REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 365ª Sesión 118ª, en miércoles 24 de enero de 2018 (Ordinaria, de 10.40 a 13.56 horas) Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Sabag Villalobos, don Jorge. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA 6 II.- APERTURA DE LA SESIÓN 11 III.- ACTAS 11 IV.- CUENTA 11 ENTREGA DE INFORME EN MATERIA DE EDUCACIÓN ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA LEY 11 ACUERDOS DE LOS COMITÉS 12 V.- ORDEN DEL DÍA 12 INCORPORACIÓN EN LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, DE DISPOSICIONES SOBRE CONVIVENCIA DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTES (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 10217-15) 12 NUEVA REGULACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) 21 VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Discusión inmediata”, para el despacho del proyecto sobre “Educación Superior”. Boletín N° 10783-04. (1116-365). 2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas introducidas al proyecto, iniciado en mensaje, que “Elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017.”. Boletín N° 11257-04(SEN). (45/SEC/18). 3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, “Sobre Educación Superior”. Boletín N° 10783-04. (47/SEC/18). 4.- Certificado de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.”. Boletín N° 11101-19(SEN). 5.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas, que “Modifica la Carta Fundamental para radicar el Poder Legislativo en una Asamblea Nacional y establecer convocatorias populares”. Boletín N° 11587-07. 6.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4251-18-INA. 7.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4245-18-INA. VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Certificado: Que acredita que el diputado señor Hasbún ha justificado su inasistencia a la sesión especial celebrada el día 23 de enero de 2018, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación. 2.- Comunicación: Del diputado señor Campos, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de una gestión encomendada por la Cámara de Diputados el día 25 de enero de 2018, consistente en una reunión con parlamentarios de Corea del Sur, a la que concurrirá en su calidad de Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, con lo cual justifica la inasistencia a la sesión que se celebrará en esa fecha. 3.- Oficio: Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Meza integrará la delegación que participará en el XLIX período ordinario de sesiones del Parlamento Andino, a realizarse entre los días 31 de enero y 2 de febrero de 2018, en Medellín, Colombia (445). Del Jefe del Departamento de la Evaluación de la Ley por el cual remite, para conocimiento de la Cámara de Diputados, el informe de la Evaluación de las consecuencias de aplicación del artículo 69 de la ley N° 18.681, relativo a las donaciones a Universidades e Institutos Profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado. (69-2018). VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad que la Delegación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Provincia de Arauco ayude al señor Jaime Aguilera Ewert para la obtención de un subsidio de vivienda de acuerdo a sus necesidades, en los términos que requiere. (38602 de 22/01/2018). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad que la Delegación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Provincia de Arauco pueda realizar una visita en terreno al domicilio de la señora Angélica Jimena Díaz Caniupan, con el fin de orientarla para postular a un subsidio de vivienda de acuerdo a sus necesidades. (38603 de 22/01/2018). A Ministerio de Vivienda Y Urbanismo. Diputado Monsalve, don Manuel. Situación del señor Luis Eduardo Araos Ceballos quien se encuentra con sus licencias medicas rechazadas, señalando la posibilidad de revaluar su calificación. (38604 de 22/01/2018). A Superintendencia de Seguridad Social. Diputado Monsalve, don Manuel. Situación del señor Luis Henríquez Fuentes, quien se encuentra con sus licencias medicas rechazadas, señalando la posibilidad de revaluar su calificación. (38605 de 22/01/2018). A Superintendencia de Seguridad Social. Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de revisar los antecedentes del señor Luis Oporto Gómez, quien fue calificado como exonerado político, señalando si su hija Lidia Oporto Paredes puede acceder a algún beneficio ante dicha calificación. (38606 de 22/01/2018). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Diputado Venegas, don Mario. Solicita informe de los profesionales de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y de los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) que han sido sancionados los últimos 7 años, disponiendo la creación de un registro de inhabilidades temporales. (38607 de 23/01/2018). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputada Girardi, doña Cristina. Solicita informe del actual estado del dial 107.3 FM, que correspondía a la Radio Comunitaria "El Cerro", creada por la Municipalidad de Cerro Navia, indicando si se encuentra concesionado o en proceso para ser adjudicado. (38608 de 23/01/2018). A Subsecretaría de Telecomunicaciones. I. ASISTENCIA -Asistieron 107 señores diputados, de los 119 en ejercicio. Sergio Aguiló Melo Miguel Ángel Alvarado Ramírez Jenny Álvarez Vera Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez Osvaldo Andrade Lara Claudio Arriagada Macaya Pepe Auth Stewart Ramón Barros Montero Germán Becker Alvear Jaime Bellolio Avaria Bernardo Berger Fett Gabriel Boric Font Pedro Browne Urrejola Cristián Campos Jara Karol Cariola Oliva Lautaro Carmona Soto Loreto Carvajal Ambiado Juan Luis Castro González Guillermo Ceroni Fuentes Fuad Chahin Valenzuela Marcelo Chávez Velásquez Daniella Cicardini Milla Juan Antonio Coloma Alamos Aldo Cornejo González Felipe De Mussy Hiriart Rojo Edwards Silva Sergio Espejo Yaksic Marcos Espinosa Monardes Fidel Espinoza Sandoval Daniel Farcas Guendelman Ramón Farías Ponce Maya Fernández Allende Iván Flores García Iván Fuentes Castillo Gonzalo Fuenzalida Figueroa Sergio Gahona Salazar René Manuel García García Cristina Girardi Lavín Joaquín Godoy Ibáñez Rodrigo González Torres Romilio Gutiérrez Pino Hugo Gutiérrez Gálvez Gustavo Hasbún Selume Javier Hernández Hernández Marcela Hernando Pérez María José Hoffmann Opazo Giorgio Jackson Drago Enrique Jaramillo Becker Carlos Abel Jarpa Wevar Tucapel Jiménez Fuentes José Antonio Kast Rist Felipe Kast Sommerhoff Issa Kort Garriga Joaquín Lavín León Luis Lemus Aracena Roberto León Ramírez Felipe Letelier Norambuena Pablo Lorenzini Basso Javier Macaya Danús Rosauro Martínez Labbé Patricio Melero Abaroa Daniel Melo Contreras Fernando Meza Moncada Vlado Mirosevic Verdugo Andrea Molina Oliva Cristián Monckeberg Bruner Nicolás Monckeberg Díaz Manuel Monsalve Benavides Celso Morales Muñoz Juan Enrique Morano Cornejo Claudia Nogueira Fernández Iván Norambuena Farías Marco Antonio Núñez Lozano Daniel Núñez Arancibia Paulina Núñez Urrutia Sergio Ojeda Uribe José Miguel Ortiz Novoa Clemira Pacheco Rivas Denise Pascal Allende Diego Paulsen Kehr José Pérez Arriagada Leopoldo Pérez Lahsen Jaime Pilowsky Greene Roberto Poblete Zapata Yasna Provoste Campillay Jorge Rathgeb Schifferli Ricardo Rincón González Gaspar Rivas Sánchez Alberto Robles Pantoja Luis Rocafull López Karla Rubilar Barahona Jorge Sabag Villalobos Marcela Sabat Fernández René Saffirio Espinoza Raúl Saldívar Auger David Sandoval Plaza Alejandro Santana Tirachini Marcelo Schilling Rodríguez Alejandra Sepúlveda Orbenes Gabriel Silber Romo Ernesto Silva Méndez Leonardo Soto Ferrada Arturo Squella Ovalle Jorge Tarud Daccarett Guillermo Teillier Del Valle Víctor Torres Jeldes Renzo Trisotti Martínez Joaquín Tuma Zedan Marisol Turres Figueroa Jorge Ulloa Aguillón Christian Urízar Muñoz Osvaldo Urrutia Soto Ignacio Urrutia Bonilla Camila Vallejo Dowling Patricio Vallespín López Enrique Van Rysselberghe Herrera Mario Venegas Cárdenas Germán Verdugo Soto Matías Walker Prieto Felipe Ward Edwards II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 108ª se declara aprobada. El acta de la sesión 109ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Ofrezco la palabra. ENTREGA DE INFORME EN MATERIA DE EDUCACIÓN ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA LEY El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de mis colegas que, a raíz de una petición de su señoría, el Departamento de Evaluación de la Ley, en convenio junto con OCDE, realizó un estudio sobre las donaciones a universidades e institutos profesionales. Durante la elaboración de estudio, que cuenta con más de 80 páginas y que será entregado a la Mesa, nos hemos encontrado con bastantes sorpresas y concluimos que se deben tomar varias medidas. Entre ellas, es necesario definir la ampliación del objetivo de la donación a especies, a fin de no centrarla en la entrega de dinero; trabajar en los tipos de contribuyentes, para que todos los exalumnos que deseen donar lo puedan hacer, y aclarar las competencias de las instituciones mandatadas, monitorear las contraprestaciones e incorporar criterios distributivos para los donantes que entreguen aportes a otras instituciones. Existen elementos tributarios que se deben optimizar a través de un proyecto de ley que ordene las donaciones que se realizan a las universidades. Por ello, insisto en que el informe que detalla ese estudio está disposición de todos mis colegas diputados. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Agradezco al diputado Lorenzini el gran trabajo desarrollado en el Departamento de Evaluación de la Ley, que ha sido reconocido en muchos parlamentos del mundo. Cito a reunión de Comités, sin suspensión de la sesión. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor SABAG (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios. El señor ROJAS (Prosecretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinoza y con la asistencia de las diputadas señoras Fernández, Carvajal, Hernando y Vallejo, y de los diputados señores Andrade, Jackson, Jarpa, León, Paulsen, Pérez, don Leopoldo; Saffirio y Urrutia, don Ignacio acordaron por unanimidad lo siguiente: 1. Fijar como plazo hasta las 12.00 horas de hoy para solicitar votación separada en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Educación Superior (boletín N° 10783-04). V. ORDEN DEL DÍA INCORPORACIÓN EN LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, DE DISPOSICIONES SOBRE CONVIVENCIA DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTES (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 10217-15) El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte. Antecedentes: -Informe de la Comisión Mixta, sesión 114ª de la presente legislatura, en 17 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 10. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta. Tiene la palabra la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. La señora TAPIA, doña Paola (ministra de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, hoy se encuentra en el primer lugar de la Tabla el proyecto de ley sobre convivencia de los medios de transportes, tema de pleno interés ciudadano, sobre todo para las víctimas de accidentes de tránsito y para el sinnúmero de agrupaciones de ciclistas y peatones que nos han acompañado durante más de dos años de tramitación. Este proyecto de ley no tiene nada de apresurado, pues fue consensuado y aprobado por todos ustedes. Cuando lo discutimos en el primer trámite constitucional, se pidió votación separada de la disposición que proponía reducir la velocidad de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en zona urbana, instancia en que contamos con el apoyo de todos los diputados, sin excepciones. Solo nos queda la recta final de esta iniciativa, y quiero pedir que seamos consecuentes y que sigamos apoyando la opción de salvar vidas. Les recuerdo que cuando se extendió el límite de velocidad en 2002, aumentaron en 25 por ciento los accidentes de tránsito y en 29 por ciento la cifra de personas fallecidas. Si volvemos al límite de velocidad que había antes de 2002, que es el que rige en la mayoría de los países, sin duda lograremos salvar vidas. De acuerdo con las estadísticas, a lo menos 300 personas dejarán de fallecer al año víctimas del exceso de velocidad en zonas urbanas, ya que no se aplica en las autopistas ni en las zonas rurales. Necesitamos que el Congreso Nacional esté del lado de la seguridad vial y de salvar vidas. Por lo tanto, reitero mi petición de aprobar este informe de la Comisión Mixta que rebaja el límite de velocidad en zonas urbanas. Sabemos que hay voces que señalan que este proyecto podría generar más congestión, por lo que aclaro que el tiempo de desplazamiento aumentaría en alrededor de 2 por ciento. Entonces, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿Qué conviene? ¿Aumentar en 2 por ciento el desplazamiento, lo que me tarde en llegar a mi lugar de trabajo, o salvar a esas 300 personas que serían víctimas de accidentes de tránsito? Entonces, los convoco a que seamos consecuentes, a que voten tal como lo hicieron en el primer trámite constitucional y aprueben el proyecto de ley. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, veo que la ministra de Transportes y Telecomunicaciones ha sido muy enfática en su discurso. Me gustaría que mis colegas voten a favor de reducir el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas, pero también me gustaría pedir a Carabineros que controle la subida Agua Santa, en la que el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora. Lo señalo, pues es una vía con rejas a ambos lados, además de ser una zona urbana. En las zonas urbanas hay que tener en cuenta por dónde pasa la carretera. Si existe presencia de carabineros para controlar en la subida de Agua Santa, puedo asegurar que nadie manejará 7 kilómetros por una carretera que tiene rejas por ambos lados, que no tiene berma peatonal y que se encuentra dentro del radio urbano. En consecuencia, no me gusta este proyecto, porque no hace ninguna distinción entre un radio urbano con carretera acordonada y un radio urbano como el que todos conocemos. Indudablemente, 60 kilómetros por hora pueden parecer bastante -estamos absolutamente de acuerdo en ello-, pero recuerdo que los alcaldes tienen facultades para bajar ese límite hasta 30 kilómetros por hora, por ejemplo, en el radio de hospitales o colegios. La tecnología no es la misma de hace 40 años, pues hoy se puede frenar en 20 metros un auto que va a 100 kilómetros; antes tenía que detenerlo en 60 metros, porque el sistema de frenos utilizaba balatas. Con la ministra Paola Tapia hemos trabajado muchos años juntos en las oportunidades en las que ha debido concurrir a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la que soy integrante, por lo que quiero que entienda que no la estoy contradiciendo; solo estoy diciendo que la facultad de reducir la velocidad ya existe y que se dan casos en los que no se justifica bajar el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora solo porque se trata de radios urbanos. Lamentablemente, el proyecto no contempla esa situación. Eso podría transformarse en un gran problema, en especial si se transforma en un verdadero cazabobos. Si Carabineros empieza a fiscalizar algunas calles de Valparaíso, por ejemplo, no quedará conductor al que no se le curse una infracción. Eso me atora un poco para votar a favor, de manera que estaré atento a qué compromisos se hacen y cómo se desarrolla este punto en el resto de las intervenciones, para evaluar si se puede mejorar en algo, porque me complica un poco tal como está. Lo digo sin ánimo de molestar. Hemos trabajado juntos por muchos años, pero creo que aquí estamos cometiendo un error o introduciendo un concepto equivocado respecto de cuál es el área urbana que queremos proteger. Repito que las leyes otorgan facultades a los alcaldes para resolver los problemas que se plantean, ya que pueden bajar el límite de velocidad hasta 30 kilómetros por hora, sin necesidad de que se dicte una ley como la que propone este proyecto. