REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS 323a. LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA) Sesión 75a., en jueves 14 de mayo de 1992. (Ordinaria, de 10:30 a 13:53 horas) Presidencia del señor Cerda García don Eduardo. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE GENERAL DE LA SESION I.SUMARIO DEL DEBATE II.ASISTENCIA III.TEXTO DEL DEBATE IV.SUMARIO DE DOCUMENTOS V.DOCUMENTOS DE LA CUENTA I.SUMARIO DEL DEBATE. 1.Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala6 ORDEN DEL DIA. 2.Modificaciones a la ley N° 18.175, sobre Quiebras. Primer trámite constitucional 7 3.Fondo para capacitación y formación sindical. Primer trámite constitucional. 21 4.Integración de Comisión Mixta 35 5.Acuerdo para rendir homenajes a continuación del Orden del Día de sesión ordinaria próxima 35 INCIDENTES. 6.Necesidades viales de la Séptima Región. Oficios 36 7.Votación de contingente militar en elección pasada. Oficios 36 8.Antecedentes sobre utilización de recursos destinados por la ley N° 19.070, Estatuto Docente. Oficio 41 9.Franquicias tributarias a pirquineros y pequeños mineros 42 10. Oportunidad en ejecución de obras viales en Décima Región. Oficios43 11. Construcción de viviendas en Puerto Montt, Décima Región. Oficio 43 12.Alcances a intervenciones sobre votación de contingente militar en elección pasada 44 II.ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (73) --Acuña Cisternas, Mario --Araya, Nicanor de la Cruz --Aylwin Azocar, Andrés --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bosselin Correa, Hernán --Campos Quiroga, Jaime --Cantero Ojeda, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Alfaro, Gustavo --Cerda García, Eduardo --González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Chadwick Piñera, Andrés --Devaud Ojeda, Mario --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Angel --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García Ruminot, José --Hamuy Berr, Mario --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Huepe García, Claudio --Jara Wolff, Octavio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Kuzmicic Calderón, Vladislav --Leay Morán, Cristian --Leblanc Valenzuela, Luis --Longton Guerrero, Arturo --Martínez Ocamica, Gutenberg --Martínez Sepúlveda, Juan --Masferrer Pellizzari, Juan --Mekis Martínez, Federico --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Muñoz Dalbora, Adriana --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palestro Rojas, Mario --Palma Irarrázaval, Andrés --Peña Meza, José --Pérez Muñoz, Juan Alberto --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Ringeling Hunger, Federico --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Sotomayor Mardones, Andrés --Tohá González, Isidoro --Ulloa Aguillón, Jorge --Urratia Avila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Velasco De la Cerda, Sergio --Vilches Guzmán, Carlos --Vilicic Karnincic, Milenko --Villouta Concha, Edmundo --Yunge Bustamante, Guillermo Con permiso constitucional, estuvieron ausentes la Diputada señora Laura Rodríguez Riccomini, y los Diputados señores Armando Arancibia Calderón y Jorge Schaulsohn Brodsky. Asistió además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar Sanz. III.TEXTO DEL DEBATE. Se abrió la sesión a las 10:30. El señor CERDA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 73a. se declara aprobada. El acta de la sesión 74a. queda a disposición de los señores Diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en Secretaría. El señor CERDA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. El señor CERDA (Vicepresidente).- Antes de continuar, debo dar una explicación a los señores Diputados respecto de la orden de cerrar las puertas de acceso a la Sala, con el fin de determinar si existe quorum suficiente para dar inicio a la sesión. En ninguna parte del Reglamento de la Corporación se señala quién debe indicar cuál es el momento en que se cierran las puertas. En esta oportunidad, según mi reloj faltaba un minuto para el inicio de la sesión, razón por la cual ordené que se abrieran nuevamente, pues el Presidente y el Secretario son quienes certifican la hora. Tiene la palabra el Diputado señor Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, me parece que como procedimiento se debería actuar siempre igual en esta Sala. Ha habido oportunidades en que se ha ordenado cerrar las puertas y muchos Diputados no hemos alcanzado a entrar justamente en el minuto en que se cerraban. En esta oportunidad ocurrió algo distinto: se cerraron, se abrieron, entraron algunos señores Diputados y se volvieron a cerrar. Entonces, se debe utilizar siempre el mismo procedimiento y no actuar cada vez en forma distinta. El señor CERDA (Vicepresidente).- La Mesa le encuentra toda la razón al señor Diputado, y por eso ha manifestado su criterio de que el Presidente y el Secretario deben certificar la hora y ordenar cerrar las puertas. Pronto esperamos entregar las reformas al Reglamento, en las que se incluye una modificación precisamente sobre esta aspecto; es decir, que por lo menos haya cinco minutos de espera antes de que eventualmente fracase la sesión. Si hay quorum, se inicia de inmediato; en caso contrario, se debe esperar hasta ese lapso, como forma de que haya quorum, porque a los señores Diputados les interesa legislar y no que por un minuto la Cámara quede sin hacerlo. 1.AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA. El señor CERDA (Vicepresidente).- La Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 19 del presente de 11:30 a 13:30 y de 18:30 a 24 horas, y el miércoles 20 de 11:30 a 13:30 y de 15:30 a 19 horas, suspendiendo la sesión en caso de que sea necesario concurrir a la Sala para votar. Si le parece a la Sala, así se aprobará. Aprobado. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, le ruego solicitar el acuerdo de la Sala, para cambiar el orden de los proyectos que figuran en la tabla de hoy. El que está en segundo lugar, sobre capacitación y formación sindical, es un proyecto de fácil despacho, lo que permitiría dedicar el resto de la sesión al estudio de la otra iniciativa, que me parece más compleja. El señor CERDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá, destinando media hora al análisis del primer proyecto, con tratamiento de fácil despacho. No hay acuerdo. ORDEN DEL DIA. 2.MODIFICACIONES A LA LEY N° 18.175, SOBRE QUIEBRAS. Primer trámite constitucional. El señor CERDA (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.175, sobre quiebras. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Campos. El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 644-03 y figura en el número 21 de los documentos de la Cuenta de la sesión 73a., celebrada el 12 de mayo de 1992. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo paso a emitir el informe, en segundo trámite reglamentario, del proyecto que modifica la ley N° 18.175, sobre quiebras, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Durante el segundo informe, junto con analizar y estudiar las indicaciones que se presentaron tanto en la Sala como en la Comisión, se contó con la asesoría y la colaboración de los señores Pablo Cifuentes, abogado asesor del Ministerio de Justicia; Selim Carrasco, Fiscal del Departamento Jurídico de la Tesorería General de la República, y Alfredo Echeverría, Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos. En conformidad con lo prescrito en el Reglamento, paso a informar sobre aquellas cuestiones fundamentales que inciden en este proyecto de ley. En primer término, los artículos que no han sido objeto de indicación ni de modificación. Se encuentra en esta situación reglamentaria el artículo 3°, el que conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129 del Reglamento, deberá ser aprobado ipso jure por la Honorable Cámara al inicio de la discusión particular. En segundo término, no existen artículos que hubieren sido calificados de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. En lo que se vincula con artículos suprimidos, la Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los Honorables colegas Jorge Molina y Raúl Urrutia, que elimina el artículo 2° En consecuencia, el artículo 3° pasa a ser 2° Finalmente, en lo que se refiere a modificaciones, el artículo 1° fue objeto de enmiendas mediante las indicaciones que se presentaron en la discusión general, de las que, en definitiva, sólo fue aprobada una. Antes de analizar el contenido de las indicaciones presentadas en la Comisión, particularmente el de la aprobada, creo pertinente que los Honorables colegas recuerden que en la discusión general ya se suscitó un interesante debate, por diversos parlamentarios que intervinieron en él, respecto de algunas materias de orden jurídico que se estimó necesario esclarecerlas antes de legislar o de emitir juicios categóricos sobre ellas. También en la Comisión persistieron dudas en orden a determinar cuál es el sentido y alcance del desasimiento como un efecto de la declaratoria de quiebra. Luego hubo una discusión, también interesante, en la que se dieron opiniones distintas en cuanto a las voluntades que deben concurrir o los consentimientos que deben prestarse para realizar los bienes de la quiebra como unidad económica. En la actualidad, la legislación exige la concurrencia del consentimiento o la voluntad tanto del fallido y del síndico como de la propia junta de acreedores. Se presentaron indicaciones y se suscitaron discusiones vinculadas con la eventualidad de que el fallido se niegue o no desee prestar su consentimiento o su voluntad para que se realicen sus bienes como unidad económica. Inmediatamente se planteó la posibilidad de que esa carencia o falta de voluntad del fallido fuere suplida por la autorización judicial. Sin embargo, y por mucho que en la Cámara se aprobaron indicaciones en tal sentido, también hubo opiniones que previnieron o previeron los efectos jurídicos que, desde un punto de vista práctico, importaría establecer un procedimiento de autorización judicial, lo que -reitero- puede ser una puerta para que el fallido inicie todo tipo de maniobras dilatorias que, en definitiva, entorpezcan la mejoría legislativa que se pretende lograr con este mensaje. Por último, se discutió la forma como se realizan los bienes del fallido declarados unidad económica. Se advirtió que existen, no sólo desde un punto de vista conceptual, sino también práctico y de los efectos que ello conlleva, diferencias apreciables entre la pública subasta, como medio de realización de los bienes, y la mera licitación. Ahora bien, la Comisión, luego de un debate extenso, pero que estimo inacabado, aprobó por 5 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, una indicación de los Diputados señores Jorge Molina y Raúl Urrutia, la que, en primer término, agrega el siguiente inciso segundo al artículo 124, de la ley N° 18.175: "En el caso del inciso anterior será obligatorio proceder a la enajenación en licitación pública y al mejor postor." En segundo lugar, incorpora el siguiente inciso final al artículo 124: "La proposición del síndico podrá ser autorizada por el juez, en el caso que el fallido no hubiese concurrido con su voto favorable, por cualquier causa. El juez deberá resolver sobre la proposición del síndico en el plazo fatal de cinco días, contado desde su presentación, previo traslado al fallido. El rechazo de la proposición deberá ser fundado, debiendo indicarse en la resolución las razones precisas por las cuales el juez considera la enajenación inconveniente para los intereses de los acreedores o del fallido." Como los Honorables colegas podrán apreciar, esta indicación adopta criterios o posiciones precisas respecto de la temática general en que se discutió, y que advertí hace unos momentos. Fundamentó y defendió esta indicación el Diputado señor Jorge Molina, quien señaló que, con la nueva redacción propuesta, se mantiene la voluntad del fallido en la realización de sus bienes como unidad económica, lo que constituye una diferencia de fondo con la proposición del Ejecutivo consignada en el proyecto original, que excluía absolutamente tal expresión de voluntad. Agregó el colega Molina que, al establecerse la obligación de proceder a dicha enajenación en licitación pública y al mejor postor, se estaba resguardando en mejor forma los derechos del fallido; además, si éste no concurriere con su voto favorable por cualquier causa, el juez que conoce el proceso suplirá dicha voluntad. Añadió que prefiere utilizar la expresión "voto favorable", para no incluir el voto en contra que pudiese emitir el fallido, como no expresión de voluntad. Como consecuencia de este criterio, formuló indicación para suprimir el artículo 2° del proyecto de ley en informe, que interpreta la falta de voto favorable del fallido, por el hecho de votar en contra de la proposición del síndico, lo que, a su juicio, constituye un atropello manifiesto a la declaración expresa de voluntad del fallido. Explicó el colega Molina que es susceptible de interponer un recurso de apelación a la resolución del juez, pero en el solo efecto devolutivo, para evitar que el proceso se suspenda, siendo procedente, en todo caso, el recurso de queja. Expresó el señor Molina que en la misma línea anterior ahora se exige que si la resolución es negativa, tiene que ser fundada, debiendo consignarse en ella las razones que tuvo el tribunal para proceder en tal forma. La Comisión analizó ampliamente esta proposición de los honorables colegas Molina y Urrutia junto a las demás presentadas por diversos señores Diputados para dar una nueva redacción al artículo 1°, y concluyó aprobándola, pues estimó que esa fórmula resguardaba mejor los derechos del fallido en la realización de los bienes de la quiebra. A su vez, al reglar el procedimiento que debe seguir el juez en el evento que le corresponda suplir la voluntad del fallido, procura impedir que la resolución que se dicte sea motivo de demora en el normal desarrollo del proceso judicial. La Comisión no introdujo artículos nuevos; además, estimó que no existen artículos que deban ser estudiados por la de Hacienda. La Comisión conoció a continuación conoció cinco indicaciones, aparte de las de los Diputados señores Molina y Urrutia. La verdad es que por un problema de procedimiento reglamentario, al que me referiré al término del informe, no fue posible estudiarlas y analizarlas debidamente. Si estimo que por haberse aprobado al inicio del debate la indicación de los Diputados mencionados y ser contradictoria con las presentadas por los Diputados señores Recondo, Arancibia, Bosselin y el que habla no era posible entrar a discutirlas éstas. En consecuencia, no se pudo realizar un análisis profundo, como el que deseábamos. Sin embargo, por mandato del Reglamento, debo referirme a ellas, o por lo menos enunciarlas. En primer lugar, mencionaré la indicación de los Diputados señores Arancibia y Campos, para sustituir el artículo 1° por el siguiente; "Artículo 1°: No obstante, si faltare la voluntad del fallido, el juez podrá disponer la realización de los bienes como una o más unidades económicas, que se haya acordado efectuar en licitación o subasta pública y al mejor postor. "El Tribunal resolverá previa audiencia informativa del fallido, cuya citación le será notificada mediante publicación en el "Diario Oficial" y con un plazo fatal de cinco días para comparecer. Esta resolución será inapelable y no dará lugar a incidente alguno.". Luego, el Diputado señor Recondo presentó otra para sustituir el mismo artículo 1° por el siguiente: "Artículo 1°. Agréganse los siguientes incisos al artículo 124 de la ley N° 18.175: "No obstante, cuando se acuerde la enajenación del activo al martillo o en licitación pública, bastará la autorización del juez, el que procederá con citación del fallido. "La resolución que otorgue la autorización no será susceptible de recurso alguno." Finalmente, el Diputado señor Bosselin formuló una con el mismo objeto del tenor siguiente: "Artículo 1°.