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El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde abocarse al informe emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile.
Diputado informante es el señor Andrés Palma.
El texto del informe figura en el número 11 de los documentos de la Cuenta de la sesión 29ª, celebrada en 15 de enero de 1991.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, para quienes participamos en la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile, éste es un momento largamente esperado, puesto que el informe, como los Honorables colegas lo pueden ver en el texto que tienen en sus manos, estuvo listo hace exactamente once meses; es decir, tardamos once meses en reflexionar y meditar para aprobar como esperamos, el resultado de la labor de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Quiero iniciar mi exposición señalando la necesidad de que se entreguen a todos los miembros de esta Corporación porque también fueron incluidos en el informe de la Comisión los anexos que se refieren a los aportes a las conclusiones hechos por diversos señores Diputados y, especialmente, a la intervención in extenso de los dirigentes de sectores sociales que vinieron a tratar con nosotros el tema de la lucha contra la pobreza.
Como se puede leer en el informe, la Honorable Cámara, por acuerdo adoptado en su sesión 9ª, efectuada el 17 de abril del año pasado, prestó su aprobación a un proyecto de acuerdo que proponía crear una Comisión Especial que informara sobre la situación de la pobreza en Chile; que propusiera un análisis conceptual sobre el tema de la pobreza; que dimensionara la pobreza de manera integral, sobre la base de los antecedentes científicos disponibles, y que se pronunciara sobre políticas y estrategias para reducir la pobreza en Chile.
La Comisión quedó integrada por los Diputados señora Cristi y señores Álvarez Salamanca, Concha, Faulbaum, Masferrer, Montes, Navarrete, Ojeda, Orpis, Ortega, Palma, don Andrés; Sota, Sotomayor y Tohá, quienes fueron reemplazados en numerosas sesiones por otros señores Diputados, entre ellos el señor Elizalde.
Una vez constituida, la Comisión eligió Presidente al señor Carlos Montes Cisternas, quien patrocinó la iniciativa de constituir esta Comisión.
Se celebraron veintiuna sesiones entre los días 26 de abril y 5 de diciembre de 1990, destinadas, centralmente, al estudio de les capítulos propuestos en el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados: la pobreza, como un problema nacional prioritario; la envergadura del problema de la pobreza en Chile; las raíces de la pobreza, el papel del Estado en la superación del problema de la pobreza; el papel de otros actores frente al problema de la pobreza y las proposiciones y recomendaciones necesarias para informar la política pública que tratara este tema.
En el seno de la Comisión participaron, entre otras personas, doña Patricia Matte Larraín, quien estuvo a cargo de las políticas contra la pobreza en el gobierno anterior; don Arístides Torche, investigador de la Universidad Católica y experto en el tema; doña Joan Mac Donald, Subsecretaría de Vivienda; don Juan Eduardo García-Huidobro, quien ha elaborado, en parte, el programa de mejoramiento de la calidad de la educación, junto con doña Patricia Lewis, jefa de dicho proyecto en el Ministerio de Educación; Luis Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo; Erik Haindl, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile; el General de Carabineros, Director de Orden y Seguridad, don Alfredo Núñez, y el señor Álvaro García, Subsecretario de Planificación y Cooperación.
Además, se escuchó a más de cincuenta representantes de diversos sectores sociales, en una sesión especial que la Comisión realizó el 31 de octubre de 1990 en esta Sala de la Cámara de Diputados.
Los antecedentes que sirvieron de base a las conclusiones y propuestas que la Comisión Investigadora somete a consideración de esta Honorable Cámara se exponen en el informe que los señores Diputados tienen a su disposición, en una breve síntesis de las intervenciones y de los aportes de las personas invitadas como especialistas, que proporcionaron los antecedentes y opiniones sobre el tema de la pobreza, sin perjuicio, como dije, del anexo de documentos que complementa el presente informe, documentos que fueron entregados en la Comisión y que deberían recibir cada uno de los Honorables Diputados.
Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión fueron aprobadas por la unanimidad de los señores Diputados presentes en el momento de ser sometidas a votación en la sesión citada para este efecto. Sin embargo, debo dejar constancia de que en dicha unanimidad no participaron los señores integrantes de los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, quienes se retiraron de la sesión, antes de proceder a la votación, por razones que, sin duda, ellos explicarán en el transcurso del debate de este informe.
A continuación, reseñaré las principales conclusiones.
La primera, que corresponde al primer capítulo del informe, se refiere a que la pobreza es un problema nacional prioritario.
Enfrentar la pobreza es más que un asunto político o estrictamente técnico; es más que decidir entre estrategias, políticas, programas y mecanismos más o menos adecuados señala la Comisión, Se trata de un imperativo mayor: debemos asumir la realidad de que una gran parte de los chilenos viven en condiciones de marginalidad, en circunstancias de que podrían ser parte de una sociedad desarrollada.
El desarrollo del país se ve amenazado por este problema nacional.
Chile perdió, durante los últimos años, una de las características propias de su historia. La pobreza, en lugar de reducirse, se incrementó durante las últimas dos décadas, al igual que en el resto de los países de América Latina. Ello significó que muchos hogares, antes integrados al desarrollo, pasaron a vivir situaciones de indigencia.
Las sucesivas crisis económicas y las persistentes tasas de desocupación explican, en parte, por qué la pobreza se incrementó en el país hasta fines de la década de los 80.
Esto nos lleva al segundo capítulo del trabajo de la Comisión.
La cantidad de pobres en Chile ha sido un tema claramente preocupante de las discusiones política, académica y social, en nuestro país.
Desde el punto de vista socioeconómico, la pobreza admite, por lo menos, dos enfoques: pobreza relativa y pobreza absoluta.
El enfoque de pobreza relativa señala que una persona o familia es pobre en la medida en que exista otra u otras que posean más riqueza que ella. Según esta definición la pobreza está asociada a la desigualdad.
Si consideramos la pobreza desde el punto de vista de la desigualdad, concluimos como se expresa en el informe que entre 1978 y 1988, sólo los hogares que corresponden al 20 por ciento de mayores ingresos, incrementaron el gasto real y su participación en el gasto total de las familias; en tanto, el 80 por ciento restante de la población vio caer su gasto en bienes y servicios y su participación en el gasto total. Es decir, puede concluirse que la pobreza aumentó entre 1978 y 1988, de acuerdo con los criterios de ingreso relativo.
En cambio, por pobreza absoluta se entiende aquella situación en la que se encuentran las personas o familias que no alcanzan a satisfacer sus necesidades más básicas en niveles mínimos. Ello se determina con un nivel independiente de la riqueza que poseen los demás.
Un somero diagnóstico de la situación social heredada por el actual Gobierno muestra, en los últimos 10 años una mayor concentración del ingreso y gasto. Pero, al mismo tiempo, muestra que la pobreza, medida en términos absolutos, ha tenido un fuerte incremento en los últimos 20 años en el Gran Santiago y también a nivel nacional.
A este nivel, la situación era la siguiente: En 1970, había un total de un 6,5 por ciento de hogares indigentes y un 17 por ciento de hogares pobres. En 1987, se llegó a un 13,5 por ciento de hogares indigentes y a un 38,1 por ciento de hogares pobres. Es decir, tanto la indigencia como la pobreza se duplicaron o triplicaron entre 1970 y 1987.
Esto significa que en 1987, un 17 por ciento de los habitantes de este país estaba imposibilitado de adquirir los alimentos necesarios para alimentarse satisfactoriamente y caía en la categoría de indigentes. Un 44,4 por ciento de la población total se encontraba en situación de no poder satisfacer el conjunto de necesidades básicas, siendo, por esta razón, calificada de pobre.
En 1987, como se dijo públicamente y fue negado por ciertas personas, había más de 2 millones de habitantes que vivían en la indigencia y casi 5 millones 500 mil en la pobreza.
Esta situación dramática se explica por la reducción de las remuneraciones reales, producto de sucesivas crisis económicas en décadas pasadas, de altas tasas de desempleo que duplicaron y hasta triplicaron los niveles históricos y por la sistemática reducción del gasto social, especialmente en salud, asistencial social y educación.
Sin duda, dados los incrementos en las remuneraciones reales, en el ingreso mínimo y en el empleo es razonable suponer que la situación social ha tenido un mejoramiento, entre 1987 y 1990. Podríamos pensar también que esta tendencia debiera mantenerse en 1991.
Lo que se ha descrito con anterioridad contrasta con el diagnóstico del Gobierno pasado, basado en el "mapa de la extrema pobreza", que mide la pobreza en términos de insatisfacción de necesidades habitacionales y de infraestructura sanitaria, lo que presenta una distorsión real, coyuntural y permanente con relación a las fuentes de ingreso, que son aquellos elementos que permiten abordar los ingresos y la subsistencia de la familia. Por ello, en los resultados de los mapas de extrema pobreza existen distorsiones insoslayables.
El capítulo III del informe de la Comisión se refiere a las consecuencias de la pobreza.
La primera, es que ella crea pobreza. Esto ha sido categórico para la conclusión final. La pobreza se reproduce en las familias más pobres, tanto en el nivel cuantitativo como cualitativo. Los hijos de los más pobres tienen menos posibilidades relativas de acceder a los bienes y servicios de que dispone y dispondrá la sociedad.
En la Comisión tratamos de responder las preguntas: ¿Qué pasa con aquellas familias donde sistemáticamente los padres y los hijos carecen de empleo o están subempleados, donde los hijos desertan del colegio o se mantienen dentro de los niveles de rendimiento más bajos? ¿Qué pasa cuando esta familia se inserta en una población con problemas similares? ¿Qué pasa, en fin, cuando se es pobre?
Al mismo tiempo, intentamos responder otra interrogante. ¿Qué pasa, si junto con estas realidades, la sociedad eleva cada vez más las medidas de realización social, a través de una propaganda moderna y efectiva, cuya finalidad es provocar la compra de objetos como un medio de comparar posiciones sociales y, en último término, de medir el éxito y el fracaso en la sociedad?
La Comisión concluyó, de acuerdo con la respuesta técnico-sociológica, que se produce anomia, es decir, ausencia de normas. El pobre percibe indiferencia de las autoridades o de la comunidad respecto de las necesidades individuales; percibe que el entorno social se presenta agresivo y hostil; percibe, en fin, que la suya es una situación de clara marginalidad. En tales situaciones las respuestas del pobre son variadas y pueden ir desde el aislamiento hasta la violencia, pasando por la evasión, representada por las drogas y el alcohol.
De igual manera, la Comisión concluyó que, en la medida en que la diferencia entre lo que se tiene y lo que se desea tener sea muy grande, se tratará de obtener lo deseado a través de medios ilícitos, es decir, del hurto, del robo o del asalto con violencia o sin ella. Todo este proceso afecta a la familia y a la sociedad, transformando a la primera en un medio de reproducción social de la pobreza, y a la segunda, en una situación donde los disvalores tienden a provocar dicha reproducción social.
Por lo anterior, concluimos que la pobreza no se reproduce sólo socialmente, sino que este hecho implica un gran costo adicional para la sociedad no sólo medible como un medio de superar la pobreza.
¿Cómo se pueden superar las consecuencias de la pobreza? La Comisión concluyó que había seis líneas fundamentales de trabajo.
Con la primera, cualquiera que sea la forma, siempre se llega al mismo denominador común: la realización a través del trabajo. El trabajo equitativamente remunerado es el que otorga sentido a la existencia de las personas.
Una segunda conclusión o línea de trabajo indica que la educación es un medio instrumental para acceder al mundo del trabajo con una mejor calificación. Por ello, concluimos que la orientación de la educación debe se reordenada de acuerdo con las exigencias previsibles en lo futuro. Hoy en día es sólo un factor de acreditación, un requisito formal y no funcional.
Un tercer factor es el apoyo y reforzamiento de las iniciativas populares de acción laboral. Estamos pensando en el pequeño y microempresario. Una estrategia en este sentido no sólo generaría empleo directo sino, además, una experiencia que irradiaría positivamente hacia los sectores sociales cercanos que lo verían como un proyecto viable, susceptible de ser imitado, tal como ya se está comprobando en programas que se desarrollan sobre la materia por parte del actual Gobierno.
En un nivel distinto, y como cuarta estrategia, hay que plantearse un problema social: los modelos parentales negativos, lo cual implica acciones muy amplias, como examinar los modelos de familias y obtención de metas, las políticas de los medios de comunicación social y las medidas de educación hacia el mundo popular, especialmente en la afectividad y en el desarrollo de la interioridad.
Una quinta línea de trabajo exige desarrollar un plan global contra conductas sociales o antisociales expresadas en la ingestión de drogas y alcohol y en la comisión de delitos. Sobre el particular, la Comisión fue categórica: no se trata de cuantificar, sino de producir una interlocución con quienes presentan estos tipos de conductas sociales, con el propósito de ayudarlos a superar esa situación.
Por último, en términos concretos, se requiere el desarrollo de políticas hacia la juventud, de oportunidades de empleo y de capacitación, pero también de un horizonte atractivo que los recupere como un potencial de desarrollo del país y, al mismo tiempo, debe considerarse el diseño de una política recreativa que indique el justo lugar y valor de la creación, la diversión, el deporte y la recreación.
La Comisión también comprobó que los sectores más pobres de nuestro país enfrentaban en 1990 serias carencias sociales, entre las cuales destacan las relativas a salud, educación y vivienda.
En relación con la salud, la Comisión presentó ocho proposiciones, que no voy a relatar por lo extenso de las mismas.
En relación con la educación, presentó cinco proposiciones, y tres sobre el tema de la vivienda.
Asimismo, concluyó que la pobreza afecta de manera más aguda a determinados sectores sociales, especialmente a los niños.
En la Comisión participaron de manera destacada la señora Oriana Zanzi, Directora del Servicio Nacional de Menores, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los adultos mayores.
Esta sección del informe de la Comisión abarca desde las páginas 111 a la 118 del informe que los Honorables Diputados pueden consultar en detalle.
Un sexto capítulo, que para el trabajo de la Comisión fue muy importante, se refirió al rol del Estado en la superación de la pobreza.
"A lo largo del último siglo dice la Comisión, el Estado ha jugado un importante rol en la superación de la pobreza en Chile. Este rol lo ha asumido en forma indirecta a través del fomento del desarrollo económico y en forma directa a través de la política social.".
El informe destaca que no basta con la subsidiariedad. Es necesaria una política del Estado tendiente a la superación de la pobreza desde múltiples perspectivas.
La Comisión también señala que "Hoy existen la voluntad nacional, los consensos políticos y sociales, la experiencia y conocimientos, y un aparato público que permiten encarar con confianza y responsabilidad el tránsito hacia una nueva concepción y desempeño de la política social, que permitan hacer de ella un instrumento eficiente y eficaz en la superación de la pobreza, promoviendo y respondiendo a los esfuerzos que hacen las personas, familias y grupos para salir de su situación de pobreza, y promoviendo y encauzando el compromiso concreto de los distintos actores de la comunidad nacional en la tarea de la superación de la pobreza en el país.".
Para definir esta acción del Estado, la Comisión en el Capítulo VII, indicó ciertos criterios básicos que deben orientar dicha acción. Señala: "Una estrategia para superar la pobreza debe tener ese sujeto central: el pobre, su familia y la comunidad en que vive.".
El primer agente de la lucha contra la pobreza es el propio sujeto de esta realidad. Para que sea efectivo este principio básico, el Estado debe atenerse a siete criterios fundamentales que están estrechamente interrelacionados y que son: equidad, participación, descentralización, focalización, integralidad, inversión social y eficiencia.
Equidad.
El Estado debe actuar corrigiendo las desigualdades más agudas producidas por el mercado en términos de empleo o generación de ingresos. Es primordial para hacer más justa y equitativa la estructura de financiamiento de los programas sociales.
El Estado debe procurar las vías institucionales para que los diversos sectores sociales afronten de una manera debida la defensa de sus intereses.
En cuanto a participación, la Comisión establece: "Sustentamos el valor moral de que los sectores pobres deben ser sujetos activos en el proceso de superación de la pobreza". "Los pobres albergan en sí mismo un enorme potencial de desarrollo que es imprescindible para cualquier estrategia contra la pobreza.".
Sobre descentralización, la Comisión expresa: "Sin perjuicio de las políticas nacionales que deben orientar el quehacer público, debe otorgárseles un rol protagónico a las regiones, localidades, así como a la organización concreta de los servicios públicos.".
"Las localidades, regiones y organismos de decisión deben traducir lo que es su propia realidad y posibilidad de desarrollo". Sin duda, "un modelo centralista es, a la larga, más caro, y políticamente más peligroso.".
Respecto de la focalización, la Comisión estima que "se deben mantener las políticas focalizadas". "Sin embargo, no debe olvidarse que el Estado debe mantener funcionando sus servicios a niveles mínimos para otros sectores postergados de la población". En verdad, no sólo hay que preocuparse de los indigentes, de los pobres, sino también de aquellos sectores que están en riesgo de caer en situación de pobreza.
Esto también tiene relación con el criterio sobre integralidad. "Los sectores más pobres no lo son sólo en relación con una carencia, sino a un conjunto relacionado de ellas". "La pobreza es una totalidad que requiere también de políticas globales para ser ejecutada".
En cuanto a la inversión social, la Comisión manifiesta: "El Estado debe apoyar a los pequeños empresarios y microempresarios pobres que carecen de un conocimiento más amplio de su actividad, que necesitan de asistencia técnica y de un cierto capital de riesgo. A través de este medio se genera empleo y se logra establecer un polo de desarrollo en los límites de la marginalidad. El sustrato básico que reivindicaremos es el del valor educativo y formador del trabajo que genera ventajas que no se limitan a la economía".
En cuanto a eficiencia, la Comisión estima que "es necesario extraer el máximo de posibilidades de los recursos humanos y materiales en la acción del Estado contra la pobreza".
Los capítulos VIII y IX se refieren a los actores en la tarea de superar la pobreza y a las consideraciones y recomendaciones finales para enfrentarla.
En relación con los actores, la Comisión concluye: "La política de superación de la pobreza que el país requiere, y para la cual existen las condiciones necesarias para llevarla a cabo con decisión y creatividad, es una política basada en la acción concertada de todos los chilenos".
"El camino de la superación de la pobreza en Chile que se propone en esta etapa, es el camino de la participación activa de las propias personas, familias y comunidades pobres en la superación de sus situaciones de pobreza, y el camino de la acción comprometida y responsable de los demás actores sociales ante la pobreza". El papel del Estado está subordinado a ello y es el de "crear las condiciones que hagan posible y eficaces los esfuerzos de dicha población pobre por salir de su situación. Y para esto la acción de la política social debe ser tanto un factor de desarrollo como una acción de concertación entre el sector público y el sector privado".
"Se trata que las personas, familias y comunidades destinatarias de la política social puedan desarrollar su capacidad de demanda ante la política social; de proposición en la decisión de la jerarquización, priorización y en el diseño social; de gestión en la ejecución práctica de la política social; y de evaluación de la misma, en una relación coprotagónica con el Estado e instancias gubernamentales involucradas en la política social".
El último capítulo se refiere a las consideraciones y recomendaciones finales para enfrentar la pobreza. Contiene cinco consideraciones y siete recomendaciones muy importantes, particularmente en momentos como el actual, en que estamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público.
Para terminar, agradezco a los integrantes de la Comisión por haberme designado Diputado informante. Al margen de los problemas finales, su trabajo fue rico y enriquecedor para todos quienes participamos en ella.
También agradezco el trabajo de todos los miembros de la Comisión, en especial al Diputado don Carlos Montes, quien la presidió con altura de miras y con equidad, independientemente de los conflictos que, por razones de diferencia de opinión en último término, se suscitaron entre los parlamentarios que representamos a las bancadas de Gobierno y de Oposición.
Estoy seguro de que el debate que vamos a tener en esta sesión representará un nuevo compromiso de todos los miembros de la Cámara de Diputados en la lucha contra la pobreza en Chile, que debe ser, como señala el informe de la Comisión, una tarea nacional.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
En esta sesión, el tiempo que corresponde a cada Comité es el siguiente: Demócrata Cristiano, 30 minutos; Renovación Nacional, 25,5 minutos; Partido Por la Democracia, Socialista y Humanista, 19,5 minutos; Unión Demócrata Independiente, 10,5 minutos, y Radical, 4,5 minutos. Vamos a ir intercambiando las personas de uno y otro sector, como ha sido tradicional en este tipo de sesiones.
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, hay acuerdo, adoptado en reunión de Comités presidida por don Carlos Dupré, para incluir en el informe la opinión de minoría. Veo que ese informe no se encuentra en el texto que se nos ha entregado.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra don Andrés Palma, como Diputado informante.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en el transcurso del informe, dos veces señalé la necesidad de acompañar al texto distribuido a los señores Diputados los anexos que la Comisión acordó incluir, entre los cuales está el que menciona la Diputada señora Cristi.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se reiterará la solicitud de distribución de los anexos y se incorporarán todos como parte del informe definitivo de la Comisión.
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, no se trata de un anexo, sino de un informe de minoría. Es el trabajo de muchos meses de un grupo de la UDI y de Renovación Nacional. Si no está en el informe, solicito que se suspenda la sesión hasta que todos los señores Diputados lo tengan en sus manos.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
No procede todavía suspender la sesión.
Sugiero que se distribuya de inmediato el informe y que los anexos se incorporen ahora como parte de él. Creo que es el espíritu que anima a todos.
Me informan que está repartido el informe. No sé si Sus Señorías lo tienen.
Un señor DIPUTADO.-
No lo tengo.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Se repartirán los documentos en esa forma y se dejará constancia de que los anexos forman parte del informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza.
¿Le parece una buena fórmula, Diputada señora Cristi?
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, mal se puede hablar de informe si no está en este momento en nuestros escritorios. Además, repito, no es un anexo como muchos que ingresaron; es un esfuerzo, un aporte nuestro al tema de la pobreza, y no se encuentra aquí.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Se va a repartir el informe y se incorporarán todos los documentos que usted ha solicitado
Se acaba de instruir para que se haga el reparto en la forma que usted ha solicitado.
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, a pocas semanas de iniciado el funcionamiento del Congreso, propusimos la formación de una Comisión Especial sobre la pobreza.
Nos movían objetivos muy concretos. Creíamos importante dejar establecidas las condiciones de deterioro social en que el Gobierno democrático recibía al país. Queríamos analizar los reales compromisos de los distintos sectores para asumir esta situación. En particular, nos preocupaba la clarificación de enfoques y caminos de avance.
La Comisión, como se ha dicho, trabajó varios meses de manera intensa y rigurosa. En octubre de 1990, ya habíamos culminado la recopilación de antecedentes y el intercambio de puntos de vista. Nos dimos casi tres meses para buscar acuerdos en la formulación de las conclusiones; redactamos varios borradores. En las últimas sesiones, cuando ya no quedaba posibilidad de que se expresaran las mayorías y minorías en aquellos puntos en que no lográbamos acuerdos, los representantes de Renovación Nacional y de UDI decidieron retirarse. Esa fue, sin duda, una actitud, por decir lo menos, poco respetuosa.
Ha pasado casi un año de terminado el informe y sólo hoy lo estamos analizando. A pesar de que esperábamos más, pienso que la experiencia de la Comisión fue rica y valiosa. A todos sus miembros les permitió una aproximación más global e integral del problema lo que, probablemente, ha contribuido a la discusión y análisis de diferentes proyectos de ley. Quedaron en evidencia, sin embargo, las limitaciones institucionales del Parlamento para abordar un problema nacional de esta envergadura, con asesores y apoyo logístico adecuados.
Ahora tenemos escasos minutos para dar una opinión sobre un problema tan vasto y complejo. Nuestra bancada comparte plenamente las conclusiones que ha presentado el colega don Andrés Palma, con quien, además, elaboramos un documento más global sobre política social, que también debe formar parte de los anexos acordados por la Comisión, razón por la cual no voy a reiterar los argumentos ahí presentados.
En primer lugar, quiero referirme al desafío de la pobreza. Asumir este problema implica reconocer la realidad de que gran parte de los chilenos viven y mueren en condiciones inhumanas; soporta un alto riesgo desde el punto de vista de su salud; sufre las secuelas materiales y psicológicas de la falta de oportunidades de trabajo digno, y enfrenta múltiples formas de degradación social y de pérdida de identidad.
La sociedad chilena, en su conjunto, ve limitada sus posibilidades de proyectarse hacia el futuro por la falta de desarrollo del capital humano de todos los sectores; pero, sobre todo, Chile enfrenta un grave problema humano y ético. Más allá de las cifras, la desesperanza invade a cientos de miles de chilenos que viven esta situación, que es del país entero. No es una realidad marginal. Marca al conjunto de la sociedad chilena por su envergadura e implicancias.
El número de personas en situación de pobreza, como ya se ha dicho, ha sido objeto de amplio debate. Las estimaciones van desde un 12 por ciento de la población, de acuerdo con antecedentes basados especialmente en aspectos habitacionales y de equipamiento del hogar, hasta cerca de un 45 por ciento de los chilenos, considerados los ingresos familiares y la canasta básica.
Es efectivo, y valoramos el hecho, que durante la dictadura algunos indicadores mostraron logros en los programas dirigidos a la extrema pobreza. Sin embargo, resultaría equivocado y adormecedor de las conciencias caer en un vano optimismo desprovisto de contenido real.
El país ha acumulado una gran deuda social, si se considera que con el régimen autoritario aumentó de manera significativa la proporción de chilenos cuyo ingreso familiar es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Ello se debió principalmente a la caída de los empleos e ingresos de los más pobres.
