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- rdf:value = " El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, valoramos de manera positiva la discusión de este proyecto de ley, que nos permite abordar uno de los desafíos más grande que plantea el desarrollo económico moderno del país.
Al iniciar mi intervención, no quiero dejar pasar expresiones que el Diputado Jeame Barrueto se permitió manifestar en la mañana. Deseo decirle que más que ocuparse de cómo se distribuyeron los fondos regionales en la administración anterior, él debe preocuparse de cómo hoy se distribuyen los recursos que deberían asignarse a las regiones, para lo cual le voy a señalar cinco ejemplos de un municipio, como el de Santiago, donde, me atrevería a decir, se dilapidan recursos que deberían asignarse al resto del país: 500 millones de pesos destinados a la instalación de la Municipalidad de Recoleta; 1.600 millones de pesos para la construcción de un parque, de los cuales la mitad -se dice- son aportados por el gobierno español; 150 millones de pesos se estiman para instalar cámaras de televisión, como aquí se dijo en la mañana; 1.500 millones para la construcción de vías elevadas; 500 millones de pesos se cancelaron en 1991 para el pago de honorarios de 630 funcionarios contratados en ese municipio por sobre la planta.
Le diría al Diputado señor Jeame Barrueto que sume todas esas cantidades, porque con tan importantes recursos, ¡caramba que sería notable el desarrollo en la Octava Región, particularmente en la zona de Talcahuano, a la cual él representa!
Sin duda, una de las modernizaciones más trascendentales que el país conoció en la década del setenta, en 1974 para ser más preciso, fue la puesta en marcha de un notable proyecto de regionalización del país, proceso que ahora vemos complementado, al menos en parte, con la iniciativa legal que el Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso Nacional y que nos ocupa esta tarde.
En primer término, todo el proceso regionalizador requiere de etapas para superar los múltiples y complejos desafíos que encierra su puesta en marcha y su ejecución en el tiempo.
No conocemos país alguno en que no haya tomado largo tiempo la implementación de un modelo de descentralización político-administrativa. Solamente digamos que en Francia ha tomado más de un siglo.
El informe que se ha consignado para la discusión de este proyecto da cuenta de los primeros intentos regionalizadores en América Latina en la década de los cuarenta, que van desde aspectos meramente geográficos hasta concitar la preocupación de las autoridades por aspectos estructurales ligados a la pobreza y al subdesarrollo.
La cuestión de fondo que en los diferentes intentos regionalizadores de nuestro continente ha estado implícita no es otra que lograr reformas socioeconómicas, que les permitan a los países un grado de desarrollo y un grado de progreso mayor.
Se trata, pues, de articular y de ordenar de manera coherente todas las potencialidades que un país tiene, integrando de manera armónica sus variados aspectos físicos, económicos, sociopolíticos y culturales, de suerte que su división político-administrativa responda a una orgánica que haga posible la realidad inminente del desarrollo y del progreso. Esa es la cuestión de fondo implícita en la discusión de este proyecto y no otra.
Una armónica regionalización trae aparejada, o al menos así debe proponérselo, la desconcentración y descentralización de los servicios públicos, de forma tal que en el nivel territorial éstos sean concordantes y eficientes con los niveles que surjan de la subdivisión territorial a que se llegue.
El proceso regionalizador iniciado en Chile en 1974, sin lugar a dudas, ha tenido gran significación en la construcción de nuestra democracia. Así como se sostiene que la regionalización política es un presupuesto ineludible en una democracia moderna y estable, la voluntad des- centralizadora expresada hace casi dos décadas en Chile, cuando se construían las bases de nuestra democracia, sirvió de cimientos sólidos al sistema que ahora nos cobija y marcó un rumbo a todo el proceso político, económico y social que ahora estamos completando.
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que buena parte del orden institucional establecido bajo el gobierno anterior, en materia de regionalización, se consolida ahora en democracia, manteniéndose instituciones tales como el propio gobierno regional, que se le moderniza todavía más, los Serplac o secretarías ministeriales de planificación, las secretarías regionales ministeriales, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, instituciones todas que han servido de fundamento al proyecto que hoy nos ocupa, que de no haberse constituido, como lo hicieron con la concepción de gobiernos regionales de la administración anterior, difícilmente en la actualidad podríamos estar hablando de una iniciativa que nos permite avanzar y no comenzar.
