cámara a los Diputados señores José Miguel Ortiz, Muñoz Barra, Seguel, Bosselin, Salas, Cardemil y Acuña, quienes en agosto de 1991, presentaron un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que se eliminara el IVA a los libros, proyecto que fue rechazado el 10 de diciembre de 1991 -lamentablemente no tengo el resultado de la votación, electrónica que indica cómo votó cada señor Diputado- sobre la base, no de oponernos a que a los libros se les liberara del IVA, sino porque considerábamos que era inconstitucional. Desde ese punto de vista, aquí se da una situación paradójica, en mi opinión. Primero, se presenta una indicación que no es declarada inadmisible en el procedimiento normal y donde corresponde: en la Comisión; segundo, dicha indicación aparece suscrita por el Presidente de la Cámara quien, sabiendo que era inconstitucional, no debiera haberla presentado. Se es muy popular para quienes hoy están en el campo del libro, presentando una indicación de esta naturaleza... El señor SOTA.- ¡Eso es mezquindad! El señor ELIZALDE.- No se trata de mezquindad, sino de entender que hay indicaciones inadmisibles. He presentado proyectos y varios han sido declarados inconstitucionales por la Mesa. Se ha argumentado que se pasan a llevar las prerrogativas que sólo corresponden al Ejecutivo. Lo mismo ha ocurrido con algunas indicaciones. En mi calidad de Presidente de la Comisión de Vivienda, he presentado indicaciones para que el Ejecutivo tome conocimiento de ellas, pero en su momento también las he declarado inadmisibles, a pesar de haberlas suscrito. Entonces, en el entendido de que el Ejecutivo quiere una opinión de la Cámara respecto del IVA al libro, solicito, primero, suspender la discusión del proyecto, y segundo, que se discuta nuevamente el proyecto de acuerdo presentado el 21 de agosto de 1991, que en su oportunidad fue rechazado. Si la gran mayoría de los parlamentarios estamos dispuestos a eliminar el IVA al libro, ese proyecto de acuerdo debe votarse nuevamente y ver la reacción del Ejecutivo. Todos propendemos a que el libro tenga el fomento necesario en este país, pero ello debe hacerse de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Eso es lo sano en el proceso legislativo de un régimen democrático. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Ortiz. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, distinguidos y Honorables colegas parlamentarios, -reiteré lo de "distinguidos y Honorables", porque en el día de hoy hemos tenido una experiencia muy especial en nuestro trabajo legislativo-: dentro de los deberes y obligaciones de los 120 Diputados elegidos en votación libre, secreta e informada está tratar de legislar sobre los grandes problemas del país. Por eso, con mucha sorpresa nos hemos impuesto de una indicación de los Diputados señores Viera-Gallo, compañero de mi distrito, y Vicente Sota. El señor SOTA.- ¿Por qué con sorpresa? El señor ORTIZ.- Con sorpresa, -lo planteo no sólo para los 120 Diputados, sino para la opinión pública de este país- porque me he dado cuenta de que por ser un político neto de provincia, uno sigue al pie de la letra los caminos fijados por la Constitución, que no aprobé, pero que juré respetar cuando llegué a la Cámara. El 21 de agosto de 1991, en la sesión 32ª, a las 10.33, se presentó un proyecto de acuerdo, que redactamos junto con el Diputado señor Roberto Muñoz Barra. También pedimos su opinión y sugirieron ideas al respecto los Diputados señores Rodolfo Seguel, Gustavo Cardemil Hernán Bosselin, Mario Acuña y Edmundo Salas. En consecuencia, el Diputado señor Muñoz Barra y quien les habla, entre otros, hemos participado, desde el 11 de marzo de 1990, en forma permanente, sin publicidad ni medios de comunicación, ayudando a legislar en nuestra Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Deportes y Recreación. Una de las primeras interrogantes que abordamos un grupo de Diputados fue en qué forma podíamos fomentar y recuperar el hábito de la lectura en nuestro país. Por eso, sólo quiero recordar los considerandos de este proyecto de acuerdo. Primero, se planteaba que el libro constituye el instrumento más eficaz para la difusión, propagación y transmisión de la cultura de los pueblos. Además de lo anterior, que el libro ayuda enormemente al lector a enriquecer su vocabulario activo y al mejoramiento de la ortografía; que, en un país como el nuestro, las ediciones alcanzan un número muy limitado de ejemplares, lo cual encarece el precio de venta al público de los libros, a extremos tales que, bien puede decirse, que sólo una minoría tiene acceso a ellos; que es un deber del Estado, conforme lo ordena el artículo 19 de la Constitución Política de la República, velar por la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación; que una forma práctica de abaratar el costo de los libros, a fin de que lleguen realmente a los consumidores, es sin lugar a dudas eximirlos del pago del impuesto al valor agregado. ¿Qué recabamos a la Cámara de Diputados? El siguiente acuerdo: "Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que se sirva enviar a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que exima del pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los libros, entendiéndose por tales aquellos que tengan 49 páginas como mínimo." Ya di a conocer los nombres de los Diputados que firmamos y redactamos este proyecto de acuerdo. Proponemos un camino que, a nuestro juicio, corresponde en un Estado de derecho como es la República de Chile. El proyecto de acuerdo tuvo muchos pasos. Se recibió el 21 de agosto. Se nos señaló, por algunos personeros de gobierne?, que no era bueno plantearlo de inmediato. Hicimos la consulta a la Mesa y ésta nos expresó que debía hacerse presente su inconstitucionalidad. Debido a eso, no se trató el 21 de agosto. Después, el l° de octubre lo retiramos. Está aquí, con las firmas reglamentarias. Lo volvimos a ingresar unos días más tarde. Finalmente, se votó el 10 de diciembre de 1991. En este momento advierto un espíritu positivo desde el punto de vista de que se está dando un mensaje, una luz, un camino, en el sentido de derogar el IVA de los libros; pero ese día, la mayoría de los pocos Diputados que estábamos presentes rechazó el proyecto de acuerdo. Entonces, hago la siguiente consulta: ¿Depende de que estén o no en las tribunas los integrantes de la Cámara del Libro para que votemos a favor o en contra? Si ése es el papel que algunos legisladores consideran conveniente, yo no estaré con ellos. Lamentablemente, hoy planteo una situación que me preocupa. Con los Diputados señores Longueira, García, Elizalde y muchos más, hemos comentado la situación y llegado a la siguiente resolución: Se han cambiado las reglas del juego en lo que significa legislar en este país, y con todo el respeto que me merece mi amigo y camarada, el Ministro de Justicia, en este instante subrogante de Educación, señor Cumplido, sin ser yo abogado, sin ser experto en materias constitucionales, quiero interpretar y colegir que, de aquí en adelante, por ejemplo, presentaré un proyecto de ley que dé solución definitiva al problema de financiamiento de la Orquesta Sinfónica de Concepción. Eso haré. Además, aprovecho la ocasión para hacer una reclamación formal. Nunca he querido hacer división entre los Diputados de la Región Metropolitana y los de regiones. Eso no debe estar presente en nuestras actuaciones; pero de pronto me encuentro con la siguiente realidad: El 7 de enero de 1992 tuvimos una reunión de comisión in extenso, esa clase de reuniones que no publica la prensa, pero que todos sabemos que en ellas se hacen las leyes, a través de un trabajo constante, no en función de determinado momento, y en sesiones especiales que son de "marketing", principalmente. Recordemos que este proyecto de acuerdo ingresó por lo menos cuatro meses antes, el 12 de noviembre de 1991; lo presentamos el 21 de agosto y conversamos acerca de él con los señores Diputados integrantes de la Comisión de Educación. Aquí tengo el acta oficial de esa Comisión donde el señor Cassi -también integrante de la Cámara del Libro- planteó su gran inquietud en cuanto a que en esta iniciativa la mayor parte de los fondos puedan entregarse exclusivamente a un grupo muy pequeño y no dar la posibilidad de fomento a muchos escritores de provincia. Aunque esto me signifique malos ratos y dolores de cabeza, hago notar que el señor Cassi hizo afirmaciones con las que estoy totalmente de acuerdo. Expresó, por ejemplo, que quienes viven en provincia desean descentralizar el organismo que se creará a nivel nacional, porque al centralizarse en Santiago, sólo ciertos grupos o cúpulas lo manejarán. Basta con leer la crítica literaria para saber qué autores son los que se comentan, en desmedro de muchos otros de regiones, que no tienen llegada alguna, ni posibilidades de difusión de su obra, ni de que se les conozca; menos de conseguir financiamiento para la publicación de sus obras. Estoy de acuerdo con la derogación del IVA. Lo planteamos en el momento oportuno; pero pienso que éste no es el mecanismo, el procedimiento ni la forma de lograrlo. En el fondo, nos estamos negando en lo que significa nuestra capacidad de legisladores. Y ahora, más que nunca, les digo que la próxima semana voy a presentar el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Concepción, y quiero ver la actitud de las autoridades de gobierno y también la disposición de mis colegas parlamentarios para, en función de la jurisprudencia que hoy estamos sentando, otorgarle su apoyo. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar el Diputado Longueira. El señor LONGUEIRA.- Para terminar, quiero precisar un par de comentarios que se han expresado. En primer lugar, es cierto que ayer en la Comisión de Hacienda se debió haber planteado el tema de la admisibilidad, y se me ha señalado que no cumplí con esa responsabilidad. La verdad es que los demás parlamentarios que integran la Comisión pueden solicitar a su Presidente que se pronuncie, y ayer nadie lo hizo. Tanto es así que no hubo ningún planteamiento, por lo cual se votó la indicación. Por lo tanto, se compartió, de alguna forma, el criterio adoptado por la presidencia de la Comisión. En segundo lugar, la gran mayoría de los parlamentarios han sido víctimas, al presentar mociones o indicaciones, de declaraciones de inadmisibilidad por parte del Presidente de la Corporación, y sin la más mínima discusión en la Sala. Ellos, a lo mejor, habrán tenido la misma motivación que el Presidente para generar toda esta polémica. Pero durante estos dos años y medio Su Señoría no les ha permitido a esos parlamentarios discutir los proyectos, como se hace ahora, porque los ha declarado inadmisibles y ni siquiera los hemos podido conocer en el trabajo legislativo. Por lo tanto, no me parece que es un argumento válido el señalado por Su Señoría, en el sentido de que el objetivo es generar toda esta discusión o polémica, porque la inmensa mayoría ha sufrido la declaración de inadmisibilidad de la presidencia, quien, obviamente, lo hace cumpliendo con su trabajo y responsabilidad. Señor Presidente, el Diputado señor Muñoz Barra me ha solicitado una interrupción. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Le pido al Diputado señor Muñoz Barra que continuemos con la lista de los inscritos, pues es bastante larga. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, se trata de un problema reglamentario, y yo le ruego que respete el derecho del Diputado señor Longueira para concederme una breve interrupción. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Evidentemente. Tiene la palabra Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA.- Le expreso al señor Presidente de la Corporación y, por su intermedio, al Diputado señor Vicente Sota que no voy a entrar en un análisis de esta materia por el afecto y la estimación que siento por ambos parlamentarios. Tampoco me referiré a lo riesgoso y peligroso que significa el precedente que se está creando en este minuto, del cual nos damos cuenta todos, inclusive Su Señoría y el Diputado señor Sota. Aquí está en juego algo demasiado peligroso para nuestro quehacer legislativo. Por lo tanto, solicito a los parlamentarios que han presentado la indicación que la retiren para que, posteriormente, con el ánimo positivo que se advierte en todas las bancadas, podamos concordar con algo absolutamente coherente y respetando, por supuesto, la reglamentación de la Corporación. Quiero manifestar, muy sinceramente, que me extraña un tanto la compleja intervención del apreciado señor Ministro de Justicia, que no sé si con su presencia ha venido a respaldar la iniciativa o a anunciar que el Ejecutivo está dispuesto a enviar un proyecto de esta naturaleza. Esa es mi petición formal, señor Presidente. Agradezco la interrupción del Diputado señor Longueira. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El punto es el siguiente. La indicación del Diputado señor Sota no fue declarada inadmisible en la Comisión, y sobre ello no corresponde pronunciarme. Hoy se trata de un artículo del proyecto, de manera que lo podemos retirarlo aunque quisiéramos. Corresponde que la Mesa se pronuncie cuando alguien plantee la inadmisibilidad, y eso ocurrió. Tiene la palabra el Diputado señor Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, creo que existe consenso en esta Sala acerca de la necesidad de que se dicte una ley sobre el fomento del libro y la lectura. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Perdone la interrupción, Diputado señor Smok, pero el Diputado señor Bosselin quiere plantear un problema reglamentario. El señor SMOK.- Sí, estoy absolutamente de acuerdo en que lo plantee una vez que termine mi intervención, si me lo permite. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor SMOK.- Como hemos preparado con anterioridad nuestras intervenciones, pensaba hacer hoy una reflexión sobre lo que llamamos cultura y la situación en que nos encontramos; acerca de cómo hemos llegado a niveles extremos de deterioro en el hábito de la lectura y de cómo ha afectado esto a las capas medias; cuál es la situación de la lectura y su acceso a ella de los profesores; cómo nuestros estudiantes están leyendo lo mínimo; cómo la cultura se ha transformado en la posibilidad de acceder a fotocopias; cómo estamos haciendo una educación sin lectura. Pensaba reflexionar sobre los deberes del Estado y su preocupación necesaria sobre estos temas; sobre cómo se ha producido un deterioro en el mercado y en la escasez de librerías, las cuales no resisten una comparación con las de ciudades latinoamericanas, a las que, basados en nuestra autoestima, muchas veces exacerbada, miramos como signo y sitio de tropicalismo. Quería discurrir acerca de qué destino tiene editar tiradas de mil ejemplares, cuando a veces con quinientos bastaría; destacar que el mercado de Argentina tiene dos veces más títulos que los publicados en Chile; México, tres veces más; España, quince veces más. Pero, evidentemente, el debate se ha centralizado sobre el tema del IVA. Quiero expresar que la demagogia o no demagogia en las intervenciones y en los planteamientos que aquí se hagan no se miden con la vara de la Constitución de 1980, sino con los alcances, las probabilidades y la apelación al sentido común de las indicaciones. He observado con extrañeza cómo un debate que debiera efectuarse con altura, se ha transformado en un juicio de paternidad. He visto con extrañeza cómo se confunden la Sala y las tribunas. Incluso se olvida la diferencia que debiera ser clara entre legislar por la vía de proyectos de acuerdo o de proyectos de ley. Es evidente que no puedo ser partícipe de la idea de rechazar este proyecto para cambiarlo por otro, porque todos sabemos que ello significa clausurar el tema, al menos, por un año. ¿Cuál es la situación del IVA a nivel mundial? Ya se ha dicho que en Latinoamérica no existe en ningún país. En toda América sólo Canadá paga el 7 por ciento, pero hay diferencias evidentes entre el público consumidor canadiense y el chileno. En Europa occidental el que paga más por este concepto sólo llega a la mitad del IVA general; mientras que en Chile se dice que todos pagan IVA. El Diputado señor Sota ha dado a conocer una lista de bienes y servicios que no pagan IVA, entre los cuales ha mencionado las armas, municiones y las distintas formas de transporte terrestre. A ellos quiero agregar los pasajes aéreos a cualquier lugar y con cualquier fin; los arriendos, aunque se trate de propiedades de lujo; los autos usados, y la Polla Chilena de Beneficencia. Algún señor Diputado se ha expresado muy fuertemente en contra de esta idea, en circunstancias de que aún resuena en nuestros oídos su defensa ardorosa por la liberación del IVA a los chacareros. Cada uno defiende lo que entiende y lo que puede. Eso ha sido discutido en esta Sala. El tema de un IVA universal y parejo se ha transformado en un dogma de fe en este debate. Algunos señores Diputados han señalado que el Gobierno no debiera estar sensible ni disponible para este tema. Al respecto, debo mencionar que en el proyecto de ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y Funcionales, ingresado en julio de 1990 a esta Cámara, el Supremo Gobierno propuso lo siguiente en su artículo 27: "Las organizaciones comunitarias estarán exentas de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales, con excepción de los establecidos en el decreto ley N° 825, de 1975. "Asimismo, las organizaciones comunitarias gozarán, por el solo ministerio de la ley, de privilegio de pobreza; cancelarán rebajados en un 50%, los derechos arancelarios que correspondan a Notarios, Conservadores y Archiveros por actuaciones no incluidas en el privilegio anteriormente citado, y la prestación de servicios que cualquiera persona natural o jurídica les haga quedará exenta del 50% de los impuestos establecidos en el decreto ley N°825, de 1975." O sea, hace dos años, el Gobierno propuso un IVA del 50 por ciento mediante esta iniciativa. Aquí no hay dogmas de fe, sino una discusión para determinar qué es lo mejor para obtener un fin. Esta Cámara, más allá del hecho de que en un momento se enardezca y obnubile el raciocinio, estará absolutamente de acuerdo en la necesidad de establecer elementos para el fomento de la lectura y para proteger el derecho que tiene cada ciudadano para acceder a la fuente del conocimiento y el enriquecimiento de nuestra persona. Eso tiene que discutirse en términos de qué es mejor: ¿un Fondo Nacional del Libro, sujeto a la discusión del Presupuesto de cada año, sometido a la demanda y a enfrentarse con las necesidades de vivienda social, con subsidios para otras cosas, con pensiones para los ancianos, y en medio de ese paquete, ver cuánto le dejamos al libro? ¿O discutimos una forma de beneficio directo y específico que incida específicamente sobre el libro? Un cronista destacado de nuestra prensa ha hecho una serie de reflexiones hace pocos días respecto de la forma en que el IVA afecta a los libros. Esta mañana quiero plagiar lo que él dice: "Afecta al importador porque al desaduanar esta mercadería, que pagará a uno o dos años plazo, debe cancelar al contado el 20% de lo pedido. Si pide cien mil dólares, para sacarlos de Aduana debe entregar veinte mil dólares. Además de otros costos como bodegaje y flete aéreo (ya casi no se usa el flete marítimo por su lentitud que desactualiza textos). Un cálculo realista actual, emanado de la Cámara del Libro, es éste: 18 por ciento de IVA, 2 por ciento de gastos varios, 15 por ciento de flete aéreo. Total: 35 por ciento. "Primera consecuencia. Es un libro caro. El libro que debía valer cien pesos, costará ciento treinta y cinco para el importador, quien subirá su precio de venta en porcentajes similares o mayores. "Segunda consecuencia. El importador sólo traerá libros que previamente haya colocado sin arriesgar en títulos nuevos o productos de incierta comercialización, ya que para importar gran volumen tiene que comprometer un fuerte capital en IVA. "Tercera consecuencia. Desabastecimiento progresivo de libros extranjeros, con grave daño a científicos, técnicos, investigadores." El libro no es sólo un bien de distracción, un "hobbie" o que sirva para el enriquecimiento cultural de algunas personas. Es un bien de estudio, de progreso y de formación de nuestro país. Hay que pensar en el libro científico, en las distintas connotaciones, uso y destino del libro. "Cuarta consecuencia. El editor chileno disminuye sus tiradas a lo estrictamente necesario y sólo a títulos de mercado ya establecido. No corre riesgos con autores nuevos, ni reedita antiguos ya agotados." Hoy cuesta encontrar ediciones de premios nacionales, pues los "best seller" en Chile son crónicas, cotilleos, memorias de algún conocido personaje público o rumores que la gente siempre quiso saber, pero que sólo puede conocer en forma sistematizada a través de un libro. Un libro es más que eso. "Quinta consecuencia: las librerías, con pocos títulos atractivos y a precios de especulación, no venden lo que necesitan y optan por cerrar". Sabemos del catastro de librerías que se han cerrado en los últimos años. "Sexta consecuencia. Las bibliotecas de universidades, institutos, liceos y colegios tienen presupuestos restringidos. Incluso, algunos va ni siquiera cuentan con presupuesto. Por lo tanto, no renuevan el material ni adquieren libros nuevos, con lo que fomentamos la fotocopia y, en consecuencia, la ilegalidad respecto a los derechos de autor y la restricción del rango conocimiento, pues se fotocopia un pedacito del capítulo, y cuando existe dinero, el capítulo completo. Eso significa el IVA. Aquí no hay un dogma de fe... El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Me perdona, señor Diputado? Terminó el Orden del Día. El señor SMOK.