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- rdf:value = " El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Hay un acuerdo general -que se adoptó hace poco rato- para votar a las 13 horas.
Se han inscrito diez personas y quedan sesenta minutos para la votación en general. Si hubiera buena disposición, les ruego a los señores Diputados que circunscriban a aproximadamente seis minutos sus intervenciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Akin Soto.
El señor SOTO.-
Señor Presidente, distinguidos colegas, quiero agradecer a la testera que haya advertido mi deseo de participar en el debate y me haya concedido el uso de la palabra.
La información que nos ha entregado el Diputado Melero, Presidente de las Comisiones Unidas, ha sido muy rica, muy pormenorizada, y nos evita tener que tratar materias de carácter técnico que son de muy difícil comprensión y muy complejas.
Aun cuando no es un tema en discusión, no puedo dejar de referirme a la legítima postura adoptada por el Diputado señor Schaulsohn, quien, con ocasión del análisis del proyecto original modificatorio, impidió que el representante del Ejecutivo contara en esa oportunidad con la cooperación de un grupo de sus asesores. La legítima postura del Diputado Schaulsohn impide que esta Cámara, como Corporación, mantenga consecuencia ante la opinión pública, y lo lamento.
La ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura -cuyo texto fue promulgado por el gobierno anterior como un mal regalo de Navidad, ya que su publicación se hizo el 23 de diciembre de 1989- encontró, a esas alturas, un singular e inédito consenso que permitió el unánime rechazo de sus preceptos, no sólo de los agentes productivos involucrados en el área, sino también de todos los partidos políticos. Fueron innumerables las comunidades pesqueras, los pueblos y las ciudades que se movilizaron para expresar su rechazo a dicha ley, sobre todo aquellas en que la actividad pesquera tiene fuerte gravitación económica. Los distintos sectores organizados, asociaciones de industriales, sindicatos, pescadores artesanales, etcétera, hicieron lo propio. Así se fue construyendo un entendimiento que, finalmente, permitió, previo envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley con esa finalidad, que los partidos políticos con representación parlamentaria acordaran prorrogar su entrada en vigencia por 180 días.
Posteriormente, y en cumplimiento del compromiso contraído, el Ejecutivo hizo llegar un proyecto modificatorio de la ley N° 18.892, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, tanto en Comisiones como en la Sala, tras un responsable y concienzudo trabajo legislativo.
Sin embargo, por problemas de tiempo, fue menester otorgarle al Senado un nuevo plazo y se procedió a una segunda prórroga.
Una tercera prórroga se originó por reparos de forma y de fondo del Tribunal Constitucional, a raíz de un requerimiento presentado por 15 Honorables Senadores. Dicho Tribunal lo acogió y declaró la inconstitucionalidad de forma de algunos artículos, por no haberse dejado constancia de los quorum exigidos en la Constitución, lo que motivó la declaración de nulidad de tales preceptos.
Como el grupo de Honorables Senadores requirentes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional mantuviera las objeciones de fondo en tomo al proyecto modificatorio de la ley que nos ocupa, el Gobierno intentó la búsqueda de un entendimiento, logrado el 16 de enero del año en curso, con la suscripción de un acuerdo político marco, del que fueron signatorios Senadores y Diputados de todas las bancadas, lo que le dio cobertura consensual a un proyecto complementario de modificaciones a la ley N° 18.892, en discusión en esta Sala.
En tal circunstancia, fue necesario una cuarta prórroga, porque el tiempo, al margen de nuestra voluntad legislativa, inexorablemente copaba la tercera prórroga concedida.
Difícilmente la historia legislativa de nuestro país podrá recoger un proceso más lleno de escollos y de dificultades que las sufridas por la Ley General de Pesca y Acuicultura. Sólo para ajustar el factor tiempo, se ha requerido de la promulgación de cuatro leyes de prórroga de su entrada en vigencia, cuales son las N°s. 18.977, 18.999, 19.009 y 19.043. Esta última otorga un plazo hasta el 30 de junio próximo.
