REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA ORDINARIA Sesión 8ª, en miércoles 20 de junio de 1973 (Ordinaria: de 16 a 18.51 horas) Presidencia de los señores Pareto, don Luis y Muñoz Barra, don Roberto. Secretario, el señor Guerrero, don Raúl. Prosecretario Subrogante, el señor Goycoolea, don Patricio. ÍNDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- ASISTENCIA V.- TEXTO DEL DEBATE I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- La Cámara califica la urgencia solicitada para un proyecto de ley 623 2.- Se acuerda prorrogar el plazo para informar un proyecto 624 ORDEN DEL DIA: 3.- La Cámara continúa ocupándose de la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Orlando Millas Correa, y la declara admisible 624 II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS 1.- Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas relativas a la elección de Consejeros del Colegio de Abogados 619 2.- Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que concede patrocinio constitucional y formula indicación al proyecto que beneficia a doña Carmen Triviño viuda de Lara 619 3/4.- Informes de la Comisión de Gobierno Interior, recaídos en los siguientes proyectos: El que autoriza la celebración de carreras hípicas extraordinarias en beneficio de las instituciones deportivas que indica 619 El que autoriza la celebración de carreras hípicas extraordinarias, con el objeto de adquirir buses para el transporte de estudiantes 621 5.- Oficio del Senado, con el cual comunica no haber insistido en las modificaciones rechazadas por la Cámara, que introdujo al proyecto que modifica la ley de Rentas Municipales 622 6.- Moción de los señores Gamboa y Vásquez, por la que inician un proyecto de ley que establece que la Corporación de Fomento de la Producción otorgará préstamos a las Municipalidades que lo soliciten, con el objeto de adquirir repuestos 622 Además, se dio cuenta de los siguientes documentos: Un oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el que contesta el que se le enviara en nombre del señor Frei, acerca de la construcción de 20 viviendas para la Caja de Empleados Particulares de la localidad de Yumbel (57). Una comunicación del señor Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas de las Universidad de Chile, con la que se refiere al actual momento político que vive el país. III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Nº 299.Santiago, 19. VI. 1973. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas relativas a la elección de los Consejeros del Colegio de Abogados. Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C. 2.- OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Nº 298.Santiago, 19. VI. 1973. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso da la facultad que me confiere el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, he resuelto conceder el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite al proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña Carmen Triviño viuda de Lara. Además, vengo en formular la siguiente indicación: Para reemplazar en el inciso primero de su artículo único, la expresión E° 500, por la siguiente: Dos sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago. Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C. 3.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Garay y Cardemil, que autoriza la celebración de carreras hípicas extraordinarias en beneficio de las instituciones deportivas que índica. Es de público conocimiento que la actividad deportiva se desarrolla en Chile en precarias condiciones por carencia de recursos económicos que le impiden obtener un adecuado financiamiento. Chile tiene la responsabilidad de ser la sede de los VII Juegos Deportivos Panamericanos a efectuarse en la ciudad de Santiago, en octubre de 1975, para lo cual se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que consulta los recursos necesarios, pero que puede dilatarse su publicación definitiva ya que está pendiente aún en una de las ramas del Parlamento. Además, en Chile en el mes de octubre de 1973, se va a celebrar el Campeonato Sudamericano de Atletismo y en el año 1974, deberán realizarse en Concepción los Juegos Olímpicos Nacionales. Estas Justas Deportivas tienen gran importancia por cuanto servirán de experiencias preparatorias para nuestros deportistas, para su próxima participación en los Juegos Deportivos Panamericanos de 1975. Es necesario también destinar recursos para la habilitación de las sedes en que se realizarán el VIII Campeonato Nacional de Fútbol Amateur que se efectuará en la provincia de Chiloé a comienzos de 1974 y el Campeonato Nacional de Básquetbol Juvenil que se realizará en Ancud. Hay también entidades deportivas de la provincia de Valparaíso que requieren urgentemente auxilio económico para continuar el desarrollo de sus actividades. Sus Asociaciones Deportivas han sido semillero de destacados campeones que han obtenido altas calificaciones en atletismo, basquetbol y otros deportes. Con estas finalidades se autoriza a la realización de dos reuniones extraordinarias de carreras durante el año 1973 en el Hipódromo Chile, el Club Hípico de Santiago y el Valparaíso Sporting Club y asimismo, se dispone que la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia, deberán realizar, cada una de ellas, sorteos extraordinarios durante el año 1973. Las disposiciones contenidas en el proyecto en informe, se contemplan en los artículos 25 y 26 de él, que destina recursos para los VII Juegos Deportivos Panamericanos; pero sus autores estiman que puede dilatarse la tramitación de dicha iniciativa y optaron por desglosar estas disposiciones con la esperanza que se traduzcan en ley a la brevedad posible, ya que se trata de financiar competencias y actividades deportivas que deben realizarse en el curso del presente año y a comienzos del próximo. El texto mismo del articulado del proyecto no merece mayores explicaciones por cuanto es de una claridad meridiana. La Comisión aprobó esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros en general y en particular. Por estas consideraciones y las que os dará el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior os recomienda la aprobación del siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Autorízase a la Sociedad Hipódromo Chile, al Club Hípico de Santiago y al Valparaíso Sporting Club, para que cada uno realice dos reuniones extraordinarias de carreras en días no festivos durante el año 1973 y cuyo producto líquido se distribuirá en la siguiente forma: a) El producto de una reunión en cada hipódromo, para la Federación Atlética de Chile con el fin de financiar la organización y celebración del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se verificará en nuestro país en el mes de octubre del mismo año; b) El producto de una reunión del Hipódromo de Chile y del Club Hípico de Santiago, para la Asociación de Fútbol de Castro, a fin de preparar y celebrar el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur en ésa ciudad en enero de 1974. De la cantidad que se recaude se deducirá un 5% de ella para la Asociación de Basquetbol de Ancud a objeto de sufragar los gastos de preparación y realización del Campeonato Nacional de Basquetbol Juvenil a realizarse en esa ciudad; y otro 5% para el Consejo Local de Deportes de Ancud para el alhajamiento del Gimnasio Techado, en donde se realizará el evento deportivo a que se alude. Estos fondos serán remesados directamente a los beneficiarios por las Gerencias de estos Hipódromos, y c) El producto de una reunión del Valparaíso Sporting Club para el financiamiento de las Asociaciones Deportivas de Valparaíso reconocidas oficialmente por las Federaciones Nacionales respectivas, cantidad que será distribuida porcentualmente entre ellas, de común acuerdo entre los Presidentes de esas Asociaciones, Cualquier dificultad que surja en la distribución de estos fondos será resuelta sin ulterior reclamo por el Consejo Nacional de Deportes, quien percibirá los fondos y los entregará a cada Asociación favorecida. Artículo 2º.- Si alguno de los hipódromos citados expresare su voluntad de no hacer uso de la facultad que les confiere esta ley, la correspondiente reunión extraordinaria de carreras podrá efectuarla uno de los otros. Para este efecto las Gerencias de estas instituciones deberán llegar a un acuerdo que permita realizar las seis reuniones extraordinarias de carreras programadas. Artículo 3°.- Autorízase a la Administración de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia para que cada institución realice sendos sorteos extraordinarios durante el año 1973 cuyo producto líquido común se distribuirá de la siguiente manera: a) El 80% del rendimiento para financiar los primeros Juegos Olímpicos Nacionales a efectuarse en 1974 en Concepción; b) 20% restante, en partes iguales, para reforzar la organización de los eventos deportivos oficiales a que se refiere la letra b) del artículo primero de esta ley. Los fondos que otorga esta disposición serán entregados directamente por la administración de ambas instituciones a los comités organizadores de las competencias citadas, los que darán cuenta de su inversión a la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 4º.- La Agencia del Banco Central de Chile en Castro, otorgará con la debida oportunidad las divisas para cumplir con la importación de los elementos necesarios para el alhajamiento de los recintos en que se celebren los eventos deportivos citados en las ciudades de Castro y Ancud. Sala de la Comisión, a 19 de junio de 1973. Acordado en sesión 3ª, de igual fecha, con asistencia de los señores Godoy (Presidente); Allende doña Fidelma; Baltra doña Mireya; Muñoz don Guillermo; Ramírez; Suárez y Vergara. Se designó Diputado informante al señor Muñoz, don Guillermo. (Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión. 4.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de simple, que autoriza la realización de carreras extraordinarias con el objeto de adquirir buses para el transporte de estudiantes. La iniciativa en examen tiene por finalidad resolver uno de los mayores problemas que afecta a la población escolar del país y que es el de la movilización de su lugar de residencia a los centros de estudio. Asimismo, estos medios de transporte permitirán a los educandos el desarrollo de actividades coprogramáticas y extraprogramáticas. Con este objeto la iniciativa autoriza la celebración de una reunión anual en forma permanente en el Club Hípico de Santiago, Hipódromo Chile de Santiago y Sporting Club de Viña del Mar, cuyo producido se destinará a la adquisición de buses para satisfacer las necesidades de transporte escolar en las diversas provincias del país. Por una sola vez, vale decir por el año 1973, se dispone que el 70% de las carreras autorizadas, deberá destinarse a la adquisición de vehículos para el Instituto Nacional. Por estas consideraciones la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto en informe. Por el artículo único del proyecto, se autoriza la celebración de las referidas reuniones hípicas y se consulta en el inciso segundo una disposición que destina por una sola vez, el 70% del producido de dichas carreras para la compra de vehículos destinado al transporte escolar de los alumnos del Instituto Nacional. Por las razones expuestas y las que os dará el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior, os recomienda la aprobación del siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Autorízase al Club Hípico de Santiago, al Hipódromo Chile de Santiago y al Sporting Club de Viña del Mar para realizar una reunión anual en cada uno de ellos, destinada a financiar la adquisición de buses para el transporte de estudiantes, considerando las necesidades de las provincias. Del producto líquido total, se destinará en el presente año de 1973, por una sola vez, el 70%, a la compra de buses para el Instituto Nacional para satisfacer las necesidades da movilización de sus alumnos. Sala de la Comisión, a 19 de junio de 1973. Acordado en sesión 3ª, de esta misma fecha, con asistencia de los señores Godoy (Presidente); Allende doña Fidelma; Baltra doña Mireya; Muñoz don Guillermo; Ramírez; Suárez y Vergara. Se designó Diputado informante a la señora Baltra, doña Mireya. (Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión. 5.