-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670503/seccion/akn670503-po1-ds5-ds23
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670503/seccion/akn670503-po1-ds5
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670503
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1220
- rdf:value = " El señor ORTEGA.-
Señor Presidente, sin pretender un elogio desmedido, el proyecto en discusión tiene carácter histórico.
En efecto, como se ha señalado en esta Sala, el Estado nacional se construyó para estructurar su unidad, sobre la base del despliegue cada vez mayor del poder central, especialmente en grandes conflictos que afectaron a nuestra convivencia.
Tiene sus hitos en 1830, con la batalla de Lircay, que gana determinada comprensión y definición del fenómeno político; en 1851, con la batalla de Loncomi11a; en 1859, con la batalla de Cerro Gran-de, contra los sectores de Copiapó y de Coquimbo que se levantaron contra el poder central; en 1879, desde el punto de vista de la configuración del Estado nacional, y por supuesto, en todo el proceso de dominio de la Araucanía.
Si a este proceso de centralismo y de ejercicio del poder central se coliga el fenómeno del presidencialismo, obviamente se termina en un proceso en el cual el país genera un Estado nacional en que la concentración económica, financiera, cultural, política y administrativa está centrada en Santiago.
Sobre los hechos que resultan de este proceso histórico analizaré algunos datos en resumen, debido al escaso tiempo.
Por ejemplo, en materia poblacional, el referido proceso concentrador provocó que en la Región Metropolitana, en 1920, viviera el 19.3 por ciento de la población; en 1970, el 35.5. por ciento, y en 1989, el 39.6 por ciento.
La tasa de crecimiento de la población, en la historia reciente de Chile, siempre ha sido mayor en la Región Metropolitana que sobre el promedio nacional.
El ingreso público en la Región Metropolitana alcanza sólo al 47 por ciento en 1986, mientras que el gasto público es de 94 por ciento.
Sin embargo, aquí se están sumando gastos que corresponden al Estado nacional y que afectan a toda su estructura; pero, de todos modos, la diferencia no se justifica por esta cifra.
En materia de gasto fiscal per cápita, el promedio nacional es de 13.78 por ciento para 1979, tomando cualquier año, porque siempre dicho gasto ha sido superior en la Región Metropolitana, el cual para ese año es del 29.65 por ciento. Ello indica que el problema de la iniquidad espacial es un hecho que está, justamente, en la concepción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estructuralmente centrado por las cifras que estoy planteando.
Porque, además, el stock de equipamiento que ha tenido la Región Metropolitana en materia de alcantarillado, caminos, postas, escuelas y otros, ha sido y es cualitativa y cuantitativamente mayor que lo que son esos mismos stock de equipamientos en las regiones del país.
Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Regional, que representa al 14 por ciento de la inversión pública, está orientado a disminuir la iniquidad, desde el punto de vista territorial espacial. En cuanto a la iniquidad social, se está tendiendo a su solución a través de la red social, que trata de resolver problemas de personas y familias afectadas por situaciones de justicia o de desmedro. En consecuencia, la red social está orientada a resolver los problemas de este tipo de iniquidad. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional está orientado a lo que dice su nombre: a disminuir la iniquidad espacial.
Pero cuando se discute en esta Sala que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuye en forma inequitativa con respecto a la Región Metropolitana, no se toma en cuenta el monto de los recursos que la asistencia social o de subsidios distribuye en el país y, en concreto, en la Región Metropolitana, en que sí afecta el número de personas y de población que vive allí y que, por supuesto, logra captar comparativamente muchos más recursos por ese objeto en términos de diferencia con lo que se distribuye en el resto del país.
Tampoco se analizan los gastos sectoriales. Para hacer un análisis completo de lo que es la distribución de la inversión y el gasto público, tendríamos que considerar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la red social y los gastos e inversiones sectoriales de los diferentes ministerios. Y de esa manera se podría concluir que hay iniquidad o un desequilibrio en relación a la Región Metropolitana; pero los datos históricos muestran que los gastos sectoriales han sido, proporcionalmente, mayor es en la Región Metropolitana que en las regiones. Por esa razón, el stock de equipamiento que tiene esta región ha sido y es superior al de la mayoría de las regiones del país.
