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- rdf:value = " El señor CANTERO.-
Señor Presidente, para Renovación Nacional constituye un motivo de profunda satisfacción el que hoy nos encontremos en esta Sala del Parlamento analizando una materia de tanta trascendencia, proyección e importancia para el desarrollo equilibrado y armónico de nuestro país, al otorgar igualdad de oportunidades a los ciudadanos, independientemente de la zona en que habiten, sea una gran ciudad, sea un sector rural.
Estamos satisfechos y orgullosos, porque entendemos que nuestro partido y, en general, lo Oposición, han tenido un papel determinante para que el país hoy se encuentre en esta etapa de búsqueda de una verdadera descentralización.
En efecto, historia sobre las intenciones, las voluntades, los deseos y los bellos discursos que han existido en este país por décadas y décadas en relación con la necesidad de descentralizar y desconcentrar, resultan abundantes y abultadas, diría yo. Sin perjuicio de ello, la verdad es que los resultados han sido escasos y esmirriados.
Resulta sorprendente escuchar la contradicción entre el discurso del señor Ministro del Interior, quien ha precisado que esto es fruto de un acuerdo político, y el de un señor Diputado, por las circunstancias, que acabo de señalar, de que en una primera instancia se pretendió democratizar las municipalidades, aspecto que fue aceptado por la Oposición pero respecto del cual puso la condición de avanzar en un efectivo proceso de descentralización. No hubo acuerdo en la primera instancia, y ambas iniciativas se frustraron. El Gobierno aceptó, finalmente, la proposición de Renovación Nacional y de la Oposición en general de incorporar este tema al análisis y al debate.
Por eso, cuando escuchamos a un Diputado democratacristiano arrogarse el patrimonio de la regionalización, resulta francamente sorprendente, porque los mayores obstáculos que tuvimos fueron levantados precisamente por algunos de los miembros de esa bancada, que no supieron entender el alcance de nuestras intenciones y que siempre nos calificaron de antidemócratas, que pretendíamos eludir una elección municipal e inventaron toda suerte de argumentos falsos para justificar el rechazo a nuestra proposición.
En resumen, Renovación Nacional y la Oposición han tenido un papel determinante y protagónico en este tema. Eso es de justicia reconocerlo. No disminuye el mérito; por el contrario, engrandece a quienes son capaces de reconocer las realidades de la contingencia que vivimos.
Por otra parte, es necesario destacar que ha habido un progreso notable en materia de la autonomía, ya tratada, en el ámbito municipal, y que hoy día se avanza hacia el regional. Hubo un impulso significativo en materia de facultades y atribuciones para las regiones y comunas y en cuanto a los recursos para enfrentar adecuadamente el proceso de toma de decisiones y avance del desarrollo.
Creo que hay un aspecto relevante, propio de la democracia, que es justamente el que nos llevó -contrariamente a lo que señalaban algunos parlamentarios- a puntualizar que el ejercicio de la democracia no sólo se expresa a través de un voto cada cuatro años o cuando se establezca. La democracia se ejerce día a día.
La democracia se debe ejercer entregando facultades y atribuciones a diferentes instancias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. La democracia se ejerce al acercar la toma de decisiones hacia la base social, permitiéndole cada vez mayor participación. Es necesario precisar que en el primer proyecto esas materias no se consideraban, al menos desde nuestra perspectiva, con absoluta claridad.
Hoy día estamos satisfechos, porque este proyecto permitirá solucionar una grave situación que ha afectado a nuestro país desde un génesis: las disparidades regionales, es decir, los desequilibrios en el proceso de desarrollo, de crecimiento económico, social y cultural.
En la contingencia actual que vive el país, tales disparidades se expresan, por ejemplo, en situaciones tan odiosas como las siguientes: mientras en el Área Metropolitana se discute por donde encauzar la línea 5 del Metro, en nuestras regiones tenemos comunidades y grandes ciudades que reclaman y aspiran a la solución del mejoramiento de sus rutas de comunicación, particularmente en los sectores rurales. Mientras se discute qué tipo de vehículos van a ser usados en esta segunda línea, hay comunidades de nuestro país que reclaman por la básica y necesaria pavimentación de sus calzadas y aceras.
