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El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , hace pocos meses el Senado despachó un proyecto de ley de igual naturaleza a la del que ahora discutimos, que permitió la excarcelación y salida del país de Marcela Rodríguez , quien en ese momento era miembro del grupo Lautaro . Y lo hizo en un acto de generosidad y sin ninguna contrapartida. O sea, ya ha habido de parte del Senado y de la Cámara de Diputados un acto análogo al que hoy se solicita.
Como sostuvo el señor Ministro del Interior , nosotros no procedemos como tribunal, pero no hay duda de que nos metemos de lleno en lo que el Senador señor Valdés muy bien denominó "la política criminal".
Una rebaja de pena no es otra cosa que una institución de la doctrina penal llamada a materializar el perdón social o a producir la gracia por ley dictada por el Estado.
Tengo aquí un interesante párrafo del profesor Enrique Cury , actual ministro de la Corte Suprema , donde justifica precisamente este tipo de instituciones. Dice: "La ley no puede hacerse cargo de todas las situaciones posibles y ofrecer una solución satisfactoria para cualquiera de ellas. La realidad demuestra, en cambio, que esto dista de ser así. La legislación sólo contiene normas generales que muchas veces son incapaces de plegarse adecuadamente a las intrincadas particularidades de los casos concretos".
Por eso, nuestra legislación contempla la posibilidad de dictar una ley como la que ahora se pretende dictar , dentro de lo que en doctrina penal se llama "la excusa legal absolutoria", que viene del Derecho francés.
Me parece muy importante recordar además que, para una visión humanista y moderna del Derecho Penal, la finalidad de la sanción no es simplemente infligir un castigo o un dolor, ni homologar el sufrimiento de la víctima con el del agresor, conforme a lo se conoce como "la doctrina de la retribución penal". Eso ya ha quedado superado. Se trata de colocar como norte de toda pena la justicia, la reparación del tejido social afectado por el crimen y la reinserción social del condenado.
Ese último punto es esencial. No se aplaca un dolor con otro dolor. En el fondo, quienes así actúan tienen una concepción de la justicia que se parece más a la venganza.
Por el contrario, es legítimo preguntarse si con el encierro y el aislamiento de los infractores al margen de la sociedad, cuyos valores jurídicos en su momento no comprendieron, se logrará su adecuada reinserción social.
Esta tarde, después de un largo camino, este Senado puede tender la mano a un grupo de personas que, siendo muy jóvenes -como aquí se indicó-, cometieron actos de violencia, los que obviamente merecen nuestro reproche. Pero después de tantos años de prisión, de aislamiento y de sufrimiento, bien podría el país, dentro de una adecuada política criminal, ejercer un acto de perdón social. De eso se trata.
Quienes votan en contra, por cierto, están en su pleno derecho. Pero difícilmente puedo creer que son consecuentes con lo que plantearon en el documento a que aludió el Senador señor Chadwick , denominado "La paz ahora", donde proponían, sin condicionar una medida a otra, que el Presidente de la República enviara un proyecto de ley de las mismas características de éste, y terminaban expresando que, incluso si Mauricio Hernández Norambuena retornaba a Chile, también estaría en condiciones de beneficiarse con esa misma normativa. Y claramente manifestaron: "A su aprobación comprometemos todo nuestro apoyo".
No se trata de hacer reproches políticos, sino de exigir consecuencia. No hay ninguna condición en el documento a que hago referencia -del 20 de noviembre de 2003-...
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
...que ahora no se cumpla.
Lo único que espero es generosidad para aplicar una política criminal adecuada.
Voto a favor.
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