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El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Esta sesión fue convocada para debatir el tema de los deudores hipotecarios.
Se encuentra presente el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Alberto Etchegaray.
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don José Florencio Guzmán.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor ROJO.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
¿Desea referirse a un problema reglamentario?
El señor ROJO.-
Sí, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROJO.-
Por su intermedio, solicito autorización a la Sala para que se inserte en la versión el texto de mi intervención sobre esta materia, en atención a que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la que soy miembro, debe celebrar sesión en este momento para tratar proyectos con urgencia.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado.
Acordado.
Hago presente que las Comisiones pueden funcionar simultáneamente con la Sala, sin necesidad de autorización previa, ya que ésta es una sesión especial.
Tiene la palabra el señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, el 24 de enero de 1990, los Diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente solicitamos una sesión especial de esta Cámara, con el objeto de "analizar la situación de los deudores habitacionales, precisar el origen de los problemas que los aquejan e intercambiar ideas sobre eventuales soluciones permanentes."
Todos sabemos que en la compraventa de una vivienda por intermedio del sistema financiero, se celebran habitualmente dos contratos: uno, de compraventa, mediante el cual la propiedad se adquiere por un precio, que se paga parte de contado y parte, generalmente un porcentaje importante, con un préstamo, y, otro, de mutuo hipotecario, por el cual el nuevo propietario asume la obligación de pagar el crédito que le otorga el banco comercial.
El primer contrato no merece mayor atención, pues suele encontrarse ajustado a derecho.
El segundo debe preocupamos, pues es la fuente de origen de los problemas que se debatirán en esta sesión especial.
Es de público conocimiento el enorme abismo que se produce entre el precio de la vivienda adquirida y el valor del crédito otorgado para comprarla, dado que inicialmente éste es igual o inferior al del inmueble; pero, con el tiempo, llega a representar varias veces su valor.
Esta situación, que a todos preocupa, pero que nadie soluciona definitivamente, es producto, entre otros factores, del plazo de amortización de la deuda, que se fija entre cinco y veinte años; del pago de intereses sobre intereses; del cobro de altísimas comisiones; del sistema de letras hipotecarias y de la inflexibilidad del sistema de financiamiento, puesto que no se admite uno diferente: o se toma o se deja; no hay otra alternativa.
Todo esto hace que el dividendo sea mayor cada mes.
Si a esas circunstancias se une el hecho de que las remuneraciones del deudor se incrementan generalmente una vez al año y, a veces, en porcentajes inferiores a la variación del índice de precios al consumidor que es el único factor que se considera para el cálculo de la deuda y de sus dividendos, inexorablemente, se obliga a los deudores hipotecarios a destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al servicio de su deuda, sacrificando, muchas veces, la satisfacción de otras necesidades tan esenciales como la de la vivienda propia.
El drama de los deudores habitacionales y de tantos otros, se vive día a día, razón por la cual se están violando sus derechos humanos cotidianamente.
A través del tiempo, muchos deudores hipotecarios dejan de pagar la deuda, sea porque pierden su fuente de trabajo, sea porque se ven imposibilitados de seguir pagando dividendos cada vez más altos, desproporcionados en relación con el nivel de sus ingresos. Estas contingencias no son cubiertas por seguro alguno.
Se inicia esta tragedia con los primeros atrasos; luego se agrava con las demandas judiciales; viene el remate de la propiedad, y termina con la pérdida de la vivienda. Pero eso no es todo: el deudor queda con una deuda pendiente en el banco, deuda que le impide acceder en el futuro a un nuevo crédito hipotecario, por la sencilla razón de que su propiedad ha sido rematada o se la ha adjudicado el banco en su valor comercial o en uno inferior, en circunstancias de que el crédito vencido ha llegado a representar varias veces dicho valor.
Los que han vivido y viven este drama, manifiestan su dolor, achacando la causa del problema a la unidad de fomento, que pareciera ser el agente transmisor de una verdadera epidemia nacional, que es la de los deudores sin destino y sin solución. Resulta doloroso decir que, en la actualidad, sólo la muerte del deudor representa la solución definitiva del problema, ya que, una vez que opera el seguro de desgravamen, se extingue la deuda. Pero esa no puede ser la solución deseada, ni es la que aceptamos.
Hasta la fecha, sólo se han dado soluciones transitorias, que constituyen meros paliativos, como es el de las periódicas repactaciones de deudas. Esas medidas sofocan las manifestaciones de una crisis, que luego volverá a rebrotar, no una, sino que varias veces. No eliminan las pausas que generan el problema; la atenúan o la difieren en el tiempo. Muchas de ellas sólo han incrementado el valor total de la deuda.
Este es un conflicto que afecta a muchas personas, a muchas familias; pero, en el fondo, es un problema de la sociedad chilena, por lo que es necesario que todos asumamos esta realidad y aunemos nuestros esfuerzos en la búsqueda de las soluciones más idóneas y factibles, las que, ojalá, sean lo más generales, para resolver otros casos tan dramáticos, como el de los agricultores, el de los industriales, el de los comerciantes, etcétera.
Es hora de que el Estado asuma, con el apoyo de todos, su deber de dar protección a la familia, de propender a su fortalecimiento, de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegure el derecho de todas las personas a participar en la vida nacional con igualdad de oportunidades.
Señor Presidente, antes de referirme a alguna de estas soluciones, creo indispensable hacer ciertas reflexiones que permitan cuantificar el problema de los deudores habitacionales, materia que también abordé durante el debate del proyecto que dio origen a la ley N° 19.003, del 31 de octubre de 1990, que estableció normas sobre deudas habitacionales.
Como sabemos, los deudores hipotecarios incluyendo los del sistema bancario, de la ex Caja de Ahorro y Préstamos y de las ex cajas de previsión son aproximadamente 228 mil, de los cuales el 65,3 por ciento se encuentra al día y el 34,7 por ciento está moroso. A ellos, debemos sumar los deudores del Serviu, que son alrededor de 324 mil, con una morosidad que alcanza al 72,3 por ciento.
A estos últimos, se les ha dado una solución definitiva, de lo que me alegro; pero debo hacer notar que ningún gobierno ejecutó o desalojó, en forma judicial, a ninguno de estos deudores morosos.
En cambio, es diferente la situación de los demás deudores habitacionales, quienes, la mayoría de las veces, han quedado en la indefensión, a merced de sus acreedores.
La ley N° 19.003 sólo ha beneficiado 23 mil deudores morosos que, como dije, durante su discusión en el Congreso, tuvieron el triste privilegio de ser demandados antes del 30 de junio de 1990 y cumplen con las exigencias que esa ley establece: haber adquirido una casa por un valor no superior a 2 mil unidades de fomento, con un crédito no superior a 1.200 unidades de fomento; haber sufrido una situación de deterioro o de pérdida de sus ingresos que les haya impedido pagar, con el 25 por ciento de ellos, el dividendo, o que la propiedad haya disminuido su valor a menos del saldo de la deuda. En cambio, los que han ido pagando sus deudas con inmenso sacrificio deben resignarse a seguir sufriendo.
Destaqué, asimismo, que la mayor parte de estos deudores beneficiados, alrededor de 15 mil, tenían compromisos con el Banco del Estado de Chile, lo que me hace suponer que la banca privada no está participando como debiera en la solución de este problema.
Señalé, por último, la escandalosa situación de los deudores de la ex ANAP, que afecta a 60 mil personas, cuyos créditos fueron traspasados en favorables condiciones a terceros, con porcentajes de hasta un 75 por ciento de bonificación por la compra de la deuda.
En lo que se refiere a las soluciones, he escuchado con gran beneplácito las intervenciones públicas de algunos colegas que también están preocupados de los deudores habitacionales. Me alegro por ello y espero que se convierta en una actitud generalizada en esta Cámara y también en el Senado.
Se han sugerido soluciones. Por ejemplo, la implantación de un seguro de desempleo, similar al de desgravamen, para cubrir los dividendos durante la cesantía del deudor; la creación de un fondo especial de amortización, que actúe como "colchón" entre el precio real de la vivienda y el costo del dinero pagado en su adquisición; la eliminación del anatocismo, esto es, el cobro de intereses sobre intereses; la sustitución de la unidad de fomento o el establecimiento de un mecanismo de actualización de su valor no diario, sino trimestral, semestral o, tal vez, anual, e, incluso, coincidente con el reajuste de las remuneraciones; la sustitución del sistema de financiamiento de los créditos mediante las letras hipotecarias, que se transan a valores inferiores a su valor nominal, diferencia que se compensa al deudor mediante préstamos adicionales; el "leasing" para la vivienda, etcétera.
Existe, por otra parte, claro, consenso sobre la insuficiencia de nuestra legislación para abordar estos problemas y sobre la conveniencia de actualizar nuestro Derecho positivo. Así, por ejemplo, algunos colegas, sobre la base de la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad, están propiciando la revisión judicial de los contratos, cuando la prestación adeudada se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa en su cumplimiento, a fin de que el tribunal modifique las cláusulas respectivas y proceda a restablecer la equivalencia de las prestaciones existentes al momento de contratar.
Sin descartar de manera alguna esa proposición, no puede desconocerse que ella lleva a soluciones individuales, la del litigante ganancioso, que es un remedio a problemas ya producidos, por la vía jurisdiccional, pero que no evita su repetición.
Por ello, es conveniente buscar fórmulas globales, que ataquen de raíz el problema.
Algunos tratadistas, siendo partidarios de la indexación o reajustabilidad de las deudas con pago diferido, reconocen que en el largo plazo se producen distorsiones y efectos desequilibrantes en la obligación actualizada. Se produce, en opinión de ellos, una inconexión o divorcio entre esa obligación actualizada y el índice de ingresos reales del deudor que se obligó a pagar con reajuste.
Sobre el particular, el profesor Fueyo plantea la posibilidad de desindexar, esto es, revisar la entidad de la relación de obligación de dinero que, por efecto de una corrección monetaria, se ha tomado excesiva, desorbitada, de imposible cumplimiento total o parcial e injusta, y que por concurrencia masiva del fenómeno, al afectar a un número considerable de personas, daña, en medida incalculable, el orden público económico, mediante repercusiones en cadena y efectos multiplicativos.
Los métodos que propone al efecto son variado» y tienden a lograr un pago efectivo, que entre otras exigencias debe satisfacer el requisito del cumplimiento o ejecución de buena fe, que sugiere incorporar a nuestra legislación como un principio de aplicación amplia, para toda obligación y no sólo para los contratos de mutuo hipotecario. Clarifica su pensamiento, señalando que, si se demanda por una cantidad de dinero, previo reajuste y a consecuencia de éste el pago que se exige resulte excesivo, puede alegarse la excepción de ilegalidad del pago, que se funda en los artículos 1545, 1546 y 1568, del Código Civil.
Todo lo expresado nos lleva a la conclusión de que existen soluciones múltiples, no necesariamente excluyentes, pero que requieren de un tiempo para su implementación.
En el intertanto y al margen de ellas, considerando que debe solucionarse ahora el problema de los actuales deudores habitacionales, pido que se oficie al Ejecutivo solicitándole que presente un proyecto de ley que permita una efectiva repactación de deudas para todos ellos.
Ese proyecto debe consultar una efectiva reducción de intereses y comisiones. Y para que ello sea plenamente operante, deberá considerar el recálculo de la deuda en relación con su monto original al tiempo de su contratación y no a la fecha de la ley que la consagre, e imputarse a ella el monto de lo ya pagado.
Esa iniciativa deberá consultar reglas muy claras acerca de la forma en que se llevará a efecto la repactación de las deudas.
Estoy convencido, sin embargo, de que no es posible darse por satisfecho sólo con estos logros. Es necesario legislar sobre los aspectos financieros de la deuda, especialmente sobre la incidencia de los intereses de las comisiones, del plazo y de las tablas de desarrollo en el monto final de las deudas y corregir algunas distorsiones que abultan indebidamente el valor de éstas. Además, es preciso, así como existen normas de defensa al consumidor, que se dicten disposiciones que obliguen a informar al deudor acerca de cuál es, efectivamente, la envergadura del compromiso que asume al pretender adquirir una vivienda.
Habrá que modificar la legislación bancaria y la ley sobre operaciones de créditos de dinero y modernizar nuestro ordenamiento interno para recoger algunas de las ideas que he indicado.
En definitiva, deberá existir una legislación específica e integral para todo el sector vivienda.
Reitero, desde ya, el anhelo de mi partido en la búsqueda de las soluciones más idóneas, pues estamos en presencia de un problema que afecta al país y a cuya solución debemos comprometer nuestros mejores esfuerzos.
Por todo lo expresado, propongo que se otorguen facultades especiales a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para que se aboque al estudio de la situación de los deudores habitacionales, precise el origen de los problemas que los aquejan y señale eventuales soluciones permanentes y transitorias, en un plazo no superior a 90 días.
Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala, en su oportunidad, para que se pronuncie sobre esta última proposición.
Una de las indicaciones que haremos llegar a esta Comisión, entre otras, será proponer que se faculte a los deudores habitacionales' del sistema de Cajas de Previsión y de Ahorro y Préstamos para que liberen sus hipotecas y sus deudas con el pago del valor de la cesión de sus respectivos créditos. Naturalmente, en este pago deben comprenderse las correcciones monetarias y los costos financieros de la colocación, realizadas con este motivo por las instituciones pertinentes.
Se trata de aplicarle a la cesión de las carteras de créditos habitacionales, las normas contenidas en el artículo 1913 del Código Civil, que dice: "El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor."
Los Tribunales de Justicia ya están fallando sobre el particular en este sentido, pero deudores no pueden esperar que se resuelva caso a caso en un juicio particular. Nos corresponde, como legisladores, anticipar soluciones jurídicas justas y adecuadas a un problema social, trascendente, como es el de los deudores habitacionales.
Haremos llegar esta indicación, y algunas otras, a la Comisión de Vivienda que se encargará del estudio de este problema.
He dicho.
Aplausos en tribunas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Hago presente a las personas que están en las tribunas que deben abstenerse de hacer manifestaciones.
El Diputado señor Alessandri ha hecho dos peticiones. Primero, que se oficie al Presidente de la República para que envíe un proyecto con las ideas que él ha expuesto.
Ese oficio se puede mandar en su nombre, en el de Renovación Nacional o en el de la Sala.
En segundo lugar, ha pedido que se den facultades especiales a la Comisión de Vivienda. Esto se podrá ver después.
En consecuencia, se enviará el oficio en nombre del señor Alessandri, y no sé si a nombre de la Sala.
El señor HORVATH.-
En el nombre del Comité Renovación Nacional.
El señor GUZMAN.-
También en nombre de la UDI.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará también en nombre de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI.
A continuación, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, señores Diputados, la situación de los deudores habitacionales es un tema de gran importancia nacional y que la transición democrática deber resolver cabalmente.
Este parlamento tiene la responsabilidad ineludible de buscar soluciones reales y globales.
Los parlamentarios de la bancada del PPD, del Partido Socialista y del Partido Humanista hemos dedicado importantes energías y esfuerzos a buscar soluciones.
Presentamos un proyecto de ley tendiente a corregir a fondo el problema, el cual fue declarado inconstitucional en sus artículos principales.
Hemos sostenido múltiples reuniones de trabajo con las autoridades de Gobierno, anaúzando y proponiendo alternativas.
Hemos mantenido un estrecho y cotidiano contacto con los deudores y con la Fedhach aportando lo que está de nuestra parte para enfrentar este doloroso drama de muchas familias.
Nos alegramos de que las bancadas de la Derecha asuman el problema. Esperamos que estén realmente empeñadas en lograr soluciones serias y que su actitud no sea pura demagogia, porque eso perjudicaría aún más a los deudores. Lamentamos que su preocupación sea tan reciente, porque en los tiempos de Pinochet no los vimos reaccionar, no los vimos junto a los deudores, no los vimos tan apasionados por el problema.
Esta sesión es una buena oportunidad para continuar el debate que esta Honorable Cámara inició a propósito de la ley N° 19.003. Sabemos que la causa última de la situación de los deudores tiene que ver con la dictadura, con la imposibilidad de ventilar públicamente los problemas, con la impotencia para defenderse de la política discriminatoria de ese gobierno o de los abusos de los bancos. Ahora, en democracia, podemos discutir, podemos discrepar, podemos defendernos de todo tipo de arbitrariedades. Esperamos que esta sesión lleve a conclusiones y a proposiciones serias y viables.
El problema
Todos conocemos el problema de los deudores habitacionales pequeños y medianos.
Hoy, alrededor de 240 mil familias están pagando sus casas al sistema financiero, con una deuda cercana a los 1.300 millones de dólares. El 80 por ciento de esos deudores están al día en sus pagos.
¿Cuál es el problema? Radica en que la mayor parte de esas 240 mil familias está pagando por sus casas mucho más de lo que ellas valen. Este y no otro es el problema real, y éste es el problema que debemos solucionar.
La gran mayoría de los deudores está al día en sus obligaciones para lo cual han sacrificado muchas cosas, a pesar de tener clara conciencia de que el sistema es injusto y discriminatorio. Otros están morosos, con toda la inestabilidad e incertidumbre que ello conlleva para la vida familiar. La morosidad, en gran parte de los casos, es la consecuencia de un sistema injusto. La morosidad no es más que la expresión de un problema de fondo.