- Finalizo de inmediato, señor Presidente. En este tema debemos ser flexibles y estar abiertos al debate. Deseo ponerle una connotación política al tema, porque no es neutro desde ese punto de vista. He estado en contra del anterior régimen, hecho que es conocido. Asumo como símbolo del pasado régimen militar la requisición, la quema de libros y el aumento de la carga tributaria con que se los gravó. Yo espero a que en este régimen y en este ámbito democrático seamos capaces de acercar el conocimiento y la cultura a todos los habitantes del país, sin trámites inútiles ni discriminaciones. He dicho. Aplausos. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El Reglamento prohíbe hacer manifestaciones a las personas que se encuentran en tribunas. El señor ELIZALDE.- Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a un problema reglamentario. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, hice una proposición concreta para votar en esta oportunidad, una vez más, el proyecto de acuerdo, de manera que el señor Ministro de Educación subrogante pueda llevarse la opinión de este Parlamento respecto de lo que pensamos sobre el IVA en cuanto a este proyecto. Hice una segunda proposición, en el sentido de suspender la discusión del proyecto en la presente sesión, con el fin de que el Ejecutivo, con estos dos antecedentes, pueda hacerse partícipe de la indicación. En consecuencia, podríamos votar el proyecto la próxima semana, situación que impediría pronunciarse hoy la petición de inconstitucionalidad. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Todo eso está muy claro, señor Diputado, pero, como está terminando el Orden de Día, habrá que estudiar el procedimiento que utilizaremos en relación con este proyecto. Se suspende la sesión para realizar una reunión de Comités. Se suspendió a las 12.39 horas y se reanudó a las 12.54. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Continúa la sesión. Los Comités adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: “l) Aplazar la discusión general del proyecto para la próxima sesión. Por tanto, seguirán inscritos para usar de la palabra en la próxima sesión, los Diputados señores Valcarce, Arancibia, Palestro, E1gueta, Colonia, Rojo, Muñoz Barra, y los parlamentarios que, en su momento, se vayan inscribiendo. "2) Votar ahora, nuevamente el proyecto de acuerdo rechazado en la sesión del 10 de diciembre de 1991, presentado, si entiendo bien, por los Diputados señores Ortiz, Seguel, Muñoz Barra y Bosselin. "3) Con este asunto terminará el Orden del Día y continuará la sesión. El señor ORTIZ.- ¿Me permite? El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el orden de precedencia me correspondía usar de la palabra después del Diputado señor Valcarce. Quiero representar que sólo hice uso de una interrupción que me concedió el Diputado señor Longueira. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Muy bien, señor Diputado. Acordado. Corresponde votar el proyecto de acuerdo a que hice referencia, al cual dará lectura el señor Secretario. El señor LOYOLA (Secretario).- "Considerando: "1) Que el libro constituye el instrumento más eficaz para la difusión, propagación y transmisión de la cultura de los pueblos. "2) Que además de lo anterior, el libro ayuda enormemente al lector a enriquecer su vocabulario activo y al mejoramiento de la ortografía. "3) Que en un país como el nuestro, las ediciones alcanzan un número muy limitado de ejemplares, lo que hace encarecer el precio de venta al público de los libros, a extremos tales que bien puede decirse que sólo una minoría tiene acceso a ellos. "4) Que es deber del Estado, conforme lo ordena el artículo 19 de la Constitución Política de la República, velar por la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. "5) Que una forma práctica de abaratar el costo de los libros es sin lugar a dudas, eximirlos del pago del Impuesto al Valor Agregado. "La Cámara de Diputados viene en adoptar el siguiente acuerdo: "Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República se sirva enviar a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que exima del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los libros, entendiéndose por tales aquellos que tengan 49 páginas como mínimo." El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. El señor PALMA (don Andrés).- No, señor Presidente. El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, ¿por qué no indica los nombres de los Diputados patrocinantes? El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ya lo he dicho dos veces. Está patrocinado por los Diputados señores Seguel, Bosselin, Ortiz y Muñoz Barra, con el apoyo del Diputado señor Acuña. El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, deseo saber si el acuerdo de los Comités fue debatir el proyecto de acuerdo o sólo votarlo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Nada se dijo al respecto. ¿Su Señoría prefiere que haya debate? El señor PALMA (don Andrés).- Quiero fundamentar mi oposición al proyecto de acuerdo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Entonces, ofrezco la palabra a algún señor parlamentario que apoye el proyecto de acuerdo. El señor ORTIZ.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tengo en mi poder los antecedentes entregados por la Cámara Chilena del Libro para ser considerados en la discusión parlamentaria del proyecto de ley de fomento al libro y a la lectura. En sus planteamientos, hace toda una fundamentación del porqué se justifica legislar respecto de la eliminación del IVA a los libros. Manifiesta que como en Chile no es posible solucionar con una sola iniciativa el problema que nos ocupa, es indispensable que sea la suma de muchas medidas la verdadera solución del acceso a la lectura para todos los sectores en nuestro país, y que dado que el ingreso per cápita es bajo, por ser Chile un país en desarrollo, es vital solucionar el problema del precio y terminar definitivamente con el 18 por ciento del valor agregado a los libros. Planteamos estas proposiciones en la sesión del 7 de enero de 1992. Pero, además, hay toda una programación y toda una política del Ministerio de Educación y del Supremo Gobierno -sobre la cual todas las bancadas están de acuerdo- fomentar la creación de bibliotecas, principalmente en las escuelas o establecimientos educacionales de más bajos ingresos en el país. La derogación del IVA, naturalmente, es una de las medidas para conseguir ese objetivo. Por estas razones, los Diputados señores Rodolfo Seguel, Roberto Muñoz Barra, Gustavo Cardemil, Mario Acuña, Edmundo Salas, Hernán Bosselin, la señora Eliana Caraball y quien les habla, planteamos hace exactamente trece meses que era realmente de estricta justicia elaborar un proyecto de ley que derogara el IVA a todos los libros. He dicho. Aplausos. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Advierto a los asistentes a tribunas que se prohíbe hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor García. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, en lo medular, el proyecto de acuerdo solicita al Ejecutivo enviar un proyecto de ley que exima del IVA a los libros, lo cual, aunque válido, no implica necesariamente el compromiso de votarlo favorablemente, como quiera que es un tema digno de análisis y discusión. Pero desde ningún punto de vista queremos abrir una puerta para otras exenciones del IVA, como sería el caso de los artículos básicos. Resultaría realmente difícil oponerse a una exención del IVA al pan, a la leche y a otros productos de primera necesidad. Por esas razones, y con el propósito de generar una discusión en ese sentido, para ver las conveniencias e inconveniencias, vamos a votar favorablemente el proyecto de acuerdo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, la verdad es que hemos escuchado algo muy curioso que, por lo demás, ocurre desde hace mucho tiempo. Ha debido concurrir el señor Ministro de Educación subrogante a poner las cosas en su lugar, porque si nos atenemos a sus expresiones, nosotros mismos autoamputamos nuestras facultades. En efecto, desde el momento en que hay una o dos opiniones distintas respecto de la supresión del IVA para la venta al libro, existen dos posiciones diferentes y, por lo tanto, dudas sobre el artículo que consigna dicha supresión, el cual, según algunos es digno de aprobarse por la Cámara. Otros Diputados son contrarios a ello, al afirmar que esta materia es inconstitucional y, por lo tanto, debe ser lisa y llanamente eliminada. Me quedo con las expresiones del señor Ministro, que trasuntan la posición del Gobierno respecto de la exención del IVA en este proyecto. Todos sabemos que ella es indispensable para que en Chile se abran las puertas al conocimiento, a la lectura, a la cultura en general, como también, para lograr que la cultura cambie, hay que rebajar los precios usurarios de los libros. Hay países como Argentina, específicamente en Buenos Aires, donde las librerías están abiertas día y noche. Acá cuesta encontrar una librería abierta a medianoche, y los precios están fuera del alcance de cualquier bolsillo de un estudiante medianamente pobre. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Diputado; pero puede redondear su idea. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la supresión del IVA, que es lo fundamental. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma, para fundamentar su oposición. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el IVA a los libros no puede ser tratado en forma diferente del sistema tributario. Cuando en 1990, se discutió, en esta Honorable Corporación, la reforma tributaria, varios parlamentarios señalamos nuestro interés en que el peso de los impuestos indirectos, como el IVA, disminuyera dentro del conjunto de los ingresos públicos y fuera sustituido por mayores impuestos directos, como los que gravan la renta. Lamentablemente, ello no fue aprobado en esta Corporación, por razones de índole política. El tratamiento de un impuesto para uno o muchos bienes es un tema específicamente tributario. Si uno suprime el impuesto a un bien y no puede controlar con eficiencia que sólo exista aquél en la comercialización, sujeto a la exención tributaria, entonces uno modifica el sistema tributario de una manera más compleja y abre un forado en el sistema tributario. En economía, esto está ampliamente postulado en muchos países del mundo, por especialistas de las más diversas opciones ideológicas, quienes señalan que si uno quiere promover un bien específico, en lugar de proponer una rebaja en los impuestos que le afectan, debe aplicar un subsidio, que tiene mayor control, mayor especificidad y que se vincula mucho más al objetivo buscado. El Gobierno de la República, con ocasión del proyecto de promoción y fomento del libro y la lectura que está en conocimiento de esta Honorable Cámara, ha optado justamente por ese razonamiento lógico: es preferible un subsidio a una exención, porque a través de ésta se beneficiarán otros que utilizarán el forado que tributariamente se abre por la exención. En cambio, por el subsidio sólo tendrán el beneficio quienes efectivamente deben obtenerlo. Considero que el proyecto en discusión apunta en el sentido correcto, y es el monto del subsidio que se debe otorgar a la industria del libro, a su promoción, el punto que debiera ser discutido y no el mecanismo de la exención tributaria, que abre una discusión enteramente ajena al tema de la promoción del libro. Comparto los objetivos del proyecto de acuerdo, pero como estimo que su conclusión es indebida, me opongo a él. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling. El señor RINGELING.- Señor Presidente, no es mi ánimo actuar de abogado del Ministro Foxley o del Gobierno, pues aquí están presentes varios que debieran serlo. Pero creo necesario aclarar ciertos puntos al respecto. En primer lugar, hay unanimidad en la Sala para lograr que, de alguna manera, los libros sean, en general un 18 por ciento más baratos. Pero hay que darse cuenta de que la eliminación del IVA en la venta final del libro no provoca que su precio sea un 18 por ciento más bajo, porque, como sabemos, el IVA, impuesto al valor agregado, sucesivamente se va gravando. En consecuencia, para que la producción de un libro fuera un 18 por ciento más barata, tendríamos que eliminar el IVA en todos los procesos existentes hacia atrás. ¿Cuáles son los costos como consecuencia de la eliminación del IVA? De acuerdo con lo que apuntaba el Diputado señor Palma, don Andrés, en Chile en especial, se van a buscar muchas fórmulas para que otras cosas tengan la exención con que se pretende beneficiar los libros, razón por la cual ella representará más costos que beneficios. Concuerdo plenamente en que debemos buscar fórmulas, tal vez mejores que las que se plantean en el proyecto, en beneficio de la cultura, para que la juventud y la población en general tengan mayor acceso a los libros. Sin embargo, suponemos que esta exención del IVA implica algo extraordinario, aun cuando ni siquiera representará un 50 por ciento de la rebaja del 18 por ciento que se pretende con la eliminación del mismo. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 12 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Ha terminado el tiempo del Orden del Día. V.PROYECTOS DE ACUERDO 2.LICITACIONES DE LA PESQUERIA DE LA ESPECIE BACALAO DE PROFUNDIDAD. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Prosecretario continuará con la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la pesquería del bacalao. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- "4.1.- La ley de pesca en su artículo N°162 dice: "Prohíbese la operación de buques que califiquen como fábrica o factoría en el mar territorial y zona económica exclusiva de Chile". "En un párrafo aparte agrega: "No obstante lo anterior, cuando se trate de factorías que no hayan alcanzado el estado de plena explotación, el Ministerio por decreto supremo podrá autorizar, previos informes técnicos de la Subsecretaría y el Consejo Nacional de Pesca, la operación de buques fábrica o factoría, por plazos fijos, al oeste de las 150 millas marinas medidas desde las líneas de base, y al sur del paralelo 47° de latitud sur, por fuera de las líneas de base rectas". "Además, se agrega el siguiente párrafo, mediante el cual el legislador deja en claro que el uso de estas naves es de carácter meramente transitorio y por períodos cortos, ya que le niega todo beneficio posterior, por el hecho de realizar una pesquería que tiene carácter transitorio. Dice: "La operación de estas naves no habilitará a las personas autorizadas para exigir el otorgamiento de nuevas autorizaciones o permisos cuando las pesquerías se declaren en estado de plena explotación." "Con esto, queda claro que la autoridad tiene los instrumentos legales para prohibir el acceso de barcos-fábrica en la pesquería del bacalao 'y, además, interpretaría el espíritu del legislador, dado lo nocivo de su uso. "4.2.- Los barcos fábrica no generan mayor empleo. "4.3.- Los barcos fábrica sólo producen materia prima bruta que es exportada generalmente en esa condición; por el contrario, los barcos hieleros, por el hecho de procesar en tierra, son capaces de producir productos de alto valor agregado. "4.4.- Por todos es sabido que los barcos fábrica están siendo desplazados de todos los mares territoriales de todos los países del mundo por el escaso aporte que realizan a la economía y por su alto poder depredador. ¿Por qué Chile debería permitir su uso dentro de sus aguas territoriales, en una pesquería demersal altamente sensible al esfuerzo de pesca? "Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo: "Solicítase a Su Excelencia el Presidente de la República que en atención a sus atribuciones disponga que: "1.- La Subsecretaría de Pesca suspenda la licitación de la especie bacalao de Profundidad, actualmente declarada en desarrollo incipiente, hasta que se constituyan los Consejos Nacional, Zonal y Regional de Pesca, para que tengan la participación que la ley les otorga. "2.- Que en las futuras licitaciones de esta pesquería declarada en desarrollo incipiente, al sur del paralelo 47°, no tengan acceso los buques-fábrica, por las razones expuestas en los fundamentos que acompañan a este proyecto de acuerdo y que permiten vislumbrar graves problemas para el sector de pescadores artesanales." El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra a quien quiera apoyar el proyecto de acuerdo. El señor ULLOA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, tradicionalmente, la captura de esta especie se efectuaba sólo por pescadores artesanales. Desde hace un tiempo, esta pesquería se declaró en estado de investigación al sur del paralelo 47. ¿Qué ocurrió? Normalmente se capturaban alrededor de 6 mil toneladas de esta especie al año. La Subsecretaría de Pesca posibilitó una pesca de investigación, pero lo curioso es que se capturó para este evento casi el ciento por ciento de lo que sacaba al año el sector artesanal. El problema ha provocado reacciones muy serias entre los pescadores artesanales, pues a la disminución del valor de mercado se suma la migración de la especie, con características altamente migratorias, aunque existen diferentes puntos de vista respecto de esto. Terminado el proceso de investigación, esta pesquería se declaró en estado de desarrollo incipiente y se quiere licitar por cuotas. A pesar de que ya lleva más de un año de vigencia la Ley de Pesca, no existen o no funcionan las herramientas o los instrumentos que se crearon para efectuar el contrapeso desde el punto de vista de las decisiones y del aporte de los diferentes agentes sobre la materia. No están instalados el Consejo Nacional ni los consejos zonales, que son los que efectivamente tendrán la tuición sobre estos aspectos. Hace pocos días, el señor Subsecretario de Pesca nos invitó a una reunión y nos confirmó que el problema existe y deben buscarse soluciones. Para que haya licitaciones, deben funcionar todos los instrumentos que la ley establece. En segundo lugar, no deben tener acceso a las pesquerías declaradas en desarrollo incipiente los buques fábrica, entendiendo la diferencia entre buque fábrica v buque congelador con palangrero, que quedó claramente establecida. Para terminar, daremos nuestra aprobación al proyecto de acuerdo, porque más de 11 mil pescadores artesanales están afectados por la situación descrita. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que desee impugnar el proyecto de acuerdo. El señor HORVATH.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo es insuficiente. En primer lugar, la licitación de cuotas entre los distintos agentes pesqueros demostradamente es la fórmula más eficaz para proteger el recurso. La alternativa es el acceso general o cuota global, que sobrecarga la extracción y al final se transforma en una carrera que agota el recurso y a los agentes pesqueros. En segundo lugar, en los considerandos se señala el hecho de que ha bajado el precio internacional del bacalao; pero esto se compensa con la cantidad. ¡En buena hora que bajen los precios en beneficio de los consumidores! En tercer lugar, hay que reconocer que las características de las naves deben considerarse, sobre todo en áreas del sur y fuera de la línea de base recta, donde obviamente los pescadores artesanales no tienen acceso con embarcaciones de 15 o 18 metros de eslora. La necesidad de este producto en tierra está totalmente verificada por el mercado y por la Subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, los buques-fábrica no tienen grandes alternativas, aparte de la pesca de exploración. En este contexto, el proyecto de acuerdo debiera ser para apurar la constitución de los consejos zonales y nacional de pesca, y realizar la actividad que señala y no objetar la licitación. Sin duda, estamos a favor de los artesanales, en la medida en que armoniosamente den cabida al resto de las actividades pesqueras. Por todos estos aspectos, el proyecto de acuerdo es insuficiente y lo vamos a votar en contra. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Vilicic. El señor VILICIC.