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El señor PUGH.-
Señor Presidente , voy a fundamentar mi voto.
0202201. Me gustaría que recordaran ese código: 0202201. Es el que usa Fonasa para cancelar un día cama en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Corresponde al costo que significará para el Estado tener a una persona hospitalizada en tales condiciones. Y ese costo anda cerca de los 500 mil pesos; en clínicas privadas incluso es más alto. Es lo que deberá financiar el Estado en caso de derivar.
El tema de la responsabilidad tiene que estar directamente relacionado con el daño que se provoca. Y este daño es medible; ya lo hemos visto. La probabilidad de contagio es alta. La gente que se contagie y que padezca alguna enfermedad de base se verá muy afectada y puede terminar finalmente en una UCI.
Entonces, llamo a reflexionar sobre lo que significa hacer daño a los semejantes. La libertad de uno llega hasta donde comienza la libertad del otro. Obviamente, si por ese exceso de libertad y de creer que uno puede circular por todos lados, se causa una situación que puede ser incluso mortal, entonces estamos ante un escenario bastante delicado.
Se ha planteado la necesidad de discutir el famoso tratado que regula las armas químicas, biológicas y bacteriológicas. Bueno, una persona contagiada con el COVID-19 puede contagiar a muchos. Es un vector mortal y se convierte en un arma biológica. Eso es lo que debemos entender.
Por eso esta pandemia nos hace reflexionar que, para ser libres, tenemos que encerrarnos en nuestras casas y ser capaces de mantenernos sin salir. De lo contrario, si uno no cumple el confinamiento y no sabe si dañará a sus semejantes, en realidad no está haciendo uso de su libertad, sino abusando de ella, al causarle al resto algo que es muy duro.
Para eso es necesario el estado de excepción constitucional, que permite restringir la movilidad.
Ya se han realizado 23 millones de controles en los cordones sanitarios. Quiero destacar el esfuerzo hecho por personal sanitario de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en esto. Ya van 974 mil controles de toque de queda y se han registrado más de 100 mil infractores. Esa es la cantidad de gente que está en estos momentos infringiendo la norma. Son a ellos a quienes se les quiere aplicar una situación particular. ¿Y por qué? Porque si no se controla, este virus se seguirá propagando, hagamos la estrategia que hagamos. Para ello se requiere que seamos capaces de quedarnos en la casa y cumplir las instrucciones base.
La instrucción de la autoridad sanitaria es la más alta de todas. No hay ninguna autoridad más grande con la facultad de parar el país, y tenemos que saber respetarla. Las estrategias las podremos discutir. Pero, una vez que se dispone una orden, hay que cumplirla.
Algunos han mencionado el lockdown, la hibernación. ¿Pero estarán todos dispuestos a quedarse en sus casas?
Esta propuesta de ley busca perfeccionar nuestro marco jurídico para imponer penas. Pero lo más importante es relacionar la multa con el costo del Estado. Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirles a aquellos que se han opuesto -y respeto obviamente su decisión- que tomen en cuenta el daño que significa para el Fisco el hecho de invertir recursos que no se deberían gastar a raíz de la acción de personas que no están dispuestas a cumplir las medidas sanitarias.
El monto máximo de la multa (200 UTM) equivale a 10 millones de pesos. En valores Fonasa, son veinte días cama. ¡De eso estamos hablando!
Yo pido que estas medidas se evalúen con respecto a cosas objetivas, para ver cuál es el costo que tendrán.
Cuando partió el proyecto, la sanción era de apenas 20 UTM. ¡Con eso no se iba a financiar nada! Debemos entender que los costos de las acciones se pueden medir.
Hoy se está haciendo un esfuerzo gigantesco. Por eso valoro que se haya dispuesto del instrumento del estado de excepción, básicamente del estado de catástrofe. Creo que se puede perfectamente implementar más, sin llegar, como lo dijo un Senador con anterioridad, a un estado de sitio, que no es la situación.
Se debe mejorar y perfeccionar el marco jurídico, y tenemos que correlacionar las multas a los costos reales. La gente debe saber cuáles son y reconocer el trabajo de aquellos que están haciendo cumplir las medidas establecidas.
Por eso es tan importante haber citado a sesión especial este jueves 18, de 12 a l4, para escuchar al Fiscal Nacional y así buscar un criterio común, a fin de que los fiscales puedan tratar los casos en los cuales el personal de las Fuerzas Armadas aplica las reglas del uso de la fuerza en legítima defensa, si alguien pretende atentar contra sus vidas, como ocurrió el día domingo 7 de junio con el cabo Jonathan Muñoz , quien fue atropellado y muerto.
Eso no puede ocurrir; por tanto, voto a favor.
He dicho, señor Presidente.
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