- Agrégase al artículo 124 de la ley N° 18.175, el siguiente inciso final: "No obstante lo anterior, tratándose del fallido sometido a proceso por quiebra fraudulenta no se requerirá ni su voluntad ni la del juez de la causa en subsidio, siempre que la enajenación de los bienes como una o más unidades económicas se acordare efectuar en licitación o subasta pública o al mejor postor." Otra indicación, presentada por el Diputado señor Recondo, agrega el siguiente artículo: "Agrégase al inciso final del N° 1 del artículo 125 de la ley N° 18.175, la siguiente oración, pasando el punto final (.) a ser punto seguido (.): "En caso de desacuerdo, la proposición será fijada por el tribunal”. La última indicación, presentada por el Diputado que habla, consiste en sustituir el artículo l° del proyecto por el siguiente: Artículo 1° Agrégase al artículo 124 de la ley N° 18.175 el siguiente inciso final: "La junta de acreedores, con el quorum señalado en el inciso anterior, podrá acordar la realización de los bienes del fallido como unidad económica, sin necesidad de su autorización, en subasta pública y al mejor postor. El remate se realizará ante el juez que conoce de la quiebra, quien actuará como representante legal del fallido. Para estos efectos el síndico dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 en lo no modificado por este inciso." Por las razones de procedimiento anteriormente enunciadas y que emanan del Reglamento de esta Corporación, no hubo debate, como la Comisión lo hubiera deseado, respecto del contenido de estas indicaciones, ya que reitero, al iniciar nuestro trabajo, se aprobó la indicación de los señores Molina y Urrutia, lo que entrabó un análisis mucho más profundo de las materias anteriormente enunciadas. Luego, señor Presidente, el artículo 1° aprobado por la Comisión, con la indicación anteriormente citada, agrega, en lo sustancial dos incisos nuevos al artículo 124 de la ley N° 18.175, sobre Quiebras. Por estas consideraciones, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda a la Sala aprobar el siguiente proyecto de ley: "Artículo 1°.- Agréganse al artículo 124 de la ley N° 18.175, los siguientes incisos nuevos, que pasan a ser segundo y tercero: "En el caso del inciso anterior será obligatorio proceder a la enajenación en licitación pública y al mejor postor. "La proposición del síndico podrá ser autorizada por el juez, en el caso que el fallido no hubiese concurrido con su voto favorable, por cualquier causa. El juez deberá resolver sobre la proposición del síndico en el plazo fatal de cinco días, contado desde su presentación, previo traslado al fallido. El rechazo de la proposición deberá ser fundado, debiendo indicarse en la resolución las razones precisas por las cuales el juez considera la enajenación inconveniente para los intereses de los acreedores o del fallido.". "Artículo 2°.- Las modificaciones introducidas a la ley N° 18.175, por el artículo precedente, regirán desde su publicación en el "Diario Oficial" y se aplicarán a las quiebras en actual tramitación.". No podría terminar este informe, señor Presidente, sin mencionar un hecho ulterior al trabajo de la Comisión, pero que ha estado en conocimiento de la mayoría de sus integrantes, y al que se referirá en detalle el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Honorable colega Raúl Urrutia, la cual, con posterioridad al trabajo de aquella, se abocó también al conocimiento del proyecto. Las informaciones y los antecedentes que nos han llegado nos indican que se ha perfeccionado considerablemente el proyecto de ley en el seno de esa Comisión, no sólo respecto de la proposición original del Ejecutivo, sino, incluso, de la fórmula aprobada por la Comisión de Economía. Ello, en términos tales, que muchas de las indicaciones presentadas en ésta o, por lo menos, el espíritu, las ideas, o las soluciones propuestas y planteadas en ella que no pudieron ser debatidas ni resueltas en la forma que hubiéramos deseado, por las razones procedimentales anteriormente dichas, fueron recogidas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esto nos ha llevado a un replanteamiento de este proyecto de ley, materia respecto de la cual obviamente no me puedo pronunciar en representación de la Comisión de Economía; pero, a título personal, debo decir que, por lo que les he escuchado a otros de sus integrantes, el acuerdo o la fórmula alcanzada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos satisface mucho más que los términos en que este proyecto de ley fue aprobado en su momento por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Honorable Cámara. Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que cuando el Honorable colega Raúl Urrutia termine de dar su informe en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, establezcamos un procedimiento respecto de la forma cómo manejaremos el debate y cómo votaremos: si nos pronunciaremos sobre el texto aprobado por la Comisión de Economía o por el de la Comisión de Constitución. Obviamente, el Diputado que habla prefiere esta última alternativa, ya que -reitero- la consideramos mucho más satisfactoria que el trabajo que nosotros realizamos. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Raúl Urrutia. El señor URRUTIA Señor Presidente, agradezco el completo informe entregado por el Honorable señor Jaime Campos sobre la iniciativa relativa a la realización de los bienes de las quiebras, lo que permitirá agilizar los procesos correspondientes. Además, tiene razón al señalar que hay dos proyectos de ley sobre la misma materia, sobre los cuales tendremos que pronunciamos. Por razones de tiempo, no repetiré lo expresado en forma brillante por el señor Campos, respecto de las razones dadas en favor y en contra del proyecto original enviado por el Ejecutivo. Me referiré, principalmente, a los cambios introducidos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a los artículos 123 y siguientes de la ley N° 18.175. Previamente, hay que mencionar que el artículo 122 de la Ley de Quiebras establece la forma de enajenar los bienes del fallido. Si se trata de especies corporales muebles, se venden al martillo; los valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, en remate en la Bolsa de Valores; los créditos de morosa o difícil realización, por el síndico a precio alzado; todos los demás bienes, corporales o incorporales, en pública subasta ante el juez de la quiebra o en licitación pública. Por su parte, el actual artículo 123 permite a "la junta de acreedores, a propuesta del síndico y con el voto favorable de más de la mitad del pasivo de la quiebra con derecho a voto y del fallido, podrá acordar, en cualquier tiempo, una forma diferente de realización de los bienes" a la establecida en el artículo 122. El nuevo artículo 123 sugerido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia mantiene esta misma disposición, pero elimina la exigencia de que la proposición debe provenir necesariamente del síndico. Agrega un nuevo inciso, mediante el cual se autoriza a la junta de acreedores para acordar que la realización de los bienes se haga en subasta pública y al mejor postor. En este caso, no será necesario contar con el voto favorable del fallido, pero debe hacerse ante el juez, con el objeto de cautelar los intereses del fallido y de los acreedores. Con la norma aprobada por la Comisión, no sólo se termina con todas aquellas anomalías que se señalaron como causal de inconstitucionalidades, sino que, también, se evitan los abusos del fallido al negar su consentimiento para realizar los activos de la quiebra, lo que agilizará el proceso, y facilitará una solución rápida a todos los acreedores. Como dijimos, no se deja en la indefensión al fallido, el cual podrá ejercer todos los derechos que el procedimiento de quiebras y la ley procesal le otorgan. Además y esto es muy importante, no se afecta el derecho de propiedad que, a juicio de muchos señores Diputados, se podría vulnerar con lo establecido en el proyecto original. El nuevo artículo 123, que recoge las indicaciones presentadas en la Comisión de Constitución tanto por el Honorable Diputado señor Molina y por quien habla, como también las formuladas por otros señores Diputados en la Comisión de Economía de esta Cámara, señala: "Artículo 123.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior se refiere al 122 que indica la forma de realización del activo de la quiebra, la junta de acreedores, con el voto favorable de más de la mitad del pasivo de la quiebra con derecho a voto y del fallido, podrá acordar, en cualquier tiempo, una forma diferente de realización de los bienes de la masa y las modalidades de la misma. "Si la junta de acreedores acordare efectuar la realización de los bienes en subasta pública y al mejor postor, no será necesario contar con el voto favorable del fallido. La subasta deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra." Con ello, insisto, se solucionan los problemas que se presentaban en el proyecto original. El artículo 124 que propone la Comisión dispone: "Los acreedores, que reúnan más de la mitad del total pasivo de la quiebra sin requerir que la proposición la efectúe el síndico, como lo exige el artículo 124 vigente, podrán acordar la enajenación de todo o parte del activo de la misma como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor. Esta deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra". Por otra parte, se introduce una modificación al artículo 125 para concordarlo con el artículo 124, se reemplaza su encabezamiento por el siguiente: "En las bases de la enajenación como unidad económica se deberá señalar, a lo menos, lo siguiente:", y se suprime su número 3. Reitero, el artículo 125, se modifica para adecuarlo con lo dispuesto por el artículo 124, propuesto y aprobado por la unanimidad de la Comisión. Además, se sustituye el artículo 127 por el siguiente: "Si ofrecida la unidad económica conforme con las bases, no hubiere interesados, se procederá nuevamente a ofrecerla en subasta pública y al mejor postor, pudiendo en tal caso, rebajarse el precio hasta los dos tercios del fijado en aquellas." Establece también que se podrán introducir modificaciones a las bases para el segundo llamado, para ello deberá contarse con la aprobación de los acreedores en los términos indicados en el artículo 124. Agrega: "Si en una segunda oportunidad tampoco hubiera interesados, continuará la realización de los bienes conforme con las normas pertinentes de esta ley." Por último, el artículo 2e del proyecto propuesto por la Comisión dispone que las modificaciones introducidas a la ley N° 18.175 regirán desde su publicación en el Diario Oficial. También debo informar a la Honorable Cámara que la Comisión rechazó las otras indicaciones por resultar inconciliables con el proyecto aprobado. A nuestro juicio, la iniciativa no contiene normas que requieran quorum calificado o de ley orgánica constitucional para su aprobación. Por lo tanto, ante esta realidad inédita producida en la Cámara, de que exista una proposición tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión de Constitución; teniendo presente que para su aprobación -que fue por unanimidad- se contó con la presencia y el acuerdo del señor Ministro de Justicia y con las opiniones de don Rafael Gómez Balmaceda, Fiscal Nacional de Quiebras, y de don Selim Carrasco Domínguez, Fiscal de la Tesorería General de la República, y en virtud de lo manifestado, básica y fundamentalmente por el Honorable señor Campos, con relación a que muchos señores Diputados de la Comisión de Economía consideran también más adecuada la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, solicitamos su aprobación por esta Sala. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- En conformidad con lo planteado por ambos Diputados informantes, solicito el asentimiento de la Sala para efectuar la discusión y votación particular del proyecto, según los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si le parece a la Cámara, así se acordará. Acordado. El señor CERDA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Rojo. El señor ROJO.- Señor Presidente, para entender el procedimiento a seguir y la discusión de este proyecto de ley, es necesario considerar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia amplió la órbita de su competencia, de acuerdo con las ideas matrices del proyecto. En la actual Ley de Quiebras existe una serie de vicios que han permitido, hasta hoy, la venta de bienes del fallido, en forma inconveniente para sus intereses y el de los acreedores. La quiebra, como bien se sabe, se inicia a través de una sentencia definitiva, en un proceso en que se ventiló la situación de un deudor insolvente. Cumplidos los requisitos legales, con las correspondientes garantías y resguardos procesales, el tribunal llega a la conclusión de que una persona debe ser declarada en quiebra. Este deudor insolvente, que toma el nombre de fallido, no pierde el dominio de sus bienes. Lo que se produce como efecto de la quiebra es el desasimiento; es decir, el fallido queda inhibido, de pleno derecho, de la administración de todos sus bienes, la que pasa, de derecho, al síndico. El desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos, hasta pagarse de sus créditos. Como consecuencia del desasimiento, el fallido pierde todos los atributos del dominio, o sea, el derecho de uso, goce y disposición. En consecuencia, en la realización de sus bienes, no es necesaria la consecuencia de su voluntad. ¿Cómo se liquidan los bienes de este fallido? Las especies corporales muebles se venden al martillo; los valores mobiliarios que tengan cotización bursátil acciones, se rematan en la Bolsa de Valores; los créditos activos de morosa o de difícil realización, por el síndico a precio alzado; todos los demás bienes, corporales o incorporales, en subasta pública ante el juez que conoce de la quiebra o en licitación pública. Con estas ideas, el artículo 123 del proyecto establece, en este caso, los acreedores, con la concurrencia del síndico, pueden acordar una forma diferente de realización de los bienes de la masa y las modalidades de la misma. Pero si la junta de acreedores acordare realizar los bienes en subasta pública y al mejor postor, no es necesario contar con su voluntad. Por su parte, el artículo 124 se refiere al caso en que se acuerda, por la mitad del total de los acreedores, realizarlo como un conjunto o unidad económica en subasta pública y al mejor postor. En estos casos, a través de una indicación que presentamos en conjunto con el Diputado señor Elgueta, agregamos que ésta deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra. Con esto evitamos que en lo sucesivo se presente la situación en la que, muchas veces, el propio síndico realizaba la subasta y, a veces, lo hacían martilieros que carecen de dicha facultad o que sólo son meros comisionistas o intermediarios. En el artículo 127, que se agrega, se estableció el procedimiento a aplicar, el mismo que se ha usado para la realización de todos los bienes de un deudor común y corriente: subasta pública ante un juez letrado, rebajándose el precio si no existen los interesados para dicha subasta. Mediante estas reformas, que fueron acordadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se solucionan los problemas que han existido durante todo este tiempo, adecuando la actual legislación al procedimiento señalado en el Código de Procedimiento Civil. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Antes de dejar con la palabra al Diputado señor Bosselin, la mesa advierte que estamos en el segundo informe de este proyecto. En consecuencia, sólo corresponde su discusión en particular. Sin embargo, como al modificar el proyecto se ha hecho prácticamente de nuevo, solicito el asentimiento de la Sala para discutirlo en general. A continuación, se procederá a votar los artículos uno por uno. Acordado. Tiene la palabra el señor Bosselin. El señor BOSSELIN.- Sí, es preferible hacer el debate en general. Señor Presidente, con su venia, le concedo una breve interrupción al Diputado señor Mekis. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MEKIS.- Señor Presidente, quiero referirme a un aspecto de este proyecto que se vincula con aquel caso en que existe continuidad de giro. A su vez, deseo analizar la importancia de la modificación que hoy se debate por cuanto enfatiza y remarca un aspecto fundamental en la economía de mercado que tiene el país. En ella hay dos posibilidades para el empresario: el éxito o el fracaso. Cuando un empresario fracasa, debe echar mano a una ley que establezca un procedimiento por el cual se enajenen todos los bienes y permita que este agente económico salga del mercado. Pero cuando existe la posibilidad de una continuidad de giro, lo que ya es una excepción, y a ella se agrega una segunda excepción, como ocurre en la práctica con las actuales disposiciones de la Ley de Quiebras, que requieren el concurso del deudor para la enajenación de ciertos bienes, se está restringiendo la posibilidad de que la economía de mercado se exprese en toda su plenitud. Si se introduce una modificación como ésta, se permitirá restablecer el equilibrio necesario -me refiero, especialmente, al caso de la continuidad de giro- entre el agente económico que ha fracasado y los que han tenido éxito. Una continuidad de giro de la empresa, agregada a la inoperancia de ciertas normas para que se liquiden bienes del fallido, podría tener perniciosa consecuencia: la existencia, en definitiva, de un agente económico que está siendo subsidiado por la masa. Eso impedirá desarrollarse en amplia competencia a los demás agentes económicos que persiguen un mismo fin dentro de la economía de mercado del país. Este aspecto me parece relevante para remarcar el apoyo que nuestro partido le da a este proyecto, como personas que firmemente creen que la economía de mercado no sólo tiene el carácter de mejor asignador de los recursos, sino que produce muchos otros efectos importantes para la sociedad y las familias que la constituyen. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bosselin. El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto la mayoría de los argumentos dados por el Honorable Diputado señor Federico Mekis, pero con una rectificación de fondo, en el sentido de que bajo el actual Gobierno y dentro del Programa de la Concertación se está tratando de aplicar una especie de economía social de mercado con criterio de solidaridad. Una de las manifestaciones del principio de protección de la empresa, acorde con las modernas orientaciones del Derecho Comercial, son las contenidas en los artículos 112 y 124 de la actual Ley de Quiebras, que consagran, respectivamente, la continuación efectiva del giro de las actividades del fallido y la modalidad de realización de los activos de la quiebra como un conjunto o unidad económica, lo que permite que la empresa pueda permanecer funcionando durante la quiebra y que no se desintegren los elementos que la constituyen al enajenarse los bienes en el juicio concursal. La ley N° 18.598, de 5 de febrero de 1987, introdujo diversas modificaciones para facilitar la continuación del giro efectivo de las empresas y estimular la celebración de convenios preventivos. Sin embargo, en esa oportunidad no se consultó el aspecto relativo a simplificar las exigencias previstas por la ley para enajenar los bienes como un conjunto o unidad económica, dado que el cuerpo legal establece la necesidad de que se cuente, entre otros requisitos, con el voto favorable del fallido. Si como consecuencia del pronunciamiento de la declaración de quiebra el fallido queda inhibido de pleno derecho de la administración de sus bienes, como efecto del desasimiento, a fin de que los acreedores puedan disponer de sus bienes y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, habría de comprenderse que puede ser un factor de entorpecimiento serio para acordar la venta de los bienes como un conjunto o unidad económica, la posibilidad que el fallido enerve esa enajenación con una negativa arbitraria o antojadiza, dando motivo, así, para dilaciones inútiles. Ha de tenerse presente que la realización de los bienes como un conjunto o unidad económica cautela no sólo el interés particular del fallido, cuanto que además protege el interés colectivo de los acreedores y, por encima de ellos, satisface el interés público al posibilitar que la empresa viable no se destruya, porque de otra forma el remedio sería peor que la enfermedad. Por otro lado, la venta del conjunto permite obtener un precio superior al que se conseguiría con la liquidación separada de sus bienes, por cuanto pueden incluirse en el valor de los bienes incorporales que pierden su propia individualidad si dejan de estar adscritos a la unidad económica que conforma la empresa. Ha existido en los debates, tanto en esta Cámara como en las Comisiones, una idea recurrente en tomo del sentido exacto que tiene el desasimiento del fallido en relación con la supuesta necesidad de proteger o sobreproteger los intereses del fallido. Tal como se dijo en la primera oportunidad en que esta Sala debatió el problema, el desasimiento efecto de la declaratoria de quiebra que opera de pleno derecho, si bien no significa que el quebrado pierda el dominio sobre los bienes, sí implica que queda desprovisto de las facultades inherentes al dominio de uso, goce y disposición. Y estando privado de la facultad de disposición, no se divisa razón atendible para que sea necesaria la exigencia de su voluntad para proceder a enajenar los bienes, sobre todo tomando en consideración que el procedimiento de la quiebra establece suficientes garantías, tales como la existencia de la junta de acreedores, que tiene un procedimiento expedito, transparente, donde se resguardan los intereses en conflicto. La enajenación como unidad económica deberá tener su acuerdo a través de la junta de acreedores. Si el fallido estimare que el acuerdo que lleva por voluntad de los acreedores a enajenar los bienes como unidad económica, es perjudicial o dañina para sus intereses, le queda la alternativa consagrada en el artículo 5° de la Ley de Quiebras, que prescribe: "Toda cuestión que se suscite en el juicio de quiebra se tramitará como incidente, a menos que la ley señale un procedimiento diverso." Esto es, planteaba la observación del fallido respecto de lo abusivo o dañino que podría ser el acuerdo de los acreedores, deberá dar lugar al correspondiente incidente. Al debatir este tema en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el señor Fiscal de Quiebras manifestó que, al promoverse este incidente, al mismo tiempo se podían solicitar las medidas cautelares adecuadas para impedir que mientras éste se falle, se lleve a cabo la resolución de los acreedores destinada a enajenar como unidad económica los activos de la empresa, situación de carácter excepcional que el tribunal deberá ponderar no sólo de acuerdo con las normas de la Ley de Quiebras, sino también por las normas que rigen la tramitación de los incidentes y aquellas que se refieren a las medidas precautorias. Aquí me detengo en un punto, porque pese a que me hace mucha fuerza la opinión del señor Fiscal Nacional de Quiebras, no cabe la menor duda de que la doctrina y los tribunales, al parecer, tienen opinión discrepante sobre si en los juicios de quiebra, en relación a los bienes que forman parte de la masa, se pueden disponer o no medidas precautorias o cautelares. En el espíritu de la modificación de esta norma esa posibilidad es real, sin perjuicio de que, para darle mayor fuerza, habrían sido necesarias modificaciones de otra naturaleza, en el sentido de contemplar expresamente la vigencia y aplicación de las medidas precautorias en el procedimiento de quiebra. Esto es cuanto quería decir sobre la modificación a la Ley de Quiebras que, tal como dijo el Honorable Diputado señor Urrutia, se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Creo importante dejar constancia de la participación muy especial y protagónica que tuvieron en la búsqueda de solución al tema, los Honorables Diputados don Jorge Molina, quien trabajó intensamente en la materia, y don Raúl Urrutia, sin perjuicio de la colaboración que nos correspondió desde nuestra perspectiva. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, para Renovación Nacional es positivo que a través de este proyecto se tienda a agilizar la enajenación del activo de una empresa fallida, en especial en el caso de continuidad de giro, pues ello guarda concordancia con la concepción general de la ley N° 18.175, en el sentido de que la quiebra tiene por objeto reasignar los recursos del fallido en el menor tiempo posible, ya que compromete el interés general y a todos conviene que los recursos se empleen en fines productivos y que se conozca la propiedad de la empresa. En la versión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se resguardan y armonizan y se da fluidez a los interés del fallido, de los acreedores, de los trabajadores de la empresa y de la sociedad en general, sobre todo en el caso de continuidad de giro. Por esta razón, Renovación Nacional va a apoyar los dos artículos del proyecto. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, la enajenación como unidad económica en el caso de las quiebras, desde el punto de vista económico, simplemente, es un cambio de administración; y desde el punto de vista jurídico, es un acto de enajenación o de disposición. Por esta razón, en general, para este tipo de situaciones, la Ley de Quiebras no tomó en cuenta la voluntad del fallido, que ya está representada por la decisión del juez. Sin embargo, en el caso de las enajenaciones y del acuerdo de los acreedores, se planteó la necesidad de contar con ella. En este aspecto, quiero reiterar la que fue idea matriz del proyecto. La idea matriz del proyecto fue suprimir la voluntad del fallido en las enajenaciones de unidades económicas. El proyecto aprobado por la Comisión de Economía, simplemente, no tradujo esa idea matriz y mantuvo, de una u otra manera, la voluntad del fallido, ya que si éste no autoriza o no puede autorizar, se reemplaza por la decisión del juez, lo que es, como siempre sostuvimos en la Sala, una verdadera redundancia, puesto que jurídicamente, en este tipo de actos procesales, como en todos los juicios de apremio o ejecutivos, el juez representa la voluntad de la persona apremiada o ejecutada. De esta manera, llegamos al proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que representa la solución más armónica del problema. Como los demás colegas se han referido a distintos aspectos de la materia, sólo quiero hacer resaltar, frente a las aprensiones de los señores Diputados que objetan que el fallido pueda intervenir en este tipo de acuerdos, que propusimos con el Diputado don Hernán Rojo que se establezca una especie de garantía, al igual que en los juicios ejecutivos, cuando se trata de subastar los inmuebles comprendidos dentro de la unidad económica: que la licitación pública o remate se efectúe ante el juez que conoce de la quiebra. De este modo se mantiene también otro concepto jurídico, el de la unidad procesal, porque no es propio que bienes de importancia, como son los bienes raíces, que constituyen una unidad económica, de la cual dependen muchas veces decenas de trabajadores, se realicen ante diversas personas, martilleros, funcionarios e incluso representantes nombrados por la junta de acreedores, y ellas no signifiquen garantía para la sociedad, para los trabajadores y, en general, para los propios intereses de la masa. En consecuencia, la garantía procesal de que los remates se efectúen ante el juez de la causa, representa una auténtica solución a la indicación formulada por los Diputados señores Molina y Urrutia, que constituyó la base del proyecto. Desde este punto de vista, lo aprobaremos. No obstante, quiero comentar su artículo 2°, que, en realidad, ha sido poco observado durante el transcurso del debate. La quiebra es un juicio y, normalmente, todas las reglas procesales que se refieren a los juicios rigen "in actum" desde su publicación en el Diario Oficial. Por eso, parece que esta disposición estuviera de más, porque señala que las modificaciones que se introducen "regirán desde su publicación en el Diario Oficial y se aplicarán a las quiebras en actual tramitación". Sin embargo, el juicio de quiebra es un acto muy complejo. En verdad, acumula distintos juicios; se realizan actuaciones de diversa índole. Diría que comprende actuaciones de carácter procesal, que son la mayoría, y también de carácter sustantivo. A propósito de la tesis o de la teoría de los derechos adquiridos, una ley muy antigua, del siglo pasado, llamada de efecto retroactivo de las leyes, dice sobre esta materia en su artículo 24 lo siguiente: "Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir". De aquí puede desprenderse que el artículo 2° está de más y no necesita existir. Y agrega: "Pero los términos -o sea los plazos- que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación". En consecuencia, el proyecto no afectará los plazos, las actuaciones o las diligencias iniciadas y, mucho menos las actuaciones o diligencias ya realizadas. Esto no puede ser cambiado; la ley empezará a regir "in actum" pero sólo para el futuro. Aquí se presenta el problema. Si el fallido ha realizado alguna actuación o diligencia de fondo; por ejemplo, ha expresado su voluntad contraria en caso de quiebra, ¿le afectará el proyecto que estamos proponiendo? Si así no ocurriera, en verdad, la supresión de la voluntad del fallido para este tipo de actuaciones tendría sólo importancia a partir de la publicación de la ley; pero si se hubiera opuesto a la enajenación de la unidad económica y participa en el acuerdo de los acreedores, según el artículo 24 de la ley sobre efecto retroactivo y la teoría de los derechos adquiridos, sin duda, estaría totalmente firme su actuación, su voluntad. Dejo formulada la interrogante porque este aspecto no ha sido resuelto; en todo caso, podría ser analizado con posterioridad y, en definitiva, solucionado el problema mediante la redacción de una norma. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin. El señor CERDA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin. El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, al referirse a la vigencia de la ley que establece el proyecto, y que afectará a las quiebras en actual tramitación, el Diputado señor Elgueta hizo mención a una norma del siglo pasado, contenida en la ley de efecto retroactivo de las leyes, que resuelve una serie de situaciones jurídicas. En primer lugar, esa antigua ley tiene cierta fundamentación en la teoría de los derechos adquiridos y de las simples expectativas, teoría clásica sobre la materia. La teoría de los derechos adquiridos está siendo dejada de lado en el derecho moderno, porque los múltiples problemas de la vida real no hallan solución en la teoría clásica; no encuentran respuestas. No es el momento de referirse a múltiples situaciones que se basan sobre la indefinición del propio concepto de derecho adquirido, de facultades legales, de facultades legalmente ejercidas. Son otras las teorías que predominan ahora, como la de Paul Roubier, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lyon, en Francia, que busca colocar el asunto en tomo del concepto de situación jurídica y de conflictos de leyes vinculadas con situaciones jurídicas. El Diputado señor Elgueta colocó el ejemplo de qué sucede en una quiebra en la cual se celebró ya la junta de acreedores, se propuso la enajenación como unidad económica y el fallido, haciendo uso de la disposición vigente, formuló oposición a la propuesta de enajenación de los bienes como unidad económica. ¿Qué sucede en ese caso respecto de la nueva norma? ¿Existe o no un derecho adquirido? ¿Existe o no un conflicto entre la nueva ley y la antigua? El problema debe abordarse desde una perspectiva distinta de la que ha señalado el Honorable Diputado Elgueta. No cabe la menor duda de que allí hay un acto procesal. No se ha establecido ningún derecho sustantivo. Y si el fallido acciona en contra de la resolución dictada subsidiariamente por el juez y el asunto pende de la consideración de la corte de apelaciones, con mayor razón no podrá sostenerse que existe algún derecho adquirido o que, por la vía procesal, ha precluido esa situación jurídica y no puede volver a debatirse. El asunto debe resolverse entonces desde el punto de vista de los bienes e intereses jurídicos en conflicto. Tenemos que hacer primar el interés público por sobre el del fallido. Y esta es una norma procesal que apunta al interés público, porque en él encuentra precisamente su fundamento. Y el ejemplo del Honorable Diputado Elgueta no lesiona derecho adquirido alguno, porque dicho concepto, a mi juicio, no se aplica directamente a las actuaciones judiciales, las cuales corresponden más propiamente a situaciones jurídicas. Una situación jurídica de carácter procesal tiene su dinámica y las modificaciones propias del proceso. Quería hacer esta aclaración, por cuanto este artículo 2°, que no habíamos analizado, podría en algunos casos y situaciones que actualmente se ventilan ante los tribunales de justicia producir frustración en la aplicación de normas relacionadas con la voluntad del fallido, las cuales dieron origen al debate en la Cámara de Diputados. Dictaríamos una disposición inútil para las situaciones de carácter general que se han tratado de solucionar en los casos de quiebras. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez. El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, nuestra bancada dará su aprobación a este proyecto en la forma como ha sido aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Nos alegramos de que esta Comisión, cuyos integrantes presentaron las mayores objeciones al proyecto del Ejecutivo, haya cambiado en parte sustantiva sus puntos de vista. No debe olvidarse que el planteamiento central del Ejecutivo fue eliminar el consentimiento del fallido para la enajenación de bienes en una quiebra, cuando ésta se realiza como unidad económica, en licitación pública y al mejor postor. Sin embargo, a pesar de todas las objeciones que se hicieron en un momento dado, tanto desde un punto de vista constitucional como legal procesal, en definitiva, fue acogida la idea matriz del proyecto del Gobierno. Quiero destacar que la modificación no sólo permite agilizar la realización de los bienes de una quiebra, sino que también incorpora el interés social y público presente en cualquier acto de esta naturaleza. No hay que olvidar que la venta por separado de los bienes de una quiebra impide que una unidad económica siga prestando servicios a la economía nacional. Por lo tanto, es obvio que en la medida en que se posibilita su venta como un todo, el precio que se logre será más ventajoso que el de la venta por separado. En definitiva, está avanzando en forma muy significativa en este sentido. También me parece importante destacar que, en general, los trabajadores son los más favorecidos de los acreedores de una empresa fallida, puesto que la posibilidad de un trámite ágil en la enajenación de los bienes, posibilita asimismo la indemnización de sus acreencias. Me alegro mucho de que, en definitiva, hayan primado estos elementos, que, aunque subyacen, revisten gran trascendencia en la modificación propuesta por el Ejecutivo. En lo demás se advierten cuestiones de análisis técnico sobre las cuales otros señores Diputados, que me antecedieron en la palabra, abundaron en detalles. Por lo tanto, sólo quiero destacar la unanimidad habida en estos aspectos centrales del proyecto, y dar a conocer su aprobación de parte de nuestra bancada. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, seré muy breve, porque las razones por las cuales apoyamos este proyecto ya las dimos en su discusión general. Me alegro de que en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se haya despejado absolutamente toda duda en relación con las objeciones de constitucionalidad planteadas en la Sala durante la discusión general del proyecto. En verdad, esas objeciones carecían de fundamento y el análisis de la Comisión nos deja totalmente conformes en esta materia. El aspecto de fondo del proyecto apunta a proteger los derechos de los acreedores frente a una quiebra, y son los trabajadores quienes, especialmente, resultan protegidos, porque al facilitar los trámites que permiten la enajenación de un establecimiento como unidad económica, se logra uno de los objetivos más importantes, cual es mantener su estabilidad laboral. La experiencia nos dice que en las quiebras los primeros y más gravemente afectados son los trabajadores, quienes no sólo comprometen sus créditos, sino que también su fuente laboral, generándose cesantía con los consiguientes efectos que todos conocemos. De manera que el proyecto, desde el punto de vista técnico, es mejor que el que conocimos en la discusión general, puesto que resuelve los problemas planteados, tanto de carácter constitucional como de procedimiento. Por esa razón lo votaremos favorablemente. Es digno de destacar, señor Presidente, que esta mañana, prácticamente, la hemos dedicado a proteger los derechos de los trabajadores, por cuanto el proyecto que viene a continuación también se vincula con ellos. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, el punto central de la discusión que origina el proyecto del Ejecutivo radica en el hecho de que la enajenación de los activos como unidad económica en un proceso de quiebra se determine mediante subasta pública con prescindencia de la voluntad del fallido. Se plantearon distintas opiniones. Hubo sectores que expresaron que, conceptualmente, no era conveniente prescindir de la voluntad del fallido; así como otros estimaron que era perfectamente posible hacerlo; es más, que la voluntad del juez satisfacía absolutamente el requerimiento. Hemos presenciado un análisis técnico-jurídico muy enriquecedor en relación con este punto de la Ley de Quiebras. Es satisfactorio que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya recogido y conciliado los distintos pareceres. Es importante que la norma aprobada otorgue garantías al fallido, como también a los acreedores y a los trabajadores y, como decía hace un momento el Honorable Diputado señor Kuschel, le dé fluidez al proceso económico. Cuando se declara una quiebra y se determina la enajenación por la vía de la unidad económica y de la subasta pública, de alguna manera garantizamos a los trabajadores la continuidad del proceso productivo que es, en definitiva, lo que más interesa cuando se adopta una medida de tal naturaleza. Por estas razones, los Diputados de la UDI vamos a aprobar el proyecto en la forma como lo ha despachado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto, despachado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Aprobado. Despachado en particular el proyecto. 3.FONDO PARA CAPACITACION Y FORMACION SINDICAL. Primer trámite constitucional. El señor CERDA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley que crea un fondo para la capacitación y formación sindical. Diputado informante es el señor Vicente Sota. El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 606-13 y se encuentra en el número 22 de los documentos de la Cuenta de la sesión 73a., celebrada en 12 de mayo de 1992. El señor CERDA (Vicepresidente).- Se han formulado indicaciones a este proyecto, y si les parece a los señores Diputados, se acordará despacharlo en general en la presente sesión. Acordado. Si le parece a la Sala, se acordará prorrogar el Orden del Día y aceptar que intervenga un señor Diputado por cada bancada, además del señor Ministro, con el objeto de despachar la iniciativa. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, la creación de un fondo destinado a financiar actividades de capacitación y formación sindical, reafirma el proceso de integración y concertación de los distintos actores sociales que la consolidación del proceso democrático necesita y exige en nuestro país. Por iniciativa de vuestra Comisión, concordada con el Ejecutivo, la indicación al proyecto de ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, se tradujo en definitiva en este proyecto, que se refiere específicamente a la creación de un fondo. No obstante la conformidad unánime de sus miembros en torno de la idea matriz que lo inspira, algunos colegas prefirieron que su administración estuviese en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Destacaron que resultaba inconveniente crear un consejo resolutivo a cargo de la asignación de los recursos, por la discrecionalidad con que podría actuar, dada su composición y las amplísimas facultades de las que estará dotado. El proyecto de ley en informe tiende, en gran medida a resolver un conflicto que se viene arrastrando desde hace años en Chile y que por diversas razones nadie deseaba asumir, manteniéndose, así, un clima confrontacional y reivindicativo, con un alto costo social y económico, tanto para el trabajador como para el empresario, todo lo cual repercutía, incluso, en la estabilidad política del gobierno de turno. Chile se encuentra hoy en un nuevo proceso de normalización y consolidación de su democracia, y los actores económicos tienen una notable importancia en el buen logro de este objetivo nacional. Esto, porque nuestra patria tiene un gran desafío que resolver al intentar ganar un espacio en el ámbito económico mundial. Esta nueva línea de desarrollo es considerada por los cientistas políticos como el paso de un sistema geopolítico a uno geoeconómico. En términos simples, significa saber ganar mercados internacionales con nuestros productos y generar nuevas divisas que mantengan un nivel de crecimiento sostenido, en un ambiente social estable, bajo reglas económicas y políticas claras. Personalmente considero y creo interpretar a todos mis colegas de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que ésta es una de las más importantes iniciativas del campo laboral que se han debatido en esta Cámara, pues intenta establecer oficialmente el inicio de un proceso destinado a crear las condiciones básicas para los futuros acuerdos marcos o de concertación en el mundo del trabajo. En definitiva, fundar un nuevo orden, a través de la llamada cultura del trabajo. Este nuevo proceso, que hoy se inicia en Chile, no estará exento de incomprensiones y de conflictos de intereses; pero una vez entendidas las nuevas variables que constituyen el actual orden del desarrollo económico y social mundial en el que estamos inmersos como nación, se estará caminando con paso firme hacia el desarrollo integral de Chile. Hablar de cultura del trabajo no es hablar de lucha de clases concepto obsoleto que obedecía más bien a una ideología politizada que a una realidad social, sino, a la inversa, significa intentar, a través de cultivo y mutuo conocimiento de trabajadores y empresarios, una nueva sensibilidad, un nuevo clima de concertación y de encuentro de posiciones en pro de un desarrollo estable y verdadero. La mayoría de las veces los conflictos nacen como producto de la desinformación. El desconocimiento hace surgir la desconfianza entre las partes, produciéndose un ambiente de conflicto y de enfrentamiento. Por ello se hace necesario educar a las partes, para que la información, que hoy es la clave del desarrollo, no se vea entorpecida por los elementos ya mencionados. Si analizamos ahora la variable laboral, vemos que el proyecto de ley se torna aún más importante, porque el trabajo es una actividad que sólo el ser humano puede realizar y en ella se juega gran parte de su existencia, ya que la persona, por sus acciones internas y externas, no sólo transforma y domina el medio que la rodea, sino además se hace a sí misma. Entonces, en el trabajo el ser humano se juega la posibilidad de su propia realización personal. En la legislación internacional del trabajo el tema de la capacitación sindical de los trabajadores se encuentra directamente ligado con el principio de la autonomía sindical, y en la mayoría de los países la gestión de los fondos es de responsabilidad exclusiva del movimiento sindical. No obstante ello, nuestra Comisión concuerda mayoritariamente con los contenidos del proyecto en cuanto a que su gestión quede radicada en un consejo resolutivo, integrado por personas de alta especialización, ligadas directamente al mundo laboral. Del mismo modo concuerda en que los beneficiarios del Fondo deben ser las organizaciones sindicales; sus dirigentes, a fin de que puedan cumplir mejor sus comentarios; sus afiliados, como una forma de incentivar una mejor y más eficiente participación sindical, de manera de ir preparando a los futuros dirigentes sindicales y, unos y otros, instruir formadores sindicales que, al interior del movimiento sindical, puedan reproducir la experiencia formativa en las diversas materias y especialidades de su competencia. La Comisión no participa de la idea de incluir a los empresarios dentro de sus beneficiarios, por considerar que ellos cuentan con sus propios centros de formación y con una mejor infraestructura nacional para formarse como gestores de empresas. En cuanto a la posibilidad de que los pequeños empresarios puedan disponer tanto de una mejor formación sobre los derechos laborales de los trabajadores, como nociones de sindicalismo y relaciones laborales más participativas, modernas y tecnificadas, la mayoría de los miembros de la Comisión cree que esos objetivos se alcanzan a través de instancias tripartitas, donde se analicen en conjunto los nuevos desafíos que afectan a empresarios y trabajadores a partir de las nuevas concepciones del desarrollo económico. Por último, vuestra Comisión comparte, también mayoritariamente, el criterio sustentado en el proyecto, en cuanto a que deben ser las propias organizaciones sindicales postulantes al Fondo las que definan al diseño y los contenidos de los programas de capacitación sindical, los que pueden ser ejecutados por personas, naturales o jurídicas, o por centros de formación especializados. Por todo lo anterior, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda aprobar en general y en particular este proyecto de ley, el cual ha sido objeto de indicaciones formales que tienden a perfeccionarlo dentro del esquema de los principios enunciados. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, en cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y en atención a que el proyecto en debate tiene relación con materias presupuestarias y financieras del Estado, me cumple informar como miembro de la Comisión de Hacienda. Esta iniciativa, cuya importancia ha destacado el Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, supone un gasto de 240 millones de pesos, contemplados en el Presupuesto nacional, para dar formación a 12 mil trabajadores. La Comisión de Trabajo estimó que la de Hacienda debía estudiar solamente los artículos 2°, 11 y transitorio. A su vez, ésta, invocando las facultades que le otorga el Reglamento, consideró que el artículo 11 no era materia de su competencia, pero que sí lo eran los artículos 1° y 12, que paso a explicar inmediatamente. Por el artículo 1°, se crea un Fondo para la Capacitación y Formación Sindical, cuya única finalidad será financiar las actividades que enuncia. El artículo 2° dispone que el Fondo operará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos, y que será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. El artículo 12 prescribe que el fondo establecido por este proyecto de ley tendrá una duración de cuatro años. El artículo transitorio señala que el mayor gasto que irrogue la aplicación de la ley durante 1992, será financiado con transferencias desde el ítem presupuestario Tesoro Público, Operaciones Complementarias, por un valor de 240 millones de pesos. Es cuanto corresponde informar a la Comisión de Hacienda. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo. El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, este proyecto de ley surgió como resultado del debate habido en esta Honorable Cámara cuando se analizó la iniciativa sobre organizaciones sindicales. En esa oportunidad, los señores parlamentarios concordaron en la conveniencia de buscar mecanismos que permitan fortalecer el proceso de formación sindical, en especial si se considera la rápida tasa de expansión que tiene lugar en estos momentos. Al mismo tiempo, la ley aprobada el año pasado, sobre organizaciones sindicales, consagra mecanismos normales de financiamiento, los cuales tendrán efectos luego de algún tiempo de aplicación. De ese debate surgió la inquietud, en esta Honorable Cámara, respecto de la posibilidad de gestar un fondo de educación, capacitación y formación sindical, que prestará su respaldo en una etapa en la cual el sindicalismo ha tenido una expansión numérica muy significativa y sorprendente, si se contrasta con la experiencia de otros países. Durante estos últimos dos años, la tasa de sindicalización del país creció en 35 por ciento, y la fuerza de trabajo en 3 por ciento, lo cual, sin duda, implica un enorme crecimiento de la población sindicada. Entonces, parecía conveniente favorecer, a través de la existencia de este fondo, el proceso de capacitación de esos nuevos dirigentes que emergen en un proceso de sindicación tan acelerado. Este proyecto tiene el propósito de que estas nuevas organizaciones sindicales que se han formado en el último tiempo y no han tenido esa posibilidad puedan acceder a la capacitación, en el entendido de que ello está en el interés de sus afiliados y también en el del país. Un ejemplo de cómo el sindicalismo puede contribuir al interés general del país se encuentra en lo que recordábamos en esta Honorable Cámara en el día de ayer, a propósito de la aprobación del proyecto de ley sobre remuneraciones mínimas. Pudimos apreciar cómo un sindicalismo que se compromete en el camino de los acuerdos sociales puede contribuir, al proceso de estabilización democrática y de desarrollo perdurable. Definido el objetivo, cual es el dar acceso a la capacitación a los miembros de las organizaciones sindicales, en particular aquellas nuevas organizaciones que han ido emergiendo en el tiempo, quedaba por definir qué papel les correspondería al Estado y a la sociedad organizada en esta iniciativa. En este proyecto de ley se establece que la función del Estado es proveer los recursos para la creación de este Fondo y, luego, controlar, a través del Sence, que su destino sea el asignado por el Consejo. No es papel del Estado decidir