Varios miles de familias no pudieron pagar. Sus casas fueron rematadas y quedaron en la calle. Cientos de pensionados perdieron los ahorros de toda una vida. Esta es la consecuencia más dramática de todo el problema.
En esta sesión especial debiéramos centrar el debate en buscar soluciones. La génesis de esta herencia ya ha sido ampliamente discutida y existen conclusiones claras en cuanto al origen del problema.
Sabemos que en el régimen anterior hubo una línea global desfavorable a las capas medias. Los trabajadores del Estado, los profesores, los jubilados y muchos otros segmentos de las capas medias sufrieron las consecuencias. Hubo una abierta actitud de desvalorización, de no reconocimiento de su papel de aporte a la sociedad. Fueron perfilados y tratados como sectores innecesarios para la sociedad. Sus remuneraciones cayeron fuertemente. Se implementó una estrategia de focalización que redistribuyó ingresos a costa de las capas medias. Se deterioró la salud pública a la que tenían acceso, y la salud privada no está a su alcance (85 por ciento de chilenos se encuentran afiliados en Fonasa). Se deterioró la educación pública, y la educación particular y la universitaria representan gastos altísimos. En definitiva, el problema de los deudores habitacionales forma parte de una situación global de deterioro de las capas medias.
La manera como se enfrentó la crisis de los años 1982 y 1983 explica una parte significativa del actual problema de los deudores hipotecarios. Entre 1979 y 1981 se estimuló un clima artificial de progreso económico continuo y se incentivó la contratación de deudas. El gobierno de Pinochet se embarcó en una serie de promesas de sustanciales mejoras en el estándar de vida de la población. Inflación o un país desarrollado en el año 2.000 y un millón de automóviles fueron algunas de las profecías.
Los profesionales y ejecutivos medios y altos vivían entonces una etapa marcada por la sensación de una nueva riqueza actual y futura, con altos ingresos y acceso a créditos que les permitieron importar sin restricciones. A los asalariados se les estableció un piso mínimo de reajuste dado por el IPC, lo que creaba un clima de estabilidad en los ingresos reales y de perspectivas de mejoras. En el marco de este espejismo de "boom" económico, las capas medias se embarcaron en la compra de viviendas, con deudas bancarias en unidades de fomento y altas tasas de interés.
La crisis sobrevino porque no se tomó en cuenta la fragilidad de las bases que sustentaban el explosivo comportamiento de la economía. Cuando se desplomó el castillo de naipes que soportaba la situación, el régimen de Pinochet debió ajustar la economía a la dura realidad. El ajuste se produjo por la vía de la reducción de los salarios reales. Estos no crecieron más según la variación del IPC, sino que cayeron. Los dividendos pasaron a representar una proporción cada vez mayor de la remuneración mensual. Muchos deudores quedaron cesantes.
Ahí comenzó el calvario de una parte significativa de las 240 mil familias de deudores hipotecarios. Las medidas de reprogramación y de subsidios que se tomaron posteriormente no lograron compensar la "mochila" que se había acumulado. Hoy se sigue sufriendo las consecuencias de la política de ajuste con que se enfrentó la crisis. La "mochila" de la banca privada, de cerca de 6 mil millones de dólares, fue traspasada a todos los chilenos. La "mochila" de los deudores hipotecarios sigue en sus espaldas.
I.- La acción del Gobierno democrático
El gobierno del Presidente Aylwin se ha propuesto enfrentar la deuda social heredada del régimen anterior. Con relación a los deudores habitacionales, enfrenta dos grandes desafíos. Por un lado, resolver globalmente el problema de arrastre, en el marco de las restricciones económicas y de los múltiples problemas sociales que requieren de una solución; y, por el otro, diseñar y poner en práctica un nuevo sistema que permita a los sectores medios acceder a la vivienda, sin los vicios del sistema heredado.
En el primer año de Gobierno democrático, se opta por partir resolviendo las situaciones más urgentes y críticas, y para ello se ponen en marcha tres medidas.
La primera, llevada a cabo a través del decreto supremo 132, estuvo orientada a sanear las deudas Serviu. Los resultados fueron espectaculares. De los 298.760 deudores Serviu anteriores a 1989, 136.977 cancelaron completamente su deuda y pasan a ser plenamente propietarios de sus viviendas, y 99.102 suscriben convenios que les permiten ponerse al día y disminuir su deuda en condiciones muy favorables.
La segunda medida estuvo orientada a sanear la deuda por casetas sanitarias, contraídas con los municipios. Alrededor de 100 mil deudores están en proceso de repactación, y la mayoría de ellos cancelará completamente sus deudas. Es cierto que ha habido dificultades con los títulos de dominio y con los pensionados, pero está en trámite un decreto complementario que resolverá estas situaciones.
Con estas dos medidas, 400 mil deudores han tenido acceso a una solución efectiva del problema, en sólo un año de gobierno.
La tercera medida se orientó a resolver el problema de los deudores hipotecarios con el sistema financiero que estaban en proceso de ser rematados. Una medida de emergencia para una situación muy crítica. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha dado la cifra de 40 mil deudores beneficiados por estas medidas.
La ley N° 19.003 y el DFL N° 15 permiten a los deudores afectados por demanda judicial al 30 de junio de 1990, reprogramar sus dividendos vencidos en condiciones y tasas razonables; ajustar los saldos adeudados al valor comercial de las viviendas, y ver condonados los intereses penales y los costos.
El Banco del Estado ha establecido un conjunto de beneficios adicionales a la ley:
Solución global a los deudores de menos de 100 unidades de fomento, morosos y al día en sus pagos.
Reprogramación de dividendos vencidos, y condonación de costos e intereses penales, a todos los deudores morosos al 30 de junio de 1990, incluyendo a los sin demanda judicial.
Un crédito en unidades de fomento, más 0,1 por ciento de interés a los deudores de la ex Anap, para que se pongan plenamente al día y vuelvan a acogerse a los beneficios preexistentes.
Ajuste del dividendo de todos los deudores que reprogramen al 25 por ciento de sus ingresos.
El señor Superintendente ha informado públicamente que los bancos privados aceptan asumir los beneficios adicionales establecidos por el Banco del Estado.
Este paquete de medidas respecto de los deudores con el sistema financiero constituyen parches injustos frente a los deudores al día, pero es indispensable para evitar remates y problemas de morosidad.
Tenemos, sin embargo, un conjunto de aprensiones que esperamos que el señor Superintendente pueda aclarar, y resolver si es necesario.
1.Tenemos dudas respecto de los beneficiarios de la ley, y, en particular, del crédito fiscal por saldo adeudado superior al valor comercial.
a)Los antecedentes de que disponemos indican que son menos de los que se nos informó durante el debate en la Cámara. En caso de ser así, ¿qué ocurrirá con los excedentes del fondo de 1.850.000 unidades de fomento que se autorizó a gastar en la operación?
b)¿Cuál es el costo real estimado para el Banco del Estado y los bancos particulares?
c)Los deudores beneficiados por la ley tienen plazo hasta el 13 de abril para acogerse al beneficio. ¡Sólo diez días más! Sabemos que el proceso va muy lento y que los deudores no están concurriendo a pactar. En Centrobanco, de 240 elegibles sólo se han acogido 20; en el BHIF, de 260 sólo lo han hecho tres. ¿Por qué ocurre esto? Y de ser así, ¿se va a ampliar el plazo?
d)¿Qué criterios existen para las tasaciones? Lo lógico sería que se hicieran sin considerar mejoras directas ni indirectas. Además, el costo de las tasaciones es muy desigual: el Banco del Estado cobra $ 5.000: y el BHIF, $ 18.000.
2.A los beneficiarios adicionales del Banco del Estado, ¿se les aplicará el beneficio de amortizar a la deuda el diferencial entre el saldo adeudado y el valor comercial? Esperamos que sea así porque, de lo contrario, las medidas tendrían un impacto bastante más limitado, y esto haría más impotentes las medidas adoptadas.
3.En los últimos días he conversado con los Ejecutivos del Banco del Desarrollo, de Centrobanco y de Fusa. En los tres casos me han dicho que no están enterados de los acuerdos con la banca privada, en el sentido de que asumirían los beneficios otorgados por el Banco del Estado.
Esto es particularmente grave en lo que se refiere al ajuste de los dividendos al 25 por ciento de los ingresos.
¿Cuál es la real situación, señor Superintendente?
El señor Hugo Toro, de Villa Áreas Verdes, de la Florida, carabinero jubilado, fue notificado judicialmente el 17 de julio de 1990, 17 días fuera del plazo de la ley, y hoy ya está rematado por el Banco del Desarrollo y en proceso de desalojo. ¿Cómo puede esto ser posible?
Esperamos que se subsanen estas imperfecciones e imprecisiones de la tercera medida general del Gobierno democrático. Con ello se cumplirá el objetivo de resolver problemas de morosidad y evitar nuevos remates.
III.- Proposiciones
Durante el primer, año de transición democrática se han dado pasos importantes para solucionar el problema de más de 400 mil deudores hipotecarios, pero falta aún una solución global para los deudores medianos y pequeños con el sistema financiero.
En este segundo año, en mi opinión, debería definirse y comenzar por implementar una política y un conjunto de acciones orientadas a resolver globalmente el problema de los tres años restantes del Gobierno. No es posible seguir con parches. Se requieren soluciones de fondo, que sean viables, serias y consistentes.
Consideramos que la propuesta de la UDI de otorgar un subsidio a los dividendos pagados es otro parche más que no da cuenta del problema real. Además, no señala la fuente de financiamiento de dicho subsidio. Para algunos deudores, el subsidio puede ser una buena solución; pero, para otros, representa un simple parche que nada soluciona.
En la perspectiva de proponer elementos de solución global, quiero hacer proposiciones concretas en tomo de los dos grandes desafíos señalados anteriormente:
La primera consiste en resolver el problema de los 240 mil deudores heredados del régimen anterior; y la segunda, en rediseñar el sistema de financiamiento de viviendas para sectores medios. Aquí creo que es bueno separar distintos tipos de deudores.
En primer lugar, me referiré a los deudores de la ex Anap.
Es el grupo más afectado que sufre las consecuencias de la crisis de 1983, y de diversas irregularidades de la gestión de la ex Anap.
Fueron beneficiados con algunas medidas de alivio como la rebaja de dividendos, el pase de la diferencia al final de la deuda, el ajuste de tasas de interés a las de mercado, la aplicación de los beneficios del rescate de la deuda extema del Banco Central. Estas medidas, sin embargo, no representaron soluciones efectivas y en la primera llevaron a incrementar la deuda.
Los deudores de la ex Anap que están morosos serán beneficiados por la ley N° 19.003 y por los beneficios adicionales.
Hemos propuesto que esta Cámara efectúe una investigación sobre la ex Anap y sus actuales y pasados deudores.
Tenemos fundados motivos para afirmar que hubo múltiples irregularidades en la ex Anap.
Aún no se aprueba el informe de la Comisión Liquidadora y no hay sucesor legal.
Existe una cartera de cerca de 4.400 deudores que fue licitada, que está dando vueltas, y que no tienen con quién entenderse.
En la Tesorería General de la República existen 134.114 depositantes de la ex Anap que tienen a su haber, a febrero de 1990, 10.785 millones, que no han retirado, porque no supieron que podían hacerlo.
La Fedhach ha presentado antecedentes que demuestran el uso de testigos falsos en los remates.
En La Florida existen casos de funcionarios del Departamento de Cobranza de la ex Anap que compraron casas a precios ridículos.
La licitación de la cartera de 80.000 operaciones en 1989, se hizo a valores muy bajos, que fluctuaban entre el 12 por ciento y el 77 por ciento del valor libro, lo que representó altas utilidades para la banca.
En definitiva, la investigación debe llevar a proponer medidas orientadas a ajustar el saldo adeudado al valor comercial; a considerar los años pagados (En Villa Sumar, están pagando hace 27 años y el saldo adeudado es de 420 unidades de fomento, lo cual es superior a su valor comercial), y a ajustar dividendos al 25% de los ingresos.
El financiamiento de estas medidas no puede ser otro sino el excedente obtenido por los bancos al licitar la cartera. El Banco del Estado tuvo un beneficio, por diferencia de precios, de 10.993 millones; el Banco del Desarrollo, de 2.891 millones. Y así los otros bancos.
Señor Presidente, este problema es tan urgente que la Honorable Cámara debería acordar solicitar a la banca con cartera ex Anap, que no ejecute judicialmente a ninguno de tales deudores hasta que se establezca una política global para resolver el problema.
En todo caso, está claro que el problema mayor es de los ex Anap que están al día. Hemos presentado un proyecto de acuerdo con un mandato a la Comisión de Vivienda de esta Cámara, para que en un breve plazo realice una investigación a fondo sobre la ex Anap y proponga medidas orientadas a resolver este problema. En la Villa Sumar, de la Florida también, algunas personas han pagado por 27 años y el saldo adeudado hoy es de 420 UF, que es superior al valor comercial de la vivienda.
El financiamiento de las medidas que se propongan no puede ser otra que el excedente obtenido por los bancos al licitar la cartera. El Banco del Estado tuvo un beneficio, por diferencia de precios, de 10.993 millones; el Banco del Desarrollo, aproximadamente, de 3.000 millones, y diversas cifras los otros bancos.
Este problema es tan urgente que la Honorable Cámara debería acordar solicitar a la banca con cartera ex Anap, que no ejecute judicialmente a ninguno de estos deudores, hasta que no se establezca una política global para resolver el problema.
Un segundo grupo son los deudores del programa extraordinario de viviendas. Este es un grupo fuertemente afectado, pero por causas distintas. Son 50.890 familias que fueron estafadas y engañadas no por problemas propiamente de deudas, sino más bien por las características de la vivienda.
Hay casos, incluso, de viviendas con daños estructurales, como en el Fontaner, de La Florida, donde la Universidad Católica, en un informe que emitió, recomienda desocupar dos bloques. Aquí se propone que el Ministerio de Vivienda se haga parte en las querellas presentadas contra las entidades organizadoras, que son los municipios, fundamentalmente, y las empresas constructoras responsables y, a su vez, se implementen medidas que permitan a estas familias mejorar las condiciones de sus viviendas.
Por otra parte, hemos solicitado al Banco del Estado que aplique un tratamiento especial a este grupo de deudores.
Hay otros deudores que recibieron el subsidio unificado en los últimos cinco años; son alrededor de cien mil. En este caso, los problemas son mucho menores y, en general, sus deudas son inferiores al 25 por ciento de sus ingresos. A ellos les perjudica el sistema general más que situaciones particulares.
Por otro lado, se tiene a los deudores diversos. Dudo, en este caso, de las cifras entregadas por la Superintendencia, porque si se descuenta del total de afectados lo que son los deudores de la ex Anap, los del programa extraordinario, más los deudores de los últimos cinco años con subsidio unificado, quedan sólo 18 mil, y las cuentas dan un número mucho mayor. Creo que se deben revisar las cifras.
Entre estos deudores diversos lo que más preocupa son las cooperativas que no son ex Anap. Aquí la estafa fue múltiple y todos saben que deben intervenir los Ministerios de Vivienda y de Economía. Los habitantes de Villa Celeste, de La Florida, fueron estafados hace ocho años por el señor Cabello, jefe de la campaña del sí de la Región Metropolitana. Ellos quieren pagar; tienen la plata, pero les entregaron unas casas miserables.
Entre las proposiciones generales que también deseo formular, quiero solicitar a la Superintendencia la realización de una auditoría general a las carteras hipotecarias del sistema financiero. Está lleno de irregularidades y no hay una auditoría global actualizada, que es urgente para saber con exactitud los segmentos y la naturaleza de todos los problemas. El objetivo sería tener una visión cabal de la situación en cada banco de los distintos tipos de deudores.
También quiero solicitar al señor Ministro de Hacienda que constituya una oficina nacional del deudor hipotecario, que debería proporcionar información, recoger problemas y apoyar a los deudores. Frente al desamparo de 17 años, es necesario que el Estado los apoye efectivamente. La Unidad de Reclamos de la Superintendencia de Bancos, que es muy poco conocida, puede ser una base para conformar una instancia con mayores capacidades.
También quiero solicitar al señor Superintendente que instruya a las instituciones financieras para que atiendan bien a los deudores hipotecarios. Gran parte del problema de estas personas es que las atienden mal en los bancos, puesto que son los clientes menos considerados. Es necesario obligar a los bancos a tomar medidas para que los informen, recojan los problemas y haya una atención digna y adecuada.
Además, quiero hace proposiciones respecto del diseño del sistema hacia adelante. En 1990 se compraron, en Santiago, según Adimark, 11.138 viviendas a través del sistema de financiamiento heredado, al cual es indispensable introducir sustantivas modificaciones. A este respecto me referiré, brevemente, a cinco puntos.
En primer lugar, se requiere de un enfoque global distinto. La vivienda no puede ser tratada como un negocio más. En todos los países existe un tratamiento diferenciado para este tipo de operaciones financieras. El sistema heredado centra todos sus esfuerzos en defender los intereses de los ahorrantes, de los inversionistas financieros y de los bancos. El cambio global debe apuntar a un mayor equilibrio y defender también los intereses de los deudores hipotecarios.