Al mismo tiempo, se redujo el gasto público en sectores claves, como la atención primaria de salud, educación, vivienda y nutrición.
El Gobierno democrático heredó más de cinco millones de chilenos que viven en condiciones de pobreza y un gran déficit de capacidad de los aparatos públicos. En estos meses, ha hecho un gran esfuerzo; ha reorientado las prioridades y obtenido logros. Pero no podemos sacar cuentas alegres.
En Chile hay profundas desigualdades sociales. Los problemas siguen siendo muy agudos y falta mucho por avanzar. Enfrentamos el desafío ético, cultural y político de poner en el centro de los esfuerzos, de la imaginación, de la recreatividad, de la solidaridad la manera de resolver este problema nacional prioritario.
En segundo lugar, quiero referirme al enfoque para enfrentar el problema. Los factores que influyen en la superación de la pobreza, en la equidad y en la integración social son de distinto carácter.
Por un lado, podemos ubicar la forma en que opera el sistema económico; es decir, el nivel y composición del empleo y la remuneración, el perfil redistributivo, la forma de crecimiento, el grado de integración social generado; y, por otro, las acciones que se realizan posteriormente para corregir las consecuencias de la forma en que funciona la economía. En concreto, nos referimos al gasto social.
La opción neoliberal ha tendido a privilegiar las correcciones posteriores, enfatizando el funcionamiento indiscriminado del mercado. Supone que libre mercado maximiza el crecimiento y que lo más eficiente es asegurar el proceso para luego ayudar a los que quedaron "debajo de la mesa", a través de subsidios u otras formas.
La perspectiva socialista es distinta. Nos preocupa el crecimiento y las políticas sociales; pero tendemos a centrar nuestra preocupación en hacer que el sistema mismo genere resultados más equitativos, buscando un balance entre el capital y el trabajo.
El principal instrumento que se usa para corregir las consecuencias de la dinámica del mercado es el gasto social. Es muy importante el monto de recursos que se destine a este concepto: el monto absoluto y relativo; relativo, por ejemplo, en relación con el gasto militar, que hoy todos entendemos que no guarda relación con la mínima lógica de lo que representa el gasto social.
Pero no es sólo el problema del monto; además de él, interesa precisar cómo se financia el gasto social, de dónde surgen los recursos, cómo se orientan, en qué se gastan, quiénes son los beneficiarios de ellos y cómo se desarrollan los programas. La estructura del financiamiento del gasto social debiera ser progresiva y recibir una mayor contribución de parte de quienes más tienen.
Las reformas tributarias impulsadas por el régimen militar hicieron a la estructura impositiva más regresiva; el IVA creó un peso creciente en el financiamiento fiscal. Los cambios introducidos en la reforma tributaria del año pasado representaron un avance, pero hay que tener claro que son impuestos transitorios, por lo que en 1993 volveremos a una situación parecida a la de 1989.
Es indispensable hacer una reforma tributaria más consistente y permanente, preservando los incentivos necesarios para la dinamización de la actividad económica.
Las prioridades en la orientación del gasto han cambiado bajo el actual Gobierno. Más que asistencialismo, se trata de invertir en la gente; en las áreas de salud, educación y vivienda. Con todo esto, se busca un enfoque integral. El criterio de focalización de los beneficiarios ha sido un avance indiscutible.
La visión asistencialista del gasto social debe ser superada por un enfoque realmente participativo y descentralizador. La vida ha demostrado las capacidades y potencialidades de los sectores más pobres. Se requieren programas que consideren su compromiso y participación.
Participar implica reconocer la capacidad de demanda ante la política social, que es legítima; reconocer espacios para proponer decisiones, y que los afectados participen en la gestión, ejecución y evaluación del resultado.
Esperamos que la democratización, de los municipios y la reforma regional abran nuevas posibilidades y desafíos.
Como dije, la pobreza no es sólo un problema de gasto social y de políticas sociales. La operación de la economía es el factor decisivo; en primer lugar, el funcionamiento macroeconómico de corto plazo.
Al respecto, los socialistas hemos dado importancia a la mantención de los equilibrios macroeconómicos, como uno de los criterios rectores del manejo de la política económica. Esto no es por desviación tecnocrática o para buscar legitimidad ante la opinión empresarial. Tras esta opción, existe la convicción fundada de que las fluctuaciones acentuadas de la actividad económica afectan, principalmente, a los sectores más desposeídos. Son ellos los que ven más afectados sus niveles de vida en las fases descendentes del ciclo y los que más tardan en beneficiarse con la recuperación.
Durante la dictadura, en el contexto de debilidad de las organizaciones de trabajadores y de represión de la actividad política, el sello de los ajustes estuvo dado por el permanente recurso a la contención salarial y al recorte de los gastos sociales. La experiencia del ajuste llevado a cabo durante el primer año del Gobierno de la Concertación, mostró que es posible lograr la estabilización en un contexto de elevación de salarios reales, con un aumento del gasto social.
Más allá del manejo macroeconómico de corto plazo, está claro que el determinante esencial del grado de equidad que genera la economía es dado por el ritmo y la modalidad de crecimiento. El proceso de crecimiento de los años de dictadura se caracterizó por lo concentrador y excluyente. Es indispensable seguir introduciendo modificaciones al modelo de desarrollo, para lograr efectivamente crecimiento con equidad.
Hoy se adoptan decisiones de inversión que están moldeando nuestro futuro de crecimiento y de empleo. ¿Cuántos empleos se están generando? ¿Con qué productividad y remuneraciones? ¿Cómo se distribuyen especialmente entre las regiones? Ello parece ser el problema clave de nuestra economía. No es sólo el nivel de la inversión, que es alto, sino la orientación de la inversión. Hay una alta concentración de inversión en algunos rubros, particularmente exportadores, asociados a recursos naturales con un bajo componente de empleo. La minería y la industria forestal son y tienden a seguir siendo los sectores líderes en inversión. Estos elevan el producto y la productividad media, pero tienen bajos encadenamientos productivos, lo que profundiza la heterogeneidad de la economía y genera muy poco empleo estable.
Sin perjuicio del rol privilegiado del mercado, en la definición de la asignación de los recursos, parece claro que, en el plano de la inversión, el Estado debe asumir una intervención más activa para lograr una mayor difusión del proceso de inversión y modernización productiva.
El Estado, junto con políticas generales de promoción, podría introducir criterios más audaces en el otorgamiento de sus incentivos, favoreciendo actividades o empresas que generan mayor beneficio social relacionados con empleo, con hábitat urbano, con medio ambiente, o, en general, con unidades económicas o proyectos que contribuyan más a la equidad; y velar también por el cumplimiento de normas socialmente definidas, de respeto al medio ambiente y al trabajo, en otras actividades que no generen beneficios sociales más allá de los habituales de toda empresa. Estos incentivos y controles deben ser de naturaleza tal que no generen ineficiencias ni dependencias.
Para terminar, señor Presidente, quiero dejar en claro que hay muchas iniciativas del gobierno anterior que valoramos y que es preciso recoger y perfeccionar: la Vocalización, la ficha CAS, la encuesta CASEN, etc. Sin embargo, globalmente, la acción del Gobierno anterior provocó grandes desigualdades y dejó una herencia de millones de pobres. Además insisto, deterioró el sector público social de manera impresionante.
Las actitudes populistas que a veces manifiestan algunos personeros de la Oposición, no tienen fundamento ni credibilidad social, pero hacen daño a la modernización y a la democracia.
Superar este problema nacional de la pobreza como decíamos tiene relación con el gasto social y las políticas sociales; con las políticas macroeconómicas de corto plazo; con las opciones de crecimiento y desarrollo; pero, antes que nada, implica asumirlo como una tarea nacional que va más allá de un gobierno o de una determinada mayoría en el país. Es una tarea de todos los chilenos.
El Parlamento tiene la gran responsabilidad de crear las bases para superar el problema, y, particularmente, en generar los consensos y compromisos necesarios.
He dicho.
Aplausos.
El señor SOTA.-
¿Cuántos minutos quedan a este Comité, señor Presidente?
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Le quedan 7 minutos, señor Diputado.
Antes de ofrecer la palabra a la Diputada señora Cristi, el Comité de Renovación Nacional solicita que la Sala autorice, por 30 minutos no computables al tiempo del Comité, para entregar el informe de minoría.
¿Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Hay un asunto de Reglamento!
El señor GARCIA (don René Manuel).-
¡Es de Reglamento, señor Presidente!
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
¡Es de Reglamento!
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Hago presente que, reglamentariamente, no existe un tiempo obligatorio respecto del informe de minoría. Por eso se requiere del acuerdo unánime de la Sala.
Para plantear un asunto estrictamente de Reglamento, tienen la palabra el Diputado señor Alessandri Balmaceda y, luego, el Diputado señor René García.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, solicito que se lea el artículo 119, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para verificar si realmente se ha cumplido con él.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
El artículo 119, dispone lo siguiente:
"Para entrar a la discusión de un proyecto, el informe respectivo deberá estar a disposición de los Diputados, en Secretaría, con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que figuren en la Tabla o corresponda tratarlos, salvo en el caso de los proyectos calificados de discusión inmediata, a los que se refiere el artículo 191.
"La discusión de los proyectos será aplazada por veinticuatro horas cuando sus informes no estén impresos y así lo solicite un Jefe de Comité.".
Esto fue considerado anteriormente, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente, el mismo Diputado informante ha dicho, en varias oportunidades, que los anexos forman parte del informe; por lo tanto, consideramos que también tenemos derecho a dar el informe. Eso es parte del Reglamento y de la convivencia de la Cámara de Diputados. Ese es el criterio que tiene que aplicarse.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, justamente, la participación en las sesiones y el compromiso con las decisiones forman parte de la convivencia de la Cámara de Diputados. El resultado, el informe de la Comisión de Pobreza en Chile, estricta y reglamentariamente, es un informe unánime. Todos los Diputados que concurrieron a dar quorum el que correspondía, aprobaron unánimemente la totalidad del informe; por lo tanto, no hay informe de minoría. Como algunos Comités se retiraron de la sesión, por razones que espero expliquen aquí, los Diputados que permanecimos en ella acordamos incluir como anexos las propuestas que dichos Diputados presentaron a la Comisión; pero el informe de la Comisión es un informe unánime. Por consiguiente ni siquiera esta discusión es procedente, porque es una discusión que no tiene fundamento reglamentario ni técnico.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
El señor Mekis ha pedido la palabra; pero, antes, señalo una vez más, como Mesa, que, estrictamente, en el Reglamento no existe el informe de minoría. Lo que existe es la incorporación de la posición de minoría en ese informe que trata la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, al respecto hay que ponerse de acuerdo en cosas básicas, dado que en el sistema democrático el respeto por las minorías tiene expresiones prácticas.
El Diputado Andrés Palma se refirió a ello cuando informó, en parte, a esta Sala acerca de las conclusiones a que había llegado la Comisión. Como yo no la integré, inmediatamente me preocupé de este informe. Y cuando él anunció, durante su discurso, que se incluían en él los anexos, que formaban parte integrante de aquel, y que en dichos anexos estaba la opinión de minoría, yo esperaba que él se refiriese a ello; pero no lo hizo. La sorpresa fue aún mayor cuando nos encontramos con que en este informe, del cual son parte tales anexos, éstos no estaban ni siquiera repartidos.
Hay una cuestión reglamentaria básica para el desarrollo de esta sesión. ¡Cómo podemos, responsablemente, como parlamentarios, debatir seriamente en esta Cámara acerca de un informe que no está completo! El mismo Diputado Palma trató de rescatar la idea de la defensa de las posiciones de la minoría. Ella no está.
Por otra parte, el artículo 120 del Reglamento señala que se omitirá la lectura; es decir, podría haberse dejado de leer cualquiera de los anexos si se hubiese repartido el informe completo. ¿Con qué plazo? Con el plazo de veinticuatro horas antes de la sesión a que se refiere el artículo 119. Todo esto no se ha cumplido.
Ahora, si esto se quiere omitir para dar el carácter de mero trámite a esta sesión, a fin de que la mayoría y la minoría fijen posiciones en sus discursos y los pobres sigan esperando, bueno, ésa es una actitud que puede adoptar la Sala. Yo, francamente, no la comparto y creo que aquí hay un desorden, desde el punto de vista de cómo se ha desarrollado la sesión. Hay que rescatar el derecho de la minoría. Nosotros somos hoy minoría, pero mañana pueden serlo ustedes, y esto hay que hacerlo. Ahora, si el Diputado Palma no lo quiere, podríamos, en alguna oportunidad de esta misma sesión, otorgar un tiempo adicional para que se informe sobre cuál es la posición de ese anexo que la Comisión, por unanimidad, acordó incorporar en el informe.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
¿Ha terminado, señor Diputado?
El señor MEKIS.-
En la etapa del informe, señor Presidente. Creo que la Mesa debe resolver esto y será una resolución importante para el debate de otros informes sobre la materia.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes, y, a continuación, los Diputados señores Carrasco, Martínez, don Juan; y Palma, don Andrés.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, tenemos que ser relativamente serios, porque los argumentos que se han entregado aquí no tienen fundamento reglamentario alguno, y para los Diputados de Renovación Nacional, que no conocen la historia, quiero recordársela.
Nosotros terminamos este informe en octubre de 1990. Nos dimos 3 meses para buscar acuerdos. Finalmente, se retiraron los Diputados de la Oposición. La mayoría elaboró un informe y cuatro anexos, uno de los cuales era el último informe discutido con la minoría, informe que a la Diputada Cristi nunca le ha parecido que represente a la minoría. Ella dijo que quería otro informe distinto. Le manifestamos que no estaba dentro de los acuerdos de la Comisión, pero que si quería lo incorporara y se preocupara ella de que estuviera en la sesión.
Esta es la razón principal, Diputado Mekis, por la cual se ha atrasado un año la discusión de este informe. Aquí, o discutimos el tema de fondo la pobreza o vamos a provocar un "show" publicitario en función de otros intereses. Cada vez que en los Comités se planteaba este tema, la Diputada Cristi argumentaba que no estaba este informe, que, reglamentariamente no era acuerdo de la Comisión. Ahora volvemos a lo mismo.
Señor Presidente le pido que sigamos adelante con la sesión y que esto no procede, porque, reglamentariamente, estamos cumpliendo con lo establecido.
El señor MEKIS.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Antes la habían solicitado los Diputados señores Carrasco, Martínez, don Juan; Palma, don Andrés; Rebolledo y, nuevamente el señor Diputado.
Hago presente que si observamos estrictamente el Reglamento, deberíamos otorgar la palabra por cinco minutos a quienes impugnen este punto, y cinco a quienes sostengan el punto de vista contrario, porque, de otra manera, la sesión se alargará indefinidamente sólo por razones de cuestionamiento reglamentario.
Por lo tanto, solicito que haga uso de la palabra algún señor Diputado que impugne la situación reglamentaria, o la observancia del Reglamento, y alguno que la sostenga.
El señor SOTA.-
¡Ya habló el Diputado señor Mekis por más de cinco minutos!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Perdón, señor Diputado.
Según la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza, en la sesión 29ª, de 15 de enero de 1991, se dejó en Tabla su informe para conocimiento de los señores Diputados.
El señor PALMA (don Andrés).-
Incluidos los anexos, señor Presidente.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Eso es lo que objetivamente puede puntualizar la Mesa. Ahora, aquí hay un problema de otra naturaleza, el cual me consta fue discutido en los Comités, en el sentido de incorporar, como anexo del informe, el informe de minoría, y en esa ocasión, efectivamente, se acordó incorporarlo como tal.
Esa es la situación que está planteada. De manera que, como Mesa, podemos indicar que se está cumpliendo estrictamente con el informe que se ha entregado.
Ahora, existe una petición sobre la base de que el informe de minoría no fue repartido oportunamente y si debe ser considerado o no. Se requiere acuerdo unánime de la Sala para otorgar un tiempo adicional a fin de que un señor Diputado que sostenga el informe de minoría pueda entregarlo.
El señor MEKIS.-
¡No!
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
¡Nos oponemos!
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Ese es todo el problema. De manera que no establezcamos un procedimiento distinto, porque la discusión tiene que estar centrada ahí.
El señor MEKIS.-
Pido la palabra por la vía de la interrupción.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
El Diputado señor Carrasco la había solicitado previamente.
El señor CARRASCO.-
Señor Presidente, el Reglamento establece que debe haber un informe. No habla de informes de mayoría ni de minoría, sino que de un informe. En este momento estamos cumpliendo cabalmente con el Reglamento. Aquí tenemos un informe. ¡Aquí está! El puede gustar o no a una parte de los señores Diputados; puede estar completo o no; ésa es otra cosa que votaremos al final. Los señores Diputados que no estén de acuerdo con el informe votarán en contra; los que estemos de acuerdo con él, votaremos a favor; pero, no hay precedente que indique que aquí debe plantearse un informe de mayoría o de minoría.
De manera que estamos cumpliendo absolutamente con el Reglamento. Estamos respetando a la minoría en su derecho a hablar; ellos, en el tiempo que les corresponde, plantearán lo que piensan sobre la pobreza y qué es lo que a su juicio debiera estar contenido en un informe de minoría. Pero, en estos momentos, señor Presidente, estamos cumpliendo cabalmente con el Reglamento porque tenemos el informe, que él establece.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Están inscritos para referirse a este problema reglamentario, los Diputados señores Martínez, don Juan; Palma, don Andrés; Rebolledo, Mekis...
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, por su intermedio solicité una interrupción al Diputado señor Carrasco.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Eso es efectivo, pero esta discusión no es pertinente.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Perdón, me dicen que podría haber acuerdo para otorgar 15 minutos.
¿Habría acuerdo unánime de la Sala para otorgar 15 minutos con el fin de dar lectura al informe en cuestión?
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
No hay acuerdo.
En tal caso, hay que continuar con la sesión.
Tiene la palabra el señor Mekis, para plantear una solicitud de acuerdo con el Reglamento.
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, no es el ánimo de la bancada de Renovación Nacional, pero pareciera que se ha creado una confrontación frente a un punto en el que perfectamente se podría haber logrado acuerdo. Se podría haber alcanzado a través del camino que la Mesa sugirió, pero ha sido rechazado.
Dado que el Diputado informante señaló y ahí están sus palabras en la versión de esta sesión que los anexos forman parte del informe de la Comisión, y como en absoluto se refirió a esos documentos, solicito que proceda a informar acerca de ellos. Entre los anexos está su informe y también el del voto de minoría.
Esa es la única manera que la sesión se desarrolle conforme a lo anunciado por el propio Diputado informante. Si a él le molesta lo que dice un anexo, no por ello puede excluirlo de su relación si él mismo, como Diputado informante, señaló que convino con los integrantes de la Comisión que los anexos formaban parte del informe que recibiría esta Sala.
Formalmente le pido al Diputado informante que complete ahora su relación refiriéndose a todos los anexos. De lo contrario, esta sesión resulta espuria.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
El tiempo del Diputado informante está terminado. Por lo tanto solicito el acuerdo unánime de la Sala para ampliárselo, de modo tal que pueda entregar el informe de minoría y así satisfacer la petición del señor Mekis.
No hay acuerdo.
El señor MEKIS.-
¡No es eso, señor Presidente!
Solicito que se entregue a la Sala el informe completo.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Diputado señor Mekis, así se ha entendido su petición que he sometido a consideración de la Sala. Hay que proceder así para que el Diputado informante pueda relatar los anexos, como Su Señoría lo ha planteado.
La petición formulada en esos términos, ha sido rechazada.
El señor MEKIS.-
La Mesa debe imponer una sanción al Diputado informante por la falta de cumplimiento de su misión, puesto que no ha logrado medir bien su tiempo para dar un informe completo a esta Sala.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Continuando con la sesión, tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, solicitaría al Diputado señor Rebolledo que accediera a la petición de otorgarnos un tiempo adicional de 15 minutos.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.
El señor REBOLLEDO.-
Señor Presidente, el Reglamento de la Cámara tiene letra y espíritu. La relación de un informe de una Comisión o de un proyecto de ley tiene por objeto ilustrar de manera sucinta y genérica a la Cámara, en cuyo debate posterior se expresarán los matices, las mayorías, las minorías y las diferencias de opiniones.
El informe está terminado; el Reglamento de la Cámara establece sus propósitos y los límites que éste tiene. De tal manera que la expresión, legítima por cierto, de la minoría y de quienes discrepan de lo que ha sido el informe formal de la Comisión que estudió el tema dé la pobreza, debe materializarse en el tiempo que tiene la bancada de Renovación Nacional para hacer uso de la palabra.
Doy esta explicación a los distinguidos colegas de Renovación Nacional, para que no sentemos un precedente que, posteriormente, en otros temas, nos lleve a vulnerar el Reglamento.
Esa es la consideración que tengo colega señora Cristi para oponerme, y pedir que se cumpla el Reglamento, que está hecho para eso.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, sin el ánimo de polemizar, sino de tratar de ver esto con altura de miras, el tiempo de que dispone cada bancada para exponer un tema que se discutió durante un año es insuficiente. Por eso se pide un tiempo adicional, de diez o quince minutos, para dar a conocer, el informe de minoría.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Por última vez, recabo el asentimiento de la Sala para ampliar el tiempo del Diputado informante en quince minutos.
No hay acuerdo.
Puede continuar la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, en marzo del año pasado, Renovación Nacional propuso a esta Honorable Cámara la creación de una comisión de planificación y desarrollo social, con el objeto de atender y proponer, en forma permanente, soluciones a los problemas sociales que afectan a los sectores marginales de nuestra sociedad. Dicha comisión no prosperó, dado que a la semana siguiente el Diputado Montes propuso una Comisión Especial para el estudio de la pobreza en Chile, lo cual fue aprobado, con la condición de que se crearía la comisión propuesta por Renovación Nacional. Ello tampoco se cumplió, dado que la comisión pasó a ser parte de la Comisión de Gobierno Interior, donde no se le presta la atención y dedicación que el tema requiere, debido, principalmente, a la gran cantidad de proyectos que ella debe analizar.
Lamentamos que, por razones que no se justifican y que sólo apuntan a un equivocado protagonismo partidista, no se creara la comisión de planificación y desarrollo social, dado que ha habido, durante el último año en el país, una serie de problemas relacionados con el área social que no tuvieron tratamiento por parte de esta Cámara.
El informe que hoy discutimos está desfasado en casi un año desde el término de la investigación de la pobreza. Ello naturalmente provoca una distorsión en sus conclusiones y en los planteamientos expuestos, especialmente debido al curso que han tomado los hechos en materia social en Chile.
Hace un año no se conocían los conceptos vertidos en la encíclica Centesimus Annus sobre orden social, cultura, economía y libertad económica, y que desempeñan una fundamental función en la dinámica persona-sociedad-Estado, basada en los principios de subsidiariedad y solidaridad.
Hace un año no se daba un entierro definitivo a las ideologías marxistas-leninistas de los países de Europa Oriental, en cuyas economías hoy se trata de implementar la economía social de mercado.
Hace un año la Concertación no criticaba abiertamente los resultados de la política social del Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, como lo ha venido haciendo directamente desde hace algún tiempo en materia de eficiencia, creatividad y de resultados efectivos en la solución de los problemas que afectan a los sectores más pobres. Recientemente, parlaméntanos de la Concertación han solicitado al Presidente un mayor énfasis y esfuerzo en la solución de los problemas relacionados con la pobreza.
El reciente congreso ideológico de la Democracia Cristiana abandona los marcos rígidos e ideológicos en materia de política económica, dando así al sector privado, principalmente, la responsabilidad en la producción de bienes y servicios, dentro de un espíritu renovador, en un marco de una economía abierta.
La Iglesia Católica, por su parte, exige al Gobierno una solución a los problemas sociales y, además, fundamenta que en este país ha aumentado la pobreza en el año recién pasado.
Las encuestas recientes definen la violencia y la delincuencia como las preocupaciones prioritarias de los chilenos. Sin embargo, la pobreza, los sueldos, la salud, la educación y la inflación representan, según la última encuesta de Bestland, el 48,2 por ciento de las prioridades, versus el 39,9 de la delincuencia. Por lo tanto, los sectores sociales y económicos son los que más preocupan a los chilenos.
Hace un año la Comisión fue incapaz de preparar un informe de consenso en la investigación de la pobreza en Chile. A nuestro parecer, hubo hegemonía y egoísmo por parte de la Concertación para lograrlo. La Oposición colaboró activamente en el desarrollo de la investigación; sin embargo, de los trece informes y proposiciones que presentamos, ni siquiera fueron leídos ni menos incluidos en las conclusiones finales. Un ejemplo de la arbitrariedad con que se manejó el informe se produjo en una de las últimas sesiones, en que se nos dio un tiempo desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche para presentar las conclusiones e indicaciones al informe de la Concertación, el que había que coordinarlo con nuestro informe, siendo de 50 páginas cada uno. Igual lo hicimos, pero de este texto sólo se extrajeron unas 20 palabras, términos o frases aisladas para incluirlos en el texto final.
La imposibilidad de haber presentado hoy un informe único es imperdonable; una falta de respeto hacia los más humildes y que en nada apunta a lograr acuerdos que permitan acelerar el reencuentro y la paz nacionales.
Esa fue, señor Presidente y señores parlamentarios presentes, la razón por la cual nos retiramos de la última Comisión, en la que durante dos meses hicimos los mayores esfuerzos para lograr un consenso, pero hubo un rechazo total por parte de la Concertación para aceptar cualquiera de nuestras iniciativas.
