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El señor MONTES.-
Señor Presidente, a pocas semanas de iniciado el funcionamiento del Congreso, propusimos la formación de una Comisión Especial sobre la pobreza.
Nos movían objetivos muy concretos. Creíamos importante dejar establecidas las condiciones de deterioro social en que el Gobierno democrático recibía al país. Queríamos analizar los reales compromisos de los distintos sectores para asumir esta situación. En particular, nos preocupaba la clarificación de enfoques y caminos de avance.
La Comisión, como se ha dicho, trabajó varios meses de manera intensa y rigurosa. En octubre de 1990, ya habíamos culminado la recopilación de antecedentes y el intercambio de puntos de vista. Nos dimos casi tres meses para buscar acuerdos en la formulación de las conclusiones; redactamos varios borradores. En las últimas sesiones, cuando ya no quedaba posibilidad de que se expresaran las mayorías y minorías en aquellos puntos en que no lográbamos acuerdos, los representantes de Renovación Nacional y de UDI decidieron retirarse. Esa fue, sin duda, una actitud, por decir lo menos, poco respetuosa.
Ha pasado casi un año de terminado el informe y sólo hoy lo estamos analizando. A pesar de que esperábamos más, pienso que la experiencia de la Comisión fue rica y valiosa. A todos sus miembros les permitió una aproximación más global e integral del problema lo que, probablemente, ha contribuido a la discusión y análisis de diferentes proyectos de ley. Quedaron en evidencia, sin embargo, las limitaciones institucionales del Parlamento para abordar un problema nacional de esta envergadura, con asesores y apoyo logístico adecuados.
Ahora tenemos escasos minutos para dar una opinión sobre un problema tan vasto y complejo. Nuestra bancada comparte plenamente las conclusiones que ha presentado el colega don Andrés Palma, con quien, además, elaboramos un documento más global sobre política social, que también debe formar parte de los anexos acordados por la Comisión, razón por la cual no voy a reiterar los argumentos ahí presentados.
En primer lugar, quiero referirme al desafío de la pobreza. Asumir este problema implica reconocer la realidad de que gran parte de los chilenos viven y mueren en condiciones inhumanas; soporta un alto riesgo desde el punto de vista de su salud; sufre las secuelas materiales y psicológicas de la falta de oportunidades de trabajo digno, y enfrenta múltiples formas de degradación social y de pérdida de identidad.
La sociedad chilena, en su conjunto, ve limitada sus posibilidades de proyectarse hacia el futuro por la falta de desarrollo del capital humano de todos los sectores; pero, sobre todo, Chile enfrenta un grave problema humano y ético. Más allá de las cifras, la desesperanza invade a cientos de miles de chilenos que viven esta situación, que es del país entero. No es una realidad marginal. Marca al conjunto de la sociedad chilena por su envergadura e implicancias.
El número de personas en situación de pobreza, como ya se ha dicho, ha sido objeto de amplio debate. Las estimaciones van desde un 12 por ciento de la población, de acuerdo con antecedentes basados especialmente en aspectos habitacionales y de equipamiento del hogar, hasta cerca de un 45 por ciento de los chilenos, considerados los ingresos familiares y la canasta básica.
Es efectivo, y valoramos el hecho, que durante la dictadura algunos indicadores mostraron logros en los programas dirigidos a la extrema pobreza. Sin embargo, resultaría equivocado y adormecedor de las conciencias caer en un vano optimismo desprovisto de contenido real.
El país ha acumulado una gran deuda social, si se considera que con el régimen autoritario aumentó de manera significativa la proporción de chilenos cuyo ingreso familiar es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Ello se debió principalmente a la caída de los empleos e ingresos de los más pobres.
Al mismo tiempo, se redujo el gasto público en sectores claves, como la atención primaria de salud, educación, vivienda y nutrición.