En segundo lugar, está claro que la reajustabilidad y la periodicidad de ella es un tema clave. El actual sistema de reajustabilidad que encama la UF debe terminar para las operaciones de préstamo para la vivienda. No es posible que el dividendo fluctúe a un ritmo distinto que el de las remuneraciones. No se trata de que no haya reajustabilidad, sino que ésta debe ser similar a la de las remuneraciones.
Sabemos que hoy todo el edificio financiero se sostiene en la UF y que el financiamiento de la vivienda depende también de dicho sistema financiero. Sabemos que el cambio requiere de ajustes globales con la necesaria gradualidad. Estamos por el fin de la UF para créditos de vivienda medianos y pequeños a largo plazo. La reajustabilidad debe ser de acuerdo a las remuneraciones.
Valoramos el Fondo de Estabilización de Dividendos que ha propuesto el Ejecutivo y estamos a la espera de conocer el proyecto. Este es un paso en la dirección adecuada y esperamos que el proyecto .sea razonable. Valoramos también el seguro de cesantía para amortiguar esta situación.
En tercer lugar, creemos que la medida más significativa respecto de esta materia tiene relación con los bancos. Estos deben moderar sus ganancias en este tipo de operaciones. Es preciso adoptar medidas que modifiquen el tratamiento de las tasas de interés, de las comisiones bancarias y de las tablas de desarrollo.
En relación con las tasas de interés, en la actualidad hay deudores con tasas de 12 y hasta 18 por ciento. Es preciso implementar mecanismos automáticos de ajuste de las tasas que las reduzcan permanentemente a las mínimas existentes en el mercado.
En cuanto a las comisiones bancarias, éstas deberían cubrir sólo el costo real para el banco. No tienen fundamento comisiones promedios de 2,88 por ciento en 1990 y, en bancos, hasta de 4 por ciento. Las comisiones afectan fuertemente a los deudores y la Superintendencia debería regularlas para este tipo de operaciones.
En cuanto a las tablas de desarrollo, deberían introducirse cambios profundos de enfoque. Los primeros dividendos de un deudor están encaminados a pagar un 80 por ciento de intereses y sólo el 20 por ciento amortiza la deuda de capital. En la mitad del servicio de la deuda, el 50 por ciento va a intereses y el porcentaje restante a pagar la deuda propiamente tal, para ir incrementándose después la parte del pago de la deuda. Como los intereses se aplican a los saldos insolutos y los dividendos rebajan poco de la deuda, los intereses acumulados son muy altos. Es indispensable cambiar las tablas de desarrollo. Los dividendos deben partir pagando un porcentaje mucho más alto de la deuda y eso haría que todo este proceso fuera mucho menos oneroso para los deudores. A mi juicio, este solo cambio representaría un mejoramiento sustancial de las condiciones de los préstamos y con esto no se afectaría el mercado de capitales del cual depende hoy todo el edificio financiero. Se estaría defendiendo fundamentalmente a los deudores.
Los bancos deben asumir su responsabilidad y contribuir a soluciones efectivas. Ellos están en condiciones de hacerlo. Los excedentes que acumularon por el sistema financiero durante el ejercicio del 90, antes de impuestos, ascendieron a 164 miles de millones de pesos, cifra superior en un 3,2 por ciento real a la acumulada en 1989.
Los bancos tienen deudas subordinadas y es necesario regularlos, porque están pagando poco de ellas. Poco se comprende que el Banco de Osorno haya comprado un edificio, en Bandera 140, con la cantidad de deuda que tiene; poco se comprende que el Banco de Chile haya puesto, con helicóptero, aire acondicionado en las sucursales de Maipú, con la deuda que tiene con todo el sector público y con todo el país.
Emplazamos a la Derecha a elaborar, en conjunto, un proyecto de ley que lleve a la banca a aportar poluciones a los problemas del pasado y una propuesta para el futuro. Los emplazamos a convocar, en conjunto, a una sesión extraordinaria para tratar el tema de la deuda subordinada.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Diputado.
El señor MONTES.-
Termino, señor Presidente.
Las normas de los bancos deben flexibilizarse en muchos aspectos. Es necesario diversificar las alternativas. Valoramos el sistema tipo "leasing". Creemos que se deben buscar nuevas alternativas, como el ahorro previsional en vivienda.
El Gobierno democrático recibió una herencia muy grande y difícil en materia de deuda hipotecaria. En su primer año de gestión, se han resuelto los problemas críticos y de emergencia. En este segundo año, hay que avanzar más a fondo, en particular, corrigiendo la# injusticias y favoreciendo a los deudores al día. Asi, mismo, hay que rediseñar el sistema.
Nuestra bancada le da gran una gran prioridad a la defensa de los deudores hipotecarios.
He dicho.
Aplausos en las tribunas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Advierto a las personas que están en las tribunas que el mejor servicio que pueden hacer al debate sereno de este tema es abstenerse de efectuar manifestaciones, ya que no es necesario aplaudir cada vez que un parlamentario o un ministro diga algo positivo sobre la materia.
Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero indicar que los antecedentes de esta intervención los preparé para la sesión del 19 de marzo pasado. En consecuencia, muchas de las propuestas formuladas pueden coincidir con las expresadas por otros parlamentarios, pero, en realidad, corresponden a un trabajo elaborado durante muchos años en cuanto a mi dedicación a este tema de la vivienda.
El Gobierno del Presidente Patricio Aylwin recibió como herencia la situación general de los deudores y, en particular, la de los deudores habitacionales. Por eso, esta bancada considera que ningún sector puede sentirse dueño del problema de los deudores ni menos de sus soluciones. Es una situación de carácter nacional. Por lo tanto, al tratarla en esta Cámara, es, precisamente, para que los aportes de todos produzcan soluciones que realmente reflejen las dificultades de los actuales y futuros deudores y que aquéllas respondan a la realidad del país.
Esta situación se provoca por el desajuste que se produce entre los montos de las deudas y la capacidad de pago de la gente, siendo motivo de angustia para miles de familias chilenas, que han visto seriamente comprometidos sus esfuerzos de toda una vida ante la severa estrechez económica a que, en muchos casos, esta situación las ha llevado.
La consecuencia de esta herencia es que, hoy, el consumidor se encuentra en absoluta indefensión y preso de un sistema constituido, por un lado, por su ingreso, con poco o ningún incremento de su rentabilidad, y, por el otro, por un conjunto de acreedores que presionan sobre ese ingreso, todos dotados de múltiples instrumentos para reajustar sus créditos, en términos tan ventajosos, que la morosidad ha pasado de una situación anómala de la relación comercial, a un estado bastante lucrativo y conveniente para ellos, y que bien vale la pena fomentar por los atractivos dividendos que reporta. Esto provoca una suerte de estrangulamiento y círculo vicioso, no sólo para el deudor sino para toda la sociedad, que ve socavado su potencial de crecimiento y bienestar, toda vez que el problema se manifiesta en los más variados ámbitos, como son, desde luego, la vivienda, la educación superior universitaria, los servicios de agua, gas, electricidad y la compraventa a crédito en las grandes casas comerciales, por citar algunos ejemplos.
El Presidente de la República, consciente de este problema, ordenó que se hicieran los estudios pertinentes para diseñar un procedimiento que fuera una solución de equidad para todos los afectados, teniendo en cuenta los necesarios compromisos macroeconómicos que el Gobierno debe respetar.
Lo anterior, se ha visto materializado en un conjunto de medidas que van, desde un aumento substancial del salario y pensiones mínimas de las asignaciones familiares, hasta las que van dirigidas a favorecer a las personas endeudadas de menores recursos, tales como las 125 mil familias deudoras del Serviu, que obtuvieron los títulos definitivos de sus casas, por el solo pago de 5 mil pesos, si estaban al día, y de 10 mil, si eran morosos. Doscientas familias deudoras del Serviu, de más de 100 UF, pagarán un 50 por ciento del saldo de su deuda. El reajuste será de acuerdo con el IPC, una vez al año, y el dividendo máximo mensual irá desde 1.500 pesos mensuales hasta 6.400 pesos. Sólo los que tengan una deuda superior a las 240 UF pagarán un 25 por ciento de su ingreso mensual como dividendo. De esta manera, se sanea prácticamente en un ciento por ciento a todos los deudores Serviu. Únicamente 125 mil deudores no repactaron, aproximadamente, un 8 por ciento del total. Sin embargo, aún éstos gozarán del beneficio adicional que se concede a todos los deudores, hayan o no repactado, que por cada dos dividendos que paguen oportunamente, se les condonará uno del saldo de su deuda.
Cabe señalar que esta medida favorece también a los futuros deudores del sistema, ya que sus compromisos no estarán ya sujetos al sistema de reajustabilidad de la UF, sino que lo harán una vez al año, en pesos, sobre la base del IPC.
Adicionalmente, también, el Gobierno otorgó soluciones para ir en ayuda de los deudores de agua potable, luz, tributarios, de crédito fiscal universitario, y bancarios de la ex Anap y cajas de previsión que se ajusten a las normativas de la ley N° 19.003. Precisamente, a estos últimos es que me referiré: los deudores del sistema bancario y financiero.
El espíritu del mensaje que acompañó al proyecto de ley que se refiere a esta materia y que se concretó en la ley N° 19.003, aprobada en octubre de 1990 por este Congreso Nacional, hacía hincapié en la necesidad de solucionar el problema de aquellas familias que, teniendo un crédito hipotecario, no habían podido servirlo y se encontraban en mora con requerimiento judicial antes del 30 de junio de 1990, indicando que este proyecto, que enviaba para la consideración del Parlamento, buscaba "rectificar la distorsión producida en el pasado como consecuencia de la crisis entre el ingresó del deudor y el monto del dividendo a pagar, además de ajustar el saldo de las deudas al valor comercial de la propiedad, considerando que éstos, en muchos casos, han tenido una fuerte desvalorización en relación con los precios de adquisición"
Se señalaba, especialmente, que era una condición para acogerse a los beneficios que estableció esta ley, que los ingresos del deudor hubieran sufrido una merma frente al dividendo que estaban obligados a pagar, según lo establecido en el mutuo hipotecario, de manera que para solventarlo debían de comprometer más del 25 por ciento de sus ingresos.
Al respecto cabe señalar que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en la aplicación práctica de la referida ley, a través de la Circular Banco N° 2.588, y Financiera N° 950, del 17 de enero de 1991, impartió instrucciones a los Gerentes de las referidas instituciones, que desvirtuaban gravemente el espíritu del mensaje presidencial y la letra de la ley, haciéndola prácticamente inoperante y, por tanto, negativa para los objetivos perseguidos, ya que el buscar este requerimiento de que fuera más del 25 por ciento de su renta lo que estuvieran pagando, consideraba también el ingreso de los avales o los deudores solidarios.
Frente a la presentación que hicimos de este documento que lo íbamos a leer en esta Sala, el señor Superintendente, acogido esta petición, modificó de inmediato esta Circular con gran alegría nuestra, y se lo agradecemos, ya que se encuentra presente en la Sala, que, en realidad, era inoperante para más de 10 mil deudores, pues no se podía aplicar la ley.
Para los deudores habitacionales de este país, a contar del año 1976, en que se extiende la reajustabilidad en UF al sistema que presta dinero para adquirir vivienda, éste ha sido un largo calvario, de sucesivas negociaciones, renegociaciones y, para muchas familias chilenas, la pérdida definitiva de sus viviendas y, no sólo de éstas, sino que, además, han quedado debiéndole dinero a los bancos.
Hago presente que es de suma urgencia que el país tome muy en serio que un alto porcentaje de las familias chilenas estén permanentemente asedidas y angustiadas por lo que significa el peligro de un remate, lo que se identifica con el riesgo que representa el no haber pagado la cuenta de la luz, pues no solamente tendrán que pagar la cuenta atrasada, sino que nuevamente deberán pagar el empalme, ya que les es retirado hasta el medidor. En el caso del agua sucede exactamente lo mismo.
A mi juicio, esto es de mucha gravedad y así como esta mañana hemos puesto de relieve que hay que enfrentar con mucha seriedad el terrorismo, estimo que en este caso no es muy inconexo indicar que la familia chilena también está bastante aterrada frente a una situación económica que no puede manejar.
Esta situación de angustia me la han expresado en este lapso en que me ha tocado presidir la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el sentido de que tienen que entregar gran parte de sus ingresos para mantenerse al día en el pago de sus cuentas y de sus dividendos y, sin embargo, nunca hemos tenido un gesto con aquellas personas a que, sacrificando algún otro bienestar de su familia, mantienen al día el pago de sus dividendos.
Creo que es indispensable estudiar algún sistema destinado a premiar a aquellas familias por realizar tales sacrificios.
Considero que también debemos afrontar el problema de los deudores morosos, dado que muchos de ellos no lo son por voluntad propia, sino por lo que significa la reajustabilidad impuesta a todos los sistemas de necesidades básicas del país: salud, vivienda, educación y el consumo mínimo, como quiera que en este país, hasta los calcetines se compran a crédito y con un muy substancioso 5 ó 6 por ciento de interés mensual que cobran todas las grandes tiendas. No soy contraria a que exista un sistema de crédito, porque comprendo que es la manera que una familia tiene de adecuar sus ingresos a sus múltiples necesidades. Pero algún control debe existir sobre el enriquecimiento absolutamente irregular que, al margen de toda regulación, estas grandes tiendas están obteniendo.
Si vemos los balances de las casas comerciales que venden estos productos, podemos comprobar que arrojan pérdidas; sin embargo, las financieras paralelas que se han constituido a través de tarjetas de crédito, obtienen substanciosas ganancias que, en ningún caso, incidirán en el mejoramiento del estándar de vida de los chilenos.
La experiencia nos muestra que al no considerar estas realidades, sólo obtenemos un resultado final conformado por un altísimo porcentaje de operaciones de crédito bancario.
En el caso de la adquisición de viviendas, significa haber sufrido numerosas reparaciones a lo largo del servicio del mismo y, desgraciadamente, en un número importante de casos, incluso la ejecución del deudor por la vía del remate de la vivienda.
Es menester reflexionar sobre muchos aspectos involucrados en las consideraciones anteriores, tales como el pago de intereses que, para el deudor implica cada repactación; la diferencia entre el aumento del precio del dinero y el reajuste de sus remuneraciones; y la posible cesantía que deba afrontar en los diez, veinte o .más años en los cuales tiene que servir la deuda con la consiguiente acumulación de dividendos, intereses, multas y nuevos intereses, por lo que, aunque el período de cesantía sea relativamente breve, el monto acumulado le imposibilita pagar la deuda.
La distorsión que se produce entre el precio real de la vivienda y el monto de la deuda, también constituye un problema digno de análisis que debe acogerse en el sistema de pago, puesto que en el mercado no existe otro bien que tenga plazos tan largos para cubrir su valor, como tampoco existe un bien tan necesario para la familia, la cual, decimos, es la célula básica de la sociedad, y requiere de un lugar físico y protegido donde desarrollarse. Estimo que no estamos cumpliendo con ese aspecto fundamental, respecto de cuya protección, todos, en este Parlamento, manifestamos concordar.
Dada la magnitud del déficit habitacional y la escasez crónica de recursos para afrontar tan grave problema, deben realizarse todos los esfuerzos posibles para atraer, cada vez más, dinero proveniente del sistema financiero a la construcción y adquisición de viviendas. Para que ello suceda, debe pensarse en mecanismos creativos que hagan factible la operación tanto para el sistema bancario-financiero como para los deudores.
Entre otras ideas, me parece importante analizar las siguientes:
Un seguro de desempleo similar al actual seguro de desgravamen, que cubra las cuotas o dividendos mientras dure éste.
La Comisión que constituyó el Ministerio de la Vivienda de la cual formamos parte como Comisión de Vivienda de la Cámara, ha estudiado un sistema de seguro de desempleo. Está pendiente, en este momento, por parte de las distintas compañías de seguros, una oferta respecto de lo que significaría su prima y cuál sería, efectivamente, el monto que podría cubrir.
También consideró necesaria la creación de un fondo especial de amortización, que opere entre el costo real de la vivienda y el valor del dinero a lo largo del servicio de la deuda. El señor Ministro de Hacienda ya nos anticipó la creación de un fondo de compensación de precios, pero que solamente va a pagar la diferencia que se produzca eventualmente entre la UF y el ingreso de la persona; es decir, en función del índice de reajuste de sueldos y salarios.
Lo que estamos propiciando es que realmente se pueda recurrir de manera reglamentada a este Fondo Especial de Amortización, para reducir en forma efectiva el costo del crédito con relación a lo que va siendo el valor real de la vivienda en el desarrollo prolongado de la deuda.
Eliminación del cobro de intereses sobre intereses. Cada repactación constituye un nuevo negocio para el Banco; en cambio, es pésima para el deudor. Este no se transforma en tal voluntariamente, sino que lo hace acuciado por su necesidad. Considero que el hecho de aplicar una unidad reajustable tan injusta como es el reajuste diario a un sistema de largo plazo, permite a los bancos bajar significativamente lo que llamamos "spread" o comisión del banco, que, en estos momentos, está sobre el 3,5 a 4 por ciento. Ellos mismos, a través de la Asociación de Bancos, reconocen que al aplicar un interés del 5 y medio al 6 por ciento sobre una moneda dura, el efectuar préstamos para vivienda constituye, realmente, un negocio demasiado bueno.
