REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 365ª Sesión 45ª, en miércoles 12 de julio de 2017 (Ordinaria, de 10.38 a 14.06 horas) Presidencia del señor Jaramillo Becker, don Enrique. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 12 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15 SOLICITUD DE PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO DE LEY............................. 15 RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY .......................................................................................................................................... 16 ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 19 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 20 ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN] ....................................................... 20 VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 57 1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10783-04) ............................ 57 2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 11199-03) ......................................................................... 57 3.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9892-07).......................................................................... 57 4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPEJO Y TORRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.966, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN SALUD, EN MATERIA DE GARANTÍA EXPLÍCITA DE OPORTUNIDAD”. (BOLETÍN N° 11318-11) ........................... 57 5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO Y ALVARADO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PACHECO, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO; Y EL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE EXIGENCIAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD TANTO PARA PÚBLICO COMO PARA TRABAJADORES DE DICHAS INSTALACIONES”. (BOLETÍN N° 11319-06) ............................................................................................................................ 57 6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GAHONA, HERNÁNDEZ, KORT, MACAYA, TRISOTTI; URRUTIA, DON OSVALDO Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO, CON EL OBJETO DE IMPONER EXIGENCIAS Y SANCIONES EN RELACIÓN CON EL INGRESO A ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS CASOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 11321-06) ............................................................................................................. 57 7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, AUTH, CASTRO; ESPINOSA, DON MARCOS; JARPA, LEMUS, LETELIER Y ROCAFULL, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y PACHECO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y DISPONE OTRAS NORMAS EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES A LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN DE TALES INSTALACIONES”. (BOLETÍN N° 11320-06) .. 57 Pág. 8.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, CARMONA, ESPINOSA; JIMÉNEZ; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; MONSALVE, SAFFIRIO, VALLESPÍN Y WALKER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.070, QUE APROBÓ EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, Y DE LAS LEYES QUE LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN, PARA PERFECCIONAR LA CAUSAL DE TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES MUNICIPALES, DETERMINADA POR SALUD INCOMPATIBLE”. (BOLETÍN N° 11322-13) ............................................................................................................. 58 VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Notas: Del diputado señor Espinoza, don Fidel, por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 11 de julio de 2017, para dirigirse a Francia. Del diputado señor Cornejo, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 11 de julio de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión a celebrarse en tal fecha. 2.- Oficios: Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de la ley N° 18.918, procede a declarar inadmisible la moción de las diputadas señoras Fernández, Cariola, Cicardini, Pascal, Provoste, Rubilar, Sepúlveda y Vallejo, y de los diputados señores Andrade y Poblete, que “Garantiza igualdad en materia de cónyuges en el ámbito de cargas familiares”, por cuanto aborda materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, toda vez que la asignación familiar es un subsidio estatal que se paga periódicamente a los beneficiarios del sistema, por cada una de las personas (cargas o causantes) que vive a sus expensas, interfiriendo así en la administración financiera o presupuestaria del Estado. (12-2017). Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de la ley N° 18.918, procede a declarar inadmisible la moción de las diputadas señoras Cariola, Fernández, Girardi y Vallejo, y de los diputados señores Boric, Ceroni, Letelier, Robles y Torres, que “Retira las construcciones en infraestructura hospitalaria y la prestación de servicios de salud del sistema y ley de concesiones de obras públicas”, por cuanto aborda una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 en relación con el N° 10 del artículo 63 de la Carta Fundamental, cual es la de regular la concesión de bienes del Estado. Del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que los Comités Parlamentarios acordaron otorgar al diputado señor Farcas un “permiso especial” para asistir al 9° Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos”, a realizarse en Buenos Aires, entre el 17 y 18 de julio, con motivo de cumplirse el 23° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (165). Del jefe gabinete del contralor general de la república por el cual remite el reporte correspondiente al mes de junio de 2017 sobre informes de auditoría, investigaciones especiales, seguimientos e inspecciones de obra pública, publicados por la Contraloría General de la República. Del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que los jefes de los Comités Parlamentarios acordaron otorgar al diputado señor Kort un “permiso especial” para participar de un encuentro con miembros del Parlamento Inglés, particularmente con Lisa Cameron, Presidenta del Comité de Amistad Inglaterra-Chile, actividad a realizarse en Londres, Inglaterra durante la presente semana.(166). Respuestas a Oficios Contraloría General Diputado García, don René Manuel. Solicita que informe si la situación contractual del señor Pablo Rodríguez en la Dirección de Vialidad se ajusta al Estatuto Administrativo e inicie una fiscalización respecto a la designación, remuneraciones y labores desempeñadas por el funcionario, en el área de Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en los términos que señala. (24914 al 2529). Diputado García, don René Manuel. Adopte las medidas pertinentes para revisar la situación contractual del exdirector de Vialidad, señor Pablo Rodríguez, y la Resolución Exenta Nº 2368 de la Dirección de Vialidad, que lo designó en comisión de servicios en la Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. (24914 al 31633). Ministerio de Educación Diputada Vallejo, doña Camila. Solicita que se sirva informar sobre las acciones que se implementarán para solucionar la situación de la señora Erna Angélica Rojas Campos, quien se ha visto impedida de inscribirse en el registro nacional de profesionales de la educación y diagnóstico, en los términos que señala. (448 al 28268). Diputada Turres, doña Marisol. Solicita que se sirva informar sobre el funcionamiento de la escuela rural de Isla Maillen, comuna de Puerto Montt, en los términos que solicita. (449 al 26481). Diputado De Mussy, don Felipe. Aquellas autoridades de Gobierno que sean deudores del Estado, derivado del financiamiento de su Educación Superior. (455 al 30094). Diputado Robles, don Alberto. Posibilidad de gestionar un aporte extraordinario a la Universidad de Atacama y medidas de mitigación que permitan superar la crisis que la afecta debido a las recientes inundaciones que afectaron a la región. (456 al 30399). Diputado Rocafull, don Luis. Solicita que se sirva informar respecto al número de estudiantes beneficiados con gratuidad, en los términos que señala. (458 al 26607). Diputado Verdugo, don Germán. Solicita que se sirva informar sobre las medidas adoptadas para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana, las instancias de participación generadas, especificando los grupos etarios que han participado en ellas y los criterios de evaluación. (459 al 26827). Diputado Robles, don Alberto. Cuestionamientos a los antecedentes del director del Departamento de Educación Municipal de Talcahuano, señor Pedro Soto Gaete, formulados por la organización Biobío Transparente, aclarando la calidad de su formación académica y remitiendo sus antecedentes respectivos. (471 al 31222). Diputado Chahin, don Fuad. Cumplimiento del compromiso de proceder a la reposición de la escuela de Mitrauquén Alto, en la comuna de Lonquimay. (473 al 30441). Diputado Espinosa, don Marcos. Las causas del atraso en la entrega de los beneficios establecidos en la ley N° 20.976, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822, indicando el nivel de cumplimiento de esta normativa. (474 al 30513). Diputado Jackson, don Giorgio. Solicita informe de la posibilidad de adoptar las medidas necesarias a fin de modificar el criterio de aplicación de la bonificación por retiro voluntario que establece la ley N° 20.976, por cuanto se ha interpretado por la Contraloría General de la República que, para optar a ese derecho, sólo se debe considerar el período trabajado en la municipalidad a la que renuncia, excluyéndose el resto del tiempo para el cálculo del monto final de la bonificación. (476 al 30016). Diputado Poblete, don Roberto. Estado actual de la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, y respecto a la aplicación de las leyes Nº 20.720 y Nº 20.800 que rigen al liquidador concursal y al administrador provisional de dicha casa de estudios, en los términos que señala. (477 al 30604). Diputado Poblete, don Roberto. Estado actual de la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, y respecto a la aplicación de las Leyes Nº 20.720 y Nº 20.800 que rigen al liquidador concursal y al administrador provisional de dicha casa de estudios, en los términos que señala. (477 al 30605). Diputada Provoste, doña Yasna. Estado de avance del proceso de análisis y redacción del proyecto de ley sobre incentivo al retiro para los funcionarios académicos y profesionales de las Universidades estatales, conforme al protocolo firmado en el mes de marzo del presente año. (478 al 31310). Diputado Espejo, don Sergio. Requiere información relacionada con el proceso de implementación del Centro de Formación Técnica de la Región del General Libertador Bernardo O'Higgins (479 al 25924). Diputado Kast, don José Antonio. Antecedentes del número de niños de la comunidad mapuche Temucuicui, comuna de Ercilla, que cursen educación parvularia, básica y media, detallando los casos de los menores que no están recibiendo su instrucción obligatoria. (647 al 30899). Ministerio de Obras Públicas Diputado Kast, don José Antonio. Informe sobre los procesos críticos de su institución que están apoyados por un sistema de información, la plataforma tecnológica correspondiente y la integración con los demás departamentos o servicios, remitiendo el diagrama de integración conceptual de los distintos sistemas de información, en los diferentes niveles e identificar si los sistemas de información usados fueron desarrollados en forma interna, externa o son paquetes de mercado adaptados. (1347 al 31386). Diputado Kast, don José Antonio. Gasto de su ministerio en el ítem de publicidad y/o difusión, detallando los montos correspondientes a los años 2013 a 2016, según el requerimiento que formula. (1348 al 31135). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diputado Trisotti, don Renzo. Programas de chatarrización, considerando la posibilidad de incluir a los vehículos destinados al transporte escolar. (191 al 31194). Ministerio de Desarrollo Social Diputada Nogueira, doña Claudia. Solicita que se sirva informar sobre los inmuebles que actualmente ocupa ese ministerio en la Región Metropolitana, en los términos que señala. (1591 al 28202). Subsecretarías Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua (Inspección Fiscal)”. (1342 al 30592). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua (Expropiaciones)”. (1342 al 30621). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua (Subsidio)”. (1342 al 30622). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Concensión Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua (Sistema Nuevas Inversiones)”. (1342 al 30623). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Inspección Fiscal”. (1346 al 30590). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Publicaciones)”. (1346 al 30624). Diputado Santana, don Alejandro. Estado de avance, calendarización y ejecución presupuestaria del proyecto “Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Estudios). (1346 al 30625). Diputado Kast, don José Antonio. Informe sobre los procesos críticos de su institución que están apoyados por un sistema de información, la plataforma tecnológica correspondiente y la integración con los demás departamentos o servicios, remitiendo el diagrama de integración conceptual de los distintos sistemas de información, en los diferentes niveles e identificar si los sistemas de información usados fueron desarrollados en forma interna, externa o son paquetes de mercado adaptados. (1347 al 31361). Diputado Kast, don José Antonio. Gasto de su ministerio en el ítem de publicidad y/o difusión, detallando los montos correspondientes a los años 2013 a 2016, según el requerimiento que formula. (1348 al 31111). Intendencias Diputado Poblete, don Roberto. Uso por parte de funcionarios públicos y de toda persona que no siendo funcionario de planta cumpla funciones públicas, de las plataformas tecnológicas de transporte urbano denominadas “Uber” y “Cabify”, en el desempeño de sus labores y cuyo conocimiento por la vía de la rendición de cuentas obre en poder de los órganos del Estado. (1522 al 31324). Diputado Kast, don José Antonio. Total de organizaciones sociales de su región, identificadas por comuna, nombre, directiva, dirección, teléfono, e-mail y tipo de organización. (427 al 31429). Diputado Kast, don José Antonio. Total de organizaciones sociales de su región, identificadas por comuna, nombre, directiva, dirección, teléfono, e-mail y tipo de organización. (924 al 31422). Gobernación Provincial Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (427 al 31451). Diputado Kast, don José Antonio. Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (427 al 31481). Servicios Diputada Álvarez, doña Jenny. Se sirva informar las competencias de la Dirección de Vialidad para la prevención de accidentes de tránsito causados por animales en las carreteras de Chiloé, en los términos que señala la solicitud adjunta. (1343 al 27111). Diputado Santana, don Alejandro. Los resultados de la evaluación de un cambio de fuente de captación de agua potable para la comuna de Queilén, en atención a la alta concentración de cloruro de sodio que presenta este recurso en la zona, indicando el cronograma de trabajo que se ha establecido para el desarrollo de las obras correspondientes. (1345 al 31219). Diputada Hoffmann, doña María José. Estado de los proyectos de Centro de Formación Técnica de San Antonio y Los Andes y la ejecución de la construcción de los jardines infantiles comprometidos para la Región de Valparaíso para el periodo 2014 y 2018 (1477 al 31261). Varios Diputada Girardi, doña Cristina. Antecedentes del número de médicos especialistas contratados por vuestro servicio, detallando su especialidad y lugar en que realizan sus funciones. (1052 al 32222). Diputado Urízar, don Christian. Hora de interconsulta médica que requiere la señora Leonor del Rosario Muñoz Muñoz en el Hospital Gustavo Fricke de la comuna de Viña del Mar. (1297 al 31241). Diputado Urízar, don Christian. Posibilidad de responder la demanda de cirugía de la señora Raquel González Rodríguez, en los términos que señala. (1298 al 30608). Diputado Farías, don Ramón. Presuntas irregularidades en la emisión de certificados de tasación de la vivienda ubicada en Teniente Merino Nº 193 de la comuna de San Joaquín, debido a que se consideró que no puede calificarse como vivienda social y copia del expediente OM Nº 17/17, a raíz de la ordenanza emitida por la directora de Obras de la municipalidad respectiva. (210009 al 30114). Diputado Berger, don Bernardo. Número de jardines infantiles y salas cunas bajo su administración, individualizados por comuna, indicando cuáles cuentan con fonoaudiólogo y educador diferencial, en los términos que requiere. (579 al 31742). Diputado Berger, don Bernardo. Número de jardines infantiles y salas cunas bajo su administración, individualizados por comuna, indicando cuáles cuentan con fonoaudiólogo y educador diferencial, en los términos que requiere. (640 al 31745). Diputada Provoste, doña Yasna. Antecedentes del destino y forma en que se realizarán los aportes comprometidos por parte del Consorcio Administrador del Casino de Atacama para proyectos que promueven el turismo y la cultura de la Región de Atacama, a raíz de las denuncias por un presunto destino inadecuado de estos montos. (713 al 30123). Diputado De Mussy, don Felipe. Participación de funcionarios de esa municipalidad en el censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (802 al 29679). Diputado Paulsen, don Diego. Gastos de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 22, ítem 07 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, en que haya incurrido ese servicio, desagregados por programas y comunas, remitiendo los demás antecedentes que requiere. (879 al 31563). VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Urrutia, don Ignacio, Diputado Barros, don Ramón. Gastos, empresas contratadas y publicidad de los actos de celebración de los 50 años de la Reforma Agraria en Chile, que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura. (32276 de 11/07/2017). A Contraloría General de la República. Diputado Morano, don Juan Enrique. Los hechos ocurridos el 8 de julio de 2017 en la comuna de Puerto Natales, en los cuales personal de carabineros se habría involucrado en una golpiza a civiles, detallando los procedimientos adoptados para investigar estos hechos y los destrozos causados en las afueras de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Natales. (32277 de 11/07/2017). A Carabineros de Chile. Diputado Morano, don Juan Enrique. Los hechos ocurridos el 8 de julio de 2017 en la comuna de Puerto Natales, en los cuales personal de carabineros se habría involucrado en una golpiza a civiles, detallando los procedimientos adoptados para investigar estos hechos y los destrozos causados en las afueras de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Natales. (32278 de 11/07/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Diputada Hoffmann, doña María José. La posibilidad de acelerar la atención de la señora Marta Morales Vega con el objeto de que pueda someterse a un tratamiento médico para aliviar dolores producto de un cáncer que le afecta. (32279 de 11/07/2017). A Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Diputada Hoffmann, doña María José. La posibilidad de acelerar la atención de la señora Marta Morales Vega con el objeto de que pueda someterse a un tratamiento médico para aliviar dolores producto de un cáncer que le afecta. (32280 de 11/07/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso. Diputado Trisotti, don Renzo. El estado de la solicitud de “Barrio Patrimonial del Morro” formulado por vecinos del barrio El Morro de la comuna de Iquique. (32281 de 11/07/2017). A Consejo de Monumentos Nacionales. Diputada Girardi, doña Cristina. La veracidad de lo señalado en el programa “Ahora Noticias” del canal Mega, en el cual se señala “en los últimos doce años habría aumentado en un 1.200% la importación del medicamento Metilfedinato”. (32283 de 11/07/2017). A Instituto de Salud Pública. Diputada Girardi, doña Cristina. La importación en los últimos 10 años de los medicamentos señalados en la solicitud. (32284 de 11/07/2017). Diputada Girardi, doña Cristina. La importación en los últimos 10 años de los medicamentos señalados en la solicitud. (32285 de 11/07/2017). A Instituto de Salud Pública. Diputada Cicardini, doña Daniella. Las medidas adoptadas por la Tesorería General de la República con el objeto de ayudar a los afectados por las lluvias y aluviones en la Región de Atacama, en relación a cobros de intereses y deudas. (32286 de 11/07/2017).A Tesorería General de la República. Diputada Cicardini, doña Daniella. El estado actual de los caminos rurales en la Región de Atacama y en la comuna de Tierra Amarilla, detallando si existen vías que no están habilitadas y las medidas que se han adoptado para recuperarlas. (32287 de 11/07/2017). A Dirección de Vialidad. Diputado Kort, don Issa. Las medidas adoptadas por los servicios públicos de la administración del Estado para el acceso a la información de personas con discapacidad sensorial y si estos servicios cuentan con personal capacitado para entablar comunicación en lengua de señas, indicando la fecha y número de la sesión de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en la cual se haya considerado la inclusión progresiva del lenguaje de señas en servicios públicos. (32288 de 11/07/2017). A Ministerio de Desarrollo Social. Diputada Turres, doña Marisol. Las medidas preventivas establecidas a través de la Dirección de Vialidad con el objeto de resguardar la seguridad de los caminos y carreteras, a raíz de las inclemencias de la temporada de invierno sufrida por la Región de Los Lagos, desglosadas por provincia y montos. Asimismo, se sirva evacuar el informe solicitado por oficio Nº 30.040 de 2 de mayo de 2017. (32289 de 11/07/2017). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Carmona, don Lautaro. Plazo otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental a las entidades competentes para pronunciarse sobre el proyecto gas Andes LNG que busca traer gas líquido desde los Estados Unidos de América, instalando un barco factoría en la bahía Chasco de la Región de Atacama, con un ducto en el fondo marino, en los términos que requiere. (32291de 11/07/2017). A Ministerio del Medio Ambiente. Diputado Carmona, don Lautaro. Plazo otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental a las entidades competentes para pronunciarse sobre el proyecto gas Andes LNG que busca traer gas líquido desde los Estados Unidos de América, instalando un barco factoría en la bahía Chasco de la Región de Atacama, con un ducto en el fondo marino, en los términos que requiere. (32292de 11/07/2017). A Servicio de Evaluación Ambiental. Diputado Pérez, don Leopoldo. Proceso de licitación de la mantención de rutas en la comuna de San José de Maipo. (32293de 11/07/2017). A Dirección de Vialidad. Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de los resultados de la etapa de certificación del Acuerdo Voluntario de Preinversión, suscrito en diciembre de 2016 entre las comunidades indígenas, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la empresa Sowitec, titular del proyecto Parque Eólico Catrihuala, que busca desarrollarse en la comuna de Río Negro. (32294 de 11/07/2017). I. ASISTENCIA -Asistieron 112 señores diputados, los 118 en ejercicio NOMBRE -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel Rojo -Espinosa Monardes, Marcos -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra de Educación señora Adriana Delpiano Puelma; el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. -Se contó con la asistencia, también, de la subsecretaroa de Edicación. señora ValentinaQuiroga Canahuate. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: El diputado señor Fidel Espinoza Sandoval. -Con permiso especial: El diputado señor Issa Kort Garriga. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.38 horas. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 35ª se declara aprobada. El acta de la sesión 36ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. SOLICITUD DE PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO DE LEY El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, en el número 4 de la Cuenta se da cuenta de la inadmisibilidad de la moción que garantiza igualdad en materia de cónyuges en el ámbito de cargas familiares. Más allá de que comparta o no el criterio de la Mesa, pido que se oficie al Ejecutivo para que examine los fundamentos del proyecto, de forma que considere patrocinar la iniciativa, que es de toda justicia. No tiene sentido alguno que se distinga entre la cónyuge mujer y el cónyuge cuando ambos tienen una condición o situación de incapacidad. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se acordará por unanimidad enviar el oficio. Acordado. RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, en relación con el último punto de la Cuenta, referido a la declaración de inadmisibilidad planteada por el Presidente de esta Corporación respecto del proyecto de ley que modifica la ley de concesiones para retirar las construcciones en infraestructura hospitalaria del sistema y ley de concesiones, quiero señalar que después de una espera de tres años para que nuestro gobierno responda las peticiones de los trabajadores y los usuarios de la salud, varios diputados han otorgado su patrocinio a un proyecto de ley para llevar adelante esas modificaciones. La Presidenta Bachelet tomó la decisión de no permitir que se mantuvieran proyectos concesionados que solo favorecían a privados al momento de llevar adelante los procesos de concesión. Se efectuaron movilizaciones y otras actividades para discutir sobre las consecuencias que ha tenido la implementación del modelo de concesiones en los hospitales, especialmente en los hospitales de Maipú y La Florida. En 2015, la Cámara de Diputados aprobó un informe presentado por la Comisión Investigadora de Infraestructura Hospitalaria, donde se recomendó no formular otros proyectos de infraestructura de hospitales mediante el sistema de concesiones, a menos que los estudios económicos concluyeran que los proyectos desarrollados en forma directa o de manera sectorial fueran más convenientes y siempre que se contemplaran fórmulas de gestión que permitieran su cabal operación por parte de los responsables. No estoy de acuerdo con la inadmisibilidad plateada por el Presidente de la Cámara, porque el proyecto de ley no incrementa el gasto fiscal. Tras su aprobación, la ley regirá sin involucrar ni afectar los contratos sobre construcciones que se encuentran en curso. Es cierto que los bienes fiscales ya sometidos a concesión, o las leyes que afecten a bienes fiscales sometidos a concesión, solo pueden ser afectados por iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, este proyecto de ley no afecta el régimen jurídico de los bienes fiscales que se encuentran en concesión, ni altera los mecanismos de concesión establecidos por ley. Plantea que a futuro exista un área estratégica de gobierno que esté fuera del mecanismo de concesión, que en este caso se trata de las concesiones para la construcción de infraestructura hospitalaria y la prestación de servicios de salud. Por esa razón, señor Presidente, quiero pedir a esta honorable Cámara, a solicitud, también, de los trabajadores y funcionarios cuyos representantes se encuentran en las tribunas, que votemos la declaración de inadmisibilidad del proyecto de ley. La idea es hacer una modificación real al modelo de construcción de hospitales en nuestro país, para que nunca más los usuarios más pobres de Chile deban pagar tarifas abusivas por concepto de estacionamiento, ni los trabajadores tengan que enfrentarse a situaciones donde no se cumple con el aseo como corresponde en los hospitales, con todas las consecuencias que ello ha traído a Maipú y La Florida. He dicho. -Aplausos y manifestaciones en las tribunas. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Ruego a los invitados que se encuentran en las tribunas que nos dejen continuar nuestro trabajo, que va en pro de lo que ustedes solicitan. El Presidente de la Cámara de Diputados ha ejercido sus atribuciones porque, a su juicio, se trata de una materia que es de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Corresponde votar la declaración de inadmisibilidad. Los que voten a favor, apoyan la postura de la Mesa; quienes voten en contra, se oponen a la declaración de inadmisibilidad. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Berger Fett, Bernardo; Ceroni Fuentes, Guillermo; García García, René Manuel; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Jaramillo Becker, Enrique; Macaya Danús, Javier; Monckeberg Bruner, Cristián; Norambuena Farías, Iván; Ortiz Novoa, José Miguel; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sandoval Plaza, David; Squella Ovalle, Arturo; Trisotti Martínez, Renzo; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Espinosa Monardes, Marcos; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Ojeda Uribe, Sergio; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Vallejo Dowling, Camila; Venegas Cárdenas, Mario. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Morano Cornejo, Juan Enrique. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- En consecuencia, se declara admisible el proyecto. -o- El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Muy bien, señor diputado. -o- El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, un grupo de diputados de todas las bancadas presentamos un proyecto de ley que otorga pensión a voluntarios del Cuerpo de Bomberos con más de cincuenta años de servicio. La Mesa lo declaró inadmisible, con toda la razón del mundo, pues aborda una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin perjuicio de ello, en su momento pedimos a la Mesa que oficiara al Ejecutivo, en nombre de la Corporación, con el propósito de solicitarle que hiciera suya esa iniciativa y la enviara a trámite legislativo. Quisiera saber si esa gestión se realizó o no. Creo que sería muy fácil someter a votación la declaración de inadmisibilidad de ese proyecto, pero me parece que no es el camino pasar a llevar la Constitución Política que nosotros mismos juramos o prometimos cumplir. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, el oficio que usted menciona será revisado por la Mesa y le daremos oportuna respuesta. El señor ULLOA.- Muchas gracias, señor Presidente. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, insisto en pedir que cite a reunión de Comités, pero con suspensión de la sesión. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Así se hará, señor diputado. Antes de suspender la sesión, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, a propósito de lo señalado por el diputado señor Ulloa, hago presente que en su momento se tomó el acuerdo de hacer el oficio. Tanto es así que incluso me permití intervenir para proponer que se incorporara en el oficio la alternativa de que el beneficio se estableciera por la vía de la pensión de gracia, lo cual también fue acordado. De manera que el oficio fue acordado. Es lo que quiero transmitir. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Hago presente a la Sala que el referido oficio fue enviado al Ejecutivo. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en ese caso, lo que correspondería hacer sería ratificar el oficio. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Muy bien. Se ratificará el oficio. Cito a reunión de Comités. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Continúa la sesión. Informo a los diputados que en forma simultánea con la Sala sesionarán la Comisión de Bomberos, de 11.00 a 12.00 horas, y la de Ética y Transparencia, de 11.30 a 12.30 horas. El señor LANDEROS (Secretario).- Señor Presidente, se suspendió la sesión de la Comisión de Ética y Transparencia. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Entonces, solo sesionará la Comisión de Bomberos. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Enrique Jaramillo, acordaron por unanimidad lo siguiente: 1. Prorrogar el plazo para renovar indicaciones respecto del proyecto de ley sobre educación superior (boletín N° 10783-04) hasta las 15.00 horas de hoy y ampliar el plazo para presentar solicitudes de votación separada hasta las 13.30 horas. 2. Cerrar el plazo de inscripción de los diputados para participar en el debate del proyecto a las 14.00 horas de hoy. 3. En razón del número total de diputados inscritos, facultar a la Mesa para incorporar el proyecto de ley en el primer lugar de la Tabla de la sesión de mañana jueves 13 de julio, a fin de que pueda intervenir la mayor parte de los parlamentarios, y considerar una cantidad no superior a veinte diputados para que intervengan en la sesión del día lunes. 4. Adelantar a las 17.00 horas el inicio de la sesión especial convocada para el día lunes 17 de junio -originalmente citada a las 18.00 horas-, a fin de que la discusión del proyecto se extienda hasta las 20.00 horas. Votar el proyecto a partir de esta última hora. Hago presente a la Sala que se presentaron cerca de setenta indicaciones renovadas, por lo que la votación se extenderá aproximadamente por una hora y media. En consecuencia, la sesión finalizaría pasadas las 21.30 horas. V. ORDEN DEL DÍA ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN] El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior. De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el martes pasado, se destinarán tres horas a la discusión del proyecto que figura en el Orden del Día. Se ha suspendido el tratamiento de los Proyectos de Acuerdo y de Resolución, y de Incidentes. El plazo para solicitar votación separada y para renovar indicaciones vence a las 12.00 horas de hoy. El proyecto se votará en particular en la sesión especial del lunes 17 de julio, que se celebrará de 18.00 a 21.00 horas. Antecedentes: -El segundo informe de la Comisión de Educación y el certificado de la Comisión de Hacienda se rindieron en la sesión 44ª de la presente legislatura, en 11 de julio de 2017. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Damos la bienvenida a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, quien nos acompañará durante el debate. Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, este proyecto, que busca modernizar y establecer un marco regulatorio adecuado para la educación superior en Chile, deriva de una necesidad que tiene dos vertientes: una, que nuestra educación es sencillamente mala, y dos, que es preciso provocar una alteración profunda en la economía nacional y, sobre todo, en su basamento, que es la explotación exclusiva de materias primas, lo que hace de Chile un país campesino, aunque con celular. El cambio en la economía busca agregar valor a nuestros productos por la vía de incorporar mayor conocimiento. A eso apunta la reforma educacional. Se trata de un cambio estructural, de fondo, que necesita inevitablemente de un largo plazo para llevarse adelante. Esto explica la necesidad de que se persevere en la reforma educacional; que se persevere en el tiempo para que produzca sus resultados. También explica el mayor papel que tendrá el Estado en la conducción de la educación superior, y, sobre todo, explica -para satisfacer las inquietudes expresadas principalmente por la bancada de la UDI la asignación de recursos atados en el tiempo, con el llamado “sistema de gatillos”, que va liberando nuevos recursos fiscales para ir aumentando la incorporación a la gratuidad y al financiamiento de las instituciones superiores. No veo por qué Chile se va a avergonzar de hacer un cambio estructural de fondo en su economía, así como una modificación estructural de largo plazo en la educación, cuyos resultados no se van a ver el día de mañana, lo que estará atado a recursos para perseverar en este cambio precursor. El papel del Estado y de la sociedad política es llevar adelante este cambio estructural. Los privados pueden ayudar, pueden colaborar; pero como siempre están urgidos por el corto plazo, por la necesidad de obtener utilidades, prestigio o influencia, no pueden asumir la responsabilidad de un cambio estructural en Chile; están incapacitados de hacerlo por su esencia misma, para velar por el interés privado característico de la llamada sociedad civil. Señor Presidente, de aquí también deriva la necesidad de extender la gratuidad como un derecho universal. Aquí tengo una observación respecto del proyecto que se nos ha presentado: el que se la reconozca como un derecho universal es para ejercerlo, a mi juicio, en las instituciones públicas, no en las privadas. Tenemos un sistema de provisión mixta en la educación secundaria, pues hay colegios públicos, particulares subvencionados y particulares. Quien quiere que su hijo vaya a un colegio particular debe pagar para eso. Lo mismo podría pasar con las universidades. Entonces, ¿por qué hay que financiar con recursos públicos, a través del sistema de gratuidad, a las instituciones privadas? A mi juicio, este ha sido un resultado no deseado del movimiento estudiantil, que confundió las cosas al hacer exigible la gratuidad para instituciones particulares. No sé si es posible modificar esto. Tal vez podríamos haber extendido la gratuidad hasta las instituciones cuyos dueños son las comunidades universitarias, como sucede en los casos de las universidades de Concepción, Austral o Federico Santa María, pero no a las que tienen controladores que son un único dueño, en las que la comunidad no regula el quehacer de la universidad y no busca la excelencia académica. En ellas no se sacrifica el lucro con el fin de obtener esa excelencia académica, como sucede en el caso de las universidades mencionadas. Habrá que esperar otros tiempos para corregir esa distorsión grave del sistema educativo chileno. Además, en el proyecto se echa de menos la instalación de una dinámica que busque bienes ampliamente deseados por la sociedad chilena, como son la integración y la inclusión de sus diversos sectores sociales, por la vía de la mezcla de los mismos en alguna institución. Si la gratuidad hubiese sido solo para las universidades públicas del Estado o cuyos dueños son comunidades, podríamos haber logrado eso, al establecerles las condiciones en que la sociedad las quiere financiar y al haberles