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende que la Corporación pida la suspensión de la licitación del bacalao de profundidad, actualmente en desarrollo incipiente al sur del paralelo 47, zona marítima que corresponde a la región que represento, ocasionaría problemas a los pescadores artesanales en diversos aspectos. Después de estudiar a fondo su parte considerativa y realizar las consultas técnicas correspondientes con el señor Subsecretario de Pesca, don Andrés Couve, he llegado a la conclusión de que existe grave confusión entre la pesca del bacalao de profundidad, al sur del paralelo 47, cuyo precio internacional está afectado, y la misma pesquería del sector de pescadores artesanales de las regiones correspondientes. Como miembro de la Comisión técnica, participé activamente en el estudio de la Ley de Pesca, y luego de diversas reuniones puedo afirmar que la pesquería descubierta al sur del paralelo 47, del bacalao de profundidad, no afecta la pesca ni los precios. Pero sería tremendamente perjudicial para la Duodécima Región el hecho de que no se licitara esta especie, la cual se encuentra fuera de la línea de base recta, en aguas que no permiten las faenas de los pescadores artesanales. Por las grandes distancias las condiciones climáticas y la peligrosidad de los mares del sur, fuera de la línea de base recta la pesca está permitida sólo a naves de tonelaje mayor. Por eso, la pesquería del bacalao en esta área se mantuvo en estado virginal hasta 1991, fecha en que comenzó su captura incidental, en la pesca dirigida a la merluza del sur. En segundo lugar, esta pesquería no ha sido objeto de pesca industrial ni artesanal al sur del paralelo 47. En tercer lugar la Subsecretaría de Pesca analizó en profundidad la existencia de la nueva pesquería en el área mencionada. Investigó el recurso en el área comprendida entre los paralelos 47 y 57 de latitud sur, entre septiembre de 1991 y junio del presente año. Los estudios se desarrollaron en naves chilenas y fueron supervisados por el Ifop, con control mediante el sistema de comunicación satelital. Permitieron una captura total de 6.500toneladas anuales. En cuarto lugar, con estos antecedentes y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Pesca, la Subsecretaría del ramo declaró a la pesquería del bacalao en régimen de desarrollo incipiente, por el decreto supremo N° 328, de 1992, del Ministerio de Economía. Con el objeto de conservar el recurso a través del tiempo, solicito a la Sala y en especial a los colegas patrocinantes del proyecto de acuerdo que reconsideren su proposición, porque una vez aprobado significará dejar sin salir a la pesca a un gran número de naves que tienen como base el puerto de Punta Arenas por más de un año, pues de no licitarse ahora esta pesquería, no puede replantearse la licitación, conforme a la ley, hasta el próximo, lo que producirá un serio problema de desocupación en el sector pesquero. En la minuta que he entregado a varios colegas parlamentarios, podrán apreciar los aspectos técnicos a que se refiere la Subsecretaría de Pesca y que avalan lo que he dicho en mi intervención, por lo que les solicito el rechazo del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor COLOMA (Vicepresidente). Rechazado. 3.SUSTITUCION DE REQUISITO DE PESCADORES ARTESANALES PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- E1 señor Prosecretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- De la señora Matthei y de los señores Pérez, don Juan Alberto; Rojos, Velasco, Faulbaum, Horvath, Carrasco, Pérez, don Ramón; Soto, Ringeling, Munizaga, Alamos, Hurtado, Prokurica, Elizalde, Rodríguez, don Alfonso, y Valcarce. "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, quienes deseen inscribirse en el registro artesanal deben cumplir, entre otros requisitos, con la obtención de matrícula de pescador artesanal de la autoridad marítima que corresponda. Sobre el particular, la autoridad marítima aplica el decreto supremo N° 153, de 1966, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que aprueba el reglamento general de matrículas de personal de gente de mar, fluvial y lacustre. "La letra b) del artículo 22 del texto reglamentario precedentemente individualizado, dispone que los pescadores artesanales podrán inscribirse en los registros de matrículas sin el requisito exigido en la letra c) del artículo 14, sobre cumplimiento de servicio militar después de los 16 y hasta los 18 años de edad, siempre que hayan dado o estén dando cumplimiento a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y que trabajen bajo la tutela de sus padres o parientes cercanos. "La exigencia sobre el cumplimiento de la Ley de Instrucción Primaria, que significa octavo año básico, se ha convertido en muchas zonas del país en un obstáculo insalvable para los pescadores artesanales, cuya realidad es afectada por circunstancias simultáneamente concurrentes esta vez, como el difícil acceso de la formación de sus componentes, carencia y capacidad económica, lejanía de los centros poblados y escaso contacto con el mundo cultural. "Si en nuestra Constitución no se exige requisito de escolaridad alguna para ser Presidente de la República, y respecto de los Senadores y Diputados el Gobierno está promoviendo, a través de las respectivas reformas de la Carta Fundamental, la eliminación de ello, resulta paradójico que se exija a los pescadores artesanales. "Teniendo presente lo anterior, en mi calidad de Diputado, someto a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente "Proyecto de acuerdo: Oficiar al señor Presidente de la República para que instruya al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Subsecretario de Marina, con el objeto de sustituir el requisito a que se refiere la letra b) del artículo 22 del decreto supremo N° 153, de 1966, por un examen que efectivamente vele por la capacidad de los pescadores artesanales en el ejercicio de su oficio.". El señor COLOMA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que desee apoyar el proyecto de acuerdo. El señor KUSCHEL.- Pido la palabra. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el Diputado señor Juan Alberto Pérez me pidió que expresara las razones por las cuales este proyecto de acuerdo es tan importante para los pescadores artesanales. El requisito de contar con octavo básico, tal como se expresó en los considerandos de este proyecto de acuerdo, es prácticamente imposible de cumplir por gran parte de los pescadores artesanales que tienen menos de cuarenta años, toda vez que son pocas las escuelas existentes en los sectores isleños, costeros o cordilleranos con costa que tienen hasta octavo año básico y, en el caso de los mayores de 40 años, porque ese nivel educacional básico o equivalente no existía hace 16 o 17 años. En este sentido, junto con otros Diputados de la región, hemos pedido, en ocasiones anteriores, que la autoridad exima a los pescadores artesanales del requisito de octavo año básico y lo reemplace por otro que los habilite, como se señala en el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, no podemos restringir la posibilidad de trabajo para este sector tan sacrificado. Si el requisito legal para ser elegido alcalde es saber leer y escribir, no podemos exigir a los pescadores artesanales el octavo año básico. Sin embargo, quisiera señalar, en nombre de los parlamentarios del sur austral y de todos los que han trabajado en la Ley de Pesca, que este planteamiento se ha hecho también por la vía de la fiscalización. La Armada de Chile ha contestado estas gestiones positivamente. Ella señala en sus documentos que, ante la evidente falta de escolaridad que presentan ciertos pescadores de la zona de Chiloé continental e insular y de otras partes del país, las respectivas autoridades marítimas han sido instruidas para facilitar el acceso a la actividad a personas no analfabetas o con baja escolaridad, a través de un examen de conocimientos prácticos, y en base a un examen escrito a aquellas que cumplen con la escolaridad suficiente. Es decir, hay un sentir positivo para este proyecto de acuerdo. Por lo tanto, estimamos legítimo y conveniente que esta Cámara lo ratifique positivamente. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor parlamentario que desee impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. VI.INCIDENTES. 4.RECHAZO A EXPRESION VERTIDA EN PROGRAMA TELEVISIVO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación acaecida hace varios días, que me parece conveniente aclarar en esta Sala. A raíz del problema derivado de la interferencia telefónica y de los acontecimientos posteriores, ya conocidos por todos, cuando se preguntó la opinión a algunos parlamentarios y a participantes del foro televisivo donde fue dada a conocer la grabación, el Diputado señor Schaulsohn y el señor Tomás Jocelyn-Holt, al calificar la actitud del empresario Ricardo Claro, manifestaron que había sido la de un "patrón de fundo". En esta Sala quiero rechazar, en la forma más enérgica, la calificación peyorativa que se hace de los empresarios agrícolas, cuando se emplea esa expresión por el señor Diputado y por el señor Jocelyn-Holt. Deseo destacar que con ello sólo se reviven prácticas que en el pasado -a todo el país le consta- se utilizaron para desprestigiar esta actividad empresarial y descalificar a quienes la desarrollaban, dando paso a un proceso confrontacional que, indudablemente, terminó en un clima de violencia a propósito de la aplicación de la reforma agraria en un ambiente altamente politizado, perdiéndose así su objetivo. Deseo plantear en esta Sala este ferviente reclamo por la forma reiterada en que se hace referencia a los empresarios agrícolas, sobre todo porque desarrollan una actividad extraordinariamente difícil, especialmente en los tiempos que vivimos, donde la rentabilidad del sector pasa por una situación bastante grave. He realizado esta intervención porque he recibido innumerables comunicaciones de asociaciones de agricultores reclamando por este hecho, y como quiero hacerme parte de ellas, reitero mi rechazo al uso de este calificativo. 5.DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. Oficio. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Cámara: Han sido muchas las causas y razones por las cuales, en ocasiones, se ha puesto en tela de juicio nuestro prestigio. Algunas de ellas ya las he analizado y expuesto en esta Honorable Cámara. Hoy quiero referirme a otro aspecto relacionado con esta materia. Al recorrer el distrito, incluso muchas regiones del país, he constatado que la ciudadanía tiene una carencia casi absoluta de información, relativamente detallada, del desarrollo del debate parlamentario. En esta Honorable Cámara, diariamente estamos tratando materias que interesan al país real. Su difusión que con mucho esfuerzo realizan los periodistas, no depende tanto de ellos, sino de los editores ele los respectivos medios, por cuanto las noticias legislativas compiten con las del resto del país. La falta de difusión parlamentaria, desde mi punto de vista, provoca un círculo vicioso en torno a la tarea legislativa. Al no existir una difusión adecuada, el parlamentario da un rango equivalente a los problemas locales que, en general, son resueltos por autoridades locales o ministeriales, respecto de temas sobre los cuales tenemos facultades, como son los legislativos y fiscalizadores. Desde ese punto de vista, lo que ocurre en la práctica es que el parlamentario que postula un cargo de Diputado o Senador, legítimamente aspira a seguir una carrera política y, por lo tanto, muchas veces, a raíz de este problema, se ve obligado a quitarle tiempo a la tarea legislativa y fiscalizadora para abordar temas locales. Por otra parte, es de mucha importancia que la ciudadanía cuente con un mayor grado de información. No siempre los medios de comunicación o las organizaciones sociales son capaces de transmitir todos los alcances de un determinado proyecto de ley. En este Parlamento hemos sido poco efectivos y creativos en esta materia. En la actualidad, las comunicaciones nos ofrecen un amplio campo para poder informar a la comunidad de nuestro trabajo parlamentario. El Congreso Nacional cuenta con un elevado presupuesto, equivalente al del Poder Judicial -sólo para establecer una dimensión de él-, y, por lo tanto, respecto de esta materia, no siempre es bien utilizado. Por eso, señor Presidente, quiero proponer que se oficie a la Comisión de Régimen Interno para que esta Cámara de Diputados estudie y contrate un espacio televisivo semanal, a lo menos de una hora, que resuma los proyectos debatidos, las posiciones de las distintas bancadas, los alcances de las iniciativas aprobadas y por qué otras han sido rechazadas. He dicho. El señor ARANCIBIA.