Quienes sistemáticamente negaron la voluntad de conducimos a una democracia por parte de anteriores regímenes, aquí encontrarán, entre otras manifestaciones, una que habla de aquella decisión democratizadora del gobierno pasado. Lo que se trata, ahora, es de dar todavía más participación a la ciudadanía en todo este proceso descentralizador, para lo cual es imprescindible que las regiones, ya delimitadas físicamente, que han experimentado el valor de lo que significa una identidad regional, ahora sean capaces de consolidar una organización más independiente del nivel central para transformarse en sujetos de su propio desarrollo.
Ya no se trata de la regionalización como un objeto, sino de que quienes son los protagonistas del proceso de regionalización, que es el pueblo, sean sujetos de este proceso de desarrollo.
El desafío de la regionalización es lograr potenciar, dentro de un esquema unitario, las capacidades de cada región en un todo colectivo.
Lo anterior no se consigue sin crecimiento económico, sin un proceso de autonomía en las decisiones, sin capacidad para invertir y reinvertir los recursos regionales, sin una armónica distribución del ingreso (tanto regional como nacional), sin un equilibrio económico que permita difundir en la región el beneficio del crecimiento, sin que exista una clara conciencia del valor que encierra la preservación del medio ambiente, que resguarda la calidad de vida de los habitantes de una región, entre otras muchas características que ofrece el proceso de descentralización. Debe propenderse, por tanto, a que cada región encuentre su estilo propio de desarrollo y aplique los mecanismos más adecuados para alcanzarlo, dentro naturalmente de los marcos de una política nacional de desarrollo en un Estado unitario, como es el nuestro.
La excesiva concentración de población, de actividades, en el área metropolitana de Santiago -y lo dice un Diputado de la jurisdicción-, sin duda, ha contribuido al centralismo y a la gran desigualdad que se observa entre las regiones del país. Digamos tan sólo que el Gran Santiago concentra cerca de un tercio de la población de Chile y cerca del 45 por ciento del producto geográfico bruto, lo que significa que casi la mitad de los bienes y servicios finales disponibles de la economía nacional se generan en la Región Metropolitana. Digamos también, para aportar a este debate, que un 22 por ciento de la inversión pública, que un 30 por ciento de la recaudación tributaria y que un 35 por ciento de gente en extrema pobreza se concentran en la Región Metropolitana como consecuencia de este centralismo que atrae; lo que, naturalmente, plantea que ella no puede ser excluida de la participación del desarrollo, puesto que también en ella, no obstante concentrar tantos recursos, existen lacerantes situaciones que deben ser atendidas.
Fácil resulta concluir -después de analizar estas cifras- por qué tantos compatriotas se ven obligados a emigrar a la Región Metropolitana, buscando mejores expectativas de vida, de salario o de acceso a una vivienda. Muchas veces, esto que atrae no siempre resuelve y es el gran dilema que tiene la Región. Por eso, debemos tender a un proceso de descentralización y de desconcentración, de suerte de sujetar -en el buen sentido de la expresión- a aquellos habitantes que miran en Santiago expectativas que, a la postre, no se le cumplen, una vez que llegan a la gran ciudad. La excesiva concentración, naturalmente, empuja al centralismo.
Lograr una equidad territorial supone que en Chile surja un conjunto de condiciones que permitan superar el subdesarrollo en que se encuentran miles de compatriotas. De ahí que siga siendo prioritario que la acción social del Gobierno sea focalizada, cada día más, hacia los sectores más desposeídos, que se encuentran en los lugares más pobres del territorio. Desde esta perspectiva, la descentralización, apuntada a los más pobres, frena el efecto del centralismo.
Por ello, insistimos, es clave la descentralización. Pero debemos asumir que, no obstante el avance que representa este proyecto, en un sentido amplio y genérico, en lo específico, en lo relativo al manejo de los recursos, en lo que más importa, en definitiva, para el desarrollo regional, claramente no podemos afirmar que las regiones hayan alcanzado su mayoría de edad con esta iniciativa.
Sin duda -como lo decíamos al comienzo- hay una gradualidad en el tiempo y, en ésta, nosotros, como partido, comprometemos toda nuestra vocación y voluntad de servicio público para ahondar en futuras iniciativas, sea con el Ejecutivo o con el Parlamento, que tiendan a fortalecer todavía más los gobiernos locales, los gobiernos regionales y la autonomía decisional en el nivel regional.
