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La señora CRISTI.-
Señor Presidente, en marzo del año pasado, Renovación Nacional propuso a esta Honorable Cámara la creación de una comisión de planificación y desarrollo social, con el objeto de atender y proponer, en forma permanente, soluciones a los problemas sociales que afectan a los sectores marginales de nuestra sociedad. Dicha comisión no prosperó, dado que a la semana siguiente el Diputado Montes propuso una Comisión Especial para el estudio de la pobreza en Chile, lo cual fue aprobado, con la condición de que se crearía la comisión propuesta por Renovación Nacional. Ello tampoco se cumplió, dado que la comisión pasó a ser parte de la Comisión de Gobierno Interior, donde no se le presta la atención y dedicación que el tema requiere, debido, principalmente, a la gran cantidad de proyectos que ella debe analizar.
Lamentamos que, por razones que no se justifican y que sólo apuntan a un equivocado protagonismo partidista, no se creara la comisión de planificación y desarrollo social, dado que ha habido, durante el último año en el país, una serie de problemas relacionados con el área social que no tuvieron tratamiento por parte de esta Cámara.
El informe que hoy discutimos está desfasado en casi un año desde el término de la investigación de la pobreza. Ello naturalmente provoca una distorsión en sus conclusiones y en los planteamientos expuestos, especialmente debido al curso que han tomado los hechos en materia social en Chile.
Hace un año no se conocían los conceptos vertidos en la encíclica Centesimus Annus sobre orden social, cultura, economía y libertad económica, y que desempeñan una fundamental función en la dinámica persona-sociedad-Estado, basada en los principios de subsidiariedad y solidaridad.
Hace un año no se daba un entierro definitivo a las ideologías marxistas-leninistas de los países de Europa Oriental, en cuyas economías hoy se trata de implementar la economía social de mercado.
Hace un año la Concertación no criticaba abiertamente los resultados de la política social del Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, como lo ha venido haciendo directamente desde hace algún tiempo en materia de eficiencia, creatividad y de resultados efectivos en la solución de los problemas que afectan a los sectores más pobres. Recientemente, parlaméntanos de la Concertación han solicitado al Presidente un mayor énfasis y esfuerzo en la solución de los problemas relacionados con la pobreza.
El reciente congreso ideológico de la Democracia Cristiana abandona los marcos rígidos e ideológicos en materia de política económica, dando así al sector privado, principalmente, la responsabilidad en la producción de bienes y servicios, dentro de un espíritu renovador, en un marco de una economía abierta.
La Iglesia Católica, por su parte, exige al Gobierno una solución a los problemas sociales y, además, fundamenta que en este país ha aumentado la pobreza en el año recién pasado.
Las encuestas recientes definen la violencia y la delincuencia como las preocupaciones prioritarias de los chilenos. Sin embargo, la pobreza, los sueldos, la salud, la educación y la inflación representan, según la última encuesta de Bestland, el 48,2 por ciento de las prioridades, versus el 39,9 de la delincuencia. Por lo tanto, los sectores sociales y económicos son los que más preocupan a los chilenos.
Hace un año la Comisión fue incapaz de preparar un informe de consenso en la investigación de la pobreza en Chile. A nuestro parecer, hubo hegemonía y egoísmo por parte de la Concertación para lograrlo. La Oposición colaboró activamente en el desarrollo de la investigación; sin embargo, de los trece informes y proposiciones que presentamos, ni siquiera fueron leídos ni menos incluidos en las conclusiones finales. Un ejemplo de la arbitrariedad con que se manejó el informe se produjo en una de las últimas sesiones, en que se nos dio un tiempo desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche para presentar las conclusiones e indicaciones al informe de la Concertación, el que había que coordinarlo con nuestro informe, siendo de 50 páginas cada uno. Igual lo hicimos, pero de este texto sólo se extrajeron unas 20 palabras, términos o frases aisladas para incluirlos en el texto final.