Otra proposición es que el crédito debe ser efectivamente hipotecario para el deudor; es decir, que el bien raíz adquirido e hipotecado en favor del banco acreedor, responda por el total del crédito otorgado al deudor, y no como opera en este momento, en que, simplemente, un préstamo o venta de dinero debe devolverse al precio que el dinero va adquiriendo a lo largo del desarrollo de la deuda.
También deben buscarse otros métodos, aparte de la letra hipotecaria, para refinanciar el crédito bancario, haciendo más factible el sistema mediante el estudio de incentivos tributarios que lo hagan atractivo a los inversionistas.
Señor Presidente, nos hemos quedado enclaustrados en una solución como si no fuéramos capaces de crear nuevas alternativas. Por ejemplo, el Banco del Estado o el Banco Central podría recomprar todas las letras que hay en el mercado en este momento, emitiendo bonos, tal como hacen las sociedades anónimas que emiten series de acciones liberadas de pago cuando, en un momento determinado, carecen de fondos para solventar dividendos. Estimo que la creatividad debe marcamos para beneficiar a la tan sufrida clase media, que, actualmente, se ve agobiada por estos créditos hipotecarios, a los que debemos darles algún término.
Debe eliminarse la denominada cláusula de aceleración de los créditos hipotecarios, que hace exigible el total de la deuda al momento en que el deudor cae en mora, situación muy discutida por los juristas en cuanto a la equidad y a los beneficios que otorga el plazo al deudor.
Por último, señor Presidente, quiero graficar en un ejemplo, la situación a que se encuentra sometido un deudor habitacional bajo las condiciones actualmente imperantes. Si una persona desea adquirir una vivienda de un valor de mil UF y acude a un banco para su financiamiento, éste solamente podrá prestarle 750 UF, correspondientes al 75 por ciento de su valor; en consecuencia, deberá financiar el 25 por ciento restante, ya sea con ahorros propios o recurriendo a un crédito complementario, que, normalmente, a un menor plazo, lo otorga la propia empresa constructora u otra entidad financiera.
Ahora, ¿Cómo es el contrato del mutuo hipotecario entre esa persona y el banco o entidad financiera? El contrato consigna el monto del capital prestado las 750 UF, más el monto de la tasa de interés anual, que puede ser el 20, 11 ó 9 por ciento, según el año actualmente se está aplicando el 9dependiendo de la tasa del mercado, al cual se suma, naturalmente, la comisión del banco por la administración del crédito. Además, debe consignar el plazo en el cual se servirá la deuda, que necesariamente está ligado al ingreso del solicitante al crédito.
Para simplificar esto al máximo, con el objeto de que puedan intervenir otros señores Diputados, veamos qué le significa al deudor todo esto. De inmediato, las 750 UF si tiene la suerte de colocar sus letras en el mercado secundario al 100 por ciento de su valor se le transformarán en una deuda de mil 350 UF, desde el inicio de su crédito. Y si éste lo puede pactar a diez años, debería cubrir este crédito en ciento veinte mensualidades, importándole un dividendo mensual de 11.26 UF mensuales, al cual deben sumarse los costos de los seguros de desgravamen y contra incendio, ambos legales, con un monto aproximado de una UF más por mes. En dinero esto significa que la persona deberá pagar, al precio de la UF de hoy, 87 mil 291 pesos. De modo que si este dividendo correspondiera al 25 por ciento de su ingreso, lo que todos estamos aquí propiciando, esta persona debiera tener un ingreso mensual de 350 mil pesos líquidos, lo que corresponde más o menos a una renta bruta de 500 mil pesos.
Señor Presidente, ésta es la situación que la gente debe enfrentar para obtener un crédito tan modesto como son 1.000 UF. ¿Cuántas familias en Chile ganan 500 mil pesos al mes, para solventar con el 25 por ciento de su ingreso este dividendo y no caer permanentemente en mora? Creo que esto amerita revisar el tema planteado. Con este ejemplo, que habla por sí solo, se puede apreciar que cerca del 40 por ciento del valor neto de la vivienda queda en manos del sistema financiero, convirtiéndola en un sueño inalcanzable para muchas familias chilenas.
Con el fin de aliviar esta situación, se ha debido subsidiar periódicamente, por la vía de los "perdonazos" o de las tasas de interés. Basta recordar que el Banco Central debió hacerse cargo de los costos financieros de las 20 mil viviendas terminadas el año 1983, que no se podían vender, porque su precio era demasiado alto, y sus condiciones de pago, imposibles de solventar. El Banco Central absorbió esta diferencia, con un costo de miles de millones de pesos. Esta operación se denominó "20 con 8", pues aumentó el plazo de pago a 20 años y bajó al 8 por ciento la tasa de interés.
El año recién pasado, el Ministerio de la Vivienda debió destinar 6.200 millones de pesos, o sea, el 6,8 por ciento de su presupuesto total, para cubrir el diferencial de la tasa de interés de las letras hipotecarias ya emitidas. Cabe señalar que, por la vía de la redistribución presupuestaria originada en la reforma tributaria, el Ministerio de la Vivienda logró solamente 4.500 millones adicionales, lo que repercute en su capacidad de construir nuevas viviendas.
Por lo mencionado anteriormente, y por otras razones que debido al poco tiempo disponible no es del caso exponer, estoy convencida de que es posible estudiar fórmulas nuevas, creativas, que permitan contar con instrumentos financieros que liguen de una manera flexible y adecuada los ingresos de las personas, la reajustabilidad de los créditos y el estímulo a los ahorrantes o inversionistas, a fin de producir un mercado de viviendas en condiciones de precio y de pago que las hagan accesibles a la gran masa de chilenos que carecen de ella, aprovechando así, de mejor manera, los cuantiosos recursos estatales actualmente involucrados en el sistema crediticio para la vivienda.
Por lo demás, el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de la Vivienda, señor Alberto Etchegaray, aquí presente, ha expresado que "seríamos muy inconsecuentes si siguiéramos calculando las deudas en U.F. que tienen reajustabilidad diaria". Añade que "el Ministerio está estudiando un sistema de pago con reajustabilidad anual, de modo que una vez al año las deudas se reajusten igual como sucede con los sueldos. Esto que debiera implementarse a partir de los próximos programas, o sea, a partir de 1991 señalaba el Ministerio de Hacienda y de una ley de la República que tendrán que aprobar los parlamentarios".
Señor Presidente, desde esta tribuna le contesto al señor Ministro que los parlamentarios democratacristianos y estoy segura de que todos en esta Cámara, concordaremos en aprobar una iniciativa que responda a las necesidades de la gente, y que sea factible sin afectar la macroeconomía.
Como consecuencia de esta sesión especial, estimo importante que esta Honorable Cámara apruebe los siguientes proyectos de acuerdo:
En primer lugar, que se oficie al Presidente de la República a fin de que se amplíe el plazo previsto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 15, de 16 de enero de 1991, del Ministerio de Hacienda, para que las instituciones financieras que deseen acoger créditos de sus deudores al beneficio establecido en ese decreto, puedan hacerlo con aquellas operaciones reprogramadas en fecha posterior al 31 de mayo de 1990, en razón de las dificultades que han tenido los deudores para reprogramar sus deudas, debido a los diferentes criterios de interpretación, tanto de la ley N° 19.003, como del mencionado decreto. Propongo, concretamente, que se extienda este plazo hasta el 31 de diciembre de 1990.
En segundo lugar, que se oficie al Presidente de la República para que se cree una comisión de alto nivel, que se aboque a la brevedad al estudio y proposición de un sistema de financiamiento para la vivienda de sectores de ingresos medios y medios bajos, que haga compatibles el precio, el reajuste y los intereses de los créditos con los ingresos familiares de esos segmentos de la población. Además, que se estudien los estímulos necesarios con el fin de incentivar a los ahorrantes e inversionistas a participar en los instrumentos financieros que esta Comisión proponga, atendidas las características ya señaladas.
Por último, señor Presidente, que dicha Comisión quede integrada, necesariamente, por los Ministros de Vivienda y de Hacienda; por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras; por las Comisiones de Vivienda de esta Cámara y del Senado; por representantes de los deudores y, subsidiariamente, por los jefes de servicios u otras personas cuya concurrencia la Comisión considere pertinente.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En su oportunidad se verá la forma de enviar los oficios solicitados por Su Señoría.
Tiene la palabra el señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, uno de los problemas más graves y trascendentes que afecta a un alto número de personas, es el que dice relación con los deudores de bancos, instituciones financieras o de particulares con créditos hipotecarios.
La insolvencia, la incapacidad de pagar las deudas, no es un problema de tipo individual: es un hecho con consecuencias políticas, sociales y económicas que afecta a todo el país.
La inflación obliga a buscar soluciones en defensa de la inversión, para evitar la paralización del proceso de construcción, de un sistema de defensa se pasó y transformó en un sistema lucrativo, otorgando grandes utilidades a los bancos, sociedades, empresas constructoras en perjuicio de la gran masa de chilenos que buscaban la casa propia.
La unidad de fomento, creada como instrumento de ahorro, se transformó en moneda de curso legal para la adquisición de inmuebles y mientras las remuneraciones se pactaban, se pagaban en pesos y se reajustaban lentamente, la UF se alzaba diariamente para garantizar a los ahorrantes la seguridad de sus depósitos, diferencias de valor que, en definitiva, han favorecido a los bancos e instituciones financieras:
La vivienda, derecho que corresponde a todos los chilenos, se transformó en un negocio. Las bases establecidas para la adquisición de viviendas se ha prestado para toda clase de irregularidades y en ellas han tenido responsabilidad:
a)La adquisición en base a UF, con sus sistemas de reajustabilidad.
b)Los altos intereses, que van en beneficio no del titular y propietario del dinero sino del banco, de la financiera o de la asociación.
c)Los cobros de comisiones, que no son sino intereses encubiertos.
d)El anatocismo, que permita una usura legalizada.
e)Las letras de cambio, que aceptadas por un valor se transan en valores inferiores, que obligan al adquirente de la vivienda a pagar un dividendo supletorio, encareciendo el bien raíz y el crédito.
El sistema hizo crisis y se ha mantenido a través de programaciones especiales, elaboradas a través de los acuerdos del Banco Central que, en lugar de solucionar, han agravado el grave problema que afecta a los deudores hipotecarios.
En esta sesión estamos comprobando una realidad: la incapacidad de pago de los deudores habitacionales es un problema de fondo estructural, donde no podemos quedamos en el simple diagnóstico ni impulsar medidas dilatorias que no tienen otro objeto que trasladar la deuda en el tiempo, manteniéndola igual o aumentándola a través de programaciones.
Creemos que, además de las medidas provisorias que deben adoptarse, debemos ir en busca de las causas de este desastre.
Consideraciones Jurídicas
Frente a este estado de cosas que hemos señalado, los juristas han permanecido impasibles o indiferentes; se ha ignorado lo que está sucediendo, se ha restado trascendencia a los efectos jurídicos de los contratos celebrados.
Por otra parte los tribunales no han sido capaces de enfrentar el problema, y la jurisprudencia ha tenido una evolución lenta, insegura y vacilante. Cuando el año 1981 el juez Ramón Briones Toledo aplicó el principio de que las lagunas legales deben ser suplidas por los principios de la equidad, y resolvió dar lugar a la reajustabilidad, su sentencia fue revocada por la Corte de Apelaciones, no prosperando los recursos en el Tribunal Supremo, estableciéndose que no existían otras fuentes de las obligaciones que las señaladas en el artículo 1.437 del Código Civil.
La inflación es relativamente moderna y se ha presentado en diversos países del mundo, reflejándose en la desvalorización monetaria en porcentajes anuales del 10. porciento, 100 por ciento y hasta sobre el 1.000 por ciento, situación que ha alterado la relación jurídica de los contratantes en diversos tipos de contratos, arrendamientos, medierías, mutuos, compraventa a plazo, etcétera.
El problema que se plantea ante el fenómeno socioeconómico de la inflación es complejo, grave y de difícil solución desde el ángulo jurídico.
Frente a un contrato determinado a plazo, se presenta el problema del pago con moneda desvalorizada; determinar los efectos de dicho pago; si se produce o no la extinción de la obligación; de las acciones que competen al acreedor que recibe un precio inferior al valor real del bien transferido.
A su vez, ¿Cuál es la situación del deudor que adquirió un bien por un precio determinado? Que su crédito ha sido indexado en forma exorbitante, que en el hecho convierte la deuda en impagable; que carece de acción y de procedimiento para reclamar una desindexación.
En Argentina se ha tratado de buscar una solución a través de la teoría de la imprevisión, pero ella es casuística. Requiere de la existencia de un imprevisto determinado y sólo resuelve la situación de aquellos que están en condiciones de enfrentar un juicio de lato conocimiento.
En Uruguay, a través de la jurisprudencia, se ha tratado de restablecer el imperio del derecho, estableciendo que todos los contratos llevan inserto el "cumplimiento honesto con arreglo a la voluntad de las partes, pudiendo llegarse a la presunción de ésta, incluso contradiciendo lo literal de las palabras". En nuestro derecho, la existencia del artículo 1.560 del Código Civil impediría tales conclusiones.
En Alemania, durante la época de profunda desvalorización monetaria y desde 1920 en adelante, la jurisprudencia consideró que ante inexistencia de leyes expresas y presentándose una situación de verdadera necesidad jurídica, debería revalorizarse la prestación en dinero, no en términos de proporcionalidad aritmética, sino aplicando la equidad en el caso concreto, para lo cual debería atenderse a la situación económica general, los intereses en juego y las pérdidas ocasionadas por la desvalorización.
Señor Presidente, el problema entre nosotros es gravísimo. El diagnóstico es conocido, y como legisladores tenemos la obligación de enfrentar nuestra realidad. Tenemos que reformar nuestro Código Civil, dictado en épocas florecientes, cuando teníamos una moneda sólida y se desconocía el derecho a la casa propia. Tenemos que reformar toda una legislación dictada para favorecer a los acreedores, olvidando la realidad de un deudor que sólo cuenta con remuneraciones que años tras años han ido perdiendo su valor adquisitivo.
La solución no está en los perdonazos, ni en la prórroga ni en la repactación. Debemos ir a una reforma legislativa que solucione los problemas actuales y que se proyecte para los contratos futuros.
Debemos considerar la equidad como fuente supletoria del derecho positivo; la justicia del caso concreto; la lógica, el valor en curso o poder adquisitivo de la moneda; el concepto de la deuda del valor, lo que se debe es un valor y éste no tiene por qué ser el nominal del dinero; el. enriquecimiento indebido e injusto.
Las obligaciones tienen como sujetos al acreedor y al deudor, vinculados por un nexo, que tiene el vigor, poder o fuerza de permitir que lo que se ha ofrecido dar, hacer o no hacer pueda exigirse compulsivamente, y a su vez el acreedor tiene deberes específicos que cumplir, como no exigir más de lo debido y reconocer que la obligación se ha extinguido cuando ello realmente ha sucedido. La extinción se encuentra regulada por las reglas del pago.
El principio que debe orientar toda reforma es que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Nuestro Código Civil así lo señala en su artículo 1.546, y repite dicho concepto 41 veces en diversas disposiciones. Pero este principio debe materializarse como exigencia de cumplimiento; debe tener carácter irrenunciable, por ser un principio supremo del derecho de las obligaciones. Debe considerarse que en los contratos, satisfaciendo una función jurídico-económica-social, la buena fe lo exige; no sólo el derecho sino también el interés colectivo. La validez y cumplimiento de los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno de los contrayentes, y deben existir normas que solucionen la situación del caso fortuito, enriquecimiento sin causa, imprevistos, y readecuar las reglas de interpretación de los contratos, donde el tenor literal no puede primar sobre la voluntad efectiva de las partes.
Nuestra acción legislativa se inicia con leyes aisladas, sucesivas y sobre campos delimitados a contar de 1950, y tienen como objetivo la revalorización de los créditos en beneficio del acreedor o resguardo del orden público económico; pero no se ha abordado el problema que dice relación al cumplimiento o pago efectivo de las obligaciones, considerando la forma, tiempo y circunstancias del pago y, sobre todo, regular metódicamente el pago de obligaciones de ejecución diferida, con moneda de valor inestable, concurriendo desvalorización progresiva a veces galopante.
Los sistemas actualmente vigentes para la adquisición de inmuebles en base de unidades de fomento, altos intereses, cobros por comisión y aceptación del anatocismo, requieren de reformas substanciales en los capítulos del Código Civil referidos a las obligaciones, compraventa y mutuo, para restablecer los derechos de un deudor sobreperjudicado, desde que la inflación trajo los índices y la indexación trajo el abuso.
Las reformas para enfrentar el problema de los créditos hipotecarios, de los contratos con bancos, instituciones financieras o similares, debe contemplar las normas que permitan la celebración de contratos donde se incorporan la buena fe, la equidad, la correcta interpretación de la ley, de tal manera que el juez pueda fácilmente hacer justicia y establecer como principios rectores la necesidad de la indexación y de la desindexación, en los casos en que ella procediere.
La situación de los deudores hipotecarios con contratos vigentes, de los deudores demandados y de los que han sido ejecutados, requieren del establecimiento de una normativa que permita una revisión general, que contemple:
1.Revisión y readecuación de los contratos en base al valor actual, real y efectivo de su propiedad.
2.Imputación de las sumas correctamente pagadas y de los pagos excesivos o improcedentes al valor real de su propiedad.
3.Determinado el valor real adeudado, establecer el plazo, forma y modo de pago, considerando la normativa referida a todo contrato.