quiénes deben acceder a estos cursos, ni cuáles deben ser los contenidos precisos de cada curso que se imparta o definir quiénes serán los instructores y profesores. Nos parece que aquí hay en juego un principio fundamental: el de la autonomía social. Una cosa es que el Estado destine recursos para la tarea de capacitación sindical, en el entendido de que esto es concordante con el interés del país, debido a un proceso de expansión sindical fuerte, y otra es que el Estado destine esos recursos a las distintas organizaciones, seleccione a los profesores o fije los contenidos específicos. Nos parece que este segundo aspecto debe definirse dentro de un marco de autonomía social. Por eso, en la constitución del Consejo Resolutivo, el cual determina cuáles son las organizaciones que recibirán financiamiento y que selecciona los proyectos, no hay participación de funcionarios del Estado. Creemos que ese Consejo debe conformarse por personas que, estando cercanas a la problemática de la formación sindical, garanticen los principios que se plasman en el proyecto, como también los criterios de selección, dentro de un marco de no injerencia del Estado en esas definiciones. Los requisitos para recibir los recursos son los que dicen relación con la sociedad; con la autonomía social; con el número de afiliados que tenga la organización; con la tasa de crecimiento de ella, ya que puede ser pequeña, pero estar expandiéndose a un ritmo muy fuerte; con el grado de representación que tenga esa organización en su sector; con el grado de desarrollo adecuado de su estructura para prestar y obtener esta formación, de modo que los cursos que se seleccionen tengan un equilibrio regional, y las distintas regiones estén representadas en el acceso a ellos. Sobre la base de estos criterios, se selecciona a las organizaciones que recibirán los recursos para implementar la formación. Pero ¿qué hay respecto de los contenidos de dichos cursos o de la calidad de quienes los imparten? El Consejo Resolutivo debe calificar la calidad y la experiencia de quienes dan capacitación. La organización sindical, basada en este principio de autonomía social, definirá y seleccionará los profesores y los cursos que serán implementados, y este Consejo evaluará el carácter de la organización que postule y la calidad y experiencia de quienes impartan los cursos. Nos parece que la conformación de este Consejo por seis personas y la exigencia de mayoría, es decir, de al menos cuatro de ellos, para la aprobación de los cursos que se seleccionen, aseguran que los criterios que aquí se han mencionado, y no otros, dominen y sean determinantes en cuanto a la elección de quienes acceden a estos recursos de capacitación, de los contenidos de la instrucción que allí se recibe y de las instituciones que darán estos cursos. No se establecen requisitos en el proyecto para las organizaciones que pueden postular: lo pueden hacer universidades, instituciones de capacitación, equipos que las mismas organizaciones sean capaces de conformar para que los instruya; pero el Consejo Resolutivo sí tiene atribuciones para evaluar la calidad y la experiencia de quienes imparten estos cursos, y, sobre esa base, aceptar o rechazar los distintos proyectos que se presenten con ese propósito. Este proyecto, que surgió de una inquietud planteada en esta Honorable Cámara, respalda a un movimiento sindical que se expande muy aceleradamente; pero lo apoya sobre la base de un principio fundamental y esencial para las relaciones laborales futuras en nuestro país: el principio de autonomía social. He dicho. El señor ELIZALDE.- ¿Se vota a las 12:30, señor Presidente? El señor CERDA (Vicepresidente).- El acuerdo es que hable un señor Diputado por partido. Por ello, ruego a los otros señores Diputados que hagan uso de la palabra por la vía de interrupción que sean breves. Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, consideramos extraordinariamente importante este proyecto. Es muy gratificante para quienes integramos la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que una inquietud expresada por sus integrantes en el seno de esta Cámara haya sido acogida por el Supremo Gobierno y se haya concretado en el proyecto de ley que hoy conocemos. Este proyecto crea un Fondo, cuya finalidad exclusiva es la de financiar actividades de capacitación y formación sindical. Pueden acceder a él las organizaciones sindicales, con el objeto de financiar actividades de capacitación y formación para sus asociados. Su administración queda radicada en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. Sin embargo, la resolución para la asignación de los recursos del Fondo queda entregada a un Consejo Resolutivo, integrado por seis miembros, quienes actúan como jurado y no perciben remuneración por el desempeño de sus cargos. El artículo 7° señala que integrarán este Consejo seis personas. En él se observa que el criterio para seleccionar a sus integrantes ha estado guiado por el propósito de que sean personas vinculadas a las actividades más representativas y cercanas a las temáticas laboral y de capacitación. Es importante señalar que en el proyecto se establecen los criterios generales con respecto a los cuales el Consejo Resolutivo deberá determinar las correspondientes asignaciones de recursos. Sobre esta materia, quiero precisar algo que me parece importantísimo. Normalmente, vemos que iniciativa similares se concentran en la Región Metropolitana, porque allí radica la mejor infraestructura para otorgar esta forma de capacitación. En cambio, uno de los criterios que aquí, deberá tomar en cuenta el Consejo Resolutivo es el de la procedencia geográfica de la o las organizaciones postulantes, como, asimismo, la adecuada distribución regional de los recursos, procurándose el financiamiento de actividades en todas las regiones del país. También se dispone que las organizaciones beneficiarías de este Fondo tienen la obligación de rendir cuenta al Sence, ente que administra y, como tal, fiscaliza. Finalmente, se consagran sanciones, a través de una disposición incorporada por una indicación de los parlamentarios de la Comisión, que preceptúa que la aplicación indebida de los recursos provenientes de esta ley, será sancionada conforme al artículo 470 del Código Penal, con las penas establecidas en el artículo 467 del mismo. Este Fondo deberá contener los recursos que le fije anualmente la Ley de Presupuestos. Para lo que resta de 1992, se ha destinado la cantidad de 240 millones de pesos. Quiero destacar que, a través de este proyecto, estamos otorgando a los trabajadores del país una herramienta extraordinariamente útil para la adecuada defensa de sus intereses. Es posible defender los intereses de los trabajadores a través de dos vías: una, mediante el proteccionismo estatal, a través de la dictación de normas jurídicas especiales de protección; la otra, que se ha elegido en este período como la más conveniente, es fortalecer a los propios trabajadores y a sus organizaciones. Hay toda una secuencia legislativa que camina en este rumbo. Ese es el propósito de los proyectos que aprobamos sobre organizaciones sindicales, sobre centrales sindicales y sobre negociación colectiva. De manera que este proyecto se inscribe precisamente en ese contexto: otorgarles a los trabajadores las herramientas indispensables para que, en una economía de mercado, obtengan las mejores condiciones posibles de remuneración, de vida y de trabajo, a través de negociaciones directas con los empleadores. Como se decía, la idea de crear este Fondo surgió cuando se discutían proyectos vinculados con la organización sindical en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Por estas razones, nuestra bancada votará favorablemente en general este proyecto. Señor Presidente, finalizo mi intervención concediéndole, con su venia, una interrupción al Diputado señor Cardemil. El señor CERDA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, seré muy breve, como acostumbro siempre. Tanto en los informes escritos de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, como en de los Diputados informantes de estas Comisiones, queda claramente expresado el propósito que tuvo el Supremo Gobierno al enviar este proyecto. Lo fundamental es que los trabajadores, mediante esta capacitación, tal como lo ha manifestado el Diputado señor Gajardo, podrán sentarse con los empresarios a la mesa de conversaciones, con perfecto conocimiento de las materias que se tratarán y que dicen relación con los problemas que los afectan, principalmente cuando llega el proceso más importante: de las negociaciones colectivas. El Supremo Gobierno ha ido cumpliendo gradualmente, de acuerdo con lo anunciado durante la campaña presidencial, los beneficios prometidos a los trabajadores, para, de esta manera, llegar al instante en que la mayoría de las aspiraciones de éstos sean satisfechas. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Angel Fantuzzi. El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto, dado que, como bien se dijo aquí, es una iniciativa que nació en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social cuando se discutían las normativas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de capacitar a los trabajadores en todo aquello que signifique mejores relaciones laborales, ya que éstas se logran cuando la gente a la cual le toca sentarse frente al empresario está en igualdad de condiciones para entender el nuevo esquema que vive el país, abierto al mundo. En repetidas oportunidades se ha manifestado lo importante que es la capacitación para los trabajadores. Pero ella debe ser técnica, entregada por gente capaz de mostrar el nuevo esquema en que el país se desarrolla. Fuimos partidarios de capacitar a los empresarios materia que debería reestudiarse, no a los más grandes, sino al mediano y pequeño, que son los que todavía hoy no tienen conciencia de que un sindicato le permitirá continuar trabajando en forma ordenada y tranquila. Lo miran como a un enemigo más que como a un colaborar. Por eso, nos interesa que los dueños y ejecutivos de la pequeña y mediana empresa se capacitan para eliminar las "trancas" del pasado, las que -y hay que ser muy honestos en este punto- hasta hoy subsisten, incluso en niveles altos. Sin duda, existen "trancas", tanto de los trabajadores como de los empresarios. Los trabajadores no les creen a los empresarios cuando les muestran los balances y les comunican el estado de la empresa. Los empresarios, a su vez, no les creen a los trabajadores cuan éstos solicitan algunos aumentos que consideran justos. Esto se transforma en una lucha, en circunstancias de que debería ser una sola cosa: empresa. Por ello, nos inclinábamos por buscar fórmulas -podría ser un fondo compartido- para que también se capacitara a empresarios con el fin de terminar con las "trancas" del pasado. Debe desaparecer la idea de que los sindicatos son para tomarse la empresa, para promover huelgas, hacer trabajos lentos y otra serie de actuaciones usadas en el pasado, derivadas del tipo de capacitación que recibían los dirigentes. En la actualidad, se necesita un sindicalismo moderno; pero también un empresariado que entienda que la labor del sindicato es defender los intereses de sus asociados. Votaremos favorablemente el proyecto; pero como es necesario corregirlo, hemos presentado una indicación a fin de que vuelva a la Comisión para rediscutir, con serenidad, todo lo relacionado con el Consejo Resolutivo. No es posible que este Consejo, en el que participan dos representantes de la CUT, asigne los recursos. Eso le quita transparencia a la iniciativa y da la sensación de que lo único que estamos haciendo es trasladar 240 millones de pesos a la CUT, porque será ella la que determinará sobre los cursos y los aprobará. ¡Creemos que no debe ser así! En la Comisión tendremos la oportunidad de analizar nuevamente el tema con los demás integrantes, a fin de buscar una solución al asunto. El otro aspecto que nos inquieta es saber quién dictará los cursos. Estimamos que deberían ser las universidades, las cuales están preparadas para enseñar las materias que requieren saber los trabajadores, por ejemplo, estudio de balances, comercio exterior, etcétera. Su intervención le daría la adecuada transparencia a este tipo de capacitación. Hay que recordar que el sector empresarial desconfía cuando no se observa esta transparencia. No creo que los fondos vayan a ser mal usados; pero me parece necesario que, en una primera fase, se dé la transparencia necesaria para que todo el mundo apruebe este sistema de capacitación. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Nicanor Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, el proyecto que hoy aprobaremos en general, como ya lo han destacado tanto el Diputado informante como otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, es de real importancia para los trabajadores, para todo el movimiento sindical chileno y para la estabilidad económica y democrática del país. Esto complementa las cuatro reformas laborales del Gobierno de la Concertación, ya aprobadas estabilidad en el empleo, organizaciones sindicales, contrato individual de trabajo y negociación colectiva, que modifican el Plan Laboral que rigió en el régimen pasado, plan que para el movimiento sindical chileno fue un traje cortado a la medida, que le quedó estrecho. Tales reformas han permitido que los trabajadores recuperen su importante papel. No debemos olvidar que este sector contribuyó en mucho a lo que hoy es la democracia y el sistema económico en este país. Con la anterior legislación, había perdido muchas de sus conquistas y beneficios. ¿Por qué es tan importante esta iniciativa? Ya lo han mencionado los Diputados Gajardo y Fantuzzi. En el pasado, tuvimos un movimiento sindical netamente reivindicativo y confrontacional, que nos hizo mucho daño. Pagamos un costo muy alto, muy caro, porque en un momento determinado no existió capacidad de diálogo ni del movimiento sindical ni tampoco de los empresarios. Hoy, en todo el mundo las relaciones laborales e industriales se dan en otros términos. El empresario debe mirar al trabajador como un colaborador de su empresa, no como un enemigo. Las economías del mundo han cambiado y en todas partes transitan por otro camino. Por ello, el movimiento sindical y el país requieren trabajadores capacitados. Necesitamos dirigentes sindicales debidamente preparados para enfrentar el momento que vivimos. Las negociaciones colectivas son altamente tecnificadas y ellos deben estar en condiciones de discutir sus beneficios y conquistas, de igual a igual, con los empresarios. Este proyecto del Gobierno fue discutido por la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social, en la que están representadas todas las fuerzas políticas en esta Honorable Cámara. Estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el Diputado señor Fantuzzi, en el sentido de que en esta materia debe considerarse a los empresarios; no a los grandes, porque quienes más burlan las leyes y tienen ese trauma, son los pequeños. No me asusta ni me preocupa mucho, pero es digno de resaltar cómo se va a manejar este fondo de extensión y de capacitación sindical. Debo señalar, en primer lugar, que está formado con recursos del Estado, del Presupuesto de la Nación. En segundo término, concuerdo en que, por ningún motivo, se debe manejar políticamente. No podemos teñir, en absoluto, al movimiento sindical ni a los trabajadores, el cual debe ser autónomo en cualquier gobierno. La capacitación tiene que entregarse a las grandes mayorías. Debe tenerse presente que habrá un Consejo, y serán aquellas organizaciones que presenten los mejores proyectos las que se considerarán para los efectos de esa capacitación, a través de cursos dictados en las universidades o en la forma que se determine. Lo importante es que hoy tenemos algo que es producto de iniciativa del Gobierno de la Concertación, que así cumple cabalmente con su programa. En la medida en que la economía se consolide y en que el país se desarrolle, tendremos que estudiar nuevas iniciativas que beneficien a los trabajadores, al movimiento sindical y a la estabilidad socioeconómica, cultural y democrática del país. Concedo una interrupción al Diputado señor Vicente Sota. El señor CERDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor SOTA.