Podría dar aquí -el tiempo no me lo permite- lo que son, por ejemplo, los indicadores de salud de habitantes-cama, de habitantes-médico, de nacidos vivos; los indicadores de educación, y así sucesivamente. Podríamos concluir, en definitiva, que el objetivo del Fondo de Desarrollo Regional es el que he señalado.
Ahora bien, no es que se confunda, como dijo el Diputado Estévez, el problema de que el Fondo se orienta a disminuir la iniquidad desde el punto de vista social. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuye al interior de las regiones o entre ellas, a partir de indicadores sociales que, obviamente, toman en cuenta los niveles de pobreza o de debilidad de su stock estructural o de infraestructura o de equipamiento.
Entonces, para hacer un juicio objetivo, no se trata de un problema, como lo señaló la Diputada Cristi, entre la gente de Santiago contra la de las regiones o viceversa. No queremos ese debate, por-que se trata, justamente, de potencial el desarrollo de las regiones para ayudar a que el problema del crecimiento que ha tenido Santiago, en forma absolutamente desequilibrada, pueda disminuirse con el tiempo, aminorando así también los problemas y el costo que tiene la urbanización de la capital del país y los problemas sociales que ello conlleva.
No deseamos esta confrontación, pues pretendemos algo objetivo, científico; que se analice con precisión esta realidad histórica; que no se den sólo cifras de un año, sino que se analice todo lo que ha significado este proceso en el cual en definitiva, el país ha perjudicado las posibilidades de las regiones y su potencial desarrollo.
Señor Presidente, a mi modo de ver, con este proyecto se está orientando a eso: a dar a las regiones recursos, posibilidades de decisión que transformen la realidad estructural, política, institucional, económica, cultural y, como decía el Diputado Elgueta, también financiera, porque todos los bancos regionales terminaron centralizados. En ningún país equilibrado de la tierra existe un solo centro de desarrollo con el nivel de concentración que presenta la realidad chilena. Hay que visitar Alemania, Francia, España, inclusive países de América Latina, como, por ejemplo, Colombia, donde múltiples centros de empresas se desarrollan en las regiones, expandiendo la vida de ellas.
Sólo recién, hace veinte o treinta años, las universidades se han descentralizado. Históricamente, la cultura, atraía a muchos profesionales a uno o dos centros nacionales donde había universidades.
Por ello, una visión objetiva del problema permite señalar que con esta legislación se tiende a recuperar esta realidad; a cambiar esta tendencia y, al mismo tiempo, a evitar que hagamos letra muerta de los problemas regionales, de la legislación regional, como la que había en la Constitución de 1925.
Nuestra preocupación, lo hemos demostrado los Diputados de esta bancada junto a los de la Concertación que integramos la Comisión de Gobierno Interior, es perfeccionar el proyecto para lograr ese objetivo.
Como el Diputado Baldemar Carrasco, nos alegramos que el Gobierno haya comprometido la palabra del Presidente de la República para que en su período se estudie un proyecto complementario, que posibilite el traspaso real de competencia de recursos y, por supuesto, de financia- miento presupuestario para lograr los objetivos planteados.
Por último, no deseamos entrar en el debate sobre la paternidad del proyecto. El país puede juzgar -por lo demás así lo hará en las próximas elecciones- si este Gobierno, en su momento -el 17 de mayo de 1990-, envió el proyecto de reforma constitucional sobre regionalización, -que tiene la firma del Presidente Patricio Aylwin-, el que luego fue rechazado. Por esta razón, está de más auto atribuirse paternidades, pues, en la práctica, el país las conoce.
La Concertación tomó un compromiso, el cual estamos cumpliendo.
Haremos lo que señaló el Diputado señor Urrutia. Él dijo que nunca más debemos volver a caer en lo que hoy sucede en detrimento de las regiones del país.
Entonces, no se puede decir que la regionalización estaba hecha y este Gobierno, prácticamente, está engañando al país. Cumpliremos nuestra palabra, salvaremos nuestro honor con este proyecto, porque queremos la regionalización. La queremos en la forma más consensuada posible, porque sabemos que una ley orgánica requiere, aquí y en el Senado, la concurrencia del mayor número de voluntades.
Por eso, nos parece que está de más cualquier autoelogio sobre protagonismo, como lo hizo el Diputado señor Cantero.
He dicho.
"
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