4.Establecer en nuestro Derecho la excepción de ilegalidad del pago que permita la revisión del monto de la deuda, ajustándose el pago al concepto de legalidad, excepción que sería procedente en los casos en que el acreedor se niegue al proceso de revisión o que se trate de deudores ya ejecutados.
Finalmente, propongo que la Comisión se aboque al conocimiento, y diagnóstico del problema y que propongan las soluciones que correspondan.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, la entrega de dinero tiene un doble significado: jurídico y económico. Cuando hay compensación en valor de los recibidos, económicamente es una operación de cambio, y jurídicamente es una compraventa. El dinero sirve como medio de cambio, denominador común de valores, y como medio de plazo diferido.
El Código Civil, que entró a regir el 10 de enero de 1857, fue dictado cuando regía el sistema monetario metálico, o sea el dinero-mercadería. El bitametalismo rigió hasta 1860, año en que se autorizó la emisión de billetes de banco convertibles en oro a la vista y a la par, sistema que fue suspendido varias veces hasta la creación del Banco Central, el 14 de octubre de 1925, encargado de mantener la paridad del billete con el oro. En 1932 se suspendió la convertibilidad, lo que llevó a aceptar el papel moneda. De esta manera, los Códigos Civil y de Comercio configuraban la teoría nominalista de dinero, y así aparecía de los artículos 2196, que define el mutuo, 2193 y 2199, que obligaban al mutuario-deudor a devolver la cantidad numérica del dinero, aunque la moneda hubiere variado de valor, todo lo cual se armonizaba con los artículos 1568 y 1569, sobre lo que es el pago y la forma de hacerlo. De esta manera en la compraventa (artículo 1808), arrendamiento (1942), en los pagos diferidos sólo estaban obligados a enterar las monedas numéricas adeudadas.
Sin embargo, la realidad fue imponiendo en la voluntad de las partes y en los tribunales formas de pago mediante la referencia a indicadores de valor, en períodos de desvalorización. Los quintales de trigo, litros de vino, peso del animal, pulgadas de maderas, valor litro de leche, fueron imponiéndose en los contratos en su valor equivalente en dinero a la época del pago. Los tribunales en las indemnizaciones extracontractuales adoptaron en la década del 50 la tesis valorista, y los presidentes de la Cortes Suprema, bregaron por su generalización en las operaciones de dinero, en la liquidación de la sociedad conyugal, en las herencias y otras instituciones del Derecho privado.
De este modo, en la década del 60 se creó la UF unidad de referencia para permitir la existencia de un mercado de capitales a largo plazo. La Ley N° 16.253, del 19 de mayo de 1965, creó los bancos de fomento, modificada por la ley 16.407, del 10 de enero de 1966, que sustituyó su artículo 30. El reglamento del decreto supremo N° 40, del 20 de enero de 1967, en su artículo 3°, señaló que los préstamos y operaciones reajustables se deben expresar en UF, la que tenían un valor fijo cada trimestre, reajustadas según IPC. Los bancos y la UF sólo tenían fines industriales o mercantiles que producían utilidades o rentas.
La UF de valor trimestral se mantuvo desde el 20 de enero de 1967 hasta el 1° de julio de 1977 10 años pero el decreto ley N° 613, del 27 de julio de 1977, le fijó un valor diario entre los días 10 de cada mes.
Por otra parte, el decreto ley N° 2.099, del 13 de enero de 1978, en su artículo l2, letra m) reemplazó el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 252 de 1960, sobre ley general de bancos, disponiendo: "El Banco del Estado, los bancos comerciales y los bancos de fomento podrán conceder préstamos, en moneda nacional o extranjera, mediante la emisión de letras de créditos por igual monto que aquéllos, y su reembolso se hará por medio de dividendos anticipados. Las letras de crédito deberán estar expresadas en moneda corriente, en UF, en otro sistema de reajuste autorizado por el Banco Central de Chile o en moneda extranjera. Estas últimas, en todo caso, se pagarán en moneda corriente."
Esta norma sólo autorizaba la UF respecto de los bancos mencionados y para los fines de las letras hipotecarias.
Sin embargo, el 27 de jimio de 1981 se dictó la ley 18.010 que reemplazó al decreto ley N° 455, del 25 de mayo de 1974, que ya había decretado la reajustabilidad según IPC, extendiendo las UF a todas las operaciones de crédito del sistema financiero cuando fueren reajustables. La ley 18.022, del 19 de agosto de 1981, en su artículo 5° dispuso que los bancos de fomento se regirían por las normas de los bancos comerciales. De esta manera, los bancos de fomento pueden prestar con letras de crédito para toda clase de mutuos, mientras que los comerciales sólo operan tales documentos para construcción, compra, reparación o terminación de viviendas.
Esta breve historia demuestra que el Gobierno Militar:
a) Creó la UF. con reajustabilidad diaria; b) generalizó la UF para todas las operaciones de crédito a partir de la ley 18.010; c) desnaturalizó la UF. y el fin social de la vivienda al transformarlos en mercaderías sujetas al mercado; d) creó para fines habitacionales atraer del mercado de capitales dineros mediante la emisión de letras hipotecarias que se transan a menos de su valor, por lo que los bancos aumentan la deuda traspasando la diferencia al deudor; e) al prestar mediante letras hipotecarias, sometió al deudor al procedimiento ejecutivo especial de la Ley General de Bancos, artículo 98, que lo deja indefenso ya que sólo puede deducir tres excepciones: 1, pago; 2, prescripción, y 3, no empecer el título al ejecutado, en circunstancia de que conforme al juicio ejecutivo del Código Procedimiento Civil puede oponer 17 excepciones del artículo 464.
La situación descrita se agravó al disponer la ley N° 18.010 el cobro de intereses sobre intereses, es decir, anatocismo, usura ya condenada por Aristóteles, al afirmar que el dinero no pare.
Así, el año pasado la situación era de 550.000 deudores hipotecarios, siendo del Serviu 322.000 y 228.000 del sector bancario. El monto total es de US$ 2.304 millones, siendo US$ 1.800 millones del sector bancario y US$ 471 millones del Serviu.
El Gobierno solucionó el problema de los deudores Serviu, 322.373, disponiendo diversas medidas según los tramos de la deuda.
Los deudores bancarios que incluyen 40.314 de la ex Anap, tenían el año pasado un total de 21.975 deudores demandados judicialmente al 11 de junio de 1990, a los que se dio solución mediante ley aprobada por el Congreso Nacional.
La deuda crítica, la de cuatro dividendos y más en mora, se concentra en los préstamos de 1976 a 1983, con un 27,8 por ciento; con 15,7 por ciento en el período 19841986, y se normaliza con 7,3 por ciento entre 1987-1989.
De esta manera, se presentan dos problemas:
a) Situación de los actuales deudores morosos; b) situación a futuro.
En el primer caso, debe aceptarse por los bancos y entidades financieras un recalculo de la deuda a partir de 1981, fecha del anatocismo y de la obligatoriedad de la UF; una nueva renegociación que sobre las bases del nuevo cálculo que comprenderá, naturalmente, el valor estimado de la vivienda, fijándose dividendos o reajustabilidad en índices diversos del IPC.
A futuro, deben aceptarse en la legislación chilena: a) supresión del anatocismo; b) facultad para pactar diversos índices de reajustabilidad a largo plazo; c) facultad judicial para revisar los contratos uni o bilaterales respecto de aquellas cláusulas que se han tomado excesivamente gravosas por acontecimientos imprevisibles para el deudor.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el tema de la deuda habitacional es uno de los grandes problemas traspasados a este Gobierno por el régimen anterior. Es uno de los grandes desafíos, también, para enfrentar su solución. Está claro que la deuda habitacional en Chile es la resultante de una serie de factores que han incidido en el desajuste entre el valor del dividendo y el ingreso real de los deudores: la utilización de la UF como segunda moneda, prácticamente para medir el precio de la vivienda y sus pagos mensuales; la liberalización financiera que benefició a la banca; la aplicación de doctrinas y principios contrarios al mantenido hasta ese momento en nuestro país; la vigencia de criterios economistas en áreas en que les estaba vedado, por exigencias de carácter social; la disminución a casi cero del papel constructor que le correspondía a entidades del Estado, fundamentalmente a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Corvi y Serviu; el reemplazo de las cuotas Corvi; por las UF, ahora en áreas de la banca privada; la legislación del anatocismo y la usura, que permite cobrar intereses sobre intereses, etcétera. Todo esto, unido al deterioro de las remuneraciones, la cesantía prolongada y la falta de coherencia racional entre el reajuste a las UF y el reajuste de remuneraciones, el congelamiento y la pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, provocó el desastre que significó la pérdida irremediable de miles de viviendas para familias chilenas. 58.034 viviendas fueron rematadas entre los años 1980 y 1989, según cifras de la Federación de Deudores Habitacionales de Chile, Fedhach. Al 31 de diciembre de 1989 la deuda hipotecaria de viviendas asciende a 518.428 millones de pesos, que afecta a un total de 228.179 personas, según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Muchas familias han vivido con la espada de Damocles sobre sus hombros, esperando el momento del lanzamiento o del remate. La dignidad del chileno también se perdió con este problema de la "vivienda También es un derecho humano que se violó. Se desconoció el derecho de propiedad y al poder del dinero sí que se respetó y sí que se protegió. Y lo saben los bancos que recibieron fuertes sumas del Estado para impedir su quiebra. Es el privilegio de unos pocos por sobre el derecho de muchos. Los sueños de la vivienda propia un día se cumplieron. Pero otro día se esfumaron. Miles de familias han vivido entre el sueño y la frustración. Todo un trabajo, un esfuerzo para pagar la vivienda; pero todo un trabajo, todo un esfuerzo para nada. Los altos dividendos provocados por el aumento galopante de las UF hicieron imposible el cumplimiento de estas obligaciones hipotecarias. Los pequeños y medianos propietarios, insertos en esta economía social de mercado, que era ajena y extraña en este juego de oferta y demanda rigurosa, una verdadera lucha del hombre por el hombre, donde el pez más grande se comió al más chico, sucumbieron ante esta lucha desigual. La unidad de fomento como instrumento de ahorro, utilizado inicialmente por la industria y el comercio, resultó inaplicable para el sector social de la vivienda. Esto, unido a la aplicación de un interés leonino que absorbía todo sueldo y toda remuneración. Inicialmente las UF se reajustaban, desde su nacimiento en 1967, cada año. Después, cada tres meses, y el año 1977, diariamente. La reforma al Código Civil en su artículo 2.207, inciso segundo, por sucesivas leyes, hasta que la ley N° 10.010, de 1981, permitió estipular el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renegociación. Esto agravó la situación financiera en el país.
Como se ve se favoreció a un sector del país. Más bien dicho, se legisló sólo para un grupo privilegiado. La gran mayoría quedó expuesta a los embates, al acoso y a la demolición por los grandes acreedores. La normativa fue hecha para éstos, adeudada para éstos. Mientras el Código de Procedimiento Civil contempla para la defensa de los deudores 17 excepciones, o causales de oposición a las demandas civiles y ejecuciones, el DFL N° 252, de 1960, reformado, sólo autoriza el pago de la deuda, la prescripción y el no empecer el título al ejecutado. Como se ve, es una burla y un sarcasmo. ¿Cómo se va a oponer el pago de la deuda si el problema es justamente eso, imposibilidad de pagar?
Señor Presidente, todo lo dicho es casi pasado, las causas que originaron el problema del endeudamiento habitacional. Y a las sumas negativas oponemos las positivas 25 mil deudores habitacionales hipotecarios han salvado su casa por la renegociación de su deuda en virtud de la ley N° 19.003, aprobada por este Parlamento, y 324.000 deudores Serviu han sido favorecidos por el sistema de renegociación acordada por el Serviu. Estas personas debían aproximadamente 28 millones de unidades de fomento. Se acaba de anunciar una medida del Gobierno que favorecerá a 40 mil familias. Favorece a los deudores del Banco del Estado, pero que se extenderá a los bancos privados. La solución al problema habitacional de la deuda es terminar con las causas que generaron el problema. Armonizar nuestra economía, haciéndola más justa y racional. Las UF no pueden seguir siendo la medida única que fije, el dividendo, más aun cuando ésta es una medida económica generalmente para negociar, y no puede ser sólo un negocio, sino que hay fines sociales distintos al valor inicial de la vivienda.
Ahora pedimos a los bancos privados, a las instituciones financieras privadas, un esfuerzo para dar solución a este problema. Esperamos ahora soluciones permanentes, fundamentales para aquellos que han cumplido y que hoy ya les es imposible seguir cumpliendo. Y las remuneraciones tienen que ir proporcionadamente a la par con el respectivo dividendo, el cual no puede ser superior al 25 por ciento del ingreso familiar. Pero ya ahora el índice general de remuneraciones y el fondo de estabilidad de dividendos de créditos hipotecarios es un anuncio novedoso. Se puede favorecer a los deudores corrigiendo la distorsión que se produce entre el pago del dividendo y el ingreso fijo del deudor. También son importantes las medidas renegociadoras que cancelan los saldos de deudas. Pero siguen pendientes las gigantescas sumas que se han devengado a través del tiempo y que hacen aparecer al deudor con un capital debido estratosférico.
Por eso, se hace necesario insistir en recálculos que sitúen el saldo adeudado en el valor real de inmueble. Mientras no se baje la deuda, mientras no se corrija, las soluciones no serán tales, sino que prolongación de males que inexorablemente deberán sufrir los deudores, como lo son la pérdida de la vivienda, el deterioro del presupuesto familiar, etc. Las amarras que el anterior Gobierno nos dejó deben ser cortadas, y el Parlamento, con las mayorías, está dispuesto a ello. No es posible aceptar que exista un país de deudores morales; un país manchado en boletines y registros; un país estancado; un país lloroso antes que jubiloso. El Gobierno está actuando; los organismos del Estado han cumplido. Nosotros debemos seguir estos pasos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la vida continúa. Inexorablemente, la ley natural que mueve el quehacer humano nos obliga a levantar la cerviz y a abrir los ojos de la razón para ocupamos de la rueda de la historia y de cada una de las tareas cotidianas, que atingen al desarrollo del hombre y su búsqueda incesante de bienestar, justicia y paz.
Nos ocuparemos en esta sesión de un problema que se ha hecho endémico y que, en sí mismo, entraña una gran injusticia: la situación de tantos miles de chilenos afectados por las gravosas y angustiantes deudas hipotecarias habitacionales.
Y digo que este problema es en sí muy injusto, porque la vivienda, la casa propia, es un derecho. Cada hombre, al formar su hogar y tener una familia, debería acceder a una casa digna y confortable que le permita desarrollarse plenamente y vivir tranquilo y feliz con su mujer y sus hijos. El tener su propia casa es tal vez para el hombre su mayor dignidad y realización como persona, y esto lo hará sentirse señor de sí mismo.
La sociedad y los Estados tienen el deber de facilitar las condiciones para que ese acceso a la vivienda sea posible a cada uno de los estratos de la comunidad, especialmente, sin duda, para los sectores más modestos y deprimidos en lo social y en lo económico.
En nuestro país, desde hace muchísimos años, el problema habitacional ha sido uno de los más preocupantes. Los diversos Gobiernos no han podido hasta hoy darle solución integral. Porque las necesidades de más viviendas siempre son muy superiores a las posibilidades reales de satisfacerlas, año tras año el déficit se hace mayor.
Junto a los intentos de los últimos 30 años, loables aunque insuficientes, de privilegiar la construcción de viviendas sociales y de otorgar las facilidades posibles a los chilenos más pobres para que accedan a esas casas, no ha existido igual preocupación por otros sectores de la sociedad nacional, que han debido procurar, con su propio esfuerzo, satisfacer su tan humana aspiración al hogar propio. Y si alguna facilidad quiso dárseles, esa ayuda se ha transformado figuradamente en una especie de bumerán, porque en su anhelo tan sentido de tener su casa debieron aceptar las condiciones de un sistema que, poco a poco, se fue transformando en ansiedad, en angustia, en desmoralización, y, en muchos casos, en el drama del remate de esa casa, que pensaron buenamente y con alegría, que sería suya para siempre.
Estos chilenos son los deudores hipotecarios habitacionales, que frustrados en la ocasión anterior, hoy alientan la esperanza de que desde este hemiciclo legislativo surja una posibilidad de solución para el problema que los afecta de manera tan profunda.
Y nosotros, legisladores, ¿tenemos una respuesta a esa esperanza?
Ciertamente. Y esto lo digo a título personal, pero tal vez interpretando el sentir general de esta Cámara. Pueden contar, en primer lugar, con toda nuestra comprensión y solidaridad; luego, con la voluntad más determinada para estudiar, discutir y hacer posible, como ley de la República, las ideas, mociones y proyectos que signifiquen solucionar su agobiante situación; y también con algunas sugestiones sobre la materia, que podrían resultar un buen aporte.
Hemos considerado siempre muy injusto que quienes contrataron la adquisición de su vivienda en una cantidad, tal vez justa, al transcurrir algunos años ese valor haya ido creciendo exageradamente ante el imperioso reajuste de la UF. En la proyección de un cumplimiento regular de los dividendos, al término del plazo establecido, se pagan finalmente, cuatro o cinco veces ese valor original.
