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- rdf:value = " El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Jeame Barrueto.
El señor JEAME BARRUETO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, el desarrollo marítimo del país es uno de los grandes desafíos para el desarrollo económico y social de Chile.
Nuestro país no es esa larga y angosta faja de tierra, como se ha dicho siempre, ya que nuestras dimensiones son mucho mayores si consideramos nuestro mar. El patrimonio marítimo de nuestro país es inmenso y, por eso, debemos ocupar plenamente nuestro territorio marítimo; desde ya, los pescadores artesanales deben ocupar las cinco millas exclusivas que esta ley les dejará; debemos ocupar nuestro mar territorial y la zona económica exclusiva. Pero no sólo eso. Debemos proyectamos en la idea del mar presencial, concepto propuesto por el Comandante en Jefe de la Armada, y que la Comisión y nuestra Cámara han incorporado en el actual proyecto. Es un tremendo desafío, del cual esta ley de pesca es parte, que como todos sabemos, busca ser una experiencia avanzada en nuestro país, para concretar la idea de un desarrollo sustentable, es decir, la idea de combinar economía con ecología y buscar una explotación racional de nuestros recursos, que permita su conservación en el tiempo.
Esta ley, que significa un cambio radical de espíritu en los empresarios pesqueros, en los industriales y en los pescadores, en el sentido de que dejarán de ser una especie de recolectores o cazadores, como lo han sido hasta hoy, para convertirse en ganaderos o granjeros, es decir, en personas que tienen que preocuparse no sólo de explotar un recurso, sino también de cuidarlo y cultivarlo. Es el cambio de mentalidad más radical que plantea la actual ley de pesca.
Para eso, necesitamos regular la explotación de este sector. En esto hemos tenido dificultades, porque, en la larga elaboración de este proyecto de ley de pesca, que busca regular de la mejor manera este sector, ha habido agentes de esta actividad que, creyendo en la necesidad de una ley de pesca, han hecho distintas propuestas. Pero debemos ser francos también: hay agentes del sector que no quieren ninguna ley de pesca; que pretenden que ese sector se siga manejando como lo ha hecho en los últimos veinte o treinta años, porque, al parecer de ellos, eso sería lo más conveniente, no sé si sólo para ellos o para el conjunto del país.
En cambio, los Diputados, en particular, y en parte importante los Senadores, hemos logrado acuerdos significativos respecto de los objetivos que deseamos conseguir.
Sin embargo, las objeciones han sido múltiples. Se dijo que el proyecto era inconstitucional. Luego, se ha manifestado que no existe la información pesquera suficiente para tomar las decisiones que deseamos adoptar. También se ha expresado que vamos a regalar pescado al Perú, porque, al restringir las capturas en el norte, dejaremos esos peces a nuestro vecino. Hace poco se afirmó que hay que tomar en cuenta -y lamentablemente se han formulado amenazas al respecto- las consecuencias que puede tener este proyecto de ley de pesca en la reducción de la actividad pesquera y, por lo tanto, en el aumento de la cesantía de los trabajadores de este sector. Se ha terminado por decir cosas que ya son irracionales, las que hemos visto por la prensa, como culpar a este proyecto de ley de pesca, que sólo está en discusión, de ser la causa de que los peces hayan disminuido en el norte del país. Este último argumento es risible, pero se ha dado.
La verdad es todo lo contrario. La situación del norte, que es muy grave, en que ha habido una disminución inmensa de las dos principales especies pelágicas, se debe más bien -y es una razón más para apuramos y preocupamos de este proyecto de ley de pesca- a algo que había sido anunciado por muchos expertos y por muchos años y que no había sido considerado serio: el nivel de sobreexplotación de estas especies y las posibilidades ciertas de un colapso de ellas. Si el colapso viene, indudablemente la industria terminará y los trabajadores quedarán cesantes. Esto es justamente lo que buscamos impedir con este proyecto de ley de pesca.
Incluso, yo diría que aquí los argumentos han sido irracionales en cuanto a que esto los va a afectar gravemente, cuando la verdad es que el proyecto que estamos aprobando dejará la situación del norte del país prácticamente tal cual, durante, por lo menos, tres años más.
Sin embargo, todos estos argumentos algunos con más fundamentos que otros han tenido efecto, y, especialmente, el argumento constitucional ha sido un motivo para que se paralice la tramitación de este proyecto.
Producto de eso, surgió un acuerdo político en enero, el cual -quiero decirlo con toda claridad- es un intento de hacer posible la aprobación de una ley de pesca. De lo contrario, se corría el riesgo de que pasáramos cuatro años discutiéndola sin aprobar nada.