Falta mucho todavía por avanzar en materia de administración financiera de las regiones. Digamos tan sólo que el presupuesto del gobierno regional constituirá anualmente la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación. Y seamos claros: no obstante todo lo que aquí se ha avanzado en materia de gobiernos regionales desde la administración anterior hasta ahora y lo que surja de esta ley, a la postre, será aquí en el Parlamento donde se definirá, una vez más, la suerte de las regiones, cuando se debata la Ley de Presupuestos de la Nación, una vez que el Ejecutivo la someta a su conocimiento. De manera que, si bien es cierto se avanza mucho en estructuras, como se consigna en los informes y en la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, debemos tener claro que, en definitiva, será esta instancia, y no la regional, la que decida respecto de las proposiciones regionales consignadas en la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos asignará a cada región los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento. Nuevamente nos encontramos con que las decisiones del Ejecutivo y del Parlamento resultan fundamentales y determinantes para las resoluciones que deban adoptarse. Ello constituye una realidad de la que debemos estar conscientes, desafío en el cual el Gobierno y la Oposición debemos comprometer todos nuestros esfuerzos para que esta voluntad institucionalizadora de regionalizar se manifieste de manera explícita en el nivel regional, antes que en la Ley de Presupuestos, para que dicha ley sea informada con la expresión real y vital de las regiones.
Está claro que el presupuesto de las regiones continuará siendo materia de discusión y de aprobación en el nivel central, pues será el Ejecutivo el que, en definitiva, acogerá o no las propuestas regionales que serán incorporadas a la Ley de Presupuestos de la Nación. Más aún, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional depende de la Ley de Presupuestos, ya que a las regiones se les asignan cuotas. Esta es una expresión más de que debemos estar muy conscientes de que más allá del discurso, más allá de las atribuciones y más allá de los encandilamientos a que nos puede llevar esta voluntad sana que se ha tenido, hay una realidad que subyace y que permanece. En definitiva, se ha dado un paso, pero no se ha dado el gran paso, respecto del cual debemos comprometemos todos a darlo en la progresión del tiempo.
Decía el Diputado señor Jeame Barrueto, y comparto su juicio, que queda mucho por hacer; también comprometemos nuestra adhesión a los planteamientos que ha formulado el señor Ministro del Interior, en el sentido de que se avance en los próximos años o en los próximos meses hacia una descentralización de los Ministerios, de los servicios públicos, y hacia una deslocalización de los servicios públicos. Sólo tendrá peso el presupuesto regional cuando todas las expresiones regionales se vayan vertiendo en funciones y atribuciones ejecutables en las regiones.
Finalmente, la UDI compromete todos sus esfuerzos para continuar avanzando en materia regional. Lo decimos solemnemente esta tarde: comprometemos férreamente nuestra voluntad como partido y como grupo político que está en cada una de las regiones del país para seguir avanzando más allá de discusiones de orden ideológico, y con un sentido práctico, en el fortalecimiento de las regiones, como la expresión vital de un país que, unitariamente, es capaz de integrarse y enfrentar el gran desafío del desarrollo.
Creemos firmemente que la economía social de mercado no sólo es compatible con la descentralización de las decisiones económicas o gubernamentales, sino mucho más que eso: es un imperativo ineludible para que opere una economía al servicio de todos, que genere riquezas para superar la pobreza y, de esa forma, articular en Chile un proceso de desarrollo en el cual todos se sientan integrados y no quede nadie marginado. Ese debiera ser el objetivo fundamental y permanente que mueva nuestros afanes, especialmente los legislativos.
Finalmente, nos sumamos a los planteamientos de orden constitucional que ha hecho Renovación Nacional y que apuntan, más que a entorpecer, como pudiera pensarse, a clarificar y a vigorizar una ley que debiera tener, desde todo punto de vista, una excelencia tal que garantice y consolide el proceso de regionalización.
Por eso miramos todas estas correcciones de insuficiencias y deficiencias del proyecto como elementos positivos que apuntan a un mejoramiento de esta proposición de ley y, sobre todo, a completar el proceso de regionalización que, como decimos, se inició hace dos décadas en Chile, y que nosotros, más allá de quien lo haya comenzado, tenemos el imperativo y la obligación moral de consolidar ahora y en lo que nos queda por delante en este trabajo de engrandecer a nuestra nación.
He dicho.
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