impuesto exigencias respecto del ingreso y de la selección de sus estudiantes. Por ejemplo, se podría haber establecido que el 60 por ciento de los estudiantes entrase por la prueba general y por el mérito, y que el 40 por ciento restante entrase por ranking, pero solo si esos jóvenes provienen de la educación aún pública de carácter municipal. Bueno, ya no se obró así, pero habrá que dejarlo como una perspectiva en el horizonte. Las cosas están cambiando muy rápidamente en las sociedades, por lo que es conveniente dejar el recuerdo de que también se debe buscar eso. Señor Presidente, se le va a pasar dinero a las universidades privadas. Claro, se establecen condiciones en la ley en proyecto, entre otras, que tienen que acreditarse, etcétera; pero hay una condición que, a mi juicio, es inexcusable y que no está presente en el proyecto. Por esa razón, anuncio que pediré votación separada del artículo 84 y que presentaré indicación respecto de dicha disposición, porque aquí se pretende pasar dinero público, de toda la sociedad, a universidades que han anunciado que se oponen a las leyes de Chile, a las actuales y a las futuras, y que en el evento de que se apruebe la llamada ley de despenalización del aborto en tres causales, no se aplicará esa normativa en sus hospitales y clínicas. Me niego a entregarles recursos. Si lo hacemos, seremos el hazmerreír planetario, ya que el fisco, la sociedad chilena financiará instituciones privadas que se oponen a las leyes de su país. Por lo mismo, pido que la Sala apruebe la incorporación de una letra e) en el artículo 84, en la que se establece como obligación inexcusable que todas estas instituciones que reciben plata fiscal tienen que cumplir con la Constitución, las leyes y los programas públicos del Estado de Chile. Señor Presidente, esta es una amplia y profunda reforma, que distorsionan quienes la quieren descalificar. Partimos con la educación parvularia; creamos la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Parvularia; seguimos con la ley de inclusión, terminamos con el copago progresivo en los establecimientos particulares subvencionados; seguimos con la carrera docente, para poner el énfasis en mejorar el desempeño de los profesores, y terminamos con la desmunicipalización. Al respecto, aprovechamos de mandar un recado al Senado para que se apure un poquito más en la tramitación de los proyectos de ley, ya que, de lo contrario, mi propuesta de que el Senado desaparezca como institución parlamentaria en Chile encontrará una amplia simpatía en los electores. Ya cuenta con el 80 por ciento de aprobación ciudadana, así que deberán hacer mérito para sobrevivir. Ahora estamos discutiendo sobre la educación superior y terminaremos discutiendo la iniciativa de ley que regula el desempeño de las universidades públicas. Sin duda, es una tarea de gran envergadura y, como he dicho, un cambio estructural que requiere perseverar. Por lo tanto, está ampliamente justificado que dejemos atado el crecimiento de la economía a la provisión de los recursos necesarios para que estas reformas puedan materializarse, perdurar en el tiempo y arrojar los resultados que Chile espera de ellas. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, este proyecto tiene relevancia histórica porque consagra lo que fue provisorio y lo hace legal, irreversible, al establecer por ley la gratuidad para las familias que pertenecen al 60 por ciento de los chilenos más vulnerables. Por supuesto, lo aprobaremos en la Ley de Presupuestos. Quiero argumentar la justificación de esta medida. Ayer, algunos diputados, encabezados por su líder, el colega Patricio Melero, en representación de la UDI dijo que no tiene lógica avanzar en la gratuidad desde el 50 al 60 por ciento de la población de menores ingresos ni comprometer en el futuro avances vinculados al incremento de la carga tributaria para favorecer a los siguientes deciles. En su intervención nos preguntaba: “¿Cómo les van a explicar a los chilenos que dedican recursos ingentes para dar gratuidad a las familias que pertenecen al sexto decil?”. Al parecer, hay quienes consideran que esas familias son ricas. Es bueno aclarar que las familias del quinto decil, que tienen garantizada la gratuidad, tienen un ingreso per cápita que va desde los 149.000 a los 184.000 pesos; es decir, una familia de cuatro integrantes tiene un ingreso total que fluctúa entre los 597.000 y los 736.000 pesos. ¿Es posible considerar rica a una familia que recibe un máximo de 736.000 pesos mensuales? ¡Sin duda, no! Por su parte, el sexto decil considera un ingreso per cápita que fluctúa entre 184.140 y 227.000 pesos mensuales, por lo que una familia de cuatro integrantes recibe entre 736.560 y 908.340 pesos mensuales. ¡No sé en qué país están viviendo! ¿Serán acaso ricas las familias que, en total, logran ingresar al peculio familiar 908.340 pesos? ¿Cómo se condice ese discurso con el que plantean en el sentido de que es necesario ampliar los derechos a la clase media y de que su eventual gobierno va a ser el de la clase media? Aquí lo que hacen es negar la gratuidad a los hijos de familias que ganan menos de un millón de pesos mensuales. Dos trabajadores de situación precaria, que ganan 450.000 pesos cada uno, suman en conjunto 900.000 pesos como ingreso familiar. Entonces, esto me resulta absolutamente inexplicable. Ahora bien, cuando señalan que en lugar de dar gratuidad al sexto decil se podrían construir 48.000 salas cuna y jardines infantiles, eso es demagogia. Con 8.000 jardines infantiles suplementarios se atendería a la totalidad de los niños de entre cero y cinco años de edad. ¡Al parecer, la demagogia alcanza para todo! Este proyecto de ley -lo sabe bien la ministra Delpianova mucho más allá de la gratuidad y tiene importancia porque logra que un variado conjunto de establecimientos de educación superior se convierta en un sistema de educación superior que funcione como tal, es decir, con un interlocutor válido en el Estado y una Subsecretaría de Educación Superior encargada de administrar la gratuidad y el financiamiento del conjunto del sistema universitario. Al respecto, quiero señalar que discrepo absolutamente de la tesis que ha esbozado el diputado Marcelo Schilling en cuanto a que deberíamos hacer una distinción tajante entre las universidades de propiedad del Estado y las universidades que no lo son, pero que cumplen funciones públicas. Discrepo absolutamente de ese enfoque, a mi juicio, decimonónico. El proyecto también crea la Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar que efectivamente se cumpla la ley, no solo en lo referente al lucro, sino a la gestión. Uno de sus objetivos es anticiparse a las crisis, para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la Universidad del Mar y lo que ha estado ocurriendo embrionariamente en otras universidades. Se crea un sistema de acceso único, es decir, todo establecimiento de educación superior que funcione con recursos públicos debe estar vinculado e integrado en un sistema único de acceso. Lo más importante es que, por fin, se reconoce la especificidad de la educación técnica superior respecto de la educación universitaria. Para tal efecto, se crean dos comités diferenciados que establecerán mecanismos de acceso -valga la redundancia diferenciados para los estudiantes de educación técnica superior y para los estudiantes que van a las universidades. No se puede continuar midiendo con la misma vara a estudiantes que egresan de liceos técnicos y a estudiantes que provienen de liceos científico-humanistas. Es completamente injusto medirlos con la misma vara. La iniciativa mejora el sistema de aseguramiento de la calidad y establece acreditación institucional en cinco dimensiones: docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, vinculación con el medio y gestión institucional y aseguramiento de la calidad. Todo eso me parece muy bien; pero tengo dos prevenciones -se las hice presente a la ministra en la comisión que quiero expresar. Me parece que cuando se establece un sistema, las exigencias deben hacerse al sistema y no a cada unidad del sistema en particular. No es conveniente exigir a cada uno de los establecimientos universitarios la acreditación en las cinco dimensiones, incluyendo la de investigación. Para el país, puede ser mejor que existan algunas universidades especializadas en docencia de pregrado, y que pensemos en la investigación, que es cara -importante, pero cara-, de manera asociativa. Las universidades podrían asociarse unas con otras, y podría establecerse que, para seguir existiendo, no sea imprescindible que una universidad pequeña, de una región distante, esté obligada a cumplir, en cuanto universidad, con el requisito de acreditación institucional en materia de investigación. Los invito a reflexionar sobre ese punto. Pero lo que ya me pareció un exceso es lo que pasó en la Comisión de Educación. ¿Saben que ocurrió? Que esta exigencia de acreditación institucional en las cinco dimensiones: investigación, docencia de posgrado, vinculación con el medio, etcétera, se le extendió también a los institutos profesionales y centros de formación técnica, por la vía de una indicación parlamentaria. ¿Para qué establecemos exigencias de las que después nos vamos a arrepentir y nos veremos en la obligación de retroceder? Me parece un completo exceso exigir a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales, en sí mismos -quizás pueda ser exigible al sistema-,… El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Ha concluido su tiempo, diputado Auth. Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, en el marco de esta discusión, quiero dejar estampada mi preocupación por algunos aspectos que estimo del mayor interés y, por cierto, de la mayor gravedad. Aunque sea reiterativo, es evidente que con este proyecto se invierten las prioridades en los problemas reales que hoy tiene la educación en nuestro país. En el mismo instante en que aquí nos abocamos a resolver la autonomía económica de las universidades, el financiamiento institucional de las universidades para la gratuidad y la consagración de la arbitrariedad en la educación superior, hay miles de jóvenes secundarios y de educación básica que son expulsados de la educación particular subvencionada hacia alternativas mucho más costosas o bien son reubicados por una tómbola de bingo en una mala y siempre experimental educación pública. Esto lo manifesté también cuando se discutió la ley de inclusión, oportunidad en que dije que esa ley era un salto al vacío, porque no conocíamos y no habíamos previsto las consecuencias que iba a provocar. Este es el ejemplo más cercano de que el afiebrado y, a veces, delirante impulso legislativo del gobierno nos conduce o nos puede conducir a legislaciones que, al buscar cándidas soluciones, finalmente consagran un conjunto de amenazas a principios y a instituciones que se pretende defender. En materia de gratuidad, hemos asistido a la contradicción manifiesta que hay al interior del gobierno entre la pasión electoral del discurso y las últimas cuotas de responsabilidad y realismo que aporta un debilitado Ministerio de Hacienda. ¿Qué otra cosa puede significar que en la Comisión de Educación se acuerde la eliminación del crédito con aval del Estado (CAE) y luego la Comisión de Hacienda restablezca, como condición para ello, un mínimo de racionalidad, coherente con las capacidades del país. Cabe recordar que en ambas comisiones el gobierno cuenta con mayoría, como para haber impuesto un único criterio. En el intertanto, miles de familias, miles de sueños y proyectos de jóvenes observan, con incertidumbre, los vaivenes de un gobierno irresoluto que sembró esperanzas, pero que ha terminado cosechando frustraciones. No nos queda otra alternativa que aprobar, de la manera en que lo ha corregido el Ministerio de Hacienda, la condición que se propone por la Comisión de Hacienda y rechazar lo que ligeramente había determinado la Comisión de Educación. En lo que se refiere a la acreditación, un punto ineludible y bajo todo aspecto necesario, esta se ha desnaturalizado al punto de que, en medio de una tramoya lingüística, se abre un espacio para la arbitrariedad y una amenaza latente contra la libertad de enseñanza. Si pregunto qué se puede definir como “identidad planetaria”, “relación con el medio” o, incluso, términos tan manoseados como “innovación”, todos y cada uno de nosotros tendrá una definición distinta. Las definiciones al respecto que contiene este proyecto no logran sino aumentar la subjetividad, todo lo contrario a las exigencias mínimas para una norma jurídica: claridad, mandato expreso y certeza jurídica respecto a su aplicación. Las frases grandilocuentes, la imprecisión del lenguaje, del que se usa y abusa en eslóganes y cuñas, terminan por vaciar las palabras de todo contenido. Lo que alguna vez pudo haber tenido un significado, finalmente no tiene ninguno. La libertad de enseñanza es un logro de sociedades y civilizaciones completas, que ha sido consagrada por el progreso en una tarea de siglos, pero repentinamente, como un relámpago, en la intelectualidad de La Moneda, esto puede ser trastocado y depositado -su presente y futuro en las manos de un omnipotente Estado. La libertad de enseñanza es muy importante como para deteriorarla por un febril anhelo refundacional que pretende justificar en los abusos marginales y accesorios su afán de control enfermizo, lo que provoca, en este tránsito, aun más discriminaciones arbitrarias que las que aspiraba a impedir. Este proyecto no aborda lo que ocurrirá en la práctica con miles de actuales alumnos de educación superior, los que, teniendo una legítima expectativa, hoy no sabrán si la institución en la que desarrollan sus estudios pasará una acreditación veleidosa de la cual dependerán sus opciones laborales futuras. Otro tanto se podría señalar de los cambios en los procesos de selección de alumnos que este proyecto propone. Los responsables ya no serán el Consejo de Rectores y el Demre, sino una subsecretaría, cuyo superior jerárquico será siempre de soberana designación presidencial y de su exclusiva confianza. En conclusión, la selección se politiza y se diluyen los parámetros técnicos y objetivos que se habían construido durante años. Ayer se reunió el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), organismo relevante -con el que no comparto muchas de sus opiniones que, no obstante su zigzagueante posición en los últimos meses, ha sido muy preciso en describir el proyecto que hoy discutimos. El vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Valle, ha señalado: “El proyecto, como está siendo despachado, contiene graves desequilibrios”. Yo sostengo lo mismo, pero por diversas razones. Emplazo a la señora ministra de Educación a que nos diga qué piensa el gobierno al respecto y cuál es su voluntad de corregir. ¿O simplemente se mantendrán en la tónica de imponer? La propuesta de gratuidad universal y del 60 por ciento al que se aspira me llama profundamente la atención, por los costos que ello implica, pero también me hace relacionarlo con la situación que actualmente vive el Sename. Se pretende destinar más de 300 millones de dólares a la gratuidad de los futuros médicos, de los futuros ingenieros, de los futuros abogados, de los futuros economistas, de los futuros odontólogos, pero se niegan esos recursos a los niños que hoy están en el Sename, de los cuales el 50 por ciento no va a la universidad, sino a la cárcel. ¿Es esto lo que se pretende cuando se habla realmente de la igualdad o de que la justicia social es el motor que buscan los gobiernos? Sin duda, esto requiere de un análisis mucho más profundo del que se ha hecho. Queda en evidencia que los genuinos intereses de los gobiernos se reflejan en proyectos como el que estamos discutiendo. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, saludo a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano. Deseo contextualizar el debate dentro de las cuestiones más importantes que en estos últimos años -y no me refiero solo al gobierno de la Presidenta Bachelet han generado discusión en esta Sala, representando y sintetizando lo planteado por el conjunto de la sociedad chilena, con un protagonismo muy particular de los estudiantes, académicos y profesores. Ese es uno de los ejes que definen la profundidad de una sociedad. Al escuchar distintos argumentos se infiere que la derecha quiere seguir usando la educación como mecanismo de discriminación y explica que hay que priorizar otras materias. Cuando se trata de seres humanos, no hay recursos que escatimar cuando se trata de su desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y otros seres vivientes? Precisamente su intelecto. ¿Cómo se forma y potencia aquel? Permitiendo el acceso al conocimiento. Eso es lo que está en debate. No me parece la relativización que hacen algunos al decir que les hubiera gustado partir por la educación preescolar, porque este es un debate distinto. Quizás a algunos no les parece presentable ni ético que se promueva la gratuidad para los hijos de millonarios, pero eso habla mal de las prioridades. En la actualidad, el tema de la gratuidad con cobertura universal es una política de Estado en muchos países. No hablaré solo de Cuba, sino también de Argentina, Uruguay y México. Concebir que hay que pasar la cuenta a los hijos de los multimillonarios me parece impresentable. Los hijos de los millonarios también tienen derecho a acceder a la educación; otro será el mecanismo de redistribución de la riqueza, no por la vía de los hijos. Estos debieran homologarse a todos quienes están en edad de formación educacional. Es un debate que debería permear a toda la sociedad, incluidos la familia, los sindicatos, los centros de estudiantes, los grupos culturales, etcétera. Este es el Chile que estamos construyendo. Claramente, todavía no nos apropiamos bien de este proceso de cambio, porque somos contemporáneos a él; sin embargo, ya tendremos una mirada histórica para saber cómo la discusión que sostenemos hoy habrá potenciado nuestra sociedad. Todos los proyectos son perfectibles. Claro que nos hubiera gustado que las cosas marcharan más pronto; sin embargo, lo primero es matricularse con la iniciativa. A pesar de que nuestra bancada presentará indicaciones y hará contribuciones al proyecto, dará su aprobación a la misma a partir de la valoración que da al debate. Lo que está en discusión es que el próximo año la gratuidad llegará al sexto decil. Es decir, más de la mitad de los estudiantes tendrá un derecho adquirido para acceder gratuitamente a la educación. ¿Qué materias nos importa precisar? Que apostemos al avance de la gratuidad universal, porque creemos firmemente en eso. No lo creemos pensando en que los hijos de los ricos el día de mañana serán hijos de pobres. Los jóvenes de cualquier decil tienen derecho a la gratuidad universal en educación. No hay que ser rico o pobre para tener derecho a respirar, a la salud o a la educación. Es un derecho que, por la vía del Estado, la sociedad asigna al individuo para protegerlo y cuidarlo. En tanto eso no ocurra, hay un sistema de financiamiento vigente y otro por venir. Eso ha tenido una dura crítica, la cual ha sido reconocida por los propios autores del mecanismo del crédito con aval del Estado. Los promotores del CAE dijeron en su momento que esa no era la solución, lo cual ha generado un nuevo problema. No puede ser que la banca, desde el punto de vista de la institucionalidad financiera, tenga mecanismos para financiar la educación con tasas de interés que son actualizadas según el IPC. Así funciona el mercado del dinero. Es obvio que si uno utiliza el mercado del dinero, se especulará o se utilizará la usura con los estudiantes. Hay que terminar con eso. El compromiso es que esto termine a fines del próximo año, de modo que el 1 de enero de 2019 no exista. ¿Qué existirá? Otro sistema, que obviamente tiene que acoger la crítica y en el que no exista la usura. Tiene que ser un sistema financiero del que se haga cargo el Estado de Chile y que tome en cuenta las capacidades reales de devolución de quienes reciban el beneficio. Es un punto que debe ser considerado. Por lo demás, la forma en que modificamos el sistema de financiamiento constituye un camino paralelo a la gratuidad. Mientras más avanzamos hacia la gratuidad, más pequeño es el problema que hay que abordar desde el punto de vista del financiamiento. En ese sentido, existen mecanismos que son complementarios o alternativos y más eficaces que la sola propuesta de considerar un indicador del PIB tendencial. Son mecanismos que debemos explorar y que, incluso, tienen que ver con el uso de recursos que actualmente están puestos en la bolsa internacional y con la reasignación de recursos públicos. Por ejemplo, se podría reasignar, total o parcialmente, el 10 por ciento de las ventas del cobre que hoy se asignan a las Fuerzas Armadas a través de la Ley Reservada del Cobre. Existen alternativas, por lo que pido disposición para recogerlas. Dicho lo anterior, me parece muy bien que en un sistema de educación superior real se recuperen los grandes desafíos de la educación superior en materia de docencia, de investigación y de extensión. Respecto de la investigación, es evidente que esta no puede ser de cobertura ilimitada, sino que debe desarrollarse en función de qué se está investigando. Espero que dichos estudios sean de iniciativa de la universidad y del aparato público, porque la distorsión que se produce respecto de la investigación se debe a que esta se realiza por encargo de la empresa privada; es decir, una empresa privada investiga a través de una universidad pública en beneficio de una unidad parcial desde el punto de vista económico. Por lo expuesto, anuncio que vamos a aprobar el proyecto de ley, haciendo alcances e indicaciones en este debate tan importante. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, el origen del proyecto en debate tiene muchos antecedentes, entre ellos, sin duda, las movilizaciones de 2006 y de 2011. No obstante, quiero valorar particularmente el trabajo realizado en esta Corporación por aquellas instancias que la prensa denominó “las comisiones Lucro 1 y Lucro 2”. Tuve la oportunidad de ser parte de la Comisión Lucro 1 y de presidir la Comisión Lucro 2. En ellas quedó en evidencia un conjunto de antecedentes, extensamente establecidos, de conclusiones y, lo más importante, de sugerencias respecto de los caminos a seguir. ¿Cuál fue la conclusión más importante? Los grandes problemas que mostraba nuestro sistema de educación superior y que se expresan dramáticamente en casos que todos hemos conocido, como el de la Universidad del Mar, el de la Universidad Arcis, el de los 15.000 estudiantes que fueron invitados por una universidad del Estado a estudiar la carrera de Perito Criminalista, aun cuando no tenían ninguna posibilidad de acceder al mundo laboral, lo que constituyó una estafa, y en un sinnúmero de situaciones de similar carácter, todas ellas dramáticas. ¿Cuántos miles de estudiantes abandonan la educación superior y arrastran una mochila de endeudamiento enorme, que determinará sus vidas por décadas? ¿Cuántos jóvenes con un título en la mano y con una mochila de deudas enorme, propia y de su familia, intentan ingresar al mundo laboral sin ninguna posibilidad? ¿Cuántas personas poseen títulos profesionales desvalorizados en el mundo del trabajo y, por lo mismo, viven situaciones dramáticas? Ingenieros conducen taxis y abogados están dispuestos a ganar 400.000 pesos mensuales. ¿Es eso posible? ¿Es eso aceptable? El mundo empresarial -lo digo para que no se me acuse de estatista o de izquierdista extremo está haciendo un llamado en el sentido de que se necesitan 600.000 técnicos bien calificados -esta es una cifra antigua-, que no existen, para cumplir los desafíos de aumentar nuestra capacidad de desarrollo productivo, de optimizar el producto interno bruto y de mejorar con ello las condiciones de vida de nuestros jóvenes y sus familias. En síntesis, esa es la razón que nos obliga a legislar sobre esta materia. La conclusión más importante es que el sistema está completamente desregulado. Esa falta de regulación se debe a que se instaló una visión -que no comparto de que la educación en nuestro país es simplemente una cuestión de mercado. A lo largo de mi vida como profesor aprendí dos cosas. Primero, que la economía de mercado, como lo señalaba Smith, funciona con una mano invisible que ordena a los actores a fin de producir lo mejor para todos, incluidos los usuarios. Ese principio, en ningún caso, se da en el sistema de educación superior chileno. Segundo -es algo que también aprendí de niño, a pesar de provenir de una familia modesta-, que la ley hay que cumplirla a todo evento. Nuestros padres nos enseñaron desde la más tierna infancia que la ley pareja no es dura. ¿Qué descubrimos con el trabajo de las comisiones investigadoras? Que había actores y controladores de instituciones de educación superior que burlaban sistemáticamente la ley. ¿Por qué? En la década de los ochenta, durante el gobierno militar, la ley estableció que las universidades eran instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, las comisiones investigadoras determinaron que había ocho o nueve maneras distintas mediante las cuales los controladores de determinadas instituciones burlaban esa prohibición legal: inmobiliarias, externalización de servicios, creación de empresas, contratos entre empresas relacionadas, etcétera. ¿Es eso moral y éticamente aceptable? Claramente, no. Por eso, el gobierno ha emprendido, junto con muchos que lo hemos acompañado con pasión, la tarea de construir una sociedad más justa, en donde las reglas del juego sean iguales para todos. ¿Es aceptable que algunos puedan acceder a una educación de calidad extraordinaria, solo comparable con la de otras realidades del mundo, y que el resto deba conformarse con una educación de mala calidad, y que eso dependa directamente del dinero que tengan sus padres? Esa no es una situación que uno elija. Si me hubieran dado la posibilidad de elegir, probablemente habría elegido una familia más acomodada. Pero esa no fue mi realidad. Esto no me parece justo, razón por la cual defiendo este proyecto con pasión. Tengo la convicción más íntima de que la iniciativa nos permitirá avanzar hacia una situación mejor y más justa que la que tenemos, que tiene miles de víctimas en jóvenes de carne y hueso y con rostro concreto, tanto hombres como mujeres, algunos de ellos integrantes de familias que conozco, endeudadas, que hacen la “bicicleta” para poder educarlos. ¿Qué hace este proyecto? Se da a la tarea, probablemente con imperfecciones -qué obra humana es perfecta-, de construir una institucionalidad más robusta que regule de mejor forma el funcionamiento del sistema de educación superior. Estamos hablando, nada más y nada menos, de un millón doscientos mil jóvenes, aproximadamente, que forman parte de dicho sistema. ¿Cómo no va a ser ese un avance? Y lo vamos a regular con nueva institucionalidad: una subsecretaría, una superintendencia, un sistema de aseguramiento de la calidad en que el punto se centrará en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y en que la acreditación, que era voluntaria, pasará a ser obligatoria. Es normal que así sea; no puede quedar todo entregado a la voluntad de la institución educacional. Debemos garantizar a los jóvenes que se están preparando para rendir la prueba de selección universitaria que sea cual sea a la institución a la que vayan, cumplirá estándares de calidad que garanticen que su formación profesional y técnica les dará una oportunidad real en la vida. Porque de eso se trata: de una oportunidad en la vida, que hoy muchos no tienen porque el sistema es malo, no se la ofrece. Aseguramiento de la calidad, regulación de malas prácticas, que se dan, objetivamente. No es mala intención de nuestra parte; hablando con objetividad, esas malas prácticas se daban y se dan en nuestro sistema. Es cierto que aquí se contraponen visiones ideológicas, pero es natural. El debate sobre la educación es uno de los más ideológicos que una sociedad pueda enfrentar. Por eso me llama la atención que haya gente inteligente que me diga que mi posición es ideológica. Por cierto que lo es, porque se apoya en un conjunto de ideas, principios y valores en los que creo. Por ejemplo, creo que la educación es un derecho, que la educación no puede ser tratada como un bien de consumo, de mercado. Eso se puede hacer con los televisores, con los refrigeradores, con los vehículos, pero no con la educación, y tengo derecho legítimo a creerlo así. De hecho, pertenezco a una coalición política que piensa así, que así lo cree y que se ha jugado por aquello. También creo en la diversidad de proyectos educativos. Contrariamente a lo que dicen algunos, este no es un proyecto que demonice la diversidad y que quiera imponer una educación única; al contrario, respeta… El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, como usted bien sabe, soy profesor universitario desde hace diecisiete años. Además, tuve el honor y el privilegio, antes de ser diputado, de ejercer el cargo de vicerrector de una universidad. Asimismo, me honra haber sido evaluador de universidades, haber conducido procesos de acreditación y, más aún, ser hijo de un emprendedor, rector fundador de una gran universidad. Por esas razones he decidido abstenerme en la votación de este proyecto. Sin embargo, ello no me impide entregar mi visión y opinión sobre su contenido y sobre lo que se ha planteado durante su discusión. Tal como señalé en el debate de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, no me afecta ninguna inhabilidad; pero la prudencia indica que, por haber tenido un vínculo histórico y afectivo con una universidad a la que aprecio mucho, es preferible que me inhabilite para la votación. Lo primero que debo señalar es que considero que el proyecto se elaboró sobre la base de un diagnóstico equivocado. La necesidad de revisar el modelo de financiamiento de la clase media y su acceso a la educación superior son puntos centrales; pero a partir de ahí se han extraído conclusiones generales que dejan la impresión de que todo estuviera mal, lo que no es cierto. De hecho, eso está muy alejado de la realidad. En efecto, Chile cuenta con un sistema de educación superior en transición que ha dado pasos relevantes, y la ministra que nos acompaña lo sabe. Nuestro sistema de educación superior es el que tiene la segunda mayor cobertura en América Latina; nuestra productividad científica por investigador es la mejor del subcontinente Sin duda, hemos dado pasos relevantes, pero aún tenemos muchos más por dar. Por lo tanto, la pregunta que el gobierno debiera hacerse, y que todos debiéramos hacernos, es cómo podemos hacernos cargo de los problemas de financiamiento que enfrentan las familias, de algunos casos de incumplimiento de normas por parte de ciertas instituciones y de cómo construimos juntos el sistema de educación superior del futuro. En mi visión, el diagnóstico que lleva a entender que todo está mal condiciona la construcción de un proyecto de ley hacia un sistema de educación superior del pasado, no del futuro. Partiré por la visión de fondo. La gratuidad, como modelo general para toda la población, es profundamente injusta. Pero al mismo tiempo que señalo esa injusticia, advierto que es urgente que todos los jóvenes tengan acceso a financiamiento y a oportunidades para cursar una carrera de educación superior. Por eso, me parece que una de las pocas cosas positivas que se han planteado es lo que señaló el ministro de Hacienda hace algunos días: que antes de noviembre de este año presentarán un sistema que complemente el modelo de créditos y ayudas estudiantiles que tenemos, que algunos trataron de eliminar con un indicación que presentaron en la Comisión de Educación, sin establecer un sistema de continuidad para las familias que hoy financian los estudios de sus hijos mediante ese sistema. Cuando un país tiene la necesidad de destinar miles de millones de dólares por un período sistemático de tiempo, como plantea la gratuidad universal, y quienes participan de ese estudio obtienen mejores posibilidades hacia el futuro, se comete un error significativo en materia de justicia. Por eso estoy en contra del modelo de gratuidad universal en los términos que se plantea en el proyecto. Más aún, creo que el modelo que nos presentó el gobierno, el de comprometer avances en gratuidad para décadas posteriores, sujetos a logros de crecimiento de los ingresos estructurales del Estado, es tomar hoy una decisión por quienes debieran tomarla en el futuro. Eso me parece tremendamente injusto a nivel intergeneracional. Lo menos que debiera haber hecho el gobierno, si creyera en eso, es haber acogido algo que se le planteó en la comisión: que cuando se produzca ese momento, se genere un debate a través de un nuevo proyecto de ley que se presente en cada instancia o momento que sea necesario. Eso tampoco se quiso recoger. Por lo tanto, para mí la injusticia que está detrás de este modelo es significativa. ¿Qué va a pasar con el sistema de educación superior? En mi opinión, tenderá a congelarse, perderá audacia y la decisión de innovar, porque lo que existirá será un conjunto de reglas que lo rigidizará fuertemente, cuando lo que realmente necesitamos es un esquema con buena regulación y mucho espacio para la innovación y la creatividad. ¿Hacia adonde va el mundo? Hacia la diversidad de instituciones. Como dijo el diputado Pepe Auth, no a todas se les piden los mismos estándares, logros de investigación y otros aspectos. ¿Hacia dónde más va el mundo? Hacia la integración y armonía entre el pregrado, el posgrado, la educación continua y la ciencia. También va hacia la revisión de la duración de las carreras; pero, más que a eso, a generar más innovación curricular, más interdisciplinas, más conexión con distintos problemas, para permitir que los asuntos se aborden no solo desde el punto de vista del contenido, sino de los problemas y los desafíos. También va hacia la incorporación de más idiomas. ¿Qué hay de eso en esta reforma? Prácticamente nada. Por eso insisto en que esta reforma no construye la educación superior del futuro, que es lo que nuestro país necesita. Como nos han dicho reiteradamente los ministros de Hacienda y de Economía, necesitamos avanzar en desafíos de futuro, de mayor productividad y de mayor conexión con el mundo del trabajo. Bien saben quienes han participado en este debate que aún no se crea una parte importante de los trabajos que existirán en el futuro, los que desempeñarán quienes están ingresando hoy a la universidad. No existen, y las habilidades para desarrollarlos son diferentes. En consecuencia, los institutos profesionales, los centros de formación técnica y las universidades necesitan abrirse a espacios distintos. Este modelo de gratuidad esconde un problema muy fuerte para el futuro de las instituciones de educación superior que decidan participar en él. Lo describiré de la siguiente manera. En primer lugar, es muy difícil regular los aranceles. El Estado fija los precios de productos provenientes de servicios públicos, como agua, electricidad, gas u otros, para proteger al ciudadano; pero el Estado establecerá aranceles para proteger su propio bolsillo, lo que afectará a esa industria o ambiente en que el costo está subiendo, porque el gasto en capital humano es más alto. Se pide más innovación, más doctores, más ciencia, más tecnología, y, al mismo tiempo, se fijan muy rígidamente los costos. Cuando a esas mismas instituciones les pidan más calidad y nuevos saltos científicos y tecnológicos, sus ingresos estarán fijos, pero a cierto tipo de instituciones que han sido históricamente privilegiadas les asignarán recursos en la Ley de Presupuestos gracias a negociaciones de último minuto, a través de aportes basales, como sucede con las universidades del CRUCh y otras instituciones. Eso está mal, porque vamos a construir un sistema que no funcionará bien. Este es un sistema en transición, pero se pensó como si ya estuviera definido. Ese es otro error. Espero que el gobierno reflexione sobre el particular durante las etapas de tramitación que restan en el Senado, en vista de que no lo quiso hacer en esta instancia, la Cámara de Diputados. Existen factores que arman un sistema tan rígido que es muy difícil que se pueda construir esperanza de futuro. Entre ellos, cito la conjunción de acreditación establecida para los IP y los CFT a través de una indicación; la conexión, el salto desde el licenciamiento hasta la acreditación puede dejar un vacío que obligará a intervenir ciertas instituciones; el excesivo rol de la superintendencia sin la existencia de un gobierno corporativo colegiado, como lo hemos hecho para la Comisión de Valores; el rol de la Contraloría, al exigir en ciertos aspectos un rol de cuentadante a las instituciones que reciban recursos; el Consejo de Rectores, que se defiende como un cártel -lo digo con todas sus letras-, sumado al rol de la subsecretaría, a la existencia de un sistema único para instituciones diversas, con estudiantes diversos y un marco de cualificaciones que requieren mucha más reflexión para hacerse cargo del futuro. Señor Presidente, ¿sabía usted que muy pocas de las mejores universidades del mundo provienen de sistemas de gratuidad? ¿Sabía usted que no es ahí donde están los modelos de mayor desarrollo? El gobierno debe reflexionar sobre eso y avanzar. Basado en mi experiencia como profesor, como directivo y como experto en acreditación, puedo asegurar que las instituciones de educación superior necesitan más horas para que sus directivos atiendan a los alumnos y a los profesores, para que sueñen e intercambien información con el mercado y con los empleadores, para mejorar los planes de estudio, las técnicas de aprendizaje y las innovaciones curriculares. Este modelo, en cambio, destina más horas para rendir cuentas al Estado y a terceros, y menos horas para atender a estudiantes y a profesores, y para construir calidad, lo cual preocupa. Podría hablar durante mucho tiempo, pero sintetizo mi idea en lo siguiente: creo que el proyecto parte por un diagnóstico equivocado de la educación superior, el que debe revisarse; creo que es injusto al asignar prioridades de recursos para Chile, lo que también debe revisarse. El proceso legislativo en la Comisión de Hacienda fue extremadamente rápido y sin reflexión, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que esta iniciativa involucra para Chile. El proyecto no se hace cargo de la institucionalidad del futuro, sino que más bien regula el pasado. Por eso, espero que se haga una mejor reflexión en las etapas que vienen. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación. Me temo que nos estamos farreando una gran oportunidad. Ha transcurrido aproximadamente un año desde que ingresó este proyecto al Congreso Nacional. Es cierto que en la Comisión de Educación hemos corregido algunos elementos e incorporado otros que no estaban en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, pero tengo la impresión fundada de que el proyecto tiene problemas y omisiones mayores, importantes y significativos, los que lamentablemente se mantienen. Mientras preparaba esta intervención, recordé las discusiones que teníamos en las asambleas de la universidad, en los debates que hicimos cuando se instaló este tema en la sociedad y en las asambleas que realizamos en distintos lugares, como juntas de vecinos, y en foros que la gente convocaba para conversar sobre la educación superior. Si queremos debatir sobre esta materia, debemos preguntarnos qué beneficios tiene la educación superior y por qué estamos legislando sobre este tema. El debate que se instaló en 2011, que influyó significativamente en la agenda pública de los años posteriores, tiene que ver con preguntas fundamentales: ¿Es la educación superior un bien individual? ¿Se caracteriza como bien de consumo, como lo dijo en su momento el Presidente Piñera? ¿Es un bien individual; es decir, absorbo ese conocimiento y lo ocupo posteriormente para mi provecho, o la educación superior es un bien social, que se ocupa para que la comunidad mejore en su conjunto? Hay quienes dicen que tiene esa doble condición. No obstante, cuando se trata de definir si es o no un derecho, vale la pena preguntarse, ¿la educación superior es un bien público o un bien individual? Yo sostengo que es un bien común y, por lo tanto, debe ser un derecho. Agregamos eso al proyecto, ya que no lo hizo el Ejecutivo, porque advertimos que la sociedad va avanzando. Antes no era un derecho la educación básica, pero se estableció como tal. Tampoco era un derecho ni obligatorio cursar hasta 4° medio en un liceo o colegio, pero posteriormente se hizo obligatorio. En la actualidad se está debatiendo que se establezca como un derecho la educación inicial. De esa manera vemos que avanzamos como sociedad. Ahora queremos que también sea un derecho la educación superior. Para dar respuesta a la necesidad que tiene la sociedad de diversificar la economía, de innovar, de tener muchos más productos en la mesa para el bienestar de las familias, se debe garantizar como un derecho la posibilidad de estudiar en la educación superior. Si se crea un derecho, es lógico que el Estado lo garantice universalmente, sin hacer discriminación entre quien tiene mil pesos más o mil pesos menos, o entre quien tiene un punto más o un punto menos en las encuestas de hogar. Además de ser un derecho, la educación superior universal es una inversión social, y como toda inversión, se debe saber qué estrategia se requiere. Eso explica el rol del Estado para establecer una regulación y asignar una intencionalidad a esa inversión social, que en este caso es una inversión pública, no un gasto. No es el mercado el que debe decir qué se debe hacer en educación superior, sino que debe existir una intencionalidad. Hay quienes se oponen a que la educación superior sea caracterizada como una inversión social. En su lugar defienden la idea de que el Estado simplemente asigne algunos recursos, establezca un marco muy amplio y que opere el mercado. La derecha, según ha argumentado acá, trata de establecer una dialéctica, una oposición entre la educación inicial y la educación superior. Dicen que no se puede hacer esto porque es injusto, porque es necesario enfocarse en los más chicos, en la primera infancia. Según su pensamiento, existiría una oposición entre quienes luchamos por el derecho a la educación en todas sus etapas -inicial, básica, media y superior y quienes piensan que los esfuerzos deben centrarse en la educación inicial. Todos los estudios indican que la etapa más importante en la educación es la primera infancia; pero lo que omiten intencionalmente quienes se oponen a los avances en educación superior es que los establecimientos educativos influyen en un porcentaje menor en la formación de los niños. Quienes influyen de manera más importante son los padres. Por eso, si los padres tienen educación superior, sus hijos obtendrán mejores resultados académicos y su formación se verá beneficiada. ¿Por qué no podemos invertir al mismo tiempo en educación inicial, cuyos resultados se verán a largo plazo, y en educación superior, favoreciendo la formación de profesionales que influirán positivamente en la educación de sus hijos? La derecha critica la gratuidad universal y, a la vez, critica que no se cumpla esa promesa. Estoy de acuerdo en que no se cumple la promesa de gratuidad universal, pero deben escoger una posición. Por un lado, dicen que su aplicación sería regresiva, y por el otro, que no se cumple la promesa de avanzar en gratuidad. Reitero: estoy de acuerdo en que no se cumple la promesa, porque se dijo que el año 2020 se iba a lograr la gratuidad universal, pero lo más probable es que recién la tengamos el 2070 o 2080 si el proyecto sigue tal cual, totalmente indefinido. A diferencia de quienes se oponen desde el conservadurismo y desde el libre mercado, quiero explicar algunas de las razones por las cuales creo que este proyecto es insuficiente, en muchas materias errado, y que va en la dirección contraria. ¿Por qué decimos que se necesita de una estrategia nacional que abarque todo el sistema y no solo el área técnico-profesional? Porque necesitamos que el sistema sea coherente. Hoy existen muchos cesantes ilustrados. Necesitamos apostar en innovación y para eso hay que tomar decisiones estratégicas; necesitamos diversificar nuestra economía y descentralizar el país. Por eso, se debe establecer una estrategia nacional para todo el sistema de educación superior. En ese sentido, le pedimos al Ejecutivo que ojalá en el Senado esto se cambie, porque lamentablemente aquí no se acogió la idea de que se aplicara a todo el sistema. ¿Si es importante para el área técnico-profesional, por qué no lo es para todo el sistema universitario? ¿Por qué educación pública? Lamentablemente, de este proyecto se sacó a las universidades estatales, y se las puso en un proyecto que nadie sabe si va a ver la luz. Es más, ahora se dice que lo van a traer de vuelta a la Cámara de Diputados. Se trata de un proyecto que ha sido criticado por las distintas organizaciones gremiales y por muchos rectores. Las comunidades educativas señalan que no da respuesta a las necesidades y no produce un cambio estructural. El gobierno no acepta ni asume que tiene una diferencia interna, pues hay quienes quieren educación pública y otros a los que no les importa. Finalmente, el proyecto en discusión se aprobará y el otro va a quedar entrampado o sin ningún tipo de músculo para fortalecer y hacer crecer la matrícula de la educación pública, tal como ocurre en la mayoría de países. ¿Por qué sin fines de lucro? Porque creemos que todo el sistema no debe tener fines de lucro y debe ser fiscalizable. Así de simple. Lamentablemente, este proyecto asocia este tema solo a los recursos públicos. Si bien estos corresponden a un gran porcentaje, como concepto no podemos seguir concibiendo que la educación tenga fines de lucro, porque estos elementos se contraponen completamente. ¿Por qué la autonomía? No creemos en la autonomía para desregular. La autonomía, que peligra en muchas otras partes, como concepto, desde el punto de vista universitario, tiene que ver con desafiar el conocimiento, que no exista ningún tipo de censura. Por eso es tan importante el autogobierno. Sin embargo, este proyecto no avanza significativamente en lo que es un autogobierno participativo por parte de los distintos estamentos. ¿Por qué un marco nacional de cualificación? Porque existe completo desorden en el sistema y en los distintos programas. Se engaña a los estudiantes -por distintos motivos respecto de cuáles son los planes y programas a disposición. Lamentablemente, eso solo se incorpora en un artículo transitorio y no en uno permanente, en régimen, para así tener una función en materia del marco nacional de cualificación. Es una operación de cómo debiese funcionar. ¿Por qué el conocimiento abierto? Porque el futuro también se juega en la economía del conocimiento. Acá pudimos haber avanzado muchísimo más; hay indicaciones que no alcanzamos a reponer. Es necesario discutir respecto de cómo se define la propiedad del conocimiento, si es social o individual. ¿Por qué sin deuda y por qué hay que rechazar la indicación de la Comisión de Hacienda? Porque nos tenemos que autoimponer, forzar u obligar a legislar. Quisimos poner esa indicación, porque con la del gobierno no se elimina el CAE. Vamos a rechazar la indicación de la Comisión de Hacienda para obligarnos a encontrar una solución distinta al CAE, que ojalá asegure el derecho a la educación. Finalmente, debo señalar que he pedido votación separada en relación con doce puntos. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente, solicito reunión de Comités sin suspensión de sesión. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión. Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, tristemente en nuestro país hemos visto cómo la educación superior, especialmente la universitaria, fue un privilegio de unos pocos, porque si bien hasta muy entrados los años 70 en nuestro país las universidades otorgaban estudios gratuitos, también eran extremadamente restrictivas. El carácter restrictivo de la educación superior en cierta forma fue solucionado, pero no desde una visión de Estado y con un objetivo claro, como sucede en sociedades avanzadas, como la finlandesa. En ese país el conocimiento fue atisbado como el derrotero a seguir para alcanzar el desarrollo, lo que generó un proceso que aunó a todas las fuerzas políticas en lo que se llamó “el consenso finlandés”. Hoy, a cuatro décadas de ello, todos sabemos lo que es la educación en Finlandia. A diferencia de lo ocurrido en Finlandia, en nuestro país la solución fue parcial. ¿Cómo se alcanzó esa solución? Con una visión economicista y oportunista de los privados, quienes vieron en los déficit de cobertura y altos requisitos de ingreso a las universidades estatales un nicho de mercado, dando la bienvenida a todos aquellos jóvenes que no podían acceder a las universidades del Estado. Así fue como proliferó el mercado de la educación superior, confundiendo libertad académica con libertinaje, lo que ha llevado a falsas promesas y engaño a los jóvenes. Esos engaños tuvieron su máxima expresión en la apertura de carreras sin ninguna expectativa laboral, como fue el triste caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y su carrera de Perito Criminalístico, que fue un verdadero fraude. La educación superior debe ser considerada un derecho, y, por tanto, la gratuidad es un aspecto ineludible. Al respecto, nuestro gobierno ha sido audaz y, vía Ley de Presupuestos, ha dado los primeros pasos en ese sentido. Hoy afianzamos ese camino mediante este proyecto de ley. La gratuidad debe guardar tras sí no solo el afán de no pagar, pues obviamente la educación tiene costos, a veces muy elevados, los que serán costeados por el Estado, es decir, por todos los chilenos. El sentido de la gratuidad es brindar oportunidades de desarrollo personal, pero en conexión con el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Esto quiere decir que no se agota en el puro interés del sujeto, sino que va más allá de eso. Debemos trascender la mirada estrecha de ver la educación superior como una inversión privada, en la cual, lamentablemente, jóvenes de escasos recursos, en la mayoría de los casos, ve la educación superior como una ilusión que nunca se concreta. En el contexto actual, muchas veces el título no vale nada. Es decir, el joven y su familia se endeudaron, pero a la postre sin recibir beneficio alguno, lo que lesiona no solo a ese estudiante y a su familia, sino también la fe pública depositada en la educación como vehículo de movilidad social. Entiendo la gratuidad como una relación entre los jóvenes y la sociedad, y el rol que debe cumplir el estudiante de educación superior en ella, es decir, un rol transformador, con mirada crítica, que vele por el interés común, que de esta forma construya una sociedad igualitaria, en cuanto a derechos, y diversa, en cuanto a su composición. Con miras a lo señalado anteriormente, el gobierno de la Nueva Mayoría, al que respaldo y apoyo y del cual formo parte, ha tomado las demandas estudiantiles, no solo las actuales, sino también las de larga data, hecho que se ha reflejado en que hoy, a pocos meses de terminar este periodo y tras recorrer un camino muy difícil, nos aprestamos a votar en particular este proyecto de ley que, sin duda, será un legado de nuestra Presidenta Michelle Bachelet. El proyecto aborda aspectos fundamentales en cuanto a resguardar la fe pública en la educación, al establecer altos estándares en cuanto a acreditación, lo que colaborará a que cada estudiante tenga la certeza de que, al ingresar a una institución de educación superior, esta cuente con las condiciones físicas e inmateriales acordes para brindar una educación de calidad. A su vez, se crea la Superintendencia de Educación Superior, con amplias facultades de fiscalización. También se establece, por ley, el financiamiento para la gratuidad de la educación superior, que deben recibir todos los estudiantes, por constituir un derecho. Se establece un catálogo de sanciones a las conductas lucrativas, castigadas con pena corporal, de manera que así se corrigen años de impunidad en los que se lucró y se contravino expresamente la ley y se jugó con las aspiraciones de miles de jóvenes, quienes muchas veces perdieron la oportunidad de estudiar debido a la avaricia de unos pocos controladores que vieron en la educación una fuente casi inagotable de recursos. Comparto plenamente el contenido del proyecto de ley, el que, a pesar de todos los reparos, constituye un salto cualitativo hacia un sistema de educación superior desarrollado, que contará con una correcta regulación y un sistema de admisión democrático e inclusivo, definiciones claras sobre lo que entendemos por universidad, educación técnica y los principios que la rigen, y así muchos otros aspectos que hacen que este proyecto de ley represente un verdadero acierto para avanzar y proyectar hacia el futuro una mejor educación superior, ligada y conectada con nuestra sociedad y con los desafíos de su desarrollo integral, social, democrático y con el perfeccionamiento absoluto de una sociedad que, en virtud de la educación, cumplirá un rol más humano y cercano a las aspiraciones de nuestro país. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra de Educación, quien ha escuchado pacientemente nuestras intervenciones. Quiero comenzar con un tema que me preocupa. Si bien hemos avanzado con este proyecto, hemos presentado indicaciones y lo hemos mejorado bastante, aunque no todo lo que hubiésemos querido, al menos hemos logrado mejorar algunos elementos importantes, a los cuales me voy a referir a continuación. Sin embargo, hay un tema pendiente relacionado con las universidades estatales. Ojalá que no nos pase lo que ocurrió con la educación básica y media, en que regulamos el sistema de educación privada, de la educación particular subvencionada, en el proyecto de inclusión, donde generamos un sistema para traspasarles recursos, acotar y ordenar el sistema particular subvencionado, pero todavía estamos a la espera del mejoramiento de la educación pública (NEP), cuyo proyecto todavía no logra salir del Senado. Por lo tanto, me preocupa lo que vaya a pasar con las universidades estatales, ya que ese proyecto debe ser tramitado por el Senado ahora. Y una vez que el Senado terminara con la NEP, íbamos a dar prioridad a la tramitación del proyecto de ley de educación superior estatal. Hoy se le ha dado prioridad a que este proyecto, que va a salir de la Cámara de Diputados, se trate en el Senado y, por lo tanto, estamos asegurando su aprobación; pero no así con el de las universidades estatales. Eso me preocupa -lo voy a dejar de manifiesto-, y no voy a votar en el tercer trámite si el proyecto de las estatales todavía no ha salido. Es un desafío pendiente. En este proyecto de ley, una de las materias que hemos empujado es que el sistema de educación superior no se desarrolle en una lógica de mercado. Y esa lógica de mercado hoy día tiene muchas aristas: tiene que ver con la competencia, con que el sistema ha permitido, desde hace muchos años, el lucro en la educación y que se acrediten instituciones que no deberían haberse acreditado. Otro de los elementos importantes ha sido la publicidad. Y aquí quiero llamar la atención de la Sala, porque en la comisión presentamos una indicación -que lamentablemente se rechazó, pero que hoy estamos reponiendo-, que tiene relación con el gasto en publicidad. Además, quiero agradecer a don Carlos Wörner, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien conversé, quien junto a don Pedro Santander desarrolló un estudio sobre publicidad en educación superior y plantearon que es un monstruo, por el gasto enorme que realizan las instituciones en este rubro. Ellos dividieron las instituciones en varios grupos. El séptimo grupo, que tiene menor nivel de acreditación y de calidad, es el que más gasta en publicidad. Este grupo llega a gastar el 20 por ciento de todo su presupuesto anual solo en publicidad, y ese gasto puede superar los 9 millones de dólares anuales. Y no se distingue si el recurso es de la institución o son recursos públicos. Claramente, se trata de recursos públicos, que es su componente más importante, sobre todo de las privadas, porque viene del CAE. Y como muestra, quiero entregar un botón: la universidad del Inacap gastó 7.372 millones de pesos en publicidad en el 2015, y esto representa nada menos que el 57,6 por ciento del CAE. Es decir, más de la mitad de los recursos provenientes del crédito con aval del Estado se gasta en publicidad. Eso me parece indecente. Ayer, en la reunión de nuestra bancada, la ministra de Educación nos dijo que este proyecto pretende devolverle la decencia al sistema. Pues bien, con el gasto en publicidad que hoy se está permitiendo, este sistema no va a lograr esa decencia a la que aspira la ministra. Por lo tanto, vamos a reponer que exista un límite y que este sea el 1 por ciento del ingreso por arancel. Es importante que aprobemos esta indicación, porque la publicidad es uno de los elementos que hace que las instituciones sigan desarrollándose en una lógica de mercado y de competencia, que es lo que queremos terminar. Ese es un primer punto. El otro aspecto sobre el que quiero llamar la atención es que se avanza respecto de la acreditación, porque efectivamente se propone un sistema un poco más exigente que el que teníamos. Pretendemos terminar con las acreditaciones truchas, de las cuales hemos sido testigos durante muchos años, en que hemos visto acreditaciones por uno o dos años. A pesar de todo lo que hemos vivido, el sistema todavía no logra su objetivo. De hecho, la CNA, incluso con todos los cambios que ha tenido, hace poco tiempo acreditó a la Universidad Iberoamericana, y dos meses después esta institución se declaró en quiebra, aunque había sido acreditada por la CNA. Efectivamente, este sistema requiere de mucha exigencia y de muchos cambios. Gracias al apoyo de los parlamentarios de la comisión logramos aprobar la acreditación obligatoria de todas las carreras relacionadas con el área de la Salud. El Código Sanitario sitúa en el mismo nivel a todas las profesiones del área, es decir, tienen la misma importancia. Si la carrera de Medicina tiene acreditación obligatoria, las universidades deben acreditar todas las carreras del área de la Salud. Espero que esa obligación no se cambie cuando el proyecto se tramite en el Senado. Quiero dar tranquilidad a don Jaime Acuña, Presidente del Colegio de Odontólogos de Chile, muy preocupado por la acreditación de la carrera de Odontología, quien manifestó en la comisión que es una de las carreras con las que más lucran las instituciones de educación superior porque es una de las más caras. En la Comisión de Educación se eliminó la acreditación por tres años -la acreditación se otorga solo por cuatro, cinco o seis años-, pero creo que todavía ello es insuficiente. Presentamos una indicación para que las instituciones que tienen cuatro años sigan un proceso de mejoramiento y se acrediten en cinco o seis años para tener así un buen sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. La última de las cinco dimensiones de la acreditación es la investigación, la innovación y la creación del conocimiento. Esa dimensión es importante porque permite resolver temas que hoy no se están abordando. Por ejemplo, en el sistema educacional tenemos una gran cantidad de niños medicados por trastorno de déficit atencional. Varias universidades, como la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, están investigando el tema porque preocupa a los científicos, quienes señalan un sobre diagnóstico y, a consecuencia de ello, una sobr emedicación de nuestros niños. Los médicos Francisco Aboitiz y la doctora Ximena Carrasco están investigando ese déficit. Plantean que el estrés, favorecido por la situación de pobreza, la presión durante el embarazo, la formación y el desarrollo neurológico, está afectando a nuestros niños. Esas investigaciones y esa creación de conocimiento nos harán reaccionar frente a flagelos como el descrito. Por eso, presentamos una indicación para que las instituciones que no logren la acreditación en investigación, la innovación y la creación del conocimiento no sean declaradas universidades y tomen el nombre de institutos de docencia de educación superior. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann. La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, estamos revisando el proyecto más importante de este gobierno en materia de educación superior. Se suponía que el debate se había postergado el tiempo suficiente para que el Ejecutivo se hiciera cargo de la promesa de perfeccionar el sistema. Pero sesión tras sesión, en la Comisión de Educación nos percatamos de que el proyecto adolecía de los mismos defectos que el resto de las reformas presentadas por el gobierno: se trataba de una normativa hecha a la rápida, retrasada, sin una consistencia mínima que permitiera hablar de un verdadero nuevo sistema. Señor Presidente, se sigue improvisando y tramitando a la carrera. Parece que no van a aprender nunca. Quieren que volvamos a votar y a aprobar un proyecto emblemático que viene mal redactado y peor tramitado. Lo más triste es que muchos diputados votarán a favor para volver a competir en sus distritos, volver a verle la cara a los electores y decirles que cumplieron, aunque este proyecto esté lejos de lo prometido. Lo único honesto sería decirles que se hace lo que se puede, porque lo prometido no se va a lograr. La frustración de miles de estudiantes y sus familias será el precio a pagar para ahorrarle al gobierno de la Nueva Mayoría la vergüenza de reconocer que no va a cumplir. Eso es lo único claro en este proyecto: no van a cumplir. Solo basta revisar, por ejemplo, que el proyecto sobre la Superintendencia de Educación Superior, que debería haber estado operando desde hace años, fue congelado por este gobierno por el solo hecho de llevar la firma del entonces Presidente Piñera. Haberlo tramitado nos habría ahorrado grandes dolores de cabeza, como el ocurrido con la Universidad Arcis. En este debate, ¿cuál es la verdad que está detrás? ¿Se puede avanzar en algo grande cuando el debate y el trabajo legislativo del Mineduc nos han tenido permanentemente en la trinchera ideológica? A mí, por lo menos, me parece que no. ¿A nadie le llama la atención que solo el lobby del Mineduc presiona por aprobar este engendro de proyecto, lleno de parches, que apunta en sentido contrario respecto de hacia donde va todo el mundo? No hay ningún actor de la educación superior que haya defendido este proyecto ni definido como algo bueno. ¿Es justo que frente a los estudiantes de hoy, y a los que vendrán en el futuro, cerremos los ojos nuevamente frente a la obligación de corregir y mejorar el sistema? ¿Es justo que votemos sin pensar? ¿Cómo puede ser bueno un proyecto que eterniza la discriminación entre estudiantes de igual necesidad, basándose en la propiedad de la institución que eligen para estudiar? No se logra entender que es el alumno quien tiene derecho a elegir libremente, sin ver amenazadas sus posibilidades por no contar con las ayudas estudiantiles a las que por su condición tiene derecho. En este proyecto se desconfía permanentemente de la iniciativa privada en educación y, al mismo tiempo, se confía ciegamente en las instituciones estatales, haciendo caso omiso tanto de la evidencia existente al respecto, como de las decisiones de los estudiantes, que eligen, en su mayoría, educarse en instituciones privadas. Una vez más se encierra en el prejuicio y se renuncia a validar la realidad de nuestro sistema de educación superior. Faltó diálogo y ganas de escuchar, pero sobre todo voluntad de consenso para construir un nuevo sistema que acoja las distintas y legítimas miradas que hoy existen en nuestro país sobre la educación superior. No ha existido en el gobierno capacidad de alcanzar acuerdos y de hacer de este proyecto una política pública de Estado. Lo lamento de verdad, porque los chilenos, las universidades, los institutos y el propio Congreso Nacional pierden la posibilidad de legitimación que se alcanza gracias a buenos proyectos que realmente generan un aporte. Ya que no reconocen que no han cumplido, si deciden aprobar el proyecto empujados por la lealtad, tal como vimos la semana pasada en la Comisión Investigadora del Sename, pido a los parlamentarios que tengan, al menos, el pudor de no dar grandes discursos en los que anuncien cambios históricos que saben que este proyecto no va a producir. De hecho, por algo los rectores de las universidades estatales exigieron y lograron que los cambios respecto de sus universidades se tramitaran en un proyecto separado, porque no quisieron sentirse parte ni menos verse sometidos a esta mala reforma. La próxima semana se realizará una sesión especial, a la cual están invitados padres, apoderados y sostenedores de colegios, para corregir otra mala reforma que aprobamos: la ley de inclusión. Lamentablemente, con este proyecto va a ocurrir exactamente lo mismo. Actualmente, el gobierno no sabe cuántos colegios van a cerrar, no sabe cuántos colegios pasarán a ser particulares pagados ni sabe si la matrícula pública será capaz de absorber a los alumnos de los colegios que pasen a esa condición. Me parece lamentable, porque en seis meses más o en un año más vamos a estar corrigiendo de igual manera este proyecto sobre educación superior. Hablando de malos proyectos, quiero hacer referencia a otra mentira del gobierno. Me refiero a los centros de formación técnica. Se van a crear quince centros de formación técnica estatales, pero, hasta ahora, se han negado los recursos para seguir avanzando en su implementación. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la señora ministra que esta mañana me reuní con el rector de la Universidad de Playa Ancha, entidad que se hará cargo del centro de formación técnica estatal en la Quinta Región, que tendrá sede en San Antonio y en Los Andes, quien me hizo presente que tienen el diseño listo al 30 de noviembre, pero que durante los últimos siete meses no han recibido la transferencia de recursos correspondientes a la primera parte para iniciar la construcción del CFT. ¡Es pura negligencia, señora ministra! Ello traerá consigo el dolor de tener que decir a las familias de San Antonio que no tendrán su centro de formación técnica funcionando el próximo año. Todas las reformas han sido promesas incumplidas. Por eso, vamos a rechazar gran parte de esta reforma, que lo único que hace es discriminar a los estudiantes, dar más poder al burócrata de turno, pero no hacerse cargo, en verdad, de los problemas del sistema. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, señora ministra, estimados colegas, para mí es muy grato intervenir respecto de este proyecto de ley, que busca una educación superior de calidad y que exista, por lo menos, el compromiso de que sea gratuita. Tuve la oportunidad de estudiar, tanto en la educación escolar como en la universitaria, de manera gratuita. Ello permitió que los profesionales que egresábamos de las universidades tuviéramos un claro compromiso social. Por eso es tan importante este proyecto. La educación superior debe formar parte de la educación integral, que se inicia con la educación prebásica y básica. Quiero recordar algunas situaciones que me parecen importantes. Desde que se retornó a la democracia, todas las modificaciones legales que se han hecho en materia de educación han sido respecto de la LOCE. Cuando fui gobernador, la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (Funaco) se transformó en la fundación Integra, con el objeto de preocuparse de la baja cobertura de educación prebásica en los sectores más vulnerables. Posteriormente, en 1999, cuando se hizo la reforma constitucional que establecía que el Estado promoverá la educación parvularia, me abstuve en la votación y señalé que, si bien dicha reforma era un avance, me parecía insuficiente. Finalmente, en 2007, mediante una nueva reforma, se estableció que el Estado debe hacerse responsable de la educación parvularia. En relación con el proyecto en discusión, con el cual estoy contento y espero que sea aprobado, me parece que no satisface todas las necesidades y aspiraciones del país. En efecto, hay materias que quedarán pendientes, como las relativas a la estructura de las universidades, a sus principios fundantes y a cuáles serán los criterios de identidad. A partir del debate habido en la Sala, queda claramente establecido que no hemos logrado llegar a un acuerdo sobre cuál es la sociedad que queremos construir. Aún quedan pendientes resabios de la Constitución dictatorial. Es necesario que la iniciativa sobre fortalecimiento de las universidades del Estado sea aprobada, porque está íntimamente ligada con este proyecto sobre educación superior. En este sentido, me parece que los esfuerzos que hemos realizado son parciales, ya que quedaron temas pendientes, como que se haya antepuesto la libertad de enseñanza a la calidad de la educación, o que, en nombre de la autonomía, se plantee que no haya límites, que no haya control. En materia económica, piden que con recursos públicos se financien instituciones que no siguen las políticas del Estado y que en su administración se preocupan más de los intereses de sus propietarios o controladores que de los de la comunidad escolar. No obstante, nos parece que este proyecto de ley contiene avances importantes, lo que nos alegra, como la gradualidad, materia respecto de la cual la ministra y el resto del gobierno han sido muy claros. Chile está cumpliendo el compromiso que adquirió al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. También me parece importante la nueva institucionalidad que se propone para la educación superior y el perfeccionamiento de la acreditación, que se basará en principios más objetivos y confiables. Pienso que este conjunto de medidas nos permitirá contar con educación superior de calidad. Lo que me parece más importante -lo señalé al iniciar mi intervención es el compromiso en cuanto a que el Estado se haga responsable de la educación superior. También considero fundamental asegurar la gratuidad para los sectores más vulnerables, lo que se logrará mediante su inclusión como gasto permanente, no en una glosa presupuestaria, como se ha hecho hasta ahora. Esos son principios fundamentales para que haya educación superior de calidad para todas las personas. Es un derecho al que todos nuestros jóvenes deben tener acceso, para que, de esa forma, podamos contar con profesionales comprometidos con nuestra sociedad y construir una sociedad más justa y equitativa. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Rojo Edwards. El señor EDWARDS.- Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra y a la subsecretaria de Educación, quienes han trabajado mucho en este proyecto. Independientemente de que estemos en las antípodas respecto de lo que se está haciendo, reconozco su esfuerzo, sin perjuicio de lo cual me gustaría que el gobierno reconociera que con este proyecto de ley están sepultando la gratuidad que prometieron. Según comprometió el gobierno en su programa, a estas alturas ya deberíamos tener gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes, y el ciento por ciento debería alcanzarse en seis años más. Sin embargo, lo que hoy aprobarán con entusiasmo -repito las palabras de los parlamentarios de la Nueva Mayoría es que si y solo si el país crece al 3 por ciento -este año creceremos la mitad de eso-, habrá gratuidad total en 2076; pero si crecemos al 1,5 por ciento o al 1,7 por ciento, como ahora, alcanzaremos la gratuidad total muchos años después. Por tanto, sería bueno que reconocieran que no habrá gratuidad para todos y que no se cumplirá lo prometido. En ese sentido, me llamó la atención el hecho de que en una entrevista concedida hace algunos días a CNN, la Presidenta Bachelet dijera que ella cumple sus compromisos, porque en esta materia eso no ha ocurrido. En todo caso, siempre supimos que esa era una promesa populista y demagógica. Lamento que aún no se haya mencionado que no solo no hemos llegado con gratuidad al 50 por ciento de los estudiantes, como establece la ley, sino que apenas hemos llegado al 22 por ciento, o algo así. Como aún no se reconoce que esa promesa no fue más que populismo y demagogia, simplemente son contumaces. Señor Presidente, vamos comparando lo que nos prometieron y lo que realmente ha ocurrido. Cuando discutimos la reforma tributaria, se nos trató de mentirosos porque dijimos que afectaría el crecimiento, la inversión y a la clase media. Hoy el país está estancado, crecerá solo 1,5 por ciento. Quiero decirles a todos los señores diputados que por el hecho de crecer 1,5 por ciento y no 5,5 por ciento, como sucedía hace algún tiempo, este año el país perderá 10,5 billones de dólares, y si le sumamos lo que ha sucedido durante los cuatro años del actual gobierno, estamos hablando de algo así como 70 billones de dólares. Perderemos esos recursos solo por el hecho de que la reforma tributaria, entre otras causas, hizo que bajara nuestro nivel de crecimiento. Algo similar pasa con el empleo. ¿Qué tipo de puestos de empleo se han creado en este período? El 70 por ciento de los pocos puestos de trabajo que se han creado son de calle. ¡Eso es lo que provocó la reforma tributaria! En cuanto a la reforma escolar, que juraron que estaba bien hecha, tuvieron que parcharla a través de la ley miscelánea. Dijeron que no habría cierre de colegios, pero hoy, no obstante que aún no llega la fecha límite, que es el 31 de diciembre -convenientemente después de la elección presidencial-, 55.000 estudiantes no saben si su colegio será subvencionado o particular pagado, y, en consecuencia, si su matrícula costará 60.000, 70.000, 180.000 o 220.000 pesos. ¿Qué pasó con la calidad en la educación pública? Todavía no sale el proyecto de ley de desmunicipalización. ¡Miren lo que ha pasado con la ley de inclusión, y lo que ocurrió con el Instituto Nacional y con otros liceos emblemáticos por la forma en que se manejan estos asuntos! ¿Dónde está la calidad? Por primera vez, el Instituto Nacional no está entre los cien mejores colegios del país. ¿Qué hace el gobierno al respecto? La verdad, bastante poco. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Dijeron que no afectaría el empleo, pero ahí están las cifras de desempleo; véanlas. La verdad es que nos han dicho que las reformas que ha impulsado el gobierno no tenían defectos, pero no es así. Lo cierto es que no son reformas que digan lo que quieren hacer, sino que son reformas ideológicas. Chile pasó de ser, hace cuatro o cinco años, un país admirado a nivel mundial en prácticamente todas las variables, a ser un país mediocre, como el de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. La reforma a la educación superior tampoco logrará los objetivos declarados, porque la verdad es que este no es un proyecto para mejorar la calidad o las condiciones en las que se enseña a los estudiantes; es un proyecto de poder. Digamos las cosas como son: se saca poder desde la sociedad y se le entrega al gobierno de turno, a costa de todos, a costa de la calidad. Es un proyecto que propone menos sociedad y más elitismo. Es impresionante ver cómo algunos parlamentarios rememoran que estudiaron gratis. ¡Sí, estudiaron gratis, pero cuando había menos de 100.000 estudiantes en la educación superior! Por periodo había 2 o 3 por ciento de cobertura, en tanto que hoy tenemos casi 60 por ciento de cobertura. La universidad se democratizó, pero ellos rememoran que había “universidad gratis” cuando solo la elite podía estudiar. En verdad, esto no apunta a que haya más cobertura y a mejorar la calidad, sino que es un proyecto de poder, un proyecto de control socialista sobre la educación superior. Yendo a lo particular, me referiré a algunas de las votaciones separadas que solicitamos. Partiré por la definición. El artículo 1 del proyecto de ley señala que se debe orientar y tener como base la transformación, así como la gestión de un devenir común y el desarrollo de una identidad local y planetaria de la conciencia y de la responsabilidad compartida. Más allá de lo ridículo que es el que la definición de universidad contemple la obligación de fomentar una identidad planetaria, están limitando la posibilidad de que las universidades busquen su verdad como consideren pertinente. Si existe una universidad que no quiere enfocarse en una identidad medioambiental, bueno, que lo haga a través de una identidad humanista, y si es confesional, que tenga la posibilidad de decir: “¿Saben qué? Quiero buscar la verdad conociendo la fuente de la verdad.”