Posteriormente, y sólo gracias a la intervención del Presidente, por decisión de los Comités, se acordó incluir en el anexo 4 las conclusiones del informe de minoría. Además, tengo que informar que durante cuatro meses estuve preocupada en que este informe se incluyera en los anexos; por lo tanto, me parece tremendamente sorprendente que hoy no haya aparecido.
Mal puede decir el Diputado señor Montes que nuestra actuación es una falta de respeto, porque, incluso, ahora se ha retirado de la Sala.
Francamente, no habría querido llegar a esta discusión, pero por la forma en que esta situación se ha planteado, no me queda otra cosa que informarla. Creo que hubo una mala conducción de la Comisión de la Pobreza, que no aporta nada al país ni a los sectores más pobres.
El objetivo de la Comisión era abordar el problema de la pobreza en nuestro país, investigando sus raíces, sus causas, sus dimensiones, sus consecuencias y características, con el fin de proponer y aprobar aquellas medidas y políticas que contribuyeran a su superación.
A la investigación le faltó un compromiso técnico y no ideologizado que buscara soluciones óptimas en cuanto a eficiencia y eficacia de las políticas y programas necesarios para erradicar la pobreza e incorporar a nuestros compatriotas más necesitados a los beneficios del desarrollo.
No se trata sólo de buenas intenciones, sino también de la decidida voluntad de buscar soluciones eficaces, en forma solidaria, objetiva y creativa. Sólo así podremos avanzar por el camino de la superación de la pobreza, más allá de las diferencias de enfoque para resolver el problema.
Hoy, después de 19 meses de trabajo parlamentario y en razón del curso que los hechos han tomado en materia social, podríamos haber logrado un informe de consenso.
El informe propiamente tal centró su contenido en la evolución de la pobreza en forma subjetiva. No se consideraron los planteamientos de los expertos; no se visitaron los distintos lugares del país donde existe mayor concentración de marginalidad; sólo se cuantificó la pobreza justamente con la metodología que la magnificaba, ya que ni siquiera se consideraron nuestros planteamientos.
El informe es más bien una crítica al gobierno anterior. Ese fue el verdadero objetivo de esta Comisión. Esto realmente no tiene sentido, porque el actual Gobierno ha mantenido la aplicación de la mayoría de los programas sociales. Así lo han demostrado a través de múltiples formas y se reconocen en el mundo los avances que se realizaron en Chile en materia social.
Entonces, no era necesario crear esta Comisión para desprestigiar al gobierno anterior, a pesar de los indicadores sociales que se muestran, la esperanza de vida aumentó, desde 1970 a 1988, de 61 a 71 años; la mortalidad infantil, se redujo de 82 por mil a 18,7 por mil. Y así sucesivamente. Los datos de esta parte están en nuestro informe.
Además, nuestro país es líder en materia social en Latinoamérica y en los países no desarrollados. Así lo destaca el informe de las Naciones Unidas, que coloca a Chile en el número 24 de cien países, en materia de desarrollo humano.
Esta situación les debe constar a los Diputados señora Maluenda y señor Kuzmicic, con quienes asistimos recientemente a un programa de población y desarrollo, en que Chile realmente se siente desubicado frente a los problemas que plantean otros países, y que nosotros hemos solucionado hace bastante tiempo.
La metodología utilizada por el informe para cuantificar la pobreza es justamente la que la incrementa, como la canasta básica que permite satisfacer los requerimientos nacionales. Ese estudio presenta deficiencias técnicas que llevan a la sobreestimación de la pobreza. No incluye los ingresos de los subsidios directos que otorga el Estado. Incluye golosinas, bebidas y vino.
Por otra parte, sabemos que siempre existe una subdeclaración de los ingresos que determinan el requerimiento calórico por persona.
La misma encuesta, realizada por la CEPAL, y de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo, se llega a que, entre abril y octubre de 1990, los pobres habrían aumentado en casi 700 mil personas.
La cuantificación de la pobreza es compleja. Su magnitud depende de los distintos criterios y enfoques que se utilicen; y por ello no podemos aceptar que se diga que en 1970 había mucho más pobreza que en 1987, cuando no existían los mecanismos adecuados para medirla.
Las críticas de la Comisión a la política social del Gobierno anterior contrasta con la realidad que vive nuestro país. A pesar del aumento del ingreso mínimo, de las condonaciones de las deudas, del aumento de las pensiones mínimas y asistenciales, y de los recursos adicionales obtenidos por la reforma tributaria, que nuestro Partido apoyó justamente, no han rendido los frutos necesarios. Los pobres siguen esperando.
En resumen, la política social del Gobierno ha demostrado ineficiencia administrativa, un intento a la centralización y desfocalización del gasto social, a la politización y a la desmotivación del sector privado en la colaboración de la erradicación de la extrema pobreza.
Este Gobierno recibió un país con una economía sana y en pleno crecimiento; ha tenido suficientes recursos para atender a los sectores más modestos; y es innegable que ha habido un progreso en materia de desarrollo social. La pobreza de hoy no es la miseria de antes, pero, en ningún caso, ello puede traducirse en una tarea exitosa de la culminación de la extrema pobreza; muy por el contrario, ello impone, un gran desafío a nuestro país, para que éste logre mayores oportunidades, mejor calidad de vida y más posibilidades de insertar a los sectores más postergados en el desarrollo del país.
La actual Administración ha insistido en una política social basada en la equidad y en la justicia social; sin embargo, bien sabemos que el Gobierno no ha aplicado una estrategia de desarrollo social en beneficio de los pobres. Y eso, señores parlamentarios, ustedes mismos lo han criticado.
De hecho, no se puede hablar de equidad cuando el IPC aumentó en un 2,9 por ciento, cuando el desempleo ha aumentado en un 7,5 por ciento, cuando el personal de la Salud y el profesorado se han visto perjudicados en sus remuneraciones, 0 cuando los municipios han visto reducidos en casi 11 mil millones de pesos los aportes destinados a la salud y a la educación.
La equidad supone hacer llegar los frutos del crecimiento a los sectores más desposeídos, pero aparte de buenas intenciones, la equidad no ha llegado.
El Gobierno prometió cambios y soluciones a los problemas sociales, pero no ha podido cumplir, a pesar de los enormes recursos con que ha contado, además de haber recibido al país con una economía sana. Por otra parte, ha desmotivado la participación del sector privado en la solución de los problemas, como la falta de apoyo a la educación privada subvencionada, que amenaza con cerrar sus escuelas frente a las imposiciones de las nuevas modificaciones legales. Hoy en día se habla de una "contrarrevolución silenciosa"; se rebate la privatización que actualmente adopta el mundo entero, incluyendo los países vecinos. Irónicamente, sin embargo, la Corfo asesora a Polonia en materias de privatización.
En materia de pobreza las personas que pertenecen a los grupos extremos de ella, viven en los sectores más afectados y sufren carencias básicas que sí compartimos con la que se ha planteado en el informe de la Comisión. Los pobladores son los más afectados: las mujeres, los jóvenes y también las personas de la tercera edad.
Dentro de una estrategia para superar la pobreza insistimos en que el Gobierno debe asumir el plan de las privatizaciones que se aplicó con éxito durante tantos años en nuestro país.
A nivel sectorial, en la Salud, debe existir el acceso para todas las personas a un sistema eficiente, asignación de mayores recursos, mejor atención hospitalaria, perfeccionamiento de procedimientos, modernización de la administración, erradicación de la desnutrición, prevención del alcoholismo y drogadicción, fomento de la atención dental y creación de programas destinados a la prevención de embarazos precoces.
En la educación urge mejorar su calidad, aumentar la cobertura de la educación preescolar y de las salas cunas, mejorar la calidad de la educación sin politización, establecer mecanismos homogéneos de evaluación, desarrollar un sistema de supervisión de la administración privada y municipal, incentivar la participación del sector privado, aumentar la atención en el sector rural, y fomentar la capacitación técnica profesional, que nuestro Partido ha propuesto y hasta ahora no ha recibido respuesta.
En la vivienda, es importante revaluar el programa de la caseta sanitaria con la vivienda progresiva, para determinar su real rentabilidad.
En materia de previsión social es urgente proteger el actual sistema previsional de las instituciones estatales. Aprovechando la presencia del Ministro de Planificación y Cooperación, es urgente aumentar la cobertura y el monto de las pensiones asistenciales que se están cancelando a los ancianos e inválidos, como también los subsidios familiares, no sólo su monto, sino sus beneficios. Es urgente tomar medidas para fomentar la seguridad de las personas.
En justicia, uno de los sectores que más afectan a los estratos modestos, deberán estudiarse nuevos mecanismos para una asistencia judicial en los grupos más modestos. También deberá darse especial atención a la prevención de la drogadicción y del alcoholismo, y revisar el sistema de los menores en situación irregular a través del Sename, que está desmotivando el apoyo del sector privado.
Como medidas urgentes deberán implementarse la vigilancia policial y resguardar la seguridad de las poblaciones; aumentar el número de teléfonos públicos; dar mayor cobertura a los servicios de ambulancia; dar mayor eficiencia en la reposición del alumbrado público; implementar talleres para jefas de hogar; entregar mayor cobertura en los centros de atención al menor; capacitar a los jóvenes; estudiar programas para ocupar el tiempo libre; aumentar la cobertura de canchas deportivas; generar fuentes de trabajo; fomentar las actividades deportivas y reforzar los sectores de salud.
El papel del Estado es clave para superar la pobreza, lo cual no quiere decir que sea necesario expandir la burocracia estatal, y que tampoco sea el único que pueda prestar los servicios sociales. Lo anterior es perfectamente compatible con una acción del Estado que respete el principio de subsidiariedad, según el cual aquel debe asumir sólo aquellas funciones que ninguna agrupación social menor pueda cumplir.
Lo importante es enfrentar la erradicación de la extrema pobreza, promoviendo una efectiva igualdad de oportunidades. También es tarea del Estado dar una justa estructura de financiamiento de los programas sociales. Dentro de un criterio para una política social, el país cuenta con claras prioridades en materia de la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, debe poner énfasis y dar prioridad al crecimiento económico, única forma de derrotar el flagelo de la pobreza en corto tiempo.
También es urgente perfeccionar los mecanismos de focalización en los programas para la distribución de los ingresos, mejorar el sistema de información nacional y estudiar los mecanismos que permitan llevar a cabo una mayor descentralización de los recursos.
La superación de la pobreza constituye una tarea de todos los chilenos. Para ello se requieren consensos básicos que permitan continuar avanzando en este difícil camino. Chile ha logrado importantes avances y no debe caer en el principal drama del desarrollo que lo perpetúa a través de las décadas y hace que la experiencia no sea asimilable al constante querer partir de cero, deseando con frecuencia que el camino recorrido, por triviales divisiones superficiales, se vea interrumpido.
Por todo esto, hago un llamado a todos los parlamentarios presentes para que recordemos las palabras del Santo Padre: "Trabajad unidos e integrad vuestros esfuerzos. No antepongáis un factor ideológico o un interés de grupo a la indigencia de los más pobres".
Termino anunciando que hemos presentado un proyecto de acuerdo, que resume nuestras conclusiones, con el objeto de que después sea leído y votado.
He dicho.
Aplausos.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Recuerdo a las tribunas que no pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Concha.
El señor CONCHA.-
Señor Presidente, me ha llamado la atención la afirmación de la Diputada señora Cristi, al quejarse de que habría tenido desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche plazo fijado por la mayoría para presentar el informe de minoría. Si hubiéremos cometido ese desatino, mereceríamos todas las reprobaciones del caso. Pero resulta que durante los meses de discusión del tema, la señora Cristi nos presentó dos o tres informes escritos de su posición. Entonces, ¿cómo conciliar esto de las 7 de la tarde hasta las 24 horas, con los dos o tres informes que nos hizo llegar en repetidas oportunidades?
La queja me resulta sorprendente, inusitada, y viniendo de ella, no la entiendo.
La señora CRISTI.-
Está equivocado.
El señor CONCHA.-
Por otra parte, ¿quiénes son pobres? ¿Cuántos son pobres?
Son preguntas que nos hacemos, pero no sabemos contestarlas con precisión para que la respuesta sea considerada, por todos, como verdad.
No basta la mera definición del Diccionario de la Lengua para permitimos responder con acierto aquellas interrogantes. ¿Cuál es la medida de la necesidad? ¿O cuánto es indispensable para sustentar la vida? ¿O cuál es el grado de sustentación querida o exigida?
Resolviendo estas interrogantes, tal vez lleguemos a establecer la pobreza absoluta o extrema, pero para determinar la pobreza relativa se necesitará introducir parámetros arbitrarios aceptados por unos y rechazados por otros; por lo que la conclusión nos ayudará poco para señalar con precisión cuántos son los pobres.
Pero más allá de las definiciones, más o menos, precisas que se han dado o se den, más allá de los diagnósticos técnicos, cuya exactitud siempre nos parecerá dudosa, más allá de la cuantificación exacta o no, los pobres existen en Chile. Lo vemos y lo comprobamos diariamente en todos los lugares; son una espantosa verdad y una desgraciada herencia. La pobreza y la extrema pobreza son verdades indesmentibles en nuestro país. Hay pobres, muchos pobres, miles, millones de pobres. Calcular su número, grado, ubicación y distribución es muy importante. Tiene un sentido trascendente; sobre todo, cuando se ha indicado que el 34 por ciento de la población se encuentra en ese estado, lo que traducido en números, considerando la población actual de 13 millones 400 mil habitantes, significa 4 millones 500 mil pobres.
Sin embargo, tanto o más importante que ello es la toma de conciencia que debe tener la totalidad de la población chilena de este problema, y del carácter urgente y prioritario que tiene su solución. Por ello, entrar a examinar lo que se hizo o no, hoy no tiene ninguna importancia. Lo que interesa es implementar una campaña nacional exhibiendo la crudeza de esta realidad que aflige a buena parte de la comunidad, para despertar la solidaridad individual y colectiva de todo el país, y así hacerle frente, teniendo claro que su magnitud sobrepasa todos los límites tolerables; ética, moral y humanamente hablando, y cuya resolución no admite dilaciones ni postergaciones. "Los pobres no pueden esperar", dijo el Papa. La solución debe darse ahora mismo.
Esta toma de conciencia debe generar un gran consenso y llevar a un compromiso nacional para pagar la enorme deuda social con participación de cada uno, de cada persona, en conjunto con el Estado, porque la solución no queda sólo a nivel individual ni tampoco corresponde únicamente al Estado, sino que es responsabilidad de todos, incluso de los propios pobres, cuyo esfuerzo es indispensable para superar su situación. Hay que desarrollar la capacidad y voluntad de erradicarla definitivamente, sin ideologismos, partidismos y fines electorales, asumiendo las experiencias anteriores, sin pretender partir de cero nuevamente.
No es el momento de analizar quién es el culpable de su existencia ni tampoco quién hizo más por ellos; sólo interesa superar el problema. El pobre es un ser humano, una persona igual a cualquiera de nosotros, y no puede ser considerado un número dentro de una estadística que ilustra periódicamente las condiciones técnicas que del problema se hace. Esas personas necesitan y merecen nuestro respeto.
En este esfuerzo nacional nadie puede eximirse. Todos debemos participar con generosidad y sin egoísmos, cooperar en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, generar nuevas fuentes de trabajo remuneradas con justicia, cumplir responsablemente las obligaciones laborales y tributarias, ayudar moral y materialmente al que no tiene, actuar sin mezquindades ni ruindades.
Hace un momento la Diputada señora Cristi radicaba la acción para erradicar la pobreza en el aparato estatal y omitía la acción indispensable de la actividad privada. No basta el mero crecimiento económico, por importante que fuere, para solucionar la pobreza; es condición necesaria, pero ella sola resulta insuficiente. Es indispensable el reparto equitativo del producto de ese desarrollo, a través del incremento de la participación laboral. El mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo es parte indispensable, condición sine qua non del desarrollo. Jamás podrá estimarse como un factor contrario.
El Gobierno actual ha mejorado substancialmente aspectos importantísimos en la vida de los pobres. Se ha producido un aumento substancial de sueldos y salarios, los que en el Gobierno anterior ni siquiera se fijaban. Ha habido un notable aumento en la construcción de viviendas, superando el mejor año del Gobierno anterior. La atención de salud también ha tenido un mejoramiento. Esto lo he comprobado personalmente, porque en Valdivia, mi ciudad, hay gente pobre que necesita ser atendida hospitalariamente. Me han expresado que la diferencia de atención hospitalaria se nota ahora, y que realmente ellos parecen ser personas atendidas por otras personas; no como ocurría antes, cuando eran atendidas por personal que los trataba mal.
El señor BAYO.-
¡Pruébelo!
El señor CONCHA.-
El modelo de desarrollo que concite el consenso político y social debe basarse en una filosofía plasmada en la solidaridad y responsabilidad de cada cual, con una estrategia que combine el crecimiento económico con medidas destinadas a mejorar la participación y distribución del producto económico.
Dentro de este plan, son bases fundamentales el aumento creciente del gasto social, que se traduzca en la eliminación de la marginalidad, en el mejoramiento de barrios y asentamientos humanos, en la construcción de más y mejores viviendas, para hacer desaparecer los campamentos insalubres, rodeados de pestilencias, que son simplemente focos de contagio. Todo ello, con el objeto de obtener mejores condiciones de vida de la población y, especialmente, educar a la juventud, para que ésta sea habilitada e ingrese a las fuentes de trabajo remuneradas en las condiciones que permitan satisfacer dignamente las necesidades humanas.
Se requiere también el reconocimiento de los estratos superiores de la comunidad, de su responsabilidad en la pobreza esto no siempre se logra, la participación de los pobres y su disposición para colocar su esfuerzo personal y hacer realidad aquello de "ayúdate que te ayudaré".
Todo esto requiere esfuerzos y sacrificios compartidos, postergar aspiraciones no urgentes ni indispensables, racionalizar el uso de medios y recursos; aplicar criterios de autoridad, tanto en la administración pública como en la actividad privada; aprovechar los recursos que hoy se derrochan en fines suntuarios o en la adquisición de armamentos que no se justifican si vivimos en un período de paz que todos queremos prolongar indefinidamente, y crear más y más fuentes de trabajo.
El mejor medio de hacer el bien a los pobres no es darles limosna, sino lograr que puedan vivir dignamente sin recibirla. Esta tarea es urgente: los pobres no pueden esperar.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Planificación y Cooperación).-
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo felicitar a la Comisión por el trabajo realizado. He leído con detenimiento los dos informes y creo que constituyen un excelente trabajo y un muy buen aporte.
Además, por la composición de las personas que concurrieron a la Comisión, también debo destacar la pluralidad de las opiniones que se recibieron.
Asimismo, quiero destacar y expresar mi acuerdo respecto de la consideración sobre el sentido nacional que debe darse al tema de la pobreza, que no es un problema de Gobierno, de Oposición, de la Concertación, sino nacional, que a todo nos afecta, por lo cual todos debemos poner nuestra parte para su solución.
Voy a dividir mi exposición en tres partes.
En la primera me parece importante destacar algunos aspectos conceptuales, en los cuales se enmarca una política destinada a superar la pobreza.
En la segunda, quiero dar algunos antecedentes sobre la caracterización de la pobreza en Chile, y en la tercera, plantear en ese marco conceptual, dadas las características de la pobreza en Chile, las políticas que el Gobierno está siguiendo para enfrentarla.
Respecto de la primera, creo importante señalar que hay diferentes formas de medir la pobreza. Así se ha indicado en la discusión en la Sala y en los debates técnicos donde le ha correspondido participar al Ministro que habla.
Esta es una larga discusión no resuelta, porque las distintas metodologías tienen sus respectivos sesgos y, por lo tanto, llegan a conclusiones diferentes. Sin embargo, en el caso chileno es preciso manifestar que en las distintas metodologías existen pocas diferencias en cuanto a la estimación de lo que hemos denominado la indigencia. Es decir, entre un millón y medio o un millón ochocientos mil personas en Chile pueden ser calificadas como indigentes. Esta es una situación de extrema pobreza que realmente llama a la conciencia de todos los chilenos.
Aun por la vía directa del cálculo de subsidios que se dan a los indigentes hoy día en Chile, a través del subsidio único familiar y de las pensiones asistenciales, se determina que existen en esa condición un millón doscientas mil personas.
Sabemos que no todas están cubiertas por el subsidio. De manera que, desde el punto de vista metodológico, al menos en el tema de la pobreza más extrema, la indigencia, hay coincidencias.
El segundo aspecto que me interesa destacar es que en todos los casos en que hemos tratado este tema y las políticas respectivas, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la pobreza absoluta; es decir, al problema que afecta a las personas en términos de la satisfacción de sus necesidades básicas.
Esto es distinto a lo que se entiende por calidad de vida. Puede haber pobreza, medida según los métodos monetarios, la canasta de alimentos y el ingreso de las personas, pero su calidad de vida puede verse afectada positivamente a través de las políticas sociales. De manera que dos países con un porcentaje de pobreza equivalente pueden tener una calidad de vida distinta. Por eso, es conveniente también hacer el distingo entre ambos conceptos: pobreza y calidad de vida.
Hechas estas aclaraciones previas, quiero señalar los medios a través de los cuales se puede superar la pobreza.
En primer lugar, me referiré a los medios para cambiar el ingreso monetario. No cabe ninguna duda de que, desde este punto de vista, el crecimiento económico, el empleo y el ingreso asociado a éste constituyen el principal elemento o medio para mejorar las condiciones de ingresos de los pobres. Pero sabemos también que el crecimiento es una condición necesaria, pero insuficiente.
En segundo lugar, los cambios en la productividad del trabajo y en el capital de los pobres constituyen otro medio, a través del incremento del capital que ellos poseen, del aumento de la productividad de su capital, del aumento de la productividad del trabajo.
Este segundo componente se refiere a aquellos que no están incluidos en sistemas de contratos o trabajos regulares, que no son asalariados y que, en el caso chileno, corresponden a una proporción muy importante de las personas y de los pobres.
En tercer lugar, desde el punto de vista del ingreso monetario, vienen las transferencias, es decir, aquellos recursos que el Estado transfiere hacia grupos especiales, como son las pensiones, las asignaciones familiares; en el caso chileno, el subsidio único familiar, las pensiones asistenciales, etcétera.
Esos son los mecanismos posibles por los cuales se puede mejorar la situación de ingreso de los más pobres y, en general, de la población.
Segundo elemento: los medios para mejorar la calidad de vida son factores no monetarios que, sin embargo, influyen en el bienestar. Ahí están comprendidas las políticas clásicas de educación, salud, vivienda, que permiten a las personas tener oportunidades semejantes entre ellas. Se conocen con un nombre genérico: el capital humano, y se habla de mejorar las condiciones del recurso humano; en segundo lugar, de políticas relativas al medio ambiente; en tercer término, de políticas respecto de las condiciones sanitarias en que se desarrolla la vida de las personas; en cuarto lugar, de la seguridad personal; en quinto término, del deporte y recreación.
Podría mencionar otros rubros, pero, en definitiva, todos son elementos que influyen en la calidad de vida de las personas.
Este es el marco conceptual y los caminos a través de los cuales se puede llegar a los pobres.
Ahora, ¿cuál es la característica de la pobreza en Chile?
Nuestros estudios y los efectuados a través de la encuesta Casen indican que la tasa de dependencia de la población, que es la relación entre las personas que componen un hogar y los ocupados del mismo, en el caso de los indigentes, es de 5,56 por ciento, y en el promedio nacional, de 2,91 por ciento. ¿Qué significa esto? Que en el hogar pobre hay más personas que dependen de cada uno de los ocupados que en el resto de los hogares del país.
El segundo indicador es la tasa de participación: la fuerza de trabajo dividida por la población en edad de trabajar. En el caso de la indigencia, el porcentaje es de 42,6, y en el total de la población de Chile, de 51,7 por ciento. Es el segundo factor que determina la desventaja del hogar pobre.
Tercer elemento: la tasa de desocupación, que no es la entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas, porque no se mide en la misma forma; por lo tanto, no son comparables. En la encuesta Casen, la desocupación de los indigentes, a 1990, era de un 28 por ciento contra un equivalente nacional de 8,3.
En las ocupaciones formales, los indigentes tenían una tasa de alrededor del 34 por ciento. En cambio, en la población promedio nacional es del orden del 60 por ciento.
¿Qué conclusiones surgen de esta situación? Primero, los pobres tienen una precaria inserción en el mercado del trabajo y en el hogar pobre una alta dependencia de la o las personéis que trabajan. Segundo, en estas condiciones el rebase del crecimiento del ingreso global no es una solución para los más pobres. Tercero, frente a esta situación tan peculiar, se requieren políticas de ingreso dirigidas a grupos específicos.
También quiero destacar otro punto importante para fijar las políticas. En el caso de la indigencia, un 76 por ciento del ingreso proviene del trabajo, de los cuales 50 por ciento corresponde a sueldos y salarios, y el 22 a ingresos de trabajo independiente.
Además, deseo señalar y aquí hago una referencia a la intervención de la Honorable Diputada señora Cristi que el total de subsidios en efectivo que reciben los indigentes representa menos del 10 por ciento de su ingreso total. Es decir, en términos de políticas, es mucho más importante afectar los ingresos del trabajo u otros como jubilaciones, pensiones, donaciones que los subsidios en efectivo. Esto no significa que no estemos de acuerdo en que se mantengan y se aumenten. Ellos constituyen un alivio indispensable, pero no resuelven el problema y representan una proporción relativamente pequeña en el ingreso total de los indigentes.
Otro elemento que mencionaré es la distribución geográfica, que también implica políticas específicas, por cuanto las generales no siempre inciden de la misma manera en las distintas regiones.