- OFICIO DEL SENADO Nº 16008.Santiago, 15 de junio de 1973. El Senado ha tenido a bien no insistir en la aprobación de las modificaciones que introdujo al proyecto de ley que modifica la Ley de Rentas Municipales, que esa Honorable Cámara rechazó. Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 10, de fecha 31 de mayo de 1973. Devuelto los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Humberto Aguirre Doolan.- Pelagio Figueroa Toro. 6.- MOCION DE LOS SEÑORES GAMBOA Y VASQUEZ Honorable Cámara: La mayoría de las Municipalidades del país no cuentan con los recursos necesarios para adquirir o renovar sus equipos de aseo, con el objeto de prestar un mejor servicio a la comunidad. La falencia económica en que se debaten es sobradamente conocida. Un elevado porcentaje de esas máquinas se encuentran paralizadas debido a la falta de repuestos o de recursos para adquirirlos, con lo cual se deja de cumplir con una función primordial, la extracción de basuras, resintiéndose el aspecto de higiene y poniéndose en peligro la salud pública. Como una manera de ayudar a que los Municipios superen este grave problema venimos a proponer a la Honorable Cámara el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°.- Las Municipalidades del país podrán, a través de la correspondiente Oficina de CORFO, obtener un préstamo a un plazo conveniente, con el único objeto de adquirir los repuestos que requieran, a la Empresa Nacional de Repuestos de Automóviles (ENARA). Artículo 2º.- La CORFO, para cumplir con lo que señala en el artículo anterior, estudiará un financiamiento especial junto con la proposición de facilidades y un interés que resulte conveniente para ambas partes, tomándose en cuenta en todo caso que se trata en colaborar con un organismo que entrega servicio a la comunidad y debe mejorarlo en cuanto le sea posible. (Fdo.): Luciano Vásquez Muruaga. Manuel Gamboa Valenzuela. IV.- ASISTENCIA Sesión 8ª, ordinaria, en miércoles 20 de junio de 1973. Presidencia de los señores Pareto, don Luis y Muñoz Barra, don Roberto. Se abrió a las 16 horas. Asistieron los señores: Acuña Méndez, Agustín Alamos Vásquez, Hugo Alessandri Besa, Arturo Alessandri Valdés, Gustavo Altamirano Guerrero, Amanda Alvarado Páez, Pedro Ansieta Núñez, Alfonso Araya González, Silvia Amello Romo, Mario Aylwin Azocar, Andrés Barrionuevo Barrionuevo, Raúl Bayo Veloso, Francisco Becker Baechler, Germán Campos Avila, Julio Cantero Prado, Manuel Cardemil Alfaro, Gustavo Carrasco Muñoz, Baldemar Carmine Zúñiga, Víctor Castilla Hernández, Guido Castillo Michea, Cesáreo Castro Castro, Héctor Contreras Mella, Eduardo Costa Espinoza, Silvia Dip de Rodríguez, Juana Dupré Silva, Carlos Errázuriz Eguiguren, Maximiano Escobar Astaburuaga, Luis Frei Bolívar, Arturo Fuentealba Caamaño, Clemente Fuentes Venegas, César Raúl Galilea Widmer, Manuel Gallardo Paz, Manuel Gamboa Valenzuela, Manuel Garay Figueroa, Félix Garcés Fernández, Carlos Godoy Matte, Domingo González Maertens, Víctor Guerra Cofré, Bernardino Hagel Arredondo, Leonardo Herrera Herrera, Raúl Huenumán García, Rosendo Huepe García, Claudio Jiliberto Zepeda, Alejandro King Caldichoury, Eduardo Keonig Carrillo, Eduardo Krauss Rusque, Enrique Larre Asenjo, Enrique Lazo Carrera, Carmen Leighton Guzmán, Bernardo Leyton Soto, Esteban Marchant Binder, Mario Martín Mardones, Luis Mekis Spikin, Patricio Momberg Roa, Hardy Monares Gómez, José Monckeberg Barros, Gustavo Montt Momberg, Julio Moya Muñoz, Oscar Muñoz Barra, Roberto Muñoz Zúñiga, Guillermo Orrego Vicuña, Claudio Ortúzar Latapiat, Eugenio Ossa Bulnes, Juan Luis Otero Echeverría, Rafael Páez Verdugo, Sergio Palza Corvacho, Humberto Pareto González, Luis Penna Miranda, Marino Pérez de Arce Ibieta, Hermógenes Pinto de Galleguillos, Silvia Quezada Quezada, Anselmo Ramírez Valenzuela, Rodolfo Ramírez Vergara, Gustavo Retamal Contreras, Blanca Reyes Aroca, Jaime Riesco Zañartu, Germán Rodríguez Villalobos, Silvio Romero Vásquez, Fernando Ruiz-Esquide Jara, Mariano Saavedra Cortés, Wilna Saavedra Viollier, Sergio Sabag Castillo, Hosain Salvo Inostroza, Camilo Sánchez Bañados, Raúl Scarella Calandroni, Aníbal Schott Scheuch, Fernando Sepúlveda Whittle, Eduardo Sívori Alzérreca, Carlos Soto Gutiérrez, Rubén Suárez Obiol, Alfonso Tapia Salgado, René Torres Peralta, Mario Tudela Barraza, Ricardo Valdés Rodríguez, Juan Vásquez Muruaga, Luciano Vega Vera, Osvallo Vergara Osorio, Lautaro Yuseff Sotomayor, Gonzalo Zaldívar Larraín, Alberto Zapata Bravo, Rubén. El Secretario, señor Guerrero Guerrero, don Raúl y Prosecretario subrogante, señor Goycoolea, don Patricio. Se levantó la sesión a las 18 horas 51 minutos. V.- TEXTO DEL DEBATE Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor PARETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 6ª, ordinaria, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Se va a dar lectura a la cuenta. El señor Goycoolea (Prosecretario subrogante) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- CALIFICACION DE URGENCIA El señor PARETO (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto que establece normas sobre elección de Consejeros del Colegio de Abogados. Si le parece a la Sala y no se pide otra calificación, se declarará de simple esta manifestación de urgencia. Acordado. 2.- PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO DE LEY El señor PARETO (Presidente).- La Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción solicita que se le prorrogue hasta el constitucional el plazo para informar el proyecto que crea la Dirección Nacional de Distribución y Comercialización. Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. Acordado. ORDEN DEL DIA 3.- ACUSACION CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL MINISTRO DE ECONOMIA, TOMENTO Y RECONSTRUCCION, SEÑOR ORLANDO MILLAS CORREA El señor PARETO (Presidente).- En la Tabla del Orden del Día, corresponde seguir ocupándose de la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Orlando Millas Correa. Se encontraba con el uso de la palabra el señor Saavedra, don Sergio, a quien restan 98 minutos de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría. El señor SAAVEDRA (don Sergio).- Continuando mis observaciones, quiero referirme a la crisis de la producción. Estamos enfrentados a una disminución alarmante en la producción de artículos esenciales. Por otra parte, la inflación acelera la velocidad de circulación del dinero, presionando sobre el mercado de bienes. Se destaca la baja de producción de trigo, maravilla, raps y remolacha lo que incide directamente en la producción de pan, aceite y azúcar. En menor escala, esto ocurre con la producción alimenticia en general. Si bien las informaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas nos muestran un descenso de sólo 0,8% en este rubro, no hay que olvidar que esa es la cifra global del año, y que en los últimos meses de 1972 y primer trimestre del presente año se registran deterioros de gran magnitud. Tenemos así que la producción de alimentos en los últimos meses del año 72 llegó a ser entre 8 y 10% menos que la existente en 1971. Esto significa que en el segundo semestre cada chileno dispuso de casi un 12% menos de productos alimenticios. Esta cifra negativa tiende a empeorarse durante 1973 por tres razones fundamentales: la cosecha agrícola, que ha sido peor que en 1972, cosa reconocida en el propio Mensaje leído por el Presidente de la República; la falta de divisas por una caída vertical de nuestras exportaciones, y la incapacidad física del país para importar las cantidades astronómicas que serían necesarias para suplir la producción interna. Este es un antecedente que es preciso tener en consideración para explicarse la conducta del Ministro señor Millas. De no mediar una crisis profunda en la producción, no habría podido intentarse siquiera mencionar la palabra racionamiento y mucho menos uno de carácter abiertamente discriminatorio. La falta de producción ha generado angustia y desesperación en la población y de ello ha intentado aprovecharse el Ministro para implantar su sistema. Los dos Mercados de la Economía Chilena. La situación descrita de inflación, de falta de productos en cantidad suficiente para satisfacer la demanda y la creciente presión que genera el exceso de billetes, al no existir alternativas atractivas de ahorro tenía que favorecer la creación y existencia del mercado dual: por un lado, los productos a precios oficiales y, por el otro, los productos vendidos o revendidos en otros valores. ¡Qué falso fue el esquema de ofrecer a los trabajadores una mayor cantidad de billetes si no se ponían a su alcance los productos que deseaban comprar! En este doble mercado se ha movido con gran fluidez el Gobierno, por cuanto, por un lado, facilita su existencia, creando las condiciones económicas y, por otro, lo utiliza sin consideraciones para favorecer su hegemonía. El Gobierno controla la producción o la distribución de todos los artículos que hoy día se llaman conflictivos, y en veces controla ambas cosas. Hoy puede enriquecer a quienes desee y pretende someter a quienes tratan sin éxito de acceder al mercado oficial. Y no me refiero solamente a los artículos alimenticios. Ya hemos conocido los manejos en otras áreas. Por ejemplo, por medio del estanco puede entregar automóviles para financiar campañas políticas a través de la diferencia de precio entre el mercado oficial y el mercado secundario o negro. Puede igualmente remunerar en esa forma a cualquiera de sus adictos y, aún, comprar favores o voluntades. Lo que vemos con los autos en beneficio de los más grandes, se practica por igual en todos los niveles: unos reciben estufas, otros, refrigeradores o cocinas. Televisores, radios y bicicletas, géneros, crea, osnaburgo, aceite, pollos y mantequilla conforman una amplia gama de productos... El señor CARDEMIL.