EL señor ROJO.-
También en Santiago es urgente.
El señor CANTERO.-
Mientras en Santiago se discute si van a construir o no vías elevadas, en regiones estamos viendo la forma de solución al problema del agua potable y de energía eléctrica a los sectores de más escasos recursos. Mientras en Santiago se discute si el control de la seguridad y del orden ciudadano se hará por medios tradicionales o por el uso de complejos sistemas de televisión, nuestras comunidades rurales reclaman y esperan una solución que les permita comunicarse con los centros urbanos, por ejemplo, tener acceso a la telefonía rural, tan propio de esas zonas en toda la geografía de nuestro país, y a las comunicaciones en general, que le permita acceder a una educación digna, que les posibilite arraigarse en su zona sin tener que emigrar a formar cordones de miseria, ni estar hacinados o condenados a cumplir funciones de segunda o tercera categoría, lo que finalmente condena a nuestra juventud a la frustración, cuando no al alcoholismo y a la drogadicción y, por consecuencia lógica, a la delincuencia. En nuestras regiones se discute cómo dar solución elemental a la postergación de los problemas habitacionales.
En definitiva, esta ley permitirá dar satisfacción a caras aspiraciones que han mantenido por décadas nuestras regiones.
El sistema de desarrollo ha sido deficiente porque provocó un centralismo que ha perjudicado gravemente la posibilidad de acceso de nuestras regiones en igualdad de oportunidades, a los beneficios del progreso y del desarrollo. El proceso de desarrollo económico y particularmente la tendencia, que pareciera ya superada, hacia la industrialización y la urbanización, provocaron crecientes situaciones de concentración geográfica de la población y de las actividades económicas. Un círculo vicioso, por cuanto la economía de aglomeración de escalas permanentemente hacía que se tendiera, en una forma cada vez más creciente y en proyección geométrica, a incrementar ese proceso.
Por ello, nos preocupa que algunos señalen que debe aplicarse con mucha prudencia y cuidado esta norma y recurrir a la gradualidad y a la selectividad, actitud que llama al cumplimiento, sin prisa, de esta demanda del país, la cual más que de prudencia y de buen criterio, nos parece, en algunos sectores, un entorpecimiento o un entrabamiento al adecuado avance de este proceso.
Se recurre reiteradamente al argumento que puede ténder a romper el concepto del Estado unitario, que nos acerca al federalismo. En este Congreso, nadie ha hablado de eso.
Lo que queremos es avanzar en la desconcentración y dar pasos decisivos en la descentralización, es decir, en la extensión territorial de las posibilidades de acceso al desarrollo y al progreso.
Ahora bien, parece clara la necesidad de una intervención para manifestar territorialmente, en forma más equilibrada, el desarrollo económico y social. Hemos avanzado en la integración nacional a través de un proceso de división político- administrativa que puede ser objeto de observaciones y reparos; pero nadie podrá desconocer que la caduca división político-administrativa, que se arrastraba desde la Colonia y establecía las provincias, estaba definitivamente superada por la historia. Las regiones son y constituyen el mecanismo más eficiente para avanzar en un proceso de desarrollo integral.
La regionalización funcional o sectorial que se ha venido impulsando constituye también un avance para dotar a las regiones de mayor capacidad y nivel técnico en la aplicación de soluciones sectoriales, sin necesidad de recurrir majaderamente al nivel central para que les preste su ayuda.
El avance de la regionalización, de la planificación o multipropósito ha permitido, además, madurez de las regiones en la aplicación de los planes de desarrollo. La regionalización administrativa, promovida con tanta vehemencia durante el gobierno militar, hizo avanzar al país en forma seria, segura y sostenida, en la desconcentración de la administración del Estado. Ahora, estamos ad portas de un proceso de regionalización incipiente en materia política, es decir, un proceso auténticamente descentralizador. Esto es lo que nos parece relevante y significativo.