En la evaluación efectuada en los años 1987 a 1990, hay tres regiones muy desfavorecidas, con más del 47 por ciento de pobreza: la Cuarta, la Séptima y la Novena Regiones. En la Cuarta y Novena hubo cierto mejoramiento en los tres años; en la Séptima, un deterioro. O sea, la pobreza se distribuye en forma desigual.
Otro factor que es necesario considerar es que la pobreza se ha concentrado en los sectores urbanos. La rural, en estos tres años en que hubo medición de la evolución de la pobreza, disminuyó en un 9,4 por ciento, y la urbana, sólo en un 3 por ciento. Se produjo un mayor deterioro o menor mejoramiento en la pobreza urbana que en la rural. Un 42 por ciento de la población rural y un 39 por ciento de la urbana son pobres. Pero como la población rural es sólo un 18 ó 19 por ciento del total de la población, en Chile la pobreza está concentrada en los centros urbanos.
A lo anterior se agrega lo que en esta Sala ya se ha mencionado tantas veces: las carencias generalizadas en los sectores pobres en vivienda y servicios básicos, y que, por lo tanto, la política del Gobierno debe orientarse a cubrir ese tipo de necesidades.
Ahora, teniendo en cuenta este marco conceptual y dadas las características de la pobreza en Chile, reseñaré las políticas que se están siguiendo.
En primer lugar como decía, el crecimiento económico es un factor o una condición necesaria para generar empleo y mejorar las condiciones de ingreso.
Ciertamente, el Gobierno está interesado en que el crecimiento sea más de un 5 por ciento. Sin embargo, tal vez lo más importante es no tener irregularidades en el crecimiento.
Uno de los elementos más distorsionadores, tanto en las decisiones de los agentes económicos como en la aplicación de las políticas económicas y sus efectos sociales, ha sido la irregularidad en el crecimiento. Por ello, sólo se puede aspirar a una tasa de crecimiento sostenida en el tiempo. Creemos que la tasa del 5 por ciento tiene esa característica. Puede que se logre un porcentaje mayor. ¿De qué depende? Fundamentalmente, de las decisiones de inversión. ¿Y quiénes son los responsables de ellas? Hoy, en el país, el 75 por ciento de la inversión es privada y el 25 por ciento, pública. En este momento, creemos posible alcanzar, y probablemente superar en el tiempo, al 20 por ciento de la inversión sobre el producto geográfico bruto del país.
¿Cómo se compone esta inversión, de acuerdo con los porcentajes que di previamente? Cinco puntos de ese 20 por ciento corresponden a inversión del Estado; cinco puntos, a inversión extranjera, y diez por ciento, o sea, la mitad, a la inversión nacional privada. De manera que las posibilidades futuras de una tasa de crecimiento sostenida dependen de la inversión, la que está sujeta a decisiones privadas sobre la materia.
Si se aceptara el 5 por ciento de crecimiento, de acuerdo con tendencias históricas pueden haber cambios en el corto plazo, eso generaría alrededor de 117 mil 500 empleos al año. Pero la fuerza de trabajo también sobre la base de antecedentes históricos y con los cambios que hemos visto en los meses recientes debería aumentar en un 1,7 por ciento, lo cual significa 80 mil empleos nuevos para satisfacer el crecimiento de la fuerza de trabajo. Es decir, la reducción del desempleo sería del orden del 0,8 por ciento al año.
Esto nos lleva a la conclusión de que el crecimiento solo, aún a esa tasa sostenida o a tasas mayores, no es suficiente para resolver el problema del subempleo y de la informalidad que afecta a gran parte de los pobres, y particularmente a los indigentes.
De allí, entonces siguiendo el planteamiento conceptual inicial, que el Gobierno tomó una serie de decisiones para mejorar las condiciones de ingreso monetario. Se aumentó el salario mínimo, se elevó la asignación familiar, se reajustaron las pensiones mínimas y las pensiones en general, a través del reajuste del 10,6 por ciento y del reajuste ordinario, de acuerdo con el alza de los precios, y se han aumentado los subsidios, tanto el subsidio único familiar como las "Pasis", pensiones asistenciales. En términos reales, el aumento promedio ha sido del orden del 50 por ciento, y eso ha beneficiado a aproximadamente 5 millones de personas.
La primera acción del Gobierno fue efectivamente mejorar las condiciones de los ingresos más bajos, a través de transferencias monetarias o aumentos del salario mínimo.
Enseguida, me referiré a las políticas de carácter social.
En primer lugar, yendo sector por sector, la evolución entre el año 1990 y lo propuesto en vivienda para 1992 no voy a leer los detalles, señala un aumento en el conjunto de construcciones habitacionales, de 68 mil en 1990, que fue bastante superior al promedio del período anterior, a 95 mil soluciones en 1992, con una cifra muy parecida en 1991, dando énfasis a la vivienda progresiva. En 1990, las soluciones habitacionales alcanzaron a 5.800, y en 1992, la propuesta es de 24 mil, donde se incluyen los grupos más pobres.
En materia de salud, hay programas de reforzamiento de la atención primaria, que ya están en ejecución. Hay más de mil 260 millones de pesos destinados a aumento del personal en 61 consultorios; tercer tumo en 38 consultorios; suplemento del 50 por ciento del presupuesto de farmacias; implementación de 13 servicios de atención primaria de urgencia; manejo de enfermedades respiratorias, salas de hospitalización abreviadas en 56 consultorios, 5 mil 400 unidades de medicamentos para obstrucción bronquial y otros.
En esta materia de atención primaria se ha pretendido ir, precisamente, a los grupos más pobres. Ciertamente, estoy de acuerdo en que falta mucho por hacer; pero la larga lista de requerimientos y necesidades que la Honorable Diputada leyó, no es otra cosa que dar un testimonio muy exacto sobre lo poco o nada que se había hecho al respecto.
Por lo tanto, en eso estamos precisamente.
Ha aumentado la atención primaria rural y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Aparte de todo esto, también se han mejorado y se han creado centros comunitarios de salud mental y de atención preferencial para la tercera edad.
El programa de Educación se ha privilegiado. Hay dos problemas muy importantes en materia de educación: uno es la diferencia de calidad en educación y el otro es la deficiencia de cobertura en el sistema preescolar. Esta política va dirigida, precisamente, a darles preferencia al mejoramiento y a la calidad y equidad en la educación básica, y esperamos que en 1992 alcance a alrededor de mil 400 escuelas.
Se ha aumentado el Fondo de Racionalización de Educación en 2 mil 600 millones de pesos, para cubrir los déficit operacionales en la administración de establecimientos municipales; se han incorporado, adicionalmente, cien mil niños al Programa de Alimentación Escolar; hay reforzamiento de la dieta para 97 mil estudiantes, y la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha ampliado la cobertura en un 12 por ciento.
La educación extraescolar ha beneficiado a 500 mil estudiantes. Se han repartido textos gratuitamente. Se ha entregado becas escolares. En 1992, se aumentará la bonificación para estudiantes de asistencia media, con el objeto de acrecentar la escolaridad y evitar el abandono prematuro de la escuela. Es decir, son programas dirigidos exclusivamente o principalmente hacia los sectores más pobres.
Lo mismo ocurre y no quiero cansarlos con los programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y los programas que ha estado desarrollando el Fosis, que empezó sus operaciones regulares a partir de julio solamente, los cuales van dirigidos fundamentalmente al apoyo de la microempresa rural y urbana, a los programas de mejoramiento de consumo de la alimentación popular y a programas que atienden a las localidades más pobres.
En síntesis, señor Presidente, con estos programas el Gobierno está destinando y orientando los recursos que tiene, y que ha tenido en forma extraordinaria, precisamente, hacia aquellos sectores más necesitados.
La incidencia del gasto público global en los recursos adicionales ha sido sobre el 60 por ciento de los programas adicionales que van a los dos primeros quintiles. De tal manera que en ese sentido ha habido una focalización del gasto.
Dentro de esta concepción hay grupos especialmente rezagados, para los cuales hay programas especiales. Es el caso de los jóvenes. No quiero extenderme en el programa especial dirigido a los jóvenes. El Presidente de la República ha hecho una extensa exposición sobre los programas que les favorecen; asimismo, en el caso de las mujeres y, particularmente, sobre programas destinados a mejorar las condiciones de las mujeres jefas de hogar y, dentro de éstas, a las mujeres de escasos recursos, a las más pobres. Un programa especial, cuya normativa espero que pronto el Honorable Congreso pueda conocer, está destinado, por primera vez, a tener una legislación que aborde el problema de discapacidad en Chile. En realidad, yo mismo he quedado asombrado al comprobar que alrededor de un 10 por ciento de la población de Chile tiene algún tipo de discapacidad. Ciertamente, cuando coinciden discapacidad y pobreza, se juntan dos situaciones verdaderamente dramáticas. Por eso, a nosotros nos parece que se requiere una legislación. Para esto, el Presidente de la República creó el Consejo Nacional de Discapacidad. 'Nosotros estamos preparando la legislación para someterla al conocimiento del Presidente en el próximo mes o a fines de éste, con el objeto de contar con la institucionalidad respectiva para atender la discapacidad.
En materia de tercera edad, hemos hecho avances bastante significativos en distintos ministerios, dando asignaciones especiales de recursos y preferencia en su atención.
Por último, en este mismo aspecto están las llamadas políticas de carácter socioproductivo, fundamentalmente destinadas a la pequeña producción. Allí se requiere de una acción integral, esto es, asistencia técnica, capacidad de gestión y recursos crediticios financieros.
Este es un sector que está absolutamente marginado. Si no se le proporcionan los medios, el país estaría desperdiciando su capacidad creativa y sus potencialidades productivas.
Además, éste es un foco de pobreza extremadamente grave y muy numeroso. No menos de 2 millones de personas viven alrededor de cuatro categorías en que se agrupan la microproducción o los pequeños empresarios, los pescadores artesanales, los pirquineros, los microempresarios urbanos y los pequeños propietarios agrícolas.
Para estos efectos, hemos abordado un programa a través del cual en 1992 esperamos poder atender a alrededor de cien mil microempresarios. Estamos incorporando a este programa al sistema bancario privado; es decir, aquí también estamos respondiendo el cuestionamiento de que no se les da a los privados su debida participación. En esto hemos hablado con bancos, en los cuales hemos encontrado una buena recepción; pero se requieren cumplir dos requisitos para que ellos puedan entrar en el financiamiento de la pequeña producción.
El primero es disminuir lo que ellos llaman el costo de transacción, es decir, montar esta operación para los bancos. Nunca los pequeños productores han entrado a un banco ni los bancos tienen ninguna experiencia con ellos; por lo tanto, se requiere montar una organización especial para atenderlos, lo cual implica un apoyo que nosotros estamos dispuestos a conceder, y hemos conversado con ellos para que así sea.
El segundo requisito radica en lo que ellos llaman el costo del riesgo: los bancos estiman que puede haber un alto riesgo por la poca garantía que se puede dar por parte de los microempresarios.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Señor Ministro, la Diputada señora Cristi le solicita una interrupción.
El señor MOLINA (Ministro de Planificación y Cooperación).-
Con mucho gusto.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de la palabra por la vía de la interrupción la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Ministro, en relación con el apoyo que se le está dando a la empresa privada, recientemente hemos escuchado que los colegios particulares subvencionados estarían amenazando con cerrar sus escuelas si no se les mejoraban la situación derivada de la Ley de Subvenciones y del Estatuto Docente. Me gustaría que usted me diera su opinión al respecto.
Por otra parte, Ministro, quisiera insistir en el tema de las pensiones asistenciales.
Nosotros hemos aprobado en esta Cámara dos proyectos de acuerdo de todos los Diputados. Tenemos la conciencia y la confirmación en terreno de que a los ancianos y a los inválidos se les están cancelando las pensiones. Entendemos que es una disposición legal, cuya aplicación se revisa después de tres años, ocasión en que se les aplica la ficha CAS. Todo eso lo sabemos, pero el tema es que, en la realidad, se ha aumentado el monto de la pensión asistencial, pero no la cobertura de esos beneficios.
Quisiera aprovechar esta oportunidad, para escuchar su planteamiento al respecto, porque en el presupuesto del año 1992 tampoco se incluye el aumento de la cobertura ni de pensiones asistenciales, ni de invalidez, ni tampoco los subsidios familiares que se entregan a la mujer con los niños pequeños.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Puede seguir con el uso de la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, tengo entendido que en el Senado se tramita un proyecto de ley que trata el tema de las subvenciones a la educación privada. Ciertamente, el Gobierno está muy consciente de que es fundamental mantener y estimular la educación privada, porque es un componente absolutamente esencial en el sistema educacional. Como dije, hay un proyecto que está en el Senado en este momento.
En relación con el segundo aspecto, efectivamente hemos revisado el sistema de subsidio único familiar y de las pensiones asistenciales. En cada oportunidad en que por exigencia de la ley se debe excluir a una persona para darle entrada a otra surge un problema humano bastante serio. Es una disposición de la ley.
El Gobierno prepara una disposición para ver la manera de aumentar la cobertura. Este sistema de subsidios implica un gasto de alrededor de 50 mil millones de pesos.
En encuestas recientes, hemos detectado que existen personas con requisitos cumplidos que hoy día no tienen acceso a ese tipo de subsidios. Hemos estado examinando el problema. Tal vez usted no estaba en la Sala cuando yo mencioné el tema de la asignación de los recursos a uno u otro objetivo, lo que es una consideración muy importante. Los subsidios, en términos del ingreso de los indigentes, siendo cada caso, por cierto, muy dramático, constituye no más del 10 por ciento del total de ingresos que ellos perciben. Por lo tanto, para mejorarlos, coincidiendo en que ésta es una ayuda asistencial necesaria, lo más importante es generar oportunidades de empleo para que puedan salir de esa condición en forma permanente, salvo en los casos de discapacidad de mayores de 18 años, y de ancianos, en los casos de las familias.
Como dije, después de completar las encuestas y viendo las personas qué efectivamente cumplen con los requisitos, hemos considerado la posibilidad de aumentar la cobertura, ¿qué costos puede significar eso o cómo podría hacerse minimizándolos? De manera que estamos perfectamente conscientes y preocupados de este problema.
Repito, el monto de los recursos destinados a este fin son 50 mil millones de pesos.
Es importante que se sepa que del total del gasto social prácticamente la mitad está destinado a pensiones, y el aumento del 10,6 por ciento significa un esfuerzo público considerable, lo que no siempre va a los más pobres. Si uno calcula la incidencia del gasto social, incluyendo las pensiones, es muchísimo más alta para los quintiles primeros y segundos, excluyendo las pensiones. Si uno incluye las pensiones, el gasto pierde su progresividad, .particularmente porque no son pobres todos aquellos que tienen una pensión superior a 80 mil pesos, a quienes también se les da reajuste, porque también lo perdieron en su oportunidad.
Cuando se cumpla con aquellos que tienen 120 mil pesos de pensión mensual, habrá un costo mensual de mil 400 millones de pesos. Ciertamente, el Gobierno tiene preferencia por los más pobres, pero no puede dejar de atender los otros requerimientos y tiene que compatibilizar ese gasto con el total de ingresos disponibles en el presupuesto.
Estaba hablando, en mi intervención, sobré los programas dirigidos a la microempresa. En mi opinión, esto es lo más importante que se puede hacer en relación con la superación de la pobreza, porque, en definitiva, la pobreza se vence cuando las personas logran aprovechar sus potencialidades, encontrar un trabajo productivo o aumentar su ingreso, y este sector ha sido absolutamente marginado, porque el mercado es eficaz para algunas cosas, pero tiene dos defectos graves: uno, no tiene sensibilidad social y, dos, es miope, es corto de vista. Las asignaciones de mercado se hacen muchas veces basadas en consideraciones de corto plazo, y el Estado tiene la obligación de corregir esas dos fallas del mercado.
En consecuencia, en este sentido, entre empresarios que tienen acceso al crédito, al conocimiento tecnológico, a los mercados extranjeros, y aquellos que no tienen posibilidad de acceder a ningún medio para progresar, no hay competencia, sino relación entre desiguales.
En Chile, este grupo social productivo, primero, puede aumentar la producción considerablemente, y, segundo, su productividad y su ingreso en forma espectacular. Es el resultado en los casos donde se ha logrado atender a los microempresarios.
Además, en relación con el riesgo de los bancos por el no pago por parte de los microempresarios, la única experiencia es del Banco del Desarrollo y demuestra que la recuperación de sus créditos es más alta que la de los créditos comerciales.
De tal manera que hay un gran cambio. Precisamente, propiciamos la integración al desarrollo de los sectores marginados. No había ninguna institucionalidad que se hiciera cargo de esto. La que existía estaba sumamente deprimida, como el Indap con los campesinos; Funcap con los pescadores artesanales, que prácticamente no tenía recursos; Sercotec se había reducido al extremo.
De modo que no había institucionalidad para atender las necesidades de los sectores de pequeña producción. Levantarla, cambiar las normas por las que hoy existen para introducir en el sistema financiero a los pequeños productores, es una enorme tarea que toma tiempo; pero creemos que es la manera más eficaz de resolver sus problemas sociales. Por eso, para nosotros, este programa es absolutamente prioritario. Como dije, aspiramos a atender a alrededor de cien mil pequeños propietarios en 1992. Ha tomado tiempo organizar y estructurar la institucionalidad para atender a la pequeña producción.
Nos preocupan dos aspectos de la política del Gobierno orientada a superar la pobreza.
Uno es el de la participación. Creemos que hay que estimularla en todos los aspectos. Ha mejorado y aumentado notable y substancialmente la organización de la comunidad. Ahora, tiene que encontrar los canales de expresión y de contacto con el Gobierno, con las municipalidades la democratización de éstas ayudará mucho.
La participación es una condición esencial, porque da dignidad a la persona. La que es considerada en sus propuestas, en la búsqueda de sus propias soluciones, cambia cualitativamente su situación. Por eso, nos parece que hay que estimularla en todos los frentes.
El otro aspecto es la eficiencia. Estamos “poniendo en práctica uno de los mecanismos para controlarla. El otro se materializará en los últimos meses de este año o en los primeros del próximo.
El primero se refiere a las metas ministeriales. Tenemos la responsabilidad de que cada Ministerio fije sus metas por programas, y de ver, a lo menos tres veces al año, si se están cumpliendo, evaluación que llega hasta el Presidente de la República para corregir lo que se ha propuesto hacer.
Por último, también queremos extender el control a través de lo que piensan los propios beneficiarios; es decir, que sean contralores de lo que reciben y que perciban las deficiencias del servicio público. Esto se está poniendo en práctica ahora.
Señor Presidente, primero, reitero que las propuestas de la Comisión nos parecen importantes y deben ser tomadas en cuenta por nosotros; y segundo, creo que el Gobierno está caminando en la línea correcta: ha realizado una extraordinaria obra en este campo. Ciertamente, las necesidades son muchas, por la intensidad de la pobreza que heredamos. Por lo tanto, tomará tiempo superar plenamente el problema, que a todos nos preocupa.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a la gran cantidad de especialistas que concurrieron a la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile, quienes entregaron informes técnicos, elaboraciones conceptuales, encuestas, estudios históricos y de todo tipo en relación con el tema que nos ocupa. Considero importante haberlos escuchado; más aún, fueron una gran contribución a nuestras conclusiones. Pero me queda la sensación de que frente al tema, cualquiera puede opinar en la forma que estime conveniente. Es difícil eliminar el sesgo político que condiciona, en gran medida, nuestras actuaciones y opiniones. Tengo la convicción de que el tema no es exclusivamente técnico. Tampoco es una materia que deba convertirse en una bandera de lucha por parte de determinados sectores. Es mucho más importante. Es el problema más grave que nuestra sociedad debe enfrentar y resolver. Es un estado de carencia de la satisfacción de los niveles mínimos de necesidades básicas, que, además, supone la incapacidad, por parte de los afectados, para cubrir los niveles y salir por sí solos de la grave situación de carencia. Por ello, el problema debe ser tratado con seriedad. No se puede jugar con las expectativas de los más necesitados; no se lo merecen.
El trabajo de la Comisión da testimonio de ciertos elementos que a esta altura, aparecen como irrefutables. Ya nadie duda de que las necesidades son mayores que nuestros recursos. Cobra importancia, entonces, la focalización y redistribución eficaz del gasto social. Para ello, es fundamental llegar directamente a los más necesitados, a grupos bien definidos de la población, y conocer sus necesidades. Además, el gasto debe ser progresivo; es decir, debe beneficiar en mayor medida a quienes requieren de mayor ayuda. No podemos repetir añejos vicios, en que la ayuda se destinaba a los grupos con mayor capacidad de presión. Me preocupa ver hoy, nuevamente, el germen de esa tremenda injusticia en la distribución de nuestros siempre escasos recursos. No debemos olvidar que el objetivo final de la política social es erradicar la extrema pobreza.
Desde otro punto de vista, tampoco debemos olvidar que hace bastantes años nuestro país viene destinando un porcentaje importante de su producto a los más pobres, y la pobreza no ha desaparecido. Debemos reconocer, entonces, que los recursos son un importante paliativo a la pobreza, atenúan sus efectos y la hacen menos dolorosa; pero no necesariamente la hacen desaparecer.
Es de toda lógica que la erradicación de la pobreza pasa por el crecimiento y el desarrollo económico. Esta es la verdadera fórmula, la más eficiente. La pobreza se destruye de raíz en la medida en que hay más empleos, en que los salarios son más dignos; cuando existen posibilidades reales de acceder a la salud y a la educación; cuando el país crece.
Esta idea está contenida en el informe. No tengo duda alguna de que es compartida por todos los Honorables colegas. El problema aparece cuando se reconoce este principio, pero no se adhiere plenamente a él. Se reconocen los beneficios de la economía social de mercado, porque da resultados prácticos, pero no se cree en el sistema. Esta es la razón de las políticas erráticas, que, sin desvirtuar completamente el sistema, lo privan de elementos fundamentales para que tenga plena validez.
Por ello, extraño medidas que apunten en dirección lógica para continuar nuestro desarrollo. Por esta razón, nos opusimos a la reforma tributaria, a la reforma laboral y a otras iniciativas del mismo sentido. No estamos dispuestos a sacrificar, en el mediano plazo, a la gran mayoría de anónimos pobres para favorecer hoy a determinados grupos de presión organizados.
Se le ha puesto apellido a la economía social de mercado y sólo se ha logrado atenuar los positivos efectos que su plena aplicación implicaría para todos los chilenos. El Presidente de la República señala cuáles empresas no se van a privatizar, creyendo que ello es un logro de su gestión. Esa actitud contrasta con la de aquellos países que, no obstante haber despertado después del nuestro como Argentina y México, tienen una actitud consecuente con sus objetivos: han abierto sus fronteras, reconocen la necesidad de la inversión extranjera, quieren disminuir el tamaño del Estado.
Tengo la sensación de que en Chile se ha iniciado la contrarrevolución silenciosa, que puede dar origen al germen de la revolución de los pobres. No se olvide jamás que la marginalidad y la pobreza suelen hacerse eco de las expresiones demagógicas de quienes ofrecen lo que no pueden cumplir a quienes no tienen nada que perder. No se olvide, tampoco, que históricamente, cuando ha ocurrido esto, se ha desestabilizado todo el sistema.
Evoco con tristeza la campaña eleccionaria recién pasada. ¡El nivel de expectativas que se creó en los más desposeídos fue impresionante! Se intentó convencer a la gente de que el obstáculo para derrotar la pobreza se encontraba en el Gobierno anterior. Era la bandera de lucha; el objetivo del nuevo régimen.
El eslogan de campaña era "Los pobres no pueden esperar". Al parecer, no era más que una consigna, ya que hoy los pobres siguen esperando.
Han pasado casi dos años, y los propios promotores de estas expectativas constatan que la pobreza no ha desaparecido. A estas alturas, les resulta cada día más difícil y menos creíbles que la responsabilidad aún la tiene el Gobierno anterior.
Altos dignatarios de la Iglesia denuncian hoy que la pobreza es igual o mayor que antes. Hay un descontento social que se manifiesta en la caída del apoyo al principal partido del Gobierno.
Señor Presidente, estoy absolutamente convencido de que tenemos la capacidad y el potencial para erradicar la pobreza. Sólo se requiere de políticas claras y coherentes, dirigidas en un solo sentido. Es en este punto donde no podemos cometer más errores. Los pobres no lo resistirían. Nuestros descendientes no nos lo perdonarían.
Antes de finalizar, quiero discrepar con el señor Ministro con respecto a ciertos puntos que abordó. Afirmó que se ha aumentado la alimentación escolar. Hace algunos meses, junto con la Diputada señora Cristi, denunciamos que el Gobierno, a través de una circular de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, suprimía por cinco días las raciones de los niños más modestos del país, y muy especialmente de las comunas rurales a las cuales represento. Por fortuna, el Gobierno corrigió ese error; pero durante tres días de los cinco no se sirvieron raciones alimenticias. Creo que el Gobierno ahorró más de 200 millones de pesos en gasto social.
Por intermedio del señor Presidente, pido que el señor Ministro nos ilustre sobre el particular y responda mi consulta.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Es preferible que al final responda todas las consultas. Estamos con un problema de tiempo más o menos complejo.
El señor MONTES.-
¡Qué el Ministro decida!
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
El señor Ministro puede pedir la palabra cuando quiera; pero yo tengo el deber de dar a conocer la opinión de la Mesa.
Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHA.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión encargada de hacer una investigación de la pobreza en Chile, comparto los acuerdos tomados por ella y las consideraciones y conclusiones contenidas en su informe, expuesto esta tarde en la Sala, aprobadas en forma unánime por la Comisión.