El Gobierno democrático heredó más de cinco millones de chilenos que viven en condiciones de pobreza y un gran déficit de capacidad de los aparatos públicos. En estos meses, ha hecho un gran esfuerzo; ha reorientado las prioridades y obtenido logros. Pero no podemos sacar cuentas alegres.
En Chile hay profundas desigualdades sociales. Los problemas siguen siendo muy agudos y falta mucho por avanzar. Enfrentamos el desafío ético, cultural y político de poner en el centro de los esfuerzos, de la imaginación, de la recreatividad, de la solidaridad la manera de resolver este problema nacional prioritario.
En segundo lugar, quiero referirme al enfoque para enfrentar el problema. Los factores que influyen en la superación de la pobreza, en la equidad y en la integración social son de distinto carácter.
Por un lado, podemos ubicar la forma en que opera el sistema económico; es decir, el nivel y composición del empleo y la remuneración, el perfil redistributivo, la forma de crecimiento, el grado de integración social generado; y, por otro, las acciones que se realizan posteriormente para corregir las consecuencias de la forma en que funciona la economía. En concreto, nos referimos al gasto social.
La opción neoliberal ha tendido a privilegiar las correcciones posteriores, enfatizando el funcionamiento indiscriminado del mercado. Supone que libre mercado maximiza el crecimiento y que lo más eficiente es asegurar el proceso para luego ayudar a los que quedaron "debajo de la mesa", a través de subsidios u otras formas.
La perspectiva socialista es distinta. Nos preocupa el crecimiento y las políticas sociales; pero tendemos a centrar nuestra preocupación en hacer que el sistema mismo genere resultados más equitativos, buscando un balance entre el capital y el trabajo.
El principal instrumento que se usa para corregir las consecuencias de la dinámica del mercado es el gasto social. Es muy importante el monto de recursos que se destine a este concepto: el monto absoluto y relativo; relativo, por ejemplo, en relación con el gasto militar, que hoy todos entendemos que no guarda relación con la mínima lógica de lo que representa el gasto social.
Pero no es sólo el problema del monto; además de él, interesa precisar cómo se financia el gasto social, de dónde surgen los recursos, cómo se orientan, en qué se gastan, quiénes son los beneficiarios de ellos y cómo se desarrollan los programas. La estructura del financiamiento del gasto social debiera ser progresiva y recibir una mayor contribución de parte de quienes más tienen.
Las reformas tributarias impulsadas por el régimen militar hicieron a la estructura impositiva más regresiva; el IVA creó un peso creciente en el financiamiento fiscal. Los cambios introducidos en la reforma tributaria del año pasado representaron un avance, pero hay que tener claro que son impuestos transitorios, por lo que en 1993 volveremos a una situación parecida a la de 1989.
Es indispensable hacer una reforma tributaria más consistente y permanente, preservando los incentivos necesarios para la dinamización de la actividad económica.
Las prioridades en la orientación del gasto han cambiado bajo el actual Gobierno. Más que asistencialismo, se trata de invertir en la gente; en las áreas de salud, educación y vivienda. Con todo esto, se busca un enfoque integral. El criterio de focalización de los beneficiarios ha sido un avance indiscutible.
La visión asistencialista del gasto social debe ser superada por un enfoque realmente participativo y descentralizador. La vida ha demostrado las capacidades y potencialidades de los sectores más pobres. Se requieren programas que consideren su compromiso y participación.
Participar implica reconocer la capacidad de demanda ante la política social, que es legítima; reconocer espacios para proponer decisiones, y que los afectados participen en la gestión, ejecución y evaluación del resultado.
Esperamos que la democratización, de los municipios y la reforma regional abran nuevas posibilidades y desafíos.
Como dije, la pobreza no es sólo un problema de gasto social y de políticas sociales. La operación de la economía es el factor decisivo; en primer lugar, el funcionamiento macroeconómico de corto plazo.