Sin perjuicio de lo ya señalado, denuncio a la Cámara -y llamo al buen criterio para superar la situación- la calificación de las normas de carácter orgánico constitucional y de quorum calificado que, por mayoría de votos, la Concertación impuso en la Comisión en el primer trámite reglamentario de este proyecto.
La rechazamos por ilegal y contraria a la Constitución Política. No fue adecuada ni criteriosa. No resulta aceptable la argumentación que escuchamos, en el sentido de que se pretende cautelar la intervención del Tribunal Constitucional cuando ejerza el control de constitucionalidad.
Por tal razón, solicito de la Mesa que se pronuncie respecto de la calificación de las normas de quorum orgánico constitucional, por cuanto Renovación Nacional rechaza, en los términos más categóricos, la calificación efectuada. Creemos que no se ha considerado un número importante de normas que revisten el carácter orgánico constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, nos reservamos la opción de recurrir al Tribunal Constitucional para que restablezca el imperio de la Carta Fundamental en esta materia.
¿Cuál es el fundamento para sostener esta situación? En primer lugar, no se indica cuáles artículos son orgánicos constitucionales o cuáles requieren de quorum calificado para su aprobación.
Al respecto, las funciones y atribuciones del gobierno regional están establecidas en el Capítulo II, del Título Segundo, normas que no tienen el carácter de orgánico constitucional para la Comisión, que los aprobó, como ya se ha señalado, por mayoría de votos, sin considerar las argumentos de la Oposición.
Si las funciones y atribuciones del consejo regional son disposiciones de carácter orgánico constitucional también deben serlo las del gobierno regional, del cual dicho consejo forma parte. De no interpretarse armónicamente las normas de la Carta Fundamental, resultaría que por ley simple se puede privar al gobierno regional de atribuciones y funciones y, como consecuencia de ello, al consejo regional, pues éste no podría tener más atribuciones que el ente que integra.
Sería lo mismo que sostener que las funciones y atribuciones de las municipalidades pueden modificarse por ley simple. Existen múltiples ejemplos al respecto.
Consideramos extraordinariamente grave que no se escuche el mandato constitucional y que, por una voluntad que no aceptamos se haya alterado el criterio relativo a las normas de quorum calificado.
Además, debo señalar, sin perjuicio de las bondades del proyecto, que ellas resultan francamente insuficientes por lo siguiente: crea un órgano denominado gobierno regional dotado de mayores atribuciones y facultades, pretende entre-
gar a las regiones mayores recursos y una administración regional con mayor autonomía e independencia del nivel central, sin que esto -por cierto- signifique autarquía, desconocimiento o desvinculación del nivel central; permite mayor participación de la comunidad regional y acerca la toma de decisiones a la base social. Sin embargo, muestra escasa flexibilidad para el manejo de los recursos y la distribución de los mismos y ambigüedad para definir el monto de los recursos que se destinarán a las regiones.
El FNDR y el Fondo Sectorial de Asignación Regional no tienen parámetros o lineamientos definidos para proyectar, con claridad, un crecimiento. La definición de los montos y la distribución de los mismos no resulta clarificadora ni orientadora para las regiones.
En el ámbito de los recursos, hacemos un llamado al Gobierno para que escuche y, en la medida de lo posible, recoja las sugerencias expuestas hace varias semanas -yo diría meses- por Renovación Nacional, en el sentido de crear un fondo regional de desarrollo cultural.
Esta aglomeración a escala de los beneficios que provoca, ha llevado a que el desarrollo cultural se concentre fundamentalmente en el área metropolitana o en algunas capitales regionales relevantes, pero al interior de las regiones constituye un difícil desafío, por lo complejo que resulta financiar dichas actividades. A lo largo del país, hemos visto cómo actividades relativas a la música, orquestas sinfónicas o centros de teatro terminan por desaparecer al no contar con recursos para mantenerse.