- Y pañales. El señor SAAVEDRA (don Sergio)- ... que en fuerte proporción se desvían del mercado oficial para pagar prebendas o ejercer poder político. Mientras esto ocurre en beneficio de algunos, la gran mayoría de los chilenos siente, con angustia y temor, que se les hace cada día más difícil satisfacer sus necesidades esenciales sin tener que recurrir al mercado negro, que enriquece a los privilegiados del régimen, o sin tener que someterse a los controles y a los métodos que se pretenden implantar en todos los niveles, llegando, incluso, a la Unidad Vecinal con las llamadas Juntas de Abastecimiento y Precios. Productores, comerciantes y consumidores sienten, cada vez con mayor fuerza, la presión que se ejerce sobre ellos por medio de las políticas que impone el Ministerio de Economía. Está en manos del Gobierno corregir la situación existente. Sin embargo, parece que no desea hacerlo mientras no deje establecido el sistema de control político y económico que se ha propuesto. Y una observación final. En materias tan complejas de analizar, como es la crisis económica que vive Chile, son muchos los factores en juego y es difícil distinguir las causas de los efectos, pues, a veces, los efectos son utilizados como nuevas causal les: emisiones, inflación, crisis económica, desabastecimiento de insumos básicos, crisis de divisas, estrechez financiero, estancamiento de la producción, problemas de precios y manejo discriminatorio de los precios, temor, desahorro, violencia, resquicios legales, conflictos sociales y mercado negro, van entretejiéndose como una telaraña; pero no de cualquier forma, sino de esas en forma de embudo, de tal manera que todos sus hilos se usan en un sentido determinado, que procura el control del poder económico, el control del poder político y el control de la base social. En este sentido hemos venido caminando desde hace dos años, y más aceleradamente en los últimos meses. No hay precio que resulte alto para lograr la meta propuesta. El bienestar general del país y de sus trabajadores queda subordinado al fin que se proponen, y en muchos países este objetivo ha sido logrado como resultado de una crisis de tal magnitud, que ha destruido hasta los cimientos de esas economías; pero en esos países han tenido que lograrlo implantando la dictadura total. En una democracia no se acepta ni tolera tan injustificado y alto costo. Y es más: se discute el objetivo final. Por esa razón defendemos con ahínco nuestra democracia como el mejor baluarte contra los arrestos totalitarios que pretenden someter a los chilenos; por ello hoy día estamos procurando castigar a un Ministro cuya política atenta contra la independencia que requiere cada chileno para expresar libremente su opinión, su voto y ejercer sus derechos. Señor Presidente, me ha solicitado una interrupción el Diputado señor Orrego y se la concedo. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Orrego. El señor ORREGO.- Muchas gracias. Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión en un momento en que la crisis política, económica e institucional de Chile llega a un punto dramático que hace peligrar nuestro destino como nación independiente y nuestra sobrevivencia como democracia política, para analizar los antecedentes de fondo del momento que vivimos. Es, entonces, necesario que nos detengamos un instante a reconocer las causas profundas de esta catástrofe que ha provocado el Gobierno del señor Allende Gossens y quienes lo acompañan políticamente en el lapso tan solo de dos años y medio de Administración. Se necesita, en medio de un clima de engaños y odios, que el país conozca con claridad el itinerario de esta crisis y la identidad de sus responsables. Este discurso me gustaría titularlo Del Dogmatismo y la Tozudez al Engaño y la Traición, para señalar así, con pruebas documentales irrefutables, la culpabilidad principal que en esto le cabe al Partido Comunista, del cual es alto dirigente el Ministro acusado. No cabe esto, por cierto, en los términos de una acusación constitucional, pero sí en los términos de un juicio público ante la conciencia del pueblo chileno. El señor MOYA.- ¡Vengan a legislar en vez de estar haciendo estas cosas! El señor ORREGO.- Por esta razón, limitaré mis palabras tan sólo a la exposición de antecedentes aparecidos en libros, artículos de revistas especializadas y de diarios, durante los primeros ocho meses de este Gobierno. El señor MOYA.- Vengan a legislar en favor del pueblo. El señor ORREGO.- De esta manera, el país y la Honorable Cámara podrán ver el carácter casi profético de las críticas que mereció la política económica del actual Gobierno desde su primer momento, contrastando con ello la magnitud del engaño deliberado y consciente que el Gobierno pretende cometer ahora lavando su responsabilidad histórica con explicaciones falaces para inculpar a quienes le advirtieron oportunamente el fracaso a que estaba destinada su gestión. El primer hecho que debe ser destacado es que desde el primer momento se percibió la decisión política de los responsables económicos de someter el manejo de la economía a los intereses electorales y partidistas de los Partidos de la Unidad Popular. Ya el 1º de enero de 1971, un equipo de economistas democratacristianos los señores Sergio Molina, Alvaro Bardón, Jorge Cauas, Andrés Sanfuentes y José Luis Zavala escribían en La Prensa, en relación con la política enunciada por el Gobierno, antes de dos meses de haber asumido el poder: Si las dificultades expuestas han sido previstas por los planificadores del Gobierno, cabe pensar que se busca un cambio institucional, bajo la presión de los factores económicos. Por otra parte, si se considera que el programa económico de Gobierno puede tener éxito en el corto plazo pero no en el largo plazo, porque se sentirá el efecto del aumento masivo de remuneraciones y de la contención artificial y arbitraria de los precios, cabe pensar que se ha buscado un objetivo político-electoral en vistas a las próximas elecciones generales del mes de abril. Esta presunción era reconocida posteriormente por el Ministro de Economía señor Pedro Vuskovic que continúa, desde la CORFO, inspirando la política del Gobierno en un documento secreto, publicado por el diario El Mercurio, cuya autenticidad fue admitida y que decía así: Sin duda, la conducción de la política económica de corto plazo contribuyó en 1971 a ampliar la base de sustentación política del Gobierno (como quedó demostrado en la elección de abril). No obstante lo avanzado, ésta sigue siendo una necesidad primordial, sobre todo si se considera la perspectiva de un plebiscito en el curso del próximo año. Por si esto fuera cuestionado en su autenticidad, es el mismo señor Vuskovic quien sostiene, en un artículo aparecido en 1972 en el libro Transición al socialismo y experiencia chilena, lo que sigue: La ampliación de la base política del Gobierno es requisito para poder profundizar el carácter revolucionario del proceso; es requisito para poder seguir ampliando el área de propiedad social. De nuevo los dos elementos, el objetivo programático central y la cuestión estratégica inmediata, presentes en el problema. El economista Sebastián Piñera, en el libro Chile: El costo social de la dependencia ideológica, del cual somos coautores, resume con toda claridad lo ocurrido... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ORREGO.- ... Para lograr la realización de este propósito básico con la eficacia y rapidez necesarias, era imprescindible ampliar la base social que serviría de sustento al Gobierno popular; para esto la política populista claramente orientada hacia la captación de nuevas adhesiones para el Gobierno del pueblo, en que el costo económico que esa política traería en el futuro, aparentemente carecía de importancia y al inicio de las transformaciones estructurales. Implícitamente, esta hipótesis sugiere que previo a que los factores negativos de tal política se hicieran presentes en la economía, la Unidad Popular habría conquistado la totalidad del poder y podría iniciar la segunda etapa de la construcción del socialismo, en que palabras como esfuerzo, ahorro, sacrificio, inversión, hasta entonces no mencionadas, reaparecerían sobre el tapete. En síntesis, la estrategia económica de corto plazo estuvo al servicio de la estrategia política cuyo objetivo primordial era el asalto al poder. Para lograr este objetivo, según el economista Andrés Sanfuentes, en la misma obra recién citada, sostiene: El método utilizado consistió en aumentar notoriamente el nivel de ingreso y, por consiguiente, el poder de consumo de las grandes mayorías. El populismo, tan combatido por los revolucionarios, pasa a constituirse así en acción de Gobierno. Es el mismo Piñera quien nos señala que el camino que el Gobierno debió haber seguido para garantizar la solidez económica del país y el éxito al mediano y largo plazo de la política seguida, era poner un énfasis esencial en la inversión como forma de reactivación permanente del proceso económico. Pero: El Gobierno no optó por este camino, prefiriendo el del crecimiento del consumo y descuidando notoriamente la ampliación de la capacidad productiva de la economía chilena... La señora LAZO.- ¿Qué hizo su Gobierno, señor? El señor ORREGO.- Es posible que la razón que justificó esta acción fue una razón política: la de crear una aparente imagen de auge económico a través de un incremento sustancial de los niveles de consumo (sacrificando la inversión) que permitiera la captación de las nuevas adhesiones y de esta manera ser funcional a los objetivos políticos. Esto no sé podía lograr a través del incremento de la inversión, ya que los frutos de ésta no se hacen presentes de inmediato, pues se requiere de un período de maduración. En una palabra, se puso a la economía chilena al servicio de los intereses políticos de la Unidad Popular. Ello le permitió al Gobierno el auge inicial de 1971, con la conciencia clara de que para los años siguientes la catástrofe sería inevitable, como los hechos lo demostraron. El año de la redistribución, como fue bautizado 1971, no fue nunca seguido por un año 1972 de la acumulación, como lo señalara el señor Allende. La farra siguió adelante a todo vapor y el Gobierno no tuvo otra posibilidad que comenzar a parchar los hoyos y a buscar excusas falsas para los resultados. El señor MOYA.- ¡Los hoyos que dejaron ustedes! El señor ORREGO.- Las razones son simples para todo economista. El propio Piñera nos las señala: En síntesis, el conflicto o contradicción de ambas políticas (corto y largo plazo) radica en la utilización del excedente. La de largo plazo buscaba canalizarlo hacia la inversión; la de corto plazo lo ha canalizado hacia el consumo atendiendo a consignas populistas y demagógicas que no reparan en las contradicciones de lo que propugnan (más reajustes, congelación de precios, menos impuestos, más consumo, menos ahorro, más crecimiento, etcétera,). Esas son las verdaderas razones de la catástrofe que hoy vive el país y que mantiene al pueblo en tensión y en un empobrecimiento creciente. Es esa verdad la que el Gobierno trata hoy de ocultar, mediante el uso del odio y la mentira,... La señora ALTAMIRANO (doña Amanda).- ¡Que ustedes siembran! El señor ORREGO.