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- rdf:value = " La señora CARABALL.-
Señor Presidente, el Gobierno que preside don Patricio Aylwin, al proponer la reforma constitucional al Capítulo XIII, aprobada a fines del año pasado por este Parlamento y, posteriormente, los proyectos de Ley Orgánica sobre Municipalidades y de Gobierno y Administración Regional que hoy nos ocupa, ha buscado un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización del país.
El mensaje mediante el cual el Presidente de la República envía este proyecto a consideración del Parlamento, Señala que lo anterior resulta fundamental en nuestra actual etapa de desarrollo, por los requerimientos propios del sistema democrático, por las demandas que plantea la expansión económica en varias zonas del territorio, por las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública, y como respuesta a los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales.
Estas son las consideraciones que fundamentan también el proyecto que hoy estamos analizando.
Hay un largo camino que debemos transitar de manera progresiva y prudente, pero no por ello menos decidida. Es un desafío al país en su conjunto. No se trata sólo de que los órganos del Poder Ejecutivo se desconcentren y descentralicen, sino de que todas las regiones asuman con capacidad, eficiencia y energía su propio desarrollo y afiancen de esta manera una positiva descentralización del país, uno de los principales desafíos a fines de este siglo veinte.
En suma, se pretende lograr un desarrollo armónico de todo el país, con una activa participación de sus habitantes y de sus cuerpos sociales en la búsqueda de una distribución más equitativa de las cargas y beneficios que implica el proceso de desarrollo económico, social, político y cultural, compatibilizando estos avances e innovaciones con nuestra tradición institucional y jurídica de Estado unitario.
Se trata de un proyecto de ley equilibrado, pues junto con las nuevas funciones y atribuciones que asumen los gobiernos regionales que se crean, les asigna los medios para ejercerlas y, de manera progresiva, transfiere también responsabilidades en la gestión de los recursos que mayor significación revisten en la dinámica del desarrollo, en relación directa con la capacidad creciente que aquellos vayan adquiriendo.
Sobre la generación de estos gobiernos regionales, cabe señalar que las negociaciones que precedieron al acuerdo político en la materia, no permitieron arribar, al menos por ahora, a la fórmula de generación directa, como era el propósito del Gobierno de la Concertación.
Una innovación de gran alcance para nuestro derecho se consagra al estatuir que los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.
No me detendré a reseñar en forma pormenorizada las características, atribuciones o estructuras de estos gobiernos regionales, ya que los colegas que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a ello. Quiero señalar, sí, algunos aspectos que considero esenciales para que este histórico proyecto se perfeccione y cumpla plenamente su propósito.
Es importante dejar constancia de que será necesario revisar la forma de generar el gobierno regional, de modo de lograr que todos los habitantes de la región puedan, mediante su voto, manifestar su opinión y elegir a los integrantes del consejo regional. Del mismo modo, me parece indispensable que este Parlamento analice de manera responsable y profunda la situación de las áreas metropolitanas, que, por sus características y gravitación en el desarrollo nacional, merecen en casi todos los países del mundo una legislación especial. Desgraciadamente, tanto Renovación Nacional como la UDI, no dieron su acuerdo en la reforma constitucional para establecer un gobierno metropolitano en aquellas regiones que por sus especiales características así lo requirieran.
Como consecuencia de lo anterior, en este proyecto se plantea un tratamiento idéntico para las 13 regiones del país. A simple vista, puede parecer un acto de justicia con las regiones, incluida la Metropolitana y otras que, a mi juicio, también merecen un trato jurídico distinto en un mismo concepto de gobierno regional.
Sin embargo, es necesario dejar constancia de que, por ejemplo, la nueva normativa cambia el concepto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al transformarlo en la base del financiamiento de cada gobierno regional. Con ello pierde su principal característica: la de redistribuir recursos en función del territorio y no sólo de sus habitantes. Este cambio establece una inequidad objetiva entre las regiones, pues únicamente el 5 por ciento del mencionado Fondo estará disponible para una región que -nos guste o no- acoge al 40 por ciento de la población del país.
Más grave resulta esto si pensamos que el Fondo se incrementará progresivamente en 25 por ciento anual, de modo que al partir de una base tan desmedrada esta inequidad será aún mayor.
Todos somos testigos de que cuando un proceso urbano toma determinado volumen, éste debe ser administrado de una manera coherente y armónica. No basta la suma de municipalidades para enfrentar la extraordinaria complejidad que significa el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas. No cabe duda de que el gobierno regional de tipo único significará un gran avance para algunas regiones, pero no lo será para la Región Metropolitana ni tampoco para algunas otras, como la Quinta y la Octava.
