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El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, por todo el tiempo de su bancada, el diputado Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, mire, creo que estamos enfrentados a los típicos dilemas que siempre enfrentamos cuando queremos resolver problemas como Estado de Chile.
Recuerdo bien que antes del inicio del llamado estallido social, semanas antes, habíamos estado abocados, como Cámara de Diputados, a discutir un proyecto de ley sobre el control preventivo de identidad a niños, niñas y adolescentes. Ese había sido el proyecto para cuya discusión se había convocado a esta Sala; es decir, estábamos discutiendo cómo también controlábamos identidad a nuestros niños y niñas en las calles, sin saber que a la semana siguiente justamente niños, niñas y adolescentes harían ese salto a unos torniquetes en el metro, con lo que provocarían o sería el inicio del llamado estallido social en nuestro país.
Estábamos tratando, justamente, de sancionar a niños y niñas, con el propósito de tenerlos vigilados, controlados, pero la respuesta estatal, sin duda, no era la correcta.
Hoy, nuevamente nos encontramos con un proyecto de ley que es un buen ejemplo de cómo funciona y a quién castiga esta sociedad chilena. En efecto, se les dice a los chilenos y chilenas, a nuestro pueblo, que se quede en casa, pero sin protección social, con un bono covid de 50.000 pesos, por una sola vez, con el cual deberá subsistir durante semanas. Y si rompe el aislamiento, será castigado.
Entonces, parece una mala broma, porque nuevamente creemos que la gobernabilidad -esto de cumplir toques de queda, cumplir aislamiento- pasa por la sanción, por la persecución penal, por el encarcelamiento o el aumento de las multas, hasta 200 UTM; pero a quién se las vamos a aplicar. Claro, todos hablan del señor del helicóptero. Creo que ese va a tener la plata, el dinero suficiente para pagar la multa que le cobren. Me pregunto si aquellos chilenos y chilenas que van a vender a la feria, que hacen trabajo de colectivero, que cumplen alguna función que los obliga a ganarse el sueldo día a día van a estar en condiciones de soportar esta carga pecuniaria que les estamos imponiendo ahora.
Creo que el Estado debe ser coherente consigo mismo, y si dice a la gente: “Quédate en casa”, y no les da ninguna protección social, al menos debe evitar sancionar penalmente a los ciudadanos que por diversas razones van a romper una cuarentena.
La sanción está establecida, existe. No estamos improvisando nada. El artículo 318 del Código Penal existe, y ha servido para la persecución penal de aquellos que han cometido esta infracción, esta inobservancia al aislamiento; es decir, hay norma penal, pero nos obligan a hacer un debate sobre cómo aumentar la sanción para aquellos que incumplan el 318, y se agregan nuevas conductas penales.
A mí me parece que primero debemos garantizar una verdadera protección social, que asegure que las familias realmente se queden en su casa, de manera que no exista justificación para romper el aislamiento, conducta que hoy pretendemos sancionar.
Pedimos que el Estado de Chile sea medianamente coherente, porque no le da ninguna protección al ciudadano, a los chilenos y chilenas, para que realmente cumplan el “Quédate en casa”. No les da protección alguna, pero sí los sanciona, los castiga si incumplen.
No estamos hablando de los que hacen fiesta, porque ellos pueden tener hasta la plata: así como pagan la entrada a la fiesta, pueden tener también el dinero suficiente para pagar la multa. Pero acá, ¿qué quieren? ¿Quieren que también sancionemos a cuatrocientas personas que van a una fiesta, y, con ello, que abarrotemos el sistema penal, o a todos aquellos que van a la feria a vender sus cachureos, a los coleros que no tienen cómo subsistir con sus familias.
Yo creo que acá estamos enfrentados nuevamente al dilema de cómo se consigue la gobernabilidad: con el castigo o persuadiendo a la ciudadanía de que cumpla las normas, porque eso, en definitiva, favorece el bien común.
Acá se opta nuevamente por imponer la lógica del castigo, lógica que, como ya está archidemostrado, a nadie convence y lo único que hace es impedir que la gente sea persuadida del cumplimiento de las reglas ciudadanas a través de la pedagogía, de la educación, y no a través de la fuerza, la violencia, la persecución penal.
En verdad, eso ya cansa. Creo que ya es suficiente con lo que tenemos hoy en el artículo 318, como para seguir aumentando penalidades y seguir amenazando a nuestro pueblo con que si no cumple las normas, lo vamos a sancionar y lo vamos a encarcelar. Ese no es el camino. No lo era antes y no lo es ahora.
No a la sanción penal para educar a un pueblo. El pueblo se educa de una manera distinta y no a través de la violencia.
He dicho.
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