- ... y ello es lo que queremos aclarar en forma categórica. No se me escapa, señor Presidente, que se puede sostener que estos análisis son interpretaciones partidistas del proceso, que estamos en presencia del costo social del proceso revolucionario y otras frases similares. Por esta razón, quiero llevar mi prueba argumental a lo que en su momento dijeron, tanto los más altos funcionarios responsables de la política económica del Gobierno, como los economistas democratacristianos que ya he citado. De esa manera, a nadie le podrá caber duda acerca de quiénes se equivocaron y deben asumir, entonces, su responsabilidad y de quiénes tuvieron y siguen teniendo la razón. Desgraciadamente, por falta de tiempo, no podré analizar lo que el Gobierno ha conseguido de la totalidad de los objetivos que la Unidad Popular planteó en el momento inicial. Me limitaré tan sólo a tomar la inflación y el mejoramiento del nivel de vida del pueblo, que son aquellos que más dramáticamente castigan hoy a los pobres de este país, a los trabajadores, a los campesinos y a la clase media asalariada. De este análisis podremos comprender la magnitud de las mentiras sostenidas por el actual Ministro de Hacienda y la gravedad de la traición de que el Partido Comunista hace víctimas a los trabajadores chilenos. El primer Ministro de Hacienda de este Gobierno, el dirigente comunista señor Américo Zorrilla, afirma, en el primer informe de la Hacienda Pública, en noviembre de 1970: La lucha antinflacionaria es un aspecto fundamental de la política económica del Gobierno. Ella impregna todas y cada una de sus medidas. Y luego, en el diario El Siglo del 13 de diciembre de 1970, reiteraba ese concepto al decir: Hasta el 3 de noviembre, la inflación azotaba a Chile a un ritmo galopante. Desde ese día este proceso comenzó a detenerse. Cesaron las devaluaciones antipatriotas de la cotización en escudos del dólar. Se dejaron sin efecto numerosas alzas, entre ellas la de los servicios eléctricos. Se incrementó la fiscalización de los artículos de primera necesidad. En el curso de 1971 vendrán a surtir efecto las nuevas medidas y con ellas se llegará a la supresión de las alzas, que se recordarán en el futuro como una pesadilla del tiempo de los gobiernos al servicio del gran capital. Esto demuestra cuál era la intención política del Gobierno y es en relación a ella como deben ser medidos sus resultados y las culpabilidades consiguientes. Sin embargo y esto es lo importante, en el solo enunciado de esta política, en noviembre de 1970, los economistas democratacristianos encontraban ya las bases para sospechar del éxito que ella tendría. Así es como, en un documento que circuló en los medios científicos y que fue publicado más tarde, se afirma, recién fijada públicamente la política oficial: La inflación persistirá por un tiempo más o menos largo y su persistencia no sólo dependerá del ataque a las bases de la estructura, sino que de la relativa estrictez en materia financiera. En el diario La Prensa del 4 de diciembre de 1970, justo un mes después de instalado el nuevo Gobierno, se afirmaba: Nos parece una ingenuidad pensar que se podrán mantener los precios internos con un crecimiento del gasto público que excederá el 60%, con una expansión monetaria que se prevé de gran magnitud, con un alza del costo de los salarios que excederá el 40%., y se concluía afirmando: En una palabra, la política enunciada es incompleta, porque carece de la información indispensable para apreciar su consistencia y, a juzgar por lo conocido hasta ahora, se nota una falta de coherencia que puede provocar un serio trastorno en la economía del país. El día 1° de enero de 1971, La Prensa volvía a plantear su inquietud frente a las primeras medidas económicas que aplicaba el Gobierno, y afirmaba proféticamente: ¿Qué sucedería si la oferta no responde con la rapidez que esperan los planificadores de la política del Gobierno? La disyuntiva es más o menos clara: o se disparan los precios y el Gobierno fracasará en uno de sus principales propósitos o deberá recurrir a toda la gama del control policial del Estado, uno de cuyos instrumentos deberá ser el racionamiento. Este no tiene otra finalidad que anular el valor del dinero, ya que sólo se podría comprar lo que la autoridad del Estado haya entregado como cuota disponible, lo que trae consigo la estatización de las actividades comerciales intermedias. El 29 de mayo de 1971, La Prensa comentaba el primer mensaje presidencial del señor Allende en los siguientes términos: En los meses que han transcurrido de esta Administración aparecen dos propósitos claros: La reactivación económica, creando estímulos en la demanda a través del aumento de las remuneraciones y del gasto público, y la toma del poder económico en un proceso acelerado de nacionalizaciones y estatizaciones. Para lograr estos objetivos no se ha reparado en los procedimientos ni en los efectos posteriores que se pueden producir cuando no sea posible mantener por más tiempo la artificialidad económica que se ha creado. De esa manera se prueba cómo los efectos de esa política estaban condenados al fracaso desde el primer momento. En ese mismo artículo se señaló por primera vez que el proceso llevaba indefectiblemente hacia un fenómeno de desabastecimiento generalizado. Efectivamente, se sostenía: Las autoridades que dirigen la política económica del Gobierno se han demostrado muy desaprensivas frente a los problemas monetarios, pero todo tiene su límite. La cantidad de dinero nuevo que se ha incorporado al sistema económico en los últimos 12 meses supera el ciento por ciento, o sea, se ha más que duplicado, correspondiendo a los primeros cuatro meses de este año en una proporción superior al 55%. Todo esto tiene su expresión en algo visible, que ha sido el aumento de las ventas, las que se han podido efectuar gracias a la acumulación de stocks, en poder de comerciantes, distribuidores e industriales, que se produjo entre septiembre del año anterior y comienzos de 1971. El agotamiento de estos stocks ya está provocando problemas de escasez de ciertos productos y es probable que esta tendencia se acentúe, aunque no en forma generalizada. En todo caso, la escasez de bienes en el mercado provoca una reacción del público similar a la que se produce cuando se insinúa un alza en los precios, o sea, comprar más para prevenir una situación de falta de abastecimiento. Esta situación es altamente peligrosa en una economía de gran liquidez, como es el caso actual de Chile. ¿Puede haber acaso pruebas más concretas de que todos los signos de la catástrofe se señalaron a tiempo y que ellos derivan tan sólo de los graves errores de los economistas oficialistas? Eran esos los tiempos en que el Gobierno sostenía el éxito total del modelo, y cuando todavía no se hacía necesario recurrir a burdos engaños para justificar una tragedia que se haría inevitable dos años después. Se hacían ya los primeros llamados pados para que el Gobierno rectificara sus errores manifiestos antes de que fuera tarde, pero el oficialismo respondía tan sólo con la agresión y con la injuria. Y así se sostenía, en mayo de 1971: Creemos que los problemas más graves no se verán este año, sino en la transición al año 1972, donde se constatará un volumen de subsidios que excederán toda posibilidad de financiamiento, donde los reajustes de remuneraciones ya no podrán continuar con la prodigalidad que se han otorgado en 1971, donde será necesario generar ahorro para hacer frente a la expansión del sistema productivo, donde se notarán los efectos que la política o despolítica de reforma agraria tendrá sobre la producción agropecuaria, donde habrá que tomar una decisión más definitiva en materia cambiaría y de comercio exterior una vez agotadas las reservas acumuladas en el Gobierno anterior y donde la eficiencia de la administración deberá primar sobre la euforia de las tomas. Desgraciadamente, el Gobierno, manteniendo su borrachera de palabras y slogans, nada entendía y, por lo tanto, no rectificaba nada. En lo que se refiere a la inflación y la escasez, estos economistas sostenían, en El Mercurio del 29 de mayo de 1971: En realidad un aumento del 100% (del circulante) debiera preocupar a cualquier institución o individuo de este país, pues aumentos de esa magnitud son desusados y sólo han sido llevados a cabo en países que han terminado en hiperinflaciones o inflaciones galopantes, como en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial; y agregaban: en un país donde existe control de precios (por ejemplo un país socialista) si se aumenta la cantidad de dinero la gente tiene más dinero y en consecuencia tiende a gastarlo, aumentando la presión sobre los bienes existentes, provocando una escasez permanente que, como no puede resolverse por alza de precios (suponiendo que el control de precios es eficiente y no se crean mercados negros) se resuelve por la vía de las colas o de las tarjetas de racionamiento. Se puede decir entonces que cuando existen aumentos sustanciales de la cantidad de dinero, necesariamente se produce escasez y luego inflación o racionamientos por la vía de las tarjetas o por la vía de las colas. Esto se sostenía en el primer semestre de 1971. Lo importante de estos hechos es que ya se predecían, por simple teoría económica, con casi un año y medio de anticipación a su aparición real en el país. ¿Con qué cara, entonces, el Gobierno pretende culpar hoy a la Oposición de la catástrofe que ha desatado sobre Chile? Y, para demostrar la ceguera, la ignorancia y la exclusiva culpabilidad de los funcionarios de la Unidad Popular y del Partido Comunista, veamos qué decían ante esas advertencias realmente profundas y patrióticas. El señor Ministro Zorrilla decía, en noviembre de 1970: Hemos iniciado la más estricta política de control de precios y ella será inflexiblemente mantenida en adelante. El Ministro Vuskovic, por su parte, sostenía ante el Consejo Nacional de Desarrollo, según información aparecida en el diario La Nación del 2 de abril de 1971, lo siguiente: Aquellos que anuncian una inflación desenfrenada no entienden nada de lo que está ocurriendo. Hay factores nuevos que hacen que no sean las puras magnitudes financieras las determinantes del funcionamiento económico, ni siquiera las que comandan el sistema de precios, ya que en la medida que se eliminan las trabas institucionales que tradicionalmente han frenado la economía chilena, se abren grandes posibilidades de expansión. El Director de Planificación, Gonzalo Martner, por su parte, en el libro El Pensamiento Económico del Gobierno de Allende, sostenía: Creemos que es importante dejar bien sentado lo anterior (la coherencia conceptual de la política trazada y su inserción dentro de un contexto de transformación histórica), sobre todo cuando existen algunos economistas que para enjuiciar la política del Gobierno incurren en el error de utilizar instrumental analítico y el contexto conceptual de tipo tradicional. Por su parte, el propio señor Vuskovic reiteraba, en la misma exposición ante el Consejo Nacional de Economía, citada en la revista ¿Qué Pasa? del 22 de junio de 1972: ...los actuales pitonisos de la inflación recurren a otro tipo de argumentos, de acuerdo a los esquemas tradicionales en torno a los cuales siguen funcionando. Sostienen que el aumento de los medios de pago, la expansión crediticia, las bonificaciones a determinados servicios, las compensaciones a algunos productos de exportación, etcétera, configuran un cuadro financiero que, a través de los mecanismos habituales de una economía capitalista, tiene necesariamente que romper la actual política de precios y llevar a una inflación desenfrenada en los próximos meses. No entienden nada de lo que está ocurriendo. La verdad es que en ese tiempo la razón la tenían quienes sostenían eso, y los hechos les han dado la razón. Honorable Cámara, creo que las citas que acabo de entregar son una demostración categórica de que la culpa de este desastre que vivimos no se debe a factores externos, ni a sabotaje, ni a sedición de la Oposición. Se debe tan sólo a que el dogmatismo marxista-leninista de los partidos oficialistas, la ignorancia y la porfía de algunos funcionarios y la incapacidad de reaccionar del Gobierno en su conjunto ante la realidad es la única explicación de los males que sufre el pueblo de Chile. Ha sido el señor Allende, inspirado por las directrices del Partido Comunista, cuyo Ministro de Economía acusamos hoy, el único responsable de esta catástrofe sin parangón en nuestra historia. Es eso lo que hoy se quiere tapar con la mentira y con la traición a los trabajadores. Es eso lo que hoy se quiere justificar lanzando acusaciones a granel, sin moral alguna. Así es como el actual Ministro de Hacienda, militante de la fracción MAPU más cercana al Partido Comunista, sostuvo hace pocos días ante el país que las altas tasas de inflación que hemos sufrido durante los últimos meses demuestran la amplitud y el vigor alcanzado en nuestro país por el capitalismo especulativo. Y agrega, con un desparpajo rayano en el delito moral: Así el Gobierno está en condiciones de sostener ante el país, con absoluta responsabilidad y sometiendo sus palabras al juicio de la historia, que la mayoría opositora del Parlamento