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- rdf:value = " El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto).- Señor Presidente, a pesar de los pesares, el país esperaba el 21 de mayo que el Mensaje del Presidente de la República al Congreso Pleno contribuyera en algo, a despejar las inquietudes que abruman a los chilenos en estas tensas horas de carestía, de desabastecimiento, de incertidumbre, de temor y desconcierto.
La verdad es, sin embargo, que el Mensaje presidencial no trató a fondo ninguno de los grandes problemas que preocupan a Chile y que amenazan la normal continuidad de su desarrollo, en los diversos órdenes de materias en que se traduce la vida de una sociedad: El Mensaje no dio respuesta a las gigantescas incógnitas que, cada vez más, estrechan el horizonte de la Patria. El Mensaje no atenuó en nada la angustia, la ansiedad, que oprimen y ensombrecen el espíritu de los chilenos que, atónitos, contemplan cómo, por un lado, el Gobierno proclama, urbi et orbi el respeto a la democracia, la ley y la Constitución, y, por el otro, acepta y promueve el gradual desmoronamiento del Estado de Derecho, con todo lo que esto significa en términos de pérdida de libertades y derechos democráticos. Para probarlo, allí está la comunicación que, con fecha 7 de mayo de 1973, la Corte Suprema de Justicia, el más alto Tribunal de la República, envió al PresidenteAllende. Refiriéndose al incumplimiento de fallos judiciales por parte de funcionarios administrativos, la Corte Suprema dice: Esta Corte Suprema, velando una vez más por el mantenimiento del orden jurídico, representa a Vuestra Excelencia los hechos anteriores que importan la violación de la facultad de imperio de los Tribunales de Justicia que se ha traducido en el desobedecimiento de sus resoluciones por los funcionarios o Carabineros llamados a respetarlas o cumplirlas y que conduce a una crisis del estado de derecho que este Tribunal no puede silenciar.
No es la Oposición la que lo afirma. Es la Corte Suprema de Justicia que, pública y valientemente, denuncia a la faz del país que en Chile está haciendo crisis el estado de derecho y que ello ocurre a causa de que funcionarios o fuerzas dependientes del Ejecutivo no acatan lo que los Tribunales resuelven. Y la Corte Suprema añade que ella no puede silenciarlo. Ejemplarizadora actitud de un Poder que, sin dejarse amedrentar por los ataques, cumple resueltamente con su deber y, sin más armas que su jerarquía constitucional y la invocación de la ley, alza su voz respetable y autorizada en defensa de lo que es patrimonio moral de Chile y garantía de libertad y democracia: el Estado de Derecho, al respeto efectivo de las leyes, la separación de los Poderes Públicos, única garantía real de los derechos humanos y del equilibrio institucional en que descansa la verdadera democracia.
¿Cuál es, a este respecto, la palabra que trae el Mensaje? ¿Cómo contesta el juicio tan claro que la Corte Suprema emite sobre la crisis del estado de derecho? Lamentablemente, el Mensaje no hace sino confirmar los temores de nuestro más alto Tribunal de Justicia. Es el propio Presidente de la República el que, ahora, sin ambages, expresa que la jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores. Por sí y ante sí declara derogados el orden, las jerarquías y la autoridad que él denomina burguesas y que nosotros llamamos chilenas, pues forman parte de esta democracia, que no nos regaló la burguesía, sino que es fruto y producto de las luchas y grandes aspiraciones del pueblo, de la nacionalidad chilena, con su profunda vocación libertaria, de progreso y de justicia social.
Nos parece que esta declaración presidencial reviste una tremenda gravedad, pues significa que el Gobierno, por su propia libertad y abiertamente, se coloca al margen de la institucionalidad e incita al incumplimiento de las resoluciones que emanan de esas jerarquías, de esas autoridades y de ese orden que dice han perdido vigencia. Es el Presidente de la República quien presta su patrocinio y aprobación a organismos creados al margen de la ley y que constituyen un desafío a las instituciones legalmente creadas. Me refiero a las JAP, a los Cordones Industriales, a los Consejos Mineros, etcétera, que son los poderes alternativos al poder burgués que el Presidente de la República enaltece, exalta y coloca en oposición a las instituciones, a las autoridades, a la jerarquía, al orden, establecidos en Chile por la Constitución y la ley. ¿Cómo no decir entonces con la Corte Suprema que hay crisis del estado de derecho? ¿Cómo no agregar que es el Gobierno el que impulsa y alienta esta crisis? ¿Para qué seguir aceptando, entonces, el parloteo vacío e hipócrita en torno de esta vía chilena pluralista y democrática? La paz civil no se preserva, precisamente, con estas declaraciones y actitudes del Gobierno que, por el contrario, crean la alarma civil o, más bien, la alarma cívica.
El Mensaje dice que la inmensa mayoría de los chilenos está contra el caos político y económico, contra la inseguridad y la violencia, lo que posibilita el camino democrático. Nosotros estamos en esa mayoría, pero pensamos que la inseguridad y la incertidumbre tienen muchos orígenes, todos los cuales emanan de quienes tienen en sus manos el poder de gobernar. No es la Oposición democrática la que aceptó, primero y desató, después, la violencia en los campos, la industria, las calles y la vida misma. No es la Oposición la que puso en práctica esta implacable siembra de odios que tan peligrosamente está dividiendo a los chilenos y que es la preparación de la violencia bajo sus diversas formas y que nosotros condenamos, rechazamos y repudiamos con todas las fuerzas de nuestras convicciones. No es la Oposición la que, a falta de argumentos, cubre de barro y de infamias al adversario político, tratándolo como enemigo y transformando el debate ideológico en una abyecta y reprobable querella de personas.