La gran mayoría de los adquirentes en UF no ha podido pagar sus mensualidades, porque de una cantidad inicial que les permitía hacerlo, ya que fluctuaba, según el valor de la casa, entre 20 por ciento y 40 por ciento de su sueldo, hoy asciende entre 70 por ciento y 90 por ciento de sus ingresos. Muy pocos pueden pagar esos dividendos, si no es a costa de una situación verdaderamente asfixiante e impelidos, en la mayoría de estos casos, por la naturaleza de Sus funciones laborales y por un "status" que los obliga a entregar una imagen social artificial, con ingentes sacrificios.
Y todo, porque mientras la UF sube su valor como por raudo ascensor, los sueldos y rentas lo hacen por fatigosa escala.
Por todas estas consideraciones, me permito solicitar que cuanto antes se haga realidad el ofrecimiento que el ahora Presidente Aylwin hiciera como candidato, en el sentido de que ningún dividendo habitacional supere el 25 por ciento del ingreso de los adquirentes.
El Gobierno, a través del Serviu, y del Banco del Estado, ha atendido a todos los deudores hipotecarios, liberando a los más pequeños de toda deuda, con un pequeño pago, y a los mayores montos, limitando el dividendo al 25 por ciento de sus ingresos y ampliando fuertemente el plazo del pago.
Esta misma norma se ha pedido que la apliquen los bancos particulares; pero no ha sido acogida esta sugerencia, demostrando esas instituciones muy poca sensibilidad para atender los problemas de los afectados.
Es evidente que este problema complejo ha sido heredado por este Gobierno, y su solución tiene un alto costo que alguien debe solventar. Creo que debemos estudiar con seriedad este problema y buscar una solución justa para todos los deudores, que alcanzan a 240 mil personas, incluidas las que se encuentran al día en su deuda con el Serviu, pues siempre los más cumplidores muchos lo hacen privándose incluso de sus necesidades más imperiosas no reciben ningún tipo de beneficio.
Este estudio debe contemplar la retasación de las propiedades, y a ese valor restarle las cantidades pagadas, estableciendo así el saldo que legítimamente corresponde pagar y no los elevados montos con que figuran hoy.
Así estaríamos haciendo justicia para estos ciudadanos que, en forma legítima, han optado a una vivienda, lo que, en el fondo, se les ha transformado en un verdadero calvario. Debería contemplarse, también, el cambio del sistema de reajustabilidad de los sueldos.
Los deudores hipotecarios se encuentran muy apremiados y angustiados por la situación que les afecta y no pueden seguir esperando. Estoy dispuesto a respaldarlos en una solución justa y equitativa y lograda a la mayor brevedad.
He dicho
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, un enorme esfuerzo realizó infructuosamente durante cinco años la Federación de Deudores Habitacionales para sensibilizar al Gobierno autoritario sobre las graves consecuencias que ha provocado el dañino sistema de crédito hipotecario habitacional.
Ahora, en democracia, la Fedhach ha podido plantear su real situación, sus dramáticos resultados y una propuesta de solución ante la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados, lo que implica una gran responsabilidad, porque se trata de un tema tan delicado que ha destruido, durante más de una década, a miles de hogares chilenos a causa de la fatídica UF.
El mal no está en ella solamente, que de por sí es agravante, sino que hay que agregar las altas tasas de interés y los cobros de intereses sobre intereses, que en definitiva han culminado en persecutorios y angustiosos juicios en contra de los deudores, o en remates descamados y desalojos crueles de sus viviendas, lo que terminó en el empobrecimiento de varios cientos de miles de hogares, a los que se les prometió irresponsablemente, a través de una amplia campaña publicitaria, el "sueño de la casa propia".
De la constructiva exposición efectuada a los parlamentarios por el presidente de Fedhach, podemos concluir, con toda propiedad, que una unidad reajustable como la UF, aplicada a cobros hipotecarios habitacionales, no resiste mayor análisis ni mantención en el mercado, toda vez que su fracaso es un hecho indesmentible, reconocido ampliamente por la mayoría de todos los sectores políticos, sociales y culturales del país.
Por tanto, no se justifica que una vivienda familiar, obtenida con gran esfuerzo, sea cobrada en moneda distinta del escuálido sueldo en pesos del trabajador común y corriente, cuyos salarios cada mes fueron más y más reducidos con respecto a las desorbitantes alzas diarias de la UF.
La incapacidad de pagar las deudas no es un problema individual ni exclusivo de los deudores habitacionales; es una enfermedad que ha hecho crisis en toda la economía nacional.
El agente transmisor de esta epidemia es la UF, originalmente un instrumento de fomento a la construcción de viviendas, que fue desnaturalizada cuando se la convirtió en una segunda moneda nacional al servicio de la especulación financiera.
Este perjudicial sistema ha sido, por muchos años, la única alternativa ofrecida por las autoridades anteriores como medio para acceder a la vivienda propia, por lo que es evidente que si los jefes de hogares hubiesen tenido la oportunidad, o al menos la capacidad de escoger en libertad, se hubieran negado rotundamente a este exigencia crediticia impuesta, como era la característica de todas las políticas ejercidas durante 16 años y medio de la dictadura.
El segundo factor en que se ha sustentado la epidemia de endeudamiento masivo es el cobro de intereses propios de un reino de la usura. Este fue el resultado de unas de las primeras necesidades económicas adoptadas por el Gobierno pasado, como es liberalizar el mercado de capitales.
En el año 1979, el entonces Ministro de Hacienda manifestó: "El que no se endeuda en Chile es tonto". Los bancos, por otra parte, hacían una campaña masiva para encontrar nuevos deudores.
Con grandes "bombos y platillos" se aseguraba que la buena marcha de la economía no variaría, y que el dólar se mantendría; estaba en 39 pesos por muchos años. Sin duda, no hubo una evidente responsabilidad de quienes conducían el modelo de libremercadista, ya que dieron indicadores equivocados a la población chilena.
En efecto, al pedir información sobre el saldo de la deuda, las familias se han encontrado con la desagradable sorpresa de que deben tantas o más UF de las que pidieron al comprar su casa, pese a haber pagado regularmente el dividendo durante años. Desgraciadamente, ello no es un error, sino una realidad derivada de las condiciones leoninas con que fueron celebrados los contratos hipotecarios.
El anteproyecto de ley de solución, propuesto por la Fedhach, en su artículo 1° señala: "Las deudas originadas en adquisiciones de viviendas serán reconvertidas a la moneda de curso legal a contar de la fecha de vigencia de la presente ley, derogándose su expresión y reajustabilidad en UF., índice de valor promedio, IVP, 0 + unidades reajustables, UR."
En su artículo 2a dice: "Las deudas habitacionales insolutas, que estén expresadas en UF, IVP, o UR, serán reconvertidas a deudas en pesos, conforme a un procedimiento reglamentario para tal efecto."
Por otra parte, el artículo 3a de este anteproyecto manifiesta que "el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá autorizar condiciones especiales de pago a los deudores habitacionales que demuestren estar cesantes y a los que perciben pensiones o remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo legal. Estas condiciones de pago, cuando importen un subsidio, no podrán extenderse a 24 meses".
Otras indicaciones importantes recaban, en el caso de las viviendas rematadas con posterioridad al 5 de octubre de 1988 y que sean propiedad de terceros, que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ofrecerá al deudor la opción de un programa habitacional compensatorio equivalente a los beneficios que el deudor hubiere recibido por lo dispuesto en la presente ley.
Los derechos dispuestos en este artículo sólo podrán ejercerse por quienes no posean otra vivienda.
Se otorgará un subsidio preferencial para los deudores que hayan perdido sus viviendas a causa del sistema de crédito hipotecario vigente.
También se revisará el caso de los deudores que hayan perdido su vivienda y que, por tener más de 50 años, no tienen derecho a la adquisición de un crédito hipotecario.
Esperamos que estas iniciativas encuentren eco en los parlamentarios, toda vez que es de justicia solucionar este drama a toda la familia chilena.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Angel Fantuzzi.
El señor FANTUZZI.-
Señor Presidente, estimados colegas:
Se acerca la fecha de renegociación para los deudores habitacionales, contempla en la ley N° 19.003. Pese a que voté a favor de ella debo manifestar que la solución que contiene resulta insuficiente y no ataca de raíz el problema en cuestión. Sus disposiciones son poco claras y no solucionan los problemas de todos los deudores que se esperaba favorecer.
Tal vez, habría que señalar, simplemente, a quiénes se les permite efectuar esta reprogramación y cómo operar para posibilitar que todos los que reprogramaron los 25 miltengan acceso a ella. Se ha escuchado que, lamentablemente, la cifra es distinta de la mencionada.
Muchos piensan, entre otras cosas, que esta repactación les permitirá seguir pagando un dividendo no superior al 25 por ciento de su ingreso familiar. Esto se ofreció en la pasada campaña presidencial y, personalmente lo comparto. Tales expectativas son las que hacen sentir una gran frustración a los deudores.
La ley pretende resolver la difícil situación que algunos deudores enfrentan al ver sus viviendas a punto de ser rematadas, pero no termina con la incertidumbre de que sus actuales ingresos los llevarán a caer nuevamente en morosidad. Por eso, ningún dividendo debiera sobrepasar el 25 por ciento de la renta familiar, a fin de dar solución definitiva a este problema, que mantiene a muchas familias angustiadas, y para que a los futuros compradores no se les transforme en una pesadilla la tan anhelada consecución de la casa propia.
Dentro de los deudores existe un grupo, mayoritario, con el cual se produjo la mayor injusticia: todos aquellos que compraron sus viviendas cuando existía la llamada "ley de piso", que permitía reajustar las remuneraciones en el mismo porcentaje que el aumento de los dividendos. Al cambiar las reglas y dejar las remuneraciones al libre juego del mercado, sus ingresos se incrementaron en cifras inferiores a IPC.
Muchos estamos conscientes de que esto fue producto de una crisis interna y externa que obligó a las autoridades de la época a tomar tan dura medida, lo cual no significa que, pasada la crisis, se le encuentre una real solución a estos deudores que, en ningún caso, actuaron en forma irresponsable al contraer el compromiso de pago de sus dividendos. A ningún chileno le gusta que le regalen las cosas, pero sí que se le dé la oportunidad efectiva, con condiciones de pago reales, para cumplir con sus obligaciones.
Ahora bien, todos quienes tenemos responsabilidades políticas debemos ser capaces de no usar las necesidades de las personas con fines electorales y abocarnos en forma seria y responsable a buscar soluciones posibles, de acuerdo con nuestra actual situación económica. Al respecto, quiero utilizar la reflexión del señor Presidente de Uruguay expresada en días pasados en este Congreso. Él decía: "Entre lo que se quiere y lo que se puede está nuestra tarea. Ahí está nuestro drama. Es mucho más lo que podemos; hace falta que realmente lo queramos. Y lo debemos querer en la medida en que sepamos que en nuestra actividad hay un tiempo electoral y un tiempo político..."
"Pasado el tiempo electoral, se abre el tiempo político, que es el de las realizaciones concretas, sin partido y con una sola patria."
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado don Juan Concha.
El señor CONCHA.-
Señor Presidente, sin duda, el problema de los deudores habitacionales es bastante serio, grave y muy complejo; su solución no es fácil. Como se arrastra desde hace aproximadamente quince años, no puede culparse de su existencia al Gobierno actual.
Recordemos que allá por el año 1960 se dictó el decreto con fuerza de ley N° 2, que estableció un plan habitacional. Al mismo tiempo, se crearon las asociaciones de ahorro y préstamo, encargadas, precisamente, de financiar la anhelada vivienda a los ahorrantes.
El sistema funcionó bien durante toda la década de 1960; se mantuvo en los primeros años de la de 1970, hasta que se cambió, bruscamente, el método de reajustabilidad.
La reajustabilidad uniforme y común, tanto para la deuda como para los recursos del deudor, impuesta por la legislación de 1960, fue modificada. A contar de 1975, la deuda fue reajustada de acuerdo con otro índice: el de la unidad de fomento.
De esa forma, se disparó la deuda. ¿Cómo es posible que el deudor, que recibe su salario en una moneda, se vea obligado a pagar en otra, comportándose ambas de modo diferente?
Así nació el problema, que se agudizó con la crisis de 1982.
Si viviéramos en un régimen de economía estable que no caracteriza a Chile, precisamente, no habría problema. Pero, como la economía chilena no es estable, por un lado, la unidad de fomento se disparó y, por otro, los sueldos y salarios sólo se reajustaron en forma normal, una vez al año, en algunos casos, y cada dos cuando se trata de convenios colectivos.
Así, el deudor debe pagar una cantidad que no puede cubrir o, mejor dicho, tiene que deducirla de sus ingresos ordinarios. Este sistema es pernicioso, duro, dramático, incluso, para las familias de los deudores. Es necesario ponerle término.
El Gobierno actual con mucha comprensión, a través de la ley N° 19.003 y su correspondiente reglamento, el decreto con fuerza de ley N° 15, estableció la forma de solucionar el problema de los deudores morosos, otorgándoles la posibilidad de una remisión de parte de la deuda, originada por la diferencia entre el valor comercial de la propiedad y el monto de la deuda, y permitiéndoles, a la vez, pagar los dividendos en mora al final, después de la extinción de la deuda, en condiciones especiales.
Esto soluciona el problema de los deudores habitacionales hasta el 30 de junio de 1990, pero no resuelve el de aquellos que adquirieron sus compromisos después de esa fecha.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Terminó el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Ruego a Su Señoría, redondear la idea.
El señor CONCHA.-
Tal vez sea conveniente solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República, la modificación de la ley N° 19.003, en orden a incluir a los deudores en mora hasta el 31 de diciembre de 1990. Esto solucionaría, en parte, el problema. Quedaría el de quienes están al día y pagan más del 25 por ciento de sus remuneraciones.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor don Roberto Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, una vez más, la Cámara tiene que preocuparse de un problema que afecta a la gran base social del país.
Después de un largo período político y económico, evidentemente, quedaron sectores postergados. Y lo digo no sólo con el afán de polemizar, sino para que la ciudadanía comprenda que el Gobierno ha recibido una pesada mochila de problemas acumulados durante 16 años y que ha tratado de solucionar en el breve lapso de un año, porque tiene la sensibilidad para ello y porque en la pasada campaña electoral se dijo que ese gran sector silencioso sería escuchado.
Por eso, valdría la pena parafrasear la moraleja de que "de los arrepentidos es el reino de los cielos". Es importante que quienes acompañaron al pasado Gobierno en su política económica, hoy día, en una actitud positiva, demuestren tanta sensibilidad con los deudores habitacionales.
Hay una realidad que nos preocupa y nos duele. Nosotros no somos los autores de un sistema de reajustabilidad de deudas hipotecarias creado por toda una política y una escuela económicas aplicadas en el Gobierno pasado. Gente común, como la que en la actualidad integra el Parlamento, confiadamente adquirió compromisos con una banca privada insaciable. Aceptó la unidad de fomento, nefasta, que no hemos podido desamarrar. Ha sido el norte crítico de este sector social.
Reconocemos que la unidad de fomento incentiva a quienes pueden ahorrar; no lo discutimos. Creemos que los economistas tendrán mayores argumentos para modificarla o corregirla. Pero, así como ésta es una verdad desde el punto de vista pragmático-económico, hay que reconocer que quienes adquirieron deudas en unidades de fomento fueron aplastados.
Es lícito manifestar en esta oportunidad que los parlamentarios de Gobierno estamos preocupados por escuchar el clamor de esta situación. Por eso, al inicio de esta intervención me referí rápidamente a que tanto el Congreso como el Gobierno han legislado, durante este corto lapso, para cerca de 3 millones de chilenos con deudas de todo tipo: de impuestos, de contribuciones, las deudas de los parceleros, los créditos universitarios, y, ahora, las deudas habitacionales.
En el plano de las deudas de viviendas, es bueno reiterar al país, para que no haya confusión, que la actual administración política ha legislado ya para 324 mil deudores del Serviu. Ahora, entre esa gran cantidad de deudores, a quienes escuchamos sus planteamientos fue una demostración de la dureza de la política económica que se les aplicóse incluían cerca de 10 mil pensionados que hasta hace un año ganaban menos de 15 mil pesos, los cuales enfrentaban un alza de sus dividendos imposible de pagar. Esta es una realidad, no una teoría. Debemos reconocer, en este instante, que aún quedan problemas que no hemos podido abordar. Son problemas con la banca privada por deudas hipotecarias de la gran clase media chilena; con una banca privada a la que, no hace mucho tiempo, la sensibilidad pragmática de una política económica pasada y nefasta le regaló cientos de millones de dólares; sin embargo, al igual que pulpos insaciables, continúa asfixiando a alrededor de 280 mil deudores habitacionales que buscan en este Congreso y en el Gobierno la solución a su problema, la que evidentemente encontraremos.
En esta sesión especial debemos señalar que la banca privada ha colocado todo tipo de dificultades para que los deudores puedan acogerse a una reprogramación. Lamentablemente, nuestra bancada dispone de muy poco tiempo para analizar este problema. Sólo quiero destacar, de un modo gráfico, lo insensible de esta banca privada que, incluso, no hace muchos meses, pretendió ejecutar a un detenido desaparecido que tenía una deuda anterior a 1975.
