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- rdf:value = " El señor CARRASCO.-
Señor Presidente, cuando algunos pretenden vestirse con ropaje ajeno, los democratacristianos reclamamos para este tema el importante rol que ha tenido en el desarrollo histórico.
La descentralización constituye una parte significativa del corpus doctrinario de la Democracia Cristiana.
En la declaración de principios del partido, del 27 de julio de 1957, se lee: "La Democracia Cristiana promueve el más amplio desarrollo de las entidades intermedias entre el individuo y el Estado y su reconocimiento en las instituciones de derecho.
"Impulsa, por lo tanto, el robustecimiento de los organismos regionales y de los municipios".
En el manifiesto político de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, en Roma, el 16 de julio de 1976, se señalaba:
"El proceso de industrialización, particularmente en los países del Tercer Mundo, requiere una política de desarrollo que asegure el equilibrio ecológico, tenga en cuenta la diversidad de las regiones y garantice una asignación de recursos más equilibrada".
El año 1958, hace ya más de treinta años, nuestro camarada Jorge Ahumada, uno de los más preclaros economistas nacionales, en su libro magistral "En vez de la miseria", que serviría como fundamento programático a la primera postulación presidencial del Presidente Freí, decía, que el centralismo era el cuarto enemigo del mejoramiento del patrón de vida de los chilenos.
En el mismo libro, como sugerencia estratégica, expresaba: "El aumento de las facilidades de producción hay que distribuirlo a lo largo del territorio y de un modo económico". Agregaba: "El Estado tiene muchos instrumentos para acelerar el proceso de descentralización"... y los daba a conocer.
Desde el punto de vista de la administración pública, durante el gobierno del Presidente Frei se inicia, a través de la nueva Oficina de Planificación Nacional, Odeplan, una amplia y sistemática obra nacional a favor del desarrollo regional, que comienza con el establecimiento de la regionalización en la ley N° 16.635, de 1967.
Hay diversos estudios de carácter técnico y la formulación de estrategias de desarrollo para el Bío-Bío, Maulé y Magallanes; la aplicación de una exitosa política de localización industrial; la Junta de Adelanto de Arica y la Corporación de Magallanes.
En el primer documento emanado de Odeplan en 1968, decía:
"El plan nacional de desarrollo plantea, por primera vez en forma explícita, la necesidad de provocar, paralelamente con el crecimiento general del país, un proceso de desconcentración de la actividad económica y descentralización de la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el privado.".
Posteriormente, se crean las Oficinas Regionales de Planificación, Orplan, y se diseña un esquema de regionalización en 12 regiones.
El propio Presidente Frei escribió en su obra, "América Latina: opción y esperanza", lo siguiente: "La descentralización del poder no tiene sentido si no hay una organización auténtica de las bases sociales, capaces de asumir las tÁreas y la parte de responsabilidad que hacen posible su participación e integración.".
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el mejor botón de muestra que puede lucir la Democracia Cristiana en este tema, ya que fue planteado en el documento conocido como "El desarrollo regional de Chile en la década de los setenta", una de las últimas publicaciones de Odeplan durante la administración Frei. Pero no sólo esto. Todo el material anterior es recogido en un trabajo colectivo hecho en 1984 por gran número de profesionales y técnicos, llamado "Proyecto alternativo", dirigido por el actual Ministro Sergio Molina.
Este compromiso histórico de la Democracia Cristiana con la descentralización y regionalización también lo asumen, durante los años 1988 y 1989, con gran fuerza, otros camaradas nuestros, como los Ministros Foxley y Cumplido.
Recordamos esto porque nunca faltan quienes, adorando lo que ayer quemaron, hoy pretenden erigirse no sólo en los adalides y conductores de este proceso histórico -tan trascendente para el desarrollo de los pueblos-, que siempre ignoraron, sino que quieren hacerlo hoy con irresponsabilidad y demagogia, impulsados por un mezquino afán electoralista, sin importarles que estamos ante un hecho muy relevante para la vida del país y de los chilenos.