- Adhiero al oficio, señor Presidente. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma indicada, con la adhesión del Diputado señor Arancibia. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En seguida, corresponde el turno al Comité Radical-Social Demócrata. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 6.CREACION DE PARQUES DESTINADOS A PROMOVER LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS. El señor COLOMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, quiero referirme a una iniciativa tendiente a crear una corporación sobre parques de derechos humanos. Se trata de una entidad que tiene por objeto afrontar la problemática de los derechos humanos desde una perspectiva diferente de la actual. Fundamentalmente, pretendemos dar a esta corporación un sentido más de futuro que de pasado. La idea central de la corporación es construir, primero en Santiago, y después en algunas capitales de provincia u otras ciudades del país, parques destinados a promover la cultura de los derechos humanos. Tendrán por objeto reivindicar a las víctimas y poner el acento en la necesidad de toda la ciudadanía de respetar la vida humana y la dignidad del hombre. En tal sentido, el parque, tal vez por ser una expresión de belleza y esparcimiento, procurará afrontar el problema de los derechos humanos más desde la perspectiva de la vida y de la esperanza que desde el punto de vista de la muerte y la tragedia. Con estos parques pretendemos contribuir a crear una cultura de los derechos humanos. Se promoverá el entretenimiento, el deporte, las distintas expresiones de arte y de cultura, la lectura, la vida al aire libre y todas las expresiones de belleza. Esta corporación tendrá un sentido esencialmente pluralista y podrán participar en ella todas las personas que tengan interés en la problemática de los derechos humanos. Ya estamos haciendo las primeras gestiones para adquirir un terreno en Santiago, iniciativa que ya está caminando. En parte, al menos, la promovió dentro de esta Cámara la Diputada recientemente fallecida señora Laura Rodríguez y la hemos retomado un conjunto de personas. Los objetivos de esta corporación, según la escritura de creación de la misma, son, primero, el diseño, construcción y administración de parques de derechos humanos, como un monumento vivo de la sociedad chilena en reconocimiento a todas las víctimas por las violaciones a los derechos humanos; segundo, la promoción, educación, divulgación, desarrollo y defensa de los derechos humanos en la sociedad chilena, a través de actividades e iniciativas de todo orden; y tercero, formular propuestas que permitan mejorar, perfeccionar, corregir y modificar situaciones de hecho, institucionales, con el fin de extender la cobertura jurídica, política, económica, ambiental, social y cultural de los derechos humanos y su aplicación práctica en nuestro país. He dado cuenta de la creación de esta corporación para que tome conocimiento de ella la opinión pública y los sectores comprometidos con los derechos humanos; también con el objeto de invitar, en mi calidad de Presidente de esa corporación a todos los señores Diputados, de cualquier partido, para que se incorporen activamente y participen en esta entidad. He dicho. 7.ALCANCES SOBRE PESQUERIA DEL BACALAO Y PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA MATERIA. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojos. El señor ROJOS.- Señor Presidente, me quiero referir a la legislación que rige la pesquería del bacalao y también dar una opinión respecto del proyecto de acuerdo que hace poco fue rechazado en esta Sala. Hemos visto una serie de artículos publicados en la prensa, mediante los cuales la bancada de la UDI informa, entre otras cosas, que presentará un proyecto de protección que impida la actuación de los barcos fábrica en la pesquería. En "El Diario", del lunes 14 del presente mes, se publica una exposición de la bancada de la UDI al respecto. Además, existe una serie de oficios enviados por el Senador señor Cantuarias, en los cuales plantea su interrogante respecto a la eficacia de la Ley de Pesca hasta el momento. Por lo tanto, haré algunos comentarios sobre los considerandos del proyecto de acuerdo que hace poco rato votamos. La pesquería del bacalao no sólo estaba, sino que sigue estando regulada por los decretos supremos N°s. 439, de 1985, y 43, de 1986. La única diferencia es que hoy no se cursan autorizaciones para operar al sur del paralelo 47° latitud sur, por disposición del decreto N°328, que declaró la pesquería en desarrollo incipiente y cerró el libre acceso a ella a la espera de la subasta. No obstante que los precios han experimentado una baja, no puede culparse de esta fluctuación, en forma exclusiva y mayoritaria, a la pesca realizada en 1991 y 1992 en la zona económica exclusiva de Chile al sur del paralelo 47° latitud sur. En efecto, en 1987 y 1988 los precios fueron crecientes todo el año, elevándose de 2.100 a 2.200 dólares la tonelada, hasta llegar a 6.226 dólares en febrero de 1989 y decrecer a 4.467 dólares la tonelada en mayo de 1990, cuando no hubo aporte de pesca del sur del paralelo 47° latitud sur. Esto indica claramente la existencia de otros importantes factores que influyen en el mercado. Parece muy exagerada la cifra de que 11.500familias serían afectadas, sobre todo si se considera que sólo producirían 4.500toneladas: menos de una tonelada por pescador al año. La cifra oficial la entregarán los registros de pescadores artesanales que están completándose. Mientras tanto, estas cantidades deben ser tomadas como meras estimaciones, a veces indicadas con fines especulativos. Cuando se habla de buques factoría hay que entender que dentro de esta categoría califican también los "palangreros congeladores", los que utilizan artes selectivas, como el anzuelo, y congelan el producto entero para su posterior reproceso, lo cual es distinto de un buque factoría rastrero, con instalaciones para elaborar productos para consumo final. Por lo tanto, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, que debido a las condiciones climáticas prevalentes al sur del Golfo de Penas hasta el Cabo de Hornos, por fuera de la línea de base recta, puedan operar embarcaciones artesanales de una eslora inferior a 18 metros. Si lo llegaran a realizar serían muy ineficientes en su operación. De hecho, las estadísticas oficiales que maneja el Servicio Nacional de Pesca no consignan desembarques artesanales al sur del paralelo 47° latitud sur para esta especie. Los Consejos Zonales y el Consejo Nacional de Pesca están en proceso de formalización, por medio de la elección de sus representantes. Los Consejos Regionales están todos creados y operando. Es necesario saber que para la declaración de régimen de pesquería en desarrollo incipiente se requiere la consulta al Consejo Zonal de Pesca y la aprobación por mayoría absoluta del Consejo Nacional. Esta declaración fue efectuada mediante el decreto supremo N°328, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre la base de la facultad que tiene el Ministerio, otorgada en el artículo 20 transitorio de la Ley de Pesca, para prescindir de estas consultas o aprobaciones mientras los Consejos de Pesca no estén constituidos, lo que sucede en la actualidad. Postergar esta decisión hasta que estén operando los consejos implicaría retrasar innecesariamente la incorporación de esta nueva pesquería a la producción pesquera nacional y, por lo tanto, privar al país de su aporte al desarrollo. Por eso, el legislador previo el caso y autorizó en la ley prescindir de ellos mientras éstos no se forman. Cuando el legislador posibilitó la operación de buques que califican como factoría al sur del paralelo 47° latitud sur, lo hizo considerando que en dicha área se justificaban por su mayor eficiencia que los buques hieleros al no existir puertos alternativos. La tendencia en estos momentos es clara hacia el reproceso en tierra de la pesca congelada a bordo principalmente por el efecto del "Jelly" encontrado en la carne del bacalao, la que ha sido una razón por la cual han bajado los precios del HG y pescado entero. Es necesario considerar que de este modo se genera el mismo efecto en el empleo que utilizando sólo buques hieleros. En resumen, la suspensión de la licitación sólo tiene como alternativa derogar el régimen de desarrollo incipiente ya declarado, de acuerdo con la ley aprobada por la Cámara. En este caso, la pesquería se manejaría con el régimen general de acceso, con todos los inconvenientes conocidos. Se pescaría la misma cuota, o más, debido a las dificultades de control; por lo tanto, el supuesto efecto en los precios sería el mismo. Los Consejos Regionales no participan en decisiones de administración de pesquerías, como la declaración de pesquería incipiente; por lo tanto, no corresponde por ley su inclusión en este caso. Al Consejo Zonal sólo hay que consultar, pero no estuvo formado a la hora de tomar esta decisión. El Consejo Nacional, que requerirá aprobar por mayoría absoluta de sus miembros, tampoco estuvo operando, por lo que no cabe esperar su funcionamiento para tomar una medida ya adoptada legalmente por decreto supremo, con toma de razón de la Contraloría General de la República. Señor Presidente, de esta exposición se desprende, en definitiva, que la Subsecretaría de Pesca ha procedido de acuerdo con los mecanismos que hoy día existen en la ley. En consecuencia, tanto el proyecto de acuerdo como las inquietudes planteadas por la bancada de la UDI y por el Senador señor Cantuarias, no tienen razón de ser, porque la Subsecretaría de Pesca está actuando de acuerdo con el mandato otorgado por el Congreso Nacional. He dicho. 8.SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSION CHILENA. Oficios. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, me referiré a un importante evento efectuado en la Quinta Región. La Asociación de Radiodifusiones de Chile, Archi, reunida en Asamblea General los días 17, 18, 19 y 20 de agosto de este año, acordó emitir el siguiente voto: "1.