Además, en los pocos minutos disponibles, quiero agregar algunas consideraciones de carácter general con relación a este importante tema.
Sin duda, resulta difícil, pero, a su vez, profundamente motivante, tratar el tema de la pobreza en Chile, por cuanto en él están insertas valoraciones y principios morales, consecuencias económicas, sociales, familiares, etcétera; y, en otro sentido, una cifra importantísima de la población chilena.
Deseo abordar el tema reseñando tres áreas, una relativa a aspectos generales y consecuencias de la pobreza; otra sobre ciertos lineamientos de la política de gobierno, en cuanto se orientan a favorecer a quienes están en esta situación, y una última en cuanto a reflexiones generales en tomo al tema.
La problemática que debatimos nos obliga a señalar, como punto de partida, la necesidad de asumir, todos, en conjunto, que un alto número de compatriotas vive en condiciones marginales, lo cual no se condice con una sociedad y una economía que pretenda otorgar una igualdad de oportunidades a todos sus hijos.
Al enfocar el tema, creo necesario hacer una primera precisión, que dice relación con las cifras que se señalan para indicar la cantidad de pobres existentes en Chile. Si bien las cifras oficiales indican que el número de pobres tiende a disminuir, en términos porcentuales, más allá de estos indicadores lo verdaderamente importante son las medidas concretas que se orienten a superar tal condición para estos chilenos.
Es necesario señalar, someramente, a manera introductoria, las lamentables consecuencias que se desprenden de la condición de marginalidad y pobreza.
Así, por ejemplo, en el plano de la salud, derivado de sus bajos ingresos, es impasible tener acceso a otro sistema que no sea el público, afectándose así gravemente el derecho a la igualdad. Otro tanto ocurre con la educación, tema trascendental, puesto que siempre ha sido considerado como el principal factor de movilidad social. Los sectores de menores ingresos ven dificultada la educación para sus hijos, pues muchos de ellos deben trabajar abandonando o descuidando sus estudios a cambio de la realización de trabajos esporádicos que contribuyan al ingreso del grupo familiar.
En el sector laboral, la generalizada carencia de especialización y capacitación laboral hace que el ingreso al trabajo sea difícil, como asimismo, la obtención de un empleo con remuneraciones satisfactorias que permitan desarrollarse y progresar a la familia.
Por otro lado, la carencia de medios económicos dificulta el acceso a la vivienda, con todo lo que ello significa, incluida la dificultad de crear una familia, o bien, la constitución de ésta en precarias condiciones.
Estas son sólo algunas de las muchas consecuencias económicas y sociales que la situación de pobreza produce. A ellas deben sumarse otras, a lo mejor no tan directamente vinculadas a los aspectos económicos, como el acceso a la cultura y a la realización espiritual.
Quizás la consecuencia fundamental de la pobreza, que se ha explicitado en el informe, es que "ella crea pobreza". Los hijos de los pobres tienen menos posibilidades de acceder a bienes y servicios que otros sectores. Por eso esta situación nos urge como sociedad y debemos acoger lo que ya se ha hecho aquí en la Sala el llamado de Su Santidad Juan Pablo n, en el sentido de que "los pobres no pueden esperar", por cuanto necesitan imperiosamente la ayuda de todos. Cada día que pasan en esta situación, son nuevas generaciones que permanecerán en la marginalidad.
Se requiere, entonces, impulsar un crecimiento sostenido del país, pero poniendo énfasis en el desarrollo. No sirve a la comunidad un crecimiento que no esté acompañado de criterios de igualdad, que lo extiendan a las grandes mayorías. Se equivocan quienes creen que "el chorreo" terminará con la extrema pobreza, por cuanto lo que se requiere es dar a quienes hoy carecen de recursos las posibilidades y medios para obtenerlos. No basta con que la tasa de expansión del producto sea alta, sino que se requiere, además, y, fundamentalmente, que el proceso vaya acompañado de una mayor difusión de las oportunidades. Los modelos económicos neoliberales extremos no logran sino acrecentar la brecha entre ricos y, pobres, marginando a estos últimos y estableciendo la focalización como única forma de lucha contra la pobreza.
Es en razón de esto que debemos tomar conciencia de la magnitud del problema y enfrentarlo adecuadamente. Es ésta una de las tareas prioritarias en que se ha empeñado el gobierno impulsando diversas políticas en beneficio de los sectores más desposeídos para rescatarlos de su condición de pobres y mejorar su calidad de vida, y a cuyos aspectos más importantes ya se refirió el señor Ministro.
En el sector educación, el mejoramiento de la calidad y de la equidad de las escuelas básicas.
En el campo laboral, desde que asumió el gobierno democrático, se hacen esfuerzos sostenidos por mejorar la legislación vigente, reconociendo derechos a los trabajadores y aumentando el salario mínimo en casi un ciento por ciento. Se ha impulsado también un programa de capacitación juvenil.
En el sector vivienda se ha suplementado el ítem para la construcción de viviendas.
En el sector salud se ha reforzado la atención horaria en diversas comunas; se ha reforzado la atención primaria y el equipamiento de hospitales y servicios; todo lo cual va en directo beneficio del sector más pobre del país, pues es evidente que aquellos no pueden optar al sector privado.
Sin duda, queda aún mucho por realizar. Frente a ello cabe hacer unas reflexiones.
Chile perdió en los últimos años el modelo que lo caracterizó durante mucho tiempo en su historia, el cual estaba destinado a obtener un crecimiento económico equilibrado unido al mejoramiento de las condiciones económicas de la gran mayoría de la población, evaluándose periódicamente dichos logros por la ciudadanía. Durante los últimos años la pobreza, lejos de reducirse en Chile, como en América Latina, aumentó, trayendo consigo un problema social que es necesario seguir abordando con interés y preocupación preferente.
En especial, debemos afrontar que esta situación afecta, con especial crudeza, a diversos grupos de nuestra sociedad que son privados de expectativas. Así, señalamos a los adultos mayores, mujeres jefas de hogar y, particularmente, a jóvenes y niños, que, sin ser responsables, deben sufrir las consecuencias de la pobreza, al quedar limitados en sus oportunidades y perspectivas de desarrollo.
Debemos, entonces, realizar un esfuerzo, como sociedad, destinado a dar acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento a quienes están marginados de ellos. Particularmente, en esta época en que prestos a un nuevo milenio, resultan dolorosas las diferencias que se han traducido en la existencia, como señala el informe,...
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, se acabó el tiempo de su bancada.
El señor TOHA.-
Termino la idea, señor Presidente.
En la existencia de dos Chile distintos; uno de modernidad y progreso y otro postergado y con muchos problemas sociales.
Surge así, como norte principal, la equidad, la búsqueda de grados crecientes de igualdad social, frente a lo cual algunos podrían sostener, guiados por un liberalismo extremo, que es tarea de cada uno procurarse la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, ése es, en nuestra sociedad, un objetivo público, un problema de la sociedad en su conjunto. Así, asegurar a todos los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades básicas es, simplemente, proveer a cada cual lo que le corresponde y, en esa tarea debemos estar todos empeñados.
He dicho.
Aplausos.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Aunque no sean muchos, la verdad es que no se puede hacer manifestaciones en las tribunas.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en esta oportunidad, mi intervención básicamente la enfocaré desde un punto de vista técnico, porque las materias más contingentes y permanentes las ha tratado el Diputado señor Masferrer. Al respecto quisiera retomar un tema que ha sido muy utilizado en esta Sala y que se refiere a la herencia recibida.
Este país, en materia de pobreza, permanentemente ha recibido herencias. Todos los gobiernos han recibido herencias, porque ellas derivan de nuestra condición de subdesarrollo; y nuestro gran desafío, precisamente, es superar esa condición. A pesar de esta característica, Chile tiene una larga tradición en materia de desarrollo social. Sus inicios parten con toda la cuestión social referida, específicamente, a asuntos laborales, y se puede constatar que, prácticamente, desde 1920 a 1970 el gasto social en esos rubros aumenta más de treinta veces; pero que después de 1970 se advierten en los indicadores sociales cifras dramáticas en la mortalidad infantil y en la desnutrición, lo que mueve a reflexión y crítica. Afortunadamente, a partir de 1974 comienzan estudios serios en materia de pobreza para erradicarla, y de ahí se produce un cambio en la estrategia de desarrollo social. “
En Chile, desde hace muchos años, no se pone en duda la utilización de una parte significativa del presupuesto fiscal, tanto para redistribuir el ingreso como para combatir la pobreza. Por años hemos estado entre los países latinoamericanos que destinan más del 15 por ciento del producto geográfico bruto a ese último objetivo. Por lo tanto, no está en duda si se mantiene o no ese objetivo; si se mantiene o no el esfuerzo, sino más bien cómo se orientan los recursos disponibles para ser más efectivos y mejorar la calidad de vida de los más pobres.
Tampoco está en discusión que, aunque el crecimiento económico es necesario, no es suficiente para asegurar el desarrollo social en sociedades como la nuestra. No hay duda de que el gasto social es un elemento indispensable en el proceso de desarrollo social.
Lo que se nos presenta como real desafío, y quizás más urgente que nunca, es cómo asignar el gasto social tanto a las personas que más lo necesitan como en la forma más efectiva para conseguir dicho objetivo.
Es así como el primer paso en la asignación del gasto social es comprometer la política social global con la erradicación de la extrema pobreza. Esto parece obvio, pero la verdad es que, históricamente, no ha sido así, porque muchas veces los grupos de mayor presión son los que han obtenido los beneficios.
Existe una gran diferencia entre erradicar la pobreza crítica y redistribuir ingresos. El objetivo de acortar las distancias relativas entre grupos socioeconómicos no necesariamente va de la mano con el objetivo de mejorar la situación de los más pobres. En Chile, en general, las políticas de gasto social han tendido a redistribuir ingresos, lo que ha terminado beneficiando primordialmente a personas que están incorporadas al desarrollo social.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su bancada.
Puede terminar la idea.
El señor ORPIS.-
No, señor Presidente, prefiero que se incorpore en el acta, porque me queda bastante y son aspectos muy fundamentales.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Hay varios señores parlamentarios que me han señalado que tienen discursos escritos sobre la materia y que han trabajado en forma bastante abnegada por dejar constancia de su parecer.
Si le parece a la Sala, podríamos permitir que se incorporen todos los discursos sobre el particular, dando para ello un plazo de una hora más.
No hay acuerdo.
Diputado señor Orpis, se le terminó el tiempo.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, puede solicitar el acuerdo de la Sala para terminar mi intervención, que no demorará más allá de tres minutos.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se concederán tres minutos más al Diputado señor Orpis para que finalice su intervención.
Acordado.
El señor ORPIS.-
El compromiso de erradicar la extrema pobreza afecta a toda la comunidad e implica, de hecho, postergar la mejoría de otros grupos sociales para concentrar el esfuerzo en los más pobres.
Detrás del concepto de erradicar la extrema pobreza está el de la igualdad de oportunidades. Este concepto, en definitiva, significa que toda sociedad debe partir teniendo condiciones mínimas, para, luego, cada uno, de acuerdo con sus capacidades, consiga su desarrollo más pleno posible. De esta manera lo que se eliminaría sería la pobreza crítica; no así la relativa, que va a existir siempre en los países.
Erradicar la pobreza crítica supone un concepto de pobreza que, básicamente, está determinado por la existencia de carencias en la satisfacción de niveles mínimos de necesidades básicas, y supone la incapacidad del individuo para cubrir por sí solo esos mínimos, transformándolos en una situación persistente en el tiempo que se transmite de generación en generación. Pero también es necesario tener presente que se trata de un fenómeno identificable mediante un conjunto de variables y en la medida en que es posible actuar sobre ellas también se trata de una situación superable.
Sin duda, la acción del Estado debe orientar los recursos hacia los más pobres de la población, y esto se hace a través de una gama de subsidios sociales, tanto de carácter monetario como de bienes sociales. Estos subsidios deben tener ciertas características, tanto en su contenido como en su administración, para que cumplan realmente su objetivo.
La primera de las características que se considera es que deben ser directos. Es primordial que tengan destinatario conocido y que respondan adecuadamente a la situación específica de los beneficiarios; es decir, deben ser subsidios focalizados.
La segunda es que deben ser progresivos. Esta característica apunta a que deben beneficiar en mayor medida a quienes requieren de más ayuda. En el pasado ocurrió que muchos subsidios fueron regresivos. En la actualidad se ha logrado revertir esta situación y transformar los subsidios regresivos en proporcionales.
La tercera característica es que los subsidios deben ser integrales, es decir, abarcar el conjunto de factores para responder adecuadamente a la determinación de la pobreza. La integralidad tiene varias consecuencias inmediatas, ya que permite ver con claridad las áreas en que existe duplicidad en la acción del Estado, como aquellas áreas en que no se está cubriendo adecuadamente la necesidad de los más pobres.
En cuanto a la administración de estos subsidios, la selectividad de los beneficiarios debe ser priorizada; es decir, considerar efectivamente tanto el nivel de necesidades de la persona o familia, como su capacidad de pago.
La administración de los programas debe ser lo más descentralizada posible, con el objeto de que la asignación de los recursos vaya acercándose a la población beneficiaría. Sólo así puede irse a la participación de la comunidad en la creación de acciones que estén bien adaptadas a la realidad local para evitar que en el nivel central se impongan visiones únicas a realidades que son diversas.
La administración de los programas debe ser por objetivos, buscando que cada organismo que intervenga tenga muy claras las metas que debe cumplir. La Vocalización de los subsidios ha permitido en Chile que en los programas se fijen metas de coberturas en relación con grupos de la población que constituyen su objetivo.
A fin de conocer con mayor precisión cualitativa y cuantitativa las características de los grupos beneficiarios de programas, tanto focalizados como universales, se ha puesto en marcha el sistema de muestreo estadístico llamado Casen.
En definitiva, lo que se busca es que el Estado, en las políticas de gasto social, sea lo más efectivo posible. La experiencia chilena es que se está siguiendo una política de subsidio focalizado de apreciación integral de la pobreza crítica.
Es importante reconocer que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, aún queda una inmensa tarea por hacer.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, nunca se ha hablado tanto de pobreza como ahora, porque nunca hubo tantos pobres como los que existían al momento de advenir este Gobierno. Nunca tampoco sé' ha hablado tanto de los derechos humanos, porque nunca se violaron de la manera como se hizo en el gobierno anterior.
No se atiende a los pobres cuando se abandona a los pequeños y medianos campesinos y se les niega todo tipo de ayuda; cuando no se asiste a los pescadores artesanales y a los pirquineros; cuando se ha dejado a doscientos mil jóvenes sin horizontes; cuando los niños en situación irregular han aumentado en forma alarmante; cuando ha existido una verdadera lucha del hombre por el hombre en razón de una economía leonina que favoreció a los poderosos; cuando hubo miles de deudores que lo fueron por el cambio arbitrario de las reglas del juego; cuando miles de chilenos tuvieron que emigrar de la Patria por falta de expectativas y casi absolutamente empobrecidos. Estas son muchas de las causas de esta pobreza que hoy estamos viviendo. Esta es la cruda herencia que han dejado en los campos y en las ciudades.
El problema de la pobreza en Chile es un asunto nacional y prioritario. Así se ha concluido en el informe que la respectiva Comisión elaboró después de su examen. Esto nos lleva a señalar, además, que es una tarea de todos, porque más que un problema de subdesarrollo y falta de materiales que satisfagan necesidades, es un problema de dignidad humana.
Los principales instrumentos jurídicos internacionales contemplan el derecho a una vida digna como parte de los derechos y libertades fundamentales del hombre. No es posible aceptar que algunos chilenos vivan en condiciones de marginalidad. La pobreza y un gran porcentaje de sectores pobres no pueden ser signos de naturalidad, porque ponen en peligro su existencia y el desarrollo mismo del país. Por ello el Estado debe emplear sus mecanismos y recursos para combatir y vencer la pobreza.
Del mismo modo, la sociedad civil debe desarrollar su acción para este efecto. Los pobres pueden superar su estado social si se les dan los elementos y las condiciones necesarias. No puede haber dos Chile: uno, gozando plenamente de las bondades y beneficios que le otorgan las oportunidades del desarrollo y el progreso, y otro, constituido por familias que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, en niveles mínimos, o sus requerimientos alimentarios, como ocurre con los indigentes. En Chile no pueden haber sectores marginados del proceso y de la evolución normal de un país, más aún, cuando ellos en los últimos años han ampliado considerablemente sus márgenes negativos, como consecuencia de una política social y económica que no fue directamente en su favor, o equivocó los enfoques necesarios para combatir la pobreza.
Como aquí se ha reiterado, de acuerdo con datos estadísticos de 1987, a lo largo de Chile hay 2.081.185 personas indigentes y 5.492.745 pobres; es decir, 16,80 y 44 por ciento, respectivamente. Todo contribuía, claro está, a aumentar y agravar el círculo de la pobreza: la reducción de las remuneraciones reales; el desempleo, que en un momento subió al 30 por ciento, y la reducción del gasto social.
Desde luego, esto ha significado reducir la atención de la salud, de la asistencia social y de la educación, además de la asistencia a los pequeños y medianos artesanos o a la microempresa, lo que, indudablemente, ha contribuido a dejar en la indefensión a estos sectores.
El gasto social es un instrumento de canalización de los recursos hacia la gente más pobre. En 1988 representaba el 18 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Hoy, el gasto social se ha más que duplicado.
Tal como se establece en el informe, la pobreza no es sólo la carencia de elementos materiales para satisfacer necesidades primordiales; es un conjunto de efectos, caracteres y síntoma que la identifican; es la falta de educación, de salud; es la desnutrición; la falta de viviendas; la nuclearización de la familia, del lenguaje y de la cultura; una fisonomía distinta en el ambiente; la no participación e integración en el crecimiento y progreso de las ciudades, en las condiciones de descontaminación y ambientales. Es, en fin, una serie de situaciones que la configuran y, por ello, no basta con la solución de sus carencias materiales para hablar de solución de la pobreza. Debe implementarse una serie de medidas movidas por el aparato estatal que ataque directamente el meollo del problema. Desde luego, la pobreza ataca brutalmente, sobre todo, al niño y al joven. Sabemos que en la educación básica 200 mil 807 niños no asisten a la escuela, y uno de cada cuatro jóvenes del sector más pobre no asiste a un establecimiento de educación media; 800 mil familias carecen de viviendas; el 20,6 por ciento de los hogares tienen jefatura femenina. La pobreza se extiende y avanza hacia aquellos sectores que no estaban, precisamente, en el límite de la pobreza. La pobreza no es la misma en todos los lugares; así se ha sostenido y reiterado en el informe y lo han manifestado los colegas Diputados a través de sus opiniones vertidas.
Quiero denunciar en esta oportunidad lo que ocurre, justamente, en un lugar de este país, que se repite en muchos otros.
En San Juan de la Costa, provincia de Osorno, en 1986, el 69,96 por ciento de las familias vivían en la extrema pobreza. El índice general de pobreza afectaba al 82 por ciento de los habitantes; el 70 por ciento de las mujeres son madres solteras; no hay caminos sino huellas; la alimentación es precaria, sin aportes proteicos; sus tierras son de mala calidad, carecen de créditos y, para mayores males, hoy están siendo amenazadas con lanzamientos.
Una pobreza que se repite en otros lugares del país, que es la consecuencia de las políticas aplicadas en el pasado y que constituyen verdaderos bolsones de miseria. Una pobreza que no debiera permitir dormir a quienes son sensibles a este drama.
Por fortuna, tal como lo ha dado a conocer el señor Ministro, hoy los organismos del Estado ya están implementando seria y responsablemente las medidas necesarias para apoyar con ayuda técnica, crediticia y otras formas a estos sectores. También hay proyectos presentados a la comunidad internacional.
El problema de la pobreza es una materia que debe ser enfrentada con responsabilidad y seriedad. Las consecuencias de ella pueden superar en gravedad a ésta misma. Un Estado que no la combate, que no da a las familias lo que le corresponde, incumple las obligaciones que los organismos internacionales, en materia de derechos humanos, le imponen.
La existencia de la pobreza es una injusticia. Se aprecia en la desigualdad entre los pobres y no pobres; en la falta de expectativas de aquellos y en sus frustraciones.
La miseria es injusticia y la injusticia es violencia. Y así se ha dicho que la injusticia es la primera de todas las violencias, porque violenta la conciencia de los justos y porque sostiene una situación de opresión y sumisión que niega dignidad y libertad.
Hay quienes justifican la violencia física con la miseria y la pobreza. A la existencia misma de la pobreza no se puede agregar por cierto la violencia física como reacción a esta miseria. No se puede agravar esta condición con elementos de terror e incertidumbre, pero es un hecho que la miseria es una afrenta que violenta nuestra conciencia.
Me alegra que el presente Gobierno enfrente con gran decisión el problema de la pobreza. Sus programas, sus principios son consubstanciales a esta preocupación para atacarla, pero pese a todo se requiere de un preocupación nacional solidaria e integral.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, respecto de una consulta que se me hizo, efectivamente existía un reglamento que obligaba a aplicar la alimentación en los días hábiles, pero lo destacable de esto es que ese aspecto se modificó de inmediato. Eso es un hecho importante.
Por otro lado, señalé que más de cien mil niños se incorporaron a la cuota alimenticia y que se reforzó el sistema alimenticio. Ese era el punto específico a que me refería.
También quiero destacar y dejar en claro que el 20 por ciento más pobre de la población recibió un aumento del ingreso, el doble del resto, durante el período que va corrido de este Gobierno.
Los gastos adicionales en programas especiales, que se hicieron con los recursos provenientes de la reforma tributaria, en un 90 por ciento fueron al 40 por ciento más pobre. Reitero que desafío a quien quiera a que me pruebe con documentación en mano y no con anécdotas, de que los pobres no han mejorado su condición durante este Gobierno.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sota, dentro del tiempo del Partido Radical.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, debemos agradecer al Diputado don Carlos Montes su participación en la iniciativa de formar una Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile, con el objeto de estudiar documentadamente este asunto y señalar las recomendaciones correspondientes.
También conviene apreciar y lo digo con mucha lealtad y convencimiento, la labor que los Diputados de la Oposición han tenido en el trabajo de esa Comisión. No concuerdo, eso sí, con las expresiones que aquí se han dado, en el sentido de que el trabajo de esa Comisión sería una especie de fracaso. Para mí fue una actividad extraordinariamente apasionante y todos los que participamos en ella concurrimos con lo mejor de nuestro espíritu.
El trabajo está revelado en el serio documento con sus anexos. Este voluminoso informe de la Comisión viene a ser conocido diez meses después de su preparación. A la postre el informe ha corrido la suerte de quienes son el objeto de su estudio. Igual que ellos, ha tenido que esperar para que se les haga justicia. Como sea todos estamos contestes en que enfrentamos una emergencia de carácter nacional y, como tal, debe ser enfrentada superando los marcos partidistas.
El Presidente de la República no ha cesado de referirse a ella, instando a superarla con equidad mediante el crecimiento económico y el Ministro de Planificación ha expresado que la pobreza en el país es un escándalo moral. En parecidos términos se han manifestado caracterizados representantes de la vida pública, incluyendo, en primer término, al Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo don Carlos González.
Así, pues, no se trata de agotar el debate en las cifras del informe de la Comisión, que cuantifican las dramáticas carencias que aquejan a millones de nuestros compatriotas. Con todo, las estadísticas citadas por ese documento han sido sobrepasadas por otras más recientes emanadas de Mideplan, que resultan de la encuesta Casen y que han sido citadas aquí por otros señores Diputados.
Señor Presidente, por su intermedio, ruego a mis colegas que, no obstante lo avanzado de la hora, nos escuchemos con un poco de paciencia.
Digo que las cifras de la encuesta Casen ya han sido reveladas en esta Sala; pero, en último término, lo que nos debe importar es el resumen de ellas: que en los tres años transcurridos desde 1987 a 1990 la pobreza ha sido reducida en 300 mil personas, lo cual significa que a ese ritmo demoraríamos 17 años en superar el problema. Y eso no puede contentar ni satisfacer, indudablemente, a quienes estamos estudiando este problema.
Para lograr este resultado, se ha efectuado un gasto, que preferimos llamar "inversión social", de 400 millones de dólares, en 1990, cifra que se verá incrementada en un 9 por ciento en el Presupuesto de este año, que discutiremos próximamente en esta Sala.
Ello forma parte de un esfuerzo de tipo asistencial que trata de focalizar los aportes de recursos fiscales a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, la solución definitiva sólo podrá encontrarse en el incremento de la riqueza nacional y en su equitativa distribución. Este último es el punto álgido de la cuestión, y para lograrlo es indispensable la formulación de un plan de desarrollo nacional que cuente con el respaldo de todo el país.
Lo primero que debe reafirmarse es que el Ministerio de Planificación y Cooperación es el llamado a estructurar dicho plan, en virtud de la ley que le dio nacimiento. Mideplan debe colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional. En el artículo 2°, letra c), de dicha ley se expresa que "corresponderá especialmente al Ministerio proponer anualmente al Presidente de Ja República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de pobreza y desempleo".
Pues bien, la formulación de este plan global y su traducción concreta en programas sectoriales y regionales es lo que procede preparar a la brevedad.
Para agilizar esta acción no debe comenzarse desde cero. Existe un punto de partida valiosísimo. Se trata del completo estudio del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo, denominado "Es posible reducir la pobreza".
Los proyectos específicos que allí se evalúan pueden constituir el comienzo de la instalación de actividades productivas de variado orden, a lo largo de todo Chile.
