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El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, cualquier reflexión acerca de las condiciones de vida del hombre involucra juicios de valor y está ligada con la moral y las condiciones éticas.
Estas características han hecho tradicionalmente difícil llegar a un consenso respecto de la forma de considerar el logro del bienestar de toda la población como un objetivo de política económica, ya que cualquier definición trasciende criterios puramente económicos.
Sin embargo, la escasez de recursos para acceder en igualdad de condiciones a algunos componentes del bienestar, hace de los problemas económicos y distributivos un pilar en tomo al cual se debe construir una estrategia para dar satisfacción a las condiciones de bienestar de la población.
La existencia en nuestro país de cinco millones de pobres que no tienen acceso al libre ejercicio de sus derechos básicos, pone en peligro la paz y en crisis a la sociedad chilena.
Lo anterior significa enfatizar la urgencia de las soluciones en la necesidad de liberación del hombre de las situaciones de pobreza y miseria que lo alienan y esclavizan. Sin lugar a dudas éste es un desafío enorme que exige esfuerzos y sacrificios de todos los sectores sociales, pero, sobre todo, requiere de voluntad política eficaz y de decisiones superiores de carácter ético.
El análisis de la pobreza a partir de la definición de montos de ingreso para alcanzar niveles mínimos de subsistencia, establece una alta correlación entre la situación de pobreza de una familia y las condiciones de empleo de sus miembros activos. A su vez, se observa también una alta asociación entre las condiciones de empleo de los miembros activos y las oportunidades educacionales y ocupacionales futuras de sus dependientes. Esto hace de los programas sociales encaminados a mejorar la igualdad de oportunidades educacionales, de empleo y de acceso a los mecanismos formales de apoyo a las actividades económicas, componentes fundamentales de una estrategia de crecimiento con equidad.
El crecimiento económico con la equidad social son objetivos siempre presentes, pero escasamente logrados en una estrategia de desarrollo de largo plazo. De acuerdo con los resultados de los últimos años, Chile no parece ser la excepción, ya que ha alcanzado niveles aceptables de crecimiento, pero insatisfactorios en cuanto a equidad social.
El carácter económico del problema se manifiesta no sólo en la escasez de los recursos para hacer frente a los múltiples problemas, sino también en que los instrumentos de política son limitados y las acciones demoran en producir los diferentes resultados deseados, los cuales no siempre son compatibles con los objetivos perseguidos. Mientras tanto, se nos recuerda, y con razón, que los pobres no pueden esperar.
La solución radica en la efectiva implementación de una transformación del aparato productivo que ponga énfasis en la excelencia tecnológica y en el aumento de la productividad, para generar ingresos y facilitar una distribución progresiva en el largo plazo.
Sin embargo, la situación inicial de la cual se parte es muy heterogénea. Esto significa desplegar, por igual, esfuerzos destinados a sectores productivos y a regiones de diferente productividad, pero con potenciales, con el fin de optimizar sus actividades y posibilitar una mejor participación en la economía nacional. Supone programas masivos de capacitación al sector informal, aumentar sus destrezas de comercialización y de gestión y promover formas de capacitación y financiamiento para las necesidades de las regiones y de sus zonas rurales. Exige movilizar recursos para la especialización selectiva y la dedicación de recursos al desarrollo de la investigación, de nuevas tecnologías y de tecnologías alternativas.
Al margen de estos requerimientos, el problema subyace en la capacidad de obtener financiamiento para ejecutar las inversiones que permitan implementar esta estrategia. Una de las metas primordiales es la formación de las generaciones jóvenes para esta transformación, así como la adaptación de la fuerza de trabajo presente a los requerimientos de este desafío.
El capital humano, entendido como los atributos adquiridos durante la vida y que contribuyen al desempeño de una persona en el trabajo, constituye una determinante importante del aporte que una persona pueda hacer con su trabajo al crecimiento económico y del valor que recibe a cambio. Se encuentra, así, al centro de las consideraciones distributivas del desarrollo económico y es habitual encontrar una correspondencia bastante alta entre ingresos, especialmente provenientes del trabajo, y capital humano.