En este proyecto no se trata de encontrar todo malo y empequeñecido, ni de actuar con mezquindad política y acusar al Gobierno de no cumplir su compromiso de legislar en materia de regionalización, como se ha dicho en esta Sala, sino de decir, con honestidad, cuánto podemos avanzar en un proceso de transformación del Estado y de su estructura administrativa para entregarle a los chilenos funciones y atribuciones que antes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer; cuánto es posible darles hoy para crear un proceso sostenido y gradual de transferencia de facultades y recursos que les permita, en el tiempo, ser sujetos de su desarrollo y no meros entes receptores de órdenes impartidas en el centro del país, como ocurría en el período que ellos añoran.
Quienes vivimos y servimos a nuestras regiones por sobre nuestro compromiso político tenemos una gran obligación con ellas. Sabemos que la regionalización es un concepto casi mágico, que despierta profundas esperanzas en las comunidades regionales que la acogen como herramienta fundamental para el desarrollo, incluso para romper su subdesarrollo y, muchas veces, su anquilosamiento. Nuestras regiones reclaman mayores atribuciones y recursos económicos para invertir, de acuerdo con su criterio y con la realidad de su región. Sabemos, además, que les gustaría tener facultades para negociar su desarrollo, sus riquezas naturales y su forma de vida, pero ello no nos debe conducir a asumir nuestra función legislativa con demagogia e irresponsabilidad, sobre todo en una materia tan seria como es la Administración del Estado.
Por eso, hoy preferimos plantear, con claridad, nuestra opinión y aprensiones respecto del proyecto en discusión. No nos interpreta a cabalidad, pero no podemos dejar de expresar que constituye un avance fundamental en el proceso de regionalización, desconcentración y descentralización de nuestro país, desconocido hasta ahora en la historia administrativa chilena.
La creación del Gobierno Regional, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, investido de funciones y atribuciones, con capacidad normativa, resolutiva y fiscalizadora, constituye un hecho trascendente para el proceso de transferencia de atribuciones a las regiones. Las funciones que se le asignan en materia de conservación del medio ambiente, de transporte, tanto regional como interregional fronterizo, de ordenamiento territorial, de dotación y mantenimiento de infraestructura, de formulación para la región de políticas nacionales, de fomento productivo, de explotación racional de los recursos naturales, de promoción de la educación superior y de la investigación científica y tecnológica, de fomento y reglamentación del turismo, de erradicación de la pobreza, de participación en programas de salud, educación, cultura y vivienda, de fomento de expresiones culturales, de cuidado del patrimonio artístico regional, de sanción de los planes reguladores, de formulación, evaluación y priorización de infraestructura social básica, en la aprobación del proyecto de presupuesto regional y de los planes estratégicos regionales de desarrollo, etcétera, sin ninguna duda significan un avance importante en el proceso de desconcentración y regionalización.
Quien niegue la importancia de este proceso, lo hace o porque desconoce la forma cómo los países se regionalizan o por una mezquina ceguera política que en esta materia de tanta trascendencia para el país no debiera existir.
Valoramos este paso que significará un fuerte desafío para las regiones que, como sujetos contestatarios, deberán asumir la responsabilidad y capacitarse para ser eficientes en el aprovechamiento eficaz de este instrumento jurídico que se pone a su disposición.
Ya mencioné que el Presidente Frei señalaba que la descentralización no tiene sentido si no hay una "organización auténtica de las bases sociales capaces de asumir tÁreas y la parte de responsabilidad que hacen posible su participación e integración". Sólo un adecuado proceso de articulación entre el Estado y la región socialmente estructurada permitirá promover un auténtico proceso de desarrollo regional. No basta con transferir atribuciones, es necesario que haya un ente receptor capaz y eficiente. Esa es la región social y culturalmente preparada.
Pero, si bien valoramos el proyecto, no podemos silenciar algunos elementos que encontramos de más y otros que echamos de menos. Esperamos que en el transcurso del debate, y o en el segundo informe, se puedan mejorar.
