REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 365ª Sesión 34ª, en miércoles 14 de junio de 2017 (Ordinaria, de 10.36 a 13.58 horas) Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 16 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 19 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 19 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 19 INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA ................................................................................. 19 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 20 CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DE CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10526-06) ............... 20 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 54 COMPROMISO DE CHILE PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS PANAMERICANOS DE 2023 Y DE COPA MUNDIAL DE FÚTBOL ADULTO DE 2030 (N° 876) [PREFERENCIA] ......... 54 ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS PARA EVITAR EL SUICIDIO (N° 877) .................................................................................................................................... 55 DESARROLLO DE PLANES DE MANTENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES UBICADOS EN REGIÓN DE COQUIMBO (N° 878) ................................. 56 VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 58 VIII.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES... 61 IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 63 1.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 7963-06) ........................................................................... 63 2.- OFICIO DEL SENADO. POR EL CUAL DA RESPUESTA A UN OFICIO DE ESTA CORPORACIÓN, EN EL SENTIDO DE INFORMAR QUE LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE NO LES HA REMITIDO INFORMACIÓN RESPECTO DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS CON PERSONAS O EMPRESAS RELACIONADAS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY N° 19.886, EN EL PERÍODO QUE VA DESDE EL AÑO 2010 HASTA LA FECHA. .............................................................................................................. 63 3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS RUBILAR, CARIOLA Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, CASTRO, MACAYA; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; RATHGEB Y TORRES, QUE "PROHÍBE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS IMPAGOS, EN BENEFICIO DE PACIENTES QUE RECIBAN ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA". (BOLETÍN N° 11272-11)..................................................................................... 63 4.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3194-16-INA. ................................................. 63 5.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3506-17-INA. ................................................. 63 6.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3464-17-INA. ................................................. 63 Pág. 7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3486-17-INA. ................................................. 63 8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3470-17-INA. ................................................. 63 9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3484-17-INA. ................................................ 63 X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Copia: Del decreto N° 16, de 5 de enero de 2017, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual se autoriza la salida y permanencia de tropas del Ejército de Chile fuera del territorio de la República, por un período de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, para continuar integrando la Operación Militar de Gestión de crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Operación Althea). Respuestas a Oficios Ministerio del Interior y Seguridad Pública Diputado Rincón, don Ricardo. Solicita que sirva informar las medidas que están siendo adoptadas en el marco de su competencia para investigar los hechos descritos en la solicitud adjunta, relacionadas con los incendios forestales que se encuentran afectando actualmente al país, en los términos que señala (11496 al 26289). Diputado Pérez, don José. Solicita informar sobre las medidas que se adoptarán para prevenir y combatir los incendios forestales en el país. (12665 al 26391). Diputada Molina, doña Andrea. Solicita informar sobre la forma en que se compensará la reducción del presupuesto regional de Valparaíso, efectuada para asumir los costos de los incendios forestales del país (985 al 26396). Ministerio de Interior Proyecto de Resolución 794, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para modificar el D.S. N°222 del año 2013, que regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie. (11497). 2567. Ministerio de Economía, Fomento Y Turismo Diputada Rubilar, doña Karla. Se sirva informar si se cotejó la información del Registro Nacional de Inhabilidades para condenados por delitos sexuales durante la contratación de censistas en el marco del censo 2017, en los términos que señala la solicitud adjunta. (3307 al 27678). Diputada Rubilar, doña Karla. Solicita informar si en el proceso de contratación de las personas que trabajarán en el próximo Censo se ha revisado previamente si constan en los registros especiales de inhabilidades por abuso sexual infantil. (3307 al 28177). Ministerio de Justicia Proyecto de Resolución 790, Solicita a S.E. la Presidenta de la República implementar programas permanentes de educación artística en favor de los niños y adolescentes bajo protección y para los adolescentes infractores de la ley penal que se encuentran bajo tutela y/o vigilancia del Sename. (2817). 2568. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Diputado Farcas, don Daniel. La situación del proyecto de construcción de colectores de aguas lluvias en el sector de Barón de Juras Reales de la comuna de Conchalí, remitiendo el cronograma de las obras respectivas. (301 al 30360). Diputado Rathgeb, don Jorge. Las razones que fundan el rechazo a la solicitud de subsidio de compra de vivienda usada presentada por la señora Aida del Carmen Salas Torres de la comuna de Renaico, en los términos que señala. (309 al 29998). Diputado Chahin, don Fuad. La situación que afecta a los pobladores de la Villa Cordillera, ex Comité Victoria 1, quienes recibieron sus viviendas en el mes de noviembre de 2015 con evidentes fallas de construcción y sin haber obtenido a la fecha sus títulos de dominio, disponiendo una fiscalización que conduzca a hacer efectivas las boletas de garantía suscritas por la empresa constructora Andes Sur. (310 al 30086). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Proyecto de Resolución 771, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que disponga la incorporación en los teléfonos móviles de contactos que correspondan a "ICE", (In Case of Emergency), En Caso de Emergencia. (6187). 2566. Ministerio de Desarrollo Social Proyecto de Resolución 827, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la presentación de un proyecto de ley a fin de crear una Subsecretaría del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. (1334). 2564. Proyecto de Resolución 827, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la presentación de un proyecto de ley a fin de crear una Subsecretaría del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. (556). 2565. Subsecretarías Diputado García, don René Manuel. Requiere información sobre las instituciones que han recibido recursos a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, desde el mes de marzo del año 2014 hasta la fecha. (11498 al 24129). Diputado García, don René Manuel. Reitera el oficio Nº 24.129, de fecha 5 de octubre del año 2016. (11498 al 26354). Diputado Pérez, don José. Solicita informar sobre las medidas que se adoptarán para prevenir y combatir los incendios forestales en el país. (12665 al 26390). Intendencias Diputado Berger, don Bernardo. Los estudios realizados en la ladera del cerro Las Lajas de la comuna de Los Lagos, en relación a los peligros de deslizamiento que enfrentan los habitantes del área, indicando las medidas que se adoptarán para terminar con esta situación. (464 al 30287). Varios Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (1298 al 28401). Diputado De Mussy, don Felipe. La participación de funcionarios de esa municipalidad en el Censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (1700/36 al 29672). Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (1900/120 al 28651). Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (203 al 28425). Diputada Molina, doña Andrea. Las medidas adoptadas para combatir la elevada contaminación en la zona de ventanas, comuna de Puchuncaví. (250 al 30083). Diputado Arriagada, don Claudio. Las medidas que se encuentran en ejecución para dar fin a los constantes enfrentamientos, con armas de fuego, que se producen en la comuna de la Granja, poniendo en riesgo a sus habitantes. (443 al 29873). Diputado De Mussy, don Felipe. La participación de funcionarios de esa municipalidad en el Censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (450 al 29702). Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (451 al 28613). Diputado De Mussy, don Felipe. La factibilidad de adquirir un bus de transporte de pasajeros, destinado al traslado de los adultos mayores de la comuna de Purranque. (489 al 30135). Diputado Arriagada, don Claudio. Las medidas que se encuentran en ejecución para dar fin a los constantes enfrentamientos, con armas de fuego, que se producen en la comuna de la Granja, poniendo en riesgo a sus habitantes. (526 al 29872). Diputado De Mussy, don Felipe. La participación de funcionarios de esa municipalidad en el censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (556 al 29488). Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (666 al 28536). Diputado Bellolio, don Jaime. El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (667 al 28627). Diputado De Mussy, don Felipe. La participación de funcionarios de esa municipalidad en el Censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (770 al 29688). XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31434 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Parinacota. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31435 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Iquique. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31436 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial del Tamarugal. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31437 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de El Loa. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31438 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Tocopilla. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31439 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Chañaral. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31440 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Elqui. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31441 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de LImarí. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31442 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Choapa. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31443 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Valparaíso. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31444 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Quillota. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31445 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de San Felipe. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31446 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Petorca. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31447 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Marga Marga. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31448 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Maipo. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31449 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Talca. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31450 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Cauquenes. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31451 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Biobío. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31452 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Arauco. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31453 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Cautín. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31454 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Ranco. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31455 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Llanquihue. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31456 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Osorno. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31457 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Chiloé. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31458 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Palena. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31459 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Coyhaique. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31460 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Capitán Prat. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31461 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de última Esperanza. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31462 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Tierra del Fuego. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31463 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Tierra de la Antártica Chilena. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31464 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Arica. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31465 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Antofagasta. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31466 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Copiapó. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31467 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Huasco. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31468 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de San Antonio. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31469 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Los Andes. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31470 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Isla de Pascua. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31471 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Cordillera. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31472 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Talagante. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31473 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Melipilla. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31474 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Chacabuco. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31475 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Cachapoal. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31476 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Colchagua. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31477 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Cardenal Caro. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31478 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Curicó. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31479 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Linares. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31480 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Concepción. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31481 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Ñuble. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31482 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Malleco. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31483 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial Valdivia. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31484 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Aysén. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31485 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de General Carrera. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31486 de 13/06/2017). A Gobernación Provincial de Magallanes. Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Posibilidad de otorgar ayuda extraordinaria al señor Roberto Tolosa Durán, diagnosticado con un tumor maligno epiteroide no diferenciado, ubicado en su mejilla izquierda, necesitando con urgencia someterse a una intervención quirúrgica. (31487 de 13/06/2017). A Ministerio de Salud. Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Estado de tramitación de la postulación a los beneficios correspondientes a la calidad de exonerado político presentada por el señor Pedro del Carmen González Morales, domiciliado en la comuna de Chimbarongo. (31488 de 13/06/2017). A Instituto de Previsión Social. Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en el país, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (31489 de 13/06/2017). A Servicio de Registro Civil e Identificación. Diputado Boric, don Gabriel. Estado de avance de los acuerdos suscritos con los gremios de Gendarmería de Chile, con fecha 2 y 30 de mayo de 2016, relativos a la carrera funcionaria y el establecimiento de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. (31490 de 13/06/2017). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Diputado Boric, don Gabriel. Estado actual de la propiedad ubicada en calle José Menéndez Nos. 961 y 967 de la ciudad de Punta Arenas, mediante informe técnico de la Jefatura de Propiedades dependiente del Comando de Ingenieros del Ejército de Chile. (31491 de 13/06/2017). A Ejército de Chile. Diputado García, don René Manuel. Razones que impiden renovar el contrato para mantener el servicio de la ambulancia avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU, en la localidad de Labranza, disponiendo el presupuesto necesario para continuar con la prestación de dicho servicio. (31492 de 13/06/2017). A Municipalidad de Temuco. Diputado Rathgeb, don Jorge. Fecha en que se realizará la limpieza de la ruta que une la ciudad de Angol con la vía Renaico-Angol, por el vado Buenos Aires, a raíz de escombros, matorrales y zarzas que cubren las ciclovías de dicha ruta. (31493 de 13/06/2017). A Dirección de Vialidad. Diputado Rathgeb, don Jorge. Fecha en que se realizará la limpieza de la ruta que une la ciudad de Angol con la vía Renaico-Angol, por el vado Buenos Aires, a raíz de escombros, matorrales y zarzas que cubren las ciclovías de dicha ruta. (31494 de 13/06/2017). A Dirección de Vialidad. Diputado Rathgeb, don Jorge. Fechas en las que se realizará el pago al servicio de transporte de escolares de la Región de La Araucanía por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (31495 de 13/06/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputado Rathgeb, don Jorge. Fechas en las que se realizará el pago al servicio de transporte de escolares de la Región de La Araucanía, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (31496 de 13/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía. Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el puente "Nahuelve", detallando los recursos que podrían ser destinados para su reparación y la fecha estimada para dichas obras. (31497 de 13/06/2017). A Municipalidad de Los Sauces. Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el puente "Nahuelve", detallando los recursos que podrían ser destinados para su reparación y la fecha estimada para dichas obras. (31498 de 13/06/2017). A Dirección de Vialidad. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31505 de 13/06/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31506 de 13/06/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31507 de 13/06/2017). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31508 de 13/06/2017). A Ministerio de Desarrollo Social. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31509 de 13/06/2017). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31510 de 13/06/2017). A Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31511 de 13/06/2017). A Ministerio de Agricultura. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31512 de 13/06/2017). A Ministerio de Defensa Nacional. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31513 de 13/06/2017). A Ministerio de Energía. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31514 de 13/06/2017). A Ministerio de Hacienda. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31515 de 13/06/2017). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31516 de 13/06/2017). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31517 de 13/06/2017). A Ministerio del Medio Ambiente. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31518 de 13/06/2017). A Ministerio del Deporte. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31519 de 13/06/2017). A Ministerio de Educación. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31520 de 13/06/2017). A Ministerio de Bienes Nacionales. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31521 de 13/06/2017). A Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31522 de 13/06/2017). A Ministerio de Salud. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31524 de 13/06/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31525 de 13/06/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31526 de 13/06/2017). A Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (31527 de 13/06/2017). A Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo- -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina- -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, además, el ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez. -No estuvieron presentes por encontrarse: -Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende. -Con licencia médica: Los diputados señores Iván Norambuena Farías y Joaquín Tuma Zedán.- * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.36 horas. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada. El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Ofrezco la palabra. -o- El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que se encuentran sesionando en forma simultánea con la Sala las siguientes comisiones: de Educación, de 10.00 a 13.00 horas; de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, de 10.45 a 12.15 horas; Especial Investigadora de la Situación de Menores de Edad en Chile, de 11.00 a 12.30 horas, y de Ética y Transparencia, de 11.30 a 12.30 horas. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7963-06), con los siguiente señores diputados: Celso Morales, Claudio Arriagada, Germán Becker, Christian Urízar y Rodrigo González. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DE CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10526-06) El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Consejo Nacional y los consejos de Pueblos Indígenas. Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Hacienda, son los señores Joaquín Tuma y Marco Antonio Núñez, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 122ª de la legislatura 363ª, en 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 115ª de la legislatura 364ª, en 3 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 8. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 31ª de la presente legislatura, en 1 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 2. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En reemplazo del diputado señor Joaquín Tuma, rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado señor Celso Morales. Tiene la palabra, señor diputado. El señor MORALES (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de “simple”, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas Constancias reglamentarias previas La idea matriz del proyecto consiste en crear un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Los artículos 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16 tienen rango de ley orgánica constitucional, por alterar la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme lo establece artículo 38 de la Constitución Política de la República. Los artículos 8, 9, 17 (inciso segundo) y 20 (inciso segundo) merecen la misma calificación, en razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental. El texto que se propone fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes: señorita Cicardini (Presidenta) y señores Aguiló, Arriagada, Becker, Chávez, Farías, Morales, Ojeda, Sandoval y Tuma. Antecedentes El mensaje comienza haciendo referencia a la Ley Nº 19.253, de 1993, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la que reconoció a los pueblos originarios como actores en el ordenamiento jurídico nacional. Sin perjuicio de dicho cuerpo legal, indica que en enero del año 2001 se constituyó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, cuya misión fue presentar al Presidente de la República las propuestas y recomendaciones referidas a mecanismos institucionales, jurídicos y políticos para una plena participación, reconocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrático, sobre la base de un consenso social y de una reconstrucción de la confianza histórica. Agrega el Ejecutivo que luego, en 2007, nuestro país suscribió la proclamación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, demostrando así el compromiso de Chile de avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, cuya participación y representación destaca y es indispensable, en tanto constituyen valores fundamentales de la democracia. Por último, en esta materia, el Ejecutivo hace presente la obligación que pesa sobre nuestra sociedad de hacer un esfuerzo por reconocerse a sí misma, dando cuenta de su innegable diversidad. Por lo mismo, constituye un deber de todos construir un Estado más inclusivo y crear, en la especie, mecanismos eficaces para plantear, en las diferentes instancias de decisión, los intereses, los derechos y la cosmovisión de las diferentes etnias originarias de nuestro país. Durante la tramitación de la iniciativa, la comisión contó con la presencia y opinión, entre otros, del ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza; del subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo Faúndez; del asesor jurídico de dicha cartera, señor Pablo Zenteno; del Director Nacional de la Conadi, señor Alberto Pizarro; del profesor de legislación indígena y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Sebastián Donoso; del representante del pueblo mapuche señor Felipe Trureo; del representante del pueblo diaguita señor Ernesto Alcayaga; del delegado del Consejo de Comunidades Indígenas de El Loa señor Juan Pablo Ogalde, entre otros invitados. Atendida la relevancia del tema, cabe destacar que la comisión organizó dos jornadas temáticas tituladas “Institucionalidad sobre Pueblos Indígenas”. La primera de ellas se efectuó en la ciudad de Copiapó, y la segunda, en la ciudad de Temuco. Atendida la brevedad del tiempo de que dispongo para informar a la Sala, debo señalar que las intervenciones de las autoridades y personas antes individualizadas, las de quienes participaron en ambas jornadas temáticas y las opiniones que se vertieron acerca del proyecto de ley se encuentran en poder de los diputados y diputadas en el extenso informe de la comisión. Como indiqué en la primera parte del informe, la comisión, por asentimiento unánime de sus integrantes allí individualizados, aprobó la idea de legislar sobre la materia. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En reemplazo del diputado señor Marco Antonio Núñez, rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor Daniel Farcas. Tiene la palabra, señor diputado. El señor FARCAS (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, sobre el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Quiero retomar algunos elementos del contexto histórico del proyecto de ley que nos convoca, su origen, desarrollo y consecuencias. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los procesos de colonización europea a lo largo del mundo y la construcción de los Estados nacionales impusieron visiones homogeneizadoras que, en vez de valorar la diversidad cultural y los distintos modos de vida de los diferentes pueblos, los consideraban un obstáculo para el desarrollo. Esto dio pie a verdaderas tragedias que hoy avergüenzan a la humanidad y que han motivado el establecimiento de una amplia normativa internacional sobre derechos humanos, en particular sobre los derechos de los pueblos indígenas, y han planteado el imperativo de reparar el mal causado. Desde luego, Chile no estuvo al margen de este fenómeno. La clase dirigente consideró, entre otros, al territorio mapuche como “tierras vacías” dispuestas para la colonización y la explotación económica. En consecuencia, en 1866 se aprobaron las primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. Junto con las tropas llegaron a las regiones del sur los agrimensores y los colonos, quienes con el paso del tiempo construyeron nuevas identidades. Sin embargo, debido a la gran presencia de indígenas, la idea de “tierras vacías” fue insostenible y se optó, entonces, por reducir el espacio ocupado, en particular, por el pueblo mapuche. De este modo, la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su desarrollo productivo. Otras tierras fueron obtenidas mediante presiones y argucias legales. Así, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX se perdieron los territorios de más de doscientas comunidades que tenían sus respectivos títulos de merced. Las tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías de la época, sin protocolos ni forma de fiscalizar el correcto actuar por parte de los funcionarios. Por otro lado, ya en la segunda mitad del siglo XX, con criterios geopolíticos, se dictó una ley, en 1978, que aprobó la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras. Con ello erróneamente se intentó resolver el conflicto indígena. La acción no trajo nada positivo; más bien afectó la cultura y los sistemas de vida. En consecuencia, sobre este conjunto de prácticas históricas se asienta la raíz de un conflicto que se ha prolongado hasta el presente, y que no solo demanda sabiduría y visión de Estado para ser superado, sino que también exige de nosotros, los parlamentarios de la república, una contribución importante para abordarlo satisfactoriamente como un verdadero desafío país. Ahora bien, el año 2008, bajo el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Chile suscribió el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, de 1989, el que en sus fundamentos reconoce que la historia de los pueblos indígenas en el planeta ha estado marcada por discriminaciones, marginación, etnocidio e incluso genocidio, y, en consecuencia, establece un marco de protección y promoción de derechos y conmina a la comunidad internacional a reparar y revertir dicha situación. Explícitamente, el Convenio Nº 169 deja establecido que los pueblos indígenas y tribales tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todos los seres humanos, con lo cual asegura la igualdad efectiva entre los pueblos indígenas y todos los otros sectores de una determinada sociedad. En lo que respecta a Chile, desde la recuperación de la democracia se han producido avances importantes y significativos. Desde el acuerdo de Nueva Imperial, pasando por la dictación, en 1993, de la Ley Indígena, N° 19.253; la creación de la Conadi y la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, se ha ido generando una serie de medidas y propuestas que, no obstante, aún resultan insuficientes. Existen aún temas pendientes que siguen marcando la relación Estado-pueblos indígenas, entre ellos, su reconocimiento constitucional y la creación de mecanismos adecuados para su representación política. Sin embargo, con este proyecto de ley estamos dando pasos muy importantes en materia de institucionalidad. En efecto, cumpliendo con un compromiso consagrado en su programa de gobierno, la Presidenta Bachelet ingresó a tramitación dos proyectos de ley que crean una nueva institucionalidad en materia indígena. Por un lado, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, radicado hoy en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la honorable Cámara de Diputados, y, por el otro, el que me encuentro informando a la Sala, que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas, recogiendo la experiencia histórica de entidades como la Conadi y la derivada de la implementación de la ley indígena. Respecto del proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas, y tras más de un año de su tramitación en la Cámara de Diputados, pasando por las comisiones de Gobierno Interior, de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda, es preciso destacar sus avances e importancia, puesto que verdaderamente refleja el compromiso asumido por el Estado de Chile de respetar y reconocer a nuestros pueblos indígenas, reflejo de nuestra diversa identidad cultural. En particular, cabe relevar lo siguiente. En primer lugar, se crean los Consejos de Pueblos Indígenas, que serán corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, representativas, participativas y de consulta, cuyo objetivo será representar los legítimos intereses, necesidades y derechos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Para ello, contarán con atribuciones resolutivas, facultativas y vinculantes sobre su propia orgánica. Por tanto, se trata de una instancia de representación sólida que permitirá la participación de cada pueblo indígena en las distintas áreas de la política pública, y tendrá un rol clave en los procesos de consulta y participación previstos en el Convenio N° 169 de la OIT. En segundo término, existirá un consejo por cada pueblo indígena reconocido por la ley N° 19.253. Cada Consejo de Pueblos Indígenas será integrado en total por sesenta y nueva representantes, y su distribución variará según el órgano de que se trate. Los consejeros durarán cuatro años en el cargo y podrán ser reelegidos, según lo determine la orgánica del propio consejo. Asimismo, tendrán derecho a percibir una dieta mensual. Es preciso hacer notar que durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Hacienda se decidió reforzar el apoyo monetario a los consejeros para el buen funcionamiento institucional de los consejos, dados la relevancia y el compromiso que implica su rol y el fortalecimiento de sus capacidades políticas. De esa manera, valoramos el apoyo recibido del Ejecutivo en tal sentido, que se concretó mediante una indicación presentada el pasado 5 de junio, la cual fue aprobada por la Comisión de Hacienda. Más en específico, respecto de los mejoramientos realizados al proyecto en dicha instancia, cabe destacar: 1.- El aumento de la dieta de los consejeros de pueblos indígenas. Los consejeros tendrán derecho a percibir 10 UTM por cada sesión a la que asistan, con un tope mensual de 30 UTM, lo que actualmente equivale a 1.410.000 pesos mensuales. 2.- Se establece que el consejo respectivo financiará a sus miembros, cuando corresponda, por los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y seguro de accidentes personales para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello le signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. 3.- De esa manera, se aumenta el gasto fiscal de 489.000.000 de pesos a 2.205.769.000 pesos, de los cuales 1.700.000.000 de pesos se financiarán con la resignación de los recursos que actualmente contemplan en su presupuesto la Conadi, para su Consejo Nacional, y la Subsecretaría de Servicios Sociales. 4.