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    • rdf:value = " El señor GAJARDO.- Señor Presidente, reafirmando las ideas que durante el debate han planteado los parlamentarios de la Democracia Cristiana, agrego que el proyecto forma parte de un propósito más ambicioso, vinculado con sus objetivos. Me refiero a los anhelos de regionalización que comparte la inmensa mayoría de la población, los que son profundamente sentidos por los habitantes de las regiones. Pero no resulta extraño que estas aspiraciones hacia una mayor regionalización también estén presentes en la Región Metropolitana, porque se ha ido generando la convicción de que no es sano acentuar el grave desequilibrio entre la metrópolis y las regiones, características que ha sido una constante en el desenvolvimiento del país a través del presente siglo. No se trata, -como aquí con mucha razón algunos parlamentarios de mi partido lo han planteado- de enfrentar los intereses de Santiago con los de las regiones. Resulta evidente que si no se pone atajo al desequilibrio en la distribución de los recursos del Estado y se favorece a la Región Metropolitana, el fenómeno de la centralización continuará, porque en la medida en que se van resolviendo los problemas de sus habitantes, se intensifica la corriente de emigración de personas, actividades, recursos y empresas hacia la capital, con lo cual los problemas que existen en un momento, con el andar de los años se duplican y triplican. Esto es lo que ha ocurrido en el país en la relación entre la capital y las regiones. Creo -éste es un pensamiento de mucha gente de la capital- que un adecuado desarrollo de las regiones favorece a la metrópoli. En ese sentido, quienes representamos a las regiones estamos plan-teando sus reivindicaciones. Creemos que un crecimiento equilibrado del país es bueno para todos. ¡Por supuesto que es bueno para las regiones!, pero también lo es para la metrópoli, porque muchos de sus problemas son producto precisamente del desequilibrio histórico que ha experimentado el crecimiento del país. Por regionalización entendemos un proceso de crecimiento equilibrado. Ello supone la existencia de un conjunto de factores de carácter político, administrativo, territorial, económico, financiero, cultural y del más variado orden, cuya armonización permite establecer condiciones de relativo equilibrio en las posibilidades de desarrollo personal y colectivo de los habitantes del país. Uno de tales elementos lo conforma, sin duda, el aparato estatal. Un aparato centralizado favorece la centralización y, con ello, el desequilibrio. Un aparato descentralizado y desconcentrado genera condiciones objetivas para un crecimiento equitativo que exprese la solidaridad nacional en el ámbito territorial. El proyecto que nos ocupa, que necesariamente ha de vincularse a la reforma constitucional aprobada recientemente por la ley N° 19.097, apunta a este objetivo: establecer la estructura de una administración que progresiva y sistemáticamente alcance grados razonables de manejo autónomo por parte de los agentes políticos y actores locales. La descentralización y desconcentración involucradas en este proyecto se implementan fundamentalmente a través de los siguientes caminos específicos: En primer lugar, en la reforma se incorporan mecanismos democráticos para la generación del gobierno regional, a través del establecimiento de un consejo regional. Habría sido conveniente -y lo habríamos preferido- que este organismo tuviera una generación por la vía de sufragio universal. Sin embargo, no puede negarse su carácter democrático, pues el cuerpo electoral estará constituido por los concejales, y éstos, dentro de las funciones asignadas por la Constitución y por la ley, tienen precisamente la de conformar este cuerpo electoral. Vale decir, cuando se vote por concejales, también se estará votando por quienes elegirán a los integrantes de los gobiernos regionales. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminó el tiempo de la Democracia Cristiana. El señor GAJARDO.- Señor Presidente solicito que se inserte en la versión lo que no alcancé a expresar, mediante un documento que entregaré a la Mesa. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. El texto del documento que se acordó insertar es el siguiente: En segundo lugar, fortalece a los gobiernos regionales dotándolos de personalidad jurídica, según aparece consagrado en el artículo 14. En tercer término, autoriza, por el artículo 64, a los gobiernos regionales para asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional; Además podrán los gobiernos regionales convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional; Finalmente la disponibilidad de recursos en el nivel regional, aparece reforzada por las disposiciones transitorias, en cuanto consagran incrementos sustanciales para los años 1993 y 1994 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La inquietud por romper los esquemas centralistas es de larga data. La Constitución de 1925 contenía como disposición programática un precepto que obligaba al legislador a confiar paulatinamente a los organismos de carácter local, las atribuciones y facultades administrativas que ejercían otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralización del régimen administrativo interior. Iniciativas aisladas expresaron muy lenta y temerosamente tales propósitos hasta que en la década del 60 surge la creación de entes públicos locales de desarrollo, a menudo con financiamiento vinculado a recaudación tributaria generada por la explotación de determinadas actividades asentadas en regiones. En el Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, que llevó al poder al Presidente Aylwin, se señaló como tÁrea fundamental la democratización del país, lo que supone un esfuerzo permanente y sistemático en favor de una descentralización eficiente, de una participación activa y eficaz de la población y el establecimiento de instancias gubernamentales modernas para dar respuesta a las necesidades de la población. En tal contexto se enuncia perseguir el logro de dos objetivos simultáneos: por una parte la democratización del aparato estatal y, por otra, la descentralización de la administración del Estado. En esta sala se ha buscado encontrar supuestas paternidades al proyecto que hoy nos ocupa. La idea ya no tiene autores. Las voces que vienen reclamando un mayor grado de participación de las regiones en los frutos del desarrollo y en la toma de decisión en los asuntos que las involucran se pierden en el recuerdo histórico y hoy día constituyen un patrimonio común de la nación chilena. No puede haber derecho de autor en esta materia. Sin embargo, más que la autoría, si es que pudiera determinarse, vale la capacidad para hacer operativa las ideas que contienen el proyecto y esa voluntad política les asiste indesmentiblemente, al Presidente Aylwin y a los partidos políticos que respaldan su gobierno. Así lo sabe la opinión nacional y así lo reconocerá la historia. Los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en particular a quienes representamos regiones, valoramos este esfuerzo como un aporte fundamental al proceso democratizador del país, en que estamos empeñados, y sin perjuicio de presentar en su oportunidad las indicaciones que estimamos oportunas y convenientes para perfeccionar el proyecto, lo votaremos favorablemente. He dicho. "
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