Lamentablemente, los Diputados no tenemos iniciativa legal que nos permita efectuar indicaciones al proyecto. Valoramos las que el Gobierno ya acogió, a iniciativa de los Diputados democratacristianos. Notamos en la concepción del proyecto una serie de prejuicios y temores que no compartimos:
Una desconfianza un tanto exagerada en la falta de capacidad de las regiones para administrar las funciones y atribuciones que se les asigne. Si bien es cierto que existe debilidad en algunos equipos técnicos regionales, estamos seguros de que son etapas susceptibles de ser superadas si se toman las medidas adecuadas.
Un cierto temor al quiebre del Estado unitario que es Chile y, en consecuencia, la posibilidad de perder el Ejecutivo la unidad de mando.
Un incomprensivo temor al quiebre del manejo centralizado del presupuesto nacional, que haga ineficiente las macropolíticas económicas nacionales que el país implementa.
Una sutil creencia o pensamiento de que quienes hemos tratado de reafirmar en la ley la existencia de un proceso gradual de transferencia y de atribuciones, lo hacemos, a lo mejor, impulsados por un populismo regionalista un poco irresponsable. Nada más inexacto. Lo que aquí sí podemos hacer, lo realizamos, lisa y llanamente, porque no queremos que, una vez más, se frustren las esperanzas de un proceso tan querido por las regiones.
Durante muchos años a las regiones se les prometió descentralización y autonomía. Nunca se ejerció una centralización tan férrea y tan monolítica como durante el gobierno autoritario, ya que la verticalidad del mando era absolutamente incompatible con la transferencia de atribuciones a las regiones. Ninguna dictadura comparte el poder con sus subordinados.
Elementos que echamos de menos.
Lo decimos con mucha claridad:
Echamos de menos un articulado que nos permita, como dice el artículo 103 de la Constitución, determinar la forma en que se descentralizará la Administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales.
Creemos fundamental que las regiones conozcan cuál será la gradualidad y selectividad del proceso mismo de desconcentración, señalado en el artículo de la ley.
Es necesario regular, de manera clara y objetiva, la gama de competencia que debe irse radicando en los órganos del gobierno regional.
Los Diputados democratacristianos planteamos esta materia al Gobierno, y hoy, después de escuchar al señor Ministro del Interior, valoramos el solemne compromiso que él ha tomado en esta Cámara de Diputados, en nombre del señor Presidente de la República, de enviar uno o más proyectos de ley que concreten esta sentida aspiración de las regiones.
Valoramos esta voluntad política del Gobierno, sin la cual es imposible avanzar en el proceso de descentralización regional.
Extrañamos una ausencia en el rol del sector privado en el proyecto de ley. Es fundamental que en la ley se establezcan algunos mecanismos de negociación entre el sector privado y los gobiernos regionales, que permitan la incentivación o la desincentivación, cuando convenga a los intereses regionales del sector privado, favoreciendo su desarrollo, su permanencia y su innovación tecnológica.
No encontramos explicitado el rol de las universidades regionales en el proceso de regionalización, especialmente aquello que tiene que ver con la creación y desarrollo de una capacidad endógena de investigación y desarrollo tecnológico, en relación con la economía regional, hitos importantes en todo proceso de regionalización.
Por último, creemos que debiera estar especificado en la ley un mecanismo de premio o estímulo para las regiones que se capacitan y avanzan más en la creación de las condiciones necesarias para un proceso más acelerado de regionalización.
No hacemos referencia a materias vinculadas al acuerdo político, algunas, como se dice, preferimos "tragarlas" sin degustarlas. Estamos seguros de que las regiones asumirán con interés y responsabilidad este proceso que significa, junto con la municipalización, una clara y eficiente consolidación del sistema democrático, especialmente por el alto grado de participación de las personas en el proceso de gobernar y conducir el destino de sus comunas y regiones.
He dicho.
"
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