Al respecto, los socialistas hemos dado importancia a la mantención de los equilibrios macroeconómicos, como uno de los criterios rectores del manejo de la política económica. Esto no es por desviación tecnocrática o para buscar legitimidad ante la opinión empresarial. Tras esta opción, existe la convicción fundada de que las fluctuaciones acentuadas de la actividad económica afectan, principalmente, a los sectores más desposeídos. Son ellos los que ven más afectados sus niveles de vida en las fases descendentes del ciclo y los que más tardan en beneficiarse con la recuperación.
Durante la dictadura, en el contexto de debilidad de las organizaciones de trabajadores y de represión de la actividad política, el sello de los ajustes estuvo dado por el permanente recurso a la contención salarial y al recorte de los gastos sociales. La experiencia del ajuste llevado a cabo durante el primer año del Gobierno de la Concertación, mostró que es posible lograr la estabilización en un contexto de elevación de salarios reales, con un aumento del gasto social.
Más allá del manejo macroeconómico de corto plazo, está claro que el determinante esencial del grado de equidad que genera la economía es dado por el ritmo y la modalidad de crecimiento. El proceso de crecimiento de los años de dictadura se caracterizó por lo concentrador y excluyente. Es indispensable seguir introduciendo modificaciones al modelo de desarrollo, para lograr efectivamente crecimiento con equidad.
Hoy se adoptan decisiones de inversión que están moldeando nuestro futuro de crecimiento y de empleo. ¿Cuántos empleos se están generando? ¿Con qué productividad y remuneraciones? ¿Cómo se distribuyen especialmente entre las regiones? Ello parece ser el problema clave de nuestra economía. No es sólo el nivel de la inversión, que es alto, sino la orientación de la inversión. Hay una alta concentración de inversión en algunos rubros, particularmente exportadores, asociados a recursos naturales con un bajo componente de empleo. La minería y la industria forestal son y tienden a seguir siendo los sectores líderes en inversión. Estos elevan el producto y la productividad media, pero tienen bajos encadenamientos productivos, lo que profundiza la heterogeneidad de la economía y genera muy poco empleo estable.
Sin perjuicio del rol privilegiado del mercado, en la definición de la asignación de los recursos, parece claro que, en el plano de la inversión, el Estado debe asumir una intervención más activa para lograr una mayor difusión del proceso de inversión y modernización productiva.
El Estado, junto con políticas generales de promoción, podría introducir criterios más audaces en el otorgamiento de sus incentivos, favoreciendo actividades o empresas que generan mayor beneficio social relacionados con empleo, con hábitat urbano, con medio ambiente, o, en general, con unidades económicas o proyectos que contribuyan más a la equidad; y velar también por el cumplimiento de normas socialmente definidas, de respeto al medio ambiente y al trabajo, en otras actividades que no generen beneficios sociales más allá de los habituales de toda empresa. Estos incentivos y controles deben ser de naturaleza tal que no generen ineficiencias ni dependencias.
Para terminar, señor Presidente, quiero dejar en claro que hay muchas iniciativas del gobierno anterior que valoramos y que es preciso recoger y perfeccionar: la Vocalización, la ficha CAS, la encuesta CASEN, etc. Sin embargo, globalmente, la acción del Gobierno anterior provocó grandes desigualdades y dejó una herencia de millones de pobres. Además insisto, deterioró el sector público social de manera impresionante.
Las actitudes populistas que a veces manifiestan algunos personeros de la Oposición, no tienen fundamento ni credibilidad social, pero hacen daño a la modernización y a la democracia.
Superar este problema nacional de la pobreza como decíamos tiene relación con el gasto social y las políticas sociales; con las políticas macroeconómicas de corto plazo; con las opciones de crecimiento y desarrollo; pero, antes que nada, implica asumirlo como una tarea nacional que va más allá de un gobierno o de una determinada mayoría en el país. Es una tarea de todos los chilenos.
El Parlamento tiene la gran responsabilidad de crear las bases para superar el problema, y, particularmente, en generar los consensos y compromisos necesarios.
He dicho.
Aplausos.
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