- Los 70 años de radio encuentran a la radiodifusión nacional plena de vigor y unida a sus principios doctrinarios de siempre, que hoy reafirma con más fe y convicción que nunca. "La defensa de la libertad de expresión y de las condiciones que la hacen posible son parte esencial de la vida de la radiodifusión chilena. "Pluralismo programático e informativo, libertad de programación, libertad de información, son parte de la radiodifusión chilena y expresión de una necesidad vital para cualquier país que, como Chile, quiera crecer en paz, respeto y democracia. “2.- Los radiodifusores chilenos valoran y aprecian todas las iniciativas que permiten incrementar las condiciones objetivas que faciliten el desarrollo de la radiodifusión, de manera especial la regional, la provincial y las de zonas aisladas, que son expresión de integración y comunicación. "3.- Expresa su confianza en los Poderes Ejecutivo y Legislativo que están trabajando de manera conjunta en la dictación de la nueva ley que regula la actividad radiofónica en Chile. "Estamos ciertos que las aspiraciones esenciales de los radiodifusores, expresión de años de reconocimiento y de trabajo abnegado al servicio de la comunidad, encontrarán acogida en el cuerpo legal en referencia, quedando claramente establecido el derecho preferente de los radiodifusores a renovar su permiso de transmisión, la protección de los derechos de los concesionarios, la simplificación de los trámites administrativos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la creación de instancias judiciales para recurrir ante resoluciones de la autoridad y, finalmente, un tratamiento igualitario, sin distingos políticos ni económicos, para todos los radiodifusores. "4.- Archi mira con interés la iniciativa que el Poder Ejecutivo está preparando para regular la actividad de prensa en Chile. "Esta institución ha colaborado y colaborará con su experiencia y sus principios libertarios que han sido la razón de existir de la Asociación de Radiodifusores de Chile. "Buscar, difundir y recibir información son derechos que corresponden a todo ser humano. Así lo ratifica un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocido para todos en nuestra Carta Fundamental. "Son estos principios los que los radiodifusores desean ver consagrados en la nueva ley de prensa, sin perjuicio de tener la voluntad de dialogar con otros sectores de la actividad comunicacional para buscar un consenso. "5.- Expresar su público reconocimiento a la comunidad nacional, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, regional y comunal, a la Asociación Nacional de la Prensa y a la Asociación de Canales de Televisión por las muestras de aprecio con motivo de haberse celebrado los 70 años de la primera transmisión radial en Chile. "Transmitimos nuestro reconocimiento al público auditor, que en estos 70 años nos ha mostrado su adhesión y amistad. A él nos debemos y con él renovamos nuestro compromiso de servicio, de información, entretención y cultura." Señor Presidente, solicito que se envíe oficio, en mi nombre y en el de mi colega Julio Rojos a los directivos de Archi, a los señores Pizarro y Corona, Presidente y Secretario General, respectivamente en referencia a los 70 años de la primera transmisión radial en Chile, como asimismo respecto del encuentro de su Asamblea General, respaldando plenamente sus acuerdos. Consecuente con ello, solicito que se oficie, en mi nombre, a la Directiva Nacional de los Trabajadores de Radios, que el próximo 21 de septiembre celebran su aniversario; a la Directiva de trabajadores de la Quinta Región, y a las radios "Ignacio Serrano", de Melipilla; "Integración y "Sargento Aldea", de San Antonio, y "Onda Azul", de Cartagena. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en nombre también de los Diputados señores Ortiz, Aylwin, García, don René; Rojos, Arancibia y Sabag. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 9.IDENTIFICACION DE PAISAJES CHILENOS EN PROPAGANDA TELEVISIVA. Oficio. El señor HAMUY (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor René García. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, en la propaganda de algunos programas de televisión aparecen algunos paisajes chilenos. Los que estamos empeñados en fomentar el turismo en el país, solicitamos que se oficie al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que interceda ante los canales de televisión cada vez que se muestre un paisaje en la pantalla, se coloque el nombre y la región a que corresponde. Me explico, si por ejemplo, aparece el lago Villarrica, los que somos de allí lo conocemos, pero no la mayoría del país. Con esa medida, la gente que ve la televisión sabrá el nombre y la región de dónde son esos cerros o algún paisaje hermoso de nuestra patria. Ello sería un gran aporte al turismo y a las regiones que no tienen llegada a la televisión. Constituiría un muy buen mecanismo para que los canales de televisión cooperaran, con el programa turístico en que todos estamos empeñados en desarrollar. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría, de los Diputados señores Sabag, Alessandri Balmaceda, Arancibia, y del Comité de Renovación Nacional. 10.HOMENAJE EN MEMORIA DEL PERIODISTA DARIO CANUT DE BON, RECIENTEMENTE FALLECIDO. El señor HAMUY (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, hoy quiero rendir un homenaje a un destacado periodista, fallecido hace pocos días. A la edad de 53 años y luego de soportar una prolongada enfermedad, dejó de existir en la madrugada del pasado sábado, en la ciudad de Viña del Mar, el periodista Darío Canut de Bon Urrutia, quien se desempeñaba como director del diario "La Estrella", de Arica. Nació en La Serena, donde realizó sus estudios. Tuve el honor de ser su compañero de liceo. Obtuvo su bachillerado en Letras en 1958. Alternó los estudios con la profesión de periodista. Llegó a ser director del diario "El Serenense" de esa ciudad, a la temprana edad de dieciséis años. Una vez egresado de la enseñanza secundaria en enero de 1959, ingresó al diario "El Mercurio", de Valparaíso, como reportero. En su carrera profesional, pasó por todas las secciones de la crónica, hasta que en 1986 asumió el cargo de Jefe de Crónica de Valparaíso, el que desempeñó con singular acierto. Las necesidades de servicio hicieron que la dirección del diario "El Mercurio" lo destinara ese mismo año como Jefe de Crónica en Viña del Mar, cargo que sirvió hasta 1982, fecha en que la empresa lo distinguió por sus méritos y capacidad profesional, y lo designó director de "El Mercurio", de Antofagasta, y de "El Mercurio", de Calama. Su carrera profesional dentro de la empresa "El Mercurio" no terminó en Antofagasta, ya que después de servir durante cinco años en la dirección de los diarios nortinos, asumió ese cargo en el diario "La Estrella", de Arica, el que desempeñó hasta el día de su deceso. Darío Canut de Bon sintió siempre atracción por la docencia. Así, durante su permanencia en la Quinta Región, fue profesor de Introducción al Periodismo, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y en otros establecimientos de enseñanza particular. También fue profesor honorario del Instituto de Cultura, en Madrid, y profesor honoris causa de la cátedra de Práctica Periodística, de la Escuela Argentina de Periodismo. Otra actividad en la que se destacó fue en las relaciones públicas. En ese campo participó en varias escuelas de temporada de la Universidad Santa María, en la intendencia de Valparaíso y en la Escuela Naval. En lo gremial, integró el Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Periodistas de Chile y del Círculo de Prensa, de Valparaíso, a cuya directiva aportó ideas e iniciativas que lo destacaron como dirigente. Entre los numerosos premios y distinciones que Darío Canut de Bon recibió en su carrera profesional figuran el Premio de Periodismo Turístico Andrés Aburto Sotomayor, Premio Regional de Turismo de Viña del Mar, Premio de Periodismo Pedro de Valdivia, otorgado por las instituciones españolas de Chile, Premio de Periodismo Liga Marítima y Premio Diego Portales, de la Cámara de Comercio de Viña del Mar. Este año fue nominado al premio que otorga la Academia Militar de Arica. Darío Canut de Bon era casado con la señora Luciana Baya Pérez, quien le sobrevive junto a sus hijos Ana María, María Verónica, Jorge Iván, Jorge Ignacio y Darío Alejandro, a quienes desde este Hemiciclo expreso mi más sentido pésame y deseos de paz y resignación en la hora que les aflige. He dicho. 11.REPAVIMENTACION DE AVENIDA DE ACCESO A SAN FELIPE. (Quinta Región). Oficio. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, deseo denunciar un hecho ocurrido en San Felipe, que califico de curioso, increíble, insólito, relacionado con la repavimentación de la avenida principal de acceso a la ciudad. Ocurre que de esta vía, en pleno centro de la ciudad, de cuatro pistas que tiene se han repavimentado sólo dos, quedando estas obras como un monumento al absurdo. Lo peor es que esta decisión se tomó sin siquiera consultar al delegado provincial del Serviu, lo que ya reviste una cierta gravedad, por cuanto demuestra un muy fuerte centralismo regional que no considera las prioridades y necesidades de una de las comunas más alejada de la cabecera regional. Esta situación se debe a que, luego de iniciadas las obras y a punto de concluirse, se descubrió que no había más recursos para terminarlas, circunstancia que tiene muy consternados, preocupados y dolidos a los habitantes de San Felipe, porque es una ciudad de gran importancia dentro de la Quinta Región, sobre todo debido al intenso tránsito de camiones que transportan frutas hasta Valparaíso, y además por tratarse de su principal avenida de acceso, que lleva nada menos que el nombre de su fundador. Por lo expuesto, solicito que se oficie, en mi nombre, al Director Regional del Serviu de la Quinta Región para que remita a esta Corporación todos los antecedentes que originaron el llamado a licitación de pavimentación, el proceso de adjudicación, los presupuestos involucrados y las posibles complementaciones que se realizarán en el futuro para corregir este inmenso error. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada. 12.ASISTENCIA DE PARLAMENTARIOS A ACTO OFICIAL DE LA CORPORACION. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, ayer se realizó un almuerzo para el Cuerpo de Generales del Ejército, donde participaron el Presidente y los Vicepresidentes de la Corporación, parlamentarios de la Democracia Cristiana, de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional. Lamentablemente, no asistieron parlamentarios del PPD y del PS. Si todos estamos luchando por la reconciliación y aportando para mejorar las relaciones entre los chilenos para que este país se una, salga adelante y siga progresando como en el último tiempo, me parece importante que a los sectores que les cuesta intervenir en estos eventos contribuyan a dar un mensaje a la ciudadanía de que estamos dispuestos a conversar y a entendernos. Comparto que no hayan concurrido al almuerzo ofrecido por el Ejército, cuando don Vicente Sota formuló algunas declaraciones. Eso fue distinto a recibirlos en nuestra casa. Esta es la sede de la democracia, el Congreso Nacional, que representa a todos los sectores. Cuando la invitación es oficial, por último, hay que ser solidario con el Presidente -que pertenece al Partido Socialista- de la Corporación. Me parece que deberían haber participado al menos con una delegación o dar una excusa y no actuar de esa manera. En el caso particular del Diputado señor Arancibia, presente en la Sala, sé que no estaba y que tiene la mejor disposición de conversar. El asistió junto al Diputado señor Estévez y a muchos otros, a discutir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, invitado por el Ejército. Gracias. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El señor HAMUY (Vicepresidente).- En el turno siguiente, correspondiente al Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, no puedo dejar de hacerme cargo de las palabras expresadas por el Honorable Diputado señor Alessandri, a pesar de que pensaba referirme a otro tema. En este lapso ha habido un esfuerzo de los distintos sectores del país para lograr un efectivo reencuentro y un avance hacia la reconciliación. Atribuirse la iniciativa exclusiva en eso, no contribuye a esa finalidad. Hay que entender que, frente a determinadas situaciones, no queda más que adoptar una actitud que, a veces, no es comprendida por algunas personas que esperan gestos que no estamos en condiciones de dar. Este país ha seguido un doloroso trayecto. Aún quedan profundas heridas abiertas. Se han dado pasos hacia la reconciliación. Ahí está la labor de la Comisión Verdad y Reconciliación que contó con el respaldo de los distintos sectores del país, incluido este Congreso. Ha habido iniciativas destinadas a reparar el daño causado por el atropello a los derechos humanos, pero aún subsisten problemas graves. No quiero ahondar en el tema de los desaparecidos cuyo destino todavía se ignora. Es un drama. Sus familiares tienen derecho a saber su destino y ubicación. Por otra parte, hay juicios pendientes llevados, no por una instancia política, sino que por los tribunales de justicia, en los cuales se requiere la colaboración de todos para que, en definitiva, se establezca la verdad y, por esa vía, se haga justicia y se logre la efectiva reconciliación. Desgraciadamente, por no transformar el 11 de septiembre, en un fecha que una los festejos en torno a esa fecha no ayudan a estos propósitos. Las recientes declaraciones del señor Comandante en Jefe del Ejército, que han merecido comentarios en esta Sala, hacen incluso más difícil el esfuerzo en que todos estamos empeñados para lograr la reconciliación. Ella no será posible cuando un almuerzo de una Comisión se pretende transformar en un jalón más del festejo de aquellos sectores del país que creen que todavía se puede seguir celebrando 17 años de dolor y de dictadura. Quiero que se respete la reacción que muchos chilenos aún tenemos frente a problemas tan sensibles como el subsistente de los detenidos desaparecidos, respecto del cual incide, una vez más, otra declaración desafortunada del General señor Pinochet. Tenemos la mejor disposición para concurrir a algunas actividades en cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional, como bien ha señalado el Diputado señor Alessandri. No obstante, la reunión de ayer se desnaturalizó en su objetivo y se le quiso transformar en un acontecimiento que no revestía ese carácter. Además, a quienes podemos tener la mejor disposición de asistir a esa reunión, se nos hizo muy cuesta arriba cuando se incurre también en desacato a los tribunales de justicia en relación con un hecho tan lamentable como la suerte de uno de los detenidos desaparecidos. Pero quiero que se comprenda que detrás de nuestras actitudes no hay un capricho, ni ánimo de venganza ni resentimiento. Sólo queremos contribuir a la reconciliación. Hemos hecho esfuerzos y seguiremos haciéndolos, aun cuando a veces se nos hace muy difícil olvidar a nuestros muertos y desaparecidos para hacer un gesto que sólo sería de mera cortesía y que la gente que pretendemos interpretar no lo entendería. Señor Presidente, el Diputado señor Alessandri me ha pedido una interrupción y, con su venia, se la concedo. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, después de haber escuchado al Diputado señor Arancibia, me han quedado bastante claras las razones que tuvieron. En consecuencia, retiro mi petición de oficio a los Comités del PPD y del PS, en nombre de Renovación Nacional. Pero también quiero decir que es muy diferente el 11 de septiembre con el almuerzo realizado ayer. Tal vez hubo mala información, puesto que celebrábamos las glorias del Ejército y el 18 de Septiembre. En ese sentido, no me cabe ninguna duda de que ustedes también hubieran participado. Creo que se informó mal sobre el fin que se perseguía, y tal vez el Presidente de la Comisión de Defensa se quiso arrogar un poco la invitación, que fue en retribución de otra invitación para celebrar las Fiestas Patrias. Entonces, acepto la explicación del Diputado señor Arancibia y la comparto plenamente. Seguimos siendo amigos y no me cabe duda de que en una oportunidad futura podremos estar todos juntos. Gracias por la interrupción. El señor HAMUY (Vicepresidente).- A solicitud del Diputado señor Alessandri, se retirará de la versión la petición de oficio. Puede continuar el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, agradezco el gesto hidalgo del Diputado señor Alessandri. No insistiré sobre el tema, pero, si usted me permite, señor Presidente, podríamos ponernos de acuerdo, por su intermedio, para suprimir los almuerzos en el Club de La Unión, puesto que, al parecer, los estímulos y entusiasmos que allí se originan, crean en el país un clima muy poco propicio para el entendimiento. 13.IRREGULARIDADES EN EL TRANSPORTE AEREO NACIONAL. Oficios. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, el transporte aéreo ha dejado de ser esa aventura lujosa y excitante del pasado y se ha transformado en una necesidad. Ningún país que pretenda incorporarse al mundo competitivo y moderno lo puede hacer si no cuenta con un servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga eficiente, cumplidor, y que entregue, en forma efectiva, la prestación que de él se espera. En nuestro país la modernidad está todavía muy distante de lo que pretenden los sostenedores de aquella frase: "Adiós, América Latina", aunque tenemos que empeñarnos en llegar a ella. Las empresas aéreas nacionales -me refiero concretamente a LAN Chile y a Ladeco- están empeñadas en una costosa campaña para proyectar una imagen de eficiencia, modernidad y de cumplimiento adecuado de sus actividades de transporte. Desgraciadamente, el tiempo se me está terminando y no podré dar lectura a la correspondencia que he recibido -estoy cierto que no soy el único-, de Caldera, mediante las cuales vecinos de esa localidad, representantes de empresas e incluso un concejal electo, me cuentan cómo han sido dejados en tierra a pesar de tener las reservas correspondientes. Tampoco tengo tiempo para referirme a una carta, de fecha 28 de junio, publicada en un matutino de la capital, donde un lector da a conocer todas las peripecias que le tocó vivir a él o a personas próximas en vuelos por LAN y Ladeco: incendios a bordo, descompresión de cabinas, despresurización, etcétera. Incluso al Diputado que habla, acompañado de parlamentarios de otras bancadas de la Cámara y del Senado, nos ha tocado vivir más de alguna contingencia vinculada con retraso, cancelación de servicio o incidentes de cierta significación en vuelos internos e internacionales. Siempre hay razones técnicas que aducen estas líneas áreas para explicar retrasos, cancelaciones o medidas que, lisa y llanamente, significan no tener respeto por el pasajero. Por supuesto, cuando hay razones técnicas o problemas climatológicos que hacen explicables retrasos o suspensiones, parece más aconsejable no emprender vuelos arriesgados o que impliquen riesgo excesivo. Pero eso ocurre con demasiada frecuencia. Y yo me remito a las cartas de lectores publicadas en distintos medios de prensa nacionales y a la correspondencia recibida por el suscrito, en la cual me hacen llegar quejas por el mal servicio y, en muchas oportunidades, por el incumplimiento de la prestación que se espera en materia de transporte de pasajeros, especialmente en el país. ¿Qué está sucediendo? Basta una somera mirada al escenario del transporte de carga nacional para darse cuenta de que estamos enfrentados a un duopolio. Hay sólo dos empresas que se han repartido el mercado. Por ejemplo, LAN Chile hizo abandono de sus vuelos a Valdivia y a La Serena, los cuales quedaron en las manos exclusivas de Ladeco, y, por el contrario, Ladeco puso término a sus servicios a Osorno, a Copiapó y a El Salvador, entre otros, para que fueran atendidos exclusivamente por LAN. En esas rutas estamos ante una situación de monopolio que deja a los usuarios expuestos a las decisiones más caprichosas de la empresa transportista. Creo que, por estas circunstancias, se justifica una investigación. Repito que son numerosas las cartas de quejas por mala atención y por cancelación de vuelos a última hora. En algunas ocasiones he sabido de casos de pasajeros que han recibido una retribución económica a cambio de no insistir en su propósito de viajar, cuando sus quejas han sido muy airadas y numerosas respecto de determinado vuelo. Pero existe un problema real que está enfrentando un sector cada vez más numeroso de chilenos, y que, en la medida en que el desarrollo económico del país se amplíe y profundice, los demandantes de este servicio serán mayores. Por lo expuesto, me permito solicitar a Su Señoría que tenga a bien disponer lo siguiente: 1°.- Oficiar a la Comisión Nacional Antimonopolios, a fin de que tenga a bien estudiar la situación existente en materia de servicio aéreo de pasajeros por líneas nacionales en las distintas rutas del país. 2°.- Solicitar se informe al organismo técnico gubernamental correspondiente -no tengo claro si es la Junta de Aeronáutica Civil, que tiene un carácter no gubernamental o semigubernamental, o la Dirección de Aeronáutica Civil. Para esos efectos, me remito a la Secretaría-, a fin de que informe: 1.- Situación del material de vuelo de LAN y de Ladeco, en cuanto a sus condiciones de seguridad y de mantenimiento. 2.- Causas de los retrasos y suspensiones de vuelos ocurridos en los últimos seis meses. 3.- Evolución del número de suspensiones de vuelos o de retrasos motivados por razones técnicas y fundamentación de esas medidas. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados" por Su Señoría. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó a las 14.25. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.