- Señor Presidente, no insistiré en la importancia de este proyecto, sino, más bien, aprovecharé la presencia, por segundo día consecutivo en esta Sala del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. Quiero recordar que ayer, durante la discusión de otro proyecto de ley relacionado con su Cartera, tan importante como éste, varios Diputados le hicimos consultas, las que, tal vez por falta de tiempo, no respondió. Como es muy beneficioso que en el Parlamento se planteen inquietudes a los Ministros de Estado, ruego al señor Ministro que, ya que no pudo contestamos, nos envíe por escrito las respuestas, porque nos servirán para tener un mejor conocimiento del proyecto de ley que aprobamos ayer. Muchas gracias, Diputado señor Araya, por la interrupción que me concedió. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, para terminar mi intervención, también quisiera referirme a otro punto que me parece importante. Es cierto que algunos sectores de organizaciones sindicales no han quedado conforme con las reformas. Tampoco estoy totalmente satisfecho con ellas. Desde luego, las aspiraciones del ser humano son infinitas; pero pienso que vamos por buen camino, pues las señales dadas por el Gobierno con estos proyectos son positivas. Estimo que a los dirigentes o sectores que han criticado al Parlamento les hemos dado una demostración de responsabilidad con el despacho de estos proyectos, que van en beneficio directo de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Gracias, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, la Cámara de Diputados ayer, al debatir y aprobar el aumento del ingreso mínimo, dio una muestra categórica de responsabilidad social y de madurez cívica en un tema relacionado con el mundo del trabajo. Hoy, nuevamente, tenemos la oportunidad de discutir este proyecto de alta trascendencia, no tanto quizás por las cifras involucradas, sino por lo que aborda y representa. Lo más probable es que si este debate lo hubiésemos tenido hace 20 ó 30 años atrás, hubiese sido violento, con muchos prejuicios de por medio. El mundo y nuestro país han cambiado. Las ideologías están dando paso al pragmatismo. Las personas y sus organizaciones cada día toman las decisiones en forma más autónoma. Quienes están en el espectro político, con matices de diferencia, compartimos un mismo modelo de sociedad. Nuestra historia no ha sido ésa, especialmente en el mundo del trabajo. La historia de las relaciones laborales en el mundo fue de confrontación, de prejuicio entre las partes que la conformaban. Afortunadamente, distintas voces de sectores diferentes nos están señalando que de la confrontación se está pasando al diálogo, lo que no significa renunciar a las reivindicaciones, sino simplemente discutirlas y colocarlas en otro plano. Es el diálogo el que, en definitiva, va facilitando las soluciones satisfactorias, tanto para trabajadores como para empresarios. Sin embargo eso quiero dejarlo claramente establecido, estamos dando sólo los primeros pasos. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en esta materia. Aún existen muchos prejuicios, que debemos desterrar; violencia en las palabras, que debemos atenuar; falta de tolerancia e ideologismos, que debemos superar. Como Parlamento, debemos crear las condiciones para facilitar este diálogo, el cual es muy distinto en el mundo actual. Hoy la lucha no debería ser entre empresarios y trabajadores. Las barreras, las fronteras de los distintos países se están derrumbando y la gran meta es que trabajadores y empresarios, unidos, deben conquistar mercados en distintos países. Es ahí donde se encuentran las presentes y futuras fuentes de trabajo y, por lo tanto, éste es un desafío que se debe enfrentar en forma común. Por eso, este diálogo en el ámbito sindical debe cambiar radicalmente de orientación. La confrontación y la reivindicación deben dar paso a un sindicalismo moderno y tecnificado. Para eso, debemos entregar las herramientas que permitan facilitar este proceso que iniciamos, proceso que no sólo debe llegar a las cúpulas, sino también a las bases. Esta Corporación ha dado pasos importantes con motivo de la discusión del proyecto de organizaciones sindicales. Como bien señalaba el señor Ministro, se abrió un amplio campo a las organizaciones sindicales, sobre todo en el ámbito del financiamiento. Se eliminaron ciertas prohibiciones que existían para el mundo sindical. Hoy día, entre otras cosas, esas organizaciones están facultadas para formar AFP, por ejemplo, campo que hasta hace poco tiempo les estaba vedado. Para este cambio necesitamos preparar a los actuales y futuros dirigentes sindicales. Elementos como la productividad, conocimiento de la situación de la empresa, comercio exterior, mercados, etcétera, constituyen una parte de esta nueva realidad. A raíz de lo anterior, personalmente le atribuyo la mayor trascendencia e importancia al proyecto que estamos analizando y, por tal razón, seremos especialmente rigurosos en la manera de abordarlo para que realmente cumpla su objetivo. Debo señalar con nitidez que, desde mi punto de vista, el contenido del proyecto no permite claramente cumplir el objetivo antes señalado. Aquí no se trata de contribuir al financiamiento de una organización sindical o de las grandes, sino de asegurar la capacitación y formación al movimiento sindical, lo cual es muy distinto. Por tal razón, hemos planteado que, ojalá, esta capacitación y formación sindical se realice al más alto nivel; que el Consejo dé garantías de transparencia e independencia en la asignación de recursos para que existan instancias realmente objetivas, ajenas a todo tipo de presiones. Entrando directamente en la discusión de ciertos criterios del proyecto, me gustaría puntualizar algunos aspectos. En primer lugar, en el movimiento sindical uno advierte que existen ciertas falencias objetivas, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva. Los conceptos de capacitación y de formación sindical son amplios y es necesario acotarlos. Sólo estamos entregando 240 millones de pesos, y al no acotar esos conceptos temo que, a lo mejor, esas falencias que hoy día tiene el movimiento sindical no sean abordadas en forma suficiente. Es mi primera aprensión respecto del proyecto. En segundo término, en las leyes anteriores que ha asumido y abordado este Parlamento, especialmente en el tema de la negociación colectiva, ha existido una definición fundamental: que la negociación colectiva, salvo excepciones, se mantiene en el ámbito de la empresa. Para que podamos ir superando etapas, ello debe llevarse a cabo en un ámbito tecnificado y moderno. ¿Qué me parece el criterio que aquí se establece? Aquí retomo el criterio de la autonomía que señalaba el señor Ministro. De acuerdo con el criterio de asignación de recursos, desde mi punto de vista, se tiende a privilegiar a las grandes organizaciones, y si con antelación hemos señalado que el ámbito de la negociación se da a nivel de la empresa, es exactamente el criterio inverso el que debe primar respecto del tema de capacitación y formación sindical. En la propia Comisión de Trabajo hemos visto que son las grandes organizaciones sindicales las que, al exponer los distintos temas, vienen asesoradas por abogados y por distintos profesionales. El pequeño sindicato no tiene la posibilidad de acceso a ninguna de estas materias. Y cuando hablo de autonomía, debe mirarse en dos ámbitos: en el de las relaciones empresario-trabajadores y en el de las grandes organizaciones en función del sindicato base. Me interesa que exista autonomía entre trabajadores y empresarios, la cual se da por la capacitación. Pero también me interesa que exista autonomía entre el sindicato base, la federación, la confederación o la central sindical. Y la única manera de asegurar esa autonomía es capacitando y formando a quienes son dirigentes sindicales para que, en su ámbito, en forma autónoma, cuenten con los elementos de juicio necesarios para abordar bien temas tan importantes como el de la negociación colectiva. Señor Presidente, desde mi punto de vista, ésas son las aprensiones más importantes que tengo respecto de ese proyecto. La Comisión de Trabajo ha dado una clara demostración de responsabilidad en la discusión de distintos proyectos de ley, por cuanto los ha estudiado con mucha altura de miras, profesionalismo y seriedad. Por eso, hemos presentado indicaciones para que esta iniciativa vuelva a la Comisión, de modo que podamos debatirla más a fondo y llegar a un acuerdo en definitiva, tal como ocurrió en materias tan importantes como la modificación de los Libros Primero, Tercero y Quinto del Código del Trabajo. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos, por el Partido Radical. El señor CAMPOS.- Señor Presidente y Honorables colegas: Los Diputados radicales votaremos favorablemente este proyecto de ley que crea un fondo para la capacitación y formación sindical. Con el objeto de no repetir ideas y fundamentos ya dados, los cuales compartimos, simplemente insistiremos en un aspecto que inspira este proyecto y que consideramos de gran utilidad práctica. Para nuestro partido todo lo que signifique capacitación y formación son medidas que deben ser alentadas por los entes del Gobierno. Esta actividad de capacitación y formación alcanza ribetes todavía más importantes cuando nos adentramos en el mundo sindical, puesto que en la medida en que uno de los actores fundamentales del desarrollo de los pueblos, como son los trabajadores y las organizaciones sindicales, tengan los conocimientos necesarios para adoptar las resoluciones más convenientes en su vinculación con el empleador y en la implementación de algunas iniciativas relativas al desarrollo de la empresa, no sólo nos estamos acercando a fórmulas que permitirán un mayor desarrollo de los trabajadores, como personas, sino también apuntando a una senda que facilita la consolidación del desarrollo nacional. Esto lo consideramos de extraordinaria importancia, especialmente quienes hemos ejercido la profesión de abogado, cuando vienen a nuestra memoria cómo se desarrollan los procesos de negociación colectiva. No siempre los trabajadores o los sindicatos, en particular en empresas pequeñas y modestas, tienen la posibilidad de contratar los servicios o asesorías de profesionales especializados. Por lo general, en provincias los pequeños sindicatos afrontan las negociaciones colectivas a su real saber y entender, en función de lo que les dice un dirigente sindical experimentado, quien muchas veces no tiene más conocimiento que aquellos que fluyen de los años y de las experiencias vividas. Si pensamos que este tipo de capacitación irá dirigido a ese tipo de sindicatos, de organizaciones laborales y de personas, sin duda ello facilitará enormemente las negociaciones al crear, por ende, las condiciones para que los acuerdos sean mucho más fructíferos en el seno de la empresa. Y esto no sólo pensando en los intereses de los trabajadores y de los sindicatos, sino en lo que es un desarrollo integral de nuestra sociedad. Por estas razones, los parlamentarios radicales participamos de las ideas contenidas en el proyecto y en esta oportunidad, en que se vota en general, lo harémos favorablemente, insistiendo en el principio con que empecé mi intervención, en el sentido de que todas las iniciativas que signifiquen capacitar, formar y perfeccionar al ser humano siempre serán bien recibidas por los radicales y contarán con nuestro entusiasta apoyo. Señor Presidente, los Diputados señores Seguel y Peña me han solicitado interrupciones, la que, por su intermedio, concedo a ambos. El señor CERDA (Vicepresidente).- Debo advertir que sólo restan dos minutos para el término del Orden del Día, de acuerdo con la prórroga de tiempo que acordamos. Tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, me quiero referir a algunos planteamientos que hizo el Diputado señor Fantuzzi respecto de la capacitación de empresarios. El señaló algunas "trancas" que hay en el movimiento sindical sobre esta materia. En primer lugar, comparto la tesis de que existen algunas "trancas" o trabas dentro del empresariado, no tanto como él lo plantea en cuanto a los trabajadores. Aquellos, a través de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), o bien por medio de los empresarios unidos, podrían formar un fondo para capacitarse y así eliminar las "trancas" que traen del pasado, que son bastante complicadas porque llevaron a muchos empresarios a unirse para derrocar gobiernos. Por lo tanto, es necesario que ellos puedan capacitarse, a fin de conocer el pensamiento e ideología del movimiento sindical en el país. También es fundamental que se entienda que esta iniciativa -que nació de una idea de los parlamentarios de la Comisión de Trabajo- no pretende entregar recursos a una organización sindical determinada, sino que está dirigido a los trabajadores chilenos en la línea política que impulsa el Gobierno, en el sentido de sindicalizar al mayor número. Las organizaciones sindicales de niveles superior, medio o bajo tienen que recurrir a estos fondos y seguir la capacitación. Si otros trabajadores no tienen acceso a estos recursos, cuentan con los medios necesarios para sindicalizarse y optar a ellos. Con respecto al tema de las universidades planteado por el Diputado señor Fantuzzi, estamos en desacuerdo con ese criterio porque las organizaciones sindicales deben definir los cursos y nombrar a quienes los dicten, pues tendrán que ser personas de su confianza. Como legisladores, no podemos imponerles que tal o cual universidad cite cursos sobre organización sindical o sobre problemas del mundo sindical. Estamos en contra del punto planteado por el Diputado señor Orpis, en el sentido de que cualquier trabajador pueda acceder a estos cursos, puesto que se entrega la representatividad a los dirigentes sindicales. No participamos de la idea de que un trabajador, en forma individual, o un grupo de trabajadores pueda acceder a ellos. Reiteramos que los trabajadores cuentan con todas las facilidades para organizarse y gozar de ese beneficio. No estamos de acuerdo en el individualismo anterior; pero sí en la posibilidad de organización de los movimientos sindicales. Por último, consideramos que el proyecto es bueno. Con mucha honestidad, es difícil en la Comisión de Trabajo buscar un acuerdo sobre la materia, por creer que durante mucho tiempo ha habido consenso con la Oposición al respecto. Para nosotros, los tres o cuatro puntos que plantea este sector no ameritan discusión, pues ya está todo hablado. Si proceden algunas modificaciones, corresponderá hacerlas en el Senado. Agradezco la interrupción al Diputado señor Campos. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Le corresponde hacer uso de la palabra al Diputado señor Peña. Si le parece a Su Señoría, por el escaso tiempo de que se dispone, su discurso podría insertarse en el acta. El señor PEÑA.- Estoy de acuerdo. El señor CERDA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para insertar en la versión oficial la intervención del Diputado señor Peña. Acordado. La intervención, cuya inserción se acordó, es del siguiente tenor: El señor CERDA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra, por un minuto, a los Diputados señores Vilches y Fantuzzi. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero destacar el buen ambiente de discusión de un aspecto que abarca a todos los dirigentes sindicales del país. Mi intervención tiene por finalidad dejar testimonio de un hecho para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En 1991, en una entrevista personal con el señor Ministro del Trabajo, don René Cortázar, le comuniqué una inquietud que hicieron presente los dirigentes de Atacama al Diputado señor Prokurica y al que habla, en el sentido de crear en el país una escuela sindical que abriera un camino de capacitación y preparación de los dirigentes sindicales para el mundo laboral futuro y el nuevo sistema de relaciones entre empresarios y trabajadores. El señor Ministro recordará que nos reunimos en la Cámara y que respondió que trabajaría en la elaboración de un proyecto. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, el Diputado señor Fantuzzi. El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, pido que no se rebaje el nivel de la discusión. Intervine en forma seria y respetuosa y no me referí de manera despectiva a los trabajadores ni a los empresarios. Las "trancas" existen y deben ser superadas, hoy más que nunca. En cuanto a las universidades, obviamente, los trabajadores escogerán y determinarán el programa; conversarán con la universidad que mejor los atienda y satisfaga sus necesidades, y esa se llevará con seguridad el proyecto. Pero no se trata de entregar a las organizaciones sindicales -a la CUT específicamente- un traje a la medida, al cual sólo falta que le hagan la bastilla. No se trata de que sean juez y parte; de que integren el consejo y acepten los cursos que van a dar. Esto es lo que hemos dicho. Para que el proyecto tenga éxito en todos los sectores, tanto de trabajadores como de empresarios, debe ser transparente. Si no somos capaces de darle transparencia, lo único que hará será transferir recursos de un sector a otro. Muchas gracias. El señor CERDA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. Si les parece a los señores Diputados, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Volverá a Comisión para segundo informe. Tiene la palabra el señor Ministro. El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, agradezco el respaldo entregado por la Honorable Cámara al proyecto, que estamos ciertos va a contribuir a la formación abierta de todos los trabajadores y a sus organizaciones. Más allá de las perspectivas parciales, creemos que va a servir al conjunto del país. Muchas gracias. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: 1.De los Diputados señores Fantuzzi y Orpis para reemplazar el artículo 4°, por el siguiente: "Artículo 4Q.- El contenido de los cursos de capacitación y seminarios deberán estar orientados especialmente a materias relacionadas con la legislación laboral, administración y contabilidad.". 2.De los Diputados señores Bosselin, Elgueta y Ojeda para sustituir el artículo 11, por el siguiente: "Artículo 11.- El que con daño o entorpecimiento de los fines del Fondo que por la presente ley se crea, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos que lo componen, sufrirá las penas contempladas en el artículo 467 del Código Penal.". 4.INTEGRACION DE COMISION MIXTA. El señor CERDA (Vicepresidente).- El Senado rechazó la modificación de la Cámara al proyecto de ley que permite a las instituciones de educación superior realizar actividades en beneficio del desarrollo regional y nacional. Por lo tanto, procede formar la Comisión Mixta correspondiente. Hechas las consultas de rigor, la Mesa propone integrarla con los Diputados señores José Miguel Ortiz, Carlos Smok, Roberto Muñoz, Carlos Valcarce y Carlos Bombal, por parte de la Cámara. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. 5.ACUERDO PARA RENDIR HOMENAJES A CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA DE SESION ORDINARIA PROXIMA. El señor CERDA (Vicepresidente).- Señores Diputados, el próximo martes corresponde rendir homenaje a don Rodrigo Ambrosio, con motivo del aniversario de su muerte, y a la ciudad de Talca, por los 250 años desde su fundación. Si les parece a los señores Diputados, los homenajes se rendirán al término del Orden del Día, previos a los proyectos de acuerdo y a Incidentes. Tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, propongo que se rindan en Incidentes. Varios señores DIPUTADOS.- No. El señor CERDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Cámara, se procederá en los términos propuestos por la Mesa. Acordado. El señor CERDEA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que presida el Diputado señor José Miguel Ortiz. Acordado. INCIDENTES. 6.NECESIDADES VIALES DE LA SEPTIMA REGION. OFICIOS. El señor CERDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Radical. Tiene la palabra el Diputado señor Campos. El señor Ortiz pasa a presidir la sesión. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, una de las obras públicas más importantes que el Gobieno del Presidente Aylwin implementa en mi región y en parte del distrito que represento en el Parlamento, se vincula con la pavimentación del camino que une a Constitución con Chanco. Al efecto, terminaron de pavimentarse los dos primeros tramos de ese camino, desde el cruce Viñales hasta Las Cañas, en una extensión superior a los 15 kilómetros, y de Chanco hacia el norte, hasta el sector denominado Reloca. Sin embargo, falta su complementación en un trayecto de aproximadamente 50 kilómetros. Innecesario es referirse a la utilidad económica y social y a la gran rentabilidad que tiene para nuestra zona el finiquito de esta obra vial. Por tales razones, en mi nombre y en el del Comité Radical, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que considere dentro de los presupuestos y fondos sectoriales de 1993 la culminación o la complementación de la pavimentación del aludido camino. En segundo término, después de muchos esfuerzos y gestiones, de las que personalmente no hemos sido ajenos, se obtuvo que para el año 1992 se incluyera en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Séptima Región el financiamiento de la pavimentación completa del acceso a Constitución, denominado Avenida La Variante, el antiguo camino público por el que se llega a esa ciudad. Sin embargo, ya han pasado cinco meses del presente año y aún esta obra no ha sido licitada ni adjudicada. Por tales razones, en mi nombre y en el del Comité Radical, solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que haga presente al señor Intendente de la Séptima Región la necesidad de que esa obra sea licitada y adjudicada a la brevedad posible, toda vez que existen cifradas esperanzas de que la pavimentación de la citada vía solucionará muchos problemas urbanísticos que existen en mi pueblo, Constitución. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en nombre suyo, del Comité Radical y de los Diputados señora Eliana Caraball y señores Andrés Aylwin, Jorge Pizarra, Sergio Ojeda, Carlos Kuschel, Edmundo Villouta, Sergio Velasco, Luis Leblanc y José Miguel Ortiz, que adhirieron. 7.VOTACION DE CONTINGENTE MILITAR EN ELECCION PASADA. OFICIOS. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El próximo turno corresponde al Partido Demócrata Cristiano. El señor AYLWIN (don Andrés).- Pido la palabra. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, el próximo 28 de junio se realizará el proceso electoral destinado a elegir concejales. Esta circunstancia nos lleva a reflexionar sobre una situación que se produjo en las elecciones de diciembre de 1989, de Presidente de la República y parlamentarios. Nos referimos a la forma como votaron los conscriptos en muchas ciudades. Concretamente, en aquella oportunidad, en mesas donde aparecen inscritos una gran cantidad de conscriptos, se produjo una situación que estimo preocupante: la votación claramente masiva de dichos uniformados en favor de los candidatos de Derecha. Para constatar esta realidad basta estudiar los porcentajes generales de votación, tanto para Presidente de la República como para parlamentarios, en la totalidad ¡de las mesas, y los porcentajes de votación en las mesas en que comprobadamente hubo inscripción masiva de conscriptos. Varios Diputados democratacristianos han hecho estudios sobre esta realidad en diversos distritos. En concreto, me referiré a la situación producida en la comuna de San Bernardo, basado especialmente en los resultados producidos en las últimas mesas de varones, donde existe una inscripción muy numerosa de conscriptos, como se deduce inequívocamente del domicilio dado por los electores, calle Balmaceda 500, que corresponde a un recinto militar de dicha comuna. Las diferencias de porcentaje de votación que se producen en estas últimas tres mesas, donde hubo inscripción masiva de conscriptos con respecto al resto de las mesas, es relevadora de una votación muy cerrada de los uniformados en favor de los candidatos de la Derecha. Esto demuestra que respeto de estas personas, que tenían entre 19 y 20 años, según lo revelan los padrones electorales, se ejerció algún tipo de influencia, concientización o presión indebida que debe preocuparnos. Queremos tratar este tema con la mayor altura de miras y velando porque la situación no se vuelva a producir. Antes que nada deseamos referimos a los datos concretos en que basamos nuestras reflexiones. Para estos efectos compararemos los resultados generales de las primeras 152 mesas de varones en San Bernardo, que nos señalan la tendencia general del electorado, con las tres últimas mesas (N°s. 153, 154 y 155), donde existe inscripción masiva -no necesariamente mayoritaria- de conscriptos. Tratándose de la elección presidencial, las primeras 152 mesas de varones nos proporcionan un 62 por ciento de la votación en favor del candidato Patricio Aylwin, porcentaje que, por lo demás, se mantiene en esos términos en cada una de las mesas; pero, en los (N°s. 153,154 y 155), donde existe inscripción masiva de conscriptos, éste baja sorprendentemente para el candidato Patricio Aylwin a un 36, 4 por ciento. Nótese, señor Presidente, una baja del 62 al 36,4 por ciento. Por su parte, el candidato Hernán Büchi, cuyo porcentaje en las primeras 152 mesas es apenas de un 22,8 por ciento, en las tres últimas mesas sube a 48,9 por ciento, lo que implica un alza de 114,4 por ciento en las mesas donde está comprobada la votación de conscriptos. Tratándose de la elección de Senadores, los candidatos Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar obtienen un porcentaje total de 70,6 por ciento que, sin embargo, en las tres últimas mesas baja apenas a un 42,8 por ciento. Por su parte, los candidatos de la Derecha, Miguel Otero y Jaime Guzmán, que en el porcentaje general obtienen un 29,4 por ciento, en las últimas tres mesas sin embargo, suben su votación a un 57,2 por ciento. Es decir, experimentan un alza de 94,5 por ciento. En este aspecto conviene señalar que el aumento del candidato de la UDI es de 134 por ciento. Tratándose de la elección de Diputados, el candidato único de la Concertación obtiene en las primeras 152 mesas, que señalan el porcentaje general, un 69,4 por ciento, el cual baja a 41,4 por ciento en las mesas donde existe votación masiva de conscriptos. Por su parte, los candidatos de la Derecha, que obitenen un porcentaje general de 30,6 por ciento, suben en las tres últimas mesas a un 58,6 por ciento. En este aspecto, el alza del candidato a Diputado de la UDI es de 112 por ciento. ¿Por qué se produce en esas tres mesas esta situación extraña de que jóvenes de entre 19 y 20 años votan en forma tan diferente a sus padres, tíos, hermanos o amigos inscritos en las otras 152 mesas? Es algo que nos debe hacer meditar. No dudamos de que se nos podría argumentar que el candidato presidencial de la Concertación era un hombre de más de 70 años, y de que el candidato de la Derecha era más joven. Sin embargo, si analizamos las tres últimas mesas de mujeres de la misma comuna, donde están inscritas las hermanas, primas, amigas o pololas de los conscriptos, el porcentaje es el siguiente: Patricio Aylwin obtiene un 59,2 por ciento, y Hernán Büchi apenas alcanza un 27,4 por ciento. Por otra parte, si hacemos referencia a la elección de Diputados, la Derecha, en su conjunto, obtiene en esas tres últimas mesas de mujeres, un 34,5 por ciento, mientras que el candidato único de la Concertación obtiene el 65,5 por ciento de la votación. De acuerdo con lo dicho, podemos constatar alzas de votación, respecto del porcentaje general, especialmente sugestivas en las tres últimas mesas, donde existe -reitero-inscripción masiva de conscriptos. Los datos son concretos. El candidato presidencial Hernán Büchi aumenta en un 114,4 por ciento su votación; el candidato a Senador de la UDI, en un 94 por ciento, y el candidato a Diputado de la UDI, en un 112 por ciento. Hago entrega a la Mesa de los documentos que contienen los cuadros de votación a que me he referido y las fotocopias de los padrones electorales correspondientes a las mesas N°s. 153, 154 y 155, donde puede constatarse el domicilio en un regimiento de un importante porcentaje de los inscritos, y la edad de los electores entre 19 y 20 años, indudablemente, todos ellos conscriptos. Hago notar que la Constitución Política, en conformidad con sus artículos 15 y 19, número 6, asegura la absoluta libertad de pensamiento a todos los habitantes de la República. Asimismo, su artículo 90 establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, con lo cual se les impone prescindencia absoluta en los actos político-partidistas y en los procesos electorales. De ambas disposiciones se deduce, inequívocamente, que toda instrucción, orden o sugerencia de un superior á un conscripto, en relación con una votación determinada, como igualmente la propaganda política dentro de los cuarteles, están absolutamente prohibidas. Desgraciadamente, la situación de San Bernardo es aplicable a muchas otras ciudades. El colega Luis Leblanc se referirá a realidades de la ciudad de Arica. Pensamos que uno de los grandes desafíos de nuestra patria es procurar el reencuentro entre civiles y uniformados. Somos todos partes importantes de un mismo país. Naturalmente, ello impone un conjunto de exigencias mínimas, entre ellas, el pleno respeto a la forma de pensar de los conscriptos y, por lo mismo, la prohibición moral y jurídica de los partidos de efectuar cualquier tipo de actividad política entre los uniformados. Las expresadas votaciones de la UDI en las mesas señaladas, conjuntamente con otros hechos relevados en estos días, merecen una reflexión profunda sobre los intentos de intervención que podría estar efectuando ese partido al interior de las Fuerzas Armadas. Debido a que en los próximos días se llevará a efecto una importante elección, ruego al señor Presidente diponer que se transcriba la presente intervención al señor Ministro de Defensa Nacional, para los efectos de que éste la ponga en conocimiento de las autoridades uniformadas pertinentes, conjuntamente con las instrucciones sobre la necesaria prescindencia política en las próximas elecciones, en conformidad con la Constitución Política, la ley de Elecciones y los reglamentos de las Fuerzas Armadas. Todo ello de acuerdo, también, con las instrucciones que se han dado a la administración pública por parte del Presidente de la República. Por último, señor Presidente, hago presente que esta denuncia lo hago, fundamentalmente, en el deseo de perfeccionar nuestra democracia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional. Asimismo, se enviarán en nombre de los Diputados señora Eliana Caraball y de los señores Sergio Velasco, Víctor Reyes, Milenko Vilicic, Sergio Ojeda; Jorge Pizarra, Carlos Smok, Isidoro Tohá, Claudio Huepe, José Miguel Ortiz y Juan Martínez. Tiene la palabra el Diputado señor Luis Leblanc. El señor LEBLANC.