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El señor RÍOS.-
Señor Presidente , tal como señaló el Senador señor Díez , este proyecto nació de una necesidad vital.
Se procura, por una parte, proteger a los inversionistas de mayor edad, quienes usualmente adquieren una vivienda con sus desahucios, la arriendan y de esa forma aumentan sus ingresos.
Sin embargo, hay de otro lado una razón económica global muy importante. En Chile existen 3 millones 450 mil viviendas, aproximadamente, y de ellas -pongamos atención a esta cifra-, 517 mil son arrendadas. Se trata de una cantidad bastante alta, que, en términos porcentuales, se parece a la de otros países en desarrollo. Y eso ocurre porque muchas familias optan por arrendar, no sólo debido a que carecen de recursos para comprar una vivienda, sino también para no desviar capitales invertidos en actividades económicas paralelas.
Ese hecho produce un efecto económico relevante: no menos de 10 por ciento de las adquisiciones habitacionales realizadas en el país -no dispongo en este momento de la cifra exacta- tienen como finalidad el arrendamiento. Ello va conformando un interés tanto del Ministerio de Vivienda como de los organismos que trabajan en esta área por construir viviendas destinadas a la venta a futuros arrendadores.
Cuando ese proceso alcanza niveles atractivos y económicamente importantes, comienza también a producirse lo que señalaba el Honorable señor Díez : un conjunto de elementos propios de la judicatura no permite actuar a los tribunales contra arrendatarios que han provocado un daño enorme.
Es usual -conversé con muchos magistrados- que los juicios duren un año o más, que no se pague el arrendamiento y que normalmente se afecte a personas muy humildes. Y de pronto se producen situaciones como la recordada por el Honorable señor Díez , en que una modesta anciana, desesperada por no tener posibilidad alguna de sacar de su casa al arrendatario, quien aprovechaba cuanto elemento legal existía para quedarse en ella sin pagar, llegó al extremo de quemar el inmueble.
La Comisión de Constitución consultó a las universidades, a los organismos del Estado vinculados a la vivienda, a Carabineros, a corredores de propiedades urbanas, etcétera, y todos manifestaron su acuerdo, porque se ha llegado al límite de destruir una inversión relevante para el desarrollo del país y para la tranquilidad de quienes, por factores laborales diversos, perciben jubilaciones muy bajas y se procuran un ingreso adicional arrendando un bien raíz.
En consecuencia, me complace sobremanera que la Comisión de Constitución haya aprobado por unanimidad el proyecto y solicito igual pronunciamiento en esta Sala.
Ahora, en el evento de que el señor Presidente de la Comisión no se haya referido a ello, propongo que, de aprobarse la iniciativa, se fije un plazo de 15 días para presentar indicaciones.
He dicho.
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