La imposibilidad de haber presentado hoy un informe único es imperdonable; una falta de respeto hacia los más humildes y que en nada apunta a lograr acuerdos que permitan acelerar el reencuentro y la paz nacionales.
Esa fue, señor Presidente y señores parlamentarios presentes, la razón por la cual nos retiramos de la última Comisión, en la que durante dos meses hicimos los mayores esfuerzos para lograr un consenso, pero hubo un rechazo total por parte de la Concertación para aceptar cualquiera de nuestras iniciativas.
Posteriormente, y sólo gracias a la intervención del Presidente, por decisión de los Comités, se acordó incluir en el anexo 4 las conclusiones del informe de minoría. Además, tengo que informar que durante cuatro meses estuve preocupada en que este informe se incluyera en los anexos; por lo tanto, me parece tremendamente sorprendente que hoy no haya aparecido.
Mal puede decir el Diputado señor Montes que nuestra actuación es una falta de respeto, porque, incluso, ahora se ha retirado de la Sala.
Francamente, no habría querido llegar a esta discusión, pero por la forma en que esta situación se ha planteado, no me queda otra cosa que informarla. Creo que hubo una mala conducción de la Comisión de la Pobreza, que no aporta nada al país ni a los sectores más pobres.
El objetivo de la Comisión era abordar el problema de la pobreza en nuestro país, investigando sus raíces, sus causas, sus dimensiones, sus consecuencias y características, con el fin de proponer y aprobar aquellas medidas y políticas que contribuyeran a su superación.
A la investigación le faltó un compromiso técnico y no ideologizado que buscara soluciones óptimas en cuanto a eficiencia y eficacia de las políticas y programas necesarios para erradicar la pobreza e incorporar a nuestros compatriotas más necesitados a los beneficios del desarrollo.
No se trata sólo de buenas intenciones, sino también de la decidida voluntad de buscar soluciones eficaces, en forma solidaria, objetiva y creativa. Sólo así podremos avanzar por el camino de la superación de la pobreza, más allá de las diferencias de enfoque para resolver el problema.
Hoy, después de 19 meses de trabajo parlamentario y en razón del curso que los hechos han tomado en materia social, podríamos haber logrado un informe de consenso.
El informe propiamente tal centró su contenido en la evolución de la pobreza en forma subjetiva. No se consideraron los planteamientos de los expertos; no se visitaron los distintos lugares del país donde existe mayor concentración de marginalidad; sólo se cuantificó la pobreza justamente con la metodología que la magnificaba, ya que ni siquiera se consideraron nuestros planteamientos.
El informe es más bien una crítica al gobierno anterior. Ese fue el verdadero objetivo de esta Comisión. Esto realmente no tiene sentido, porque el actual Gobierno ha mantenido la aplicación de la mayoría de los programas sociales. Así lo han demostrado a través de múltiples formas y se reconocen en el mundo los avances que se realizaron en Chile en materia social.
Entonces, no era necesario crear esta Comisión para desprestigiar al gobierno anterior, a pesar de los indicadores sociales que se muestran, la esperanza de vida aumentó, desde 1970 a 1988, de 61 a 71 años; la mortalidad infantil, se redujo de 82 por mil a 18,7 por mil. Y así sucesivamente. Los datos de esta parte están en nuestro informe.
Además, nuestro país es líder en materia social en Latinoamérica y en los países no desarrollados. Así lo destaca el informe de las Naciones Unidas, que coloca a Chile en el número 24 de cien países, en materia de desarrollo humano.
Esta situación les debe constar a los Diputados señora Maluenda y señor Kuzmicic, con quienes asistimos recientemente a un programa de población y desarrollo, en que Chile realmente se siente desubicado frente a los problemas que plantean otros países, y que nosotros hemos solucionado hace bastante tiempo.
La metodología utilizada por el informe para cuantificar la pobreza es justamente la que la incrementa, como la canasta básica que permite satisfacer los requerimientos nacionales. Ese estudio presenta deficiencias técnicas que llevan a la sobreestimación de la pobreza. No incluye los ingresos de los subsidios directos que otorga el Estado. Incluye golosinas, bebidas y vino.