- Del gasto total, esto es, de los 2.205.769.000 pesos, 1.401.530.000 pesos corresponden a gasto en personal; 766.533.000 pesos a gasto de bienes y servicios de consumo, y 37.706.000 pesos a gasto por adquisición de activos financieros. Ahora bien, la institucionalidad que consagra este proyecto se complementa con la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. A través de él, se reconoce legítimamente que existen materias de carácter nacional que afectan de igual modo a todos los pueblos indígenas, lo cual otorga un pleno sentido a este espacio de articulación mayor. Los consejeros nacionales provendrán de cada uno de los consejos por pueblo. El consejo nacional será también el órgano de consulta previa en todas aquellas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Señores diputados y señoras diputadas, no cabe duda de que el presente proyecto de ley constituye un avance sustancial en materia de institucionalidad indígena, pues viene a saldar en parte una deuda histórica, y, sin lugar a dudas, contribuirá a enriquecer nuestras democracia y convivencia social y a poner en valor la diversidad cultural que como país nos caracteriza. Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda, quien representa al distrito N° 55, conformado por las comunas de Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa. El señor OJEDA.- Y próximo distrito N° 25, según la nueva ley. Señor Presidente, de acuerdo con los informes emitidos y dados a conocer por los diputados Daniel Farcas y Celso Morales, respectivamente, señalo que nos encontramos ante un proyecto de ley que crea dos entidades: el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas. Se trata de un paso trascendente en lo que dice relación con la orgánica que se pretende crear en esta materia, con el Estado de derecho en nuestro país, como asimismo con la importancia y trascendencia de la multiculturalidad de nuestros pueblos indígenas. El informe de la Comisión de Hacienda señala que el 10 por ciento de la población de nuestro país pertenece a alguno de los nueve pueblos reconocidos en la ley indígena, N° 19.253, lo que equivale aproximadamente a 1.700.000 personas. Valoramos la creación de los Consejos de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, no obstante las observaciones que se han formulado en las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, y las que seguramente se harán en este debate. Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto importante y muy bueno. Es lo que las comunidades indígenas necesitan, lo que esperan: un órgano de ellos y para ellos. El consejo nacional es una entidad para las comunidades indígenas, integrada exclusivamente por comunidades indígenas, constituida en su totalidad por miembros de los nueve pueblos indígenas de nuestro país, que no tendrán subsidiarios. Me refiero a que no se permitirá que alguien que no es indígena hable y decida por ellos o los represente. Hasta el momento, ese mundo social no ha tenido la participación que debería. Ahora ello se hará efectivo, porque mediante la presente iniciativa se le dará participación y representación, dos expresiones genuinas del derecho, la libertad y la soberanía del pueblo. Lo anterior, porque ese mundo social a veces tiene representación, pero no participación, o participación, pero no representación. Con este proyecto ambas expresiones irán muy juntas. Ello, en virtud de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 13 de septiembre de 2007, que insta a los Estados a crear este tipo de órganos públicos. Entonces, las comunidades indígenas actuarán a través de esos consejos en defensa de sus propios intereses, necesidades y derechos humanos, especialmente ante los organismos del Estado. El consejo es una instancia de participación en todos los ámbitos de la política pública, y, en particular, en los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas, conforme lo dispone el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Presidente, catorce años debieron transcurrir para concretar los acuerdos de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, constituida en 2001, que emitió su informe y acordó crear el Consejo de Pueblos Indígenas, en 2003. También, veinte años pasaron para que Chile aprobara el Convenio 169, instrumento relevante para el Consejo de Pueblos Indígenas. Ello, porque la mecánica para proponer la creación de dicho consejo se basó en el procedimiento de consulta establecido por el convenio, que algunos sectores se negaban a aprobar, pero el cual se aprobó finalmente. Hoy, la consulta previa a los pueblos indígenas -el artículo 6° del convenio establece las obligaciones referidas a dicha consulta es esencial para la toma de decisiones de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Ninguna autoridad, ni administrativa ni legislativa, puede tomar decisiones que puedan afectar a las comunidades indígenas sin consultarlas previamente a los pueblos indígenas. Nos queda aún el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el cual ha sido rechazado en tres oportunidades, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. No obstante ello, la Presidenta de la República adelantó que el reconocimiento constitucional y la representación política de los pueblos indígenas en el Parlamento serán una realidad. Por eso consideramos de gran valor y trascendencia la creación este consejo. Se trata de un importante avance, pues daremos participación plena a las comunidades indígenas ante los organismos del Estado mediante una entidad autónoma e independiente. Todos los abusos existentes: construcción de hidroeléctricas, empresas concesionarias que buscan arbitraria y abusivamente minerales, el uso abusivo del derecho de aprovechamiento de aguas y otros, serán materias que se podrán denunciar y debatir en los consejos. Asimismo, dichos órganos podrán emitir su opinión y formular recomendaciones y observaciones al Ministerio del Medio Ambiente en relación con los procesos de consulta indígena que se desarrollen en el marco de las evaluaciones de impacto ambiental. Las comunidades indígenas están muy unidas a la naturaleza, al medio ambiente; la razón fundamental de su vida es la tierra, la naturaleza misma. Por eso es relevante este derecho que se les otorga. Lo importante es que puedan formular propuestas y observaciones de carácter vinculante y resolutivo al Ministerio de Pueblos Indígenas, que se crea a través de un proyecto de ley que se tramita en paralelo, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, iniciativa que también trata sobre la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de la política nacional indígena, para lo cual considera la participación y representación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones relativas al tema indígena. Estamos muy atentos a la discusión de ese proyecto, con el objeto de compatibilizar las atribuciones y decisiones de los consejos de pueblos indígenas con las del futuro ministerio. Nos preocupa que no se entrabe, dilate ni coarte. Las observaciones al proyecto se refieren a que hay materias que deberían tener carácter vinculante, pero no lo tienen; a que el Ministerio de Pueblos Indígenas, a través del comité interministerial, como dije, no reste funciones a los consejos de pueblos indígenas; a que los integrantes de los pueblos indígenas tengan una real y efectiva representación en relación con el número de integrantes que señalan los registros correspondientes, de conformidad con la población y con la concentración indígena en los distintos lugares en que habitan estos pueblos. Esperamos que en la elaboración del proyecto de ley que nos ocupa haya participado la mayor cantidad de comunidades indígenas posible, observación que se planteó en la comisión respectiva, porque es posible que de las 6.700 personas que fueron consultadas, no todas hayan sido representantes reales de los pueblos indígenas. Aprovecho esta oportunidad para saludar a las comunidades de los diversos pueblos indígenas que habitan en nuestro país, como los aymaras, los quechuas, los atacameños o likan antay, los diaguitas, los collas, los rapa nui, los kawésqar, los yaganes y los mapuches. Con la aprobación de esta iniciativa el Estado de Chile muestra su receptividad a las demandas de los pueblos originarios. El consejo que estamos por aprobar será un espacio de representación, un organismo que se han ganado merecidamente las comunidades indígenas. No se tratará de una institución que actúe con carácter paternalista, sino de un organismo propio en el que podrán dar a conocer sus inquietudes y problemáticas, además de adoptar decisiones con independencia en materia de política nacional indígena y entregar su opinión sobre otras materias que les afecten. Por eso, con mucho gusto voy a dar mi voto a favor de la aprobación de este proyecto de ley. Sin duda, aborda los temas que realmente importan a las comunidades indígenas, salvo por algunas diferencias mínimas que, en todo caso, no corresponden a materias que sean parte de lo sustancial del proyecto. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, este proyecto de ley podría ser un buen inicio en la búsqueda de una solución a los conflictos que mantiene el Estado con los pueblos indígenas. Se considera que la legislación vigente es insuficiente y que las instancias de diálogo y participación que se han creado no han funcionado como se esperaba, entre otras razones, porque ha faltado una institucionalidad que represente adecuadamente a los pueblos originarios. Este proyecto sería la primera iniciativa que cree una institucionalidad que otorgue facultades reales e independencia a los pueblos indígenas. Las modificaciones introducidas por las comisiones supusieron, en general, un aporte para mejorar el proyecto. Las de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, establecieron criterios más claros en torno a las remuneraciones de los consejeros, fijando límites y cifras que resultaron ser un gran aporte para la iniciativa. También es necesario mencionar que las normas relativas a la composición de los consejos son consecuencia de los procesos de consulta que se materializaron en el acuerdo de San Esteban, que son el resultado de un proceso que se llevó a cabo durante 2015 y que duró alrededor de cinco meses. En él participaron los nueve pueblos indígenas de nuestro país y arrojó como resultado la propuesta de creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, de los consejos por pueblo y de un Ministerio de Pueblos Indígenas. En relación con dichas propuestas, cabe expresar que el proyecto de consejos de pueblos indígenas no se entiende sin la creación de un ministerio de pueblos indígenas, ya que la gran mayoría de las facultades de los consejos dice relación con ese futuro ministerio. Actualmente el proyecto de ley que crea el ministerio mencionado se encuentra en su primer trámite constitucional y está radicado en la Comisión de Gobierno Interior de nuestra Corporación, a la espera de ser votado. En general, se trata de un buen proyecto, que, a mi juicio, vamos a aprobar. Además, quiero comentarle al señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, que en la Comisión de Agricultura estamos discutiendo el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, conocido como la Conaf pública, en cuya tramitación también contamos con la presencia de dirigentes indígenas de la Novena Región, quienes expusieron sobre el tema. Sería interesante que el Ejecutivo acogiera las observaciones que plantearon. Ellos no están pidiendo nada de otro planeta; solo buscan que se les reconozca en dicho proyecto de ley. De ese modo tendríamos una Conaf pública más robusta y con mayor participación. En definitiva, por los argumentos y antecedentes expuestos, anuncio que votaremos a favor el proyecto de ley en debate. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, me comprometí con el colega Joaquín Tuma, quien ha hecho de esto su vida, pero que hoy, lamentablemente, se encuentra enfermo -primera vez en los siete años que lleva como parlamentario-, por lo que no pudo asistir a esta sesión. Se enfermó justo cuando le correspondía intervenir en el debate de un proyecto que es de gran interés para él. Intentaré transmitir simultáneamente, entonces, mis preocupaciones y las de Joaquín Tuma en torno a esta iniciativa. Este proyecto de ley, próximo a aprobarse, espero con una amplísima mayoría, puede tener un carácter histórico. Digo “puede”, porque si se produce la sinergia necesaria entre el futuro Consejo de Pueblos Indígenas y su contraparte, que será el futuro ministerio de pueblos indígenas, sería posible alcanzar un cambio definitivo en la mirada que tienen el Estado y la sociedad chilena respecto de sus pueblos originarios, mirada que por siglos ha consistido en buscar incorporar, de asimilar a esos pueblos al crisol de la chilenidad por la vía de que sean como nosotros. En efecto, por décadas la apuesta de nuestro Estado ha tendido a obtener la desaparición de la identidad y de la cultura de los pueblos originarios. Diría que este proyecto representa la culminación de un cambio de mirada. Es decir, el Estado y la sociedad chilena se ponen en la perspectiva del reconocimiento del valor patrimonial que significa para la riqueza cultural, económica y social de Chile la existencia de pueblos originarios, que deben ser no solo preservados en sus condiciones, sino potenciados en su desarrollo. Y esto, por supuesto, va a tener expresión superior en el reconocimiento de Chile como un país multicultural y multilingüístico. No sé si alguna vez han visto un partido de la Copa Libertadores donde juegue Olimpia del Paraguay. Por rubios y altos que sean los jugadores del Olimpia, son capaces de hablar guaraní entre ellos, para evitar que los rivales conozcan sus estrategias y jugadas. No obstante que en nuestra población el pueblo mapuche representa una proporción mayor que la que representan los guaraníes para Paraguay, mis primeras palabras de mapudungun las aprendí, como hijo de la educación pública, formado en el Internado Nacional Barros Arana, después de los 35 años de edad, cuando visité Malleco en mi condición de candidato a diputado, en la elección de 1997. Esas palabras fueron “mari mari pu peñi, mari mari pu lamngen”. Lo cierto es que todo niño de nuestro país debería conocer al menos rudimentos de la lengua de los pueblos originarios, que no solo habitaron, sino que habitan y habitarán nuestro territorio por siempre. Uno escucha resonancias de ese enfoque cuando algunos piden mayor presencia policial frente a lo que llaman “conflicto de La Araucanía”, el que no es un conflicto, sino la incapacidad del Estado y del pueblo de Chile para asumir que tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. Incluso, algunos solicitan la militarización de La Araucanía y otros piden correr balas de verdad, en lugar de balas de salva, si las cosas se desbocan. Tenemos que asumir que hay una deuda que debemos pagar, lo que estamos comenzando a realizar al dar solución a uno de los problemas principales en la relación multicultural de nuestros pueblos, cual es la existencia de interlocutor válido que represente a los pueblos originarios. Eso hace el proyecto, ya que crea un Consejo Nacional y nueve consejos de pueblos indígenas, que se constituirán en interlocutores válidos de la expresión organizada de las demandas de los pueblos originarios frente al Estado y a la sociedad chilena. En la Comisión de Hacienda tuvimos un largo debate porque los recursos que comportaban el proyecto no eran consonantes con la magnitud del desafío que se planteaba. Reconozco el esfuerzo del ministro y de sus colaboradores para incorporar recursos que se traduzcan materialmente en la existencia de un organismo autónomo que valore la condición del Consejo de Pueblos Indígenas como representante de los distintos pueblos. En consecuencia, con el proyecto damos inicio a una institución sólida, con proyección de futuro. Los recursos que se le aportan revelan una apuesta seria, no fuegos artificiales. El diputado Tuma me pidió que hiciera un llamado por él para que todos los actores se unan contra la violencia, aíslen a la delincuencia y separen la lucha por la identidad, la cultura y el desarrollo de los pueblos indígenas de los atentados contra el Estado de derecho. Todos anhelamos una paz verdadera, que se funda en el respeto y en la promoción de la diversidad e identidad de los pueblos originarios como parte integrante de la sociedad chilena, que ha de reconocerse, más temprano que tarde, como una nación multicultural. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, el proyecto permite un avance en la relación del Estado con los pueblos originarios. Todos sabemos lo difícil que es dialogar con los pueblos originarios. Conozco bien al pueblo mapuche, ya que en nuestra región hay más de dos mil comunidades con su propio lonco. Es complejo lograr acuerdos con ellas, porque cada comunidad piensa de manera diferente. Resulta complejo, por ejemplo, hacer consultas respecto del Convenio N° 169 de la OIT. El proyecto crea nueve Consejos de Pueblos Indígenas autónomos y representativos de las diversas etnias originarias de nuestro país, y también crea un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que agrupa a todas las etnias de manera proporcional a la población de cada una de ellas. En el mensaje se señala que los nueve consejos de pueblos originarios “serán corporaciones de derecho público, de carácter autónomo, representativos, participativos y de consulta, cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.”. El Consejo Nacional será una instancia de participación de todos los pueblos, en la que se podrá llegar a acuerdos, realizar consultas y formular políticas públicas al futuro ministerio de pueblos indígenas, que se creará mediante el proyecto que estamos tramitando en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, ministerio que se encargará de implementarlas. El proyecto permite una buena interlocución con los pueblos originarios. Sin embargo, tenemos algunas dudas, por lo que pedí votación separada de la letra a) del artículo 3 del proyecto, porque la indicación presentada por algunos diputados es inadmisible e inconstitucional, dado que es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque determina funciones y atribuciones de un servicio público, razón por la cual creemos que el Tribunal Constitucional la rechazará. Es importante que legislemos de buena forma. La bancada de Renovación Nacional votará a favor el proyecto en general, ya que supone un avance en la interlocución del Estado con los pueblos originarios. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier. El señor TEILLIER.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y al subsecretario de Desarrollo Social. El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas cumple con un largo anhelo y materializa una demanda que ha sido planteada por las comunidades indígenas y el mundo social y político, ya que busca transitar hacia una nueva forma de relación entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Por lo anterior, el programa de gobierno de la Presidenta de la República recogió esta petición y ha impulsado una nueva institucionalidad indígena en el país para que la relación con los pueblos originarios se vaya dando en pie de igualdad y podamos ampliar las perspectivas que hoy confluyen en la deliberación pública y política, incorporando la cosmovisión indígena en el centro de la misma, lo que, sin lugar a dudas, enriquecerá el debate y nos permitirá abrir considerablemente los horizontes de la democracia chilena. La incesante actividad y lucha ancestral por mantener y proyectar al futuro las cosmovisiones y culturas propias de cada uno de los nueve pueblos originarios vivos en nuestro país, es una dimensión que el conjunto de los chilenos debe reconocer y respaldar. Para ello es vital también el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la preservación de sus culturas y tradiciones, y de sus lenguas, a fin de mantener su identidad como pueblos. La democracia chilena debe abordar la relación con los pueblos indígenas desde una óptica de reconocimiento y mutuo respeto, en la que se valore a los pueblos indígenas y la riqueza de sus tradiciones culturales e instituciones. Lo anterior es una deuda con los pueblos indígenas en su conjunto y con cada uno de sus miembros, ya que los pueblos indígenas saben distinguir algo que la sociedad chilena olvida y que nosotros rescatamos profundamente, esto es, el valor que tiene la comunidad para el bienestar de cada uno de sus miembros y cómo la comunidad es fundamental para ello. En ese sentido, debemos ir generando una institucionalidad que nos permita abordar seriamente una nueva relación con los pueblos indígenas, y para ello debemos crear un ministerio de pueblos indígenas. Lo que hace este proyecto de ley es crear un Consejo Nacional y consejos para los nueve pueblos indígenas que habitan nuestro país. Esto es, sin duda, un gran avance y va en la dirección correcta. Destaco que tanto este proyecto de ley como el que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas son fruto de una consulta que se desarrolló durante 2014 y 2015, proceso que se apegó estrictamente a los principios que establece el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prescribe que la consulta se debe llevar a efecto de buena fe, con pertinencia cultural, con el debido respeto por los métodos tradicionales de decisión de los pueblos indígenas y con la debida flexibilidad. El proceso de consulta se celebró en 122 localidades, contó con la participación y colaboración de asesores contratados a solicitud de los mismos pueblos indígenas, y en él interactuaron un total de 6.833 dirigentes en todo el país. Por lo anterior, es fundamental que la Cámara de Diputados sea deferente con los resultados de la consulta y con los acuerdos que lograron los pueblos indígenas en materias tales como la composición del Consejo Nacional y la integración y las atribuciones de los consejos. Asimismo, destaco la importancia que tiene que estos consejos sean corporaciones autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que determinarán sus propios reglamentos y administrarán sus recursos y patrimonio. Me parece que este es el camino para generar una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Necesitamos que estos consejos sean legítimos. Para ello deben tener las herramientas normativas y económicas, cosa que este proyecto entrega. Finalmente, considero que este proyecto de ley nos permitirá dar un paso y construir los pilares para que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y su participación política en las instancias de representación, tales como el Parlamento, pueda ser efectiva y generar una transformación real en nuestro Estado, pasando de uno monocultural a uno que reconozca la diversidad cultural y política de nuestro país. Si avanzamos en una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, podremos construir una sociedad cuya democracia sea realmente inclusiva y en la que valoremos la riqueza de la cultura indígena. Por eso, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini. La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, el debate que hemos venido realizando sobre una nueva institucionalidad indígena constituye un tremendo avance en nuestro país. El camino para llegar hasta aquí ha sido bastante largo y aún queda mucho por recorrer, pero es el correcto para intentar saldar la tremenda deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios, aquellos con quienes compartimos las distintas dimensiones de este espacio que hoy conocemos como Chile. Esa deuda profunda se manifiesta en la ignorancia y en la falta de respeto hacia la identidad y la cultura de nuestros pueblos originarios, y se relaciona con su olvido histórico; con su pérdida patrimonial, cultural y territorial, y con el genocidio que sufrieron muchos de ellos en el pasado. También tiene que ver con aquellos derechos que han sido pasados a llevar durante siglos y que hoy mantienen una herida abierta en el sur de nuestro país; herida que es tan profunda y dolorosa que todos sabemos que debe ser abordada con urgencia. El Estado de Chile, por acción u omisión, ha sido responsable o cómplice de muchos de estos hechos. Por eso, aun con todas las imperfecciones, limitantes e insuficiencias que puede tener esta nueva institucionalidad indígena en la que estamos avanzando es parte de ese largo camino por intentar remediar y pagar aunque sea en parte esa deuda. Llegar a este punto ha significado un proceso largo y difícil, lleno de tropiezos y desacuerdos, pero también de varios hitos importantes que es necesario reconocer. El anteproyecto de ley sobre el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas fue sometido al proceso de consulta previa por el Ministerio de Desarrollo Social, entre septiembre de 2014 y enero de 2015. Por lo tanto, el proyecto de ley presentado al Congreso recoge gran parte de los acuerdos suscritos por los representantes de los pueblos indígenas. Entre esos participantes se contó con autoridades tradicionales, como loncos o machis, presidentes de comunidades indígenas y dirigentes de asociaciones indígenas, incluidas las de Isla de Pascua o Rapa Nui. En ese proceso de consulta previa también fue convocado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que realizó algunas observaciones y recomendaciones, sin perjuicio de valorar la iniciativa en discusión. Sin embargo, a pesar de que en la construcción de este proyecto de ley se buscó otorgar la mayor participación a los representantes de los pueblos indígenas, se nos hizo ver que existió una cierta debilidad en el traspaso de la información hacia la totalidad de los integrantes de las comunidades de los pueblos originarios. Por lo mismo, durante el tiempo en el que me correspondió la hermosa responsabilidad de asumir la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, hicimos todos los esfuerzos por abrir las puertas a quienes quisieran hacer su aporte a la discusión del proyecto, sobre todo a sus protagonistas: representantes e integrantes de los pueblos indígenas. Sesionamos de manera inédita en regiones, efectuando jornadas temáticas en 2016 tanto en Atacama como en Temuco, porque queríamos escuchar a nuestros pueblos originarios para tratar de perfeccionar el proyecto. El objetivo era reflejar fielmente la voluntad y la visión de los protagonistas de esta nueva institucionalidad. De esa participación surgen algunos aspectos débiles del proyecto. En ese sentido, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas debe responder a la necesidad y al deber de seguir escuchando la voz de nuestros pueblos originarios y de darles representación y opinión ante aquellas políticas y medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a los nueve pueblos en su conjunto. Por ello, la importancia de dotarlo de mayores atribuciones de carácter resolutivo y vinculantes, tal como manifesté durante su discusión. Además de esa mirada común, tenemos el deber de respetar y de reconocer la individualidad, las diferencias culturales y de organización, y los problemas que enfrenta cada pueblo. De allí la importancia de crear los Consejos de Pueblos Indígenas al interior de esas comunidades como órganos autónomos y de derecho público, representativos y participativos, con herramientas para resolver asuntos propios de cada pueblo. Destaco la voluntad de la Presidenta Michelle Bachelet tanto en su primer gobierno como en el actual por avanzar hacia una nueva política e institucionalidad de gobierno en esta materia. Eso también ha sido recogido por el senador Alejandro Guillier, quien nos ha hablado de la necesidad de reconocernos como un país plurinacional y nos ha impulsado a seguir adelante en la concreción de una nueva forma de representación y una nueva forma de relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, en la que se respeten sus derechos, su cultura, su cosmovisión, su agua, su medio ambiente y su forma de relacionarse con la vida y con la tierra. Para culminar, envío un saludo cariñoso a los pueblos originarios de Chile y de mi Región de Atacama: aymara, atacameño, quechua, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawéskar y yagán, en especial cuando nos encontramos a pocos días de celebrar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas el próximo 24 de junio, el día que marca el nuevo año indígena y la renovación de la vida y la naturaleza. ¡Jallalla! He dicho. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, por su intermedio saludo a quienes nos acompañan en la discusión, tramitación y, probablemente, aprobación de este proyecto de ley: el ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza; y el subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo Faúndez. Para nosotros es particularmente relevante discutir hoy este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, consolida un proceso que se inicia con el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Chile. También lo hace particularmente interesante el hecho de discutir este proyecto de ley a pocos días de celebrarse, el 24 de junio, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Existen nueve pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile a través de la ley N° 19.253. El último en incorporarse fue el pueblo diaguita, en 2008. Más allá del reconocimiento oficial que se ha dado por parte del Estado en las últimas décadas, los pueblos indígenas han demandado mayores derechos y respeto de su cultura y patrimonio, sobre todo en lo relativo a los territorios ancestrales y a la necesaria inclusión y participación en las decisiones país que puedan afectarles. Se trata de un fenómeno que no solo ocurre en el territorio nacional, sino que es un movimiento que ya trasciende las fronteras y se instala como una de las temáticas centrales a nivel latinoamericano y mundial. En este contexto y como respuesta a las reivindicaciones indígenas planteadas a nivel internacional, en 1989 se aprobó el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Chile en 2008. Este instrumento reconoce derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, además de establecer mecanismos de participación política, como lo es la consulta indígena, y reconocer el derecho que les asiste a ejercer un control progresivo sobre los programas de salud y educación dirigidos a ellos, preservación de su patrimonio arqueológico, histórico, cultural y de conocimientos tradicionales, entre otros temas. La consulta previa indígena tiene su origen en el derecho internacional sobre los derechos humanos. Las garantías y características de la consulta han sido desarrolladas por diferentes organismos del derecho internacional, particularmente por la propia OIT, el relator especial de derechos humanos para pueblos indígenas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conforme a esta, la consulta previa es una obligación del Estado frente a medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas. Desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en nuestro país, en 2009, el gobierno de Chile se ha enfocado fundamentalmente en normar e implementar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas frente a las medidas administrativas y legislativas que los afecten de manera directa. Gracias a este hito inicial, hoy discutimos en Sala esta iniciativa cuyo anteproyecto fue sometido, precisamente, al proceso de consulta previa por el Ministerio de Desarrollo Social, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, recogiendo la totalidad de los acuerdos suscritos con los participantes representantes de los pueblos indígenas. La consulta previa duró seis meses y se realizó en todo el territorio nacional, en 122 localidades. Participaron más 6.800 personas y en su jornada nacional de cierre estuvieron presentes 152 delegados de las distintas regiones y pueblos indígenas. Los principales acuerdos entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas en la jornada nacional de cierre realizada el 30 y el 31 de enero de 2015, en la comuna de San Esteban, relativos a este proyecto de ley, fueron los que paso a mencionar: Primero, respecto del nombre de los consejos, se acordó por unanimidad que la nueva institución se denomine Consejos de Pueblos Indígenas. Segundo, carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta. Se acordó incorporar el carácter resolutivo, facultativo y vinculante sobre su propia orgánica, dentro de las atribuciones del Consejo Nacional y de los Consejos por pueblos. Tercero, composición de los Consejos por pueblos. Se acordó, en general, el número total de integrantes y la distribución de cada uno de los Consejos por pueblos, entre otras conclusiones a las que llegó esta consulta. No hay duda de que este proyecto permitirá a nuestro país y a su institucionalidad avanzar hacia el camino de la integración y el reconocimiento. Es un camino largo y sabemos que no estará exento de dificultades. Sin embargo, es un puntapié inicial para comenzar la discusión sobre el Estado que queremos a través de su multiculturalidad, con el fin de elaborar políticas públicas con y para las comunidades, darles autonomía, determinación sobre sus tierras y reconocimiento real. Quiero recordar a esta Corporación que fue en 1865 cuando el Partido Radical y sus parlamentarios de la época, entre ellos Pedro León Gallo y Manuel Antonio Matta, se opusieron tenazmente a lo que se conocería como el proceso de “pacificación de La Araucanía”. Por tanto, hoy la bancada del Partido Radical no será menos y apoyará este proyecto, necesario para generar un verdadero cambio en el ámbito del reconocimiento y de la participación de los pueblos originarios. Por último, quiero enviar un afectuoso saludo y reconocimiento y expresar mi máximo respeto a todos los representantes del pueblo quechua y lican antay que viven preferentemente en las localidades de Chiu Chiu, Ayquina, Caspana, Toconce, Lasana y Conchi Viejo. He dicho. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, este proyecto que crea el Consejo Nacional Indígena y los Consejos de Pueblos Indígenas busca avanzar en dirección de establecer una representación de nuestros pueblos originarios, que tiene su origen en el 2008, fecha en que se aprobó el Convenio 169 de la OIT, como también en otras medidas que han ido estableciendo la necesidad de fortalecer la participación, la integración de los pueblos indígenas o pueblos originarios en la institucionalidad del país. No existía esto y este proyecto lo crea. Por consiguiente, consideramos que es un elemento positivo, no solo desde el punto de vista de lo que significa esta primera institucionalidad, sino también porque no podemos dejar de comentar y de ver este proyecto en el marco del actual conflicto que se desarrolla en la zona de La Araucanía y en otras regiones del país, porque creemos que este proyecto de ley podría ser -escuche bien lo que digo, señor Presidente el inicio de un camino de solución. La actual legislación es insuficiente y las instancias de diálogo o participación que se han creado hasta ahora no han funcionado, entre otras razones, porque no ha existido una institucionalidad que sea representativa de estos pueblos. Por consiguiente, al crearse en este proyecto la primera institucionalidad, mediante la cual se le entregan facultades e independencia a estos pueblos, puede ser un camino de diálogo, de entendimiento y de definición de mejores políticas. Debemos apostar, también, por ese camino en una zona donde, transcurridas décadas, aún vemos expresiones de intransigencia, de conflicto. La idea es abrir instancias de diálogo que congreguen a las inmensas mayorías de nuestros pueblos originarios y pongan atajo a los grupos extremos que no quieran participar. Estoy seguro de que los pueblos originarios quieren una vía de entendimiento más que una de enfrentamiento. Quiero destacar el trabajo hecho en la Comisión de Hacienda en relación con indicaciones que permitieron hacernos cargo de criterios más claros, más justos, en torno de la remuneración de los consejeros indígenas. El proyecto original fijaba una remuneración del orden de los 700.000 pesos, pero en la comisión de Hacienda logramos duplicarla. Por consiguiente, cada consejero recibirá una remuneración del orden de 1.400.000 pesos, equivalente, más o menos, a la que hoy reciben los consejeros regionales. Sé que ese aumento no generó satisfacción entre los representantes de los pueblos originarios que concurrieron a la Comisión de Hacienda, pero, sin duda, es un avance respecto de la condición original. Habrá que dar pasos, también, en cuanto a entregar recursos para movilización e infraestructura. Cabe señalar que se trata de nueve miembros del Consejo de Pueblos Indígenas aymara, tres miembros del Consejo de Pueblos Indígenas quechua, cinco miembros del Consejo de Pueblos Indígenas atacameño o likan antay, cinco miembros del Consejo de Pueblos Indígenas diaguita, tres miembros del Consejo de Pueblos Indígenas colla, tres miembros del Consejo de Pueblos Indígenas rapa nui, tres miembros del Consejo de Pueblos Indígenas kawéskar, tres miembros del Consejo de Pueblos Indígenas yagán y treinta y cinco miembros del Consejo de Pueblos Indígenas mapuche. Aprovecho la presencia en la Sala del ministro Barraza para buscar, de parte de él, una definición sobre lo que realmente quiere y está dispuesto a hacer el gobierno en materia de facultades y atribuciones de los consejos. En el proyecto original, el gobierno de la Presidenta Bachelet estableció como principio entregar facultades de tipo consultivo; sin embargo, fue a través de indicaciones parlamentarias que estas facultades pasaron a tener un carácter resolutivo. La principal facultad que se entregó es, ni más ni menos, la formulación de propuestas y observaciones de carácter vinculante relativas a la política nacional indígena. Como dije, esa atribución fue incorporada a través de una indicación parlamentaria. La pregunta que cabe hacer es si en la formulación de la política indígena nacional la Cámara quiere dar a los consejeros indígenas capacidades resolutivas y entrar en una suerte de tensión y conflicto con las propuestas que pueda hacer el ministerio a los pueblos indígenas. ¿Queremos conservar la potestad resolutiva en el Ejecutivo, en las instancias y en las formas que ministerialmente el Estado se está dando, o queremos quitar esa capacidad resolutiva al gobierno de turno para dársela al consejo? El gobierno ha dicho que no quiere eso, pero ha dejado que la indicación fluya. El diputado señor Becker ha hablado de una posible inconstitucionalidad del artículo 3, letra a), y por tal razón ha pedido votación separada. Por eso, por intermedio del señor Presidente, quiero pedir al ministro Barraza, antes de votar, que se refiera a ese punto. No es lo mismo aprobar un proyecto que considera consejos indígenas con carácter resolutivo que uno que establece el carácter consultivo de dichos consejos. La Presidenta Bachelet estaba de acuerdo con lo último y así se lo planteó al Parlamento. Si el gobierno quiere cambiar de criterio, pues que lo diga ahora, porque no quiero que el día de mañana, por la vía del veto, mute su parecer. Esto, honorable Cámara, es de la esencia de lo que votaremos. No es un tema colateral, marginal, ni secundario: es lo más importante; es la columna vertebral del tipo de consejo que queremos para el país y de las facultades y atribuciones que le otorgaremos. Por eso, es relevante que el Ejecutivo despeje esta cuestión ahora, en forma previa a la votación. En resumen, mi partido, la UDI, tiene la convicción de que el proyecto contiene normas adecuadas, con la salvedad del artículo 3, letra a). Por ello, insisto en mi solicitud de que se le otorgue la palabra al ministro Barraza y no se eluda el tema, de modo que la Cámara sepa realmente qué votaremos, sin perjuicio del camino que después se quiera seguir o lo que el honorable Senado resuelva hacer. He dicho. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Desarrollo Social y al subsecretario de esa cartera. Me alegro mucho de que al fin estemos discutiendo un proyecto como este. No hay ninguna duda de que el principal conflicto político que enfrenta nuestro país está fundamentalmente radicado en la Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco, y que se relaciona con la coexistencia del Estado de Chile con sus pueblos originarios. Ello no se puede desconocer. Ese conflicto, por momentos, ha derivado en episodios dramáticos de violencia absolutamente inaceptable en una democracia y en un Estado de derecho. Entendemos que la única forma de enfrentarlo con eficacia es mediante el diseño de una política de Estado y con un desarrollo institucional que permita avanzar en tres ejes absolutamente primordiales: el reconocimiento, la participación y el desarrollo. Sin reconocimiento, sin participación y sin desarrollo es imposible enfrentar con eficacia un conflicto que se arrastra por muchos años y respecto del cual habitualmente los gobiernos más bien se han preocupado de la superficialidad, de la epidermis, no de las cuestiones de fondo. Por eso es tan importante que en el debate de la nueva Carta Fundamental no solo se considere el reconocimiento constitucional, sino también el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Urge contar pronto con una “ley Araucanía” que se haga cargo de la situación de rezago, porque el desarrollo respetuoso de la diversidad cultural es fundamental para resolver el conflicto. Una materia medular dice relación con la participación. Por ello consideramos que este proyecto, que crea los nueve Consejos de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, va absolutamente en la línea correcta, porque permite institucionalizar el diálogo y generar instancias formales de representatividad de la diversidad y multiplicidad de pueblos indígenas que existen en nuestro país, lo que también tendrá una contraparte en la institucionalidad pública a través del futuro ministerio de pueblos indígenas y del Consejo Nacional. De alguna manera esta nueva institucionalidad facilitará la participación y la interlocución que en un diálogo democrático debe desarrollarse entre pares. Indudablemente, esta normativa no puede ser meramente simbólica o solo para cumplir con una formalidad; tiene que ser vinculante y producir efecto. Si creamos una institucionalidad que no tendrá ninguna relevancia, como era la propuesta en el proyecto original, obviamente provocará frustración, la que a su vez generará desconfianza, y no olvidemos que lamentablemente la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche está marcada por la desconfianza. Si queremos avanzar sobre la base del diálogo, debemos hacernos cargo de esa realidad y ser capaces de construir confianza y un diálogo efectivo. Sin embargo, no solo hay que avanzar en relación con este proyecto; también es fundamental que el gobierno cumpla el compromiso que asumió en este hemiciclo el entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo de enviar a discusión parlamentaria el proyecto que establece la participación política garantizada de los pueblos indígenas, con escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los consejos regionales. Esa es la manera de avanzar en el diálogo democrático, en la participación, en el reconocimiento y en el desarrollo; esa es la manera de aislar definitivamente a cualquier grupo que pretenda reivindicar la violencia que no queremos y que nadie quiere en nuestra región. Señor Presidente, por su intermedio pido al ministro que se haga cargo de algunas falencias técnicas que tiene el proyecto, por ejemplo, en relación con la constitución del patrimonio. El consejo se crea como una institución con patrimonio propio, pero en ninguna parte del proyecto se desarrolla la forma como se va a constituir ese patrimonio. No sabemos si el consejo va a recibir aportes de la Ley de Presupuestos de manera permanente, ni si podrá recibir aportes de la cooperación internacional o donaciones. En todos los proyectos de ley que crean una institucionalidad, que crean un órgano, y que establecen que este tendrá un patrimonio propio, se señala cómo se constituirá ese patrimonio. Sin embargo, en ninguna parte de este proyecto se indica aquello. Solo se hace referencia a los gastos de traslado y de alimentación y a las dietas de los consejeros. Por tanto, la pregunta que uno se hace es si el consejo no podrá tener asistencia técnica, asesoría y oficinas donde funcionar. Reitero: esa norma, que tiene un carácter casi sacramental en cada uno de los proyectos que crean una institucionalidad, no aparece por ninguna parte de esta iniciativa. Me imagino que fue un descuido o una omisión involuntaria, que espero que sea corregida en el Senado. Voy a votar favorablemente el proyecto, porque creo que este es el momento de avanzar y de no seguir poniendo obstáculos al esfuerzo que se ha hecho. Valoro este proyecto, especialmente porque debo recordar que esta misma iniciativa fue comprometida en su momento por el Presidente Piñera, pero ni siquiera la envió al Congreso Nacional, así como tampoco envió el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Y no solo comprometió esta iniciativa en sus campañas, sino también en la región. No olvidemos que después del macabro atentado a la familia Luchsinger-Mackay, tres ministros visitaron La Araucanía para participar en los diálogos que se realizaron en el estadio municipal de Temuco, y comprometieron esos dos proyectos, que nunca fueron enviados, como tampoco lo fue el proyecto de ley Araucanía. Ahora, en cambio, nosotros estamos discutiendo estos proyectos. Y no solo eso: estamos a punto de despachar en la Cámara de Diputados el presente proyecto, que crea los Consejos de Pueblos Indígenas; ya se está discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior la iniciativa que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, y en el plazo de sesenta días, el gobierno se comprometió a tener en discusión la ley Araucanía. Por lo tanto, se ha dado un paso importante, porque se ha transitado del discurso, del ofertón y del anuncio a la tramitación concreta de proyectos de ley que se hacen cargo de la forma en que podemos enfrentar un conflicto que se arrastra desde hace mucho tiempo y que debemos resolver sobre la base del reconocimiento, de la participación y del desarrollo de nuestros pueblos indígenas. He dicho. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señor Presidente, se ha hablado mucho del contenido del proyecto. Sin embargo, quiero referirme a una preocupación que tiene que ver con el establecimiento de una política más global y de largo aliento en materia indígena por este gobierno, pero sobre todo por el Estado de Chile. Este proyecto tiene un problema que es muy común en las iniciativas de este gobierno: buenas intenciones declaradas, que luego se ven frustradas. Es lo que se advierte cuando se conoce en detalle el diseño general de la política indígena, pues subordina al futuro Ministerio de Pueblos Indígenas y al Comité Interministerial parte importante de las facultades que se asignan al consejo. Si lo anterior no cambia y no se fortalece al consejo, al final del día la puesta en marcha del mismo va a derivar solo en frustración y en participación no efectiva. Señor Presidente, señor ministro, diputados, y quienes escuchan: participar es decidir, y no sacarse una foto para legitimar las decisiones que toman otros. Por eso es importante la pregunta que hace el diputado Melero; pero, por supuesto, yo la hago desde otro punto de vista: ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de la indicación -de seguro en el Senado será eliminada por su supuesta inadmisibilidad por inconstitucionalidad que propone el cambio de las facultades consultivas a resolutivas que se otorgan al consejo? ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto? ¿Va a patrocinar ese cambio que propuso el diputado Mirosevic? De no ser así, finalmente el consejo va a terminar siendo letra muerta, y si es letra muerta va a ser un galón de bencina más para contribuir a la frustración que hoy existe entre los pueblos indígenas, no solo en La Araucanía, sino en todo el territorio nacional o en parte importante del mismo. Es necesario que este proyecto reconozca -es algo que no se ha dicho en este debate la vigencia de pueblos indígenas que están vivos. Mucho se habla desde la cultura del turismo y del paternalismo de que pueblos indígenas, como el yagán o el kawésqar, estarían extintos porque ya no habría descendientes de raza pura. Los pueblos indígenas viven en la cultura de sus miembros, en sus formas de vida, en sus tradiciones, en su cosmovisión. Sin embargo, el proceso de asimilación que permanentemente ha realizado el Estado chileno hacia pueblos como el kawéskar y el yagán -lo digo con conocimiento es tremendamente violento, sistemático y de largo aliento; es de una violencia que muchas veces no se ve, pero que los pueblos originarios perciben. Por eso, destaco que este proyecto incluya dentro de los pueblos originarios a los pueblos kawésqar y yagán. Sin embargo, insisto en que si no se asegura que las facultades que se otorgan al consejo sean de carácter resolutivo, al final del día el consejo será letra muerta. Pero hoy tenemos un problema más grave que aqueja a nuestro país, y, por tanto, en el marco de la discusión de este proyecto, considero necesario referirme a él: el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Ayer, en un programa de televisión el candidato Piñera, enfrentado a tomar posiciones respecto del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, insistió en hablar de terrorismo. Uno de los puntos esenciales de la ley antiterrorista es que invierte la carga de la prueba: el acusado debe probar su inocencia, ya que esta no se presume como ocurre en un proceso regular. Así, los mapuches acusados de actos terroristas son culpables a menos que demuestren lo contario. No obstante, el candidato Piñera exige un estándar de responsabilidad más alto para mapuches e inmigrantes que para sus propios ministros y excolaboradores. La señora RUBILAR (doña Karla).- ¡No dijo eso! El señor BORIC.- Y eso es absolutamente inaceptable. Si la diputada Rubilar quiere discutir, lo podemos hacer después públicamente. No tengo ningún problema. El candidato Piñera, junto con la Fiscalía de Temuco,… La señora RUBILAR (doña Karla).- ¡No dijo eso! -Hablan varios diputados a la vez. El señor BORIC.- Señor Presidente, por favor pida que dejen de gritar. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Gabriel, sigue nomás. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Continúe, diputado. El señor BORIC.- Como decía, el candidato Piñera, junto con instituciones del Estado chileno, como la Fiscalía de Temuco, hoy contribuye a la violencia en La Araucanía. Al respecto, quiero manifestar que en el caso de Luis Marileo y Patricio González, quienes fueron asesinados la semana pasada, la fiscalía señaló públicamente que ni siquiera se formalizará al ex carabinero autor de los asesinatos porque habría actuado en legítima defensa. ¿En qué país del mundo la legítima defensa no debe probarse en un juicio? Bueno, en Chile, en particular en la Región de La Araucanía. ¿Hay versiones controvertidas respecto del hecho? ¡Que se prueben en un juicio justo! El problema que tenemos hoy en La Araucanía no se solucionará si seguimos negando el problema de fondo. Es importante afrontarlo con altura de miras; no con el discurso de la militarización de la zona ni desde la perspectiva del desarrollo económico, sino, como bien señaló el diputado Chahin, desde una mirada más amplia. Desde el 29 de mayo hasta la fecha, los comuneros imputados por el caso LuchsingerMackay, un crimen condenable, sin matiz alguno -que no quepa duda; que no se malinterpreten las palabras-, están en huelga de hambre porque exigen un juicio justo, pues aún la justicia no resuelve. El problema que dicha situación conlleva es que mientras se encarcela a comuneros mapuches la violencia se sigue cultivando en La Araucanía porque no hay justicia. También, desde el 10 de junio los presos del denominado “caso iglesias” están en huelga de hambre por lo mismo: porque exigen un juicio justo. Acá no estamos diciendo que no opere la justicia, sino que la justicia haga honor a su nombre. La ley antiterrorista, que se está aplicando hoy en La Araucanía y la cual valida gente como el candidato Piñera -él no es capaz de condenar o reprochar éticamente al delincuente de Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios, pero sí es capaz de hablar del terrorismo del pueblo mapuche-, me parece absolutamente inaceptable, e insisto, contribuye a la violencia. El diputado Chahin habló de reconocimiento, participación y desarrollo, elementos que considero interesantes, pues, sin lugar a dudas, deben abordarse en una política más integral a la hora de buscar una solución profunda al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Sin embargo, desde el Frente Amplio queremos ir un paso más allá: queremos hablar de autonomía y de territorio. Recordemos, por ejemplo, que las hectáreas de las que tanto se habla, entregadas al pueblo mapuche a partir de 1990, no suman más de 500.000, y, sin embargo, las hectáreas de pinos y eucaliptus plantadas por las forestales de los grupos Angelini y Matte superan los 1.300 millones. Señor Presidente, a diez minutos de Temuco se ubica la comunidad llamada Rucamanque, que conforman más de doce mil personas. Pero, no obstante que ellas viven –reitero a muy poca distancia de Temuco, se deben lavar por presas porque no tienen agua. Para solucionar el problema en La Araucanía tenemos que hablar de territorio, de correr los cercos de las forestales, porque, si no, seguiremos divagando en buenas intenciones, pero el problema de fondo no se solucionará. Imaginen lo que es que en pleno siglo XXI, a diez minutos de una de las ciudades más grandes e importantes de Chile, como lo es Temuco, tengamos personas que deban lavarse por presas porque reciben cincuenta litros de agua a la semana, en circunstancias de que hace solo ocho años ese recurso circulaba por dicha zona. Esa situación no se soluciona con Consejos de Pueblos Indígenas de carácter consultivo para la foto. Por tal razón es importante que el ministro Barraza sea claro respecto de cuál es la intención del gobierno. Los Consejos de Pueblos Indígenas, ¿tendrán carácter resolutivo? ¿Sí o no? Además, es importante señalar que cuando hablamos de autonomía, y, por lo tanto, de autogobierno de sus territorios para los pueblos indígenas, estamos hablando también de descentralización, descentralización que ayer sufrió un traspié porque la derecha votó en contra de que este año tengamos elección de autoridades regionales. Es importante que la gente lo sepa. Autonomía, descentralización y territorio, para poder solucionar este conflicto. He dicho. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, quiero decir que con este proyecto y con el que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que hoy está tramitando nuestra Comisión de Gobierno Interior, se inicia un largo camino para terminar con una de las injusticias que más laceran la vida en nuestro territorio, que es, nada más y nada menos, la discriminación y el oprobio que han sufrido los pueblos originarios, los cuales, según todos los estudios antropológicos, por más de diez mil años poblaron esta tierra, mucho antes que nosotros y nuestros antepasados. El que piense que con uno o con un par de proyectos de ley se resolverá el problema del oprobio, de la discriminación, de la enajenación e incluso de la represión que viven los pueblos originarios, está en un error. El camino para tal solución es largo. Pero qué importante es que haya sido nada menos que una mujer, la primera Presidenta en la historia de Chile, quien tuvo la sensibilidad, así como sucedió con otras grandes falencias u otros grandes dramas de nuestro país, de constatar este drama en particular, cual es la discriminación, la brutal represión que han sufrido los pueblos originarios, y muy particularmente el pueblo mapuche, por parte del Estado chileno. Chile es un país joven: tiene apenas un poco más de doscientos años de vida. Los pueblos originarios respecto de los cuales nos encontramos legislando hoy, como manifesté, ya vivían en este territorio diez mil años antes de que los españoles llegaran a él, hace quinientos años. Ellos construyeron su familia, su cultura, su idioma, su cosmovisión, su religión, su espiritualidad –reitero diez mil años antes de que llegaran nuestros antepasados. ¡Qué derecho tenemos para imponerles, y mucho menos por las armas o por la fuerza, una cultura, un idioma, una forma de vida que, en muchísimos aspectos, es antagónica a la que ellos fueron construyendo en paz y con amor a la tierra! Por eso, estimado señor Presidente, queridos colegas, considero muy importante saber que esta es una marcha que hemos empezado a hacer; que este es un camino en el que no podemos detenernos, que este es un camino que efectivamente debe tener otros pasos y otras direcciones. El presidente del Partido Comunista, colega y amigo Guillermo Teillier, se refirió a las bondades de este proyecto, criterio que comparto plenamente, razón por la cual con gran entusiasmo voy a votarlo a favor. No obstante, respecto de lo expresado por quien me antecedió en el uso de la palabra, debo decir que soy el autor de la indicación por la cual se otorgan facultades resolutivas al consejo. Es efectivo que otros colegas de la comisión la apoyaron, pero, en honor a la verdad, me parece necesario señalar que nuestra bancada, una vez que discutió el tema, estimó oportuno, pertinente y preciso presentar esa indicación, que primero se aprobó en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y después en la de Hacienda. Considero que este es un camino que necesariamente deberá continuar con otros pasos. Ojalá algunos los conozcamos durante este gobierno, y si no, en los sucesivos. Por ejemplo, sería incomprensible que no se incluyera la representación de los pueblos originarios en las máximas instancias legislativas de nuestro país, como son la Cámara de Diputados y el Senado. Esa es una reivindicación completamente indispensable y un paso complementario al que estamos dando hoy. Según el censo pasado -tendremos los datos definitivos una vez que culmine el verdadero censo, el que se hizo este año-, los pueblos originarios de nuestro país representan en torno al 10 por ciento de la población nacional. No hay ninguna razón por la cual el 10 por ciento de la Cámara de Diputados y el 10 por ciento del Senado no estén integrados por representantes reales de los pueblos originarios. Otro paso adicional es que las empresas forestales salgan físicamente del territorio Wallmapu, porque no basta con que tengan cercos más limitados. No es posible que las empresas forestales, que han usurpado tierras a los pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche, sigan presentes en esos territorios y continúen adquiriendo tierras mal habidas, incluso en contra de lo que disponía la ley en la época en que ello ocurrió. Una de las reivindicaciones de la mesa, que incluso está en discusión en este momento en La Araucanía, es que las empresas forestales salgan de dicho territorio. Un tercer elemento que han planteado los propios pueblos originarios es la necesidad de contar con instrumentos acordes a su cultura, a su tradición, para ayudar al desarrollo, a la producción, al crecimiento espiritual y cultural, y, por qué no decirlo, económico, ya que muchos de los integrantes de los pueblos originarios viven en franca pobreza. Por otra parte, pero vinculado con lo expuesto, en octubre de este año se realizará el foro mundial de los pueblos originarios -es la octava versión-, evento que tendrá lugar en nuestro país, cuya organización está en manos de los representantes del pueblo mapuche. Naturalmente, será un espacio para discutir acerca de cómo los pueblos originarios de otros países, como Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda o, eventualmente, Australia, pueden colaborar con su experiencia a la lucha que están dando nuestros pueblos. En cuanto a la tramitación del proyecto, debo decir que el Ejecutivo estuvo siempre presente en la discusión y que contribuyó a sacarlo adelante. Con la mayor transparencia, debo reconocer que el ministro Marcos Barraza ha sido un gran gestor de acuerdos, primero con los representantes de los pueblos originarios, y después, con la mayoría de los representantes de las comisiones que trataron esta iniciativa. Seguramente ello se debe a que entiende que esta visión de largo aliento es un camino que necesariamente debemos recorrer. Excúsenme que lo haga en esta oportunidad, pero, finalmente, debo expresar un reconocimiento especial a un gran amigo, el compañero peñi Diego Ancalao, líder indígena de la comuna de Purén, quien en su libro Mapuche: hijo de dos naciones nos enseña muchas cosas que son de gran ayuda para quienes queremos construir en serio un país de iguales en la diversidad, un país de respeto a los pueblos originarios y un país donde la paz se pueda erigir sobre las bases sólidas de la justicia, de la inclusión, de la integración, y nunca más de la represión. He dicho -Aplausos. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención a mis colegas hablar de La Araucanía; sin embargo, no los he escuchado felicitar a la gente de La Araucanía. Lo digo por una razón muy simple: por primera vez, en todos estos años, he visto una unión absoluta entre los parlamentarios de la región, senadores y diputados, para trabajar incansablemente con miras a solucionar los problemas que aquejan a La Araucanía, lo que demuestra que todos queremos soluciones concretas para esos problemas. ¿Por qué para nosotros son importantes el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas? Porque cada vez que nos hemos reunido con las comunidades, con los alcaldes mapuches -los ministros pueden dar fe de lo que diré-, cuando llega el momento de tomar acuerdos, tanto los alcaldes como los comuneros nos dicen que ellos no representan al pueblo mapuche, sino a la comuna que los eligió o a su comunidad, respectivamente. Entonces, todos los avances que se habían alcanzado en las conversaciones para llegar a acuerdos quedan en nada. Con este nuevo sistema, el que se propone a través de este proyecto de ley, deberíamos obtener un tremendo alivio y apoyo real para la gente de La Araucanía, porque quienes se sentarán en las mesas de diálogo serán representantes elegidos por las propias comunidades, por lo que tendrán las facultades y el respaldo necesario para llegar a acuerdos con quien sea que esté gobernando. Habría que ser de una ceguera infinita para no darse cuenta del tremendo problema que estamos teniendo en La Araucanía. La gracia de esto es que permitirá solucionar los problemas entre todos. Veremos cómo se va dando, pero está claro que debemos solucionarlos. Aquí he escuchado que hay gente que está en huelga de hambre y haciendo exigencias a los tribunales de justicia; o sea, caemos en lo mismo: la politiquería respecto a los problemas. Cuando la justicia falla en un sentido y lo favorece a uno, es buena; pero cuando le da la razón al otro, es mala. ¿Por qué no dejamos que la justicia actúe bajo las premisas y convicciones a las que vayan llegando los fiscales y los jueces? No podemos imponer lo que nos gusta. Los únicos profesionales que conozco que son amados por el 50 por ciento y odiados por el otro 50 por ciento son los jueces y los fiscales. Los adoran los que obtienen sentencias a su favor, pero los odian los que obtienen sentencias en contra. ¿Qué queremos en La Araucanía? Todos hablan. Unos alegan que el crimen contra la familia Luchsinger-Mackay fue algo horrendo. Por cierto que lo condenamos, porque fue un acto de violencia extraordinario. Para unos fue un delito común y para otros un acto terrorista. Lo que quieran; pero a reglón seguido dicen que los responsables deben tener un juicio justo. Parece no importar que a esos dos adultos mayores los hayan matado, que los hayan quemado, y que estén procesando a los responsable; no. La verdad, ¿qué es un juicio justo? ¿Dejar libres a los culpables? Llevan cinco años en estos juicios y no se ha llegado a ninguna cosa, porque van cambiando al fiscal. Cuando correspondía fallar, trajeron un fiscal nuevo, uno de Angol; después lo cambiaron para otro lado, y no se ha podido dictar sentencia. La familia Luchsinger dice que no quiere más problemas, que quiere dejar esto hasta aquí. A renglón seguido, el gobierno le dice a la familia que no se desistirá de la querella, porque hay gente implicada en este crimen atroz. Entonces, si la propia familia señala que llevan más de cinco años y no han llegado a ninguna conclusión, ¿quién entiende esto? Señor Presidente, arreglemos los problemas serios que tenemos en la Región de La Araucanía; no le echemos más leña al fuego. Por ejemplo, cuando se aprobó aumentar 35 cupos para diputados, sostuve una reunión con Aucán Huilcamán y varios comuneros en la oficina del senador José García Ruminot. En esa oportunidad propusimos que de los 35 nuevos cupos, se separaran nueve o diez para entregar uno a cada etnia o pueblo indígena que existe en el país. La propuesta no fue acogida, por cuanto se afirmó que esos 35 cupos de diputados eran para arreglar el problema de la democracia. La verdad es que estaban destinados a arreglar los problemas de los partidos políticos, para que no se produjeran tantas peleas. Si alguien duda de esto, debo señalarle que presentamos un proyecto de ley en ese mismo sentido con el entonces diputado Huenchumilla, que duerme hasta la fecha en la Cámara de Diputados, ya que ni siquiera lo vieron. Entonces, los mismos que hablan de que los pueblos originarios deben tener representación parlamentaria, debieran demostrar lo que han hecho. ¿Dónde están los proyectos, lo que han hecho y las cosas que quieren? Llegó el momento en que tenemos que decir lo que estamos haciendo. Después de que veamos esto, el gobierno dirá que nos vamos a sentar a la mesa; pero estas conclusiones y estos acuerdos, ¿dónde se van a ratificar? En el Parlamento, ya que es la única manera de hacerlo. Con la indicación del diputado Aguiló, ni el Ejecutivo ni el Parlamento van a ser vinculantes, porque ni siquiera las iniciativas de ley del Ejecutivo son vinculantes. ¿Por qué no son vinculantes? Porque el Parlamento vota los proyectos de ley y presenta indicaciones. En consecuencia, si fuera vinculante, cualquier iniciativa de ley que se presentara no tendría que ir al Parlamento, porque ese Poder del Estado solamente se abocaría a rechazarla o a aprobarla. Por lo tanto, esas cosas, que pueden ser muy bonitas y sonar fantásticas, al final son impracticables. Ese es el problema. Si no hay acuerdos o no se ponen en práctica los acuerdos a que se llega con el Consejo Nacional y con los Consejos de Pueblos Indígenas, esta ley en proyecto será letra muerta, porque vamos a discutir si es o no vinculante, si los acuerdos valen o no, si tiene que irse la forestal o no, etcétera. Señor Presidente, tengo entendido que ayer se entregaron tres mil y tantas hectáreas del fundo Alaska, ubicado en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, lo que indica que las forestales no están en desacuerdo con eso. Lo que les interesa a esas empresas es el negocio de los árboles. Incluso, hay muchas forestales que están haciendo negocios con las comunidades mapuches, y los están haciendo muy bien. Lo que dijo el diputado Aguiló es absolutamente cierto, ya que algunas de esas comunidades sostienen que no saldrán de la pobreza si no tienen la posibilidad de poner la tierra a disposición de las forestales para que estas planten árboles. Al momento de la cosecha se dividen las ganancias en partes iguales, lo que permite que ambos queden contentos con lo que ganan. Esto demuestra que cuando hay voluntad de las partes, se puede llegar a acuerdos. Esto es muy sencillo, porque no hay ninguna persona en la Región de La Araucanía que quiera ser el más rico del cementerio. Queremos vivir en paz y tranquilos; queremos que nuestra gente prospere. ¡No sobra nadie en La Araucanía! Además, si, por ejemplo, tenemos problemas de agua potable, debemos arreglarlos. De hecho, la Región de La Araucanía tiene en estos momentos más abasto y más programas de agua potable, lo que sucede justo cuando se está reclamando por la falta de agua que afecta al resto de nuestra población. Estos son los temas relevantes. Eso es lo que queremos. Señor Presidente, si algún diputado piensa que nos alegramos por la muerte reciente de dos comuneros, tenemos que decirle que lo consideramos catastrófico. Lo digo con todas sus letras: ¡Eso nunca debió haber pasado! Lamentablemente, eso sucedió porque no se ha llegado a dialogar. Ahora se empieza a justificar el hecho de que ambos estuvieran ahí, con el argumento de que estaban haciendo un reconocimiento territorial; otros manifiestan que estaban buscando un caballo; otros dicen que entraron enmascarados, etcétera. Al final, hay quinientas versiones sobre lo ocurrido; pero lo cierto es que hay dos personas fallecidas. Nosotros hemos dicho siempre una sola cosa en La Araucanía y la vamos a mantener: “No estamos condenando al pueblo mapuche por actos terroristas, estamos condenando al que comete un acto terrorista, sin importar quién sea.”. Recuerdo a los diputados que uno de los grandes terroristas de La Araucanía era alumno de la Universidad de Concepción y tenía apellido alemán, tema que estuvo vigente hace seis o siete meses. Por lo tanto, les ruego que no nos echemos la culpa unos a otros. Como diputado de la Región de La Araucanía y en nombre de todos los diputados y senadores de la región, afirmo que estamos trabajando unidos por primera vez. Les pido que sigan nuestro ejemplo, que hagan las consultas pertinentes, porque estamos dispuestos a reunirnos con el que quiera solucionar realmente este tipo de problema, ya que somos absolutamente transversales. ¡Viva la Araucanía! ¡Viva nuestra región! ¡Vivan los entendimientos! ¡Salgamos adelante! ¡No a la violencia! ¡No al terrorismo! ¡Sí a las personas pacíficas! La gente quiere trabajar, prosperar y vivir en la Región de La Araucanía. Repito: no sobra nadie en La Araucanía. Solo sobran los que cometen actos terroristas, sean quienes sean. Esa es la condena más grande que les aplicamos todos los habitantes de la región. He dicho. -Aplausos. El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo. El señor MELO.