La adquisición de capital humano involucra costos directos e indirectos. Los primeros se refieren al costo de comprar bienes y servicios que sirven como insumos de la inversión: alimentos, matrículas, libros, cursos, talleres. Los segundos, a la valoración del tiempo costo de oportunidad que dedica la persona o sus padres a la inversión, en desmedro de dedicarlo a ganar dinero en el mercado de trabajo.
El peso relativo de estos costos dentro del presupuesto familiar depende de la situación socioeconómica de la familia, y resulta mucho más alto para aquellos de los estratos más bajos, quienes en una economía de mercado tienden a invertir menos.
Al ser estas familias las que presentan un mayor número de hijos, la escasez de inversión en capital humano se transforma en un vehículo potencial para la transferencia intergeneracional de la pobreza.
Los retornos al capital humano representan la valoración que se hace en el mercado del trabajo de su aporte al crecimiento económico.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Se acabó el tiempo de Su Señoría. Puede terminar la idea.
El señor ELIZALDE.-
Es habitual que quienes menos han invertido y además pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, accedan a las empresas y lugares de trabajo peor remunerados.
La política económica debe enfatizar la inversión en capital humano, tomando en cuenta las consideraciones anteriores. La inversión en capital humano, a diferencia de la asistencialidad, es crucial para romper con la transferencia intergeneracional de la pobreza. En consecuencia, es preciso equiparar la accesibilidad al financiamiento para cubrir sus costos.
El mercado, como asignador de recursos, tiende a perpetuar las inequidades al desincentivar la inversión en capital humano de los sectores más pobres, así como al discriminar las mejores oportunidades económicas y ocupacionales en favor de los más aventajados socialmente. Cabe aquí un rol distributivo del Estado, en el sentido de mejorar la igualdad de oportunidades, pero mediante guías proporcionadas por el mercado para realizar una asignación eficiente de recursos financieros escasos.
Hay que focalizar el gasto social. Esta acción supone elementos de juicio: tratamiento de la cuestión bajo una óptica social; conocimiento acabado de las necesidades de los diferentes sectores de la población que deben ser satisfechas con recursos públicos; priorización de las necesidades que deben ser satisfechas, en función de las metas de una estrategia de crecimiento con equidad socialmente aceptada.
Las políticas sociales de distribución pueden tener relaciones competitivas entre sí, en particular por la escasez de recursos para implementarlas. Sin embargo, hay relaciones que son complementarias, las que pueden hacerse más eficientes de ser consideradas así.
Es preciso evitar la práctica común de suponer que cada sector de necesidades por sí solo es una problemática aislada, lo que se traduce, finalmente, en la distribución de recursos en compartimientos estancos y altamente competitivos, lo que lamentablemente se ve reforzado por el marco institucional de los Ministerios, asumiendo Mideplan un rol de coordinación importante.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, ha pasado su tiempo.
El señor ELIZALDE.-
Termino con esto.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ELIZALDE.-
La eficiente orientación de las políticas y programas de ayuda a los sectores desposeídos implica diagnósticos adecuados, agilizar la entrega de servicios y el fomento a la participación y autonomía de la comunidad en la solución de sus problemas.
La participación de los sectores postergados en la vida social es un imperativo de orden ético y moral en el ejercicio de la democracia. Romper la postergación histórica de un gran segmento de la población, con su secuela de cesantía, bajos ingresos, desempleo, subempleo, alcoholismo, drogadicción, es la tarea prioritaria a través de la participación.
En contraste con el surgimiento de una sociedad de consumo, en extremo generadora de necesidades no esenciales entre un grupo pequeño y privilegiado de la población, la tarea anterior adquiere dimensiones de justicia social y humanismo.
Una mayor equidad debe promoverse mediante el desarrollo de una amplia gama de organizaciones e iniciativas de participación, autodirigidas a la ayuda mutua, la reciprocidad...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, por tercera vez le aviso que terminó su tiempo.
El señor ELIZALDE.-
... y la facilitación de todos al acceso de las entidades administrativas del Estado para plantear sus carencias, necesidades y también soluciones.
He dicho.
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