Para este objeto, he obtenido la colaboración del destacado profesional que tuvo a su cargo la investigación relativa al empleo, en el estudio del CED ya mencionado. El ingeniero Juan Carlos Sáez, Presidente del Consejo de Especialidades de Ingeniería Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, ha conseguido el valioso acuerdo de este Colegio para que, en unión con Mideplan, se pueda poner en práctica un conjunto de propuestas autosustentables, capaces de contribuir efectivamente al desarrollo económico.
Esta iniciativa ha encontrado acogida en el señor Ministro de Planificación y Cooperación, quien ha expresado que está dispuesto a estudiar un convenio de cooperación con el grupo del Colegio de Ingenieros que dirige el señor Sáez.
El fundamento de esta propuesta está bien expuesto por quienes la propician: "Existe un excesivo énfasis en los aspectos macroeconómicos: niveles de salarios mínimos, subsidios sectoriales y sus respectivos impactos en el gasto público, en la inflación y en el desempleo global, no necesariamente el de los más pobres. Olvidamos comúnmente que son los aspectos microeconómicos los que, dentro de un contexto macroeconómico coherente y apoyado, darán permanencia en el tiempo al proceso gradual de superación de la pobreza, carencia de financiamiento y tecnología, ausencia de canales de distribución de productos, etcétera".
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Señor Diputado, hay reclamaciones porque usted está haciendo una exposición, en circunstancia de que le solicitó una interrupción al señor Ministro.
El señor SOTA.-
Perdón, señor Presidente, eso no es así.
Su Señoría no estaba en la Sala, y no escuchó al Presidente...
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Estaba en la Sala, señor Diputado, pero no estaba presidiendo, lo que es distinto.
El señor SOTA.-
Estaba en la Sala, pero no escuchó que por asentimiento del Comité Radical estoy haciendo uso de su tiempo.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo.
El señor SOTA.-
Si ha terminado el tiempo, rogaría que se tuviera conmigo la misma consideración que con el Diputado señor Orpis. Acabamos de votar la posibilidad de prorrogarle el tiempo, en el entendido de que contaríamos con dos o tres minutos para terminar nuestras exposiciones.
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Recabo el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Diputado.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Sí, no hay problema!
El señor DUPRE (Presidente accidental).-
Puede continuar, señor Diputado.
El señor SOTA.-
Muchas gracias.
Agradezco especialmente a la señora Cristi que haya retirado su oposición.
Decía que a fin de producir proyectos reales para proponerlos al Ministerio de Planificación y Cooperación, nos parece adecuado el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes que promueve Mideplan, puesto que está sugiriendo atender a un total de cien mil jóvenes en cuatro años: 15 mil en 1991 y 28 mil en cada uno de los tres años siguientes.
Llamamos la atención sobre la necesidad de velar con antelación por la creación de puestos de trabajo u ocupaciones equivalentes. De otro modo, se producirá la frustración de quienes hayan recibido una calificación laboral y no tengan dónde desarrollarla para ganarse la vida.
Un modo de contribuir eficazmente a lograr resultados de justicia social sería propiciar la creación de un Centro de Encuentro Nacional en tomo a propuestas de proyectos concretos. Se trataría de organizar una verdadera Corporación para el Desarrollo Nacional, llamando a integrarse a ella a representantes de los ámbitos políticos y empresarial, de trabajadores, de las iglesias; en fin, de las entidades que sientan aquella vocación. En ese sentido, hacemos nuestro el llamado que, con idénticos propósitos, ha formulado el Senador don Sebastián Piñera y otros parlamentarios de la Oposición, y nos disponemos a unir esfuerzos. Acogemos la angustiada voz del Presidente de la Conferencia Episcopal, don Carlos González, y valoramos altamente su disposición a participar, como lo ha expresado, en el propósito enunciado.
Finalmente, creemos que la Cámara de Diputados no ha agotado su deber para con los pobres de Chile al producir un informe como que el hoy día se discute. Creemos que un Plan Nacional de Desarrollo debería estar encuadrado en una ley marco que fijara las grandes orientaciones para ese fin, donde se expresara el consenso de la nación sobre su futuro. La citada ley debería incluir, al menos, normas programáticas sobre objetivos de desarrollo destinados a crear capacidad productiva para satisfacer la demanda interna, y disposiciones relativas a objetivos de exportación y de reinserción activa de Chile en los mercados de América Latina y, en general, del mundo. La ley marco se apoyaría en disposiciones de la Constitución Política y de la ley que creó el Ministerio de Planificación y Cooperación.
Señor Presidente, la ausencia de voluntad política, y no la falta de recursos financieros, es con frecuencia la causa verdadera del abandono en que se encuentran inmensos sectores de la sociedad.
Existe un enorme potencial para reestructurar los presupuestos nacionales y la ayuda internacional en favor del desarrollo humano. La optimización del gasto fiscal debiera llevamos a la reasignación de recursos con propósitos productivos, y tal ha sido el sentido de nuestro empeño para reducir el gasto militar.
Insistimos en que la superación de la dramática situación en que se debaten decenas de miles de nuestros compatriotas estriba tanto en una demostración de compromiso político como en la obtención de los recursos correspondientes. Si logramos movilizar las voluntades políticas para que entren en acción todas las capacidades realizadoras de la nación, la línea de la pobreza podrá ser quebrada definitivamente antes de que termine el siglo.
En ese objetivo está comprometido nuestro honor de demócratas, porque la democracia política sólo adquiere sentido cuando es capaz de traducirse en una democracia económica.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, francamente no comparto la opinión tan positiva del señor Ministro de Mideplan respecto del informe que representa el resultado final del trabajo de esta Comisión. Esto es lo que trataremos de demostrar.
Debemos recordar para qué nació esta Comisión. El propio Presidente de la Comisión, el Diputado señor Montes, en la sesión inaugural nos propuso señalar su objetivo sobre la base de definir, cuantificar y conocer el problema de la pobreza, tratando de identificar sus causas y consecuencias para sugerir recomendaciones. Sin embargo, hoy día ha tenido un gesto que se contradice absolutamente con esa actitud. En realidad, se le ha caído la careta de la verdadera intención que perseguía en esta Comisión, cuando al comienzo de su exposición manifestó que ella nació para establecer el estado de deterioro en que el Gobierno democrático había recibido el país, cosa que inicialmente nunca dijo. Hoy, se le "salió" algo que de alguna manera había tratado de esconder.
Por eso, cuando se produjo el debate en la Comisión, nos dimos cuenta, poco a poco, cómo se iba profundizando su intención, la cual, más que analizar y tratar de hacer recomendaciones para solucionar el problema de los pobres, se tradujo en hacer un juicio al Gobierno de las Fuerzas Armadas. El problema de los pobres no le importaba. Lo único que le motivaba era enjuiciar al Gobierno anterior. Y en esto lo acompañaron con sus palabras los Diputados señores Ojeda y Concha, quienes lo único que hicieron en la Comisión fue efectuar el inventario de las carencias.
Aquí hay algo que debo decirles a los Diputados Ojeda y Concha. Cuando hablan de sentido de responsabilidad, de despolitizar, que formemos consenso para una política nacional, nadie, señores, escucha a quien lo insulta. Se han dedicado a insultar al Gobierno de las Fuerzas Armadas. En eso no los vamos a acompañar y tampoco lo haremos, después, cuando nos vengan a hablar de consenso, de trabajo, etcétera.
Enseguida, a medida que esto avanzaba, fueron demostrando esta real intención. Nos dimos cuenta de que no les importaba nuestra opinión, no les interesaba otra visión, otra manera de ver las cosas, o nuestro aporte, con la larga experiencia que tenemos en el ejercicio real del mando, y no a través de un escritorio o arriba de una tribuna, como ellos lo han hecho durante tantos años.
Por último, señor Presidente, con eso estoy anunciando que rechazaremos este informe, y lo haremos porque de las 374 páginas con que cuenta, más todos los kilos de papel que se gastaron, las conclusiones y las recomendaciones suman ¡cuatro páginas! Trescientos setenta páginas y un año de palabrería, de frases, de insultos, sin ningún aporte.
Reconozco que lo único positivo que hemos escuchado esta tarde es la intervención del Diputado señor Sota, quien ha tenido la grandeza de hacer proposiciones reales, efectivas y concretas, más que dedicarse a insultar.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor NAVARRETE.-
Nos abstendremos en el proyecto de acuerdo, y estamos presentando uno alternativo, que lo tiene la Mesa y que no leeré.
Quiero dejar constancia de que mi voto será de rechazo a este informe teorizante, falso, sesgado y absolutamente irreal.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ORTIZ.-
¿Cuántos minutos restan, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Cuatro minutos y medio, señor Diputado.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, cualquier reflexión acerca de las condiciones de vida del hombre involucra juicios de valor y está ligada con la moral y las condiciones éticas.
Estas características han hecho tradicionalmente difícil llegar a un consenso respecto de la forma de considerar el logro del bienestar de toda la población como un objetivo de política económica, ya que cualquier definición trasciende criterios puramente económicos.
Sin embargo, la escasez de recursos para acceder en igualdad de condiciones a algunos componentes del bienestar, hace de los problemas económicos y distributivos un pilar en tomo al cual se debe construir una estrategia para dar satisfacción a las condiciones de bienestar de la población.
La existencia en nuestro país de cinco millones de pobres que no tienen acceso al libre ejercicio de sus derechos básicos, pone en peligro la paz y en crisis a la sociedad chilena.
Lo anterior significa enfatizar la urgencia de las soluciones en la necesidad de liberación del hombre de las situaciones de pobreza y miseria que lo alienan y esclavizan. Sin lugar a dudas éste es un desafío enorme que exige esfuerzos y sacrificios de todos los sectores sociales, pero, sobre todo, requiere de voluntad política eficaz y de decisiones superiores de carácter ético.
El análisis de la pobreza a partir de la definición de montos de ingreso para alcanzar niveles mínimos de subsistencia, establece una alta correlación entre la situación de pobreza de una familia y las condiciones de empleo de sus miembros activos. A su vez, se observa también una alta asociación entre las condiciones de empleo de los miembros activos y las oportunidades educacionales y ocupacionales futuras de sus dependientes. Esto hace de los programas sociales encaminados a mejorar la igualdad de oportunidades educacionales, de empleo y de acceso a los mecanismos formales de apoyo a las actividades económicas, componentes fundamentales de una estrategia de crecimiento con equidad.
El crecimiento económico con la equidad social son objetivos siempre presentes, pero escasamente logrados en una estrategia de desarrollo de largo plazo. De acuerdo con los resultados de los últimos años, Chile no parece ser la excepción, ya que ha alcanzado niveles aceptables de crecimiento, pero insatisfactorios en cuanto a equidad social.
El carácter económico del problema se manifiesta no sólo en la escasez de los recursos para hacer frente a los múltiples problemas, sino también en que los instrumentos de política son limitados y las acciones demoran en producir los diferentes resultados deseados, los cuales no siempre son compatibles con los objetivos perseguidos. Mientras tanto, se nos recuerda, y con razón, que los pobres no pueden esperar.
La solución radica en la efectiva implementación de una transformación del aparato productivo que ponga énfasis en la excelencia tecnológica y en el aumento de la productividad, para generar ingresos y facilitar una distribución progresiva en el largo plazo.
Sin embargo, la situación inicial de la cual se parte es muy heterogénea. Esto significa desplegar, por igual, esfuerzos destinados a sectores productivos y a regiones de diferente productividad, pero con potenciales, con el fin de optimizar sus actividades y posibilitar una mejor participación en la economía nacional. Supone programas masivos de capacitación al sector informal, aumentar sus destrezas de comercialización y de gestión y promover formas de capacitación y financiamiento para las necesidades de las regiones y de sus zonas rurales. Exige movilizar recursos para la especialización selectiva y la dedicación de recursos al desarrollo de la investigación, de nuevas tecnologías y de tecnologías alternativas.
Al margen de estos requerimientos, el problema subyace en la capacidad de obtener financiamiento para ejecutar las inversiones que permitan implementar esta estrategia. Una de las metas primordiales es la formación de las generaciones jóvenes para esta transformación, así como la adaptación de la fuerza de trabajo presente a los requerimientos de este desafío.
El capital humano, entendido como los atributos adquiridos durante la vida y que contribuyen al desempeño de una persona en el trabajo, constituye una determinante importante del aporte que una persona pueda hacer con su trabajo al crecimiento económico y del valor que recibe a cambio. Se encuentra, así, al centro de las consideraciones distributivas del desarrollo económico y es habitual encontrar una correspondencia bastante alta entre ingresos, especialmente provenientes del trabajo, y capital humano.
La adquisición de capital humano involucra costos directos e indirectos. Los primeros se refieren al costo de comprar bienes y servicios que sirven como insumos de la inversión: alimentos, matrículas, libros, cursos, talleres. Los segundos, a la valoración del tiempo costo de oportunidad que dedica la persona o sus padres a la inversión, en desmedro de dedicarlo a ganar dinero en el mercado de trabajo.
El peso relativo de estos costos dentro del presupuesto familiar depende de la situación socioeconómica de la familia, y resulta mucho más alto para aquellos de los estratos más bajos, quienes en una economía de mercado tienden a invertir menos.
Al ser estas familias las que presentan un mayor número de hijos, la escasez de inversión en capital humano se transforma en un vehículo potencial para la transferencia intergeneracional de la pobreza.
Los retornos al capital humano representan la valoración que se hace en el mercado del trabajo de su aporte al crecimiento económico.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Se acabó el tiempo de Su Señoría. Puede terminar la idea.
El señor ELIZALDE.-
Es habitual que quienes menos han invertido y además pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, accedan a las empresas y lugares de trabajo peor remunerados.
La política económica debe enfatizar la inversión en capital humano, tomando en cuenta las consideraciones anteriores. La inversión en capital humano, a diferencia de la asistencialidad, es crucial para romper con la transferencia intergeneracional de la pobreza. En consecuencia, es preciso equiparar la accesibilidad al financiamiento para cubrir sus costos.
El mercado, como asignador de recursos, tiende a perpetuar las inequidades al desincentivar la inversión en capital humano de los sectores más pobres, así como al discriminar las mejores oportunidades económicas y ocupacionales en favor de los más aventajados socialmente. Cabe aquí un rol distributivo del Estado, en el sentido de mejorar la igualdad de oportunidades, pero mediante guías proporcionadas por el mercado para realizar una asignación eficiente de recursos financieros escasos.
Hay que focalizar el gasto social. Esta acción supone elementos de juicio: tratamiento de la cuestión bajo una óptica social; conocimiento acabado de las necesidades de los diferentes sectores de la población que deben ser satisfechas con recursos públicos; priorización de las necesidades que deben ser satisfechas, en función de las metas de una estrategia de crecimiento con equidad socialmente aceptada.
Las políticas sociales de distribución pueden tener relaciones competitivas entre sí, en particular por la escasez de recursos para implementarlas. Sin embargo, hay relaciones que son complementarias, las que pueden hacerse más eficientes de ser consideradas así.
Es preciso evitar la práctica común de suponer que cada sector de necesidades por sí solo es una problemática aislada, lo que se traduce, finalmente, en la distribución de recursos en compartimientos estancos y altamente competitivos, lo que lamentablemente se ve reforzado por el marco institucional de los Ministerios, asumiendo Mideplan un rol de coordinación importante.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, ha pasado su tiempo.
El señor ELIZALDE.-
Termino con esto.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ELIZALDE.-
La eficiente orientación de las políticas y programas de ayuda a los sectores desposeídos implica diagnósticos adecuados, agilizar la entrega de servicios y el fomento a la participación y autonomía de la comunidad en la solución de sus problemas.
La participación de los sectores postergados en la vida social es un imperativo de orden ético y moral en el ejercicio de la democracia. Romper la postergación histórica de un gran segmento de la población, con su secuela de cesantía, bajos ingresos, desempleo, subempleo, alcoholismo, drogadicción, es la tarea prioritaria a través de la participación.
En contraste con el surgimiento de una sociedad de consumo, en extremo generadora de necesidades no esenciales entre un grupo pequeño y privilegiado de la población, la tarea anterior adquiere dimensiones de justicia social y humanismo.
Una mayor equidad debe promoverse mediante el desarrollo de una amplia gama de organizaciones e iniciativas de participación, autodirigidas a la ayuda mutua, la reciprocidad...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, por tercera vez le aviso que terminó su tiempo.
El señor ELIZALDE.-
... y la facilitación de todos al acceso de las entidades administrativas del Estado para plantear sus carencias, necesidades y también soluciones.
He dicho.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Antes de proceder a votar, debo formular dos solicitudes.
En primer lugar, se ha pedido incorporar en la versión el documento al cual hizo referencia el señor Ministro respecto de los programas sociales destinados a los más pobres durante los años 19901991.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
En segundo lugar, debido a que varios señores Diputados querían intervenir en esta sesión hecho que me consta y no alcanzaron a hacerlo, solicitan insertar sus discursos en la versión de sesiones.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El documento y las intervenciones a que se refiere el acuerdo anterior son los siguientes:
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El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, ya estamos llegando a la mitad del período del Gobierno de la Concertación. En este tiempo, se ha seguido contando a los pobres que existen y culpando precisamente al Gobierno anterior, cuya acción elevó a Chile por sobre todos los países de América Latina en materia de desarrollo, disminuyó el problema de la pobreza y también, en definitiva, el de la insuficiencia del desarrollo humano, que aún subsiste.
En semanas pasadas, el señor Ministro de Planificación ha dado a conocer los resultados de un nuevo estudio que permite medir la situación de pobreza en el país, esta vez con datos obtenidos en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional aplicada en noviembre de 1990. Para realizar esta nueva medición se ha utilizado el método de contrastar ingresos declarados con el valor de una canasta, normativa que cubre ciertos requerimientos nutricionales que debe satisfacer la población.
En reiteradas oportunidades nos hemos referido a las debilidades de este método, debilidades que le restan la rigurosidad que se requiere para ser utilizado como elemento de planificación y diseño de políticas sociales. No es ésta la oportunidad para volver a insistir sobre ese tema. Baste decir que aplicando este método al caso de los Estados Unidos, de acuerdo a los requerimientos de la FAO, se estimó que en ese país un 67 por ciento de los hombres y un 80 por ciento de las mujeres poseían una ingesta calórica inferior a la norma seleccionada, lo que sin duda no resiste un mayor análisis de consistencia en circunstancias de que quien haya tenido la oportunidad de conocer dicho país puede, por simple observación, comprobar que los problemas dicen relación, más bien, con un exceso de consumo calórico.
Lo que salta a la vista de las cifras aportadas por este nuevo estudio es que, olvidando el impacto de elevado crecimiento económico de los años 1988 y 1989 sobre la pobreza, con un aumento del gasto social de alrededor de un 27 por ciento se habría logrado una reducción de un 9,2 por ciento en la magnitud de la pobreza. Entonces, el impacto de este aumento del gasto social, que ha significado un significativo esfuerzo para el conjunto de la sociedad, postergando en su beneficio oportunidades de crecimiento, es bastante magro. Podríamos imaginar también cuánto se requeriría aumentar el gasto para lograr erradicar un ciento por ciento de la pobreza y llegaríamos a la conclusión de que dicha tarea no es factible de ser realizada por este camino.
Estos resultados no deben extrañar a nadie, porque no es efectivo que haya habido durante 1990 una mayor focalización del gasto social, ni del aumento del mismo en los sectores más pobres. En efecto, las cifras entregadas por la Encuesta Complementaria de Ingresos del INE para los años 1988-89 y 90, muestran que en el último año, los ingresos del decil más pobre crecieron igual que otros deciles de más altos ingresos, exceptuando al 10 por ciento más rico, que cayó. Esta situación presenta un fuerte contraste con la observada en 1989, año en que el crecimiento de ingresos del 20 por ciento más pobre crecieron el doble que el promedio de todos los deciles.
La definición y el método empleado para medir la pobreza en ésta y otras oportunidades por las autoridades se basa en un supuesto fundamental: la pobreza es un problema de ingresos insuficientes para satisfacer ciertas necesidades básicas. Lo curioso, entonces, es porqué a partir, de dicha hipótesis de trabajo no se procura adoptar las medidas más efectivas para incrementar los ingresos de los más pobres.
Si se es coherente y consistente con esta definición, y con el hecho de que existe en Chile aún un problema de desempleo, que se ha visto incrementado en el último tiempo, y un problema de subempleo, las medidas que deben arbitrarse no son otras que aquellas que incentiven la inversión y el crecimiento económico, junto con la focalización y especial diseño del gasto y las políticas sociales para aquellos que están afectados por deficiencias estructurales que los mantienen en un estado de deprivación permanente. Para ello hay que tomar medidas para crear las condiciones que permitan un adecuado crecimiento y generación de riqueza, lo cual requiere no olvidarse que las inversiones no se producen por exhortaciones a la buena voluntad y la confianza por parte de las autoridades.
De lo contrario, las pruebas están a la vista: en Chile en 1990, de acuerdo a la Encuesta Complementaria de Ingresos, entre un 10 y un 15 por ciento de los hogares obtenía menos del salario mínimo, porcentaje que es consistente con el 6 ó 7 por ciento de desempleo. Vale decir, las alzas de salario mínimo no tienen impacto positivo sobre quienes buscan empleo y no encuentran, ni quienes, por no tener una relación de dependencia estable, no están afectos a ese salario mínimo. Su desmedrada situación hace necesario que el gasto social se focalice especialmente en ellos permitiendo que los programas sociales respondan efectivamente a las necesidades de este grupo, que los beneficios lleguen efectivamente a ellos, y un mayor impacto y eficacia de los recursos siempre escasos. En contraposición con esto, medidas como el alza de salarios mínimos por sobre los aumentos de la productividad, restricciones e inflexibilidades al mercado del trabajo e imposición de medidas restrictivas a la inversión productiva sólo dificultan aún más la incorporación de estos pobres estructurales a los beneficios del desarrollo.
Para solucionar el problema del 23 por ciento de la población que, según Mideplan se encuentran en condiciones de pobreza no indigente, las medidas que se deben adoptar no son otras que aquellas que incentiven la contratación de mano de obra de forma tal que exista una presión sólidamente sustentada hacia el alza de las remuneraciones. Estos "pobres" probablemente no requieran de programas de alimentación complementaria ni programas de capacitación ni subsidios que finalmente, terminan pagando ellos mismos por la vía de aumentos de impuestos o por restricciones a la contratación de mano de obra, necesitan de una creciente demanda de fuerza de trabajo que les dé mayores oportunidades de encontrar nuevos trabajos cada vez mejor remunerados.
Si el problema son los ingresos, no es de ningún modo la vía correcta proteger a los pobres a través de subsidios directos o beneficios de seguridad social, como se afirma, porque ello significaría caer en el vicio del asistencialismo que ha probado ser ineficiente para el logro de un desarrollo estable y sólidamente sustentado, menospreciando las capacidades de los pobres para incorporarse a los beneficios de la sociedad moderna a través de un trabajo digno y bien remunerado.
En definitiva, las cifras de pobreza entregadas e interpretadas por Mideplan dan cuenta de una profunda contradicción entre el diagnóstico y las políticas y herramientas implementadas para resolver el problema. De igual forma, revelan que la lección aprendida dolorosamente por los países de la Europa del Este y la Unión Soviética y de Chile, en los últimos 60 años, no ha sido aun suficientemente asimilada en Chile por las actuales autoridades que insisten en la concepción de que el problema de la pobreza se resuelve a través de utilizar en forma prioritaria el Estado benefactor en lugar de que éste promueva el crecimiento basándose en estimular la iniciativa privada.
En contraste con lo anterior, los desafíos que presenta el problema de la pobreza en un Chile que ha alcanzado un grado de desarrollo social más adelantado que el nivel de ingresos de su economía siguen presentes. Porque no basta con administrar programas heredados de años anteriores para lograr nuevos resultados al igual que no basta administrar y girar sucesivamente a cuenta de un modelo de desarrollo económico para lograr dar el salto definitivo hacia el desarrollo y superación de la pobreza. Para ello, tanto en el campo económico como en el social se requiere audacia, visión y estrategia modernas, se requiere un alto grado de compenetración y comprensión de las estrategias que han probado ser efectivas y eficientes para superar dichos desafíos. En una palabra, se precisa creer de verdad en las herramientas que han probado dar resultados y no adoptarlas porque es la tendencia mundial a hacerlo.
He dicho.
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, hago mío el informe preparado por el Instituto Libertad y Desarrollo. La seriedad de su preparación hace que desee que se incorpore en la versión oficial de esta sesión su texto íntegro.
Constituye un informe distinto a aquel con que la Concertación, en virtud de su mayoría, impone una visión partidista sobre el asunto que nos ocupa en esta sesión.
Sin más, ha impedido que los parlamentarios contasen a tiempo con el informe de minoría de la Comisión, que se dijo era un anexo al informe principal, pero que, en la práctica, no se acompañó materialmente, sino que se entregó durante el transcurso de la sesión, violándose así el Reglamento que obliga a entregar los documentos con 24 horas de anticipación a la sesión.
Por ello, ante el fracaso evidente de esta reunión, ya que el debate no se sustenta en todos los documentos, creo importante contribuir a que el lector pueda razonar sobre la base de otras opiniones científicas.
El texto del informe es el siguiente:
Introducción
"Existen, principalmente, dos enfoques que aportan una estructura conceptual en la medición del bienestar de la población, esquemas asociados a diferentes concepciones de fondo sobre la naturaleza del problema.