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y al subsecretario de Desarrollo Social, quienes se encuentran presentes en la Sala. Quiero valorar la decisión y la voluntad política del gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, porque propuso al Parlamento, de manera decidida e histórica, la creación de un Consejo Nacional y de Consejos de Pueblos Indígenas, órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotados de facultades suficientes para representar y promover los legítimos intereses, demandas y derechos de todas y de cada una de las etnias y culturas originarias que conforman nuestro país. De esta manera, junto con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, cartera que estará a cargo de crear e implementar la política nacional indígena, nuestro país contará al fin con una institucionalidad adecuada para abordar de manera transversal los temas de los pueblos que la constituyen, así como también con la capacidad efectiva de crear políticas públicas que se adecuen a sus realidades y necesidades. Señor Presidente, quiero destacar que para la elaboración de este proyecto se realizó de manera inédita un proceso de consulta indígena, de conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT, al que se integraron y que brindó los canales efectivos para la participación de casi 7.000 representantes de todos y cada uno de los pueblos reconocidos por nuestra ley indígena. Señor Presidente, de esta manera el país, y particularmente el Estado, honran y dan cumplimiento a uno de sus más relevantes compromisos internacionales, esto es, la obligación de dialogar, consultar y consensuar, en un proceso informado, representativo y participativo, todas las decisiones administrativas, legislativas e, incluso, judiciales que puedan afectar o incidir en los derechos o intereses de los pueblos que hemos reconocido. El Convenio N° 169 de la OIT establece que los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Asimismo, estipula que si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirán con los requisitos del convenio. Señor Presidente, tal como han afirmado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, estimo que, en lo atingente a la legislación propuesta, el proyecto de ley ha cumplido con ambas obligaciones establecidas en el pacto internacional. Por ello, en mi nombre y en representación de la bancada del Partido Socialista, llamo a aprobar la iniciativa. No obstante, considero que no podemos quedarnos solo con la satisfacción de haber cumplido estos compromisos. La realidad nacional obliga a avanzar de manera decidida en la derogación, modificación y/o dictación de distintas leyes que terminen con las injustas y anquilosadas normas que amenazan con reducir a meras expectativas derechos y obligaciones que el Estado de Chile y el Parlamento han suscrito y ratificado con la comunidad internacional, particularmente en relación con la aprobación de proyectos sometidos, por ejemplo, a evaluación ambiental. Al respecto, y solo a modo de ejemplo, quiero recordar que por un vacío legal o una torcida interpretación de la legislación ambiental, las regiones del sur de Chile se han visto invadidas por numerosos proyectos de minicentrales de pasada, los cuales, al no requerir evaluación ambiental, eluden de manera arbitraria e ilegal las consultas indígenas obligatorias. Finalmente, hago un llamado al Congreso Nacional a reactivar y a otorgar prioridad a la comisión bicameral, que ha visto paralizadas sus funciones hace más de un año. El Poder Legislativo no puede permanecer impasible ante el claro mensaje de demanda de nuestros pueblos originarios. Disponemos de todas las herramientas legales y constitucionales para revisar y modificar nuestra reglamentación interna, de manera tal que la creación de las leyes de la república también se realice en consonancia con los compromisos internacionales que hemos suscrito y que debemos honrar. La bancada del Partido Socialista votará a favor el proyecto de ley, porque es un primer paso en el largo camino que debemos recorrer hacia un país que reconozca en sus pueblos indígenas su riqueza, y finalmente dé cuenta de la deuda histórica que tiene el Estado de Chile respecto del reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto crea un Consejo Nacional y nueve Consejos de Pueblos Indígenas, que corresponden a las nueve etnias existentes en el país, a las que pertenecen más de un millón y medio de compatriotas, que representan casi el 9 por ciento de la población del país. La iniciativa es parte de un largo proceso de reconocimiento y reivindicación de las etnias originarias, desde la promulgación, en 1993, de la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esta materia tiene gran relevancia moral y política en nuestro país. Un ejemplo a seguir es lo sucedido en Canadá, país cuya población proveniente de pueblos originarios alcanza el 4,3 por ciento. Canadá se ha convertido en un referente mundial en relación con el trato que se le debe dar a un tema tan delicado como este. En 2008 se constituyó una comisión de verdad y reconciliación para investigar los aspectos relacionados con los pueblos originarios. Después, en 2015, el actual primer ministro canadiense, el joven Justin Trudeau, señaló que “el gobierno de Canadá pide perdón sinceramente y pide a los pueblos aborígenes de este país que le perdonen por haberles fallado tan profundamente.”. El Estado canadiense reconoció los abusos cometidos contra los pueblos aborígenes y creó la Asamblea Nacional de las Primeras Naciones. A mi juicio, ese término es más profundo que el de pueblos indígenas u originarios, porque la palabra “indígena” tiene un dejo peyorativo. ¿Qué es lo contrario de indígena? ¿Occidental o civilizado? Hablar de primera nación es más atingente, porque en los pueblos mapuche, aymara y otros que habitan nuestro país está el germen de nuestra actual nacionalidad. Por eso, más ajustado que crear un Consejo de Pueblos Indígenas sería crear un consejo de las primeras naciones de nuestro país, como un reconocimiento más profundo de lo que significan nuestros pueblos originarios. De esa comisión de verdad y reconciliación surgieron recomendaciones en materia de educación, de salud y de protección de la lengua y de las costumbres, que el gobierno se comprometió a implementar. Me parece que Chile debe seguir un camino similar a los de Nueva Zelanda y Canadá, países que han tenido la valentía y el coraje de reconocer los abusos cometidos. Nunca es tarde para enmendar el rumbo y reconocer la dignidad de nuestros pueblos, que constituyen nuestra primera nacionalidad. El proyecto en discusión podrá ser todo lo defectuoso y tímido que se pueda considerar, pero es un paso importante. La iniciativa tiene su origen en las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, constituida en 2001, con el fin de promover una plena participación y reconocimiento de los pueblos originarios. Los Consejos de Pueblos Indígenas tienen como propósito representar a los pueblos aborígenes o primeras naciones. Es generado de forma democrática e independiente del Estado, y se encuentra dotado de facultades consultivas, de modo que cuente con la independencia necesaria para hacer de interlocutor ante la autoridad. La iniciativa va aparejada con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, encargado de colaborar con la Presidencia de la República en las políticas pertinentes. Sin duda, se trata de un paso importante para la integración de nuestros pueblos originarios en la comunidad nacional. Ellos son nuestros antepasados y constituyen el germen de la actual sociedad chilena. Si bien se han realizado algunos perfeccionamientos en su redacción para delimitar con claridad sus alcances, restan aún dos definiciones que el país tendrá que enfrentar en el próximo tiempo: el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la fijación de cuotas para su representación en el Congreso Nacional. Finalmente, es importante destacar el favorable impacto que tendrá la aprobación del proyecto de ley en el restablecimiento de la confianza entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, tras siglos de desilusiones, engaños y confrontaciones. Nunca es tarde para que Chile pague la deuda histórica que tiene con sus pueblos originarios, germen de nuestra nacionalidad; y debe hacerlo con valentía y coraje, como lo han hecho otras naciones, que no solo han pedido perdón, sino que también han reparado en parte el mal causado. El camino correcto es de paz y de comunidad; de reconocimiento de nuestras legítimas diferencias, de nuestros distintos orígenes étnicos y de nuestras distintas culturas. Debemos convivir de forma armónica y con una visión de futuro, que es lo que nos une. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El debate de este proyecto de ley continuará en la sesión del próximo martes. Tiene la palabra el ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza. El señor BARRAZA (ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, por su intermedio saludo a los parlamentarios y a los representantes de las comunidades indígenas presentes en la Sala. Agradezco el apoyo entregado por todos los diputados en la tramitación del proyecto, y especialmente a quienes integran la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y la Comisión de Hacienda. En relación con el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, es preciso señalar lo siguiente: se enmarca dentro del programa de gobierno de la Presidenta de la República y tiene por objeto impulsar una nueva institucionalidad indígena en el país, que recoja la experiencia histórica de instituciones como la Conadi y la ley indígena, y que, en lo fundamental, eleve el estándar de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. La iniciativa consiste en la creación de consejos para cada uno de los pueblos y un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, autónomos y representativos de las diversas etnias originarias, con funciones consultivas y resolutivas. Por otro lado, paralelamente está en tramitación en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de esta Cámara el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Ambas iniciativas legales fueron consultadas previamente con los diversos pueblos que habitan ancestralmente dentro del territorio nacional. Al efecto, la resolución N° 275, del 29 de mayo de 2014, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, convocó a un proceso de consulta del anteproyecto de ley que crea el Consejo y Consejos de Pueblos Indígenas, el que contempló las cinco etapas que establece el artículo 16 del decreto supremo N° 66, de 2013, el que se realizó entre los meses de septiembre de 2014 y enero de 2015. Dichas etapas consisten en la planificación del proceso de consulta, entrega de información y difusión de este, deliberación interna en los pueblos indígenas, diálogo y, por último, la sistematización y comunicación de los resultados. Cabe destacar que tal proceso se apegó estrictamente a los principios que establece el propio Convenio N° 169 de la OIT, que prescribe que la consulta se debe llevar a efecto de buena fe, con pertinencia cultural, con respeto por los métodos tradicionales de decisión de los pueblos indígenas y con flexibilidad. Así, el proceso de consulta se celebró en 122 localidades y se realizó, además, con la participación y colaboración de 64 asesores, contratados a solicitud de los mismos pueblos indígenas, proceso en el que interactuaron un total de 6.833 personas en todo el país. En relación al contenido del proyecto de ley, es preciso señalar que este se estructura en dos títulos: el primero de ellos, en su Párrafo I, trata de los Consejos de Pueblos Indígenas y establece que se trata de corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta, a los que les corresponde la representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos del respectivo pueblo indígena, especialmente ante los órganos del Estado. Por otro lado, los consejos constituyen una instancia de participación en todos los ámbitos de la política pública, en particular respecto a los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas, conforme a lo dispuesto en el referido Convenio N° 169 de la OIT. A su vez, el Párrafo II trata de la composición de los Consejos de Pueblos. Allí se establece que estos se componen de un total de sesenta y nueve miembros, representantes de los nueve pueblos indígenas, elegidos conforme a sus propios reglamentos internos. Cabe destacar que su distribución se determinó por acuerdo de consulta. En total, se contemplan nueve miembros del Consejo del pueblo aymara; tres de origen quechua; cinco pertenecientes al pueblo atacameño o likan antay; cinco al pueblo diaguita; tres de origen colla; tres rapa nui; tres kawéskar; tres del pueblo yagán, y treinta y cinco miembros de origen mapuche. Como requisitos mínimos para la integración de los consejos se establece que sus miembros deben tener, a lo menos, 18 años de edad y detentar calidad de indígena, en conformidad al artículo 2° de la ley N° 19.253, la denominada ley indígena. La duración en el cargo es de cuatro años, pero podrán ser reelegidos, de conformidad con lo establecido en sus respectivos reglamentos internos. Los referidos consejos se regirán por la ley y por uno o más reglamentos internos, los que serán generados por cada pueblo indígena, considerando sus valores tradicionales, elementos de significación cultural y cosmovisión simbólica, fuentes prácticas y procedimientos propios y culturalmente pertinentes. En torno a las funciones y atribuciones de los consejos de pueblos, estas se pueden desglosar en lo referente a política nacional, normas indígenas, propuestas y recomendaciones, y en lo relativo al Convenio N° 169 de la OIT. En relación a la facultad respecto de la política nacional, esta consiste en formular propuestas, observaciones y recomendaciones al Ministerio de Pueblos Indígenas respecto a la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de la política nacional indígena. En lo que concierne a las normas atingentes a los indígenas, el rol de los consejos consiste en colaborar con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en las propuestas de dictación o modificación de normas legales, reglamentarias y administrativas referidas a los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, al consejo le compete formular propuestas, observaciones y recomendaciones, a través del Ministerio de Pueblos Indígenas, sobre la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de planes y programas sectoriales e intersectoriales destinados a promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas; el fortalecimiento de sus derechos colectivos, de su identidad, cultura, lenguas, instituciones y tradiciones, así como la preservación de su patrimonio arqueológico, histórico, cultural y de conocimientos tradicionales. Finalmente, en relación a las mejoras introducidas en la Comisión de Gobierno, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, se destacó el rol de los consejos de pueblos indígenas como instancias de participación de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la política pública, especialmente en la formulación de propuestas, observaciones y recomendaciones relativas a la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de la política nacional indígena, y los planes y programas sectoriales e intersectoriales. En cuanto a las funciones, se agregó la elaboración de un informe anual de gestión y desarrollo de sus funciones, el celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus fines y emitir opinión desde su propia perspectiva respecto de todas las materias que sean relevantes para el desarrollo, libre determinación y buen vivir de los pueblos indígenas y sus miembros. Respecto del Título II, que crea el Consejo Nacional de Pueblos, se estableció que se trata de una corporación de derecho público con patrimonio y personalidad jurídica propia, de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta, al cual le corresponde la representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas en su conjunto, especialmente ante los órganos del Estado. Este se constituye en una instancia de participación en todos los ámbitos de la política pública, con atribuciones resolutivas, facultativas y vinculantes sobre su propia orgánica. En relación con la composición del Consejo Nacional, este se compone de quince miembros, representantes de los nueve consejos de pueblos indígenas, elegidos conforme a sus reglamentos internos y cuya distribución es la siguiente: dos de origen aymara, uno de origen quechua, uno de origen atacameño, dos de origen diaguita, uno de origen colla, uno de origen rapa nui, uno de origen kawésqar, uno de origen yagán y cinco de origen mapuche. Sobre las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, se establece que estas se estructuran de la misma forma que en los consejos de pueblos indígenas. Ahora bien, en relación con la política nacional de los pueblos, le corresponde colaborar con el Ministerio de Pueblos Indígenas en el estudio, diseño, implementación y evaluación de la política nacional indígena, así como, también, proponer a este, con la colaboración de los consejos de pueblos indígenas, la dictación o modificación de normas legales, reglamentarias y administrativas referidas a los derechos de estos pueblos y sus miembros. Se agregan las siguientes funciones: emitir opinión sobre las propuestas de nuevas áreas de desarrollo indígena, diseñar planes operativos anuales y elaborar un informe anual de gestión y desarrollo de sus funciones, y promover la adhesión o ratificación de tratados o convenios internacionales que puedan afectar sus derechos. Además, le corresponderá la promoción de medidas destinadas a favorecer el impulso y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile, así como también colaborar con el ministerio en la promoción e impulso de las políticas, planes y programas nacionales y regionales destinados al desarrollo económico, social y cultural. En lo relativo al Convenio N° 169, se fortaleció el rol de los Consejos de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas respecto de la posibilidad de emitir opinión y formular recomendaciones sobre el desarrollo de los procesos de consulta previa indígena, así como emitir opinión y pronunciarse sobre la existencia o no de susceptibilidad de afectación directa de las medidas administrativas y legislativas que se prevea ejecutar, de conformidad al Convenio N° 169 de la OIT. Respecto a los contenidos específicos de los artículos transitorios, cabe destacar que los artículos primero y segundo resuelven lo concerniente a la primera conformación de cada uno de los consejos de pueblos indígenas, estableciéndose que el subsecretario o subsecretaria de Pueblos Indígenas deberá convocar, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, a todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, en especial a las constituidas de conformidad a la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Para ello, cada pueblo deberá proceder a la elaboración y aprobación del primer reglamento interno dentro del plazo de un año, contado desde la respectiva convocatoria, el que deberá ser depositado en el Ministerio de Pueblos Indígenas, en el plazo de treinta días hábiles, contados desde su aprobación. Por el artículo tercero transitorio se establece que la primera sesión de cada consejo deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes al depósito de su primer reglamento interno. El Ministerio de Pueblos Indígenas deberá supervisar y velar por la correcta realización de la primera sesión de consejos, entregando a cada pueblo indígena el apoyo administrativo y técnico necesario. El artículo cuarto transitorio prescribe que la ley entrará en vigencia en la misma fecha en que inicie sus funciones el Ministerio de Pueblos Indígenas, o a contar de la fecha de publicación de la presente ley en proyecto, en el caso de que esta última sea publicada con posterioridad a la ley del referido ministerio. En relación con la tramitación del proyecto de ley, se debe destacar lo siguiente. Dada la relevancia de la presente iniciativa legal, la Comisión de Gobierno Interior acordó dar difusión y promoción a este proyecto de ley, conjuntamente con el que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Para ello, se realizaron dos jornadas temáticas, tituladas “Institucionalidad sobre Pueblos Indígenas”. La primera de ellas tuvo lugar el 28 de abril de 2016 en la ciudad de Copiapó. La segunda jornada temática se llevó a efecto el 27 de mayo del 2016 en la Intendencia de La Araucanía. Además, cabe destacar que la Comisión de Seguimiento del Proceso de Consulta, integrada por representantes de los pueblos indígenas, asistió a gran parte de las sesiones, en las que fue escuchada por parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo. En relación con las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, que mejoran sustantivamente la nueva institucionalidad propuesta, cabe destacar lo siguiente. Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 10 UTM, con un tope máximo mensual de 30 UTM, lo que significa un aumento de más del doble de la dieta de los consejeros. Además, se establece que el consejo respectivo financiará a sus miembros los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y seguro de accidentes personales para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. Se aumenta el gasto fiscal de 489.000.000 de pesos a 2.205. 769.000 pesos, de los cuales 1.700.000.000 de pesos se financian con la reasignación de los recursos que actualmente contempla en su presupuesto la Conadi para su Consejo Nacional y la Subsecretaría de Servicios Sociales. Del gasto total, equivalente a 2.205.769.000 pesos, 1.401.530.000 pesos corresponden a gasto en personal, 766.533.000 pesos a gastos de bienes y servicios de consumo y 37.706.000 pesos a gastos de adquisición de activos financieros. Honorables diputadas y diputados, a la luz de todo lo expuesto les hago un llamado a apoyar este proyecto de ley, que viene a saldar una parte significativa de una deuda histórica con los pueblos indígenas. Es importante destacar que la iniciativa fue ampliamente debatida al interior de las comunidades indígenas, considerando temas como los nombres de los consejos, su carácter, procedimientos de consultas, composición, la dieta y el funcionamiento, entre otros aspectos relevantes. Concluyo señalando que el conjunto de la sociedad chilena nos llama a avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas, de sus voces e identidades, y a materializar una arquitectura institucional que permita el ejercicio y protección de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales; y que sea capaz de potenciar sus posibilidades de desarrollo. Este proyecto de ley apunta justamente en esa dirección. Además, con él estamos abriendo un camino que implica una mirada integral y desafíos institucionales mayores. Al respecto, la Presidenta de la República aludió en su Cuenta Pública del 1 de junio a un tema fundamental. En aquella ocasión señaló lo siguiente: “Quiero anunciarles que incluiremos el reconocimiento constitucional y la participación política indígena en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre, previa consulta indígena.”. En definitiva, el país tiene la madurez suficiente para dar un salto cualitativo en la materialización de un nuevo trato para con los pueblos indígenas, honrando compromisos y deudas históricas asumidas por el Estado de Chile, y asumiendo la pluralidad de identidades y acervos culturales que nos constituyen como sociedad. Por último, respecto de la inquietud de parlamentarios sobre el procedimiento de consulta, creemos que los consejos deben ser una instancia de consulta, por lo cual no nos pareció adecuada la forma en que quedó redactado el artículo 3, letra a). Entendemos a los diputados y a las diputadas que incorporaron la indicación y que le quieren dar más herramientas a los consejeros. De todas formas, queda trámite legislativo; tenemos espacio para mejorar el proyecto y entregarles mayores atribuciones a los consejos, pero aspiramos a que eso no se transforme en un choque de competencias con las prerrogativas del Ejecutivo. Creemos que los consejos deben ser principalmente de consulta, pero hay que atender las preocupaciones de los diputados y ver cómo podemos resolver ese tema. No tengo dudas de que encontraremos un acuerdo, ya que, como hemos visto, todos comprendemos la necesidad y la importancia de este proyecto. Por lo mismo, los consejos son instancias de participación, de consulta y de representación de los pueblos, en concordancia con el Convenio N° 169 de la OIT y con los estándares internacionales a los que Chile ha adscrito. He dicho. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, ¿puede solicitarle al ministro que nos explique por qué no le gustó la redacción del artículo 3, letra a), y por qué lo transformaría en un trámite posterior? El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor ministro, tiene la palabra. El señor BARRAZA (ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, el artículo 3, letra a), dispone, dentro de las atribuciones del Consejo de Pueblos Indígenas, formular propuestas y observaciones de carácter vinculante y resolutivo al Ministerio de Pueblos Indígenas, relativas a la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de la política nacional indígena. A nuestro entender, tal propuesta no es admisible. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- La discusión de este proyecto de ley continuará en la sesión del próximo martes y se extenderá hasta su total despacho. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN COMPROMISO DE CHILE PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS PANAMERICANOS DE 2023 Y DE COPA MUNDIAL DE FÚTBOL ADULTO DE 2030 (N° 876) [PREFERENCIA] -Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de resolución se votó sin discusión. -La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 876 en los siguientes términos: El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 876. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Alvarado Ramírez, Miguel Ángel. ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS PARA EVITAR EL SUICIDIO (N° 877) Intervinieron la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Miguel Ángel Alvarado. -La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 877 en los siguientes términos: -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. DESARROLLO DE PLANES DE MANTENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES UBICADOS EN REGIÓN DE COQUIMBO (N° 878) Intervinieron los diputados Sergio Gahona y Miguel Ángel Alvarado. -La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 878 en los siguientes términos: -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Morano Cornejo, Juan Enrique. REGULACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÉLICO POR FUERZAS ARMADAS Y DEROGACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE (N° 879) Intervinieron los diputados señores Marcos Espinosa y Jorge Ulloa. -La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 879 en los siguientes términos: -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 18 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Cornejo González, Aldo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Lemus Aracena, Luis; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Monsalve Benavides, Manuel; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Arriagada, José; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Coloma Alamos, Juan Antonio; Edwards Silva, Rojo; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; García García, René Manuel; Gutiérrez Pino, Romilio; Kort Garriga, Issa; León Ramírez, Roberto; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Squella Ovalle, Arturo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; De Mussy Hiriart, Felipe; Gahona Salazar, Sergio; Hernández Hernández, Javier; Hoffmann Opazo, María José; Lavín León, Joaquín; Lorenzini Basso, Pablo; Morales Muñoz, Celso; Ortiz Novoa, José Miguel; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Silva Méndez, Ernesto; Trisotti Martínez, Renzo. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES El señor FUAD CHAHIN (DC) pidió que la ministra de Vivienda investigue lo ocurrido en el proceso de licitación del proyecto de construcción del nuevo hospital de Curacautín y sancione a los responsables de las demoras, errores y negligencias que se observan en el proceso, en especial al director del Servicio de Salud Araucanía Norte, para quien pidió que se le solicite la renuncia al cargo. En este contexto, requirió que se envíen copias de su intervención al intendente de la Región de La Araucanía, a la subsecretaria de Redes Asistenciales, al concejo municipal de Curacautín y al Consejo de Desarrollo del Hospital de Curacautín. El señor SERGIO ESPEJO (DC) solicitó garantías al ministro de Educación para que los recursos públicos se destinen exclusivamente al pago de la educación municipal de San Fernando. El señor JAIME PILOWSKY (DC) pidió información sobre tramitación de proyectos de ley relacionados con las Fuerzas Armadas. El señor BERNARDO BERGER (RN) inquirió información al director nacional de Obras Hidráulicas sobre postergación del proyecto que favorece al Comité de Agua Potable Rural de Catripulli, comuna de Valdivia; si existen recursos para finalizarlo, y en caso de no existir, que se financie el diseño por vía propia o convenio con otras instancias. El señor JORGE RATHGEB (RN) solicitó que el director de Vialidad de La Araucanía informe acerca del estado y la fecha de reparación de la ruta RS-126, que une la comuna de Perquenco con la localidad de Púa, comuna de Victoria, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a la gran cantidad de camiones que transitan por ella. Asimismo, pidió que el director nacional de Indap informe sobre los recursos invertidos en el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y en el Programa de Desarrollo Agrícola Local (Prodesal) a nivel nacional durante los años 2008 y 2017. Solicita la misma información detallada de esos programas respecto de la Región de La Araucanía, período 2008-2017. La señora CRISTINA GIRARDI (PPD) solicitó a la ministra de Educación el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas de las comunas más pobres del país, que presentan paredes en mal estado y ventanas sin vidrios, lo que en pleno invierno afecta la salud de los niños. Asimismo, solicitó adelantar la hora de entrega del desayuno escolar y cambiar el yogur por leche caliente en esta época. En segundo lugar, solicitó información a la ministra de Salud sobre la falta de calefacción en la unidad de pediatría del hospital San Juan de Dios, lo que ha provocado que los padres de los menores hospitalizados deban llevar un hervidor para calentar el agua y así poder lavar a los lactantes hospitalizados. El señor CRISTIÁN CAMPOS (PPD) pidió oficiar al director del Serviu de la Región del Biobío, al gobernador provincial de dicha región y al alcalde de Talcahuano para gestionar la pronta regularización de los terrenos del sector Torres y Bassaur, a fin de extender el alumbrado público hacia ese sector de Talcahuano. La señora LORETO CARVAJAL (PPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del señor José Manuel Vaccaro Collao, comunicador radial y dueño de Radio Contigo, de San Carlos, a quien reconoció por sus extraordinarias cualidades humanas y por su importante aporte a la comunidad. El señor FELIPE LETELIER (PPD) solicitó a la señora ministra de Transportes y Telecomunicaciones, y al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado información sobre el calendario de obras y los estudios de ingeniería y de impacto ambiental del proyecto Rancagua Express. El señor MIGUEL ÁNGEL ALVARADO (PPD) solicitó a la ministra de Salud información sobre el pago de asignaciones por desempeño de funciones críticas a profesionales de la salud en la Región de Coquimbo en 2016, los criterios para asociar a programas de ese ministerio grados profesionales distintos a los del resto del país para actividades similares y, en relación con el Hospital de Ovalle, las causas de la inexistencia de una subdirección de gestión del cuidado de enfermería. Además, pidió a la misma ministra información sobre contrataciones por trato directo o licitaciones adjudicadas a la empresa Fujinon durante los últimos tres años, con el detalle de los montos involucrados; si se han llevado a cabo reuniones de lobby entre el Ministerio de Salud y los ejecutivos de la citada empresa y si esos antecedentes se han subido a la plataforma de transparencia. -Se levantó la sesión a las 13.58 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.29 horas. El señor JORGE SABAG (DC) expresó un saludo a la dirección de Radio Camelia, emisora de la comuna de Bulnes, provincia de Ñuble, con motivo de la celebración del 25° aniversario de su fundación. Del mismo modo, manifestó sus condolencias por la muerte del señor José Manuel Vaccaro, fundador de la Radio Contigo, emisora de la comuna de San Carlos. Asimismo, solicitó al ministro del Medio Ambiente que informe respecto de la solicitud efectuada por la planta de encalado de lodos que pertenece a la empresa Biodiversa, ubicada en el fundo Membrillar, comuna de Cabrero, en orden de ampliar su capacidad de tratamiento de 27 toneladas de lodo por día a 127 toneladas por día, debido a que la comunidad está preocupada por los posibles malos olores que dicho aumento podría ocasionar. Por último, pidió al ministro del Interior y Seguridad Pública, específicamente a la División de Carabineros de esa cartera, y al general director de Carabineros de Chile, que arbitren las medidas necesarias para que el retén de Carabineros de la comuna de San Nicolás sea elevado a la categoría de tenencia, a fin de aumentar la cobertura y la dotación policial, que es insuficiente en esa comuna. El señor JOSÉ PÉREZ (PRSD), en primer lugar, pidió al ministro del Interior y Seguridad Pública que tenga a bien recibir a los dirigentes nacionales de los soldados reservistas que hicieron el servicio militar desde 1973 en adelante, toda vez que muchos de ellos fueron objeto de diversos abusos, como el no pago de sus imposiciones, a fin de que se analicen las medidas de reparación que corresponda. En segundo lugar, solicitó a la Presidenta de la República la creación del Ministerio del Adulto Mayor. El señor FUAD CHAHIN (DC) solicitó al intendente de La Araucanía que aclare cómo se distribuirán los recursos destinados a los convenios suscritos con comunidades indígenas del área de influencia del nuevo aeropuerto La Araucanía. Se refirió en particular a los convenios Quepe Pelales, Peumayen y Fermín Manquilef. Ello, dado que los recursos destinados para los efectos señalados ya fueron entregados por el Indap a la Gobernación de la provincia de Cautín. Por último, solicitó enviar copia del oficio respectivo al director de Indap de dicha región En otro orden de cosas, solicitó al director de Vialidad La Araucanía y a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones disponer la instalación de señalética informativa al ingreso a la comunidad indígena Manuel Huentemilla por la ruta Hualpín-Puerto Domínguez, en comuna Teodoro Schmidt. Asimismo, pidió enviar copia del oficio correspondiente al concejal de Teodoro Schmidt señor Carlos Cortés. Finalmente, solicitó al ministro de Obras Públicas y al director de Vialidad La Araucanía ordenar el mantenimiento del camino público que une La Cruz con Teodoro Schmidt. Además, pidió enviar copia del respectivo oficio al concejal de la comuna Teodoro Schmidt señor Carlos Cortés El señor ALBERTO ROBLES (PRSD) pidió al ministro del Interior y Seguridad Pública y al jefe de la Oficina de Exonerados Políticos que informen sobre el estado de tramitación de la solicitud de calificación de exonerado político hecha por el señor Armando Emilio Oyarce Altamirano, RUT N° 2.987.610-K, de Caldera, Región de Atacama. Además, solicitó remitir al interesado copia del oficio correspondiente. Por otro lado, pidió al ministro del Medio Ambiente que informe acerca del funcionamiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Copiapó luego de los últimos aluviones ocurridos en la zona, y del desarrollo del plan de mitigación que se aplicará, dada la alta concentración de polvo en suspensión que exhibe la ciudad. En una materia distinta, pidió al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería que informe sobre posibles desplazamientos de relaves en sector El Palomar, comuna de Copiapó. Por otra parte, solicitó a los ministros de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, y a la titular de Trabajo y Previsión Social que informen sobre la denuncia hecha por don Luis Díaz, gerente general de Transportes Díaz, empresa subcontratista de la constructora Icafal Sicomaq, debido a que no se le pagaron los trabajos realizados en el proyecto Parque Eólico San Juan de Chañaral de Aceituno, en Domeyko, Región de Atacama. En esta línea, solicitó que le señalen qué harán las autoridades pertinentes para exigir a los contratistas los pagos no efectuados a las empresas subcontratistas de la región. Finalmente, pidió que los alcaldes de Frutillar y Limache informen sobre la forma y medios a través de los cuales implementaron el sistema que les permite destinar la recaudación que obtienen sus municipios de los estacionamientos públicos al financiamiento de las compañías de Bomberos que operan en las comunas respectivas, con la finalidad de analizar si se puede implementar en otras municipalidades del país. -Se levantó la sesión a las 13.52 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.