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar a la ministra que valoro profundamente este proyecto, que era bastante más amplio en sus inicios, pero que luego de las controversias con los senadores fue necesario focalizarlo en la Comisión Mixta a propósito de la velocidad máxima permitida en zona urbana, materia respecto de la cual hay una gran coalición de organizaciones ciudadanas que están pidiendo que se rebaje el límite, como muchos colegas habrán visto en las redes sociales. Entre esas organizaciones hay agrupaciones de ciclistas de todo el país, quienes solicitan esta reducción de velocidad en razón de que hay estudios científicos que demuestran la significativa disminución de accidentes con resultado de muerte cuando se rebaja en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima. Esa disminución hace una tremenda diferencia. Por lo tanto, votaré a favor el informe, que se encuentra en la etapa final de su tramitación, pero espero que sea solo el inicio de un proceso que genere mayor civilidad en el país, porque esto no se resolverá solo porque se promulgue una ley. Lo que hacen las agrupaciones a nivel regional es clave para educar sobre la necesidad de tener ciudades a escala más humana, más amigables, más pedaleables, como ocurre en Arica particularmente, pero además se requiere más conciencia de parte de los conductores. Hemos visto campañas ciudadanas -incluso a veces sin autorizaciónpara pintar una franja en la calle, para que haya más respeto por el metro y medio que se pide para los ciclistas. Si bien aquí estamos intentando mejorar la legislación, nada cambiará si no hay un cambio cultural que involucre mayor respeto y amistad cívica que se exprese también en nuestras calles. Asimismo, por las conversaciones que he sostenido con muchos taxistas, me doy cuenta de que algunos no comprenden por qué estamos tramitando un proyecto con estos contenidos, de manera que me parece clave que se explique que lo hacemos para mejorar la protección de quienes sufran un accidente de tránsito, porque en muchos casos esa diferencia de 10 kilómetros por hora de velocidad máxima puede ser determinante para salvar una vida. Votaré a favor de este proyecto, en reconocimiento a las agrupaciones que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo esta medida. Además, aprovecho la ocasión para felicitar a la ministra por acoger esta iniciativa. He dicho. El señor SABAG (vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, primero valoro la labor que han realizado la comisión y la ministra, porque creo que se realizó un trabajo importante de revisión de disposiciones. Ahora, dado que la comisión mixta centró su interés en la reducción de velocidad en zonas urbanas, debo manifestar mis dudas respecto de esta propuesta. Siento que el problema no está en el límite 50 o de 60 kilómetros por hora; el problema en nuestras ciudades lo constituimos los automovilistas que usualmente superamos los límites de velocidad. Lo que falta es control. No voy a referirme a la supuesta mayor cantidad de tacos ni al aumento de la congestión ni a otros problemas que podrían producirse de aprobarse esta reducción de velocidad; lo que me preocupa es que vamos a provocar un fuerte aumento de las infracciones, y eso significará un costo tremendo para los automovilistas. Para mí lo central -lo diré con total claridades que hoy la gente con dificultad logra transitar a 60 kilómetros por hora, porque cuesta que se respeten ese límite de velocidad. Por lo tanto, que se respete un límite menor será infinitamente más complejo. Entonces, estamos estableciendo una disposición legal que no se respetará, por lo cual será letra muerta. Sinceramente, creo que lo interesante de esta iniciativa radica en lo que propone el resto de las disposiciones, pero no en aquella que rebaja el límite máximo de velocidad en zonas urbanas. Francamente, una disposición como esta no solo se transformará en letra muerta, sino que además significará una enorme provisión de recursos provenientes de las multas por las infracciones de tránsito que se cursarán. Parto de la base de que ese no es el fundamento que lleva a establecer esa disposición; sin embargo, es lo que se conseguirá. Además, como expresó el diputado René Manuel García con mucha claridad, los sistemas de frenado de los vehículos son mucho más eficientes y eficaces que los que teníamos hace diez años. Por tanto, nuestro problema central no es que se circule a 50 o a 60 kilómetros por hora, sino que se circule a velocidades mayores a esas. Por ello, mientras no alcancemos todos -partiendo por nosotros un mayor desarrollo de nuestra cultura de respeto a la normativa de tránsito y de acatar el límite de velocidad máxima en zonas urbanas, difícilmente vamos a conseguir que esto se transforme en una disposición aplicable en la realidad. No sé si nuestras autoridades han hecho el ejercicio, pero basta con revisar la velocidad a la que se desplazan los vehículos en las zonas urbanas para darse cuenta de que en promedio lo hacen a una velocidad mayor a los 60 kilómetros por hora que establece la legislación vigente, por lo cual me parece que el problema central lo tenemos en la educación de tránsito. Recuerdo que hace varios años presentamos, junto al entonces diputado y actual senador Alejandro Navarro, un proyecto para que se incorporara la enseñanza de la Ley de Tránsito en los colegios, pero nunca se aprobó. Mientras no tengamos una cultura de respeto a las leyes del tránsito, continuaremos sufriendo complicaciones enormes. Nuestras propias autoridades abusan e incumplen las disposiciones al respecto, como la que prohíbe el uso del teléfono celular mientras conducimos, y creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos recibido llamados en esas circunstancias, sin tener la mínima precaución de utilizar un audífono conectado al celular para evitar faltar a la ley. Entonces, creo que, en la práctica, lo que estamos haciendo no es mejorar la legislación vigente, sino desmejorarla. Valoro que los estudios señalen que la disminución de la velocidad máxima en 10 kilómetros por hora puede ayudar a salvar vidas de personas, pero el problema no es ese; el problema es cuántos conductores sobrepasan la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. ¡Ahí es donde tenemos el problema! ¡Ahí falta fiscalización! La gran mayoría de los accidentes se producen por el exceso de velocidad por sobre los 60 kilómetros por hora. Por esas razones, no estoy de acuerdo con esta propuesta y, por tanto, no la apoyaré. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, con el mayor de los respetos debo decir que me llama poderosamente la atención que se vuelvan a analizar materias que, a mi entender, ya están resueltas. El proyecto fue aprobado en su momento por la mayoría de los diputados, incluso por algunos que hoy están hablando en contra, en la comisión que me honro en presidir y en la Sala de la Cámara de Diputados. Quiero dejar constancia de eso para mejor resolver y para solicitar una cuestión que es de sentido común: coherencia. Desconozco qué ocurrió exactamente y que derivó en aquello. Lo que debemos hacer hoy es revisar la proposición que hizo la Comisión Mixta, en el marco de nuestros ordenamientos y reglamentos, para resolver una diferencia puntual que existía entre el Senado y la Cámara de Diputados. Cabe recordar que fue en el Senado, no en la Cámara, donde se cuestionó y se rechazó la propuesta de reducir la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Constituida la Comisión Mixta, instancia en la que tuve la oportunidad de participar, los senadores y diputados presentes resolvimos, por mayoría, que parecía atendible, dadas las razones técnicas que hay detrás de esa disposición, rebajar la velocidad en zona urbana a 50 kilómetros por hora. Las razones de tal disposición son coherentes con el conjunto del proyecto. Por eso, en su título, la iniciativa refiere que incorpora disposiciones sobre convivencia vial, ya que debemos hacernos cargo de las nuevas formas en que la gente se desplaza en las grandes ciudades. En ese sentido, cabe mencionar la irrupción creciente de otros medios de transporte distintos de los automóviles, fenómeno que se incrementará en el futuro porque es lo que ha ocurrido en el resto del mundo, como la motocicleta, que es más rápida, más barata y evita la congestión, y como la bicicleta, crecientemente usada por quienes quieren tener un nuevo sistema de transporte no solo más barato, más económico y que permite un fácil desplazamiento, sino que además surte efectos sobre la salud, ya que su uso implica además la práctica de un deporte. Es una realidad que va en aumento. ¿Qué hacer para que los peatones que transitamos permanentemente entre esa multiplicidad de medios de transportes no suframos accidentes? En ese sentido, la razón esencial de rebajar la velocidad en 10 kilómetros por hora tiene que ver, como explicaba la señora ministra, con la alta tasa de mortalidad como consecuencia de accidentes en que se ven involucrados los distintos medios de locomoción, según lo demuestran diversos estudios. De acuerdo con esos estudios, la tasa de mortalidad se reduce significativamente cuando disminuye la velocidad de los vehículos. Por tanto, estamos ante un bien jurídico que es deseable proteger. ¿O no es importante evitar los daños, las lesiones graves y gravísimas, y la cantidad de muertes que tenemos que lamentar año a año de peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículos? Quiero centrar la discusión en lo resuelto por la Comisión Mixta, que no es más que la reducción de la velocidad de los vehículos de 60 a 50 kilómetros por hora en la zona urbana. Mi colega René Manuel García me planteó como ejemplo la situación de la avenida Agua Santa en Viña del Mar. En casos particulares como ese debemos dejar que los municipios hagan lo propio. Es difícil entender que cierta parte de la avenida Agua Santa sea considerada como un sector urbano. Pero pongámonos en el caso de lo propiamente urbano, como el corazón del Gran Concepción, de Santiago, de Temuco o de las grandes ciudades como Valparaíso. Reitero, el resto del proyecto ya fue aprobado en ambas cámaras. Lo que debemos resolver hoy es lo que ya señalé: la proposición de la Comisión Mixta en relación con el límite de velocidad para los vehículos en zona urbana. Ese es el punto en controversia. En ese sentido, hago presente que, después de escuchar los argumentos a favor y en contra que se plantearon en la Comisión Mixta, conformada por distinguidos diputados y senadores, ganó la opción de reducir la velocidad de los vehículos a 50 kilómetros por hora, por las razones que he comentado y compartido. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo señalo porque pareciera que quienes apoyan la iniciativa nunca han conducido a exceso de velocidad. Considero que debe haber consecuencia entre lo que uno dice y lo que hace. Por supuesto, valoro la intención de la iniciativa, a pesar de que creo que hay otras maneras de solucionar el asunto que nos ocupa. Me parece que se está coartando la posibilidad que tienen los municipios de ejercer sus atribuciones, de realizar estudios y de analizar la conveniencia o inconveniencia de reducir el límite de la velocidad en zona urbana. A mi juicio, no podemos establecer un límite de velocidad a nivel nacional, porque son los municipios los que tienen las atribuciones para fijarlo en sus territorios. Creo que esta normativa quita atribuciones a los municipios y está en contra de las normas que recientemente aprobamos en el marco de un proceso de descentralización orientado a entregar mayores atribuciones a los órganos en el resto del país. Esta iniciativa busca centralizar la decisión en el Poder Legislativo. Reitero, son los municipios los que deben establecer los límites de velocidad urbana caso a caso, y no ser el Poder Legislativo el que imponga un solo límite de velocidad urbana a nivel nacional. También se ha argumentado que con la reducción de velocidad habrá menos accidentes. Claramente, si se reduce la velocidad a 40, a 30 o a 20 kilómetros por hora, no habrá accidentes ni lesionados, pero creo que esa no es la solución. Considero que esta va por otro lado: hay que evaluar caso a caso y permitir que los municipios ejerzan sus atribuciones en términos de reducir la velocidad urbana de los vehículos en las rutas en que ellos estimen conveniente hacerlo, en lugar de que esa reducción se establezca a nivel nacional mediante una ley. Por otro lado, si el tránsito va a ser más lento en las zonas urbanas a nivel nacional, los vehículos de emergencia se van a demorar más tiempo en llegar a los siniestros, porque el tránsito va a ser 10 kilómetros por hora más lento. Los vehículos de Bomberos, de Carabineros y las ambulancias se van a demorar más en llegar al sitio del suceso a rescatar a las personas que han sufrido incendios, asaltos o accidentes. Por lo tanto, si bien por una parte la reducción de velocidad evitará accidentes -así ha sido probado, según estudios-, por otra va a generar problemas. Me parece que establecer el límite de velocidad en zonas urbanas debe ser atribución de las municipalidades; no debe establecerse de manera pareja a nivel nacional través de una ley general. Apoyo la descentralización, por lo que considero que no debiéramos quitar atribuciones a los municipios. Valoro el proyecto de ley -reitero-, valoro su intención, pero no cumple su objetivo y solo generará dificultades. La solución está en manos de los propios municipios. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia, y la felicito por haber impulsado este proyecto sobre convivencia de los distintos medios de transporte con la paciencia, el tesón y la capacidad de diálogo necesarias para que llegara a la etapa en que se encuentra en este minuto. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en el Senado, salvo en lo relativo al umbral de velocidad máxima en zona urbana. Luego fue aprobado por amplísima mayoría en la Cámara, incluyendo el restablecimiento de la rebaja del umbral de velocidad máxima de 60 a 50 kilómetros por hora. Finalmente, en la Comisión Mixta, como nos relató el diputado Venegas, la gran mayoría de sus integrantes dio luz verde para que se reincorporara la rebaja de velocidad en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora. Si la consecuencia de haber aumentado a 60 kilómetros por hora la velocidad máxima en zonas urbanas fue el incremento de la accidentabilidad y de la tasa de mortalidad como consecuencia de los accidentes, es evidente que dicho aumento no fue una buena decisión y, por lo tanto, hay que revertirla. Si se establece un límite de velocidad a nivel nacional, los municipios tienen la libertad para definir barrios y sectores en los que la velocidad permitida sea inferior a la máxima. De hecho, hay una creciente demanda ciudadana en orden a que se rebaje la velocidad máxima y se establezcan zonas de circulación más lenta, debido, entre otras razones, a la presencia de niños. En ese sentido, una de las demandas más comunes es la construcción de los denominados lomos de toro, que buscan mejorar la relación, cada vez más compleja, entre los automovilistas y los peatones. Me parece de una claridad evidente el beneficio de volver a los 50 kilómetros por hora como velocidad máxima de circulación en zona urbana. Hay quienes dicen que habría que resolver primero el tema cultural. A ellos habría que decirles que las leyes están para cambiar la cultura; las leyes son uno de los principales referentes educativos. Por ello, es evidente que rebajar el umbral de velocidad a 50 kilómetros por hora va a orientar el comportamiento de los chilenos. Probablemente se cursarán más multas durante la primera etapa de aplicación de la norma, pero luego la gente reordenará su comportamiento en función de la ley. Nosotros vivimos todavía, en buena hora, en un país donde la norma es el respeto a la ley y no su transgresión. De allí no debiéramos movernos. Este proyecto es muy amplio y básicamente está orientado a actualizar las normas de convivencia entre los distintos medios de transporte. No obstante, hoy estamos llamados a votar solo el establecimiento de la rebaja de 60 a 50 kilómetros por hora de la velocidad máxima permitida en zonas urbanas, lo cual ya habíamos aprobado por amplísima mayoría en el primer trámite constitucional del proyecto. Espero que ese apoyo se repita. Anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, solo para hacer una aclaración. La señora ministra ha dicho que los accidentes han aumentado en un 25 por ciento después de que se aumentó el límite de velocidad. Por su intermedio, señor Presidente, pregunto a la ministra: ¿en qué porcentaje aumentó el número de vehículos en estos últimos años? Lo respondo: en casi 500 por ciento. Por lo tanto, la gente se ha cuidado mucho más. También queda demostrado que la calidad de los vehículos es mucho mejor. Felizmente, el número de accidentes no ha aumentado en la misma proporción en que aumentó el número de vehículos. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. La señora TAPIA, doña Paola (ministra de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, solo para responder al señor diputado. La cifra que di respecto del aumento de accidentes corresponde solo al período 2002-2003, por lo tanto, no involucra el crecimiento del parque automotor. En un año, de 2002, en que se subió el límite de velocidad, a 2003, aumentó 25 por ciento el número de accidentes y 29 por ciento el de fallecidos. Muchas gracias. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos: El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Bellolio Avaria, Jaime; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Cornejo González, Aldo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Girardi Lavín, Cristina; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Monsalve Benavides, Manuel; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Tuma Zedan, Joaquín; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Berger Fett, Bernardo; Coloma Alamos, Juan Antonio; Edwards Silva, Rojo; García García, René Manuel; Hasbún Selume, Gustavo; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Urrutia, Paulina; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rubilar Barahona, Karla; Sabat Fernández, Marcela; Santana Tirachini, Alejandro; Squella Ovalle, Arturo; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Verdugo Soto, Germán. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; De Mussy Hiriart, Felipe; Hernández Hernández, Javier; Sandoval Plaza, David; Van Rysselberghe Herrera, Enrique. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Despachado el proyecto. NUEVA REGULACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) El señor SABAG (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Educación Superior. Antecedentes: -Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, llegar a este momento es el resultado o el corolario de un trabajo extraordinariamente intenso, que ha implicado durante meses la realización de muchas sesiones, discusiones, análisis y estudios, además de escuchar a los diversos actores directamente interesados en el tema. Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra Adriana Delpiano, que ha sido testigo y partícipe de este largo y, por qué no decirlo, difícil proceso, cuyos antecedentes debemos tener en cuenta a la hora de resolver cómo votar este proyecto de ley. El objetivo básico de la iniciativa es regular el sistema de educación superior en términos generales. Inicialmente, el proyecto incluía también un capítulo que abordaba la situación de las universidades estatales, pero los hechos fueron indicando que era más razonable separar esa materia y abordarla en una iniciativa distinta de la que ahora discutimos. En efecto, en la sesión especial de hoy en la tarde se analizará en sus méritos el proyecto sobre universidades estatales. Por lo tanto, la iniciativa que ahora discutimos básicamente busca regular a las universidades, especialmente a aquellas de carácter privado, a los institutos profesionales, que son parte del sistema de educación superior, y, por cierto, también a los centros de formación técnica. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que era necesario regular el subsistema del sistema educacional chileno? Lo hicimos a partir de una profunda investigación que realizamos, con aportes de distintas vertientes, así como de la observancia de hechos concretos que nos hablaban a las claras de que el sistema no estaba funcionando bien. Existen miles de estudiantes defraudados por instituciones de dudosa calidad académica. A modo de ejemplo, recuerdo con horror a los 15.000 alumnos que fueron invitados a estudiar una especialidad llamada criminalística, que fue una estafa, para decirlo en sencillo, puesto que no tenía campo ocupacional. ¡Ojo!, la universidad que ofrecía dicha carrera era de carácter público. Por otra parte, recuerdo a los aproximadamente 18.000 estudiantes de la Universidad del Mar que sufrieron las consecuencias de una mala administración, de una oferta académica liviana, poco exigente, con escasa calidad y pertinencia respecto de las efectivas posibilidades laborales que ofrecía. Finalmente, se cerró esa casa de estudios. En esas mismas circunstancias hay unas cuantas más, como la Arcis, y una última que está en proceso de cierre. El lucro es una contravención flagrante a la ley. Desde la época del gobierno militar, en los 80, se estableció que las universidades eran instituciones sin fines de lucro. No obstante ello, en diversas comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, de las que me honro en haber participado, llegamos a la conclusión de que había al menos ocho o nueve maneras distintas de eludir y transgredir la ley, permitiendo que muchos lucraran y tuvieran ganancias enormes. Algunos me preguntan cuál es el problema de que alguien legítimamente pueda tener una utilidad por el trabajo que realiza. Quiero decirles que no tengo problema con eso, a menos de que la utilidad se obtenga a costa de entregar un mal servicio, de jugar con la esperanza de los jóvenes y de jugar con las familias que ven la posibilidad de que sus hijos se eduquen en la educación superior con la esperanza de cambiar sus vidas. El drama de los jóvenes endeudados y sin inserción laboral digna y garantizada es la expresión más concreta de por qué consideramos necesario regular un subsistema. A partir de diversas investigaciones que se realizaron, serias y demostrables, el sistema aparecía completamente desregulado. Era el libre juego de la oferta y de demanda campeando en su mejor expresión. La educación, y particularmente la educación superior -que se supone que es un objetivo del Estado y de todos nosotros, independientemente de las diferencias políticas, económicas y sociales-, forma a las nuevas generaciones para que colaboren en la construcción y desarrollo del país. Este no es un tema que podamos dejar al libre juego de la oferta y la demanda, porque no se trata de producir zapatos ni de vender televisores, sino de la formación de nuestras futuras generaciones. Eso es de un valor enorme. El proyecto básicamente propone regular. Constatamos que la institucionalidad era débil y faltaba dar musculatura a la institucionalidad. Por eso se creó una superintendencia, para hacer cumplir la ley y velar por los recursos que el Estado entrega. También se le da mayor robustez a la Subsecretaría de Educación Superior, que se creó y que no existía, ya que antes solo existía la División de Educación. Nuestro objetivo final es mejorar la calidad del servicio educativo en la educación superior. Para ello se debe fortalecer la institucionalidad a fin de hacer frente a los nuevos desafíos regulatorios. El objetivo final es mejorar la calidad de la educación para que formemos los profesionales y técnicos que el país requiere, con pertinencia, con relevancia, contemplando el lugar donde se encuentran esas instituciones. No da lo mismo formar profesionales en la Región de La Araucanía, que represento, que hacerlo en la Región Metropolitana. Por eso, cada institución de educación superior debe tener un color, un sabor, una textura distinta. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Teníamos un sistema donde el aseguramiento, la garantía y la fe pública eran completamente débiles. La acreditación era voluntaria. Recuerdo la discusión de 2006; fue una transacción penosa. Tenemos que dar fe a las familias para que cuando vayan a una institución esta tenga los mínimos estándares de calidad para garantizar que sus hijos se formarán adecuadamente y en directa relación con lo que están invirtiendo, que es mucho dinero, mucho esfuerzo. Son familias que se sacrifican, como la mía, para poder hacer un cambio sustantivo en sus vidas. En la actualidad, la acreditación es obligatoria, proceso que se realiza ante una institución importante, como es la Comisión Nacional de Acreditación. Vamos a consagrar por ley el financiamiento de la gratuidad. ¡Qué gran paso! Las refriegas pequeñas, propias de las contiendas electorales, probablemente no dan cuenta de la magnitud del paso que estamos dando como país, como Estado, para consagrar, como dije, la gratuidad, especialmente para los que menos tienen. Estamos recién llegando al 60 por ciento en gratuidad. Aun así estamos dando un gran paso. ¡Cuántos niños mapuches de la Región de La Araucanía podrán acceder a la educación superior! ¡Cuántos niños pobres, con emoción, con lágrimas en los ojos, me dicen que gracias a esa ley están estudiando! Quiero decir que podemos quedarnos en cosas pequeñas que no son del todo satisfactorias. Por eso hay que mirar el objetivo principal. El proyecto representa un tremendo avance respecto de la situación actual que vivimos. No estamos del todo conformes; pero los invito, con la humildad que me da haber trabajado y haber destinado mucho tiempo al proyecto -mucha gente trabajó en ello-, a aprobar el proyecto, porque es bueno para Chile, especialmente para los jóvenes que quieren encontrar en la educación superior una oportunidad real para cambiar sus vidas. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, la reforma a la educación es uno de los grandes logros conseguidos durante este período de gobierno. Es tremendamente significativo para nosotros haber colaborado para que nuestro país dé este paso trascendental. Junto con otras, esta reforma es una de las más grandes que se han hecho en el país y quedará como uno de los pasos de mayor significación histórica, cuestión que a futuro se reconocerá. Es claro que en el futuro pueden introducirse perfeccionamientos, pero creo que el paso que estamos dando es significativo, y nadie puede desconocerlo. Todo lo que signifique entregar más posibilidades de acceder a la educación superior en forma gratuita, dar más oportunidades a muchos otros sectores y avanzar en todo lo que viene para el 2018 y más adelante, representa un paso gigante. Evidentemente, todo lo que hemos dicho no sería posible ni efectivo si no tuviéramos este nuevo proyecto de ley, que establece una institucionalidad para asegurar el cumplimiento de las normas que hemos aprobado. Al respecto, es muy importante la creación de la Superintendencia de Educación Superior. Las reformas no tendrían sentido si no contáramos con una Superintendencia de Educación Superior que asegure el cumplimiento de las normas que regulan la educación superior y que los recursos serán destinados a los fines que le son propios, de acuerdo a la ley y sus estatutos. También es significativo el hecho de que se consagren claramente los derechos de los estudiantes para entablar reclamaciones y denuncias en casos de vulneración de las normas que regulan la educación superior. La iniciativa propone una participación efectiva de los estudiantes en todo este proceso, con el fin de que se cumplan las leyes relacionadas con esta materia. Asimismo, se prohíbe el lucro y se consagra el delito de negociación incompatible en la educación superior. Además, es tremendamente importante la acreditación obligatoria de carreras. No sacamos nada con que los jóvenes tengan gratuidad si no aseguramos la acreditación obligatoria no solo de las universidades, sino de sus distintas carreras, particularmente de pedagogía, medicina y odontología, respecto de las cuales la gente exige que el profesional esté debidamente preparado. En definitiva, el avance gradual en gratuidad es realmente un gran logro. Hoy queremos pasar al sexto decil. Se deberá avanzar en forma gradual, de acuerdo a la situación económica del país. Eso es consagrar la gratuidad y avanzar en ella como un derecho, pero en forma racional, inteligente. No sacamos nada con decir que el próximo año la gratuidad alcanzará el ciento por ciento. Tenemos que ser realistas y ver cuándo el país estará en condiciones económicas para alcanzar el anhelado ciento por ciento de gratuidad. Se debe avanzar en forma gradual y de manera responsable en materia de financiamiento. Por eso, uno se siente tremendamente orgulloso de haber aportado con un grano de arena y de que el Parlamento haya cumplido su función en el sentido de colaborar en la tramitación de este gran proyecto de ley sobre perfeccionamiento de la educación superior, lograr la gratuidad y tener una educación de calidad en nuestro país. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, en primerísimo lugar, quiero felicitar y agradecer la infinita paciencia y la disposición consuetudinaria de la ministra Adriana Delpiano para llegar hasta este momento. (Aplausos) Soy testigo de que no ha sido un camino fácil. Estamos ante un modo ejemplar de construir acuerdos, no para mantener el statu quo, sino para reformar. Por supuesto, como bien dijo el diputado Venegas, nadie puede estar ciento por ciento satisfecho; de eso se trata, justamente: para que consigamos que la mayoría del Congreso Nacional apruebe un proyecto de ley, nadie puede haber impuesto completamente su punto de vista particular. Estamos ante una reforma de grandes proporciones. Yo fui víctima de la ley general de universidades y un luchador empedernido contra ella, regulación que en 1981 desmembró completamente a las universidades de Chile y Técnica del Estado en subsedes que luego se transformaron en nuevas universidades, y permitió la creación, de manera completamente desregulada, de cuanta universidad se pudiera generar por iniciativas religiosas, comerciales y de cualquier especie. Como dije, ese sistema creció y se desarrolló de manera completamente desregulada. Por supuesto, dentro de ese sistema surgieron algunas muy buenas universidades, que proveyeron la satisfacción de los sueños y aspiraciones de miles y miles de jóvenes; pero también nacieron otras tantas que frustraron las expectativas y los sueños de miles y miles de jóvenes. Aquí estamos ante un proyecto que crea una institucionalidad regulatoria para el conjunto del sector, que implica una Subsecretaría de Educación Superior. La iniciativa eleva la consideración que hace el Estado del sistema de educación superior al nivel de subsecretaría, obligándola a tener una estrategia nacional de desarrollo para el sector. Asimismo, establece una Superintendencia de Educación Superior. Francamente, al aprobar estas cosas, uno se pregunta cómo hemos desarrollado este sector del modo en que se ha hecho, sin una superintendencia regulatoria. Pues bien, con este proyecto vamos a llenar ese vacío. Además, se hacen ajustes al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a la gobernanza de la Comisión Nacional de Acreditación, lo que es muy importante, pues todos tenemos en la retina lo ocurrido en los procesos de acreditación. Lo que voy a plantear a continuación es francamente relevante, pues hemos asistido tres veces a la consagración y ampliación de la cobertura de la gratuidad en el acceso a la educación superior por vía presupuestaria, es decir, a través de la ley de presupuestos, que, como todos saben, expira en el momento en que comienza a regir la siguiente. Pues bien, esta iniciativa consagra por ley, de manera permanente, la cobertura actual y define su extensión e, incluso, las condiciones bajo las cuales se continuaría avanzando hacia la gratuidad total. Además, se hace efectiva la monserga que está escrita en la ley, pero que no es efectiva, de la prohibición del lucro en la educación superior, por la vía de establecer el delito de negociación incompatible, que no se encontraba consagrado. Como se sabe, por la vía de las “sociedades espejo”, muchos burlaban la ley. En efecto, a ojos vista y a plena luz del día sociedades se han comprado y vendido comprobadamente, enriqueciéndose sus controladores mediante la provisión de educación superior a nuestros jóvenes. Quiero resaltar que el proyecto enmendado por el Senado releva, lo que ciertamente era necesario hacer, la formación de la educación superior técnico-profesional, porque todavía nuestra estructura está mal diseñada. Hasta hace poco, de cada tres estudiantes en la educación superior, dos iban a la universidad y uno a la educación técnico superior -en todo caso, eso ha cambiado en la matrícula de primer año-, en circunstancias de que la proporción universal de países que están en pleno desarrollo es exactamente a la inversa: hay dos estudiantes en educación técnico-profesional por cada estudiante universitario. Por lo tanto, lo que se hace es establecer una estrategia nacional de formación técnico profesional que debe proponer un consejo asesor de educación técnico-profesional, consagrado por ley, de carácter público-privado, que le proponga al ministerio y al país dicha estrategia. Eso me parece muy relevante, porque Chile debe apostar al equilibrio entre la provisión de educación técnico-profesional y la educación propiamente universitaria. Por eso, voy a aprobar las modificaciones del Senado con entusiasmo, porque, además, este es un momento de cierre. Cuando los procesos largos, dolorosos, complejos, con avances y retrocesos, con desvíos y con baipás no tienen su culminación, el trabajo que han desarrollado la ministra y el Congreso Nacional quedaría en nada. Además, sabemos probablemente algunos lo demostrarán a través del voto que hay una concepción distinta que recorrería este mismo camino de un modo completamente distinto, no centrado en los derechos de los estudiantes ni en la necesaria regulación del Estado de este proceso de desarrollo de la provisión de educación universitaria, sin apostar a establecer un sistema de provisión mixto, porque eso es lo que aquí se hace. En todo caso, en la sesión especial que se celebrará esta tarde veremos que aquel tiene un complemento decisivo en el fortalecimiento de las universidades estatales. Por eso, insisto, concurriré a aprobar las enmiendas del Senado “a fardo cerrado”, a pesar de que no es mi disposición permanentemente, porque estamos en las postrimerías de nuestro gobierno y quiero que cierre su paquete de reformas. En verdad, iniciado el proceso de desmunicipalización con el Servicio de Barrancas, establecido el fin al lucro, a la selección y al copago, así como la implementación de la gratuidad en la educación superior y creada la Subsecretaría de Educación Parvularia, este sería el corolario del más importante proceso de reformas a la educación en Chile que ha vivido en toda su historia. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, con este proyecto sobre educación superior, cuyas modificaciones estamos tratando, y con el que votaremos en la sesión especial de la tarde sobre universidades del Estado culminaremos la reforma integral al sistema educacional más importante del último medio siglo. Probablemente, se trata de la reforma más significativa que hayamos tenido, incluso, en un siglo, porque la que se llevó adelante a fines de los años 60 del siglo pasado incluía aspectos muy decisivos, pero no en todos los ámbitos que incluye esta reforma impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que va desde la educación preescolar y pasa por todas las formas de la educación escolar, tanto la pública como la particular subvencionada, y la educación superior. Con este proyecto y estas reformas está culminando también uno de los programas transformadores más ambiciosos de los últimos tiempos en nuestro país. En cuanto al programa que llevamos adelante -probablemente no siempre los protagonistas de estos cambios seamos los más conscientes de su tremenda significación-, quisiera que saliéramos de esta excepción para medir la significación inmensa que ha tenido este programa de transformaciones en el país, con un solo propósito: que el progreso de Chile sea para todos nuestros compatriotas, y no solo para un segmento privilegiado. Que Chile sea un país más inclusivo es el único propósito que ha tenido hacer las reformas tributaria, educacional, al sistema laboral y todas las demás que hemos impulsado en este tiempo, e incluso el proceso constituyente, para terminar -ojalácon una nueva Constitución Política, surgida de una asamblea constituyente. De todas las reformas que hemos impulsado en este tiempo, permítanme detenerme en esta reforma educacional completa, que tiene una paradoja. En general, las reformas educacionales tienen una paradoja. Si la reforma se hace en forma seria, completa e integral, de todas las que se pueda hacer en la sociedad, es la que tiene más potencialidad de transformar la realidad social futura, porque empodera al hijo del campesino, del obrero, de la comerciante y de la trabajadora de casa particular. Es decir, a los hijos de las familias más modestas les entrega herramientas potentísimas para, una vez emparejada la cancha con tales herramientas, surgir con mayores posibilidades y potencialidades y así equiparar las condiciones con los sectores más privilegiados de una sociedad. Si, por un lado, la reforma educacional es la que tiene más potencialidades de transformar la realidad social futura, por el otro, es la que menos posibilidades tiene de que sus resultados se experimenten en el mismo periodo de gobierno en que se impulsan tales reformas. Por eso es que, normalmente, los gobiernos son reacios a hacer reformas educacionales, porque la valoración que hace la sociedad de tales cambios solo se comprenden en el futuro, y probablemente después de una generación. Es cierto que algunos aspectos de la reforma pueden valorarse de inmediato. Por ejemplo, si una familia pagaba un determinado monto por la matrícula y la mensualidad de sus hijos, dejará de hacerlo en la educación particular subvencionada o en la educación superior. Pero ese no es el principal impacto de una reforma educacional, pues este se apreciará cuando un niño esté en el jardín infantil o en la sala cuna, después esté en una escuela o liceo de calidad, o si finalmente pudo estudiar una carrera técnica o profesional en un instituto profesional o en una universidad. Si sus estudios fueron gratuitos y de calidad, a ese niño y a su familia le cambiará la vida. Ese es el impacto más importante. Por razones de la naturaleza de las cosas, no se puede medir en el mismo gobierno en que se realizan esos cambios. Por eso, hay que tener mucha convicción, decisión, coraje y espíritu altruista, en el sentido más integral y político de la p1alabra, para arriesgarse a hacer tales cambios en un período de gobierno, aunque la sociedad no pueda valorarlo, medirlo e, incluso, aplaudirlo. Por eso, esta mañana quiero sumarme a las palabras de mi colega y amigo Pepe Auth, para dar las gracias a los ministros Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano por el esfuerzo que hicieron. Desde luego, también expreso mi agradecimiento a nuestro ministro secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, quien nos estimula a diario para que concurramos a la Sala a defender en los debates los proyectos del gobierno y, por cierto, para votarlos como corresponde. La Presidenta de la República y sus ministros han demostraron un tremendo coraje al llevar adelante un programa de reformas tan profundo como el que han impulsado. También le doy gracias a la vida, ya que en alguna momento me llamó la Presidenta Michelle Bachelet para pedirme que repostulara al Congreso Nacional, después de que había tomado la decisión de no hacerlo, y la acompañara durante su mandato desde este modesto puesto en la Cámara de Diputados. Desde aquí he tratado de ser un apoyo más para aprobar las reformas tan importantes que hemos llevado adelante. Probablemente ese llamado de la Presidenta de la República es el honor más grande que he recibido en mi vida política. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, primero, agradezco al Ejecutivo la buena disposición que ha mostrado durante la tramitación de esta iniciativa, que ha durado casi un año y medio. El proyecto que vuelve desde el Senado es sustantivamente mejor que el proyecto que abandonó la Cámara de Diputados, entre otras cosas porque los gustitos ideológicos de algunos habían hecho que quedara mal confeccionado. El proyecto que salió de esta cámara decía, por ejemplo, que todos los programas de doctorado y de magíster debían estar acreditados, pero nadie dijo cómo debían acreditarse. El proyecto que salió de esta Corporación decía que todas las instituciones de educación superior debían estar acreditadas en investigación, incluidos los centros de formación técnica e institutos profesionales. El proyecto que salió de aquí decía que todas las instituciones debían acreditarse en un estándar que hoy solo cumplen doce universidades en todo el país. El proyecto que salió de esta Sala servía a algunos para decir, con el puño en alto: “lo logramos”, pero que, sin embargo, era completamente ajeno a lo que las personas querían, a lo que la sociedad requiere y, sobre todo, al futuro que se viene para la educación superior. El proyecto que vuelve a la Cámara es, en mi opinión, bastante más razonable. Eso sí, debo precisar que hay muchas materias que no me dejan conforme; sin embargo, los cambios que se hicieron en el Senado mejoran de manera sustantiva el proyecto, razón por la cual lo vamos a apoyar. ¿Cuál es el problema en materia de educación superior? No se trata, como algunos afirman con soberbia y arrogancia, de que la derecha no tenga visión respecto de los derechos sociales. No porque el texto de una Constitución diga que hay un derecho significa instantáneamente que eso es efectivo. La Constitución de Venezuela es superlinda y garantiza muchos derechos, pero el país vive en una tiranía que no garantiza ninguno de los derechos que dice defender. ¡Ninguno! Entonces, no basta con decir que uno apoya los derechos sociales; también debe precisar cómo se logran. El planteamiento de algunos es que para lograr los derechos sociales debe haber hegemonía estatal, una visión premoderna acerca de lo que significa lo público y el Estado. Pero la sociedad civil, a través de las personas, también contribuye al bien público. ¡Y qué más particular en esa contribución que lo que hacen las instituciones de educación superior! Otros dicen que la investigación debe hacerse solo a través de un tipo de universidades. ¿Por qué? Eso no se entiende. Casi el 95 por ciento de las universidades del mundo no son de investigación, sino que tienen una vinculación con el entorno que les rodea, ocupan investigación de otros y se la enseñan a sus estudiantes, quieren capacitarlos para el mundo del trabajo y también para conocer y empujar los límites del conocimiento. Esa es una tensión moderna y, si quieren, posmoderna. Es una tensión del conocimiento. Pareciera ser que, cuando legislamos sobre este tipo de materias, muchas veces no nos damos cuenta de que hoy la educación no está autocontenida y que en el modelo de muchos solo imaginan cómo fue la educación hace cien años, en lugar de pensar en cómo podría ser en los próximos quince o veinte años. El diputado Auth, que trató de generar una especie de arquetipo o caricatura, dijo que algunos no querrían ninguna regulación. No conozco a nadie en el Parlamento, ni de mi bancada, que no la quiera. Lo que ocurre es muy distinto: nunca vamos a estar disponible para que, bajo la supuesta mirada o vestimenta de los derechos sociales, algunos pretendan apropiarse de las universidades y eliminar su autonomía, o para que algunos pretendan, a través de ese disfraz, imponer que solo el Estado puede producir bien público. Eso es lo que no toleraremos. Eso es completamente distinto a lo que algunos sostienen. Se insiste en decir que el debate es entre democracia y mercado. ¡No es así, señores! El debate es acerca de cuánto puede contribuir la sociedad civil al bien público, y algunos ya han dado su respuesta: cero o que sea algo residual. Nosotros no creemos en eso, sino en la diversidad, en la descentralización. Porque para nosotros la educación no es un bien de consumo, sino aquello que permite que cada persona pueda sacar el máximo talento de sí en sus aspectos intelectuales, físicos y emocionales, y la educación superior está empujando los límites del conocimiento. Me dio lástima ver que muchos de los invitados a la Comisión de Educación, particularmente algunos que dicen ser representantes de los estudiantes, miraban en menos a los estudiantes de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales. Igualmente, algunos rectores decían despectivamente, incluso con gestos, que aquellas universidades que no hacen todas las cosas que hacen ellos o que a ellos les gusta que se hagan, entonces no son verdaderas universidades. ¿Qué se han creído? Otros decían que a aquellos que estudian en centros de formación técnica o en institutos profesionales no les alcanzó para entrar a las universidades. ¿Qué se han creído? Esos estudiantes se sacan la “cresta” todos los días, porque trabajan y estudian a la vez. Algunos que se autodenominan representantes de los estudiantes simplemente representan a una elite “ultrona” que estudia en las universidades del Estado. Se los he dicho en su propia cara, así es que no tengo ningún problema en repetirlo. He dicho a los dirigentes de la Confech que ninguno de ellos ha representado jamás a los estudiantes de clase media que estudian en universidades privadas o a los estudiantes de clase media y popular que estudian en centros de formación técnica o en institutos profesionales. (Hablan varios señores diputados a la vez) Aún me quedan tres minutos, diputado Schilling. También se puede inscribir para intervenir. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Diputado Schilling, le pido que se dirija a sus colegas a través de la Mesa. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, a diferencia del diputado Schilling, estoy acostumbrado a intercambiar ideas, a debatir cordialmente con otros miembros de la Corporación. Si a alguno le incomoda eso, mañana tenemos la oportunidad de discutir los cambios al Reglamento. Para mí no es una cuestión administrativa, sino de fundamentos. No tengo problema en debatir con aquellos que piensan distinto. Dicho lo anterior, hoy se votarán muchas cosas diversas: la creación de una subsecretaría, la creación de una nueva comisión de acreditación, de nuevos estándares de acreditación y también un financiamiento diferente. Muchos han dicho que lo más importante para las universidades es su autonomía. De hecho, las universidades estatales decían que la autonomía era la clave. Sin embargo, ¿puede tener real autonomía una institución cuyo financiamiento provendrá, en un ciento por ciento, del Estado, como consecuencia de la gratuidad, y cuyos aranceles y la cantidad de estudiantes que tendrá serán determinados a través de la Subsecretaría de Educación? Difícil. Por lo tanto, mi problema no solo dice relación con la ineficacia e injusticia actual de lo que podría ser la gratuidad universal, dado que existen otros usos para esos recursos que son más justos para la sociedad. Por ello, mi problema no es solo gastar 1.300 millones de dólares en el 20 por ciento más rico, en vez de invertirlo en viviendas, en salud y en educación inicial, sino también el hecho de que, a través de la gratuidad, algunos pretendan controlar las instituciones y, por lo tanto, controlar la diversidad. En efecto, algunos pretenden que sea la imagen que ellos tienen sobre el Estado la que determine la diversidad de la sociedad. Creo exactamente lo contrario: es la diversidad de la sociedad la que debe modificar al Estado. Un ámbito en el que ello se expresa de manera patente es la educación. Por supuesto que deben existir regulaciones. Entre las que más me importan, que concurrimos a aprobar, están aquellas que disponen que las instituciones sin fines de lucro no pueden hacer trampa ni triangular, y que las instituciones que no se acrediten no pueden impartir educación superior. Son avances sustantivos. También son muy buenas noticias que el nuevo proceso de acreditación se realice través de una comisión y de un consejo potentes, que exista una Subsecretaría de Educación Superior y que exista una Superintendencia de Educación Superior que levante tarjetas amarillas para que no vuelvan a ocurrir casos como los de la Universidad del Mar, de la Universidad Arcis, de la Universidad Iberoamericana y otras, que terminaron estafando a sus estudiantes, prometiendo cosas que no podían cumplir y haciendo daño no solo a sus alumnos, sino también a sus exalumnos. La educación superior corre el riesgo de que algunos quieran esconderse en sus guaridas para tirar balazos o piedrazos a los que están enfrente. No creo que sea así la democracia ni el debate sobre educación superior, el cual, por definición, es una discusión de futuro. Vamos a concurrir con nuestro voto a favor, a pesar de que muchas de las materias nos parece que están en conflicto; no obstante, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho el gobierno y el Senado por mejorar el proyecto. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros que nos acompañan. En la postrimería de nuestro ejercicio de cuatro años, quiero manifestar la alegría de llegar a esta etapa y anunciar que apoyaremos el proyecto. En la década del 60, el Presidente Eduardo Frei Montalva ya pensaba en la necesidad de crear una institución como el Inacap. En conversaciones con el cardenal Raúl Silva Henríquez, le expresó la importancia de que la Universidad Católica se hiciera cargo de la formación intermedia para el desarrollo del país, lo que se concretó mediante la creación del Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que aún no cambia su nombre, no obstante que cuando llegó la etapa de mercantilización de la educación, nunca más ingresaron obreros ni campesinos al DUOC. Faltó un poco de pudor a quienes han hecho esos negocios. Me tocó presenciar cómo las primeras generaciones de estudiantes de comunas como La Granja y La Pintana ingresaban a la universidad. Miles de jóvenes de esos sectores periféricos, que nunca habían tenido la oportunidad de acceder a la universidad, lo hicieron luego de contraer el compromiso económico del Crédito con Aval del Estado (CAE). Nos sigue doliendo que miles de jóvenes egresados continúen, y continuarán, endeudados con entidades privadas, que han lucrado con el negocio de la educación. Esa es una deuda del Congreso y del gobierno. Me quiero hacer cargo y poner énfasis en este importante proyecto, en sus disposiciones generales y en sus principios rectores. ¡Qué bueno que uno de los componentes sea la autonomía! ¡Qué bueno que un componente esencial sea la calidad de la educación! ¡Qué bueno que las universidades tengan pertinencia respecto de los territorios donde funcionan! ¡Qué bueno que promuevan el respeto por los derechos humanos! No obstante, quiero dejar sentado un precedente que considero importante. A todos estos componentes: el acceso al conocimiento, la diversidad de proyectos educativos, la cooperación y colaboración entre entidades universitarias, les hace falta algo que no figura en los contenidos esenciales del proyecto: la formación ética. No es casual que en este país los abogados tributaristas se inclinen tanto por la estafa, lo que los transforma en ladrones de cuello y corbata. Algunas universidades que se denominan “Pontificia” encabezan el ranking de instituciones de las que egresaron personas cuestionadas. Diversos profesionales que se formaron en sus aulas son los principales estafadores, especialmente de los más pobres. Los ingenieros y los abogados que se coluden en las empresas donde prestan servicios para estafar a los más pobres provienen de esas casas de estudio. En esta nueva ley de educación superior debiéramos preguntarnos qué estamos haciendo con la ética en la formación profesional. Muchos médicos no se consagran a servir a los más pobres de los lugares más apartados de nuestro país, porque el afán insaciable del lucro y el poderoso señor dinero los llevan a traicionar los valores con los que han sido formados. Así, vemos grandes señores involucrados en las mayores estafas de nuestro país y en los delitos más enormes que se pueden cometer respecto de los bienes esenciales y de las riquezas naturales. ¿Y qué ha ocurrido durante los últimos años en el Congreso Nacional? Establecemos responsabilidad penal para los niños de 14 años, porque han fracasado las políticas públicas sociales. ¿Han aumentado en la misma proporción las penas para los delitos económicos? ¡No, señor! Me alegro enormemente de haber llegado a esta etapa. Estuve atento a todo el proceso de la reforma educacional. Algunos podrán buscar todos los argumentos y estructurar todos los discursos que quieran, pero jamás podrán negar la importancia que tiene la educación para los anhelos de justicia de los chilenos. Con educación se transforman los pueblos, con educación podemos lograr mayor equidad, con educación las personas pueden gozar de bienestar y tener una sociedad más humana. En consecuencia, debemos alegrarnos de haber llegado a esta etapa. El proyecto de ley tiene algunos defectos, pero no soy de los extremistas que aspiran al todo o nada. Sé que este es un proceso histórico y que es una etapa que hay que cumplir gradualmente; pero la etapa a que hemos llegado es la más importante lograda por este gobierno. Felicitaciones a la Presidenta Michelle Bachelet, a la ministra y a los colegas de la Comisión de Educación que hicieron el trabajo más arduo. A nosotros nos corresponde leer, revisar y votar, lo que haremos con mucho agrado. He querido poner énfasis en la ética que debería estar presente en la formación profesional, porque –reitero particularmente los egresados de las universidades que se llaman “Católica” y “Pontificia” han sido los campeones del abuso, de la estafa, de la usura, del enriquecimiento y de la explotación, y no de los valores éticos. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, creo que el momento que vivimos en relación con la reforma educacional es especialmente importante. Para quienes hemos trabajado arduamente en esta iniciativa parece increíble que hayamos llegado a esta etapa. Estoy seguro de que aprobaremos este proyecto de ley de transformación de la educación superior, respecto del cual no era esperable que pudiéramos alcanzar los niveles de acuerdo a que se ha llegado. El mérito de ese trabajo está en la conducta dialogante del Ministerio de Educación -me sumo a las palabras sobre la conducción del ministerio por parte de la ministra Adriana Delpiano y en la voluntad y buena disposición de la Comisión de Educación que, a pesar de la diversidad de posturas de sus integrantes, ha sido capaz de llegar a acuerdos y consensos y de integrar diversas propuestas que, tal vez, no son las que cada uno de sus integrantes hubiese querido, pero son las que pedía a gritos el sistema de educación superior: una verdadera regulación que estableciera un sistema que incremente sus niveles de calidad y exigencia y que asegure niveles de transparencia. Para ello, existirá una Superintendencia de Educación Superior con facultades para solicitar antecedentes, no solo para efectos de fiscalizar el comportamiento de las universidades, sino también para prevenir posibles fallas en los sistemas de financiamiento, que fue lo que provocó la crisis de la Universidad del Mar y de otros establecimientos de educación superior. Se establece un sistema de acreditación que exige a las instituciones de educación superior el mejoramiento de la calidad en todos los niveles. Además, se define el rol de la universidad en el país, algo que parecía difícil de lograr. Con esta iniciativa podremos decir qué es una universidad: una institución que no se agota en la docencia, sino que también tiene entre sus funciones la vinculación con el medio. Aquellas universidades que acrediten niveles de excelencia deben asegurar niveles de investigación. En suma, la idea es que todas las instituciones de educación superior vayan incrementando sus niveles de calidad, como una exigencia del sistema. El proyecto contiene ciertos principios: la definición de universidad, el sistema de provisión mixta y el rol público del Consejo de Rectores y de las universidades que lo integran. En ese sentido, se establece la posibilidad de que se integren nuevos miembros al Consejo de Rectores y de que su inclusión no esté sometida a criterios arbitrarios, sino al cumplimiento de ciertos requisitos. Ello permitirá ampliar y enriquecer ese organismo tan importante en la historia universitaria de Chile. Por otra parte, se crea una Subsecretaría de Educación Superior, y un Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, objetivo y transparente, que operará a través de una plataforma electrónica única, cuya administración corresponderá a la Subsecretaría de Educación, la que a su vez deberá constituir y coordinar un comité técnico de acceso, que dará garantías de que dicho sistema opere como corresponde. El Sistema de Acceso será obligatorio tanto para las universidades como para los institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos al sistema de gratuidad. A lo anterior hay que agregar el potenciamiento de la educación superior técnicoprofesional, que es una absoluta necesidad para un sistema de educación superior que se precie de tal. La educación superior no se agota en la que se imparte en las universidades; también debemos ampliar la pirámide de formación de nuevos profesionales hacia los técnicos, a fin de que su formación sea cada vez de mayor calidad. En el caso de la educación superior técnico-profesional debe existir un nivel diferenciado, con sus propios niveles de acreditación y de promoción, de modo que puedan ir mejorando su calidad. Es importante que exista una estrategia nacional para la formación profesional. Asegurar un sistema de educación superior regulado hacía falta desde 1981, fecha en que se estableció el sistema de educación superior que hoy estamos modificando y que ha generado grandes críticas. Hay que reconocer la importancia de haber sido capaces de lograr acuerdos políticos para avanzar en este proyecto. En ese sentido, subrayo que el diputado Bellolio en su intervención haya reconocido que la educación es un bien público y no un bien de consumo. En el caso de la educación superior, ello debe traducirse en regulaciones y en mantener instituciones que aseguren el fin al lucro. Reitero, valoro que hayamos llegado a acuerdo no obstante nuestras diferencias, porque ese es un avance republicano importante. Ahora bien, estos avances son producto de los movimientos sociales que lograron convencer a la sociedad chilena de que la educación es un derecho social y de que correspondía poner fin al lucro. Ello se refleja en el proyecto. Los cambios en el mundo universitario han sido consecuencia de largas discusiones al interior del Consejo de Rectores y de la labor de los distintos estamentos académicos y de trabajadores de las universidades. Celebro que en el Senado se haya incorporado una norma que establece que el fondo basal por desempeño para las universidades del G9 se establezca por ley. Ello dará garantías a las universidades privadas que pertenecen al Cruch de que van a tener un financiamiento permanente, el que se merecen por el rol público que han cumplido históricamente en el sistema educacional superior. Reitero, al Consejo de Rectores se podrían integrar nuevas instituciones, siempre que reúnan los requisitos para ello. El proyecto es un gran avance, aunque es perfectible. Todavía hay aspectos en que podríamos continuar mejorando, pero me siento satisfecho del avance logrado. Anuncio desde ya mi voto favorable y el de mi bancada, sin perjuicio de que cada uno tiene la libertad de expresar su pensamiento. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, saludo por su intermedio a la ministra de Educación. ¡Nos volvemos a ver en este proyecto! Recuerdo cuando en el mes de julio la ministra de Educación calificó como un acto de desconfianza extrema el hecho de no haber aprobado ciertos aspectos del proyecto porque involucrarían la mantención del Crédito con Aval del Estado. Al respecto, cito: “es palabra sagrada que el gobierno mandará antes del próximo 7 de noviembre el proyecto para terminar con el CAE.”. Eso fue una moneda de cambio para que muchas y muchos parlamentarios en esta Sala aprobaran la idea de legislar el proyecto, cosa que finalmente no pasó. Ello, de alguna manera, prueba que las desconfianzas son una construcción a partir de hechos que no se cumplen y que sistemáticamente van minando la posibilidad de construir futuras confianzas. Esto es lo que probablemente hizo que en 2011 el movimiento estudiantil tuviera tanto escepticismo frente a quienes levantaban banderas de manera oportunista para plegarse a sus demandas. Anteriormente, en 2006, el movimiento estudiantil fue traicionado, lo que generó resiliencia y una desconfianza que abrió paso al escepticismo frente a las promesas que luego no tendrían cumplimiento en la institucionalidad. Lamentablemente, eso vuelve a ocurrir. Lo que hoy tramitamos no es el proyecto en su totalidad, sino las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto despachado por la Cámara de Diputados. Creo que gran parte del texto no fue modificado en términos negativos, porque muchas de las propuestas corresponden a ajustes y correcciones más bien formales y de orden. Sin embargo, hay otros aspectos que, por supuesto, van modificando el espíritu inicial que se trabajó desde la Comisión de Educación de la Cámara, a lo cual debemos hacer referencia en esta intervención. En primer lugar, hay un aspecto relacionado con el sistema de acceso, fuente de desregulación del sistema que permite que las instituciones operen de manera triangular, porque tienen una estructura piramidal. Durante el primer año estas aceptan muchos estudiantes. Luego, en vez de hacer un filtro en el acceso, filtran a nivel de cursos, lo que se ve reflejado -hace poco la prensa informó sobre el particular en los altos niveles de deserción que exhiben algunas universidades. Esas instituciones con altos índices de deserción tienen un sistema de libre acceso, pero con pago y sin ningún tipo de filtro para que sus carreras tengan un buen desempeño en el futuro. Se trata de un tipo de pesca de arrastre que ponen en práctica ciertas universidades. En ese sentido, muchas de ellas cuentan con crédito con aval del Estado. Aunque el sistema no fue obligatorio -era lo que nosotros proponíamos-, al menos -he ahí su importancia involucraba todos aquellos aspectos que permitían a las instituciones optar por recursos públicos, ya fuera que se tratara de créditos, becas o gratuidad. Eso se eliminó en el Senado. Ahora solo aquellas instituciones que ofrecen gratuidad están obligadas a formar parte del sistema de acceso, no así las masivas, que muchas veces ocupan ese mecanismo para mantener la triangulación de recursos, que es su forma de operar. Asimismo, se eliminó la facultad de la superintendencia de supervisar la viabilidad financiera. Lamentablemente, hoy se está cerrando una universidad por ese mismo tema. Repito: desde hoy la superintendencia no podrá fiscalizar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, precisamente la razón por la que hoy miles de estudiantes están sufriendo la incertidumbre de que sus universidades vayan a cerrar. Todo lo que estoy diciendo se puede corregir en una eventual comisión mixta. No es culpa de quienes estamos sentados acá que las urgencias dispuestas por el gobierno hayan redundado en que debamos discutir el proyecto con premura. Si hay que legislar la próxima semana, o los días que disponga la Mesa, estoy dispuesto a hacerlo. A mí no me importa quién promulgará la ley. Probablemente, para el gobierno es importante quién pone la firma. Por mi parte, no puedo aprobar aquellos aspectos que importan retrocesos importantes respecto del proyecto de ley que despachó la Cámara de Diputados. Para mí, eso es fundamental. El sistema de educación superior que generemos debe ser el mejor posible para las futuras generaciones. Un tema que no puedo dejar pasar en estos minutos tiene que ver con la retórica desde la cual se esgrime una supuesta falsa representatividad de quienes, en su momento, fuimos elegidos en diferentes instituciones para representar a los y las estudiantes y que levantamos desde hace mucho tiempo las banderas de la gratuidad, del término del lucro y del acceso universal a derechos básicos como la educación. Se dice, haciendo gala de retórica, que estamos intentando regular en forma extrema y que no tenemos confianza en la sociedad civil. Nosotros nunca hemos dicho eso. Nunca hemos dicho que la sociedad civil no pueda participar. Nunca hemos dicho que solo el Estado es bueno, como muchas veces se caricaturiza. El diputado Jaime Bellolio insistentemente pone en nuestra boca, de manera indirecta, palabras y aseveraciones que nunca hemos hecho, como, por ejemplo, que solo lo que tiene el RUT del Estado es bueno. Nunca he dicho eso, pero se nos dice insistentemente que lo hemos aseverado. Queremos y creemos que el Estado tiene un rol más preponderante que el subsidiario que ellos le asignan. La retórica de tratar de instalar que nosotros estaríamos siendo no solo totalitarios, sino restrictivos ante la posibilidad de que la sociedad civil puede aportar en este proceso, merece la pena rebatirse. Muchas veces se esgrime que no son ángeles ni santos los que operan en el Estado. Pues bien, lo propio se puede decir de la sociedad civil, con la diferencia de que tenemos menos control sobre aspectos de la sociedad civil. Muchas de las regulaciones que planteamos tienen que ver con introducir aspectos de control que sí tenemos respecto del aparato público. Para bienes públicos como la educación es importante que existan regulaciones que nos permitan tener cierto control. ¿Para quién va dirigido este proyecto y sus modificaciones? Para las generaciones venideras y, sobre todo, para los más desventajados y excluidos de nuestra sociedad. Invito a los parlamentarios a asistir a las manifestaciones; a asistir a las asambleas en las instituciones de educación superior, no solo de las universidades del CRUCh, sino también de las privadas, de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales. Me ha tocado estar ahí. Son jóvenes liceanos, no necesariamente chicos, chicas y jóvenes de colegios de élite, quienes se movilizan y repletan las calles para marchar por un sistema de educación que sea justo, considerado como un derecho y no fundado en el lucro, como ha sucedido hasta ahora. Quienes marchan por las calles son precisamente aquellos que se ven despojados de ese derecho como consecuencia de la mercantilización de la educación. Si bien la retórica tiene espacio para mucho ingenio, hay veces en que esta cruza el límite con la realidad. En consecuencia, es bueno dejar en claro que aquí quienes se han movilizado para tener acceso al derecho a la educación en todos sus niveles son jóvenes de todos los sectores sociales, no exclusivamente chicos y chicas de colegios de élite, como se trata de esgrimir. Señor Presidente, hay modificaciones del Senado que le hacen mal al proyecto, dejándolo peor que como fue despachado por la Cámara. Hay otros aspectos que creemos que le hacen bien, respecto de los cuales no tenemos ningún problema y que aprobaremos, porque nos parecen de forma. Anuncio que no vamos a aprobar las modificaciones relacionadas con aspectos de fondo y que afectan el futuro del sistema de educación superior. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a la ministra de Educación, presente en la Sala, y agradecerle por cumplir con un compromiso que la Presidenta de la República asumió con el país, en el sentido de lograr durante este gobierno un cambio en la educación superior. Quiero recordar que hoy la educación superior del país se basa en leyes promulgadas durante el gobierno militar. Desde hace más de veintisiete años no ha habido ni un solo cambio, desde el punto de vista legal, en la metodología en materia de educación superior. Por eso, creo que este es un gran avance en términos políticos y de política pública en educación superior. Nuestro gobierno está terminando su mandato. Quedan muy pocas horas legislativas para la conclusión de este período parlamentario. Por cierto, uno siempre quisiera obtener lo óptimo en materia legislativa. Estoy convencido de que hay áreas donde el mercado es un mal asignador de recursos, por lo cual el Estado debiera regular suficientemente para alcanzar una sociedad mucho más justa y equilibrada. En ese sentido, existen al menos dos sectores donde el Estado debe ser predominante: educación y salud. Me parece razonable e incluso deseable que el mercado actúe en las otras actividades relacionadas con el desarrollo de la sociedad, pero educación y salud son dos bienes públicos. Si el privado participa en estos sectores, siempre querrá lucrar, rentar sobre el capital, lo que le hará mal a la sociedad. Por eso, me parece extraordinariamente importante que estemos legislando respecto de la educación superior. Hay quienes todavía creen que, en materia de educación y salud, el lucro y el mercado deben estar incorporados para la iniciativa privada, para el desarrollo privado, para la administración privada. Si no existiese fin de lucro, ese deseo de obtener rentabilidad sobre el capital, uno podría entenderlo, como sucedió durante tantos años en Chile en la educación superior. Sin embargo, durante los últimos años se desarrolló una cantidad importante de centros de formación cuyo objetivo fue la rentabilidad del capital. De una u otra manera la obtuvieron, incluso vulnerando la ley establecida por la dictadura para que las instituciones de educación superior fueran sin fines de lucro. Por eso, me parecen muy importantes los cambios que introduce el proyecto de ley. Me parece que el Senado, con una mirada conservadora, ha incorporado elementos que ponen cortapisas en materias tales como el acceso y otras. Sin embargo, voy a ser franco: lo óptimo es enemigo de lo bueno. Durante los años en que he sido parlamentario he aprendido que cuando uno quiere lo óptimo, finalmente transa todo lo bueno que puede tener un proyecto. Por eso -aquí no podemos hacernos los lesos-, si le cambiamos una sola coma a las modificaciones del Senado, tendremos que ir a comisión mixta, lo cual significará que el proyecto no se aprobará hoy y que el próximo gobierno tendrá manijas para cambiarlo y reorientarlo hacia miradas mucho más conservadoras que las que hoy tiene. Todos sabemos quién será el ministro de Educación del futuro gobierno, que tiene una relación mucho más cercana con el mercado que con el Estado. En consecuencia, me parece un descriterio político que, por querer lo óptimo, se arriesgue perder todo lo bueno que se ha avanzado. Hay modificaciones del Senado que a mí no me gustan. Soy bastante más estatista en materia de educación. En educación, los radicales creemos que el Estado debe priorizar y asegurar ese derecho a la población. Algunas modificaciones propuestas por el Senado permiten algunas ventanas para que el mercado se incorpore al sistema de educación superior. Así, por ejemplo, en la Cámara dejamos bastante más cerrado el sistema de acceso; el Senado lo abre. Nosotros entregamos a la superintendencia atribuciones para supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones. El Senado las cercena, le inhibe su capacidad fiscalizadora. No obstante todo lo dicho, el proyecto que sale del Senado es mucho mejor si se lo compara con la realidad que tenemos hoy, cuenta con una mirada mucho más coherente respecto de la acción del Estado. Desconfío más del próximo gobierno que de lo hecho por el Senado. Por eso, vamos a aprobar todas las enmiendas introducidas por la Cámara Alta, porque no quiero correr el riesgo de que la iniciativa en estudio no se apruebe como ley de la república; no quiero correr el riesgo de que por llevar el proyecto a comisión mixta, no resolvamos durante este período el problema de la educación superior. Estoy convencido de que lo bueno ahora es aprobar las modificaciones del Senado. En el futuro tendremos que buscar lo óptimo. El proyecto entrega un claro concepto de qué es una universidad y herramientas institucionales, como la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior, órganos absolutamente necesarios en nuestro país. Además, fortalece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para asegurar la calidad de dicha educación y, de esa manera, evitar la formación de profesionales “Marmicoc”, como ocurrió en el pasado, cuando egresó gran cantidad profesionales sin la suficiente preparación. Tenemos un sistema que avanza hacia la gratuidad universal. Podrá decirse que eso será en veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años más. No me preocupa mayormente el plazo; la cuestión es que el concepto de gratuidad universal está presente. Desde el punto de vista social, la educación es un derecho, noción que se reafirmará con la aprobación del proyecto. Estamos hablando de un derecho cada vez más factible de fiscalizar y evaluar por distintos actores, particularmente por la sociedad civil. Por eso, señor Presidente, estoy convencido de que debemos sacar adelante este proyecto y, de manera especial, el que trataremos durante la próxima sesión. Me hubiese gustado votar primero el de educación estatal, porque, a mi juicio, es más importante que este. Debemos reforzar el sistema estatal, el público, para avanzar en una mínima regulación de la educación, sobre todo de la educación superior. Estamos revisando y evaluando materias de Estado, por lo cual llamo a todos los diputados a aprobar las modificaciones del Senado. No queremos correr el riesgo de ir a una comisión mixta que, finalmente, termine postergando el anhelo de muchos estudiantes de tener en educación superior a lo menos un sistema coherente. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso de la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, junto con señalar a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, quiero señalar que es un gusto que al término de esta legislatura estemos poniendo un broche de oro a la reforma educacional del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con este proyecto sobre educación superior. Estamos cerrando de buena manera el camino iniciado en 2014 con el proyecto de inclusión escolar, en cuya discusión a la Cámara de Diputados le tocó un rol muy importante en términos de mejorar esa iniciativa, la que tenía por objeto terminar con el lucro, la selección y el copago con recursos públicos. Al comienzo de la reforma, muchos sostenedores de colegios de regiones fueron renuentes a la implementación de la gratuidad, pero finalmente, con auténtica vocación pedagógica, se acogieron a esa ley después de explicarles que lejos de una disminución se establecía un aumento de los recursos mediante la inclusión de la subvención por gratuidad y el aumento de la subvención escolar preferencial a la clase media. Nos alegramos que así lo hicieran, sobre todo por los padres y los alumnos que estaban muy angustiados por la suerte que iban a correr esos colegios. Hoy vamos a aprobar este proyecto de ley que crea la institucionalidad necesaria para hacer frente a los nuevos desafíos regulatorios del sector, mediante la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, de los ajustes al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la modificación de la gobernanza de la actual Comisión Nacional de Acreditación, el establecimiento de la acreditación institucional, la consagración por ley del financiamiento institucional de la gratuidad y del avance gradual en su cobertura. Me detengo en este punto para señalar que ese será quizás el gran logro del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con el que pasará a la historia, en el que el Congreso Nacional será partícipe: la consagración por ley del financiamiento institucional de la gratuidad y el avance gradual en su cobertura. Esto al comienzo fue discutido y se quiso cuestionar en el Tribunal Constitucional, lo que abría una tercera vía legislativa que desnaturalizaba su objeto, pero hoy ya nadie lo cuestiona. De hecho, en la segunda vuelta de la elección presidencial, el candidato Sebastián Piñera tuvo que comprometerse ante la ciudadanía de que no habría un retroceso en cuanto a la gratuidad de la educación superior. Esto supone un triunfo de nuestras ideas, del movimiento estudiantil, de las ONG y de todos los actores en materia de educación que nos pidieron aumentar la cobertura de la gratuidad y consagrarla por ley. Incluso, el futuro ministro de Educación, que fue designado ayer, señor Gerardo Varela, que había sido crítico con el establecimiento y la garantía de la gratuidad por ley, en su primera declaración pública tuvo que resignarse a decir que como futuro ministro de Estado tendrá que ejecutar la futura ley que establece el principio de gratuidad, y lo mismo el Presidente electo, Sebastián Piñera, quien tuvo un cambio de opinión de 180 grados, puesto que señaló que no iba a retroceder en la gratuidad. Aspiramos a la gratuidad en la educación técnico-profesional, tal como fue la propuesta de nuestra candidata presidencial Carolina Goic, del 90 por ciento de la cobertura pensando en los 600.000 jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. En el corto y mediano plazos, tenemos el objetivo de asegurar la gratuidad al 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables. Este proyecto fortalece el sector técnico-profesional mediante la estrategia nacional de formación técnica profesional y la consagración por ley del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional. En esta iniciativa se recogen varios principios: El principio de la autonomía universitaria, muy defendido por nuestro partido, la Democracia Cristiana, y por nuestras bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado. Se pondera adecuadamente con el de la fiscalización, el aseguramiento de la calidad y de la libertad de enseñanza. El principio de calidad, logrando la cooperación y la colaboración en la diversidad de proyectos educativos institucionales. El principio de inclusión, que llegó para quedarse y ya no se puede dar marcha atrás. El principio de la libertad académica. Muchos profesores de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y de otras universidades estatales y también de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) fueron exonerados durante la dictadura, porque no teníamos una ley que garantizara este principio. Además, se recoge la participación de todos los estamentos, el principio de la pertinencia, del respeto y promoción de los derechos humanos, la transparencia, las trayectorias formativas y articulación, el acceso al conocimiento, el compromiso cívico, la provisión mixta del sistema, reconociendo a las universidades estatales, a las no estatales pertenecientes al CRUCh y a las universidades privadas, con especial reconocimiento a las universidades del G9, que cumplen con una vocación pública, como ocurre con las universidades católicas. Por ejemplo, en la Región de Coquimbo, la Universidad Católica del Norte es la que tiene más matrículas de estudiantes que se han acogido a la gratuidad. Está también la Universidad de Concepción o la Universidad Austral. En definitiva, este proyecto pondera adecuadamente los principios de calidad, de fiscalización del Estado, de excelencia, de libertad y de autonomía. Felicito al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en la persona de su ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, por lo mucho que ha hecho en educación, sobre todo en la educación inicial. Hace poco aprobamos la creación de la Subsecretaría de la Niñez. Nos llena de orgullo cada vez que inauguramos un jardín infantil público en nuestras regiones, porque sabemos que cada uno de ellos supone una inversión superior a los 600 millones de pesos y que la infraestructura y calidad de los jardines infantiles públicos supera a los jardines privados. Este gobierno ha empezado por la educación de los niños y ha contemplado una mejora en todos los estamentos de la educación. Por las razones señaladas, vamos a votar a favor las modificaciones del Senado. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que estuvimos discutiendo este proyecto durante mucho tiempo en ambas cámaras. Sin embargo, también por su intermedio, quiero decir a la ministra de Educación que veo con preocupación que lo que tenía como propósito asegurar un sistema con mayor regulación, mayor control sobre las instituciones, especialmente sobre las universidades privadas, como la del Mar, la Iberoamericana o de Las Américas, que forman parte de la historia de los delitos y de los robos en este ámbito, se convirtió en un sistema bastante más laxo en cuanto al control que el que salió de la Cámara de Diputados. En el artículo 10 del texto aprobado por nuestra Corporación se hablaba de crear un sistema común de acceso a todas las instituciones de educación superior; sin embargo, se eliminó la palabra “común”. Es decir, ahora se tendrá un sistema de acceso al que solo adscriben las instituciones que adhieren a la gratuidad, pero no todas las que reciben recursos públicos. En la Cámara de Diputados habíamos puesto el acento en que debería incluirse a todas las que recibieran recursos públicos. Claramente, eso significa olvidarse de la historia. Y la historia del crecimiento inorgánico de las instituciones privadas en Chile ha sido posible gracias al CAE, pero no por la gratuidad. Fue gracias a que se instauró el CAE que esas instituciones crecieron exponencialmente, sin ningún tipo de control. También se eliminó la facultad de la Superintendencia de vigilar las condiciones para el crecimiento de la matrícula. O sea, las instituciones de educación superior no tendrán un sistema común de acceso y, además, nadie verificará si cumplen o no. En el artículo 19 se quita la facultad a la Superintendencia de evaluar y verificar las condiciones para el aumento de la matrícula. Por lo tanto, las universidades privadas podrán crecer como quieran. Aquellas que no adhieren al sistema de gratuidad recibirán el CAE y otros recursos públicos, pero nadie fiscalizará que cumplan las condiciones para aumentar la matrícula. Eso quedó muy bien regulado respecto de las universidades estatales, que no podrán crecer sin que el ministerio lo autorice. En el caso de las privadas, da lo mismo, pues podrán crecer todo lo que quieran y nadie fiscalizará si cumplen las condiciones. Señora ministra, eso está en el artículo 19. Ahí se eliminó expresamente la facultad de evaluar y de verificar las condiciones para el aumento de matrícula en el caso de las instituciones que no participen en el sistema común de acceso. Considero que eso es sumamente preocupante. Otra facultad importante que se le quita a la Superintendencia es la de supervisar la viabilidad financiera de las instituciones. Esa atribución también la tenía la CNA, en el artículo 81, pero se la quitaron. Es decir, ningún organismo fiscalizará la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, porque esa facultad no existirá. A modo de ejemplo, me referiré a la Universidad Iberoamericana. Hace poco tiempo, la CNA, que hoy se viste con nuevos ropajes y de la cual se dice que está mucho más rigurosa, le otorgó la acreditación. Dos semanas después de recibir la acreditación, esa universidad se declaró en quiebra. Hoy la CNA tiene esa facultad, pero se la quitaron, al igual que a la Superintendencia. En verdad, no entiendo cuál es el propósito de estos cambios. No sé si es para darle todas las facilidades al sistema de mercado, para que funcione como quiera, pero está claro que esas disposiciones van en contra de todo lo que discutimos y de lo que motivó la presentación de este proyecto de ley. Otro de los elementos que me parecen sumamente graves, que habíamos discutido en la Comisión de Educación y lo habíamos aprobado en la Sala, es el de los límites a los gastos en publicidad. Los gastos por ese concepto son increíblemente groseros; gran parte de los recursos que el Estado les entrega los gastan en publicidad. Hace poco comenté en la Comisión de Educación que me había enterado de que una institución de educación superior estaba haciendo una ceremonia de premiación para regalar automóviles a los alumnos con mejor puntaje que ingresaran a estudiar a esa institución. ¡Eso es lo que permitimos en Chile! Es decir, si un estudiante se inscribe en tal institución, le van a regalar un auto. ¡Bien por la “calidad” de la educación en nuestro país! Los recursos que entrega el Estado no son de la institución, pero no se les pone ningún límite para gastar los recursos que quieran en publicidad, que busca que los estudiantes se matriculen en ella. Podríamos no estar de acuerdo con el límite que acordó la comisión, que fue de 1 por ciento, que puede ser excesivo, pero eso no significa que debamos liberar completamente a esas instituciones de educación superior, porque eso significar liberar el mercado. Por otra parte, algo que también me parece complejo es que la Superintendencia, dentro de sus facultades, debe llevar un registro público de las sanciones, que tiene por objeto saber en qué tipo de malas prácticas incurren las instituciones. Nosotros lo aprobamos en forma abierta; sin embargo, ahora lo redujeron a cinco años, es decir se deben registrar públicamente los últimos cinco años de sanciones. Me parece que eso es intentar limpiar el historial delictivo de algunas instituciones, para que entren blanqueaditas, como si nunca hubiera pasado nada. ¡Qué extraño! La letra a) del artículo 5 que nosotros aprobamos, dice que para que las instituciones entren al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) deben “Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de quince años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente las características que exhiben las instituciones del Consejo.”. O sea, debieran haber tenido buen comportamiento. Pero si se borra el historial, ¡entran todas! Entran al CRUCh, libremente, todas aquellas instituciones que hayan tenido un historial de malas prácticas. Obviamente, hay otros requisitos, pero este, que es tan importante, no se consigna. Me parece que la motivación de limpiar el historial de las instituciones es sospechosa. Lo otro que me parece complejo es -tiene que ver con un asunto de forma que este proyecto fue aprobado ayer en el Senado a última hora. Prácticamente no tuvimos tiempo para revisar en detalle los cambios que se realizaron. Es decir, hay un claro interés de que no hagamos nada, que el proyecto no vaya a comisión mixta y que se apruebe tal cual. Puedo entender el interés político de que este proyecto se apruebe, señora ministra, pues también considero imperativo que este proyecto se apruebe, pero no de cualquier forma. Por ejemplo, algo que habíamos logrado en la Cámara de Diputados es que todas las carreras de salud, como enfermería, obstetricia, etcétera, esto es, las carreras que tienen que ver con la vida del ser humano, debían tener acreditación obligatoria ¡Eso también se borró de un plumazo! Quedó solo la carrera de medicina, que siempre ha estado, y se incorporó la carrera de cirujanos dentistas, que nosotros también habíamos incluido, pero a todas a las demás carreras relacionadas con la salud no se les exigirá la acreditación obligatoria. Creo que eso es una irresponsabilidad con la salud de la gente y con la formación de los profesionales que van a estar a cargo de temas sensibles para la vida de las personas. Me duele ver la forma en que se está tratando de aprobar este proyecto. Solo quiero decir que todos queremos un proyecto de regulación de la educación superior, pues ha sido vergonzoso el negocio de la educación en Chile y la forma en que se han comportado muchas instituciones. No todas se han comportado mal; pero, en honor a la verdad, las que lo han hecho, con este proyecto tal como está, tendrán bastante menos restricciones que las que deberían tener para evitar que volvamos a caer en situaciones como las ocurridas en el pasado. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra y al ministro que nos acompañan, quienes tuvieron que encabezar el proceso complejo que decidió llevar adelante la Presidenta Bachelet y que, sin duda, constituye un hecho histórico en nuestro país. Me refiero a la reforma educacional, que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, no solo se compone de un proyecto de ley sobre educación superior, sino de varias iniciativas que han pasado por la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante hacer una valoración de este proyecto en el contexto del esfuerzo político que ha significado llevar adelante un proceso de transformación del modelo de educación en todas sus áreas y ámbitos. Me refiero básicamente a la promulgación de la ley que terminó con el lucro, el copago y la selección en la educación escolar; de la ley que permitió dar inicio al proceso de desmunicipalización de la educación -de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con quien está articulando el nuevo servicio local en la comuna de Cerro Navia, que afortunadamente se incorporó al proceso de desmunicipalización-; de la ley sobre nueva carrera docente, que ha permitido a los profesores desarrollarse en un ámbito distinto, mejorar sus condiciones y subir sus salarios. También es importante señalar que la Presidenta Bachelet tomó la decisión política de iniciar el proceso de gratuidad en la educación a través de la ley de Presupuestos, a pesar de que el proyecto de ley de Educación Superior no estuviera completamente resuelto. Se trata de logros que debemos poner sobre la mesa, porque a veces somos un poquito injustos con nosotros mismos y con los esfuerzos que hemos hecho. Este proceso no ha sido fácil; ha sido a contrapelo de actores que lo único que han hecho durante todo este tiempo es buscar retrasar el avance de transformaciones fundamentales para lograr una sociedad como la que estamos pensando. Porque para que la sociedad crezca y se desarrolle, debemos cambiar las estructuras de clase que hemos perpetuado, que permiten a los ricos tener acceso a la educación, mientras los más pobres se quedan mirando. Esa es la historia que se seguirá perpetuando mientras no seamos capaces de democratizar el modelo de educación que ha imperado desde que recuperamos la democracia. Ningún Presidente de la República, incluyendo a la Presidenta en su gobierno anterior, había tomado la decisión de llevar adelante un proceso tan profundo como el que estamos desarrollando. Sin duda, todos nos hemos quedado con algunos tragos amargos en todos los proyectos que hemos aprobado en esta materia. No me cabe duda de que si hoy empezáramos a revisar una por una las leyes que se han promulgado, es muy probable que nos encontremos con problemas en su implementación o en algunas de sus ideas matrices, las cuales discutimos en su momento y que debemos seguir mejorando. Las leyes son perfectibles. Lamentablemente, el Congreso Nacional tiene una estructura que permite que una cámara sea cortapisa de la otra. También tenemos una institucionalidad completamente deficiente, con un Tribunal Constitucional que ejerce una labor política para coartar las normas que no son coherentes con sus posiciones ideológicas. En el fondo, tenemos muchos problemas. Por eso dije que este esfuerzo es a contrapelo de un sector que ha buscado frenar permanentemente los procesos de transformación. Lo manifiesto con mucha energía: es importante que reconozcamos la labor que se ha cumplido en estos cuatro años y lo compleja que ha