ha venido actuando en estos casos como el brazo derecho del capitalismo especulativo. El gobierno está en condiciones de sostener que la mayoría opositora, más allá de las intenciones de algunos de sus miembros, se ha convertido en principal cómplice del proceso inflacionario y del desabastecimiento. Señor Presidente, el cuadro actual de la economía y el comportamiento de los principales funcionarios del Gobierno muestran que no sólo no están dispuestos a corregir ninguno de los errores, sino que además tratan de sembrar el país de odio, desconfianza y mentira, para que en el futuro nadie pueda enmendar esta tragedia que nos afecta. El señor Flores, hablando a nombre del Gobierno, practica la política de caerse tirando del mantel, para arrastrar a todo Chile, hoy y en lo futuro, que es lo más grave, al colapso económico total e irrecuperable. En las palabras de este funcionario se denuncia ya como regresión al pasado y como expresión de intereses todas aquellas medidas económicas que puedan ser consideradas como remedio a esta catástrofe. Y no lanzo tan grave acusación sino por mi convencimiento más profundo de que el dogmatismo y el odio de algunos totalitarios pueden llevarlos hasta el extremo de pretender destruir, en forma irrecuperable, nuestra institucionalidad, rememorando la bestial política del Atila clásico. Símbolo de ese espíritu y de esta política son las declaraciones del ex Ministro de Hacienda y hoy Presidente del Banco Central, Carlos Matus, a la revista alemana Der Spiegel, publicadas en El Mercurio el 25 de octubre de 1972, donde sostiene: Si podemos probar que el proceso es ya irreversible, entonces podemos sufrir una crisis sin zozobrar inmediatamente. Pero como hemos logrado hechos irreversibles, dificultades pasajeras no pueden afectarnos. Y concluía diciendo: Todos estos son hechos que hacen imposible que por ejemplo los democratacristianos o el Partido Nacional puedan reasumir otra vez el Gobierno. Nosotros podemos gobernar con errores, pero somos los únicos en condiciones de gobernar el país. Es de esa manera como el actual Ministro de Economía al ser enjuiciado por abiertas trasgresiones a la legalidad y la Constitución, debe también ser enjuiciado junto con su partido, por la destrucción de la economía chilena, por la traición a las aspiraciones y conquistas del pueblo y por haber llevado a Chile al borde del colapso. El fracaso del Gobierno, de su diagnóstico, de su ignorancia, de su inmadurez política, puede ser resumido en dos cifras que, para terminar, quiero dar a conocer a la Honorable Cámara. El Gobierno que anunció que la inflación se había acabado en Chile el 3 de noviembre de 1970 ha tenido, entre esa fecha y mayo de 1973, un alza del 420%, es decir, 70 puntos más, en sólo dos años, que lo que el Gobierno anterior tuviera en sus seis años. También el Gobierno, que anunció la Independencia Nacional y que se presenta como víctima de un bloqueo internacional, ha endeudado al país, en los años 71 y 72, en 818 millones de dólares, según las cifras recientes de la CEPAL, que ningún militante oficialista podrá desconocer o negar. Ello es muy ilustrativo si se sabe que el Gobierno de Frei se endeudó, en seis años, en 738 millones de dólares, es decir, 80 millones menos que el actual en sólo dos; los cuales, si se descuentan los dólares que estaban en la reserva del Banco Central, que también ha gastado este Gobierno, se reducen a 377 millones en seis años. Es decir, este Gobierno, en dos años y medio se ha endeudado dos y media veces más que el Gobierno anterior en seis, además de haberse farreado las reservas del país y de estar contratando créditos para comer, a corto plazo y alto interés. Y con esas dos variaciones queda demostrado el porqué nuestra seguridad pasa por momentos críticos, el porqué el pueblo sufre y protesta, el porqué el Gobierno tiene que recurrir, cada día más, a la represión, al odio, a la mentira y a la traición para tratar de salvar su responsabilidad histórica frente al pueblo de Chile. Los hechos han demostrado quienes son los culpables. Muchas gracias, señor Presidente. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Puede continuar con el uso de la palabra el Diputado señor Saavedra. El señor SAAVEDRA (don Sergio).- He concedido una interrupción al Diputado señor Zaldívar. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, ayer y hoy no hemos contado con la presencia del Ministro acusado... El señor MOYA.- Porque no se presta para la chacota; por eso no viene. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Pero usted sí se presta. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Señor Moya, le ruego guardar silencio. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- En su contestación escrita a la acusación, él asevera que no concurriría por cuanto no creía... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... en la democracia existente en nuestro país. En una contestación de veintiséis páginas, se ha dedicado a vaguedades, a cosas generales, y a eludir los términos de esta acusación. La verdad es que su ausencia tiene dos explicaciones: una estrategia circense para el exterior o cobardía moral para no enfrentar a esta Cámara, para escuchar aquí las razones por las cuales se le ha acusado. Los que me han precedido en el uso de la palabra han señalado ya el contexto del deterioro de la economía de este país. Se ha indicado cómo después de una farra de dos años, en que un demoledor, un hombre frívolo, como el señor Vuskovic, que destruyó la economía e hizo pasar al país por una apariencia de bienestar, ha sido suplido y sucedido por la mano fuerte, con el respaldo del Partido Comunista, del estalinista Millas, quien hoy día es quien ahoga la participación del pueblo, los reclamos del pueblo, y quien hoy día, junto con tener esa mano dura, al mismo tiempo hace circo con las instituciones democráticas ... El señor MOYA.- Lo demostró en esta Cámara; demostró que era capaz. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Yo quisiera señalar aquí la contradicción en que cae el Ministro señor Millas, que carece de toda autoridad moral para hacer la más mínima defensa de aquello por lo que ha sido acusado. En primer lugar... La señora COSTA (doña Silvia).- ¿Qué es moral para usted? El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Moral es lo que le voy a señalar. Cuando se aprobaron las garantías constitucionales en esta Cámara, ¿qué dijo el señor Millas? Dijo: De lo que se trata es de que la democracia sea más democrática. Lo que proponemos es que a la mayoría, hasta hoy postergada, y a la que sólo se le llamaba a emitir el voto, se le reconozca también el acceso a los puestos de mando democráticos del Estado. Lo que pretendemos es eliminar, sucesivamente, los subterfugios y los procedimientos que en la práctica limitan o hacen ilusorio el ejercicio real por cada hombre y cada mujer del pueblo de los derechos y libertades de cada cual. Esto sostenía el señor Millas, entonces. Y veamos qué está haciendo él, hoy día, con el derecho mínimo, que ya no pareciera, ni debiera (ni lo está), porque es la esencia de la vida, estar reglamentado en constitución y legislación alguna, como es la de poder comer con libertad, la de poder comer sin sujeción al sectarismo... La señora COSTA (doña Silvia).- ¡Pobrecito! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... sin sujeción a los dictados políticos. Veamos cómo está actuando este Ministro y cómo se contradicen estas palabras que él pronunció, con los hechos. El, que sostuvo que las mayorías debían mandar; él que sostuvo que el hombre y la mujer debían participar; él, que decía que este Gobierno se iba a desarrollar dentro del auge de la democracia; hoy día está, con la mano de hierro del estalinismo, con organizaciones callampas como son las JAP, tratando de evitar que la gente pueda abastecerse y comer con libertad. El, hoy día, es el verdugo, es el instrumento que viene a poner al pueblo en su lugar, después del deterioro que la misma política que él inspiró e inspiró su partido, ha llevado al país a la mayor crisis económica que existe. Por eso es que, fallada ya la política populista en que estuvieron, se ve en la necesidad de esta política represiva, de esta política antidemocrática, de esta política que aplasta a las personas y que destruye los organismos vivos de nuestra comunidad. La señora LAZO.- ¡Pásenle un pañuelo para que llore con ganas! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- El lloro, señora Diputada, es del pueblo, que cuando juzgue al señor Millas y juzgue a este Gobierno, no va a ser en el contexto de una acusación... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señora Carmen Lazo, le ruego guardar silencio! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... sino que va a ser con el dolor, el hambre, las colas y todos los sufrimientos que hoy día está soportando. Y no van a ser simples palabras. Eso es lo que va a pasar. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Decía que este Ministro, siguiendo los dictados del marxismo, hoy día quiere reprimir aquellas inquietudes populares que ellos mismos han generado. Y en esto son artistas los marxistas, porque de los propios daños que ellos ejecutan, del deterioro de la economía que han hecho, del desabastecimiento y la inflación, hoy día tratan de sacar provecho político, de un alto grado político y de una alta eficacia. Ya comenzaron en enero de 1972, previendo las circunstancias, al crear las JAP. Y las crearon. Y nosotros no discutimos su aparente legalidad, porque así fue aprobado por el Contralor General de la República, sino que discutimos aquello que fue advertido oportunamente por el señor Contralor y que nosotros también advertimos:... La señora LAZO.- ¿A qué hora vamos a legislar, señor Presidente? El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... que las Juntas de Abastecimiento y Precios no tenían facultades ejecutivas, que no podían hacer empadronamientos, ni racionar, ni discriminar en el comercio. Esto lo advertimos en su oportunidad. Y ¿qué es lo que ha pasado con este Ministro de Economía, que en un momento aconsejó emitir y, luego, aconsejó quemar los billetes emitidos mediante el alza de los precios? Ahora, cuando ya esos procedimientos no le han dado resultado, porque es tanto lo emitido que no hay horno donde quemar los billetes emitidos, se encuentra en esta necesidad de reprimir al pueblo a través de estos organismos antidemocráticos, suplantando y usurpando aquellas funciones que son propias de aquellos organismos que fueron reconocidos en las garantías constitucionales, como son las juntas de vecinos, a las cuales, según ustedes han oído, dijo que había que dar todo el apoyo para que la mujer y el hombre común participaran. Este es el cinismo de la contestación del señor Millas de ayer, cinismo que trasunta toda una metodología, todo un método, para reprimir la voz democrática. Y por eso,... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... hoy día las JAP existen para eso. Y de esto lo acusamos. Y esto no lo ha respondido. Lo acusamos, porque las JAP están ejecutando labores propiamente discriminativas; porque están dando tarjetas a unos y a otros no se las entregan; porque están haciendo encuestas; porque están distribuyendo malamente las mercaderías; porque están discriminando entre el comerciante honesto y el que está entregado a dictados políticos, el que hace mercado negro; porque están favoreciendo a aquella nueva clase que se está enriqueciendo hoy día. En realidad, no lo acusamos por la existencia misma de las JAP como organismos asesores, sino por su actuación discriminatoria, por haberse excedido en sus funciones, por querer suplantar a las Juntas de Vecinos. También lo estamos acusando porque se ha salido de la ley, pues ha querido el Ministro hacer todo esto a través de instructivos; ni siquiera a través de decretos, ni siquiera de resoluciones, ni menos de ley, cuando para designar cualquier empleado público, para establecer cualquier impuesto en el país, se requiere de una ley. Hoy día vemos cómo este Ministro, a través del Secretario Nacional de Distribución y a través de DIRINCO, ha dictado instructivos que, en opinión del señor Contralor, dicha en la Comisión, por escrito, que son ilegales e inconstitucionales. Nosotros no culpamos de esto al Secretario Nacional de Distribución. Él es un simple secretario, que pertenece a un Consejo, en el cual sólo tiene que cumplir los dictados de los marxistas que dirigen su labor de secretario. No lo estamos juzgando a él; sino que estamos juzgando al Ministro que, sencillamente saca las castañas con las manos del gato para ejercer el poder en la base social. Estamos juzgando a este Ministro que está dictando esas instrucciones ilegales e inconstitucionales. Estamos juzgando, finalmente, toda aquella discriminación que se hace a través de las secretarías regionales de las JAP en cada una de nuestras ciudades. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Estos hechos son los que mueven a esta Cámara a acusar a este Ministro, y no aquellos que señala en su libelo, cuando dice que quisiéramos nosotros estar guiando la política de este Gobierno. Así, de las 26 páginas que contiene la defensa escrita que envió el Ministro, 16 están destinadas a generalidades, a definir el régimen presidencial, a precavernos del régimen parlamentario, a decir que él es un hombre democrático, que las JAP son democráticas. En realidad, esquiva el bulto, no llega al fondo. Y respecto de estos cargos que hemos señalado, ¿alguna palabra? Sí, hay una palabra que es para la risa, señores, porque yo exhibía la contestación del señor Millas, como el plan COCOA, como él lo señala. La cocoa yo la conocí de niño. No sé si ahora existe la cocoa Peptonizada Raff... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- El señor Ministro debe de haber conseguido algunos tarros. Él llama COCOA a la Comisión Coordinadora de Abastecimientos. Entonces, él dice que todo este problema que hoy día existe en el país, como lo han señalado mis colegas Claudio Orrego y Sergio Saavedra y el Diputado informante de esta acusación, tales como los de las colas, de las alzas de precios, de la discriminación, del sufrimiento de las mujeres en las colas, todo se soluciona con la Cocoa. Esto lo sostiene, responsablemente, el señor Ministro. Y, así, dice que, dentro de las JAP, hay algunos contados sectarios. Y en esos casos donde existe sectarismo, él propone esto de la Cocoa, una Comisión Coordinadora de Abastecimientos, que va servir para relacionar y poner de acuerdo a las Juntas de Vecinos con las JAP. Esta es la gran solución que el señor Ministro expone en su contestación, como una manera de poder disminuir su responsabilidad. Y, reconociendo parcialmente esta discriminación, cree que puede arreglarlo con la Cocoa. Esta frivolidad significa la negación de todo ese espíritu profundo que él predicó al aprobar las garantías constitucionales y que él testimonia tan mal desde el cargo que hoy día ocupa, porque hay muchas cosas que lo descalifican. En primer lugar, esta diferencia de opinión, de criterio, tan cambiante en el plazo de dos años. En segundo término, el hecho de ser un Ministro que, realmente, está en el cargo por obra de un enfoque. El señor Millas es una expresión viviente, un testimonio vivo de la aplicación de los resquicios legales. El principio que durante 46 años había sido respetado en el país, de que el Ministro destituido por el Senado no podía ser renombrado Ministro, ha sido desconocido. Así, el señor Millas, hoy día Ministro otra vez, a través de esta operación enroque inventada por este Gobierno, una vez que fue destituido por haber despedido a funcionarios y por haber actuado arbitrariamente, no tiene autoridad moral, porque se encuentra renombrado en otro cargo, luego de ser destituido por el Senado de la República. Pero, además de esto, dice en su contestación y da a entender que él seguirá aplicando estas políticas, con lo cual nos está anunciando con una frivolidad inaudita que la operación continuará, y que seguramente le van a crear otro Ministerio: el Ministerio de la COCOA, que a él le correspondería para hacer la coordinación de todos estos grandes males, de todas estas cosas que hoy día está sufriendo el país. Yo quería esclarecer estos puntos, porque, realmente, la contestación del señor Millas no la merece esta Cámara de Diputados. La señora ARAYA (doña Silvia).- ¿Para qué acusan tanto? El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ...porque esta contestación es una frivolidad,... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ...que ni siquiera en el diario El Siglo ha merecido un titular más o menos destacado ... - mHablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... porque son tan cínicos los argumentos que ahí coloca que estoy cierto de que leídos incluso por los comunistas, les produciría un natural sonrojo, aunque ya son harto colorados. Decir que las JAP son democráticas; decir que las JAP representan a la comunidad, y que realmente corresponden a una manifestación de lo que es la participación popular... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- eso no lo entiende nadie. Todos sabemos y todo el mundo sabe que para estar en una JAP, no hay elecciones, no hay registros; que se nombran a través de cartas de directivas políticas. La señora ARAYA (doña Silvia).- Habla sin conocimiento. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente). ¡Señora Araya! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- que sí realmente discriminan... El señor MOYA.- ¡Falso! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... que son personas que están negociando, que hacen mercado negro, que son unos sinvergüenzas, porque realmente las JAP son la expresión más siniestra, a nivel popular, de los desaciertos de este Gobierno. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señora Altamirano! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Por eso, esta contestación del señor Millas, que no merece la Cámara... La señora ARAYA (doña Silvia).- ¿No la merece la Cámara? El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... es un mal síntoma y los sectores oficialistas no se han atrevido ni siquiera a destacarla, porque saben que no va a producir el efecto que buscaban. - Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora DIP (doña Juana).- ¡Pásenme el dato de dónde compran ustedes, que tienen el mercado negro! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Por eso, nosotros mantenemos nuestros puntos de vista: creemos que este Ministro fue emplazado legítimamente. Y el emplazarlo no es un error ni el ejercicio del parlamentarismo; es una advertencia oportuna, no para que cambie de política dije ya al comienzo que él va a ser juzgado por el pueblo por la política que ha implantado sino para que enmiende las arbitrariedades, las ilegalidades, las actuaciones inconstitucionales que ha estado ejecutando; ... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... para que se acaben los instructivos de las JAP; para que las Juntas de Vecinos cumplan su misión... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto) (Vicepresidente).- Señores Diputados, les ruego guardar silencio. Señora Araya, ruego a Su Señoría mantener la calma. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... y no acepten la usurpación de sus facultades, a fin de que no se siga discriminando. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Realmente, para eso es que hemos acusados; no para darnos el gusto. La señora ARAYA (doña Silvia).- ¡Pero hasta cuándo, señor! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- A través de este instrumento legal y legítimo, como lo es esta acusación, queremos, primero que todo, advertir al país de lo que está pasando; en segundo lugar, destituir a este Ministro ineficaz, para que sea juzgado; y, también, para... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... que ustedes se queden callados ante el pueblo, que no tengan argumentos que usar;... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ... para que queden al descubierto todas las arbitrariedades... El señor MOYA.- ¡Fascistas…! La señora DIP.- ¿Quiénes son fascistas? El señor MOYA.- ¡Ustedes son fascistas! El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente). ¡Señor Moya! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ...y para que, en definitiva, se demuestre que el stalinismo ha hecho carne dentro del Gobierno. Queremos indicar a aquellas personas incautas que tomen una posición en la base, para que luchen, a través del abastecimiento, por sus derechos legítimos; para que se organicen en las Juntas de Vecinos; para que el pueblo de Chile, en definitiva, entienda como lo está entendiendo que el marxismo, después de haber destruido la economía chilena, después de haber traicionado la revolución chilena, está hoy día con la mano tiránica, tratando de quitar lo más mínimo que tiene una persona, cual es el derecho de poder comer con libertad. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Por eso, estamos advirtiendo a la ciudadanía, para que se haga luz sobre un hecho tan fundamental y sobre el cual el señor Ministro de Economía no ha tenido una palabra ni una frase para defenderse. Su auto-propaganda, y todos sus recursos y su referencia a doctrinas hablar del parlamentarismo, de Balmaceda, de la oligarquía, hablar de todas estas cosas, gastando sus energías no son más que palabras que al pueblo no interesan; porque lo que el pueblo sabe es que está discriminado, que se están destruyendo sus organizaciones sindicales; lo que el pueblo sabe es que no se quiere informar, porque el pueblo sabe que la mano armada del Gobierno interior está destruyendo las organizaciones libres y los medios de comunicación. Por eso, en estos minutos que nos quedan, deseamos decir que la lucha por la libertad es expresar y hacer sentir a la comunidad nacional que, mientras vivamos, si realmente deseamos comer con libertad, debemos luchar por nuestros derechos; y, por muy mínima que sea la condición en que nos ha colocado el Gobierno de la Unidad Popular, queremos manifestar al pueblo que, en definitiva, va a triunfar no el que tenga más fuerza bruta, sino más coraje moral. Por lo tanto, este Parlamento, al acusar al Ministro de Economía y al ejercer todas estas atribuciones, con coraje moral está sosteniendo, frente al país, el valor de la ley que siempre ha regido en nuestra patria. He dicho. Varios señores DIPUTADOS. ¡Muy bien! El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Sergio Saavedra. El señor SAAVEDRA (don Sergio).- Concedo una interrupción al Diputado señor Schott. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Schott. El señor SCHOTT. Señor Presidente, en nombre del Partido Nacional y como integrante de la Comisión sorteada por la Cámara para conocer de la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Orlando Millas, por diez señores Diputados, deseo formular algunas observaciones. Esta acusación se funda en las normas establecidas en nuestra Constitución, precisamente en las que mencionara en sus descargos por oficio el señor Ministro de Economía, y que dicen a la letra, en su parte pertinente: Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1ª) Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios... b) De los Ministros de Estado, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. El libelo acusatorio se refiere fundamentalmente a cuatro puntos que, en esta oportunidad, voy a omitir porque han sido explicados in extenso por el Diputado informante, señor Arnello. En apretada síntesis, los cuatro puntos se refieren al uso indebido que el Ministro de Economía ha hecho de las JAP, circunstancia que fluye con meridiana evidencia del texto de la carta enviada por el señor Secretario Nacional de Distribución al señor Alcalde de la comuna de Providencia, don Alfredo Alcaíno, documento publicado en los órganos de prensa el día 29 de abril del año en curso, y cuya parte pertinente expresa lo siguiente: En el instructivo que regula el funcionamiento de las JAP, preparado por esta Secretaría y DIRINCO, se establece con claridad que serán esas organizaciones las únicas encargadas de regular la distribución al interior de la unidad vecinal respectiva, en el sentido de controlar precios, volúmenes de entrega, fijar mecanismos de distribución, empadronar a los vecinos, etcétera... Concluye más adelante con la insólita afirmación de que no procede formar organizaciones paralelas, como serían a juicio de él y del Gobierno las comisiones de abastecimiento de las Juntas de Vecinos. En el transcurso de las audiencias de la Comisión encargada de estudiar los antecedentes de la acusación, quedó fehacientemente establecido que le cabe al señor Ministro una responsabilidad directa e inexcusable en todas las materias a que se refiere el libelo acusatorio. Más aún, debe concluirse que la transgresión a las normas fundamentales señaladas por la Constitución y las leyes, es producto de una acción deliberada y sistemática para entregarle poder ejecutivo a un organismo como las JAP, las que, por mandato de la ley y por un claro dictamen de la Contraloría General de la República, no lo tienen. En consecuencia, vale la pena reiterar a este respecto, una muy clara observación formulada por el señor Contralor General de la República acerca de las JAP en su oficio Nº 7.572, de 26 de enero de este año, en el que expresó: Los entes que se crean en el ejercicio de tales potestades constitucionales sólo pueden ser dotados de facultades asesoras y, por consiguiente, las JAP carecen de toda atribución de carácter ejecutivo o decisorio, pues, en caso contrario, se invadiría el campo de acción legal de los organismos y servicios públicos, materia que es propia de ley. Por lo demás, esta opinión fue ratificada por el propio señor Contralor General de la República ante la Comisión acusadora, en su sesión de fecha 17 del mes en curso. Quiero dejar expresa constancia de que el señor Ministro de Economía no estimó necesario concurrir en esta oportunidad a las sesiones a que fue citado expresamente por la Comisión acusadora, o si se vio impedido de hacerlo. Por lo tanto, quiero extractar su opinión de las audiencias que se realizaron con motivo de la anterior acusación constitucional deducida en su contra, en su calidad de Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por diez señores Diputados del Partido Nacional, las que inciden en la misma materia hoy en discusión. En efecto, en sesión del 14 de mayo pasado y en circunstancias que el Partido Nacional hacía similares planteamientos a los de esta acusación, el Ministro señor Millas, para salvarse, expresó que en términos categóricos las JAP no distribuyen ni comercializan y tienen que atender absolutamente a toda la población. Agregó, en otra parte de sus descargos: las atribuciones reales de las JAP consisten en que no puede corresponderles efectuar el comercio. Por desgracia para el Ministro acusado, en el instructivo preparado por organismos de su Ministerio y de los que es responsable legalmente, se plantea con claridad una política diametralmente opuesta, la que queda de manifiesto en especial en la ya mencionada carta del señor Secretario Nacional da Distribución al señor Alcalde de Providencia, don Alfredo Alcaíno. Una vez más, se cumple la técnica de este Gobierno: decir una cosa y hacer otra totalmente contraria. Es de interés, en estos momentos, reiterar conceptos vertidos por el Diputado informante, señor Maira, en la acusación anterior a que he estado aludiendo. En sesión de la Comisión acusadora de fecha 14 de mayo, dijo textualmente: Yo llego a la conclusión de que, desde el punto de vista jurídico, la piedra angular sobre la cual se construye todo el edificio de la acusación constitucional, está en el carácter exclusivo y excluyente que el libelo le asigna a las funciones que las Juntas de Vecinos tienen, en virtud de la ley Nº 16.780, en materias relativas al abastecimiento y a la distribución de productos esenciales. Yo diría, después del estudio que he practicado, que si fuera efectiva esta calidad de organismo con competencia exclusiva y excluyente, en materia de abastecimiento, la acusación podría tener un fundamento.... Resulta curioso que el señor Ministro, por intermedio del Secretario Nacional de Distribución, invierta esta argumentación, declarando en su instructivo que las JAP son las únicas organizaciones encargadas de regular la distribución al interior de la unidad vecinal, en el sentido de controlar precios, volúmenes de entrega, fijar mecanismos de distribución, empadronar a vecinos, etcétera., con lo que les otorga a las JAP una condición exclusiva y excluyente en estas materias. Aún más, la Comisión acusadora recibió testimonios más que suficientes como para establecer que, efectivamente, las JAP, o miembros de ellas, hacen un comercio enteramente abusivo, ilícito, sectario, especulativo e inmoral con los productos que reciben de las distribuidoras estatales. Los testimonios abundan, como lo ha señalado con precisión el Diputado informante, el señor Mario Arnello. Debo agregar, Honorables colegas, que sube a tal punto la indignación de amplios sectores poblacionales, que uno de los vecinos que concurrió por propia iniciativa a la Comisión acusadora, don Angel Calderón, llegó al extremo de formular cargos a los propios parlamentarios y al Congreso Nacional, al inquirir con franqueza qué hacía este Poder del Estado para defender a los millones y miles de ciudadanos de las acciones ilícitas y sectarias de las JAP. Cabe preguntarse si este vecino, modesto poblador de una de las tantas unidades vecinales del Gran Santiago, tiene razón, en alguna medida, al plantear el problema en este terreno. Creo que sólo en la dimensión en que las fuerzas democráticas actúen en forma mancomunada, podrán enfrentar con éxito la prepotencia marxista, que trata por todos los medios, legales y extralegales, usando resquicios de nuestra legislación, o pasando simplemente por encima de ella, de dominar sin contrapeso a la población por el estómago. Creo que el Parlamento tiene la obligación de escuchar este clamor del hombre de la calle, del ciudadano común, del hombre igual a todo hombre, difiriendo para ocasiones más propicias la discusión de sus naturales discrepancias ideológicas. Por ello, el Partido Nacional brinda hoy el apoyo decidido y decisivo de sus votos para una acusación tan procedente como la que presentó sobre esta misma materia en su oportunidad. El Partido Nacional no suma los votos cuando se trata de acusar, sino que suma la cantidad de tropelías que justifican tal acusación. Afortunadamente es éste el sentir de la Oposición y de sus bases, por cuanto la obligación primordial y patriótica del momento es la de detener al marxismo primero, y derrotarlo después, en tal forma que nunca más haya posibilidades de que pueda apoderarse nuevamente de los instrumentos del poder, que lo habiliten para destruir las instituciones básicas de nuestra república y la convivencia pacífica y democrática entre sus habitantes. En estos días, plenos de dramatismo, hemos sido testigos de cómo este Gobierno está tratando de quebrar el poder sindical en Chile: una presión descarada, jugando con el fantasma del hambre entre los mineros de El Teniente; una represión sangrienta y mortal sobre los mismos huelguistas, despidos masivos de obreros en conflicto tanto en El Teniente como en Chuquicamata. El marxismo gobernante está tratando de crear el clima para provocar enfrentamientos entre los propios obreros; el mismo Gobierno trata, por todos los medios a su alcance, de quebrar el estado de derecho y el imperio de la juridicidad, bases de nuestra convivencia, circunstancias denunciadas oportunamente por la propia Corte Suprema de Justicia. Vemos cómo se están invadiendo permanentemente las atribuciones del Congreso Nacional, a través de la imposición por la vía administrativa, de medidas que constitucionalmente son materias de ley; estamos viviendo el atropello de las libertades públicas por medio del intento de silenciar cobardemente los medios de difusión que discrepan del Gobierno y sufrimos las detenciones arbitrarias y las violaciones flagrantes de los hogares caso reciente es lo ocurrido con el canal 6 de televisión de la Universidad de Chile; vemos cómo se está desconociendo la norma constitucional de igualdad ante la ley, imponiendo restricciones abusivas para viajar dentro y fuera del territorio; vemos cómo se están destruyendo los valores culturales chilenos mediante la imposición de programas educacionales, destinados a concientizar a la juventud en el marxismo; vemos cómo se está cayendo en una creciente dependencia del extranjero, demostrada en la actitud mendicante del Gobierno imprevisor para obtener combustibles esenciales, actitud ratificada por el urgente llamado telefónico del Presidente Allende a su colega de la vecina República Argentina, doctor Cámpora, solicitándole auxilio de camiones del país vecino, con el objeto de trasladar ganado chileno de un lugar otro dentro del territorio nacional. Agregúese a todo lo anterior la entrega de una zona de nuestro litoral, enclavada en un lugar eminentemente estratégico,... El señor MOYA.- ¡Eso es falso, señor! El señor SCHOTT.