La banca privada no ha actuado en consonancia con las fabulosas utilidades que obtiene anualmente. Ha preferido colocarse de espaldas a la realidad de los deudores habitacionales, al exigirles condiciones imposibles de cumplir. De manera, señor Presidente, que la bancada radical-socialdemócrata no tiene por qué plantear una medida diferente a la que el Gobierno, en espíritu y en conciencia, tomará para solucionar el problema de todo este sector que hoy día está preocupado por su amarga vivencia en la aspiración de conseguir un hogar propio.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra él Diputado señor Ramón Pérez.
El señor PEREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, respetados colegas, hay unanimidad entre nosotros en que uno de los más graves problemas que aquejan a la gran mayoría de nuestros compatriotas es la situación de los deudores habitacionales en unidades de fomento, que en el sistema bancario y financiero del país alcanzan a 280 mil personas. Esto lo comprábamos cuando en nuestros distritos en mi caso en la provincia de Iquique recibimos las quejas de quienes un día tuvieron la mala idea poseer una casa propia.
Hemos solicitado esta sesión especial de la Honorable Cámara con el fin de hacer un análisis y una evaluación de propuestas en beneficio de ese sector, y de buscar y proponer soluciones viables para absorber el monto total de la deuda, que supera, aproximadamente, los 620 mil millones de pesos. Obviamente, ésta no es sólo una responsabilidad del Gobierno, sino que deben unirse los sectores, es decir, la banca privada, los deudores hipotecarios y el Supremo Gobierno, por tratarse de un problema que dificulta la tranquilidad de tantos grupos familiares. Si bien es cierto que la ley N° 19.003 benefició a aquellos deudores cuyas viviendas estaban a punto de ser rematadas, ésa fue una solución temporal que sólo permitió beneficiar a menos de 10 por ciento de los afectados.
Ahora, ¿por qué tanta deuda? Todos estamos conscientes de que no se trata de no querer pagar, sino de la imposibilidad de cumplir debido a las diferencias que se producen al recibir un sueldo en pesos y pagar dividendos en unidades de fomento, más intereses. Es bueno hacer notar que en, la mayoría de los casos, el valor inicial de la deuda ya ha sido pagado; pero los intereses han duplicado su valor. Se ha renegociado; se ha vuelto a caer en mora, y ello porque en muchas ocasiones los dividendos representan hasta un 70 por ciento de las rentas, y en otros casos, mucho más. Es bueno preguntarse, entonces, ¿es preferible pagar un dividendo o darle de comer a un grupo familiar?
Debemos señalar algunos casos específicos para conocer la realidad. Una persona solicitó a un banco la suma de 560 mil pesos. De este crédito, ya ha pagado 1.269.200 pesos, y aún debe 4.620.000 pesos. Es digno de destacar lo que les ocurre a los trabajadores de la ex oficina salitrera Victoria, que a su cierre tuvieron que trasladarse a Iquique. Se les entregó una casa económica por valor de 230 mil pesos, con un préstamo bancario de 120 mil pesos divididos en 144 dividendos, los que ya fueron pagados. Pues bien, al reclamar sus escrituras se les comunicó que deben todavía entre 360 mil y 1 millón de pesos. O sea, algo funciona mal en el sistema. Creo que es hora de que enfrentemos el problema en su génesis, no a través de leyes, de reprogramaciones o de refinanciamientos, que sólo son paliativos. Lo que la gente quiere son soluciones definitivas, como transformar la deuda en pesos, con dividendos acordes con sus ingresos.
Por eso, señor Presidente, los independientes y Renovación Nacional pensamos que es bueno abocarnos a trabajar en este sentido. Además, me sumo a las peticiones hechas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado Sergio Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, el problema de los deudores hipotecarios es un tema emotivo, cargado de elementos subjetivos. Es hora de que sea tratado en serio.
Los deudores hipotecarios son alrededor de 700 mil en el país. La mitad de ellos son deudores del Serviu que han tenido soluciones ventajosas. En cambio, los otros 300 mil, pertenecientes a la ex ANAP, a cajas de previsión y a bancos, están pendientes. Ha llegado la hora de afrontar el problema con realismo, con proposiciones concretas y sin demagogia. Las soluciones deben estar orientadas a favorecer al deudor que cumple con sus compromisos, y ser efectivas. No más medidas de parche; no más "chúteos"; no más discriminaciones odiosas tendientes a beneficiar sólo a algunos grupos de deudores. Nuestro Partido propone que se premie al deudor que ha hecho un esfuerzo en el pago de su deuda. Deseamos que se haga justicia a los que hacen un esfuerzo por estar al día en sus compromisos. Estos deudores soportaron la recesión económica con estoicismo y honradez, y hoy debemos ayudarlos.
También creemos oportuno que se regularice la situación de quienes, por diversas razones, están en mora, pero de una vez para siempre. Queremos que se les ayude de modo un excepcional; pero que no se siente un precedente para premiar el incumplimiento de compromisos contraídos. Concretamente, proponemos que se subsidie, con cargo fiscal, con el equivalente a una unidad de fomento, el dividendo que mes a mes se pague dentro del plazo. Con esta medida se beneficiará a alrededor de 300 mil deudores. Esto significa, a manera de ejemplo, que si un deudor tiene el compromiso de pagar 3 unidades de fomento mensual es, y antes del día 10 de cada mes el Fisco lo subsidia con 1 unidad de fomento, sólo tendrá que pagar las dos unidades de fomento restantes si lo hace antes de la fecha en que se ha comprometido.
Para formarse una idea de este subsidio, en términos del beneficio que implica para un deudor, baste señalar que los más pobres dentro del sistema bancario pagan un dividendo de dos unidades de fomento, como promedio. Son los que tuvieron préstamo complementario a los subsidios habitacionales del quinto llamado del Ministerio de la Vivienda. Estimamos que el plazo de vigencia de esta medida debe ser, por lo menos, de dos años, para disminuir el monto del subsidio a 0,7 unidades de fomento en el tercer año y a 0,5, en el cuarto, a fin de empalmarlo, después de esa fecha, con un mejoramiento real de remuneraciones de los deudores, lo cual ha sido la causa fundamental del problema hipotecario.
Una ley similar se promulgó en 1985. Se subsidió en 0.5 unidades de fomento, y esa iniciativa resultó exitosa. Si ella pudo implementarse cuando recién el mundo abandonaba una gran recesión, creemos que hoy día, en que Chile está económicamente sólido, esta iniciativa también puede ser exitosa si se implementa en un monto significativo y sin discriminaciones.
Proponemos también, con el objeto de regularizar la deuda morosa, un subsidio excepcional, por una sola vez, consistente en lo siguiente: que el Fisco subvencione el 50 por ciento del saldo de la deuda morosa, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones: primero, que el deudor pague el 50 por ciento restante en un plazo no superior a 6 meses; segundo, que el banco acreedor condone intereses moratorios o penales, y tercero, que se dejen sin efecto los gastos de cobranza judicial y extrajudicial. De esta forma se obliga a que los bancos también entreguen su cuota de sacrificio, especialmente si se considera el mejoramiento de la cartera riesgosa. En todo caso, el saldo de la deuda no debe superar las mil quinientas unidades de fomento, de modo que la medida sea redistributiva. Una vez que los deudores morosos se pongan al día, gracias a esta medida, se empalmaría con el premio al buen pago, consistente en el subsidio de una unidad de fomento mes a mes, para que el dividendo se pague dentro del plazo. Así creemos que se terminará la pesadilla del remate de la casa propia.
Las medidas propuestas no agravan las cuentas fiscales, pero sí tienen un costo que debemos aceptar con miras a resolver el problema de los deudores hipotecarios. De lo contrario, se corre el riesgo de introducir distorsiones que reboten sobre los futuros deudores habitacionales cuando quieran comprar su vivienda o se dicten normas que menoscaben a los inversionistas a largo plazo, los cuales son hoy día los propios trabajadores, a través de sus cuentas previsionales.
La medida que proponemos es justa, realista, redistributiva y eficiente y beneficia a la clase media y a las familias de escasos recursos. Por esta razón, la proponemos.
Por ello, hago un llamado a los señores Diputados a que se plieguen a esta propuesta justa, porque queremos que se legisle pensando en los deudores; hago un llamado a los bancos para que se unan y apoyen a los deudores en esta proposición; hago un llamado a los representantes de los deudores, a fin de que apoyen esta proposición en beneficio de todos los deudores hipotecarios, sin discriminaciones, sin "chúteos" de las deudas, lo cual sólo agrava el problema futuro. Hay que actuar con realismo, y esta proposición cumple con ese requisito. Como es la hora de las soluciones, hemos querido presentar un camino claro que esperamos cuente con el consenso de esta Cámara y del Ejecutivo, con el objeto de que, en el plazo más breve, se estudie un proyecto de ley de similares características que las expuestas.
Por último, señor Presidente, no quiero terminar estas palabras sin antes mencionar nuestro compromiso de estudiar un proyecto de ley, que presentaremos en el período ordinario de sesiones, a fin de facultar a los deudores habitacionales del sistema previsional, de la ANAP o de cualquier otro organismo, para que paguen a los adquirentes de sus carteras hipotecarias el mismo valor en que compraron sus viviendas más la correspondiente corrección monetaria y una tasa media de interés anual. Esta es nuestra tarea pendiente.
He dicho, señor Presidente.
Aplausos en la Sala y en tribunas.
El señor CORREA.-
Dentro de mi tiempo, concedo una interrupción al Diputado Valcarce.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Restan tres minutos y medio del tiempo del Comité de la UDI. Su Señoría puede cederlos a Renovación Nacional, si así lo desea.
Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce, en el tiempo de Renovación Nacional, que es de 6 minutos y medio.
El señor VALCARCE.-
Gracias, Diputado Correa.
Señor Presidente, quiero traer a colación un caso que espero sea considerado dentro de los problemas de los deudores habitacionales, en los próximos proyectos que envíe el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
La señora Josefina del Carmen Uribe Cerda, que habita en mi distrito, es el ejemplo de muchas personas que tras jubilar, después de un arduo trabajo por más de 35 años, obtienen una renta líquida actualizada de 26 mil 753 pesos.
La ley NQ 19.003 consulta cinco requisitos mínimos que debe reunir la persona y necesita cumplirlos todos para poder acogerse a esta ley.
El problema que planteo y que debiera considerarse en el próximo proyecto apunta a que la persona aludida, con su jubilación e indemnización, pudo pagar sus dividendos para estar al día hasta hoy. Sin embargo, su dividendo alcanza a la suma de 34.838, es decir, supera el ciento por ciento de su renta mensual. Ella no pudo acogerse a esta ley, porque estaba al día en sus pagos, gracias al esfuerzo realizado.
Por lo tanto, señor Presidente, por su digno intermedio quiero solicitar que el señor Ministro de la Vivienda considere, dentro del próximo proyecto, a todos aquellos jubilados que estén al día en sus dividendos debido al esfuerzo que han realizado, y que también ellos destinen el 25 por ciento de sus pensiones al pago de la deuda hipotecaria, porque en las condiciones actuales, esta señora, después de un esfuerzo grande por la patria, perderá su casa irremediablemente.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, Honorable Cámara, inicio mi intervención expresando que nosotros no podemos aceptar el tono descalificatorio de personas que se creen los únicos dueños de la verdad.
Ya muy bien lo ha dicho la Honorable Diputada Caraball: el problema de los deudores hipotecarios es de todos. Y nadie puede adjudicárselo como propio. En especial, tiene relevancia cuando hoy estamos aquí, exclusivamente, para tratarlo, en una sesión iniciada en forma tan solemne, en la cual se ha llamado a la reflexión y a la prudencia en nuestro actuar. Llamo a que todos cumplamos con esta prudencia y con esta reflexión. Miremos el futuro, y demos al debate la altura de miras a que tiene derecho.
Los más de 200 mil deudores hipotecarios del sistema financiero están hoy pendientes de esta sesión. No debemos defraudarlos; por lo tanto, tenemos que ser lo más racionales posible. Es muy fácil usar la demagogia para ofrecer soluciones mágicas que producen alegría hoy y desesperanza mañana. Es muy fácil proponer medidas transitorias, que no hacen otra cosa que "chutear" el problema para un futuro indeterminado. Hoy debemos alejamos de esa demagogia.
No me referiré a los diferentes mecanismos orientados a ayudar a los deudores hipotecarios en el pasado.
Quiero hacer un llamado a que reconozcamos hechos que en el día de hoy son una realidad; a reconocer que actualmente en Chile el 75 por ciento de la población habita casa propia, porcentaje similar al que, en la década del 50, arrendaba para vivir; a reconocer la existencia de un problema, el sobreendeudamiento; a reconocer que nuevamente este problema afecta a los estratos medios de la sociedad. Aquí no están comprometidos ni los más ricos ni los más pobres, sino la típica clase media chilena, con todas sus virtudes y defectos. Yo soy uno de ellos, un deudor hipotecario.
Como chilenos, nos endeudamos con una facilidad tremenda, incluso a veces más allá de nuestras reales posibilidades. Nuestro problema se ve incrementado cuando las condiciones del mercado o situaciones de crisis financiera han significado un cambio en las reglas del juego. Pero también debemos reconocer que más del 70 por ciento de los deudores del sistema bancario estaban al día, según estudios realizados en febrero de 1990, relativos a aquellos préstamos otorgados entre 1976 y 1986, que corresponde a la etapa más difícil que hoy día están enfrentando los deudores de esa época.
Alrededor de 16 mil deudores están en cartera vencida, por un monto de 33 mil millones de pesos; y también debemos reconocer que la ley NQ 19.003, aprobada por esta Cámara, ha sido de utilidad muy reducida, especialmente por una falta de realismo en las disposiciones relativas a su reglamentación.
Analizado en esta forma el problema, deberíamos ponernos de acuerdo en cosas elementales, con los pies sobre la tierra. Por ejemplo, en la necesidad de hacer justicia a todos los deudores hipotecarios, mediante la extensión de los beneficios de la ley N° 19.003 a todos los que se encuentran con problemas críticos de sobreendeudamiento; en la necesidad de premiar el esfuerzo de los deudores que están al día, los cuales, como ya lo hemos dicho, representan un porcentaje bastante alto de la población analizada. Es muy probable que ellos hayan sacrificado otras cosas, otros sueños, otros privilegios, por cumplir con el anhelo de mantener la casa propia. Sería lógico y deseable que se les premiara en forma parecida a lo que permitió una norma en 1985, que los beneficiaba cuando cumplían con el pago de sus dividendos dentro de los plazos estipulados.
Las soluciones prácticas, permanentes, no demagógicas, no se generarán en esta sesión. Lamento discrepar con la Honorable Diputada señora Caraball sobre la creación de una Comisión de nivel interministerial. La experiencia con este tipo de equipos de trabajo no ha sido positiva en el pasado, ni incluso en el pasado inmediato.
Mi opinión personal, señor Presidente, es que el Gobierno tiene problemas suficientes, por lo cual no es conveniente entregarle más responsabilidades. Por ello, el Poder Legislativo, nosotros, aquí representados, realmente conscientes de la gravedad y urgencia del problema, debemos emitir como Corporación, nuestra opinión. Por ello, haré entrega a la Mesa de un proyecto de acuerdo para constituir una Comisión especial que, integrada por los parlamentarios pertenecientes a las Comisiones de Hacienda y de Vivienda y Desarrollo Urbano, reúna los antecedentes conocidos en esta sesión, requiera los que faltan y proponga alternativas de solución al problema de los deudores habitacionales, todo lo anterior, en un plazo máximo de 60 días, porque la urgencia del problema así lo requiere.
He dicho, señor Presidente.
Aplausos en las tribunas.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri Balmaceda.-
Le resta medio minuto.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, lamento la ausencia del señor Ministro de Hacienda en esta sesión, quien también fue invitado a la sesión anterior, la cual no se llevó a efecto, pero tampoco se hizo presente. Es importante que hubiéramos recibido alguna explicación. Ahora, si la tiene al Mesa, es muy importante que se dé a conocer ahora, al comienzo de la sesión, y no al término de ella.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tal como lo ha planteado el Diputado señor Alessandri, el señor Ministro de Hacienda envió una comunicación excusándose de asistir a la sesión de hoy día en la mañana. A la vez, por esa razón asistirá a esta reunión el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don José Florencio Guzmán, quien se encuentra en la Sala.
El Diputado que habla ha pasado a presidir la sesión en este momento, por lo cual, mal podría haber indicado esa circunstancia con anterioridad, señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
¿Me permite, señor Presidente?.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Es sólo un segundo. Hay una diferencia. El señor Superintendente de Bancos ha sido invitado oficialmente por la Honorable Cámara de Diputados. En ningún caso, ha venido en representación del Ministro de Hacienda. Las cosas deben ser claras.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Señor Diputado, usted ha hecho la consulta sobre la inasistencia del Ministro de Hacienda. Yo sólo tengo la obligación de dar a conocer el fax que ha mandado el señor Ministro de Hacienda.
Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Ministro de la Vivienda.
El señor ETCHEGARAY (Ministro de la Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, honorables Diputados, quisiera empezar mis palabras sumándome al homenaje que la Cámara rindió al Senador señor Jaime Guzmán.
Conocí a Jaime Guzmán desde hacía 38 años. Fuimos compañeros de colegio. Aprendí de su manera de ser. Tengo una profunda admiración por su valentía, por su coraje moral, por su adhesión a la fe como lo ha dicho la Diputada señora Evelyn Mathei; pero, más que nada, por la consecuencia que ha mantenido durante todos estos años por sus principios.