Por otra parte, sabemos que siempre existe una subdeclaración de los ingresos que determinan el requerimiento calórico por persona.
La misma encuesta, realizada por la CEPAL, y de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo, se llega a que, entre abril y octubre de 1990, los pobres habrían aumentado en casi 700 mil personas.
La cuantificación de la pobreza es compleja. Su magnitud depende de los distintos criterios y enfoques que se utilicen; y por ello no podemos aceptar que se diga que en 1970 había mucho más pobreza que en 1987, cuando no existían los mecanismos adecuados para medirla.
Las críticas de la Comisión a la política social del Gobierno anterior contrasta con la realidad que vive nuestro país. A pesar del aumento del ingreso mínimo, de las condonaciones de las deudas, del aumento de las pensiones mínimas y asistenciales, y de los recursos adicionales obtenidos por la reforma tributaria, que nuestro Partido apoyó justamente, no han rendido los frutos necesarios. Los pobres siguen esperando.
En resumen, la política social del Gobierno ha demostrado ineficiencia administrativa, un intento a la centralización y desfocalización del gasto social, a la politización y a la desmotivación del sector privado en la colaboración de la erradicación de la extrema pobreza.
Este Gobierno recibió un país con una economía sana y en pleno crecimiento; ha tenido suficientes recursos para atender a los sectores más modestos; y es innegable que ha habido un progreso en materia de desarrollo social. La pobreza de hoy no es la miseria de antes, pero, en ningún caso, ello puede traducirse en una tarea exitosa de la culminación de la extrema pobreza; muy por el contrario, ello impone, un gran desafío a nuestro país, para que éste logre mayores oportunidades, mejor calidad de vida y más posibilidades de insertar a los sectores más postergados en el desarrollo del país.
La actual Administración ha insistido en una política social basada en la equidad y en la justicia social; sin embargo, bien sabemos que el Gobierno no ha aplicado una estrategia de desarrollo social en beneficio de los pobres. Y eso, señores parlamentarios, ustedes mismos lo han criticado.
De hecho, no se puede hablar de equidad cuando el IPC aumentó en un 2,9 por ciento, cuando el desempleo ha aumentado en un 7,5 por ciento, cuando el personal de la Salud y el profesorado se han visto perjudicados en sus remuneraciones, 0 cuando los municipios han visto reducidos en casi 11 mil millones de pesos los aportes destinados a la salud y a la educación.
La equidad supone hacer llegar los frutos del crecimiento a los sectores más desposeídos, pero aparte de buenas intenciones, la equidad no ha llegado.
El Gobierno prometió cambios y soluciones a los problemas sociales, pero no ha podido cumplir, a pesar de los enormes recursos con que ha contado, además de haber recibido al país con una economía sana. Por otra parte, ha desmotivado la participación del sector privado en la solución de los problemas, como la falta de apoyo a la educación privada subvencionada, que amenaza con cerrar sus escuelas frente a las imposiciones de las nuevas modificaciones legales. Hoy en día se habla de una "contrarrevolución silenciosa"; se rebate la privatización que actualmente adopta el mundo entero, incluyendo los países vecinos. Irónicamente, sin embargo, la Corfo asesora a Polonia en materias de privatización.
En materia de pobreza las personas que pertenecen a los grupos extremos de ella, viven en los sectores más afectados y sufren carencias básicas que sí compartimos con la que se ha planteado en el informe de la Comisión. Los pobladores son los más afectados: las mujeres, los jóvenes y también las personas de la tercera edad.
Dentro de una estrategia para superar la pobreza insistimos en que el Gobierno debe asumir el plan de las privatizaciones que se aplicó con éxito durante tantos años en nuestro país.
A nivel sectorial, en la Salud, debe existir el acceso para todas las personas a un sistema eficiente, asignación de mayores recursos, mejor atención hospitalaria, perfeccionamiento de procedimientos, modernización de la administración, erradicación de la desnutrición, prevención del alcoholismo y drogadicción, fomento de la atención dental y creación de programas destinados a la prevención de embarazos precoces.