En relación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, nos preocupa lo restrictivo que resultan los criterios de elegibilidad establecidos para los recursos que lo componen que se originan en créditos o aportes de organizaciones internacionales, toda vez que son ellas las que definen en qué se gastan esos dineros.
Esto resulta muy complejo y grave para el desarrollo regional.
Por otro lado, queremos un avance más dinámico y ágil en la transferencia de fondos sociales para que sean administrados por las regiones, a fin de romper con la inercia que nos ha llevado a mantenerlos concentrados en el nivel central.
También expresamos nuestra preocupación por la escasa vocación para desconcentrar la Administración Pública, como se desprende del tenor del proyecto enviado por el Ejecutivo, el cual establece que el gobierno regional debe constituirse con el personal que actualmente cumple tÁreas en las secretarías regionales ministeriales con residencia en cada una de nuestras regiones.
No escapará a la consideración de nuestros colegas que hay secretarías regionales que son paupérrimas, muy mal implementadas donde muchas veces solamente existe un Seremi, un escritorio, y, cuando tienen suerte, un secretario o un chofer. En consecuencia, es muy difícil instalar al gobierno regional en esas condiciones. Esto es una obstrucción a aquellos funcionarios de la Administración del Estado que aspiran a salir de la zona metropolitana hacia las regiones en búsqueda de mejores expectativas. Nos parece aceptable el juicio expresado por el Gobierno, en cuanto a dar la primera opción a la gente que está en regiones; pero eso no debe impedir que los funcionarios que quieran, se vayan a las regiones a entregar su capacidad y su calificación.
Por otra parte, cada región, según se desprende del tenor de proyecto de ley que analizamos, tiene la atribución para organizar su propio gobierno regional. Sin embargo, nos preocupa que esta facultad sea limitada, a continuación, en una norma transitoria que dispone que, sin perjuicio de lo señalado, será Su Excelencia el Presidente de la República quien establecerá la organización y fijará las plantas de estos gobiernos regionales en su primera etapa. Nos parece que la instancia regional tiene mucho que decir al respecto.
También nos preocupa la situación de la constitución del equipo o gabinete que ayudará al gobierno regional. En particular, los secretarios regionales ministeriales quedan en una situación muy poco definida, en una especie de limbo. No sabemos si tienen una clara relación con el intendente o si están vinculados al nivel central y dependen del Ministro. Es más, el propio Diputado informante se��alaba que, con el propósito de nombrar a estos secretarios regionales, tendrá que haber dos temas: una, presentada por la instancia regional y otra por la instancia ministerial. Tal procedimiento nos parece poco adecuado.
En fin, tenemos múltiples observaciones al proyecto, las que no detallaré por el escaso tiempo de que dispongo, pero debo dejarlas anunciadas.
Hago un llamado a la reflexión y apelo a un criterio más amplio de la Concertación para votar algunas materias que no pueden estar subordinadas a intereses particulares o a circunstancias coyuntura- íes. En este proyecto hay muchas otras normas -como ya lo he señalado- que no han sido consideradas de rango orgánico constitucional. Este criterio no resulta aceptable ni razonable y espero que en el momento en que la Mesa se pronuncie sobre ellas, se imponga el buen criterio y prevalezca el imperio de la Carta Fundamental.
No obstante dejar consignadas nuestras observaciones y reparos al proyecto, que consideramos insuficientes porque debe profundizar en materias de atribuciones, facultades y recursos para las regiones, nuestro voto será positivo, porque para nosotros el desarrollo regional, el avance de la desconcentración y de la regionalización resultan, quizás, los temas más trascendentes y los que más directamente afectan a la gente, porque les permitirá superar las deficiencias que le han impedido lograr un nivel de vida digno.
Como aspiramos a perfeccionarlo en el segundo informe, daremos nuestra aprobación unánime al proyecto, reitero en la discusión general.
He dicho.
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