Habiendo tenido legítimas discrepancias con él, en muchas oportunidades, en nuestras largas conversaciones, ponderé en él ese norte de servicio público que este país tanto necesita. Era un hombre que, en las circunstancias que le tocó vivir, asumió esa responsabilidad con las consecuencias que eso tenía, y las estaba asumiendo hoy, en una realidad de país diferente, con la misma consecuencia, con la misma lealtad y con el mismo brillo que le caracterizaba.
Deseo expresar mis sentimientos, a los señores Diputados de la Unión Demócrata Independiente, su partido, como lo he hecho en estos días, de profundo pesar. Lo hago en forma personal, por mi vinculación a él, y también porque sé que represento el sentimiento del señor Presidente de la República y del Gobierno entero.
El señor ETCHEGARAY (Ministro de la Vivienda y Urbanismo).-
En primer lugar, quiero felicitarlos por la preocupación que esta Honorable Cámara tiene sobre el tema. Es muy importante destacar que un Poder del Estado, como es el Legislativo, tenga sensibilidad frente a una situación de mucha importancia y de interés nacional, como lo ha dicho la Diputada señora Caraball.
He quedado muy impresionado con las palabras iniciales de esta sesión expresadas por los diferentes Diputados sobre lo que ha significado la muerte de Jaime Guzmán, y los compromisos y las adhesiones de las diferentes bancadas.
Yo quisiera, frente a un tema como el que aquí nos convoca, que de alguna manera también desactiva ciertos tipos de violencia que, como muy bien se decía, se viven diariamente a través de la situación habitacional, tanto para los que no poseen vivienda como para aquellos que, teniéndola, experimentan un desequilibrio muy fuerte en el pago de ella, se tuviera la misma dedicación y altura de miras para considerarlo un tema de interés nacional.
He dicho en muchas oportunidades que no es casual que el Presidente Aylwin haya nominado al único ministro independiente en esta Cartera. Con esto, él ha querido significar que, por la importancia del tema, requiere de un tratamiento político, pero político con mayúscula, en el sentido de indentificarlo como un tema prioritario para el país, pero con tratamiento exento de todo aprovechamiento mezquino.
En los últimos meses, he participado en la Comisión de Vivienda del Senado, que ha estudiado en forma muy precisa el tema. He visto en los Senadores que la componen un profesionalismo en el tratamiento al igual que en las personas a las cuales han requerido su opinión, y no me cabe la menor duda de que esta Cámara, por los acuerdos que en principio han propuesto aquí algunos Diputados, está en la misma línea de acción.
No quise interrumpir, porque me interesaba mucho escuchar las diferentes posiciones frente al tema. A esta altura de la reunión, es difícil hacer un análisis exhaustivo del mismo. Quiero, sí, precisar algunos puntos que me parecen claves para poder abordarlo en forma adecuada, con el objeto de orientar nuestro trabajo futuro.
En primer lugar, es un tema complejo. Hoy día, hay 600 mil deudores en el mercado; pero 550 mil personas han abierto libretas de ahorro para la vivienda hasta este momento. Esto indica que, cifras más, cifras menos que siempre se discuten y que esperamos que en 1992 nos den la cantidad efectiva, hay una necesidad habitacional potencial cercana a las 600 mil viviendas. Nosotros creemos que es de alrededor de 800 mil. El gobierno anterior estimaba que era de 380 mil.
Si hay 550 mil libretas de ahorro para la vivienda, significa que esa gente está ahorrando por algo. Muchos Diputados saben que hay personas que no las pueden abrir, pero que necesitan vivienda y que están abriendo libretas de ahorro corriente, porque hemos facilitado de esa manera su postulación a los programas habitacionales.
En segundo lugar, reconociendo su complejidad y dimensión, el 90 por ciento de la población necesita algún tipo de ayuda del Estado para adquirir vivienda.
Por eso, a pesar de las presiones que se reciben de uno u otro sector, los programas que atienden a todos los sectores socioeconómicos medios, medios bajos, bajos y marginales se han mantenido.
El subsidio que es una medida muy inteligente de apoyo para lograr el objetivo de la casa propia ha sido sobrepasado en el tramo de las capas medias, en los momentos en que el país ha tenido dificultades macroeconómicas severas, que han hecho que un sistema que tenía bastantes visos de objetividad y realidad, en su teoría, sus consecuencias prácticas hayan significado efectos desastrosos para muchas familias deudoras.
Quisiera que esa realidad no nos hiciera perder de vista que, en esta década, el país debe buscar mecanismos para entregar, por lo menos, sobre 100 mil soluciones habitacionales anuales, las cuales deben seguir contando con un financiamiento adecuado, eficaz y competitivo dentro del mercado de capitales, al que hay que llegar, y que no genere instrumentos que lo hagan tan desechable como para poner en peligro la realización concreta de esos programas.
Con esto, quiero apuntar a que el desequilibrio del sistema ha quedado graficado en la mayoría de las intervenciones de ustedes. Creo que, por buscar el atractivo para el inversionista, la posibilidad concreta de que el deudor tenga alguna injerencia en la decisión de su deuda hipotecaria, ha quedado, de alguna manera, desequilibrada.
Normalmente, el deudor es una persona que, por su formación, por el tipo de trabajo que efectúa, por la ilusión con la cual ingresa a esta situación tan anhelada, que es la casa propia, no tiene toda la información y los elementos de juicio para competir con un banco, con una tabla de desarrollo, con los intereses sobre intereses, con las comisiones en las cuales se formula; por lo que firma cualquier tipo de convenio. Creo que, en este momento, al ser de interés de un Poder del Estado, como es el Legislativo y como lo ha sido del Ejecutivo en las medidas que ya se han graficado aquí en el transcurso de este año, podríamos lograr que ese equilibrio se restablezca.
Me parece que las personas quieren pagar. Hay una conciencia dentro del país, que es un gran activo nuestro, ya que, incluso, los más pobres no quieren que se les regale nada; pero solicitan pagar de acuerdo con lo que ellos pueden.
Las situaciones descritas aquí, seguramente se repiten demasiado entre las personas que están en las tribunas de esta Sala. El día en que no se pudo realizar esta sesión, una persona me mostró su liquidación de sueldos, que ascendía a 45 mil pesos, y un pago de dividendo, de 34 mil pesos. En estas condiciones, es imposible que se produzcan un mínimo de justicia y equidad.
Creemos que estas son algunas de las medidas que se pueden adoptar para el futuro.
Primero, hay que buscar la atenuación de los efectos que producen las dos condiciones más gravosas, en un período de 15 años, que es el promedio de todas estas deudas habitacionales.
Una se refiere a la cesantía o a la pérdida de trabajo, por causa propia o ajena, que puede sufrir el deudor. Para eso hemos propuesto un fondo de seguro de cesantía, por un período determinado, que permita a estas personas acceder a él dentro del período de la deuda. Si no es ocupado en esos 12 ó 15 años, esas sumas se devuelven. Por un leve margen que habría que aumentarle al dividendo, los deudores tendrían la seguridad de que, si quedan cesantes por cualquier motivo, ya sea infortunio, determinación de la empresa, etcétera, sus dividendos hipotecarios serían pagados por dicho seguro.
Esto no tiene una importancia menor. Es sumamente importante. Cuando se habla del 25 por ciento de la renta de una persona, hay que pensar que 3 meses de cesantía le significan deber el 75 por ciento del sueldo en dividendos, porcentaje que tendrá que pagar en el mes en que logra recuperar su trabajo, lo que se ve agravado por la circunstancia de que ha tenido que endeudarse para comer y vivir durante ese lapso, porque es normal, dentro de nuestra idiosincrasia y por los niveles de sueldos de la gran masa de la población, no tener ningún "colchón" de ahorro para estas eventualidades. Si existe ese seguro, se resuelve gran parte del problema, dado que, cuando la banca le tiene que otorgar un crédito para eso, le significa comprometer una parte importante de sus ingresos futuros.
Existe otro problema serio, que se produce cuando la economía tiene una gran diferencia cíclica entre la moneda en la cual se fijó el crédito y el IPC anual, situación vivida el año pasado y en otros períodos. Para solucionarlo, hemos propuesto crear un fondo de seguro, en virtud del cual la persona pueda optar a pagar su dividendo por el índice de precios al consumidor o por el índice de remuneraciones.
Se aduce que esto significa chutar parte de la deuda hacia el final, lo que es efectivo; pero, por otro lado, se le quita presión a la persona, por el hecho de que su pago mensual está relacionado con su nivel de ingreso; y, al revés, cuando se produce una diferencia entre la unidad de fomento y el índice de remuneraciones a su favor, el beneficio lo obtiene ella directamente.
Estas medidas resuelven parte del problema y no su totalidad. Hay que recoger, como aquí se ha dicho, las proposiciones con creatividad y con audacia. Nos parece que un sistema de elegibilidad respecto del tipo de moneda en el cual la persona quiera endeudarse, es un paso necesario de dar. Con una sola condición: que dicha elegibilidad no ponga, como lo dije al comienzo, en riesgo a la inversión hipotecaria en vivienda, por el hecho de que se transforme en un instrumento no elegible por el inversionista.
Quiero dar algunos datos, para graficar la importancia que tiene este tema, con el objeto de tratarlo con cuidado.
La banca privada se ha ido retirando paulatinamente del financiamiento habitacional. Este es un proceso que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho este Ministerio y este Ministro en particular con dicha banca, aumenta mes a mes. En la actualidad, la concentración de las deudas hipotecarias en el Banco del Estado representa sobre el 60 por ciento de dicho endeudamiento, y ese es un proceso que, a nuestro juicio, será creciente y nada beneficioso para el país. Nos parece que la competitividad que se da en otros sectores debiera también producirse, a través de la participación cada vez más amplia de la banca privada, en el sistema de financiamiento habitacional.
A pesar de que en la Comisión de Financiamiento Habitacional invitamos a toda la banca, el resultado ha sido muy mezquino y magro. Los bancos hoy tienen interés en otro tipo de negocios, muchísimo más atractivos, cuya rentabilidad es mayor.
Aquí es donde quiero tocar el punto de fondo y central de la materia que nos preocupa. A mi juicio, en el tratamiento de este tema debemos tener la capacidad de convocatoria para encontrar soluciones adecuadas, reconociendo que es un asunto frente al cual no puede operar sólo la ley del mercado puro, sino que las reglas de la más estricta economía social de mercado, pero con lo social incorporado. Porque, considerando que la vivienda es para el 95 por ciento de las familias chilenas "la inversión" que hacen en su vida, no puede enfocarse igual que otro tipo de inversiones.
Por ejemplo, criterios como los aquí enunciados, de créditos bancarios habitacionales, cambiarían en gran forma el tratamiento que hoy se da a los créditos hoy llamados habitacionales, pero no lo son, porque la persona, cuando pierde su casa, normalmente sigue debiendo 30,40 ó 50 por ciento más.
El propio Reglamento del Subsidio Habitacional, que pretendemos modificar, nos inhibe otorgarle otro subsidio a una persona que ya obtuvo uno. Se produce un contrasentido. A la persona que, por razones muchas veces ajena pierde la vivienda y de nuevo solicita dicho subsidio, hay que negárselo. A ello hay que agregar, además, que, generalmente le está debiendo al Estado.
Hay que lograr, como en otros aspectos lo ha hecho el país y bien que el sector privado y los operadores sean capaces de diseñar un instrumento que resulte atractivo en el largo plazo para el inversionista. Eso es perfectamente posible, porque más del 50 por ciento de las inversiones en letras hipotecarias las hacen las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se les explicará a las personas que hoy día tienen esos fondos que ello el beneficio de la habitación, es algo que el país entero requiere, no les significará un desmedro en su jubilación, la que tienen garantizada por una reajustabilidad anual, trimestral o semestral.
La cifra no es menor. Durante el próximo decenio estaremos presionando sobre el mercado inversionista, en términos del orden de los 3.500 millones de dólares, 350 millones de dólares anuales en letras hipotecarias que salen al mercado. Actualmente, el 53 por ciento de la inversión de las AFP está en letras hipotecarias del sistema habitacional; y, a pesar de que han planteado la posibilidad de invertir en el extranjero, estimo que es algo en lo cual, durante esta año se puede realmente trabajar muy a fondo, para lograr que, sin vulnerar el legítimo derecho y libertad que tiene toda entidad para invertir en lo que más le conviene, exista un compromiso de la sociedad, de tal forma que la inversión sea atractiva para el inversionista y equitativa para el deudor.
No quiero tampoco, dejar pasar el tema de los actuales deudores habitacionales.
Es cierto que en el Ministerio de la Vivienda hemos dado una solución real, efectiva, reconocida, que recoge todos los antecedentes que antes mencioné. También es cierto que el 60 por ciento de los deudores tendrá solución en forma efectiva por parte del Banco del Estado. En el caso de los deudores de la ANAP, hay que hacer una investigación a fondo. Hay gente que se endeudó con dicha institución y con una cierta moneda; sin embargo, hace algún tiempo, los créditos se transfieren a otras sociedades financieras y con distinta moneda, sin que ellos intervinieran en esa operación.
El problema más serio está en aquéllos que se encuentran encasillados en el 40 por ciento de deudores de la banca privada. En este caso, se requiere una extrema sensibilidad para enfocar el tema.
Hay muchos sectores en el país empresarios, trabajadores, pobladores, el propio Parlamento que están dando señales de que hay criterios generales que se estiman superiores a muchos otros o a la sola obtención de rentabilidades o de utilidades.
Ha llegado el momento y lo digo en presencia del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, porque de alguna manera se compromete su gestión y la del Ministerio de Hacienda de que los compromisos que la banca privada ha ido adquiriendo con el Superintendente para flexibilizar la acción con dichos deudores, se concreticen en medidas que sean percibidas por ellos como realmente efectivas.
La situación del país de los años 1982, 1983 y 1984 fue en su conjunto diría extrapolada. Una banca que prestó en cantidades exorbitantes al sector inmobiliario. Dicho sector creyó que venía un tiempo de larga duración, donde todo era posible y a cualquier precio; el otro, que era el potencial comprador de la casa, que por la propaganda e insinuación de los propios agentes inmobiliarios y bancarios, asumió deudas superiores a lo que era su realidad. Si a esto se agrega la crisis que el país vivió con la caída de los salarios reales, tenemos que se arrastra una "mochila" que ninguna repactación ni renegociación ha podido resolver, porque en su raíz y en su génesis se encierra una situación muy compleja.
El problema hay que resolverlo y estamos dispuestos a ello, pero también es importante entender que, a futuro y por los conceptos vertidos por parlamentarios que representan distintas posiciones en la Cámara en cuanto a premiar al deudor que cumple, el buscar mecanismos que permitan que las personas que paguen por sus deudas habitacionales el 25 por ciento de su ingreso medida que ya se está aplicando no se le incorpora a este sector la sensación permanente del "perdonazo" a la constante idea de que se trata de una situación continuamente revisable.
En mi opinión es un tema en el que hay que trabajar con mucha dedicación en estos meses, resolviendo los mecanismos de elegibilidad en distintos instrumentos, de sistemas de reajustabilidad como lo recordó la Diputada señora Caraballno directamente vinculados a una reajustabilidad diaria que no necesariamente debe tener este sector, sino que puede buscar reajustabilidades mensuales, trimestrales y otrassin poner en riesgo, seguramente, el instrumento de inversión futura. Lo fundamental es que no quedemos aislados como sector. Sobre eso, quiero hacer muchas conciencia en esta Cámara. Podemos solucionar el problema de lo pasado, pero estaríamos poniendo un peso enorme sobre lo futuro, porque si el instrumento de inversión no es atractivo, el "handicap" con el cual empieza provocaría que los deudores habitacionales, que podrían ser el día de mañana, las mismas personas que están en las tribunas, partirían con viviendas que costarían un 10 ó 15 por ciento más por el hecho de tener una letra hipotecaria que se transa en el mercado al 80 u 85 por ciento de su valor.
Agradezco el que me hayan escuchado y felicito a la Cámara de Diputados por estar preocupada del tema. Estoy dispuesto a participar no sólo en la proposición que se va a estudiar en la Comisión de Vivienda de la Cámara, lo que me parece muy propio asumir el estudio de esta materia en la forma que lo está haciendo la del Senado y, al respecto, sugiero que se forme una Comisión Mixta entre ambas Cámaras para tener una voz única en el Parlamento, con toda la fuerza que le da al Congreso el haber sido elegido por el pueblo y representar a todas las personas que están sufriendo este problema o que a futuro lo puedan tener. También pienso que esto debe ser tratado a nivel interministerial, como lo ha planteado la Diputada señora Caraball, porque no sólo debe ser oída la voz del Ministro de la Vivienda, sino que en forma determinante la del Ministo de Hacienda y las autoridades de dicha Cartera.
Si esto se logra, a la luz de los planteamientos que hoy hemos escuchado y que analizaremos en forma detenida y acuciosa, como corresponde, en atención a que cada uno de los exponentes se ha preparado sobre el tema y allega antecedentes muy valiosos, el país podrá, frente al importante problema de la vivienda especialmente por el desafío de los que no la tienen todavía, y de aquéllos que, teniéndola, viven diariamente una situación muy precaria aportar de este sector, la necesaria estabilidad social que requerimos para nuestro desarrollo.
Muchas gracias.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
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