sido. En relación con el proyecto de ley de educación superior en debate, comparto muchas de las observaciones que han hecho mis colegas, sobre todo las expresadas por la diputada Cristina Girardi; no tengo duda alguna de su tremendo compromiso y del amor que ha puesto en la discusión del proyecto, al igual que gran parte de los miembros de la Comisión de Educación, instancia en la que nuestra bancada ha sido representada por la diputada Camila Vallejo, que no solo tiene un compromiso político, sino también una historia de lucha cuando nadie hablaba de la educación superior y de los problemas de la educación en Chile. En 2005 estábamos en la calle dando la pelea para que el modelo educativo cambiara, y protestando porque el CAE iba a ser un problema para los estudiantes y porque la forma en que se estaba aplicando la ley de Acreditación era incorrecta. De ello hemos visto las consecuencias. Desde el movimiento social y estudiantil planteamos muchas veces la importancia de democratizar las instituciones de educación superior y de establecer instancias democráticas triestamentales, en las que los trabajadores y los estudiantes, y no solo un grupo de funcionarios o profesores, tuvieran la posibilidad de ser actores en la toma de decisiones. Sin duda, en este proyecto reconocemos un triunfo político, pero también una victoria ideológica. Creemos que este proyecto afecta los cimientos de uno de los pilares que dan vida al modelo de acumulación de riquezas que ha regido en el país por más de 35 años. Es así que el lucro en la educación pasa a ser un delito; es decir, quienes reciban recursos públicos no podrán lucrar, pues, de hacerlo, serán sancionados. Lo anterior es uno de los grandes logros de este proceso que es importante destacar, porque en algún momento no había ni siquiera disposición para ello. Nos dijeron que éramos exagerados a quienes pensábamos que el lucro debía ser tipificado como un delito. Actualmente, se reconoce como tal, lo que valoro y agradezco. Esta materia es parte de los elementos de contradicción que uno ve en personas como el recién nombrado ministro de Educación del futuro gobierno, que plantean y entienden la educación como un mero negocio, como un bien económico, como un bien de consumo; incluso, como dijo el propio Sebastián Piñera durante su gobierno anterior, cuando nos cerró permanentemente las puertas en la cara para no dialogar con quienes estábamos movilizados en las calles para pedir el cambio del modelo de educación. Claro que ahora que ganó la elección presidencial dijo que iba a seguir adelante con la gratuidad de la educación, pero sin ninguna convicción de que eso es necesario, porque es evidente que un sector de enfrente no está de acuerdo con que la educación sea un derecho social. Por lo demás, esto no tiene que ver con gratuidad más o gratuidad menos. Es una falacia cuando nos dicen que con los recursos de todos los chilenos vamos a pagar la educación de los más ricos. No necesitamos financiar a los más ricos de nuestro país para tener educación gratuita. Además, los estudiantes más ricos no son una mayoría en las universidades públicas, porque si bien es cierto que existe una elitización del acceso a la educación superior, ya que no está del todo democratizado, una gran cantidad de estudiantes, sobre todo en las universidades del Estado, proviene de los cinco primeros deciles, que es el grupo al cual aspiramos entregar la posibilidad de desarrollarse en esta materia. Como bancada del Partido Comunista creemos profundamente en el derecho a la educación y en la lucha que se ha venido dando por conseguirlo. Creemos que este proyecto que aborda los temas de institucionalidad, financiamiento a la gratuidad y crédito para las matrículas, nos permitirá avanzar en esta línea de democratización. Pensamos que es muy importante que hoy se cree una regulación especial que nos permita establecer mayores mecanismos de fiscalización a través de la Superintendencia de Educación Superior. También nos parece importante que finalmente se establezca un debate mayor respecto de la propiedad final del conocimiento. No puede haber traspaso cerrado de conocimientos a privados, obtenidos en instituciones de educación superior que reciben aportes públicos. Lo contrario significaría que el propio Estado estaría subsidiando a la empresa privada en el acceso al conocimiento. El producto de toda investigación debe ser propiedad social y de acceso libre, porque, como lo dice el proyecto, el desarrollo regional y nacional de nuestro país no se puede seguir planificando de acuerdo con el interés de las empresas, sino que se tiene que planificar a partir de un desarrollo nacional, político y basado principalmente en lo público. Mantenemos diferencias en ciertos aspectos de este proyecto de ley, pero seguramente la diputada Camila Vallejo, quien ha sido parte de su tramitación, las mencionará en detalle, dado que no me alcanzará el tiempo para hacerlo. La bancada del Partido Comunista e Independiente aprobará esta iniciativa porque constituye un avance fundamental para el desarrollo de nuestro país y para consagrar una serie de transformaciones que no se pueden frenar. No dejaremos en manos de quienes se han manifestado en contra de estas reivindicaciones la posibilidad de generar un retroceso en derechos conquistados gracias a las luchas sociales de miles de trabajadores, de estudiantes y de hombres y mujeres que anhelan un mayor desarrollo de la sociedad chilena. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, me sumo a las palabras de quienes lamentan cómo se ha tramitado este proyecto, entre ellas la diputada Cristina Girardi. Lo menciono, porque ayer por la tarde-noche el Senado concluyó su discusión, y hoy, mientras discutíamos en comisión mixta otra iniciativa, nos enteramos de que faltaban 10 minutos para que expirara el plazo para presentar solicitudes de votaciones separadas. Como la voluntad del gobierno es sacar adelante este proyecto, obviamente, a partir de esa instrucción, la Mesa rechazó nuestra solicitud de votaciones separadas, porque las presentamos a las 12.02 horas. En este debate se pueden hacer discursos sobre el sentido de la educación y podemos estar todos de acuerdo, pero no se mencionan las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto. ¡Nuestra responsabilidad es conocer esas modificaciones antes de votar! No se ha mencionado que debido a la modificación introducida en el artículo 75 del proyecto se permite el negocio con partes relacionadas. Algunos podrán decir que no es muy relevante, dado que se permiten negocios entre partes relacionadas por cifras no superiores a 53 millones de pesos. Pero se pueden hacer tantas veces como se quiera durante el año. Esa es una situación compleja. Algunos quieren hacernos creer que estamos aprobando la formación de una sólida organización como es la Superintendencia de Educación Superior. Les aclaro que en el Senado se cercenaron todas las facultades de esta nueva institución. Muchos han manifestado que no es posible que el Servicio Nacional del Consumidor no cuente con facultades para fiscalizar; pero a esas mismas personas ¿no les preocupa que el Senado le haya quitado facultades a la futura Superintendencia de Educación Superior? Esta institución ya no podrá verificar la viabilidad financiera de una entidad, ni verificar los contratos con partes relacionadas, ni solicitar información respecto de contratos con partes relacionadas. Es decir, nos quedaremos con una Superintendencia de Educación Superior que tiene muy pocas atribuciones. Durante bastante tiempo hemos escuchado a muchos decir en público y en privado que son firmes defensores de la educación universitaria estatal, pero ellos mismos no escatimaron en aprobar el liberalizar las condiciones para que las universidades privadas ingresaran al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). ¿Qué ocurrirá si aprobamos esta modificación introducida por el Senado? Que una universidad que no quiera adscribir a la gratuidad, podrá ser parte del Consejo de Rectores, lo que desnaturaliza la lógica con la que ha actuado el Cruch actual. Se abrirá la puerta a otro tipo de universidades que, por la lógica con que está diseñada la beca de gratuidad, tendrán ventajas en la fijación de vacantes, de aranceles, etcétera, pues no regirán para ellas las restricciones de quienes adscriben a la gratuidad. Lamento también que se haya eliminado el carácter de “común” al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior y que se haya quitado el carácter de obligatorio a las instituciones que acceden a recursos públicos. Es decir, estamos abriendo la puerta para que se siga defraudando a las familias chilenas, porque esta disposición se tiene que leer en conjunto con la flexibilidad que el proyecto entrega a las universidades privadas para que crezcan en su matrícula antojadizamente. Además, se libera a las universidades de la necesidad de contar con un sistema único de acceso, lo que implicará que cada universidad podrá establecer el sistema de acceso que quiera y optar a recursos estatales. ¿Qué decía el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en materia de superintendencia? Que sería una facultad de la Superintendencia orientar y aprobar los sistemas de acceso de esas universidades; pero esa facultad también se eliminó en el Senado. Se quita la condición de estar en gratuidad solo respecto del sistema de acceso, el que será voluntario. Reitero: se quita el poder orientador y rector a la Subsecretaría en el sistema de acceso, por lo que la Subsecretaría pasará a ser un mero prestador de servicios en una plataforma. Asimismo, se quita a la Superintendencia la atribución de supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y la capacidad de evaluar las condiciones necesarias para la ampliación de la matrícula; es decir, esto queda sujeto a las reglas del mercado. También se le quita a la Superintendencia la capacidad de supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, y se reemplaza por meras recomendaciones a los estados financieros. Se le quita a la Superintendencia la potestad de fiscalizar físicamente a las entidades relacionadas que, por ejemplo, tengan contratos con las universidades. La potestad de la Superintendencia de fiscalizar a las entidades relacionadas que tengan contratos con las universidades queda restringida solo a las operaciones directas; es decir, no podrá fiscalizar otras operaciones indirectas potencialmente vinculadas, ni podrá verificar actividades comerciales cruzadas. Además, se restringe la fiscalización de los organismos relacionados solo a aquellos con los que haya celebrado contratos u operaciones, y se restringe la fiscalización en citación a terceros relacionados a prestar declaraciones solo cuando haya presunción de operaciones que se consideren infracción grave o gravísima. Me parece muy complejo que se hayan eliminado facultades de la Superintendencia de Educación Superior referidas a las condiciones financieras. La diputada Cristina Girardi ya mencionó que nos encantaría que todo lo que he señalado fueran preocupaciones imaginarias, pero lamentablemente son temas que están en la memoria reciente de tantas familias y de tantos estudiantes que han sido defraudados, como por ejemplo los que ingresaron a la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, la que después de ser acreditada se declaró en quiebra. Esa situación podría repetirse muchas veces de aprobarse este proyecto de ley. Se acota la capacidad imperativa en materias contables de la Superintendencia, supeditándola a las directrices de la Contraloría General de la República. Es decir, se incorpora un mero análisis de riesgo de las instituciones. Todo lo referido a sanciones también fue eliminado. Por lo tanto, queremos un organismo que exista, pero que no tenga facultades para fiscalizar ni para sancionar. Por eso, no es muy difícil entender por qué a muchos les gusta este proyecto de ley. Este proyecto consagra que la educación siga siendo un bien de mercado; este proyecto consagra que la nueva institucionalidad que estamos poniendo a disposición no tenga atribución de fiscalizar ni de sancionar. Lo más grave del proyecto es que legaliza el negocio con partes relacionadas. Algunos se encargarán de decir que no es así. Los invito a leer el último inciso del artículo 75, que señala que pueden hacer todo tipo de negocios con partes relacionadas sin tener que informar a parte alguna. Si a eso sumamos que las operaciones pueden alcanzar hasta las 2.000 unidades de fomento, basta que un plantel de educación superior organice su sistema financiero para tener tantas negociaciones con partes relacionadas como quiera. Podrán decirnos que el Senado mejoró el proyecto, porque se presumirá que constituyen una sola operación aquellas que se celebren con una misma parte dentro de un período consecutivo de doce meses y tengan igual causa u objeto. ¡Por favor, señor Presidente! De lo que estamos hablando es de que hoy la superintendencia no podrá fiscalizar esos contratos, con lo cual se deja a las reglas del mercado algo que consideramos un bien público. Allá quienes quieran apoyar este proyecto, que consagra la educación como un bien de mercado. Yo, al menos, no estoy de acuerdo He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete. El señor POBLETE.- Señor Presidente, inicio estas palabras saludando la presencia de las ministras y los ministros que nos acompañan en este debate. También saludo la vehemencia y la pasión exhibidas por las diputadas señoras Girardi y Provoste. Han realizado un trabajo intenso, y algunos de los cambios introducidos por el Senado a este proyecto definitivamente no nos gustan. Señor Presidente, termina un ciclo, comienza otro. Estamos cerrando un virtuoso período de reformas realizadas durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Este es un Chile distinto; un Chile con rostro ciudadano, con semblante acogedor e inclusivo; un país en el que, por la fuerza de las ideas, debemos caber todos y todas de manera definitiva. Podemos decir que el Chile de unos pocos empezó a quedar atrás. Cada vez, la ciudadanía va tomando mejores y más amplios espacios. Sin duda, falta para que esto se concrete en forma definitiva. Hemos aprendido que los cambios en la política, a veces, cuestan mucho más de lo que uno quisiera. Hemos aprendido que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno; que, a veces, disolver la inercia y el peso de esta noche portaliana no se consigue siquiera en una generación; sin embargo, esto no debe constituir un obstáculo a la hora de avanzar hacia un Chile mejor, más igual, más justo y más digno. Hemos cambiado algunos paradigmas. La educación pasó de ser un bien de consumo a ser un derecho social, un bien público, una necesidad urgente de inmensos sectores de la sociedad que se habían visto excluidos de ella en los últimos cuarenta años; habían quedado fuera de la fiesta neoliberal de la educación privada al mejor postor. La maciza intervención de este gobierno en esta materia -estamos segurosquedará en la historia política de nuestro país. Nuestra Presidenta Bachelet será recordada como una decidida impulsora de cambios profundos, como una persona que fue capaz de generar mudanzas imprescindibles. A la hora de estar a la altura de lo que se dice y luego se hace, no vamos a encontrar parangón en el Chile reciente. El proyecto introduce algunas modificaciones relacionadas con la Subsecretaría de Educación Superior, con el propósito de dar mayores garantías a las instituciones de educación superior frente a la creación de esta repartición, principalmente en lo referente al sistema de acceso y a la regulación del financiamiento para la gratuidad. En cuanto al sistema de acceso, se mantiene como obligatorio adherir al sistema de acceso para las instituciones de educación superior en gratuidad, y voluntario para el resto de las instituciones. En este trámite se fortalece el rol de los comités técnicos en la determinación de los instrumentos de cada subsistema y se garantiza a las instituciones de educación superior la determinación de los requisitos y criterios de admisión de cada carrera o programa. Los cambios efectuados dan un adecuado balance a la necesidad de contar con un sistema común de admisión para todas aquellas instituciones que adscriban al financiamiento de la gratuidad, a través del cual se pueden establecer requisitos institucionales de exigencia académica, de apoyo a la inclusión, trasparencia, etcétera, y, por otra parte, el debido respeto a la autonomía de todas las instituciones de educación superior para decidir sobre la selección de los estudiantes que serán admitidos en cada una de ellas, siempre respetando los principios de transparencia, objetividad y no discriminación arbitraria. En lo tocante al Consejo de Rectores, se reconoce el rol público del CRUCh; se establece un mecanismo para que nuevas instituciones puedan solicitar su incorporación, siempre que cumplan con los requisitos objetivos contemplados en la ley, esto es, acreditación avanzada por cinco años; cumplir con las condiciones para adscribir a la gratuidad; estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro; contar con políticas de acceso; contar con programas de magíster y doctorado acreditados, y contar con una forma de gobierno que contemple la participación de todos los estamentos de la comunidad. Por último, en cuanto al financiamiento, se perfecciona la regulación de vacantes para dar más certidumbre a las instituciones de educación superior; se modifica el plazo de duración de la resolución que determina las vacantes, pasando de uno a tres años; se establece el deber de la subsecretaría de recabar antecedentes de los integrantes del sistema de educación superior y otros actores públicos y privados en el proceso de determinación de vacantes. En suma, se dota al nuevo sistema de generación de vacantes de mayor transparencia, cuidado y una mejor regulación. Para terminar, deseo señalar que este jardín de senderos que se bifurcan, como diría Borges, es más amplio y ancho del que imaginamos hace cuatro