- Señor Presidente, no hay duda que lo planteado por el Diputado señor Aylwin debe preocupamos. Si bien se configura la denuncia de un hecho acontecido hace un tiempo, no es otra mi intención que la de contribuir también al compromiso de todos los chilenos y, fundamentalmente, de este Parlamento -que dio forma a la ley respectiva-de democratizar los municipios, a fin de que sea justamente el pueblo, a través de sus representantes, quien tome las decisiones para el desarrollo de las comunas de nuestra patria. Y todo esto sucede en un período histórico de transición democrática, donde todos -Gobierno y Oposición- estamos comprometidos. En algunas circunstancias avizoramos hechos que desvirtúan ese objetivo y, a veces, en la diversidad de opiniones, las pasiones nos inducen a mal interpretar. Sin embargo, estoy convencido de que cada uno de los que participamos en este Parlamento tenemos como horizonte consagrar definitivamente una democracia estable para nuestro país. Como señalaba el Diputado señor Aylwin, hay algunos elementos que pueden constituir, en alguna medida, signos de poca transparencia frente al importante proceso electoral que se desarrollará el 28 de junio próximo. No obstante, hay un nuevo clima nacional. En este Parlamento buscamos acuerdos que dan forma a leyes como la que he señalado. Tenemos un compromiso democrático; una convicción democrática; por tanto, es nuestro deber avizorar aquellos elementos que puedan distorsionar el objetivo, y contribuir, con nuestras observaciones y demandas, a garantizar que el clima social del país no sólo se mantenga, sino que perdure y se perfeccione. Respecto del tema en cuestión, señor Presidente, Arica y Parinacota también mostraron algunos elementos que, en el ánimo que sostengo, es necesario resaltar en esta oportunidad. Aunque no cuento con un estudio tan acabado como el del Diputado señor Aylwin, puedo señalar una serie de coincidencias en ese mismo sentido. En el caso de Arica, específicamente, de 153 mesas de varones, las últimas seis muestran un cuadro contradictorio, por decir lo menos. Por ejemplo, en la mesa N° 147 la opción Büchi obtuvo 137 votos, y la Aylwin 133; en la N° 148: Büchi 201, Aylwin 93; en la N° 151: Büchi 215, Aylwin 84; en la N° 152: Büchi 223, Aylwin 78, y en la N° 153: Büchi 93, Aylwin 63. Comprendo, señor Presidente, que una mesa electoral puede tener un resultado inesperado, pero hago notar la coincidencia de que las últimas mesas, justamente, cuyos electores tienen domicilio consignado en unidades militares de la provincia de Arica, arrojan la votación que luego compararé con la tendencia general. En Putre, al interior de Arica, un verdadero cantón militar que ha venido disminuyendo últimamente, con mucha presencia de Fuerzas Armadas, de las 6 mesas de varones, 5 entregan el siguiente resultado: Büchi, 119; Aylwin, 18. Mesa N° 2: Büchi, 112; Aylwin, 16. Mesa N° 4: Büchi, 68; Aylwin, 31. Mesa N° 5: Büchi, 91; Aylwin, 12. Mesa N° 6: Büchi, 176; Aylwin, 41. Domicilio registrado de quienes son electores de esas mesas: unidades militares de Putre. En Belén, otro pueblo del interior, ubicado a 3 mil metros de altura, en el que había un destacamento militar de uno de los regimientos con asiento en Putre, la única mesa de varones da el siguiente resultado: Büchi, 126; Aylwin, 68. En general Lagos, el mismo caso. De dos mesas de varones: Büchi, 126; Aylwin, 68. Büchi, 14; Aylwin, 3. El porcentaje de la tendencia respecto del padrón electoral de todo el distrito señala: tendencia Aylwin, aproximadamente, 60 por ciento; tendencia Büchi, 24 por ciento. Como se puede apreciar, el resultado de las mesas en comento no guarda relación alguna con el porcentaje general de esa misma elección en dicha oportunidad. ¿Qué pasa ahora en esas mesas? Se revierte el cuadro, y el 60 por ciento de la tendencia Aylwin, en general, baja a 30; y el 24 por ciento de la tendencia Büchi sube a 50 por ciento. En mi concepto, más allá de la consignación de direcciones, de la clara determinación y ubicación de esas mesas y sus componentes, hay un resultado porcentual contradictorio que da sustento a la denuncia que aquí se formula. El mismo cuadro se repite en la elección de parlamentarios. No es mi ánimo seguir insistiendo con cifras, resultados y porcentajes, sino solamente puntualizar un hecho que, por decir lo menos, nos parece curioso. La Constitución Política asegura, en su artículo 19, N° 6, la libertad de pensamiento, y en su artículo 90, tal como lo ha precisado el Diputado señor Aylwin, impone la prescindencia absoluta de la actuación político-partidista, en los procesos electorales, de los componentes de las Fuerzas Armadas. De ahí se desprende que no está permitido inmiscuir a los cuadros permanentes y conscriptos de las Fuerzas Armadas en materias de este orden. En su oportunidad, denuncié públicamente que en patios de cuarteles de regimientos de Arica, en los días previos a la elección, los jefes de unidades reunieron a todo el contingente para darle instrucciones respecto de cómo tenían que votar. Eso es verdadero, es real, a prueba de desmentidos. Todos estamos trabajando en algo que realmente anhelamos: el reencuentro entro todos los chilenos. Civiles y uniformados tenemos que aprender a convivir cada vez mejor. Este país es una patria para todos. No pueden existir "ghettos" en nuestro país. Por ello, queremos garantizar que esto no vuelva a repetirse. Tenemos que respetar la forma de pensar de todos nuestros conciudadanos; entre ellos, los conscriptos. Los partidos políticos también deben prescindir absolutamente de ejercer acción política alguna al interior de los cuarteles y respecto de los uniformados. Adhiero con toda energía al planteamiento del Diputado señor Aylwin y, a la vez, solicito que se oficie al señor Ministro de Defensa Nacional en el sentido de dar instrucciones precisas a los Jefes superiores de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar la prescindencia que debe mantenerse al interior de los cuarteles, con arreglo a la Constitución, la Ley de Elecciones y los Reglamentos de las Fuerzas Armadas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Eliana Caraball y de los Diputados señores Víctor Reyes, Sergio Velasco, Andrés Aylwin, Sergio Ojeda, Milenko Vilicic, Carlos Smok, Juan Martínez y José Miguel Ortiz. 8.ANTECEDENTES SOBRE UTILIZACION DE RECURSOS DESTINADOS POR LA LEY N° 19.070, ESTATUTO DOCENTE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, con la ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, se han producido dos situaciones que, en mi opinión, ameritan nuestra atención y fiscalización. La primera de ella dice relación con el uso de los fondos consultados para financiar el mejoramiento de remuneraciones dispuesto por ese cuerpo legal para 1991. En efecto, dicha ley destinó casi 9.000 millones de pesos, como mayor gasto fiscal para 1991, a través del fondo de recursos complementarios, que administra el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento al mejoramiento de remuneraciones. Sin embargo, la información oficial proporcionada por el propio Ministro señor Lagos, revela que de esos 9.000 millones sólo se utilizaron poco más de 6.700, generándose un excedente, por este concepto, de algo más de 2.200 millones de pesos. Las preguntas lógicas que surgen al tenor de la información son: ¿Qué uso se dio a los recursos excedentes? ¿Por qué no se entregó la totalidad de lo destinado en la ley para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Ejecutivo y el Parlamento? Además, existe otro motivo que nos debe preocupar, relacionado con la misma materia. El Estatuto Docente dispuso para 1992 un avance en el mejoramiento de las rentas del profesorado, al elevar en forma específica el porcentaje de asignación de experiencia. Transcurridos ya casi cinco meses, los profesores no han recibido esa diferencia, a pesar de que la Ley de Presupuestos del sector público contempla para este año 16.000 millones de pesos en el fondo de recursos complementarios, que en parte importante están destinados a dicho fin. Parece verdaderamente increíble que la burocracia del Ministerio de Educación esté impidiendo que los profesores reciban los beneficios que la ley les otorgó. Por todo lo señalado, solicito se oficie al Ministro de Educación, con el propósito de que remita, a la mayor brevedad, los siguientes antecedentes: 1.Total del fondo de recursos complementarios pagados durante 1991, desglosado de la siguiente manera: a)Subvención complementaria transitoria, detallada en: Monto total pagado a sostenedores particulares, en virtud del artículo 15 transitorio de la ley N° 19.070. Monto total pagado a cada una de las municipalidades del país, de conformidad con el artículo 16 transitorio de esa ley. Individualizar además, a cada una de las municipalidades que por aplicación del inciso tercero del artículo 16 transitorio de la misma, han firmado convenios con el Ministerio. Monto de los excedentes resultantes y su distribución efectiva por cada municipio, según lo dispone el inciso cuarto del artículo 16 transitorio precitado. b)Monto pagado por asignación de desempeño difícil a cada municipio del país y el total a los colegios particulares subvencionados. c)Monto pagado por concepto de bono de perfeccionamiento a sostenedores particulares y a cada municipalidad del país. d)Monto pagado por concepto de bonificación compensatoria establecida en el artículo 40 de la ley N° 19.070, a sostenedores particulares y a cada municipalidad del país. 2.Idéntica información, estimada presupuestariamente para 1992. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma indicada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches y Kuschel. 9.FRANQUICIAS TRIBUTARIAS A PIRQUINEROS Y PEQUEÑOS MINEROS. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto solicitar al Presidente de la República el estudio y posterior patrocinio de un proyecto de ley, con el objeto de permitir -al igual que en la ley N° 19.034, aplicable a los pequeños agricultores- que los pirquineros y los pequeños mineros puedan recuperar el impuesto al valor agregado, a través de un procedimiento especial, considerando que no pueden cumplir con las exigencias que impone la legislación relativa a ese impuesto. El sector minero aludido se ve afectado por circunstancias simultáneamente concurrentes, tales como la carencia de capacidad económica, lejanía de los centros poblados y escaso contacto con el mundo económico. Lo anterior, al igual como se expresó en los fundamentos de la ley N° 19.034, respecto de los pequeños agricultores, impide al pirquinero y al pequeño minero cumplir con las obligaciones que les impone el impuesto al valor agregado, tales como emitir facturas, efectuar la declaración y pagar el tributo en los plazos establecidos en la ley. Esta situación obliga al contribuyente a permanecer dentro de los niveles informales de la economía. Por otra parte, el sistema produce un efecto económico negativo al pequeño minero, pues al no estar habilitado para recuperar el crédito fiscal, formado por el impuesto que pagó en sus adquisiciones, encarece su proceso productivo al transformarse ese tributo no recuperado en un costo adicional, con lo que se encuentra evidentemente discriminado respecto del común de los contribuyentes. Por las consideraciones anteriores y en nuestra calidad de Diputados, presentamos a la Honorable Cámara un proyecto de acuerdo, a fin de que proceda en la forma que a continuación se indica: Se oficie al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y de Minería, en orden a solicitarles el estudio y posterior patrocinio en un proyecto de ley que, al igual que en el caso de los pequeños agricultores, tenga por objeto integrar a los pirquineros y a los pequeños mineros al régimen tributario del impuesto al valor agregado, mediante el establecimiento de un procedimiento especial para la recuperación del impuesto pagado por sus adquisiciones, el cual posibilite también liberarlos de otras cargas tributarias formales importantes. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- ¿Su Señoría desea que se envíen los oficios o presentará un proyecto de acuerdo? El señor VILCHES.- He presentado un proyecto de acuerdo. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Su Señoría lo entregará a la Mesa. El señor VILCHES.- Así es, señor Presidente. 10.OPORTUNIDAD EN EJECUCION DE OBRAS VIALES EN DECIMA REGION. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, con posterioridad a las lluvias caídas en diciembre de 1991 y en febrero de 1992 que provocaron tanto daños en caminos, calles, obras de artes pública, viviendas y poblaciones de mi distrito, en la provincia de Llanquihue y, en general, en la Décima Región, solicitamos a los Ministerios de Obras Públicas, del Interior, y de la Vivienda, la destinación de recursos adicionales para paliar estos daños antes de la llegada del próximo invierno. Sin embargo, no llegó un solo peso con este propósito. La semana pasada, a través de la Intendencia Regional, se anunció la llegada de fondos para destinarlos a obras de vialidad, en especial a la reparación de calles y caminos. Para ello, se está trabajando, incluso, sábados y domingos, en circunstancias de que estamos iniciando la temporada de invierno, con las lluvias y sus secuelas. No creo que esto corresponda a una vulgar maniobra política para llamar la atención antes de las próximas elecciones comunales, sino que, efectivamente, el buen ánimo de la autoridad para resolver los problemas. Solicito que se oficie a los señores Ministros de Obras Públicas, del Interior y de la Vivienda y Urbanismo, para que el próximo año estas obras se realicen en las temporadas de primavera, verano u otoño, pero no en invierno, porque la inversión se pierde debido a las condiciones climáticas propias de la zona sur. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma indicada por Su Señoría. 11.CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PUERTO MONTT, DECIMA REGION. Oficio. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para dejar constancia de que el último censo demostró que mientras la población de la ciudad de Puerto Montt aumentó en 26 por ciento entre 1982 y 1992, el número de viviendas lo hizo en 38 por ciento. Ello significa que entre los años mencionados disminuyó drásticamente el déficit habitacional en la comuna de Puerto Montt, ya que se construyó en promedio de más de ochocientas viviendas al año. En otras oportunidades he hecho presente en la Cámara que en los primeros dos años de este Gobierno se han entregado ochocientas y tantas soluciones habitacionales, cifra que incluye más de doscientas casetas sanitarias, llamadas "viviendas progresivas", que consisten solamente en una cocina y un baño, destinadas a familias con dos, tres, cuatro y hasta cinco hijos. Al respecto solicito que se oficie una vez más, con la participación de los señores Diputados que quieran adherirse, al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo aunque se lo he hecho presente en forma personalpara que considere la conveniencia de aumentar la cantidad y la calidad de construcciones de vivienda en mi distrito, a fin de que no vuelva a incrementarse el déficit habitacional que ya se había disminuido drásticamente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada. 12.ALCANCES A INTERVENCIONES SOBRE VOTACION DE CONTINGENTE MILITAR EN ELECCION PASADA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista, tiene la palabra el Diputado señor Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, en la construcción de una democracia sólida resulta del todo evidente o necesario dejar atrás algunas disputas del pasado y recuperar a nuestras Fuerzas Armadas como parte del patrimonio nacional. Por ello, resulta de particular interés sumarnos a los fundamentos y documentados comentarios y denuncias dados a conocer por los Diputados señores Aylwin y Leblanc en esta Hora de Incidentes, quienes han señalado que, del análisis de las votaciones de 1989, no sólo surgen elementos ya superados, sino que aparecen factores de preocupación ante la proximidad de nuevas elecciones, pues todavía hay signos que demuestran la existencia de vinculaciones entre algunos partidos políticos de la Derecha con sectores de las Fuerzas Armadas. Apuntan hacia ese sentido tanto el hecho de que esta Cámara actualmente tiene una Comisión Investigadora revisando las relaciones que existen entre algunas organismos de inteligencias y ciertos partidos políticos aquí representados, como la desmesurada declaración pública del Ejército ante una declaración del Diputado señor Estévez, en cuanto a la relación que específicamente existe entre el Ejército y la UDI. Frente a la necesidad de contar con una democracia sana, no podemos dejar de advertir que los mismos elementos que han sido observado y denunciados en las votaciones de San Bernardo y de Arica, se repiten con la misma sistematicidad en Punta Arenas. En dicha ciudad -donde el Presidente Aylwin obtuvo un arrollador triunfo en 1989, junto con la elección de los dos candidatos a Diputados y de los dos postulantes a Senadores, lo que significó la primera votación regional en la elección presidencial y un gran apoyo para la Concertación- uno puede constatar los mismos hechos denunciados. A saber: la Concertación ganó en todas las mesas de mujeres. Lo mismo sucedía en las de varones. De hecho, el promedio de votación de las Mesas 110 a 120, de las 132 existentes allí, indicaba que la Concertación estaba sacando el 75 por ciento de los votos, y el señor Büchi, menos del 20 por ciento. La misma proporción acusaba la votación para los candidatos a Senadores y Diputados que representaban a la alianza. No obstante, se produce un vuelco inusitado desde la mesa 123 hasta la 129: los candidatos de la Derecha triplican bruscamente su votación, y los de la Concertación la disminuyen a menos del 30 por ciento. ¿Qué tienen en común las mesas 123 a 129? En ellas se inscribió un número significativo de conscriptos que, en ese entonces hacían su servico militar en la zona. Esto es absolutamente concordante con elementos de público conocimiento, como las instrucciones dadas, no sólo en patios de cuarteles, sino también en gimnasio militares y en actos oficiales del Ejército realizados en aquella época, respecto de la votación de quienes vestían uniforme. Asumo que muchas cosas están cambiando para bien de Chile. Espero que esas prácticas, del todo desleales y ajenas al ejercicio de una sana democracia, no vuelvan a repetirse nunca más en el país. No tengo ninguna duda de que, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, los Diputados que en esta Cámara representamos al país en toda su latitud, observaremos con particular atención las Mesas donde haya conscriptos inscritos. Tengo la muy sana esperanza de que estos vuelcos llamativos, canalizados, conducidos y públicos de la votación de los conscriptos, no volverán a ocurrir. Creo que así se dará un paso hacia la sana convivencia democrática y el reencuentro entre todos los chilenos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 13:53. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.