Como todo acuerdo, éste supone concesiones que, en mi opinión, dan como resultado la posibilidad de una ley de pesca que es mejor que la situación con que se ha manejado el sector en los últimos años, pero que claramente es peor que la que aprobamos inicialmente en la Cámara, desde el punto de vista de la conservación de los recursos. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Lo que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados, con los mecanismos de acceso en tomo a cuotas de esfuerzo y cuotas individuales, es más eficiente y mejor para la conservación del recurso.
Lo que se ha aprobado ahora, que es básicamente la posibilidad de cerrar el sector y las cuotas globales, es más ineficiente para proteger el recurso. Eso es así. Sin embargo, lo aprobamos, porque permite tener una ley de pesca que, en todo caso, es mejor que la situación con que se maneja hoy día el sector.
Este acuerdo buscó resolver fundamentalmente el problema constitucional. Es decir, la acusación de que este proyecto de ley limitaba la libertad de iniciar y emprender negocios a cualquiera en ese sector.
Por ello, se adoptaron dos medidas: una, que no se cierra ningún sector. No es posible terminar con el libre acceso, aunque la pesquería esté sobreexplotada. Su cierre es sólo una decisión administrativa de los consejos de pesca, junto con la Subsecretaría, año a año. Y dos, se establecen las licitaciones de cuotas de captura. Es decir, se deja abierta la posibilidad de que, año a año, se licite un 5 por ciento de la cuota, vía por la cual podrían acceder nuevos sectores que no tienen historia en esta actividad industrial.
De esta manera, se buscó resolver el problema constitucional, que, sin duda, se resuelve en parte.
La posibilidad de licitación de cuotas me parece un camino muy importante, no sólo por la equidad que significa pagar un derecho por capturar estos peces que pertenecen a todos los chilenos, sino porque, a lo largo de diez años, podría suceder que por lo menos un 50 por ciento de las cuotas de captura globales estuvieran manejadas bajo la fórmula de asignaciones de cuotas individuales, que puede ser una manera de manejo mucho más racional y conservacionista del recurso.
El segundo aspecto del acuerdo se refiere a los consejos de pesca. Respecto a esto, me parece muy importante, porque se establece la participación de los agentes en el manejo económico de un sector. Esta es una experiencia pionera en la economía nacional, que es importante, porque da peso a las posibilidades de decisión en cada región, al desarrollo regional, que sin duda nos planteará grandes desafíos.
Algunos han dicho que entregar a los consejos de pesca, con una presencia importante de empresarios y trabajadores, las decisiones más importantes para la regulación del sector, es como dejar al gato cuidando la carnicería. Y este es un riesgo, cierto, porque a empresarios y a trabajadores siempre les interesa capturar lo más posible, pues sus ingresos dependen de eso.
En este aspecto, estamos frente a la necesidad de cambiar la mentalidad de los empresarios; pero, para evitar ese peligro, se ha asegurado un equilibrio en los consejos de pesca con los representantes de los poderes públicos, de los servicios públicos, de los universitarios y de quienes van a tener la preocupación principal de defender el interés común al respecto.
Para terminar, me voy a referir al problema de las patentes de pesca, cuya existencia ha sido bastante criticada. Antes se discutió en orden a aumentarlas o a bajarlas; ahora se ha presentado indicación para disminuirlas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar en el del segundo.
El señor JEAME BARRUETO.-
Termino, señor Presidente.
Quiero destacar la legitimidad que tiene el cobro de una patente. En este caso, cuando se cierre, año a año, la pesquería, porque está sobreexplotada y es necesario, se trata de un derecho exclusivo de pesca a algunos y no a otros, sobre un recurso que da rentas económicas importantísimas y que pertenece a todos los chilenos.
La legitimidad fundamental está en los agentes que tienen el privilegio de acceder a este recurso, que compensan a la sociedad en un mínimo, en un mínimo que muchas veces raya en lo simbólico, en la medida en que las patentes disminuyan, más aún cuando existe el compromiso de reinvertirlas en el mismo sector, en el fondo de investigación pesquera y en el fondo de fomento de la pesca artesanal.
Desde este punto de vista, significa un costo menor, que vuelve a ser reinvertido, como compromiso asumido por todos, en el mismo sector económico. Tiene una alta legitimidad.
Yo, que he planteado en otro momento la necesidad de subir las patentes, hoy considero que es justo disminuirlas, toda vez que compensan, posiblemente con creces, por la vía de la licitación porcentual, año a año, de cuotas de captura individual.
Por estas razones, nuestra bancada aprueba el proyecto.
He dicho.
"
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