En la educación urge mejorar su calidad, aumentar la cobertura de la educación preescolar y de las salas cunas, mejorar la calidad de la educación sin politización, establecer mecanismos homogéneos de evaluación, desarrollar un sistema de supervisión de la administración privada y municipal, incentivar la participación del sector privado, aumentar la atención en el sector rural, y fomentar la capacitación técnica profesional, que nuestro Partido ha propuesto y hasta ahora no ha recibido respuesta.
En la vivienda, es importante revaluar el programa de la caseta sanitaria con la vivienda progresiva, para determinar su real rentabilidad.
En materia de previsión social es urgente proteger el actual sistema previsional de las instituciones estatales. Aprovechando la presencia del Ministro de Planificación y Cooperación, es urgente aumentar la cobertura y el monto de las pensiones asistenciales que se están cancelando a los ancianos e inválidos, como también los subsidios familiares, no sólo su monto, sino sus beneficios. Es urgente tomar medidas para fomentar la seguridad de las personas.
En justicia, uno de los sectores que más afectan a los estratos modestos, deberán estudiarse nuevos mecanismos para una asistencia judicial en los grupos más modestos. También deberá darse especial atención a la prevención de la drogadicción y del alcoholismo, y revisar el sistema de los menores en situación irregular a través del Sename, que está desmotivando el apoyo del sector privado.
Como medidas urgentes deberán implementarse la vigilancia policial y resguardar la seguridad de las poblaciones; aumentar el número de teléfonos públicos; dar mayor cobertura a los servicios de ambulancia; dar mayor eficiencia en la reposición del alumbrado público; implementar talleres para jefas de hogar; entregar mayor cobertura en los centros de atención al menor; capacitar a los jóvenes; estudiar programas para ocupar el tiempo libre; aumentar la cobertura de canchas deportivas; generar fuentes de trabajo; fomentar las actividades deportivas y reforzar los sectores de salud.
El papel del Estado es clave para superar la pobreza, lo cual no quiere decir que sea necesario expandir la burocracia estatal, y que tampoco sea el único que pueda prestar los servicios sociales. Lo anterior es perfectamente compatible con una acción del Estado que respete el principio de subsidiariedad, según el cual aquel debe asumir sólo aquellas funciones que ninguna agrupación social menor pueda cumplir.
Lo importante es enfrentar la erradicación de la extrema pobreza, promoviendo una efectiva igualdad de oportunidades. También es tarea del Estado dar una justa estructura de financiamiento de los programas sociales. Dentro de un criterio para una política social, el país cuenta con claras prioridades en materia de la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, debe poner énfasis y dar prioridad al crecimiento económico, única forma de derrotar el flagelo de la pobreza en corto tiempo.
También es urgente perfeccionar los mecanismos de focalización en los programas para la distribución de los ingresos, mejorar el sistema de información nacional y estudiar los mecanismos que permitan llevar a cabo una mayor descentralización de los recursos.
La superación de la pobreza constituye una tarea de todos los chilenos. Para ello se requieren consensos básicos que permitan continuar avanzando en este difícil camino. Chile ha logrado importantes avances y no debe caer en el principal drama del desarrollo que lo perpetúa a través de las décadas y hace que la experiencia no sea asimilable al constante querer partir de cero, deseando con frecuencia que el camino recorrido, por triviales divisiones superficiales, se vea interrumpido.
Por todo esto, hago un llamado a todos los parlamentarios presentes para que recordemos las palabras del Santo Padre: "Trabajad unidos e integrad vuestros esfuerzos. No antepongáis un factor ideológico o un interés de grupo a la indigencia de los más pobres".
Termino anunciando que hemos presentado un proyecto de acuerdo, que resume nuestras conclusiones, con el objeto de que después sea leído y votado.
He dicho.
Aplausos.
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