Señor Presidente, así como están las cosas, no debiera extrañamos que fuera necesario aprobar una nueva quinta prórroga para contar, alguna vez con un cuerpo legal que norme tan importante actividad económica.
Hay quienes pensamos que esta ley es de una gran complejidad técnica, lo que, en alguna medida, ha hecho dificultoso el trabajo realizado en el Parlamento. También es posible argüir que los encontrados y a veces antagónicos intereses de los sectores involucrados en la actividad, han intentado presionar, afortunadamente sin éxito, a través de los medios de comunicación o en las audiencias concedidas por las Comisiones Unidas que estudiaron los proyectos modificatorios. Estos intentos infructuosos de presión sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a veces se han manifestado oblicuamente y, en otros casos, frontalmente, como ha sucedido con algunas empresas que han expresado, impúdica y públicamente, sus aprontes de impetrar, desde el Poder Judicial, fallos que las hagan acreedoras de suculentas indemnizaciones en caso de ponerse en vigencia la ley en cuestión con las modificaciones complementarias que hoy debemos aprobar.
Podría expresar muchas discrepancias con el proyecto complementario enviado por el Ejecutivo, pero cualquier crítica a este proyecto tendría que hacerla partiendo por reconocer que ellas se originan en las limitaciones que el Ejecutivo tuvo para elaborarlo, ciñéndose lealmente al acuerdo político marco suscrito el 16 de enero.
De lo anterior, se podría deducir entonces que las críticas y discrepancias que pudiera señalar estarían dirigidas, más bien, contra el acuerdo político marco que es el que acota el proyecto complementario preparado por el Gobierno. Pero, Honorables colegas, nuestras críticas y discrepancias fueron volcadas en la discusión habida en las Comisiones Unidas. Ahí nuevamente los Diputados de las distintas bancadas fuimos capaces de ponernos de acuerdo, como lo hicimos también responsablemente respecto del proyecto original del Ejecutivo.
En el acuerdo político marco, siendo el centro de nuestro entendimiento en las Comisiones Unidas, había dos importantes aspectos contemplados, en nuestra opinión, insatisfactoriamente. Estos estaban relacionados con el porcentaje a licitar de las cuotas globales y el cambio de los quorum, tanto para el cierre de las pesquerías en plena explotación como para acordar el llamado a licitación. Desgraciadamente, al trasladar el juicio unánime de las Comisiones Unidas a los signatarios del acuerdo marco, no nos fue posible lograr su modificación, ya que dos Honorables Senadores, los señores Sergio Diez y Sebastián Piñera, se opusieron a las modificaciones propuestas por los Diputados, legítima oposición puesta en nuestro conocimiento a través del Honorable colega Federico Ringeling, quien nos dio respetables, aunque no compartidos argumentos, que señalaban que a juicio de los Senadores mencionados, avalados por el Partido Renovación Nacional, nuestras propuestas modificatorias del acuerdo marco, atentaban contra su esencia y espíritu.
Dadas así las cosas, a los integrantes de las Comisiones Unidas no nos quedó otra alternativa, al igual que al Gobierno, que ceñimos al acuerdo marco del 16 de enero, independientemente de que no todos compartíamos las disposiciones y limitaciones a que nos reducían el trabajo legislativo.
Por encima de nuestra voluntad creadora en la formación de la ley, se impuso entonces una visión pragmática, que nos indicaba que lo más importante era que hubiera ley, y esto sólo se lograba aceptando las reglas del juego señaladas en el acuerdo político marco.
No corresponde, entonces, ni es nuestro interés, desconocer u oponemos a dicho acuerdo. Nuestra bancada no quiere retardar más la puesta en vigencia de una ley que tiene paralizadas inversiones y que angustia a los casi 100 mil trabajadores del sector por falta de claras reglas que orienten la actividad.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo correspondiente a su primer turno. Puede continuar en el tiempo del segundo.
El señor SOTO.-
Honorable Cámara, estamos por la más pronta promulgación de una ley de pesca que el país necesita con urgencia.
Por lo anteriormente señalado, la bancada del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Humanista dará su aprobación al proyecto complementario modificatorio de la ley N° 18.892.
He dicho.
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