"Así, si se entiende el fenómeno asociado a las variaciones coyunturales en el consumo y en los ingresos de corto plazo, se tiene que éste conduciría a explicarlo por medio de variables esencialmente transitorias. Ejemplos de estudios que siguen este enfoque son los de tipo biológicos o de subsistencia que intentan cuantificar y caracterizar la pobreza a través del método de la canasta de alimentos que cumple ciertos requisitos nutricionales mínimos [1]
"En contraste, la calidad de vida puede ser entendida como un fenómeno esencialmente estructural, es decir, asociado a variables que reflejen el ingreso permanente de los hogares, tales como la inversión en capital humano, disponibilidad de servicios básicos, hacinamiento y equipamiento en el hogar. Entre los estudios que utilizan este enfoque se tiene el Mapa de la Extrema Pobreza sobre la base de variables censales.
"En cuanto a la relevancia empírica de ambos enfoques, se tiene que tanto la simple observación del comportamiento de los agentes económicos ante per��odos de crisis, como un elemental análisis de consistencia de los resultados que entregan los diferentes estudios, permiten sostener la mayor validez relativa del enfoque estructural por sobre el de la satisfacción de las necesidades mínimas.
"Así, en relación al bienestar de la población ante períodos de disminución en los ingresos corrientes, se tiene necesariamente que el nivel de vida no se va a ver afectado en igual proporción a la caída de los ingresos, debido a que se mantiene el consumo de los servicios de los bienes durables ya adquiridos con anterioridad por el hogar y a que existe el mecanismo a través del cual transferir consumo futuro al presente, vía deuda.
"En cuanto a la validación en términos de consistencia de las cifras de pobreza que se entregan por medio del enfoque nutricional, las que de acuerdo a cifras de la CEPAL sostiene que en 1987, aproximadamente el 45 por ciento de la población nacional se encontraría en tal condición, con un sustantivo deterioro con respecto a la situación de 1970, se llega a la conclusión de que son resultados por decir lo menos, contradictorios, con la cobertura y evolución que han alcanzado en el país variados indicadores sociales que muestran que los chilenos viven actualmente más tiempo, poseen más y mejores viviendas con accesos a servicios esenciales, poseen un mayor equipamiento de bienes durables en sus hogares y poseen mejor educación, de lo que era la realidad del chileno hace 20 años atrás.
"Lo anterior plantea, necesariamente, el hecho concreto de que la calidad de vida de la población ha experimentado un incremento importante, que debería reflejarse en cualquier indicador consistente del bienestar.
"Luego, es básico identificar los problemas que posee este enfoque de la pobreza biológica, aspecto que lamentablemente no ha sido pesado en toda su magnitud por los diferentes organismos e investigadores que lo utilizan.
"El presente documento, que pretende ser un aporte en esta dirección, se estructura en tres partes. Comienza con una discusión en tomo a las debilidades metodológicas de los estudios de pobreza enfocados desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades mínimas, para continuar con la presentación de una metodología mejorada que permite superar en parte las falencias planteadas sin apartarse del enfoque nutricional. En una tercera sección se comparan los principales resultados de los estudios de pobreza de la CEPAL y el de Rojas-Avello que se sumergen en el enfoque biológico de la pobreza, pero desde metodologías diferentes. Por último, se plantea una serie de comentarios en torno a la validez de las estimaciones de la pobreza a partir del enfoque de las necesidades mínimas y sus implicancias en materia social.
"II. Debilidades de los estudios de pobreza biológica
"El enfoque consiste en contrastar los ingresos disponibles de los hogares obtenidos generalmente a través de una encuesta, con el costo de una canasta promedio de alimentos construida de manera tal que permita a los individuos cumplir con ciertos estándares internacionales en materia de nutrientes. En concreto, aquellos hogares cuyo ingreso per cápita no supera dos veces el costo determinado por la canasta son clasificados como pobres, y si a su vez, se tiene que sus ingresos totales no alcanzan a cubrir el valor mínimo, son considerados además, como indigentes. [2]
"En este contexto es en extremo importante, tanto la adecuada medición de los niveles de ingresos, como la correcta construcción de la canasta que será la base para la fijación de la línea de la pobreza y de la indigencia, ya que de este cruce depende la dimensión del fenómeno. Y son en estos dos factores en los cuales, precisamente, se concentran las debilidades básicas del método las que están referidas por el lado de los ingresos a los períodos de referencias y a las subdeclaraciones presentes en las encuestas, y por el lado de la canasta a los criterios utilizados en su construcción.
"1.- Los ingresos
"En cuanto a la subdeclaración presente en las encuestas de ingresos, ésta se produce tanto en el componente monetario del ingreso como en los pagos y subsidios en especies recibidos por los hogares, aspecto que el estudio de la CEPAL intenta corregir en contraste con los gruesos errores cometidos en estudios previos.
"Un segundo problema en tomo a los ingresos está asociado, al igual que el anterior, más bien al método empírico de estimación que al enfoque utilizado, y dice relación con la utilización de encuestas de ingresos para un período de tiempo muy reducido, que en el caso de la Casen es un mes particular, lo que conduce a resultados altamente riesgosos, debido a que un hogar puede ser clasificado como pobre durante el mes en cuestión, pero al siguiente no serlo. Así, se ha demostrado que a medida que el período de referencia de los ingresos se prolonga, el porcentaje de hogares que capta el método tiende a disminuir en forma significativa. [3] En otros términos, se tiene que las mediciones son muy sensibles al período en estudio, por lo que una estimación puntual en este contexto necesariamente, es una cota máxima en la dimensión del fenómeno de la pobreza.
"2.- La canasta
"Con respecto al costo de alimentarse adecuadamente según los parámetros nutricionales, el otro pilar del enfoque, se tiene que éste se basa sobre la construcción, con más o menos arbitrariedades de parte del investigador, de una canasta promedio que debe sostenerse como válida en el tiempo y en el espacio para toda la población, siendo éste uno de los puntos más débiles del método empleado.
"Así, como los requerimientos nutricionales de un individuo están en función de múltiples factores como ser el sexo, la edad, la talla, el peso, la actividad física e incluso la localización geográfica de éste, se tiene que los nutrientes mínimos necesarios que le permiten desenvolverse adecuadamente en su medio dependen de sus características personales y no del de la población tomada como conjunto. Debido a esta realidad, los estudios al tomar las características promedio de la población como base para las estimaciones de los requisitos nutricionales, están incorporando un factor de error que debe tenerse presente. Por esto la propia OMS sostiene que "en la práctica, sólo es factible al nivel del individuo hacer interpretaciones muy generales basadas en comparaciones entre ingestas observadas y estimaciones de necesidades". [4]
"Aún más, como las estimaciones de pobreza utilizan como unidad de análisis el hogar, debe considerarse tanto el hecho de que las necesidades no varían en forma proporcional a su tamaño debido principalmente, a su composición, como la existencia de economías de escala en la producción familiar. Así, se ha estimado a modo de ejemplo que el ingreso requerido para satisfacer las necesidades de una pareja equivale a 1,06 veces el hogar de un hombre solo y no a dos veces como sería el caso en ausencia de rendimientos a escala [5]. Como en los estudios de pobreza que siguen el enfoque biológico, los ingresos requeridos son proporcionales al tamaño del hogar, se tiene que necesariamente las estimaciones de la magnitud de la pobreza están sobreestimadas al no considerar este aspecto.
"Pero, ésta es sólo una primera etapa en la construcción de la canasta promedio, asociada a la fijación de los estándares nutricionales mínimos.
Queda por convertir las cantidades de nutrientes ya determinadas en bienes alimenticios concretos, etapa que agrega más arbitrariedades al proceso, a pesar de que el investigador posee la restricción de que al ser la canasta una estructura de consumo, debe tener cierto grado de ajuste con respecto al consumo efectivo de la población o de un segmento de ella. Una vez seleccionada la canasta de alimentos, se debe valorar, asignando precios a cada uno de los bienes incorporados. Por lo tanto, existe un amplio margen para que el investigador "juegue" con la composición y el costo de la canasta, en otros términos, con la estimación final de la dimensión de la pobreza.
"De esta forma, la composición final de la canasta básica y su validez para toda la población obliga a la imputación de consumos de bienes por parte de los hogares más pobres que ya sea no forman parte de su dieta habitual o que están sustantivamente disminuidos debido a su alto precio relativo, siendo que, en cambio, son sustituidos en su estructura de consumo efectiva por otros alimentos a su alcance que le reportan los nutrientes requeridos. En términos rigurosos, la canasta construida, que es uno de los pilares en que descansa el método, tiene la calidad de una estructura normativa, en contraposición con la efectiva que enfrentan los hogares, con todas las limitaciones que esa definición le asigna.
"Este punto es de particular interés debido a que la estimación de la pobreza a partir del enfoque de las necesidades básicas tiene un componente normativo importante, que demasiado a menudo se soslaya. En términos extremos, lo anterior se pudiera traducir en que se está estimando no el número de pobres que existen en el país, sino cuántos existirían si la norma escogida fuese válida. [6]
“III. Una metodología alternativa
"Es en el marco anterior donde el estudio de la CEPAL se inserta, destacándose el esfuerzo por superar falencias de anteriores estudios, principalmente en materia de subdeclaraciones de ingresos [7], pero sigue manteniendo las debilidades en torno al período de referencia de la encuesta de ingresos, y en tomo a la construcción de la canasta promedio, por lo que las cifras de pobreza poseen un nivel de confiabilidad bastante criticable.
"Pero es razonable plantear el punto de si es el enfoque de las necesidades básicas el que entrega resultados erróneos o en su defecto, éstos están asociados más bien con problemas empíricos en tomo al método de estimación tradicionalmente utilizado, los que ya fueron expuestos.
"Con respecto a este punto, es necesario hacer referencia al estudio de pobreza de Rojas-Avello publicado por el CEP, el que precisamente, plantea y se sumerge en esta problemática [8].
"La utilidad esencial de dicho estudio es que dimensiona y caracteriza la pobreza sin apartarse del enfoque nutricional, pero construye una metodología de estimación que permite superar en parte las falencias ya descritas anteriormente.
"De esta forma, se plantea que como el enfoque es en esencia una estructura ligada directamente a los consumos, se tiene que las encuestas apropiadas son las de gastos efectivos de las personas y hogares y no las de ingresos, utilizándose en consecuencia la encuesta de presupuestos familiares del INE, construida con el fin de entregar estimadores confiables del gasto en consumo de la población del Gran Santiago. Además, con esta encuesta, al estimarse sobre la base de doce submuestras independientes, fue posible entregar estimaciones puntuales para cada mes del año que muestran una variabilidad importante en la dimensión del fenómeno de la pobreza.
"En cuanto a la canasta base de la estimación, la metodología supera la rigidez de la canasta construida arbitrariamente, debido a que se seleccionaron doce estructuras efectivas de consumo, una por mes, que correspondían a hogares que consumiendo a costos mínimos y cumpliendo con sus requerimientos nutricionales, sus consumos de nutrientes correspondían a lo menos al promedio del conjunto de la población. Es decir, se tiene que no sólo la canasta efectivamente existe, sino que además, al seleccionar una canasta representativa por mes se permite internalizar el efecto de sustitución de bienes, debido tanto a cambios en los precios relativos, como a estacionalidad en la producción.
"Mención aparte merece el punto de los precios que se tomaron en este estudio para transformar los gastos efectivos en alimentación de los hogares en cantidades físicas de bienes de consumo, indispensable para conocer el consumo efectivo de nutrientes y poder determinar posteriormente, las canastas seleccionadas [9].
"El estudio en cuestión toma los precios mínimos obtenidos de la encuesta de precios del INE, tal como plantea Altimir [10] al sostener que para evitar una distorsión en la estimación de la línea de la pobreza, debe asegurarse en lo posible que los precios utilizados "fuesen los menores asequibles en los mercados..." y todavía más, sostiene en términos concretos que deben ser "...los menores precios que puedan captar las encuestas estadísticas...". Es comprensible que Altimir utilizara en su estudio los precios medios del INE, debido a que sólo disponía de éstos para sus estimaciones. Ahora, lo que es criticable es que estudios posteriores como el de reciente divulgación por parte de la CEPAL, hayan seguido utilizando estos precios en aras de la comparatividad, aun cuando los mínimos han estado disponibles.
"Aún más, un mínimo conocimiento de las encuestas de precios a establecimientos que utiliza el INE para la toma de precios del IPC, lleva a considerar la validez de los precios mínimos como referente apropiado en la estimación. En concreto, debe considerarse que el INE construye una muestra de establecimientos, por lo que cada unidad considerada en ella está representando a un conjunto de similares, por lo que de esta forma, un precio mínimo detectado por la encuesta no debe ser interpretado en términos tan restringidos como un precio tomado en un día determinado en un establecimiento particular como afirma la CEPAL.
"Un segundo aspecto, se refiere a las características que debe cumplir un bien particular seleccionado como representativo de un artículo de la canasta del IPC. A grandes rasgos, el INE selecciona bienes dentro de lo factible, que posean tanto una permanencia como un peso en el mercado. De lo anterior es fácil extractar, como de hecho ocurre, que los bienes considerados no son los de menor calidad y por consiguiente, de menor precio. Así, es posible encontrar bienes a disposición de los hogares que entreguen los nutrientes requeridos por éstos con precios inferiores a los encuestados por el INE, por lo que es un argumento a favor de la utilización de los precios mínimos entregados por ese instituto.
"Posteriormente, Rojas y Avello plantean que un hogar será clasificado como pobre si su gasto per cápita efectivo en alimentación es inferior al costo de la canasta en el mes respectivo, por lo que se descarta el uso de una línea de la pobreza tal como se concebía en la metodología tradicional. En cuanto a la indigencia, el estudio considera a un hogar pobre en tal condición si su gasto total no es suficiente para cubrir el costo mínimo por persona de alimentarse adecuadamente.
"De esta forma se procede a estimar y caracterizar la pobreza para el Gran Santiago durante 1988.
"IV. Dimensión y características de la pobreza nutricional
"En esta sección se contrastarán los principales resultados obtenidos del estudio de la CEPAL que como ya se planteó es un fiel exponente del método tradicional de estimación de la pobreza según el enfoque de la satisfacción de las necesidades mínimas, con los obtenidos por Rojas y Avello a través del estudio en el cual plantean una metodología alternativa de medición, ya comentada en términos generales.
"La CEPAL sostiene que en 1987 a nivel país la pobreza afectaría al 38,1% de los hogares, mientras que el 13,5% se encontraría en situación de indigencia, lo que la lleva a concluir que el 44,4% de la población es pobre (5,5 millones de personas) y 16,8%, indigente (2,1 millones). En otros términos, la CEPAL afirma que 4 de cada 9 chilenos serían pobres y prácticamente 2 de estos corresponderían a indigentes que es la pobreza en su grado extremo en el enfoque nutricional. Obviamente que al tenor de esta cifras el fenómeno en el país adquiriría ribetes verdaderamente trágicos.
"Pero debido a la complejidad del fenómeno es que, en el mismo estudio, la CEPAL elabora un indicador de corte estructural para dimensionar las necesidades básicas insatisfechas sobre la base de un conjunto de variables relativas al tipo de vivienda, al acceso de ésta a los servicios básicos y al hacinamiento en el hogar, en aproximación al criterio utilizado en los mapas de la extrema pobreza. De esta forma se intenta cuantificar la población afecta a carencias importantes en materia de vivienda, un enfoque diferente de medir la calidad de vida de la población, aunque aún limitado, pues no internaliza otros tipos de necesidades que también inciden en el bienestar de ésta, como ser el acceso a la educación y el equipamiento en el hogar, entre otros factores.
"Los resultados obtenidos indicarían que el 16,4% de la población estaría en tal condición, siendo destacable el hecho de que tal medición permite caracterizar a los hogares pobres e indigentes que sostiene la CEPAL existirían en el país, en relación a su "pobreza habitacional".
"Así, se tiene que del 44,4% de pobreza para el país que entregan las estimaciones de la CEPAL, aproximadamente 4 millones de estos pobres tendrían satisfechas sus necesidades básicas en materia de vivienda. Pero lo que debe llamar a reflexionar en tomo a la consistencia de estas estimaciones es que sólo 800 mil de los 2,1 millones de indigentes que según la CEPAL existirían en el país poseen carencias en materia de vivienda y servicios básicos. Este punto es particularmente interesante debido a que, como la definición de indigencia implica un estado de extrema privación en que la persona no puede alimentarse adecuadamente aunque dispusiera en ello de todo su ingreso, sería lógico esperar también que sus otras necesidades no estuvieran adecuadamente cubiertas.
"Estas inconsistencias que eran esperables, quedan particularmente ilustradas y destacadas explícitamente en el estudio de Rojas-Avello , cuyo objetivo central aparte de introducir una metodología que corrigiera en parte las debilidades que se detectaban en el método tradicional de estimación de la pobreza, era caracterizar los hogares clasificados como pobres e indigentes.
"En este estudio se estimó para el Gran Santiago que la pobreza en 1988 afectaría al 26,9% de los hogares, de los cuales un 5,9% correspondía a indigencia, lo que estaba indicando un menor nivel al sostenido por la CEPAL que para la Región Metropolitana era de 33,2% y 10,8% de pobreza e indigencia, respectivamente. Lo anterior, en términos de población, equivale a 520 mil pobres y 325 mil indigentes menos, diferencial que dista de ser explicada por la discrepancia en el período de referencia de ambas estimaciones.
"Pero, aparte de los menores niveles de pobreza estimados se encontraron realidades en las condiciones de vida de estos hogares que llaman la atención en cuanto a la intensidad del fenómeno. Es destacable el hecho de que sólo el 16% de los pobres habite en viviendas del tipo conventillo, callampas o mejoras. En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda se tiene, entre otros servicios, que prácticamente el 100% de los hogares pobres posee acceso a luz eléctrica, un 80% accede al agua potable dentro de la vivienda y posee escusado de uso exclusivo. Con respecto al hacinamiento, el estudio detecta que sólo el 24% de los hogares pobres tienen más de 2 personas por pieza habitación, porcentaje que sube al 39% del total de indigentes.
"Es evidente que lo anterior está indicando un nivel de bienestar en estos hogares que el enfoque nutricional no capta al momento de clasificarlos como pobres e indigentes.
"Aún más, en el estudio se caracteriza la pobreza en cuanto a la disponibilidad de bienes durables, destacándose el que el 85% de los hogares pobres que el enfoque capta posee televisor, porcentaje que alcanza sorprendentemente a un 76% de los indigentes. Pero, tal como se sostiene en el estudio lo que es definitivamente curioso es que existan hogares clasificados como indigentes, pero que posean vehículos motorizados.
"Lo anterior obliga a ponderar en toda su magnitud las debilidades inherentes al enfoque de la satisfacción de las necesidades mínimas, ya que estas contradicciones se mantienen en distinto grado, dependiendo de la metodología que se utilice, lo que incide, en último término, en una falta de consistencia en las estimaciones de la pobreza.
"Volviendo al estudio de la CEPAL, éste sostiene además, que la situación del país en 1987 es dramáticamente más deficiente que la que existía en 1970, lo que como ya se había planteado choca con la evolución que han experimentado en el país variados indicadores sociales. Aún más, la CEPAL estima sobre la base del enfoque nutricional que en Chile la pobreza habría aumentado en contraste con la realidad de los índices de pobreza de los restantes países de la región. Dos afirmaciones muy delicadas al ser la pobreza un fenómeno especialmente sensible para un país y sobre todo, al estar construidas a partir de un enfoque tan limitado conceptualmente y con tantos problemas en su método de estimación.
"Afortunadamente estas afirmaciones se pueden contrastar con un estudio que estima la evolución del bienestar de la población de los países sudamericanos entre la década del 60 a la del 80 sobre la base del enfoque estructural a partir de 4 grupos de necesidades que inciden en el fenómeno. Los grupos están referidos a la salud y nutrición, educación, condiciones de la vivienda y equipamiento en el hogar cuyas evoluciones se analizaron en forma independiente para evitar consideraciones de tipo normativas en relación a sus incidencias sobre la calidad de vida. En concreto se concluyó que Chile fue el único país en la región en todo el período bajo estudio que experimentó un progreso comparativo continuo, en prácticamente todos los grupos. Así, Chile se ubicó a comienzos de los 80 a una menor distancia en comparación a los períodos anteriores con respecto a los dos países que lideran la región (Argentina y Uruguay).
"Nuevamente la evidencia empírica aparece contradiciendo los planteamientos de la CEPAL en materia de pobreza.
La razón básica se debe a que si el enfoque de la satisfacción de las necesidades mínimas capta un tipo de pobreza, ésta es del tipo esencialmente transitoria y no estructural en contraste con la cruda realidad latinoamericana. Por ello es factible esperar mejorías substanciales en la medida que el país persevere por el camino del crecimiento económico. Así la misma CEPAL estima que la pobreza disminuiría en más de 5 puntos porcentuales en la medida que el crecimiento de los ingresos reales de los sectores afectados sea del orden del 10%.
"V. Consideraciones finales
"Con estos antecedentes no se puede sino concluir que con el enfoque biológico de la pobreza se estaría en presencia de un criterio esencialmente transitorio, entendido éste como aquel relacionado a los ingresos corrientes de las personas.
"Precisamente esta propiedad de transitoriedad del enfoque, trae consigo el problema de que no todos los hogares definidos como pobres e indigentes en el hecho lo sean efectivamente, por lo que la estimación de la pobreza por esta vía lleva a sobredimensionar el fenómeno, entregando señales erróneas para la toma de decisiones.
"La importancia de lo anterior radica en que estos indicadores son guías en la formulación e implementación de las políticas de gasto social por parte de las autoridades, pero su gravedad se verá suavizada en la medida en que se caracterice adecuadamente a los hogares supuestamente pobres e indigentes que entrega el enfoque, en cuanto a inversión en capital humano de sus integrantes, infraestructura en servicios básicos que posea la vivienda y posesión de bienes durables en el hogar, entre otros factores.
De esta forma, el planificador podría aproximarse en última instancia a la real dimensión del fenómeno por medio de variables de naturaleza más permanente asociadas directamente a la calidad de vida de la población, precisamente el tipo de variables que utiliza para la medición del bienestar el enfoque estructural.
"Entonces, cabe plantearse cuál es la finalidad de insistir en la estimación de la magnitud de la pobreza por medio de un enfoque que no resiste en la dimensión empírica, la más elemental prueba de consistencia con otros indicadores de bienestar, y que desde el punto de vista metodológico posee vicios que hace que sus estimaciones sean altamente criticables.
"En contraste, en el enfoque estructural existe un amplio espacio para el aporte en cuanto a una mejor delimitación de lo que se considera pobreza y en tomo a la construcción de indicadores que permitan una mejor aproximación a la dimensión e intensidad de ésta. Así, en este campo es notoria la necesidad de combinar los múltiples factores cuantificadores de tipo permanente que inciden en la correcta aproximación del fenómeno.
"Pero, este esfuerzo pasa necesariamente por consideraciones de tipo normativas en cuanto a la incidencia en el bienestar de la población de variables de naturaleza distinta, como ser, a modo de ejemplo, la educación con el acceso de la vivienda a los servicios básicos, para lograr finalmente cuantificar la dimensión y evolución de la pobreza.
"Así, se tiene que toda definición de pobreza pasa por la fijación de estándares normativos que permitan discriminar a los hogares afectados por el fenómeno, por lo que en sí son cuestionables. Pero lo que es importante destacar es que este aspecto en el enfoque biológico pasa a ser un problema sin solución, pues en sí el estándar normativo es la definición del fenómeno, pero, en cambio, en el enfoque estructural es posible obviarlo para concentrarse en la delimitación de grupos específicos de carencias, identificando cuántos, quiénes, y dónde se localizan los hogares y las personas que la sufren, siendo éste un camino altamente rentable como guía de las políticas sociales en su formulación y focalización y por el cual los sectores más desprotegidos del país se verán beneficiados.
"Por esto, conviene remarcar que un mal instrumento de medición de un fenómeno y particularmente en uno especialmente sensible para un país, como es el de la pobreza, puede llevar a medidas equivocadas que afecten precisamente a los sectores objetivos de ellas, por lo que los organismos técnicos y las autoridades del área deben ser extremadamente prudentes y rigurosas en sus planteamientos en esta materia.
"Lo anterior es particularmente válido para un organismo de corte técnico como es la CEPAL cuyos estudios, análisis y opiniones poseen un impacto no neutral sobre las autoridades y la opinión pública en general, y que como agencia de las Naciones Unidas debe tener el cuidado no sólo de validar sus estimaciones con otros indicadores sociales disponibles en el país, sino que además, como mínimo, debe hacerlos consistentes con los resultados de otros informes de organismos también dependientes de las Naciones Unidas como el PNUD. Este último sostiene que Chile es, dentro del contexto latinoamericano, el país que ha alcanzado en el último tiempo un mayor grado de desarrollo humano, aspecto que obviamente tiene una incidencia importante en el bienestar de la población y por lo tanto, en cualquier indicador de pobreza y que como se ha sostenido, la estimación de la CEPAL no incluye.
"Por lo anterior, es preocupante que las autoridades y en especial las del área económica social insistan en el eslogan de los 5 millones de pobres, en vez de canalizar sus esfuerzos en identificar carencias y dirigir el gasto social hacia los sectores verdaderamente necesitados. De esta forma se evitan filtraciones de éste y la toma de medidas como las alzas de los salarios mínimos, entre otras, que como se ha demostrado al analizar la evolución experimentada por los ingresos reales en 1990, han perjudicado comparativamente a los sectores más pobres del país.
"En concreto, las características del fenómeno ameritan evaluaciones y acciones técnicas y ágiles de la autoridad que permitan en el mediano plazo superar la pobreza debido a que a pesar de lo mucho que se avanzó en los años anteriores en esta dirección, aún queda mucho por hacer.".