. Es el caso, por ejemplo, de las universidades católicas. Acá eso no se permite. Se empiezan a cerrar todas las posibilidades de que las universidades tengan libertad para definirse como estimen conveniente. Fíjense ahora en lo que dispone el artículo 2, que contiene la definición de autonomía, para que vean que aquí no hay interés por la autonomía. Dicho artículo establece: “las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, provenientes de controladores o entes externos a la misma,”. Señor Presidente, ¿qué pasa si grupos de poder internos se toman la universidad, como sucede en muchos establecimientos estatales que han dejado de ser las universidades de todos? Muchas universidades estatales han sido tomadas por grupos de académicos de izquierda, por lo que ya no representan a la sociedad. ¿Qué pasa si hay control interno? Por cierto, eso no figura en el proyecto, porque no les interesa la autonomía, sino hacer un rasguño a instituciones como la Universidad Católica o a otras que tienen directivos de oposición; lo que importa es mantener el poder que tienen en las universidades estatales. Digamos las cosas como son. No me referiré a todas las normas que consideramos que tienen problemas, sino que mencionaré, por la vía ejemplar, el artículo 3, con el objeto de que las personas que nos están escuchando sepan lo que viene en el proyecto. Dice: “Las universidades son instituciones de educación superior…”. “Estas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.”. Solo 13 de las 65 universidades que hay en Chile cumplen con todo esto, pero en la iniciativa se considera que las universidades tienen que ser solamente para la elite. Hay 380.000 estudiantes de educación superior que están en universidades con acreditación de menos de cuatro años y 250.000 estudiantes de educación superior que están en universidades no acreditadas en vinculación con el medio ni en investigación. ¿Qué va a pasar con estas últimas? ¿Les van a quitar el reconocimiento de universidades? O sea, solo son universidades las que realizan investigación y que son del tipo “humboldtiano”, tremendamente complejas. De esas hay solamente dos en Chile, o, con suerte, tres. Pero existen 13 con acreditación. ¿Van a relajar la forma de acreditación para que el resto pueda ser universidad? En verdad, aquí también se muestra el elitismo con que se está haciendo esta reforma, porque rememora la universidad gratis que existió cuando solo el 3 o el 4 por ciento de los estudiantes iba a la universidad. Ahora piden que todas las universidades sean complejas, como la Universidad Católica o la Universidad de Chile; pero, ¿qué hacemos con el resto? El 95 por ciento de las universidades del mundo son puramente docentes y el 5 por ciento son complejas; pero en Chile miramos en menos a las universidades que son solamente docentes, por lo que las eliminamos. Se trata de una visión de universidad del siglo XIX. ¿Dónde está la flexibilidad para que las universidades puedan desarrollarse en distintas áreas del conocimiento, sin las trabas de estas definiciones; que puedan hacer programas semipresenciales, online, etcétera? Todo se tendrá que realizar con el permiso de la subsecretaría. Señor Presidente, el artículo 6 dispone: “Créase la Subsecretaría de Educación Superior…”. Nosotros hemos pedido votación separada de este artículo, no porque creamos que no debe existir una subsecretaría; tiene que haberla. Pero analicemos qué tipo de subsecretaría estamos creando. La Subsecretaría de Educación va a determinar quién entra a las universidades, cuántos cupos puede ofrecer cada universidad en cada carrera, cuánto pueden cobrar. A través de la superintendencia les pueden fijar el P por Q, pueden revisar la viabilidad financiera, podrán meter preso a todo directivo sin que esté definido el tipo penal en la ley y, a través de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) van a determinar qué sedes, qué carreras y qué planes de mejoras se pueden realizar. Este no es un proyecto sobre calidad, sino sobre control estatal. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores. El señor FLORES.- Señor Presidente, no tengo ninguna duda de que el proyecto hace justicia a lo que miles de familias sueñan respecto de las oportunidades de progreso personal y familiar para sus hijos o nietos. Por primera vez estamos enfrentando una decisión que permitirá el ingreso de cientos de miles de jóvenes que no tenían otra opción que el mercado laboral duro, aun teniendo la capacidad personal para avanzar en el mundo profesional, en el de la investigación o en el de la innovación de primera línea. Señor Presidente, debo decir con claridad que apoyo el proyecto, pese a que no es perfecto, que ha costado contextualizarlo y concretarlo, y que le faltan importantes contenidos, como el ajuste transitorio de los aranceles para el séptimo al noveno deciles, o sea, para las familias de clase media. Hubiese sido más que una buena señal haber hecho una clara propuesta en apoyo concreto a esas familias de clase media, como congelar y compensar los aranceles para ellos; pero eso no ocurrió. Ya dije que apoyaré el proyecto claramente y sin titubeos, pero siempre y cuando -aquí me voy a manifestar como un regionalista a los asesores del ministerio no se les olvide, como ocurre cada año en la discusión presupuestaria, que hay instituciones emblemáticas, productivas, eficientes y de enorme trascendencia para las macrozonas o macrorregiones del sur de Chile. Esto no es banal, no es trivial. Pareciera que a algunos asesores se les olvida que existen esas instituciones y que son muy principales, fundamentales y activas en la vida social, cultural, económica y en lo más profundo de su identidad regional. Me refiero a tres de las ocho universidades originales y con más historia y prestigio en Chile: la Universidad Federico Santa María, que tiene 86 años de exitosa trayectoria; la Universidad de Concepción, que tiene 97 años, y mi Universidad Austral de Chile, que cuenta con más 63 años. ¿Quién podría, entonces, poner en duda que esas tres universidades han sido pivote indiscutible en el despegue productivo y social del territorio centro-sur de Chile? En el proyecto se les ha olvidado o no se les ha considerado plena o claramente. Esas tres universidades nacieron exclusivamente por la necesidad de brindar educación superior en regiones, donde solamente se podía hacer a través de la Universidad de Chile. Estoy hablando de la visión país. En ese momento en que la ley solo permitía que la Universidad de Chile impartiera educación superior, las regiones optaron por un camino propio, por buscar instituciones con mayor identidad y con mayor compromiso con las regiones. La última ley en referirse en forma expresa a esas universidades, el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, dispone en su artículo 109 lo siguiente: “Las universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y las universidades e institutos profesionales que se derivaron de ellas y las sucesoras de algunas de ellas, mantendrán su carácter de tales y conservarán su plena autonomía.”. Lo que pasó en esa fecha fue que las universidades que no eran la Universidad de Chile, se organizaron jurídicamente como personas de derecho privado sin fines de lucro, lo que revalidó el decreto con fuerza y la ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Educación. El párrafo 7° del proyecto de ley en discusión es aplicable a todas las universidades creadas con posterioridad a 1981, ya que por disposición legal, todas ellas debían constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. En consecuencia, es aplicable a las universidades de Concepción, Austral de Chile y Técnica Federico Santa María, ya que esas tres instituciones están constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, porque así lo permitía la ley cuando se crearon, aun cuando en los hechos han estado actuando como universidades públicas. Sin embargo, ese mismo párrafo no se aplica a las universidades católicas constituidas como corporaciones de derecho público, respetando plenamente su autonomía. De acuerdo con lo anterior, la normativa que se propone genera los siguientes problemas: Primero, obliga a nuestras universidades a modificar la organización y la forma de control y de participación de la comunidad. Se trata de universidades regionales cuyo patrimonio, en buena parte, viene de donaciones y de aportes de la comunidad organizada, sean estas personas naturales o jurídicas. Las asambleas son el reflejo de la comunidad local, pues participan los colegios profesionales, las corporaciones, la comunidad en general. Pero no les corresponde tomar decisiones relacionadas con el patrimonio ni participar de las utilidades, si las hubiere. Segundo, obliga a las universidades a modificar la forma de gobierno interno, pues se indica que debe existir un organismo colegiado superior que tendrá atribuciones en materia financiera, académica y estratégica. En las tres universidades que he mencionado, y como es habitual en las universidades tradicionales, las atribuciones financieras están separadas de las académicas, y en ambos casos existen organismos colegiados superiores en sus respectivos ámbitos. En el caso de la Universidad Austral, mi universidad, existen tres mecanismos de control: el consejo académico, el directorio y el consejo superior. Los problemas antes descritos impiden que estas universidades mantengan una organización de acuerdo a sus propios fines, a la libertad de enseñanza y al derecho de asociación. En resumen, solicito al Ministerio de Educación, hoy representado por la ministra y la subsecretaria, que, tal como se ha hecho cada vez que discutimos la Ley de Presupuestos, se corrija ese solo párrafo para que se exceptúe a aquellas universidades creadas antes de 1981. Esa sola modificación puede corregir un grave error, que puede traer caras consecuencias no solo para las tres universidades mencionadas, sino para las regiones del centro-sur del país. Lo que le pase a las universidades, y, en mi caso, lo que le suceda a la Universidad Austral, le va a pasar a toda la Región de Los Ríos, porque es la institución más importante de la región en términos de movilidad económica y de empleo, y, por cierto, es lejos la más importante en lo que respecta a la formación de capital humano para el desarrollo de nuestra región. Así fue creada en 1954: una universidad del sur para el país y para el mundo. Señor Presidente, voy a apoyar el proyecto, pero si no se corrige el párrafo que he mencionado, anuncio mi voto en contra. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señor Presidente, a veces se escuchan cosas insólitas en la Sala. Un diputado de derecha acusó que este proyecto tiene fines electorales; pero es el mismo diputado que, con fines electorales, cambió su nombre y ahora se llama “Rojo”. Él dijo, entre otras cosas, una cuestión que me parece importante mencionar: que grupos de académicos de izquierda se toman las universidades. No sé si el diputado Rojo se cree McCarthy y siente que está en una persecución, por lo que sería bueno que señalara explícitamente a qué universidades se refiere. Sería bueno que este diputado explicara qué grupos de académicos de izquierda se toman las universidades. Lo que él dice me parece una falta de respeto profunda a académicos que, muchas veces en condiciones precarias, desarrollan la labor de crear conocimiento en las universidades estatales. Entrando en materia, después de décadas de experimentos neoliberales con nuestra educación, las chilenas y los chilenos hemos dicho basta. Es bueno recordar por qué estamos discutiendo este proyecto. El origen está en las movilizaciones estudiantiles, en las que no solo participaron los estudiantes, sino también sus familias y diferentes organizaciones de trabajadores y académicos. Exigíamos una educación para una vida digna, una educación que respondiera no solo a nuestros anhelos personales, sino que aportara a la construcción de un país para todos y todas. La pregunta que debemos hacernos en el marco de este debate es: ¿Hemos avanzado en esa dirección? ¿Hemos avanzado hacia la necesaria y legítima demanda por una educación por la libertad y por la dignidad de nuestras vidas? Finalmente, eso es lo que nos tiene sentados aquí. Ante esa exigencia, levantada por el movimiento estudiantil con sus organizaciones de base y manifestada en marchas y discusiones, el gobierno prometió incorporar como parte de su programa una reforma educacional profunda. Lamentablemente, no dimos el ancho; en particular, el gobierno no dio el ancho. Digo esto con total responsabilidad, por haber participado en esas movilizaciones y en las discusiones que les dieron origen. No fuimos capaces de estar a la altura de una de las reformas más importantes de los últimos años, una de las más esperadas, y en la que el movimiento estudiantil debería haber tenido un rol protagónico. En primer lugar, más allá de la buena voluntad de la actual ministra, me parece evidente la irresponsabilidad política con la que se tramitó esta reforma. En julio de 2016, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de reforma a la educación superior; pero antes de hacerlo, se postergó diez veces su envío, y la iniciativa estuvo paralizada por más de ocho meses. Para colmo se separó lo relativo a las universidades estatales del resto del proyecto, lo que, desde nuestra perspectiva, afecta una modificación integral al sistema. Asimismo, con más de la mitad del proyecto por discutir, se obligó a la Comisión de Educación a realizar en veinticuatro horas un debate que ha durado más de veinte años. De eso pueden dar cuenta los miembros de la Comisión de Educación. En ningún lugar del mundo en que se pretenda avanzar seriamente en una materia de tanta importancia se permitiría un procedimiento de tales características. En segundo lugar, nuevamente se construye una reforma sin considerar a los actores sociales que la hicieron posible. Al respecto, puede haber muchas explicaciones, pero lo cierto es que el movimiento estudiantil, seria y responsablemente, presentó indicaciones, las que, en su gran mayoría, no fueron acogidas. Desde el Frente Amplio aprobamos la idea de legislar, en particular las normas de quorum constitucional, con el objetivo de que ese diálogo se diera; sin embargo, aun así, desde nuestro punto de vista los nudos críticos denunciados por la Confech siguen sin ser abordados en la reforma. Finalmente, lo más grave de todo es que el proyecto no ofrece una orientación clara que permita una salida del modelo de mercado que tenemos en Chile. El movimiento estudiantil -recalco la importancia que ha tenido para que hoy estemos discutiendo esto-, el Frente Amplio y diferentes actores sociales consideran que el problema central de nuestra educación superior es la inexistencia de un sistema público coordinado y colaborativo, que sea el eje promotor de la calidad y la equidad del sistema, lo que permitiría a la sociedad chilena avanzar hacia un modelo de desarrollo diferente del actual. Cuando hablamos de educación, no nos referimos solo a índices, sino principalmente al modelo de desarrollo que vamos a tener en Chile. Hoy, el sistema privado -masivo y lucrativo es el que conduce los destinos del sistema de educación superior chileno. Esta reforma -en este proyecto y también en el de las universidades estatales, que discutiremos más adelante cambia un poco el rumbo de la situación. Además, sumado a lo anterior, el proyecto en discusión no toca cuatro pilares que nos parecen centrales para erradicar el neoliberalismo de la educación superior: En primer lugar, sigue considerando el endeudamiento de las familias como un pilar central del financiamiento del sistema. En un penoso episodio, la Comisión de Hacienda se cuadró con el gobierno para reponer el CAE. Lo lamento profundamente, porque la ministra de Educación se había comprometido explícitamente a eliminarlo; pero, reitero, la Comisión de Hacienda decidió reponer el CAE. Si vamos a tomarnos en serio la gratuidad universal -ya se ha hablado de lo postergada que está-, entonces debemos tener mecanismos de financiamiento y ayuda estudiantil que se condigan con el principio de solidaridad y universalidad tras la idea de la gratuidad. Queremos que se financie un sistema, y no instituciones aisladas que hagan lo que quieran; que se financie un proyecto que haga sentido al país y a sus diferentes comunidades, y no que se responda a los designios de conglomerados económicos o del gobiernos de turno, como funcionó el CAE con los bancos durante mucho tiempo. En segundo término, este proyecto no toca el modelo gerencialista de gobernanza interna de la gran mayoría de las instituciones de educación superior, en particular en muchas universidades privadas, donde incluso se prohíbe y se persigue la organización de los estudiantes, lo que es muy grave. En tercer lugar, no considera la precarización laboral de los trabajadores de la educación, tanto en el sector público como en el privado, lo que nos preocupa profundamente. En cuarto lugar, sigue siendo una respuesta contundente a la separación radical entre docencia e investigación en el sistema. Un ejemplo de todo esto, a propósito de situaciones particulares, es el caso de la universidad estatal más austral del mundo, la Universidad de Magallanes, que se encuentra sometida a un ritmo de financiamiento que es impresentable e insostenible. Amplía sus pregrados y abre carreras nuevas para tratar de captar recursos vía aranceles, sin importar las necesidades de la región, lo que debilita todas las funciones necesarias de una universidad pública. Pero lo hace no porque quiera hacerlo de esta manera, sino porque se le impide cumplir con su tarea central, que es ser núcleo científico de desarrollo y de investigación, producto del sistema de autofinanciamiento al que ha sido empujada y que el actual proyecto y el de estatales tampoco aborda. Hoy, para dar un ejemplo, en la Universidad de Magallanes boletean dos de cada tres trabajadores. Y de todas las asignaturas que tienen sus carreras, más de 60 por ciento de ellas es dictada por un/a docente a honorarios. ¿Cómo es posible planificar o armar proyectos de largo plazo con puro personal transitorio? Tanto los y las estudiantes como sus propios directivos, comprenden que la posibilidad de desarrollar una casa de educación superior integral está hipotecada con los actuales mecanismos de financiamiento y de gestión. La gratuidad que pensó este gobierno, incluso, la dejó en una situación más vulnerable y en continua competencia con otras instituciones privadas, cuya matrícula ha crecido exponencialmente en la Región de Magallanes. Nos preguntamos por qué para este gobierno es idéntico otorgar gratuidad a instituciones privadas y a instituciones como la Universidad de Magallanes. Eso no se sostiene. La ausencia de un sistema nacional de educación pública es grave y determina gran parte del resto de los problemas. Es por ello que, a pesar de que este proyecto de ley contiene elementos positivos -y lo reconocemos-, no tiene una orientación clara del tipo de sistema que desea. Por lo tanto, es complejo que la educación superior chilena esté algún día a la altura de lo que se espera de ella. Dentro de las cosas positivas que reconocemos está la creación de una superintendencia de educación superior, con facultades de fiscalización, y de la subsecretaría, que aporten una mejor coordinación del sistema. Esperamos que estas instituciones realmente se aboquen a cumplir estos objetivos, particularmente investigar y sancionar a las instituciones privadas que han hecho un negocio con los sueños de las familias chilenas. Habrá que esperar para ver si finalmente va a responder o no a criterios de equidad, demandados hace tanto tiempo por las y los secundarios chilenos. Que se haga obligatoria la acreditación institucional y se fortalezcan los requisitos para la acreditación de pregrado. Sin embargo, aún no se comprende por qué se volvió a reponer la Comisión Nacional de Acreditación y se sacó la idea que se encontraba en el proyecto original. Las manifestaciones sociales de los últimos años han hecho posible algo histórico desde el retorno a la democracia: darnos la posibilidad de discutir las bases sobre las que estamos realizando nuestras vidas. Este gobierno tiene en sus manos la posibilidad de poner los primeros cimientos para salir de este modelo tan injusto. ¡No perdamos esta oportunidad! Vamos a estar muy pendientes de la discusión del proyecto de las universidades estatales, para que el sistema de financiamiento se mejore. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Felipe de Mussy. El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, primero quiero saludar a la ministra y a la subsecretaria de Educación, que nos acompañan, que han realizado un trabajo bien arduo durante los últimos años, independientemente del fondo y de la opinión que uno pueda tener del proyecto. Quiero remontarme al origen de esta iniciativa. Hace varios años, se produjo la famosa marcha de los pingüinos; también hace ya varios años, muchos de los diputados presentes estuvieron liderando manifestaciones de cientos y miles de estudiantes, para exigir una educación gratuita y de calidad. O sea, parte de la ciudadanía exigía que se avanzara, particularmente en cuanto a calidad de la educación y también en la gratuidad. Pero esto es algo totalmente discutible. Primero intervendré como miembro de la Comisión de Hacienda y después opinaré sobre el fondo educacional de este proyecto. En la Comisión de Hacienda, los trece miembros, y después en la Sala, los 120 diputados, tenemos que velar por la forma en que se gastan los recursos del Estado, pero siempre se nos olvida decir que los recursos del Estado son recursos de todos los chilenos. No es de una institución, sino de todos los chilenos. Como se está ejecutando actualmente la gratuidad, cuesta un poco más de mil millones de dólares, que hasta este minuto está incorporado en una glosa del Presupuesto. Cuando aprobemos este proyecto -personalmente, lo voy a rechazar, pero no me cabe duda de que, con los votos que tiene la Nueva Mayoría, finalmente se va a aprobar-, después de la tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a implicar poco más de mil millones de dólares extra. Repito: solamente para el próximo año, el proyecto va a significar más de dos mil millones de dólares. ¡Dos mil millones de dólares! Prefiero hablar en millones de dólares, porque si habláramos en millones de pesos, nos confundiríamos, por la enorme cantidad de números que involucraría. Considero -creo que ninguno de los aquí presentes no lo comparte que nunca un joven debería quedar fuera de la educación superior por falta de recursos, y existen distintos caminos para ello. Llevamos años de discusión sobre la famosa gratuidad, pero existen las becas, distintos tipos de ayuda y créditos blandos, aunque desagraciadamente los ejemplos que tenemos tal vez no sean los mejores. Pero también quiero sacar a la palestra -me da pena tener que ponerlo sobre la mesa, pero es la realidad del país los tristes acontecimientos que han ido saliendo a la luz pública, aunque no en los últimos días, porque ya habían sido conocidos en los últimos años. Voy a exponer dos casos concretos, aunque podría mostrar muchos más. Uno es la crisis del Sename. No quiero entrar en un discurso populista ni atacar a nadie; solo quiero expresar que hoy existe una crisis, y creo que ninguno de los 120 diputados no comparte conmigo el diagnóstico de que, respecto del Sename, existe una crisis que tenemos que abordar. Y el otro tema es uno que he podido conocer en profundidad: las malas pensiones de nuestros adultos mayores. Sobre esos dos temas tenemos que hacernos cargo. No me cabe duda de que -lo voy a decir con mucha responsabilidad si hoy entregáramos una cierta cantidad de recursos a los diputados que marcharon años atrás para pedir este proyecto de ley y les dijéramos que tienen que tomar una decisión respecto de cuántos de estos recursos van a ir a gratuidad y cuántos van a ser destinados a otros temas, como la crisis del Sename o las pensiones, probablemente en el fondo de sus corazones tendrían una batalla bastante difícil al momento de decidir. Incluso, hace unos minutos, el diputado Jackson se preguntó por qué no se pueden hacer las cosas en forma paralela. ¿Qué es primero: el huevo o la gallina? Es un ejemplo muy válido, pero digamos las cosas como son: nuestro país tiene recursos limitados. Esa es la verdad, y aunque algunos no lo quieran ver, los billetes y las monedas no crecen en los árboles. ¡Esa es la realidad, y tenemos que tomar decisiones de acuerdo a ella! ¡Eso es priorizar! De aprobarse este proyecto de ley, significará un gasto de más de dos mil millones de dólares para el próximo año, y en el futuro implicará más de cinco mil millones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto del Sename hoy, que se gasta en los niños, tanto en los centros de administración directa como en los centros de otras instituciones? ¡Cuatrocientos millones de dólares! Y hoy probablemente aprobaremos dos mil millones de dólares, es decir, cinco veces más la cifra del Sename. Alguien me podrá decir que este es un tema de fondo. ¡Claro que hay un tema de fondo, pero en el Sename también se necesita una restructuración total, y en eso estamos todos de acuerdo! Más de diez mil niños están en residencias administradas por el Estado o por entes privados, en 233 centros. El 30 por ciento de esos niños están en residencias -hay muchos que se encuentran adscritos a distintos programas no de residencia administradas directamente por el Estado, y el 70 por ciento está bajo administración de entes privados, como Ciudad del Niño, Protectora de la Infancia, María Ayuda, entre otras. Hoy, el presupuesto mensual en centros administrados por el Estado es de alrededor de 2.000.000 de pesos por niño. Un monto importante, mucho más de lo que cuesta mantener un preso en una cárcel en Chile. Sin embargo, existen niños que en lugar de ser enviados a un centro administrado por el Estado, son derivados a un centro administrado por una institución privada. Los famosos organismos colaboradores reciben 260.000 pesos por niño. Allí hay una discriminación, porque no es posible comparar 260.000 pesos con 2.000.000 de pesos. Si tomamos los alrededor de 7.000 niños que se encuentran en los centros administrados por los organismos colaboradores y aumentamos la subvención a 1.730.000 pesos por 12 meses, significaría que el Sename debería recibir en la próxima Ley de Presupuestos alrededor de 216.000.000 de dólares adicionales. Necesitamos más recursos para cuidadores profesionales, para capacitaciones, para entregar mejores herramientas y, sobre todo, para evaluar y fiscalizar programas. ¿Hasta cuándo vamos a aprobar leyes sin el financiamiento necesario para fiscalizar su cumplimiento? Priorizar es la palabra que hemos debido aprender. En la Comisión de Hacienda lo hemos debido hacer de la manera más brutal, porque desgraciadamente los recursos no alcanzan para todo lo que nos gustaría hacer. El próximo año se invertirán 2.200.000.000 de dólares en gratuidad; pero cuando se vayan concretando los famosos “gatillos” a los que ha se ha referido el ministro de Hacienda y se alcancen las más altas cotas de gratuidad, estaremos hablando de casi 5.000.000.000 de dólares. Este proyecto también compromete a futuro el 15 por ciento de los nuevos ingresos fiscales solo para gratuidad. En régimen, cuando la gratuidad esté ciento por ciento ejecutada, el presupuesto del Ministerio de Educación será de alrededor de 7.000.000.000 de dólares. De esos recursos, el 66 por ciento se destinará a gratuidad, el 19 por ciento a financiar la carrera docente -probablemente uno de los pilares más importantes de la educación y el 15 por ciento se focalizará en poner fin al lucro, la selección y el copago. Si ustedes me dicen que eso es priorizar, perdónenme, pero creo que estamos priorizando mal. Otro dato: con la mitad de todos los “gatillos” que ha señalado el ministro de Hacienda se pagarían en un solo año todas las deudas del CAE. Para terminar, quiero decir que es necesario que implementemos políticas públicas bien hechas. Hoy, un papá o una mamá que percibe el sueldo mínimo y tiene un solo hijo, no tiene acceso a la gratuidad. Ahora, si ese padre o madre renuncia a su trabajo y pasa a la informalidad, el niño sí entra en la gratuidad. Eso habla de una mala política pública. Se pueden cerrar CFT, universidades, institutos profesionales, pero tenemos que aprender a priorizar. Si de verdad nos importan los niños y mejorar las pensiones, creo que este proyecto no va en la línea correcta. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, qué duda cabe de que estamos frente a uno de los debates que generan más pasiones, más interés y que es eminentemente ideológico; hay que reconocerlo. Aquí tenemos visiones distintas de cómo debemos enfrentar la educación. Algunos creemos que este es un derecho social en que el Estado debe cumplir un rol importante para garantizar acceso a la gratuidad a todos los ciudadanos; por el contrario, hay quienes legítimamente consideran que este es un bien de consumo y que debe tener ese tratamiento. Hemos escuchado en muchos de los discursos de la oposición que aquí es importante priorizar, como si en materia de políticas públicas se pudiera hacer solo una cosa. Para la derecha, la plata va a financiar o bien la gratuidad y la calidad de la educación superior, o bien la educación preescolar, o bien a los niños del Sename; no puede, según su concepción, destinarse al conjunto de esos desafíos. Sin embargo, se ha demostrado que sí se puede tener una visión de financiamiento global. El actual gobierno ha efectuado enormes inversiones en educación preescolar, tanto en cobertura como en calidad. Todas las semanas estamos inaugurando salas cuna y jardines infantiles con infraestructura que no tiene ningún establecimiento privado. ¿Para quién? Para los niños más modestos; para que sus mamás puedan trabajar tranquilas; para que esos menores puedan tener equidad, igualdad de oportunidades desde la cuna. Sin embargo, también avanzamos en gratuidad. Debemos hacer un tremendo esfuerzo para abordar esta herida abierta, dolorosa, que tenemos como sociedad. Me refiero a los niños vulnerados en sus derechos. En esa materia debemos colocar recursos; pero, más importante que ello, debemos cambiar la mirada. Me parece una especie de chantaje ético proponer que las platas se destinan al Sename o bien a la gratuidad. ¿Qué propone el candidato presidencial de la derecha? Bajar los impuestos a las empresas. En lugar de ello, debemos garantizar una atención adecuada para los niños vulnerables y vulnerados en sus derechos, así como igualdad de condiciones en la educación desde la sala cuna hasta la enseñanza superior. Este no es solo un tema de financiamiento; no es solo comunicarle a una familia que si su hijo tiene talento no va a salir con una mochila repleta de deudas luego de cursar la educación superior. Esto tiene que ver con el modelo de sociedad y de desarrollo que queremos. Hoy vivimos en una sociedad individualista, de un egoísmo enorme, donde se ha perdido el compromiso con lo público y el bien común. Esto, a lo mejor, no es algo que se pueda comprobar empíricamente, pero tengo la convicción de que antes teníamos médicos más comprometidos con la salud pública, porque sentían que le debían algo a la sociedad al haber estudiado gratis. Esos profesionales debían recompensar de alguna manera al Estado y a la sociedad. Hoy, la mayoría de los estudiantes paga por educarse, toma créditos con intereses altísimos y siente que no le debe nada a nadie. En esa lógica, intentan pagar la deuda contraída lo antes posible y ganar la mayor cantidad de plata que puedan. Así, hemos construido una sociedad tremendamente materialista, exitista, que –repito ha perdido su compromiso con lo público y con el bien común. Aquí no solo estamos debatiendo un modelo de financiamiento equitativo desde el punto de vista de las oportunidades; también estamos construyendo una sociedad distinta desde el punto de vista de los valores y de los principios. Por eso existen diferencias ideológicas sobre el tema. Pero no solo se trata del financiamiento, sino también de la calidad y de la acreditación, esto es, de cómo exigimos acreditación obligatoria a ciertas carreras y de cómo perfeccionamos el sistema de acreditación de la calidad. Por su intermedio, señor Presidente, quiero plantear a la ministra un asunto que para mí es muy importante tener presente al momento de votar. No solo la educación debe ser un derecho social garantizado por el Estado; también debe serlo la salud. Lo señalo porque uno de los principales problemas que tenemos en las regiones -para qué decir en las comunas alejadas de las capitales regionales es la dramática carencia de especialistas, lo que provoca listas de espera enormes. El problema no es solo la falta de recursos o la gestión, sino la carencia de especialistas. Lamentablemente, esta sociedad individualista ha hecho que el gremio de los médicos especialistas restrinja la formación de estos profesionales, a fin de generar un monopolio y una escasez de los mismos que les permita cobrar lo que quieran por sus servicios. En efecto, los especialistas pueden ganar 40 millones, 50 millones o 60 millones de pesos al mes. Ya que estamos haciendo obligatoria la acreditación de las carreras de la salud, me pregunto por qué no incorporar la posibilidad de que el Estado exija a las universidades que, si quieren acreditar la carrera de medicina, implementen programas de formación de especialistas en una cantidad suficiente para responder a la demanda del país, de modo que no formen solo a uno o dos por año, habitualmente parientes de los especialistas que ya existen. Ello ocurre con los anestesistas, con los dermatólogos, con los oftalmólogos, etcétera. Mientras tanto, la población chilena sigue esperando para ser atendida por un especialista. Reitero: si se va a establecer el financiamiento para esas universidades -sobre todo para las que tienen financiamiento basal y se dispondrá la obligación de que acrediten las carreras de la salud, el Estado debería exigirles planes mínimos de formación de especialistas. Porque si vamos a estar llenos solo de médicos cirujanos, pero tendremos carencia de especialidades porque los gremios de los médicos especialistas tienen un monopolio en virtud del cual restringen la formación de esos profesionales, con lo cual impiden a la población acceder a esas prestaciones en igualdad de oportunidades, la tarea va a ser solo a medias. Por ello, pido a la señora ministra que me responda cómo el Ejecutivo pretende hacerse cargo de esa situación. No basta con que la acreditación del pregrado sea obligatoria. Debemos exigir que las universidades implementen programas de formación de especialidades médicas. Para ello tienen que dialogar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Estamos hablando de dos derechos sociales que debemos garantizar a la población; hoy no lo estamos haciendo. Por último, me parece fundamental el rol de las universidades regionales. Es muy importante que en el proceso de acreditación se considere la vinculación con el medio. En ese sentido, pido que se haga un esfuerzo en relación con la sede de la Universidad Arturo Prat en la comuna de Victoria. Se trata de la única universidad pública que tenemos en la provincia de Malleco. Esa casa de estudios, que ha hecho un tremendo esfuerzo por vincularse con las comunidades indígenas, puesto que tiene una alta presencia o matrícula indígena, no tiene autonomía para tomar decisiones. Las decisiones las toma la rectoría de la universidad, ubicada en Iquique, a 2.800 kilómetros, sin conocer en absoluto lo que ocurre en la realidad. Esa es una anomalía absoluta. Queremos que esa universidad tenga un sello distintivo, no solo respecto de aquellas materias que hemos impulsado en conjunto con las comunidades. Queremos que sea la universidad pública intercultural de nuestro país. Ello implica que la interculturalidad no esté referida solo a la formación de educadores interculturales, sino que sea un elemento transversal presente en todas las carreras, como las del área de la salud, la de derecho, las agropecuarias, las del área de las ciencias sociales, etcétera, de modo de dar una identidad y una lógica a esa casa de estudios. Ese es el sentido de tener una sede de una universidad pública en Malleco. No se trata solo de dar posibilidades de acceso a los estudiantes de la provincia más pobre de nuestro país, sino de pensar en una universidad al servicio de la provincia, que sea capaz de investigar, de planificar y de tener una mirada para los próximos veinte o treinta años que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la provincia, pero también desde un sello distintivo en lo intercultural y en lo medioambiental. Queremos que esa casa de estudios tenga elementos diferenciadores. En ese sentido debemos hacer un esfuerzo, pero para poder hacerlo esa sede universitaria debe tener autonomía para tomar sus propias decisiones. ¡Eso no lo va a hacer la rectoría de Iquique! Señora ministra, hemos conversado en más de una oportunidad sobre este asunto; también se lo hice presente al anterior ministro de Educación. Este es el momento para tomar decisiones en orden a permitir que las sedes universitarias tengan la posibilidad de vincularse más adecuadamente con su entorno y de tener una política y un programa académico más pertinentes. Pero para eso necesitan mayor autonomía que la que tienen en la actualidad. He dicho. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Ha concluido el Orden del Día. La discusión del proyecto continuará en la sesión de mañana, para lo cual se encuentran inscritos veinticinco señoras diputadas y señores diputados, quienes dispondrán de una hora y treinta minutos para esos efectos. El proyecto seguirá siendo discutido en la sesión convocada para el próximo lunes, ocasión en la que será sometido a votación. Hago presente que en la sesión de mañana también será tratado el proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos. El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, su señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero saber si existe el compromiso de votar mañana el proyecto para regular el tendido de cables aéreos. El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, la idea acordada en reunión de Comités es que logremos votar ese proyecto mañana. Sin perjuicio de ello, se darán las indicaciones pertinentes sobre el particular al inicio de la sesión de mañana. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.07 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.