años, y que los desvelos y esfuerzos, a veces a contracorriente, hoy están dando algunos frutos. Felicito al gran equipo del Ministerio de Educación, formado por el ministro Eyzaguirre aquí presente-, y luego conducido con solvencia, eficacia, enorme talento y mucha simpatía por nuestra ministra Delpiano. Estoy mandatado por la bancada del Partido Socialista de Chile, a la cual pertenezco, para sancionar positivamente este proyecto. Es un voto a favor de este nuevo Chile que le abre la puerta a sus hijos que dan la cara al siglo XXI, entregándoles la posibilidad de acceder a una educación superior que hasta hace pocos años era solo un desafío; incluso, casi un sueño. He dicho. El señor SABAG (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, quería pronunciar un discurso más épico, pero voy a tener que ponerme más pragmática. El debate en el actual escenario político es bastante más simple y concreto. Porque una cosa es preguntarse si este proyecto de ley, al que el Senado le introdujo modificaciones, significa un retroceso respecto de lo que aprobamos en la Cámara de Diputados -por cierto, uno podría decir que ello es así-, y otra muy distinta es preguntarse si esta iniciativa constituye un retroceso ante la realidad actual del modelo de educación superior chileno. El Senado mejoró algunas materias; otras no me gustan. Nosotros propusimos que el sistema de acceso fuera obligatorio para todos y no solo para los que tienen gratuidad. Fue un tejo pasad; y lo tiramos pasado porque sabíamos que el Senado iba a tratar de retroceder en esa materia. Aun así, lo conseguido constituye un avance frente a la realidad actual del modelo educacional chileno, porque lo hace obligatorio para todas las instituciones que ofrecen gratuidad. En el fondo, se logró que el sistema fuera sin fines de lucro, gratuito e inclusivo. No puedo desestimar eso y poner en riesgo una reforma que, cuando sea implementada, sin lugar a dudas va a ser un avance para nuestro sistema. Ese es el punto. Entiendo que haya colegas que critiquen con vehemencia el proyecto. Algunos de ellos, en forma pública, han valorado y evaluado positivamente el nuevo gabinete de Sebastián Piñera, y creen que es posible llegar a acuerdos con el futuro gobierno. Lo entiendo y lo respeto, pero no confío en eso. No le creo a Sebastián Piñera ni al nuevo ministro de Educación, y no voy a poner en riesgo esta reforma educacional. Señor Presidente, por su intermedio deseo decir a los colegas del Frente Amplio que si la iniciativa va a comisión mixta, ni ellos ni nosotros tendremos incidencia en dicha instancia, y se correría el riesgo de que el proyecto -junto con lo que se aprobó en el Senado en materia de gratuidad quede entregado al trámite legislativo que determine Sebastián Piñera con su ministro de Educación, cuya posición conocemos: puede ponerle vetos, frenos; puede presentar una indicación sustitutiva, en fin. Si no está aprobado el conjunto de estas reformas, no hay ley. Así de simple. Entonces, quiero pedir, principalmente a los colegas de la Democracia Cristiana y del Frente Amplio que han expuesto sus críticas, que aprobemos este proyecto. ¿Hay insuficiencias? Sí, las hay; pero esto es un avance respecto del actual modelo educacional chileno, que es totalmente de mercado, de libre mercadeo, de “ley de la selva”, del “sálvese quien pueda”. Necesitamos una superintendencia. Es verdad que la fiscalización se delega a una auditoría, pero es obligatoria, y las instituciones deben ser auditadas permanentemente. Es cierto que se bajan los requisitos de acreditación para el crecimiento, ampliación de carreras y matrícula; pero existe el límite que impone la gratuidad en materia de ampliación de matrícula. Entonces, hay una propuesta que importa un significativo avance respecto de lo que tenemos. No quiero poner en riesgo la oportunidad de mejorar lo que hay, entendiendo, además, que esto va de la mano de la ley de universidades estatales, que busca fortalecer el sistema público, y poner freno al libre mercado educacional que tenemos, sobre todo en el mundo privado. En nombre de la bancada del Partido Comunista, anuncio que vamos a aprobar el proyecto. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, creo que este es un momento muy importante para todos nosotros. Se han planteado algunas interrogantes. Quiero decir, tal como señaló recién la diputada Camila Vallejo, que hay que valorar lo que se avanzó, y no confundir instrumentos con objetivos. Hace un momento se dijo que se han eliminado facultades de la superintendencia, lo que significaría, en la práctica, que el modelo desregulado continuaría adelante. Eso no es correcto. Lo único que se ha hecho -es la forma en que habitualmente operan las superintendencias, incluida la Superintendencia de Bancos, que debe fiscalizar a los agentes financieros más sofisticados de toda la operatoria general de las empresas es que a través de empresas auditoras se constatarán análisis de riesgo, que se pueden pedir de manera periódica. Además, la superintendencia tiene la facultad de ingresar a las universidades a constatar que la información sea fidedigna. Hoy no existe superintendencia y el ministerio no puede ingresar a las instituciones. Por eso, estudios como los de las Universidad Iberoamericana terminaban en una especie de punto ciego, porque no había ninguna posibilidad de ingresar a dichas casas de estudios superiores. Entonces, simplemente estamos ante un cambio de instrumental que hizo el Senado, pero con el mismo objetivo. Hay análisis de riesgo, hay auditoría, hay información plena, hay derecho de ingreso. Por lo tanto, aquí no se está dejando a los estudiantes en la desprotección. En materia de transacciones con partes relacionadas, para evitar el lucro se establece claramente que no puede haber control de las universidades por parte de personas con fines de lucro. El artículo 64 es creativo respecto de que el término “control” no solo significa mayoría; significa que eventualmente se tenga minoría, pero que, coludidos con otros directores, finalmente se controle la universidad. Con eso es evidente que no puede haber control de las universidades por parte de personas con fines de lucro, y se prohíbe absolutamente que las personas con fines de lucro y las personas del directorio tengan contrato con partes relacionadas. Solo se dice que la superintendencia, por motivos fundados, podrá hacer una excepción cuando haya alguna transacción que no tenga equivalente y beneficie a la universidad. Pero el principio es que eso está prohibido. Por lo tanto, les pido que leamos el detalle de la ley en proyecto. Aquí ni la ministra ni quien habla han hecho transacciones que pongan en riesgo todo aquello por lo que hemos luchado. Se han introducido perfeccionamientos de instrumentos para mejor resolver y para buscar la simplicidad. En consecuencia, ustedes pueden votar con toda tranquilidad, porque este es un avance sideral en materia de control del lucro y de control de la sustentabilidad financiera, para que los jóvenes no sean engañados en sus legítimas aspiraciones. Por último, debo decir una cosa muy importante. A pesar de que tuvimos que hacer una concesión con la ministra respecto de una pequeña alza para el séptimo decil -lo que fue muy peleado en el Senado-, hemos establecido un techo para el arancel. Porque cuando el Estado subsidia a través de becas o créditos a los estudiantes -lo han dicho muchos de ustedes-, da pie a las universidades para continuar subiendo los aranceles de un modo completamente desmedido y se establece un círculo vicioso. En efecto, mientras más dinero pone el Estado, más suben los aranceles de las universidades. Por lo tanto, finalmente ese dinero no va a los estudiantes, sino a las universidades para poder expandirse. Por eso, el sector privado ha crecido tanto a expensas de las universidades estatales. Ahora esto se controla rigurosamente. En síntesis, en todas las materias económicas, de protección de los estudiantes, de protección a la sustentabilidad financiera de las instituciones y de prohibición efectiva del lucro, este proyecto es un avance sideral. He dicho. -Aplausos. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano. La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).- Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los parlamentarios y parlamentarias, cuando nos encontramos en un debate tan importante no solo para los que estamos aquí, sino para el país y su futuro, para el futuro de los jóvenes. Para que no quede ninguna sensación extraña en el resto de los parlamentarios, quiero señalar que en el proyecto de ley nosotros introdujimos 62 artículos relacionados solo con la Superintendencia de Educación Superior. Eso se traduce no solo en trámites burocráticos en términos de atribuciones, competencias, etcétera, sino también en la importancia de contar con una superintendencia para el país. Aquí se están estableciendo tres instituciones: la subsecretaría, la superintendencia y el Consejo Nacional de Acreditación. Para que no nos llamemos a errores, creo que la superintendencia tiene especificadas no solo las atribuciones, sino también el rango de todas las sanciones que puede aplicar, dependiendo del tipo de dificultad o problema que presente la respectiva institución. No estamos ante una situación en blanco o negro. Las faltas están determinadas dependiendo de la situación; puede haber faltas leves, graves, gravísimas, etcétera, para cada una de las cuales se establecen sanciones, que son muy serias y severas. Además, hemos agregado la posibilidad de que cuando el problema no se origine por mala fe, se sugiera una recomendación de mejora, entendida en ese sentido. No creo que aquí se haya limado las uñas a una institución; lo que se ha hecho es hacerla acorde con otras instituciones de la misma naturaleza, como es el resto de las superintendencias. Porque aquí no basta con poner lo que nosotros queramos que se haga, sino que hay una institucionalidad que tiene precedentes en el país, como es la existencia de otras superintendencias, como bien ha dicho el ministro de Hacienda. En relación con el tema de los recursos financieros, la superintendencia está facultada para generar auditorías financieras claras, de manera de conocer cuál es la situación. Además, tiene un mandato al comienzo: debe velar por todas las condiciones que dieron lugar a la acreditación de la institución, y dentro de los aspectos que tiene que velar está la sustentabilidad económica de la institución, por lo cual fue acreditada. No nos olvidemos que además estamos estableciendo la acreditación obligatoria de toda institución de educación superior; es decir, se acaba lo voluntario y se establece lo obligatorio. Por último, quiero referirme a las acreditaciones obligatorias. Hoy tenemos una institucionalidad que, salvo las carreras de medicina y de pedagogía, no tiene obligatoriedad. Lo que hemos señalado en este proyecto, que es una carga de trabajo especial para quien tiene que acreditar, es que se acreditan obligatoriamente todas las pedagogías -todavía faltan muchas por acreditarse-, medicina, se acoge la acreditación de odontología, se acreditan obligatoriamente por la CNA todos los posgrados, se acaba el tema de los pares evaluadores por la libre, pues hay una evaluación que se mantiene voluntaria, pero que la tiene que hacer la CNA, y no instituciones ad hoc. Por lo tanto, vamos a avanzar como país. La idea es que la CNA abra periodos de acreditación por tipos de carrera, como se ha pedido la acreditación de las carreras de la salud. El diputado Robles o el senador Quintana -no lo recuerdo con precisiónpedía que se debían acreditar también las ingenierías, porque, si no las tenemos acreditadas se podían caer los muros construidos. La idea es que se vayan abriendo etapas por área: las ingenierías, las carreras de la salud, etcétera, para que entren aquellas instituciones que quieran tener acreditadas todas sus carreras. Por lo tanto, creo que aquí no estamos reblandeciendo un proyecto de ley; le estamos dando concordancia con otra estructura y creo que es un paso sustantivo, como bien se ha dicho acá, no solo respecto de lo que cada uno de nosotros quisiera que esté incluido, sino respecto de lo que tenemos, que claramente no satisface las expectativas. No es posible generar un buen sistema de educación superior, que tiene casi un 1.300.000 estudiantes, si no contamos con este tipo de institucionalidad que nos permita mirar la calidad de la educación y su funcionamiento de una manera mucho más orgánica y ordenada. He dicho. -Aplausos. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Educación Superior, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación, según la enumeración del Senado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Girardi Lavín, Cristina; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado en la letra b), el párrafo segundo de la letra i) y el párrafo segundo de la letra j), todos literales del inciso primero, y el inciso final del artículo 20; los números 8), 9), 25) y 39) del artículo 81; el nuevo artículo 101 incorporado por el Senado; los números 4) y 5) del artículo 119, y el número 14) del artículo 120, todos preceptos permanentes, que requieren para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; León Ramírez, Roberto; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en la letra a) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Boric Font, Gabriel; Chávez Velásquez, Marcelo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvo el diputado señor Flores García, Iván. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en la letra d) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Boric Font, Gabriel; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvo el diputado señor Flores García, Iván. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en la letra e) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 11 votos. No hubo abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en la letra f) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Cornejo González, Aldo; Flores García, Iván; León Ramírez, Roberto; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones propuestas por el Senado en los artículos 11, 12 y 13, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Flores García, Iván; León Ramírez, Roberto. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la supresión del artículo 35 propuesta por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Chávez Velásquez, Marcelo; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en el inciso segundo del artículo 44, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, ¿qué pasó con los artículos 11 y 12, respecto de los cuales también se pidió votación separada? El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Fueron votados y aprobados hace un momento, señora diputada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvo el diputado señor Cornejo González, Aldo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la supresión de la letra h) del artículo 53, propuesta por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 16 votos. No hubo abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Boric Font, Gabriel; Carvajal Ambiado, Loreto; Espejo Yaksic, Sergio; Flores García, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Torres Jeldes, Víctor. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado en la letra d) del artículo 55, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Carvajal Ambiado, Loreto; Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Flores García, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez Vera, Jenny; Espejo Yaksic, Sergio. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado al artículo 63, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Chávez Velásquez, Marcelo; Espejo Yaksic, Sergio; Flores García, Iván; León Ramírez, Roberto; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado al inciso tercero del artículo 65, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Flores García, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvo el diputado señor Espejo Yaksic, Sergio. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado a las letras d) y e) del número 1) del artículo 81, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Cristina Girardi, que requieren para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Chávez Velásquez, Marcelo; Flores García, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Cornejo González, Aldo; Morano Cornejo, Juan Enrique. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado a la letra e) del número 4) del artículo 81, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Cristina Girardi, que requiere para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 1 abstención. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvo el diputado señor Flores García, Iván. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado a la letra d) del artículo 83, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; León Ramírez, Roberto; Mirosevic Verdugo, Vlado; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor. -Se abstuvieron los diputados señores: Flores García, Iván; Morano Cornejo, Juan Enrique. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Finalmente, corresponde votar la modificación propuesta por el Senado al artículo quinto transitorio, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Dacarett, Jorge; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urízar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font, Gabriel; Cornejo González, Aldo; Girardi Lavín, Cristina; Jackson Drago, Giorgio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Rivas Sánchez, Gaspar; Sepúlveda Orbenes, Alejandra. -Se abstuvieron los diputados señores: León Ramírez, Roberto; Morano Cornejo, Juan Enrique; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Despachado el proyecto para que sea promulgado como ley por la Presidenta de la República. (Aplausos) Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.56 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.