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- rdf:value = " El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, asistimos a la discusión de un proyecto de ley que ocasionará una verdadera revolución en el aparato jurídico y político del Estado.
Por primera vez habrá un gobierno regional con una corporación de derecho público y patrimonio propio, como se les reconoce históricamente a las municipalidades en el ámbito comunal. Por primera vez existirán tributos de aplicación regional, recursos para al inversión sectorial regional, ingresos propios y sumas agregadas del presupuesto nacional. Por primera vez habrá asociaciones y convenios; un consejo normativo, fiscalizador y resolutivo, y el gobierno regional tendrá un presupuesto, propio. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional ya no será más un simple porcentaje del presupuesto que nunca se cumplió; será una cuota de inversión pública que establecerá anualmente la Ley de Presupuestos, que se distribuirá en un 90 por ciento de acuerdo con el nivel socioeconómico de la región, según indicadores de pobreza, tasa de desempleo, producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida, y la condición territorial peculiar de cada región; y el otro 10 por ciento, según la eficiencia y las situaciones de emergencia.
La descentralización se efectuará con gradualidad y selectividad y a ritmo constante, lo que es esencial para no quedar en los propósitos del constituyente de 1925, o en el decreto ley Ne 575, de 1974, que sólo se limitó a una simple distribución geográfica y a realizar delegación de competencias, sin descentralizar nada.
A veces impresiona conocer que en 1891, don Manuel José Irarrázaval, en su comuna autónoma, concibió la aplicación y su propio establecimiento por la municipalidad de ciertos impuestos, tales como capitalización de uno a tres pesos, impuesto personal a los varones mayores de 21 años residentes en la comuna, el de haberes que afectaban a los muebles o inmuebles, el expendio de tabaco y bebidas alcohólicas o el que recaía sobre industrias y profesiones. ¿Podrían aceptarse hoy tales criterios para que el gobierno regional establezca dichos impuestos? Quizás se invocaría la falta de preparación, la seudo inmadurez de las regiones o el solapado intento de federalizar el país.
Por eso, es bueno recordar ciertos hitos que la Democracia Cristiana recogió de la larga lucha por descentralizar. ¿No fue acaso la Falange Nacional la primera colectividad que recogió en su doctrina la defensa y reconocimiento de las sociedades intermedias y el bien común? El Partido Demócrata Cristiano, en su Declaración de Principios de 1957, hablaba de "robustecer los organismos regionales y los municipios".
En 1958, Jorge Ahumada, en su libro "En Vez de la Miseria", decía: "Es evidente que la actividad económica y la población no pueden concentrarse ad infinitum en una sola región del país sin que llegue el momento en que no sólo la zona de concentración vea disminuir sus ritmos de crecimiento, sino que el resto de la nación lo haga". Mencionaba cómo debían acelerarse polos de desarrollo en el norte, en el Seno de Reloncaví y en Concepción, aparte de Santiago, y recomendaba disminuir la intervención estatal y su máxima desconcentración, para ser compatible con la eficiencia. "Así se evitaría -decía- que aquellas industrias que preferirían localizarse donde hay mano de obra barata, prefieran hacerlo en Santiago, sólo porque la tramitación burocrática y bancaria hay que hacerla en esa ciudad".
La ley 16.635, de 1967, permitió, durante el Gobierno de Frei, crear Odeplan y la formulación de estrategias para el desarrollo de Bío Bío, Maulé, Magallanes, la Junta de Adelanto de Arica, los comités programadores de inversiones y la aspiración de crear el Fondo de Desarrollo Regional en la década del 70, hasta la creación de los gobiernos regionales y la descentralización del país, planteada en el Programa del Gobierno del Presidente Aylwin en la época actual.
Aquí siempre habrá un hecho porfiado: fue el Gobierno de la Concertación, bajo la conducción del Presidente Aylwin, el que reformó la Constitución y hará posible concretar la regionalización. Vanos serán los esfuerzos de aquellos que quieran convencer al país de lo contrario. La regionalización de Pinochet se condensa en sus resultados.
Quisiera que los sectores de Derecha leyeran el informe sobre esta materia. En su página 42, cuando se examinan las variaciones del producto geográfico bruto, a nivel regional, entre 1974 y 1982, se ve que las regiones y áreas orientadas a satisfacer el mercado nacional se deprimieron en beneficio de aquellas que poseían disponibilidad o potencialidad para la exportación de recursos naturales. En la página 43 se agrega: "En las restantes 11 regiones -salvo Santiago y Aisén-, hubo una expoliación de recursos en favor de la Región Metropolitana. Santiago concentra un tercio de la población y el 43 por ciento del producto geográfico bruto".