El señor ÁLVAREZ SALAMANCA.-
Señor Presidente, nuestro país cuenta con una situación económica privilegiada para afrontar los problemas sociales que aún existen y que afectan a los sectores de escasos recursos. El actual Gobierno recibió el país con una economía sana y en pleno crecimiento, lo que permitía destinar grandes cantidades de recursos al gasto social, y sólo aportó un incremento del 3 por ciento según la Contraloría General de la República, en el año recién pasado.
Para nosotros, es vital que el crecimiento económico vaya acompañado de desarrollo social en forma paralela, porque el país no podrá lograr su desarrollo pleno mientras no se erradique definitivamente la extrema pobreza, y mientras no se entreguen oportunidades reales para mejorar la calidad de vida a los más necesitados.
El tema del problema social desapareció por largo tiempo del debate público, y sólo en los últimos días se han levantado voces analizándolo, y esto porque cunde la desesperanza entre la gente modesta.
La ciudadanía ha manifestado claramente su preocupación por el tema de la seguridad, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, como primeras prioridades, todos los cuales redundan en la situación de pobreza en que se debaten numerosas familias. Por su parte, el Gobierno ha sido incapaz de enfrentar estos problemas que afectan a la sociedad en forma efectiva por las siguientes siete razones:
1.- En primer lugar Tendencia permanente a la Centralización, y que se manifiesta en:
Diferentes aspectos del Estatuto Docente.
Creación excesiva de comisiones.
Disminución de responsabilidades administrativas a las municipalidades.
2.- Reversión de la participación del sector privado, y que se manifiesta a través de:
Los criterios aplicados para desmotivar la educación particular subvencionada.
La desmotivación de la acción del sector privado en la administración de los Hogares de Menores.
Desmotivación de la inversión privada y extranjera, lo que afecta el empleo y la producción en forma alarmante.
Falta de decisión e interés en solucionar el endeudamiento productivo, principalmente agrícola.
3.- Desfocalización del gasto social, el cual se ha dirigido a:
Favorecer a grupos de presión organizados, además del desinterés en aumentar la cobertura de beneficios sociales a los sectores más necesitados. Ejemplos:
Subsidios familiares.
Pensiones asistenciales y de invalidez.
También el menor aporte a los municipios para la atención de educación y salud.
4.- Señales equivocadas, enviadas desde el Gobierno a través de:
Favorecer a grupos de deudores, con condonación de deudas, versus fomentar el esfuerzo y el ahorro.
La política comunicacional sobre grandes inversiones y preocupación social por parte de él, versus una solución real a los problemas que no llega.
5.- Politización de los distintos aspectos de interés ciudadano, que se manifiesta en:
Creación del Instituto Nacional de la Juventud.
Monitores Plan 900 Escuelas.
Comités de allegados.
Hostigamiento a municipios.
Permanente crítica a las políticas sociales del Gobierno anterior, en circunstancias de que la red social en nada ha cambiado, salvo en el anuncio de un Programa de Capacitación a la Juventud, que está por implementarse, y sólo se ha anunciado.
6.- Políticas erradas del Gobierno, en materia de:
Vivienda progresiva (antes 36 m2.).
Falta de programas educacionales para la prevención de la violencia, drogadicción y alcoholismo.
Insistir en mantener empresas públicas que podrían estar en manos privadas, generando grandes ingresos al Estado, que podría destinar a solucionar los problemas de la gente modesta.
7.- Por último, el destino de los recursos provenientes de la reforma tributaria, los que se han destinado para otros fines no previstos, tales como:
Retomo de exiliados.
Televisión Nacional, $ 3.900 millones.
Terminación del Congreso, $ 8.500 millones.
En fin, cantidades enormes de recursos, que sin grandes discursos podrían haber ido en beneficio de los más pobres.
He dicho.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, independientemente de las posiciones adoptadas corresponde valorar el aporte de los informes y anexos de la Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile.
Sin duda, es el problema social relevante de nuestro país, ¡y qué contradicción 'Si observamos el enorme potencial que encierra nuestra patria!
Sin embargo, la pobreza entendida como carencia no lo es sólo respecto de lo material, también hay que considerar los factores de mentalidad y los espirituales.
Se echa de menos en el trabajo de la Comisión, la consulta a algunos especialistas que tenían mucho que aportar, como es el caso del INTA.
Por otra parte, no tenía sentido comparar sólo el gasto social para calificar la gestión de distintos Gobiernos; también hay que considerar el logro de los objetivos y la eficiencia en el uso de los recursos.
No deja de llamar la atención en los enfoques generales y en las conclusiones y proposiciones la ausencia de una estrategia futura y global para el país, que contemple al menos:
La ocupación armónica del territorio nacional.
El equilibrio en el desarrollo y condiciones de vida de las áreas urbanas y rurales.
Lograr el aprovechamiento potencial de los recursos del país, agregándole el valor creativo correspondiente.
Una política ambiental concreta que concibe los criterios económicos y ecológicos.
Definir una estrategia de mediano y largo plazo para la proyección de Chile en el Océano Pacífico.
Definir programas de educación y capacitación, a fin de lograr un cambio gradual en la mentalidad del chileno que, sin perder las raíces de su identidad cultural, lo hagan un ser más positivo, de empresa y con creatividad.
Desde distintos enfoques, las posturas políticas concuerdan en afirmar las bases de una sociedad de oportunidades, que dé garantías para asegurar la movilidad social.
Finalmente, sólo quiero señalar un concepto milenario del proverbio chino: "Si quieres resolver el problema de un pobre, dale una caña de pescar y no un pescado".
He dicho.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero en esta ocasión, en que tratamos de manera especial el problema de la pobreza en nuestro país, endémico como lacerante a la conciencia de todos los hombres, referirme a una situación contingente sobre la materia, acaecida hace muy pocos días.
Desde todos los sectores de la vida nacional han surgido, en los pasados días, pronunciamientos y comentarios relativos a la declaración del Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Carlos González Cruchaga, que entregara con ocasión del Primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia.
Por lo controvertida y neurálgica, la referida declaración despertó las más diversas reacciones y respuestas: desde el Gobierno, los partidos políticos, organismos gremiales y empresariales; y desde editoriales y profusión de informaciones de la prensa nacional. Y esas inquietudes han sido expresión de las posiciones ideológicas y prismas de cada cual, acomodados, naturalmente, a sus particulares intereses y estrategias.
El contenido más polémico de Monseñor Carlos González dice relación con "los escasos resultados obtenidos por el Gobierno en su acción para superar los problemas socioeconómicos del país".
"A pesar de su honesto esfuerzo por lograrlo, sus resultados no están llegando a los sectores más necesitados", manifestó el prelado. Y agregó que "los pobres de Chile siguen exactamente igual que antes y, en algunos lugares, peor".
Duras, francas, y relativamente ajustadas a la verdad las afirmaciones de Monseñor, que si bien antes que él habían sido emitidas en forma parecida por personeros de otros sectores, especialmente políticos de oposición, tanto de Derecha e Izquierda como los aún afiebrados comunistas chilenos y sus naturales adláteres en contubérnica simbiosis, no habían tenido esas afirmaciones, repito, el eco ni cobertura alcanzados por el Obispo González Cruchaga. Es explicable. Siempre ha sido así.
La Iglesia, a través de sus representantes, por su fuerza y ascendencia moral e irradiación espiritual, es escuchada por todos, creyentes y no creyentes. Y sus declaraciones, consejos y directivas tienen, por lo general, gran trascendencia.
¡Y qué bueno que así sea! Como en esta ocasión. Porque más allá de toda sospecha la ciudadanía sabe y tiene natural percepción de que la voz de la Iglesia es creíble y auténtica; y que los representa a todos, sean o no fieles creyentes de su credo católico. Aunque en ocasiones las posturas de la Iglesia en alguna materia contingente, por su condición también humana sean discutibles para muchos.
Aludíamos a la relatividad de las afirmaciones del señor Obispo González, porque desde el Gobierno, a través de inmediatas réplicas de los ministros de Planificación, Sergio Molina, y de Economía, Carlos Ominami y de otros personeros del Ejecutivo, se aclaró en forma objetiva al prelado y a la ciudadanía que "entre 1990 y 1991 se beneficiaron cinco millones de personas con los reajustes de las asignaciones familiares, ingresos mínimos, pensiones asistenciales y subsidio único familiar que, porcentualmente, superaron la evolución del nivel de precios" (de artículos de primera necesidad).
Además dijeron los ministros que "a lo anterior debe sumarse las medidas directas de beneficio a los más pobres, como repactaciones a deudores hipotecarios o de servicios públicos, que alcanzaron a más de 600 mil personas".
Subrayaron también "que todos los medios estadísticos han confirmado que el ingreso del 20 por ciento más pobre de la población aumentó más que el de los otros estratos sociales".
Igualmente enumeraron la ampliación de otros beneficios, "como los programas de alimentación escolar; la cobertura preescolar; la entrega de textos y útiles escolares; el mejoramiento físico de 1.400 escuelas, y la mayor construcción de viviendas sociales".
Por su parte, el Subsecretario de Mideplan, Álvaro García, sintetizó todo este esfuerzo diciendo que "el gasto social ha crecido casi 30 por ciento en lo que va del actual Gobierno; y aumentará más de 43 por ciento en 1992".
A la luz de estas precisiones es evidente que la declaración de Monseñor González Cruchaga que comentamos adoleció de la necesaria objetividad y templanza para impedir el aprovechamiento politiqueramente majadero de los sectores no afectos al Gobierno del Presidente Aylwin, cuyos órganos de expresión más representativos "pasquinescamente" coinciden entre sí para magnificar demagógicamente toda opinión, crítica u observación de algún personero de relevancia pública, especialmente cuando se trata de alguien tan jerárquicamente representativo, oído y respetado, como en este caso el Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.
Sin embargo, debo dejar establecida en esta Honorable Cámara, de la manera más tajante, la total e indudable legitimidad de las palabras del señor Obispo; porque, aunque parezca contradictorio con lo expresado anteriormente, las señaladas declaraciones apuntan también a reflexiones tan justas, certeras, adecuadas y oportunas, sobre la evidente incongruencia o contrasentido entre la triste y deficitaria situación de los sectores más deprimidos de la población, que él denuncia, y los "discursos que aquí escuchamos sobre que el país está muy bien y que a cada momento vienen las alabanzas del exterior... ¡Hasta el Presidente norteamericano George Bush dice que Chile es un modelo extraordinario!...
Y añade el Obispo que "por justificadas que sean las alabanzas al sistema macroeconómico, se requiere una mejor distribución de los bienes para que sus beneficios alcancen a todos los sectores del país".
Sin embargo, señor Presidente y estimados colegas, tan indiscutible enunciado fue soslayado astutamente por los sectores' claramente aludidos por el aserto obispal, aunque dijeron que "se debe dudar de no atribuir los problemas descritos al sistema de economía de mercado como tal, ya que está probado que éste es el mejor medio para crear riqueza y, por ende, para eliminar la pobreza".
Lo anterior es la expresión más o menos "elegante" del manido, liberal y tan antiguo sistema del "chorreo", que, para nosotros, es la réplica de la figura tan gráfica que hizo Cristo del egoísmo, avaricia e insensibilidad humana que narra en el Nuevo Testamento el evangelista Lucas, Cap. 16, vers. 19con la parábola "del hombre rico que permitía bondadosamente que el pobre y llagado Lázaro se alimentara con las "migajas" que caían de su mesa harta de manjares.
Tal vez es muy severo el símil, pero se puede aplicar; y los pobres de Chile y toda la tierra lo entienden y lo dan por ajustado a la realidad que ellos viven y sufren y han vivido y sufrido sus antepasados por lustros, décadas y centurias, desde que los ideólogos y padres de los sistemas económicos capitalistas Jeremy Bentham, Adam Smith y David Ricardo concibieron el capitalismo como la fase natural de las relaciones sociales, fundando de hecho el liberalismo económico e imponiendo el "laissez faire", es decir el "dejar hacer y dejar pasar" como el motor del progreso económico y causa de la riqueza de las naciones.
Desde hace más de 200 años los pobres del mundo están esperando que sea verdad lo del "chorreo", porque por dos mil años han sobrevivido con las "migajas"...
... Y Juan Pablo II dijo en Chile que "los pobres no pueden esperar más", y que había que hacer "la economía de la solidaridad", que se funda en la caridad, en el amor y la justicia.
Yo sostengo que, además, es indispensable una gran revolución. La que nunca se ha hecho: la revolución en la conciencia de los poderosos. Y en esa revolución, todos debemos participar.
Sólo así, quizás, se podrá revertir el anatema evangélico de la "aguja y el camello".
He dicho.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, el acceso a la salud es un derecho inalienable de todos los chilenos y es responsabilidad del Estado garantizarlo a todos aquellos que no tienen ingresos suficientes para costearla.
Gracias a los esfuerzos de sucesivos Gobiernos, en las últimas décadas la salud en Chile ha mejorado sus niveles en forma evidente en términos de mortalidad y logros en salud pública como expectativa de vida entre otros.
Sin embargo, en los grupos sociales más desposeídos sigue viéndose una situación de desigualdad que no puede dejar de ser preocupante para todos nosotros.
Es efectivo que hay una parte de la población insuficientemente incorporada a los programas de salud, como los adolescentes, adultos y los ancianos. Existen localidades del país que se encuentran por debajo de los promedios nacionales en lo que a indicadores tradicionales se refiere.
También es efectivo que la estructura de la morbilidad en Chile es una mezcla de la que presentan países desarrollados con aquellos no desarrollados. Los tumores, los problemas cardiovasculares y los accidentes, coexisten con la sarna, la pediculosis y la tuberculosis, entre otros.
Esta es la realidad de hoy; es similar, en general, a lo que sucede en todo el mundo, en los países más desarrollados, a pesar de lo mucho que ha avanzado nuestro país en los últimos 20 años.
Es innegable que en Chile se ha ido progresando en materia de desarrollo social y que la pobreza de hoy ya no es la miseria de antes. La extraordinaria evolución de las cifras de mortalidad infantil, de desnutrición, de las coberturas de agua potable y alcantarillado, de alfabetismo y otros, están demostrando que el camino seguido ha sido el correcto.
El convencimiento, en un pasado reciente, de que la pobreza no se puede combatir sin crecimiento económico y sin una política social que focalice técnicamente la inversión en los más vulnerables, justifica los indicadores analizados recientemente y, consecuentemente, el extraordinario nivel dentro del contexto mundial en que nuestro país está ubicado en el listado de desarrollo humano, confeccionado por el PNUD, a la cabeza de América Latina.
Esto se ha logrado, en gran medida, con una participación creciente del sector privado. Los hechos han demostrado fehacientemente que una mayor confianza en la libre acción individual, guiada por normas e incentivos adecuados, asegura la generación de mayor desarrollo y progreso. Si a ello agregamos que se mantenga una política social que privilegie a los más pobres, estaremos cerrando el círculo vicioso de la pobreza. Ella se nutre de los mismos pobres. En un pasado mediato no se había previsto que a los niños desnutridos había que alimentarlos preferentemente para que pudieran tener el nivel de desarrollo intelectual que realmente les capacitara para competir en igualdad de oportunidades. No podemos hablar de ella, igualdad de oportunidades, si en Chile siguen existiendo desnutridos.
No es con descalificaciones o con desconocimiento de la realidad que se solucionan los problemas.
No podemos compartir algunos criterios enunciados en el área de la salud.
Se critica allí, a la calidad del servicio, atribuyendo su carencia a políticas impulsadas en el Gobierno de las Fuerzas Armadas. No se refieren a la situación de salud en Chile que los técnicos sabemos que es lo importante.
Se critica la disminución del aporte fiscal, pero no se menciona el aporte creciente del sector privado a la dación de salud.
Se dice que el gasto per cápita se reduce en el sector público de $ 13.280, en el año 1974, a $ 11.579, en 1987. Esto no es efectivo. En los mismos años se destinó a salud $ 117.800.000 y $ 143.000.000, moneda de igual valor según cifras del Fondo Monetario.
En relación con el producto geográfico bruto, en 1970 se destinó el 1.7 por ciento de dicho producto, y en 1989 se superó el 2 por ciento de los bienes y servicios generados en el año.
Todo ello, para justificar el deseo de incrementar el gasto fiscal en éste como en otros sectores, cada vez más, como si ello fuera sinónimo de mejor salud y menor pobreza. Nosotros creemos que estos' hechos no van juntos. Inglaterra gasta menos de la mitad que Estados Unidos, y tiene mejores niveles de salud.
Estimo personalmente que esto pensaba el economista democratacristiano Jorge Rodríguez Grossi en 1987, cuando aseguraba:
"Los niños entre 0 y 6 años están muy bien atendidos por el Programa Madre y Niño".
"Chile tiene un sistema de salud que ha superado una aguda crisis económica, sin graves consecuencias para la salud de la población".
"Es mentira que los pobres no tienen salud en Chile. Pero eso no basta, todos deben tener buena atención sanitaria. Esa es nuestra preocupación".
Todavía en Chile hay un importante sector de la población que necesita solución a sus carencias. Todos debemos entregar nuestro aporte a un problema de carácter nacional. Se requiere solidaridad, equidad y tecnicismo en su trato, de todos, del Fisco y del sector privado.
Aquí el señor Ministro ha recordado que el 75 por ciento de la inversión es de origen privado. Hay que tenerlo presente y actuar en consecuencia, no dando signos que tiendan a frenar la empresa privada y, al mismo tiempo, reconocer su valioso aporte.
Desearíamos ver señales claras por parte del Ejecutivo de un espíritu de perfeccionamiento del sistema mixto de salud, que ha jugado tan importante papel en el tratamiento de la pobreza. Nos inquietan algunos signos que tienden a revertir una situación que, probadamente eficaz, es en el presente modelo para muchos países de nuestra América. Es probable que un subsidio a la demanda podría asegurar para los más pobres una igualdad de oportunidades en salud. Ojalá seamos escuchados.
He dicho.
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, ergo, los Pobres... deben esperar.
Luego de 20 meses de actuación de las nuevas autoridades es posible tener ya un panorama claro de lo ocurrido y lo esperable en los próximos años en los distintos sectores sociales. La conclusión del análisis realizado nos lleva a afirmar que, sin lugar a dudas, no existe en la actualidad una política social coherente y consistente con el objeto de erradicar la pobreza. Es más, no existe política social alguna, teniéndose un caso similar a lo que ocurre en el sector económico donde tampoco existe una política, sino que una mera preocupación por mantener un equilibrio macroeconómico en la coyuntura. Así las cosas, los pobres deben esperar.
En efecto, mucho se ha insistido, y declarado, acerca de los tres ejes de una nueva política social concebida por las actuales autoridades. Estos tres puntos claves serían la equidad, la integralidad y la participación. Veamos en que se traducen estos tres puntos en lo ocurrido en los 20 meses recién pasados.
La equidad supone hacer llegar los frutos de crecimiento a los sectores más desposeídos que, supuestamente, no recibieron sino en una mínima proporción los beneficios del elevado grado de expansión de nuestra economía en los años recién pasados. Pero, aparte de las declaraciones, la equidad no ha llegado.
Porque no puede ser equidad que mientras los alumnos de las 900 escuelas más pobres del país reciben apenas 5 millones de dólares adicionales en 1990, los alumnos de la educación superior reciban, en 1991, US $ 34,2 millones adicionales, elemento que representa una preocupación por atender con mayor preocupación a los grupos de presión más organizados y no a los más pobres.
No puede ser equidad, que mientras se amplía la cobertura del programa de alimentación escolar para beneficiar a una mayor proporción de la población, se suspenda el otorgamiento del beneficio en los días entre feriados, y los anteriores a ellos. Los niños más pobres necesitan de ese beneficio en esos días, probablemente, más que los nuevos beneficiarios producto de la expansión.
No es equidad que los mineros del cobre reciban US $ 6,6 millones fruto de la negociación colectiva, en tanto las subvenciones educacionales cayeron un 2,7% real en 1990 con respecto a 1989.
No es equidad que el salario mínimo aumente en un 26,9% en tanto la desocupación del grupo de entre 15 y 19 años aumentó en un 43,2 por ciento entre enero y marzo de 1990 y 1991, en tanto que la del grupo de entre 25 y 29 años creció en un 17,4% por ciento. En este sentido, tampoco es equidad que se hayan dejado de crear 53.000 empleos producto del menor crecimiento en el año 1990.
No es equidad que los principales beneficiarios del exiguo crecimiento del año pasado hayan estado entre el 30 por ciento de mayores ingresos de la población como se demuestra en el análisis de la encuesta complementaria de ingresos del INE.
Respecto de la integralidad, parece conveniente relacionar el concepto con la eficacia. En este sentido, sólo cabe citar al señor Ministro de Planificación, quien ha afirmado que según sus cálculos, la pobreza ha disminuido en tres puntos, a despecho de un aumento en el gasto social de un 27 por ciento. Nunca antes en la historia de Chile, según declaran las autoridades, había existido un volumen tan alto de recursos para estos fines. ¿Cuál ha sido la eficacia de estos recursos?
La integralidad, en efecto, involucra muchas cosas y, entre otras, la existencia de una efectiva coordinación y coherencia de las políticas sociales, una constante evaluación y rediseño de las mismas con el objeto de hacerlas más efectivas. En este punto, y sólo por citar un ejemplo visible, la Secretaría de Desarrollo y Asistencia Social que, a nivel de la Presidencia de la República, se dedicaba a estas funciones ha desaparecido. En su reemplazo, la Secretaría General de la Presidencia tiene ahora sólo funciones políticas y el Ministerio de Planificación ha sido designado "vocero oficial del gobierno en materias sociales". Parece que la política social actual es cosa de comunicación y no de acci��n.
En relación a la participación, éste inequívocamente recoge el viejo sueño de los burócratas y planificadores: que los pobres hagan lo que no tienen que hacer los ricos. Se trata de que mientras las calles de un barrio acomodado son pavimentadas por empresas especializadas, en los sectores pobres esta tarea debe ser hecha por sus propios habitantes en los días de descanso. Se trata de que las madres deban descuidar a una parte de su prole, para colaborar en la atención de otros de sus hijos. Se trata, en definitiva, de asumir que el tiempo de los pobres no tiene valor y que éstos deben sacrificar su escaso tiempo libre, luego de trabajar 8 y hasta 12 o más horas, para intentar dar solución a los problemas que las burocracias no quieren darse la molestia en acoger.
En contraste con lo anterior, los desafíos que presenta la solución de los problemas del país siguen presentes. En este sentido, a pesar del mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres en los últimos años, existen importantes desafíos pendientes, que deben estimular y exigir aún más la creatividad y originalidad de la experiencia chilena, tantas veces citada por los organismos internacionales para incorporarse al desarrollo. La salud debe adecuarse para satisfacer las nuevas necesidades de una población de mayor edad que en el pasado. La educación debe superar su desafío de calidad y diseñarse nuevas formas de educación técnico-profesional estrechamente vinculadas con los requerimientos del sector productivo y el mercado de trabajo nacional. Superados, en gran medida, los problemas de una fuerte desnutrición infantil del pasado, los recursos del PNAC, Programa Nacional de Alimentación Complementaria, debieran focalizarse en los más vulnerables y ser destinados los excedentes a otras necesidades, etcétera.
Una vez más, al igual que en la Parábola del Sembrador, las palabras del Santo Padre, han caído en tierra estéril. Ergo, lo pobres deben esperar.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
En votación el informe de la Comisión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 22 votos. No hubo abstenciones.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado el informe.
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, Caminondo, Alessandri Balmaceda, Bayo, García, don René, y Masferrer.
"La superación de la pobreza es una tarea de todos los chilenos. Es por ello que se requieren los acuerdos básicos para avanzar en el camino que nos llevará a erradicar la situación de marginalidad que afecta a millones de nuestros compatriotas.
"El país ha avanzado en materia de desarrollo social y la pobreza de hoy no es la miseria de antaño ni de países en franco subdesarrollo. El país se encuentra económicamente en condiciones de enfrentar la problemática social y cuenta con políticas sociales eficientes para enfrentar la erradicación definitiva de la pobreza en nuestro país.
"Para lograr dichos objetivos deben existir los consensos y los acuerdos que permitan implementar las políticas focalizadas a solucionar el problema. Es por ello que solicitamos a Su Excelencia el Presidente de la República la consideración del siguiente proyecto de acuerdo:
"1.- El país deberá esforzarse para lograr un crecimiento económico superior al 5 por ciento, de forma tal que los sectores más desposeídos puedan acogerse a los beneficios de un trabajo digno y, a través de un ingreso adecuado, lograr mayores niveles de bienestar y de realización personal.
"2.- Diseñar una planificación social en que se promueva la descentralización, la regionalización, la focalización, la eficiencia y la alta rentabilidad social de los recursos que se inviertan en los sectores más desposeídos.
"3.- Impedir la politización en la distribución y en el uso de los recursos destinados al gasto social y en los programas que se implementen a través de los distintos servicios y ministerios.
"4.- Incentivar la participación del sector privado en la solución de los problemas sociales, evitando políticas que desmotiven la inversión y la colaboración de dicho sector en el desarrollo social.
"5.- Promover una estrategia de desarrollo social como parte de un compromiso de la nación, dentro de una gran cruzada que supere las diferencias ideológicas o los intereses de cualquier grupo o personas.".
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Dejo constancia de que el proyecto de acuerdo también está suscrito por el Diputado señor Orpis.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa,
32 votos. No
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Rechazado el proyecto de acuerdo.
"