La Oposición democrática está dispuesta a defender intransigentemente las jerarquías, la autoridad y el orden establecidos y determinados por la Constitución y las leyes. Para este efecto, recurrirá, sin vacilaciones, a todos los instrumentos y recursos que las mismas leyes y la Constitución franquean. Más no puede menos de denunciarse, con alarma, este desafío lanzado en el Mensaje y decir, con absoluta sinceridad, que lo estimamos gravísimo y de incalculables e imprevisibles consecuencias. A la vez, creemos nuestro deber expresar que la causa básica de la intranquilidad social que sacude a Chile está en la resistencia del Gobierno a escuchar la voz mayoritaria de las urnas y empecinarse en poner un esquema, no tan solo ajeno a lo que es Chile como nacionalidad y como pueblo, sino que es rechazado por la abrumadora mayoría del país.
Para eludir su obligación de respetar esta mayoría el Presidente de la República recurre a un resquicio de argumentación. Dice el Mensaje: La política gubernamental se ha traducido en el apoyo masivo que han recibido los partidos políticos que lo sustentan, el más alto que Gobierno alguno haya alcanzado en los últimos veinte años tras veintisiete meses de gestión. ¿Por qué limita la comparación a lo sucedido sólo hace veinte años? Por una razón muy sencilla y simple. Porque antes, hace más de veinte años, los partidos políticos en el poder reunieron más votos que para la elección de Presidente de la República. Fue lo que sucedió en tiempos de Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos y de Gabriel González. En 1938, Pedro Aguirre fue elegido Presidente de la República con el 50, 35% de los sufragios y en 1941 los partidos políticos que lo acompañaban obtuvieron el 59, 98%. En 1942, Juan Antonio Ríos llegó a la primera magistratura con el 54, 44% de los votos y en 1945 los partidos de su Gobierno recibieron el 55, 96%. En 1946, Gabriel González triunfó con el 40, 23% de la votación y en 1947 los partidos que lo acompañaban obtuvieron el 49, 97%. Para poder exhibir un triunfo que no es tal ni único, el Presidente de la República debe recurrir a un artificio, a una argucia, que no engaña a nadie en Chile, pero que, en el extranjero, sirve para mantener una imagen que no corresponde, por ningún concepto, a lo que es la realidad chilena, tan amarga, triste, dura y sombría en muchos de sus aspectos. La verdad es que el Presidente de la República insiste en desconocer la voz de la mayoría que, repito, constituye la raíz más profunda del malestar y de la ansiedad que, por desgracia, marcan el signo de los días que vive Chile.
El señor Allende desconoce que, en las democracias, el Gobierno no puede ni debe desoír a las mayorías. Entre nosotros, el Gobierno se empecina en desoírlas y ello no puede menos que crear una tremenda tensión política y social, que se agrava con la violencia verbal y física que el Gobierno y sus partidarios han convertido en arma habitual y cotidiana de lucha política, rebajando el nivel del debate en términos realmente desconocidos en Chile. Por eso, suena a sarcasmo el llamado que lanza el Presidente de la República cuando en el Mensaje dice: a hacer del respeto por la verdad y la honra de las personas una regla inquebrantable; a convertir los medios de comunicación opositores y partidarios del Gobierno en vehículos de debate ideológico y no de odios y alimento de la irracionalidad. ¿Es que el Presidente no lee su prensa, no escucha sus radios, no ve su televisión? ¿O es que también han perdido vigencia la autoridad y la jerarquía del Primer Mandatario de la Nación?
En otra parte de su Mensaje, el Jefe del Estado afirma que la contradicción real se plantea entre la gran mayoría del pueblo, productores o consumidores, industriales o agricultores, con los especuladores y agiotistas, forma principal de expresión de los intereses económicos inmediatos de la gran burguesía. Estamos y estaremos siempre contra la especulación y el agio, el acaparamiento y el mercado negro, etcétera, pero tampoco podemos olvidar que estas actividades ilícitas y condenables sólo florecen cuando se rompe el equilibrio entre lo que la gente desea comprar y las disponibilidades de esos artículos. No hay mercado negro ni especulación sin baja de producción, sin escasez. Nada más falaz que tratar de colocar, por un lado, a los especuladores y agiotistas y, por el otro, a los productores y consumidores, a los industriales y agricultores. ¡Si el hecho clave está en que ni los agricultores pequeños o medianos ni los medianos o pequeños industriales tienen la tranquilidad necesaria para trabajar en paz, como lo están pidiendo en todos los tonos desde el momento mismo en que se advirtió la intención de este Gobierno de mantener sin delimitar las áreas de la economía y aceptar o tolerar las tomas de tierras, de industrias, de cosechas y hasta de viviendas! No hay contradicción antagónica entre el área social y el área privada. No. Lo que existe es una tremenda desconfianza que paraliza las iniciativas, que desalienta el trabajo creador, que acarrea baja en la producción, a causa de que aún nadie sabe hasta dónde llega el área social y dónde empieza el área privada, pues se han intervenido, hasta fábricas de caramelos y, como lo dijo una vez nuestra colega señora Mireya Baltra Moreno, se intervino el Cementerio Metropolitano; el Teatro Atacama, de Copiapó, con 500 butacas; una fábrica de cola de huesos en Chillán, la que, como declaró la Diputada, quebró a causa de que el interventor, ni lento ni perezoso, contrató dieciséis nuevos obreros, y todos miembros de su familia. Lo dijo en la revista Punto Final, página Nº 172, el 5 de diciembre de 1972.
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