Por otra parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional nunca alcanzó el 5 por ciento del Presupuesto, llegando apenas a la mitad, pudiendo mostrarse sus variaciones en la página 70 del informe, en tres etapas: entre 1976 y 1979, creció de 51 millones a 72 millones de dólares; desde 1980 hasta 1985, bajó en forma espectacular de 72 millones a 12 millones de dólares; desde 1986 a 1989, se recuperó hasta 50 millones y luego a 95 millones.
Igualmente, el grado de ejecución de los programas era deficitario. En 1986, de sólo un 51 por ciento; en 1987, de 75 por ciento; en 1988, de 82 por ciento; en 1989, de 89 por ciento, y en 1990, de 90,8 por ciento. En cambio, en 1991 fue de 98,5 por ciento, cifra record en la historia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La concentración del sector económico privado fue el resultado de una política de mercado salvaje, la que no ha sido objeto de medidas legales que fijen un marco adecuado a su desarrollo y asentamiento en las regiones.
Los bancos concentran sus capitales y directores, al igual que las sociedades anónimas; las cadenas nacionales de hoteles, transportes, de establecimientos comerciales, de medios de comunicación, aglutinan sus bienes y decisiones al nivel central, cuando no en el extranjero. Es decir, aquí hay un camino que se recorre en sentido inverso a la reforma regional, en que se pide y se reclama al Estado.
Pregunto a los sectores de la Derecha: ¿por qué no impulsan la regionalización del sector financiero, de los sectores productivos privados, de sus decisiones y la conformación de grupos de dirigentes empresariales que resuelvan sus materias en el territorio donde extraen sus recursos? ¿Es racional reconocer el hecho de que grupos sociales, como por ejemplo bomberos o un simple club deportivo, cuando piden una pequeña ayuda económica a una de estas empresas instaladas en regiones, reciban la disculpa de tener que consultar al Japón, a Nueva Zelandia y a veces, a Santiago, cuando se trata de sumas irrisorias?
Emplazo a Renovación Nacional y a la UDI a impulsar los bancos regionales de fomento que prometían en el régimen militar. ¿Acaso el derecho de propiedad es tan sagrado que no permite su desconcentración? Hoy, cuando el Estado es reducido, se presiona por su regionalización; en cambio, la inversión privada, que alcanza a más del 70 por ciento, está entregada a lo que determine el mercado.
La regionalización del período militar también concentró la investigación científica en la educación superior: el 80 por ciento de los recursos son proyectos realizados en Santiago, y más de 40 universidades se concentran en el área metropolitana. Pero la Derecha calla frente a esta concentración, porque el sancta sanctórum del mercado y de la propiedad privada son intangibles.
El proyecto de ley en análisis es un cauce que contiene las aspiraciones regionales, construido sobre dos bases fundamentales: el acuerdo político y la reforma constitucional aprobada por la ley N° 19.097, de 12 de noviembre de 1991.
Por eso, resultan increíbles y absurdas las afirmaciones del Diputado señor Urrutia, que leíamos en "El Mercurio" de ayer, y que sólo se pueden explicar o porque ignora el acuerdo político, o la reforma constitucional o el texto del proyecto.
Así, el artículo 104, inciso segundo, de la Constitución Política de la República dispone que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una proporción del total de gastos de la inversión pública que se contemplará en cada ley de presupuesto anual, y el artículo 70 del proyecto es la repetición de tal precepto.
Por otra parte, la propia Carta Fundamental somete la acción de los gobiernos regionales a las leyes y reglamentos nacionales, marco que sirve para no destruir el Estado unitario. No es efectivo que el proyecto asigne al gobierno regional el mismo personal actual, como dice el Diputado señor Urrutia. El artículo 56 dice todo lo contrario, en el sentido de contar con la estructura administrativa necesaria. Seguramente, confunde el personal de gobierno interior, que será el mismo, con el del gobierno regional. Confunde, asimismo, una situación transitoria con lo permanente, como lo consignado en el artículo 4° transitorio, que debería complacer al Diputado señor Urrutia y a la Derecha, a quienes se ha oído decir en forma permanente que el Gobierno siempre aumenta el gasto público y la burocracia. ¿Cómo y cuándo darles en el gusto a estos críticos? Aprobaremos este proyecto porque importa un real proceso descentralizador del Estado, significa una efectiva participación de los ciudadanos y sienta las bases de la gestión social de las regiones. En definitiva, quiéranlo o no los opositores, será este Gobierno, que democratizó los municipios, el que creará los gobiernos regionales. Los democratacristianos lo aprobaremos, no obstante algunas objeciones respecto de la rapidez de la descentralización, para lo cual deberemos concordar algunas indicaciones presentadas al Ejecutivo, que se encuentra estudiándolas para hacerlas suyas.
He dicho.
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