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- rdf:value = " El señor TOHA.-
Señor Presidente, sin duda, el proyecto de ley que hoy estudiamos es uno de los más importantes de los que hemos conocido hasta la fecha, pues cambiará definitivamente aspectos sustantivos de la administración de nuestro país.
Durante la historia administrativa del país -no haré un análisis puntual, pues figura en el informe de la Comisión- se han intentado distintas formas de descentralizar o, al menos, desconcentrar el gobierno nacional. La Constitución de 1925 contenía ya esbozos de una descentralización. Sin embargo, no fue clara en la determinación de tales conceptos, lo que impidió su eficacia y derivó marcadamente al centralismo. En la década del 70, se produce la división administrativa del país, sin que ello haya significado en la práctica una real participación local en la gestión de los recursos y sin que se le haya brindado un estatuto legal que precisara el marco de las competencias de los órganos nacionales y regionales. Así, hoy hacemos realidad un anhelo de todos quienes, perteneciendo a ellas, estamos preocupados del desarrollo de nuestras regiones, como única forma de que el progreso se distribuya equitativamente a lo largo de nuestra geografía.
En efecto, al complementarse por este texto lo ya realizado en la reforma constitucional sobre el mismo tema y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se innova significativamente en todo lo efectuado hasta hoy en el campo de la regionalización.
Como consecuencia de las reformas constitucionales y legales citadas, quedó obsoleto el sistema de administración local que nos regía, lo que hace necesario regular un nuevo marco jurídico que explicite claramente la realidad de un país unitario, pero descentralizado administrativamente.
Se da cabida así a los esfuerzos de las comunidades regionales por lograr una mayor participación en la gestión y solución de sus problemas, como también en la toma de decisiones de toda índole.
Con esto, paralelamente, se avanza en fortalecer uno de los pilares esenciales del sistema democrático, cual es acrecentar la participación de la gente en sus realidades locales.
Al respecto, una regionalización política es su presupuesto para una democracia eficiente y sólida, por cuanto la centralización del poder resulta un obstáculo para las necesidades de la gente, una traba para los intentos de la autoridad por solucionarlas y, en general, un escollo insalvable para los cuerpos intermedios de la sociedad.
Sin embargo, no debemos pretender que este proyecto sea perfecto, pues tendrá defectos que el tiempo se encargará de explicitar y que a futuro deberemos enmendar, pero aquí están las bases de un desarrollo regional equitativo.
También debemos ser claros en prevenir que este proyecto no afecta, en modo alguno, nuestra unidad como nación. Chile es un Estado Unitario y debe seguir siéndolo.
No cabe entender este proceso como una federalización, sino, por el contrario, como una integración de todo el país a los progresos que éste sea capaz de alcanzar, a fin de generar un efectivo desarrollo. El desarrollo sin equidad es sólo crecimiento económico. El desarrollo nacional, en cambio, está profundamente ligado a la justicia y a la equidad en la distribución del producto de nuestra nación.
Cabe esperar que las transferencias de competencias desde saturados órganos de administración central a las regiones, rindan los frutos que esperamos, lo que se representa en los siguientes aspectos:
Lograr que los intereses locales resulten favorecidos, al adoptar las decisiones teniendo en consideración la realidad de cada sector y zona geográfica. En este sentido resulta trascendental la facultad otorgada al gobierno regional para convenir con los ministerios y otras instituciones de la administración pública programas anuales y plurianuales de inversión regional. También es relevante la posibilidad concedida de asociarse con distintas entidades, con el objeto de llevar a efecto iniciativas de desarrollo regional.
Descongestionar los niveles de decisión, al agilizar la adopción de decisiones y favorecer al público mediante la simplificación de los trámites de los procedimientos administrativos.
Posibilitar una mayor focalización en la inversión, toda vez que las decisiones serán adoptadas por quienes están en contacto con la realidad.
Para estos objetivos es importante todo lo realizado en materia de administración de recursos para las regiones, en especial lo referido al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que permitirá acceder de mejor forma a las necesidades de la población y lograr una optimización de los recursos fiscales y regionales.
Unido a lo anterior, la creación de un Consejo Regional, sin duda perfectible, contribuirá a una mejor focalización de los recursos y, a la vez, posibilitará una distribución socialmente equitativa entre las distintas provincias de cada región.
Al respecto, quiero enfatizar mi interés en que la descentralización que estamos llevando a cabo en las regiones de nuestro país genere una descentralización interna de cada región, pues serían inútiles nuestros esfuerzos si ello derivara en un centralismo regional representado, por ejemplo, en que las capitales regionales acumulen todas las competencias y los recursos destinados a las regiones.
En la provincia de Nuble, en la que queda ubicado el distrito que represento, existe gran interés en que esta descentralización sea efectiva en los dos ámbitos señalados, nacional y regional, para posibilitar a las comunidades provinciales un mayor desarrollo y gestión administrativa.
Este es un gran paso, que nos permitirá cumplir con uno de los objetivos fundamentales de todo sistema democrático: desarrollo con participación. Esa es la tÁrea que el Gobierno se ha impuesto desde el comienzo de su gestión.
Hoy damos otro paso en tal sentido, lo cual debe dejar satisfechos a todos los que participamos de los ideales democráticos y estamos empeñados en lograr un desarrollo equitativo y justo para todos los habitantes de nuestro país, cualquiera que sea la zona geográfica en que residan.
He dicho.
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