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- rdf:value = " El señor LETELIER.-
Señor Presidente, la aspiración, compartida por todos, de fortalecer las regiones y de avanzar en el proceso de descentralización y desconcentración, va a quedar en letra muerta, como señala el colega Ringeling, si no hay mecanismos para garantizar una des-centralización de los sectores económicos de nuestro país, los cuales están altamente concentrados y centralizados en su proceso de toma de decisiones.
En verdad, no hay proceso de desarrollo equilibrado del país cuando los responsables de más del 60 por ciento de las inversiones, el sector privado, tiene controlada la mayor parte de sus decisiones en Santiago. Un caso extremo es el sistema financiero de los bancos, en los cuales, muchas veces, los créditos no se puedan aprobar en las regiones si son sobre ciertos montos, debiendo traspasarse las decisiones a Santiago.
Para lograr los objetivos que queremos, no es suficiente la intervención del Estado, bastante jibarizado y disminuido en sus capacidades de accionar público. La descentralización no resolverá los problemas reales de la región si no va acompañado de otra iniciativa, en particular del sector privado. Esta fue una opinión compartida por varios Diputados, y esbozada en la Comisión por el Diputado señor Elgueta. Corresponde que en algún momento hagamos un estudio a fondo en el Congreso Nacional para ver qué mecanismo se pueden impulsar para hacer de esa desconcentración y descentralización algo efectivo.
Adicionalmente, y haciendo una reflexión muy especial respecto de dos regiones, la Undécima y la Sexta, es difícil pensar en un proceso de regionalización con identidad propia, capacidad instalada y profesionales bien formados si no se impulsa una política nacional tendiente a dotar a esas regiones de universidades con aporte fiscal. En la actualidad, hay dos regiones que no tienen universidades fuertes. Sin eso, no existe ninguna posibilidad real de que esas regiones tengan una capacidad de desarrollo sustentable en el futuro.
Hago esta reflexión inicial para precisar que este proyecto de ley sobre regionalización lo tenemos que situar en un contexto correcto. En cuanto a la descentralización y desconcentración del aparato del Estado, personalmente soy de opinión de que estamos frente a una proposición positiva y altamente constructiva, por cuanto propone un camino gradual para llevarlo a efecto.
No creo -así lo ha dicho el colega señor Ringeling y otros- que el proyecto que se nos presenta en esta oportunidad sea malo, o que será letra muerta si no se hacen modificaciones muy de fondo. Contrariamente a lo señalado, pienso que en él hay un avance cualitativo, tremendamente importante, que nunca antes en la historia de nuestro país se pudo lograr, ni mucho menos durante el gobierno militar. Durante ese régimen, a pesar de lo que se dice, se trató de un proceso de reversión, de atribuciones que existían, en particular, a nivel de las provincias y de los departamentos de nuestro país. Aquí se da una oportunidad importante, por cuanto, en algunos aspectos, son bastante revolucionarias las transformaciones administrativas que se proponen. Por ello, este proyecto debe ser motivo de alegría para todos.
No comparto lo que algunos colegas intentan sostener: que éste es un triunfo de la Derecha. Tengo interés en dejar expresamente consignado que eso refleja la liviandad con la cual se quiere abordar un tema de trascendental importancia. Este tema no puede ser objeto de ventajas políticas parciales o de corto plazo. Estamos frente a un interés nacional real. Este Gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso Nacional y todos lo vamos a aprobar. Es más, durante el debate en la Comisión, en este primer trámite, quedo en claro, a partir de la asistencia, quiénes son los más interesados en hacerlo avanzar. Y, a decir verdad, no fueron precisamente los colegas de la Oposición quienes mostraron el mayor entusiasmo en este trámite.
Respecto de lo manifestado por el Diputado señor Campos, quiero adherir a su opinión, en cuanto a que en este proyecto quedan muy disminuidos el rol de las provincias y las atribuciones de las gobernaciones. Pienso que ése es un error, ya que la forma de avanzar mejor hacia una descentralización y desconcentración geográfica y territorial del poder es acercándolas más a la gente.
Aquí, sin duda, hay un avance insuficiente porque, según mi opinión, se ha optado por un modelo que fija como eje al intendente y a las regiones, lo cual, muchas veces, es absolutamente ajeno a la realidad cotidiana del chileno común, en particular del que vive en regiones campesinas, donde su vinculación es con el gobernador.
Entonces, se corre el peligro de un nuevo tipo de centralismo, el de las capitales regionales, una realidad conocida en todas las regiones. Por ello, en el segundo trámite, debemos buscar cómo garantizar una efectiva descentralización al interior de las regiones.
De acuerdo con mi criterio -y en eso coincido con lo manifestado por el colega Campos- las provincias son un instrumento que permiten evitar la centralización a nivel de las capitales regionales, porque actualmente vemos que en ellas se están produciendo fenómenos que ya se conocen de sobra en Santiago, como el sobre poblamiento, dotación de infraestructura inadecuada y una calidad de vida decreciente.
Los mecanismos establecidos en este proyecto para administrar el patrimonio de las regiones, son bastante adecuados. He escuchado opiniones de ciertos colegas que, a mi juicio, son un poco ligeras y reflejan ignorancia sobre cómo están funcionando hoy los gobiernos regionales.
No son meros títeres del gobierno central; con su estructura definida y la participación de los Coredes, tienen atribuciones relevantes. Se puede decir que el sistema no es suficientemente democrático, pero no cabe duda -como en el caso de la Sexta Región, en que la administración del presupuesto de este año del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de 3 millones de pesos, además de los recursos adicionales que le corresponden gracias a la Ley de Patentes Mineras que aprobamos en la oportunidad, le significarán unos 70 millones de pesos adicionales- de que la gran mayoría de las decisiones se toman directamente en la región, y Santiago -más allá de una función que podría realizarse en cualquier punto del país, si cuenta con los profesionales, cual es evaluar técnicamente la rentabilidad social de ciertos proyectos de alta inversión- no es más que un mero buzón recepcionista de decisiones adoptadas en las regiones.
No hay duda de que el avance que observamos en el proyecto en discusión es la existencia de inversiones sectoriales de asignación regional y la posibilidad de establecer convenios de corto y mediano plazos con los ministerios para inversiones de menor monto. En este esquema, espero que gradualmente seamos capaces de asegurar un desarrollo equilibrado de todas las regiones; que este proceso de regionalización no sea sólo un aliento para aquellas que han demostrado un mayor dinamismo, sino también para las que han demostrado uno menor.
Me preocupa que algunas regiones sean incapaces de utilizar este nuevo instrumento, más allá de nuestras intenciones, para impulsar inversiones que efectivamente contribuyan al desarrollo regional. En todo caso, reitero que lo mucho que se ha avanzado en este primer trámite es muy importante y que deberíamos tratar de evitar sacar un provecho partidista pequeño en esta materia, para asegurar una ley que reúna el consenso nacional necesario en la realización de transformaciones tan profundas en la organización del Estado chileno como las aquí propuestas.
Tengo la confianza de que lograremos mejorar este proyecto en su segundo trámite, a pesar de los escasos días que vamos a tener para su aprobación en el marco del acuerdo político por todos conocido.
He dicho.
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