Permítanme ilustrar lo que estoy señalando con un ejemplo. La Región Metropolitana, con cerca de 5 millones y medio de habitantes, tendrá menos consejeros regionales que la Quinta Región, con 1.400.000. En efecto, aquella elegirá 26 consejeros regionales y ésta, 28.
Por las razones anotadas, en conjunto con el Diputado señor Gutenberg Martínez y otros parlamentarios de la Región Metropolitana, presentamos una indicación con el objeto de restablecer la idea de los gobiernos metropolitanos.
Lo argumentado no intenta en modo alguno privilegiar a la Región Metropolitana. Sólo pretende que, como legisladores nacionales, pues todos somos Diputados de la República, asumamos la responsabilidad completa en cuanto al proceso de regionalización y estudiemos, en otro texto legal, la normativa que permita a la Región Metropolitana y a las otras que vayan adquiriendo esas características, administrarse en forma adecuada, de modo que se les permita desconcentrarse sin afectar a sus habitantes e incorporarse de manera armónica con las otras regiones del país al nuevo proceso que se inicia con esta ley.
Honorable Cámara: la regionalización debe asumirse en favor de las regiones y no en contra de algunas de ellas.
No puedo evitar referirme a la intervención del Diputado señor Cantero. Toda ella fue un largo ataque en contra de la Región Metropolitana, como si este ente fuese culpable del deterioro o de la falta de desarrollo de otras regiones.
En su intervención nada escuché sobre las causas que generaron esta excesiva concentración de habitantes, de capitales, de inversiones, de empresas, de industrias. Por lo tanto, tampoco propone nada en esa línea. Esas causas también están presentes en el proceso de concentración excesiva que están sufriendo varias otras regiones del país. Al no tenerse a la vista como antecedentes válidos en el estudio esta ley, seguirán gravitando negativamente. Es cierto que ahora no sólo se produce en la Región Metropolitana, en la Quinta o en la Octava, sino en todas las regiones del país.
Por lo limitado del tiempo, sólo enunciaré algunos aspectos claves para un desarrollo urbano sano, que están ausentes de nuestro razonamiento sobre un proceso de regionalización, cuya finalidad sea el desarrollo integral de las personas en un espacio físico y con una institucionalidad que efectivamente reconozca en el ser humano el sujeto del desarrollo y no su mero objeto.
El uso del suelo, de los recursos humanos, físicos, naturales, técnicos o financieros, son parte inseparable y aspectos claves de cualquier concepto de desarrollo; pero el contenido de las políticas, para su correcta utilización, también es parte inseparable de un proceso de regionalización racional y eficiente.
La no consideración de las externalidades de toda inversión -que normalmente recaen como costo del Estado o de las municipalidades, es decir, de todos los chilenos, que aumentan artificialmente y, en algunos casos, de manera espectacular la ganancia de los capitales- produce necesariamente concentración de la inversión, con la consecuente generación de problemas cada vez más complejos y difíciles de manejar. Valga, tener presente a modo de alerta, lo que sucede desde hace más de diez años en el distrito que represento, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Como no existe una legislación adecuada, se hacen grandes inversiones en construcción, que reportan una extraordinaria ganancia al capital al no tener que incorporar a sus costos las inversiones de otros, lo que hace posible la construcción de un millón ochocientos mil metros cuadrados en un solo año.
Las ampliaciones de vías, las adecuaciones de redes de alcantarillado y agua potable, la extensión de servicios, entre otros, no forman parte de los costos del inversionista, pero sí significan un mayor precio para el adquirente. De ahí la poca efectividad de los llamados planes reguladores, ya que éstos no son una vara mágica que solucione todos los problemas, sino el mero reflejo de una norma que no tiene capacidad de reglamentar la voracidad de los inversionistas, al no poder distribuir los costos que genera esa inversión.
Esta analogía es conveniente para tomar conciencia de que no basta la normativa legal que busca una eficiente regionalización. Será necesario avanzar decididamente en la elaboración de un conjunto de normas jurídicas que complementen esta histórica iniciativa y hagan posible la aspiración expresada en el programa de la Concertación y asumida por el Gobierno que preside don Patricio Aylwin, de hacer de este país una patria justa y buena para todos.
Esta iniciativa es un gran paso en ese sentido. Por eso, la aprobaremos.
He dicho.
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