- ... a una potencia extranjera hecho no desmentido por el Gobierno, para comprobar las condiciones evidentemente precarias en que se encuentra nuestra seguridad nacional, hecho que evidentemente preocupa a nuestras Fuerzas Armadas, como lo demuestra la carta que los señores almirantes y generales en retiro enviaron al señor Presidente de la República. Podríamos agregar muchos hechos y considerandos para demostrar la acción desquiciadora, en todo terreno, que ha desarrollado la Unidad Popular desde que asumió el Gobierno de nuestro país. Pero, para los efectos que nos interesan en este momento, bástenos mencionar algunas de sus actuaciones más relevantes en el terreno económico, que es de responsabilidad directa del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. En efecto, es imputable a su acción y a la del Ministerio de Hacienda una política cambiaría que ha llegado a la más completa arbitrariedad y que claramente está perjudicando, con deterioro irreversible, al productor chileno. Es también de su responsabilidad el atropello a la libertad de trabajo y abastecimiento de la población, como también una balanza de pago catastróficamente negativa. Su acción desquiciadora, al tratar de constituir un área estatal de la economía, al margen de la acción del Poder Legislativo, interviniendo, expropiando y estatizando industrias por el solo afán de reunir poder en sus manos, ha llevado al país al borde mismo de la quiebra. No en vano el señor Presidente de la República, en su reciente Mensaje del 21 de mayo, leído ante un grupo de parlamentarios, expresó: Por nuestra parte debemos de reconocer que hasta ahora no hemos podido crear una dirección económica adecuada a las nuevas condiciones; que nos ha atrapado la maraña burocrática, que no hemos contado con los instrumentos necesarios para captar excedentes de la burguesía y que la política distributiva ha ido más allá de las posibilidades reales de la economía. Todo ello ha contribuido en alguna medida a acentuar ciertos desajustes y problemas. A confesión de parte, relevo de prueba. Sin embargo, lejos de extraer conclusiones del estado caótico en que se encuentra el país, aceptando las lecciones del catastrófico paso por esa Secretaría de Estado de sus sucesivos Ministros de Economía, el Gobierno persiste en sus errores. Así leemos cómo el señor Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, y regalón de algunos partidos de Gobierno, dice en parte de su intervención del pasado 14 de junio en el Teatro Caupolicán: Ha comenzado el asalto a las trincheras de la gran burguesía agraria en los fundos de cuarenta a ochenta hectáreas de riego básico; ha continuado la multiplicación y fortalecimiento de las JAP, de los Comandos de Abastecimientos, de los Almacenes Populares, etcétera. Y leemos también cómo el Honorable Senador don Erick Schnake, en intervención de fecha 6 de junio ante el Senado, declara: Las JAP no son creaciones fantásticas o afiebradas del Gobierno, sino que formas que surgen del seno mismo de la masa y que significan poder en sus manos. Basten estas citas para demostrar cómo este Gobierno les ha dado a las JAP un alcance político y de centro de poder que va mucho más allá de lo que en forma sibilina afirma el Ministro de Economía cuando expresa, tal como ya lo dijimos, que las JAP no distribuyen ni comercializan y que tienen que atender absolutamente a toda la población. El señor MOYA.- ¡Así es! El señor SCHOTT.- A pesar de su fracaso estruendoso, el señor Allende y sus Ministros persisten en sus errores, pretendiendo llevar al país a la dictadura más desembozada y cruel que no tiene paralelo en la historia de Chile. Ante esta situación no podemos eludir responsabilidades. Acusar a un Ministro por su responsabilidad especial, de rango constitucional en materias específicas y claramente determinadas, sólo puede ser parte de la acción que debe desarrollar el Congreso. Haciéndose eco del clamor popular, que nace del alma de un pueblo que siente la opresión de la dictadura y la tiranía, debe ejercitar todos los derechos y utilizar la totalidad de los mecanismos que le franquean la Constitución y la ley para oponerse a un Gobierno que está aplicando en nuestro país teorías extranjeras que jamás podrán conciliarse con la idiosincrasia de nuestro pueblo. No podemos recurrir a modelos foráneos como si fueran recetas de cocina universal, porque no resultarán al no contar con los ingredientes que están dados en otros países. Debemos buscar y encontrar en el fondo de nuestra propia nacionalidad los esquemas y las soluciones que lleven nuevamente a nuestro país al sitial que siempre le ha correspondido en el concierto de las naciones latinoamericanas. Para ello, es básico, repito, la unidad de las fuerzas democráticas, de los partidos políticos, gremios, sindicatos y de todas las organizaciones de base de la comunidad. En la búsqueda de esa unidad empeñaremos todo nuestro esfuerzo, porque sabemos que en esta forma interpretamos el sentir más hondo de las grandes mayorías nacionales. Resumiendo, el Partido Nacional estima que están claramente configuradas las causales para acusar al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Orlando Millas y que se expresan en los cuatro puntos básicos del libelo acusatorio. Es decir, primero, por atropellamiento de los artículos 6º y 22, Nº 4 de la ley Nº 16.880; segundo, por infracción de los artículos 3º, 4º y 10 Nº 17 de la Constitución Política del Estado; tercero, por infracción del artículo 44, Nº 5, de la misma Carta Fundamental y, cuarto, por infracción del artículo 10 Nº 1, también de la Carta Fundamental. Apoyaremos con toda decisión, con nuestros votos, esta acusación, porque estimamos que el atropellamiento reiterado a la Constitución y a la ley debe recibir, en todo caso, en un estado de derecho, una sanción ejemplar, aun cuando sus autores estén colocados en las más altas cimas del poder. El señor Presidente de la República tendrá que meditar si es compatible con la dignidad de su alto cargo burlar nuevamente el espíritu de la ley, entregando a los infractores otras responsabilidades de su Gobierno. Si así lo hiciere, seguirá desprestigiando la trayectoria de su Administración, la que, por lo demás, ya está recibiendo el repudio de la ciudadanía. Nada más. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Puede continuar en el uso de la palabra el Diputado señor Saavedra. El señor SAAVEDRA (don Sergio).- Me ha solicitado una breve interrupción el Diputado señor Ramírez, don Rodolfo. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Rodolfo Ramírez. El señor RAMIREZ (don Rodolfo).- Señor Presidente, el Diputado informante, mi Honorable colega Mario Arnello, ha demostrado la validez de los fundamentos jurídicos de cada uno de los capítulos en que se divide o se basa esta acusación Constitucional. Más aún, los Diputados que integramos la Comisión acusadora pudimos comprobar, tanto por los testimonios de las numerosas personas que concurrieron a prestar declaración, como por los antecedentes de hecho y de derecho que se aportaron, que existen sobrados motivos que obligan a esta Cámara a declarar que ha lugar a la acusación en contra del Ministro de Economía, señor Orlando Millas Correa. Pero el juicio más condenatorio en contra de este Secretario de Estado lo constituye el que desde hace muchos meses ha emitido la opinión pública del país, en especial, los consumidores, víctimas permanentes de la escasez, de las humillaciones morales que significa la obtención de sus subsistencias y de la política arbitraria aplicada por los organismos dependientes del Ministro de Economía. El señor Millas es reincidente en abusos legales y en atropellos constitucionales, porque es el obsecuente ejecutor desde el Gobierno de una política cuyo objetivo esencial es destruir la legalidad y hacer ilusoria la vigencia de las normas jurídicas que amparan a los ciudadanos. El Partido Comunista ha actuado en este sentido desde que llegó al poder y desde que ejerce su influencia en los cargos más decisivos de la economía nacional. La política del Banco Central, manejada por los comunistas, es reflejo del propósito de ese partido de provocar el caos financiero, mediante emisiones incontroladas que han producido, en el hecho, el envilecimiento o la falsificación de la moneda. La política seguida en el sector laboral por los Ministros comunistas del Trabajo, persigue, igualmente, el sometimiento de los trabajadores y la eliminación de todo foco de protesta que signifique resistir los efectos de una política salarial discriminatoria e injusta. El señor Millas, como Ministro de Hacienda primero, y ahora, desde la cartera de Economía, ha utilizado su influencia para convertir los organismos del Estado que de él dependen, en ejecutores de órdenes arbitrarias e ilegales, por cuya responsabilidad no puede quedar impune. Se ha demostrado, tanto en esta acusación como en la que presentara nuestro partido hace algunas semanas, que el monopolio en la distribución de mercaderías y productos persigue fundamentalmente el control de la ciudadanía a fin de terminar con su independencia política y su libertad personal. Cada uno de mis Honorables colegas es testigo de cómo el Estado, a través de los organismos que controla, ejerce un verdadero chantaje en contra de los comerciantes, a los que ha privado absolutamente de mercaderías, a la vez que ha imposibilitado el normal desarrollo de las actividades de CENADI. La acción ilegal de las JAP demuestra igualmente cómo se realiza este chantaje entre los consumidores, a quienes se cerca por el hambre y las privaciones a fin de obligarlos a participar en estas juntas. Quienes representamos a provincias agrícolas conocemos el procedimiento que el Estado aplica sobre los pequeños productores, a quienes se obliga a vender sus productos a precios irreales, mientras muchos de esos mismos productos son vendidos por los organismos del Estado en calidad de semillas, a precios equivalentes al doble o al triple de su valor de compra. La ECA, el Banco del Estado y otros organismos estatales están ejerciendo hoy día toda clase de presiones sobre los pequeños agricultores, a quienes se pretende amarrar mediante la concesión de créditos, terminando para ellos toda libertad para comerciar libremente sus productos. En los debates producidos en la Comisión se insistió, especialmente, en las irregularidades, ilegalidades y abusos cometidos en la distribución de los productos de la línea blanca, que hoy día están absolutamente vedados a los consumidores, en especial a los de provincia. Igual cosa ocurre con la harina, cuya venta es controlada por la ECA, lo que significa toda clase de sacrificios para miles de pequeños campesinos que viven en zonas alejadas de los centros de comercio y que siempre han estado acostumbrados a comprar varios quintales para la fabricación doméstica del pan. Ellos son víctimas, hoy día, de las peores privaciones, como consecuencia de la política monopólica y arbitraria de los organismos dependientes del Ministerio de Economía. No puedo dejar de mencionar, asimismo, lo que ocurre con la distribución de productos textiles, en especial de géneros para la confección de prendas de vestir, que han desaparecido del mercado. Y ello se debe a que estas telas están siendo utilizadas en la fabricación de trajes que se envían al extranjero, aprovechando su mayor precio, mientras a la población nacional, y en especial a la de provincias, se le impide su adquisición. Tendrá que investigarse muy seriamente lo que ocurre en DINATEC, que controla el monopolio de la fabricación y confección de ropas, pues los escándalos que allí están ocurriendo se asemejan a aquellos que se cometen por el Estanco Automotriz u otros monopolios estatales. No deseo abundar en mayores consideraciones que demuestran lo justificado de esta acusación constitucional y la grave responsabilidad que compete al Ministro de Economía, señor Millas, en las irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades de los organismos bajo su dependencia. Los efectos y las consecuencias de su acción premeditada los sufre desde hace mucho tiempo la población consumidora, y es ella quien exige que esta Cámara sancione a quien la orienta y ejecuta. Nuestra obligación constitucional no puede eludirse, y dejaríamos de merecer la confianza ciudadana si por debilidad, temor o indiferencia no ejerciéramos todas nuestras atribuciones para castigar a quien ha reincidido, con absoluto desprecio por la ley, en la aplicación de una política nefasta y discriminatoria. En la absoluta certeza de estar cumpliendo nuestro deber, en la convicción de estar respondiendo a las demandas justificadas de la ciudadanía, y, sobre todo, por la gravedad de las infracciones legales y constitucionales cometidas por el Ministro de Economía, señor Millas, como quedó demostrado durante el curso de las sesiones de la Comisión acusadora, que me correspondió integrar, recomiendo votar favorablemente esta acusación en su contra, ya que ha demostrado en su desempeño una contumacia y un propósito deliberado de atropellar la Constitución y la ley, que esta Cámara no puede dejar sin sanción. Gracias, señor Presidente. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Puede continuar en el uso de la palabra el Diputado señor Saavedra. El señor SAAVEDRA (don Sergio).- Me ha solicitado una interrupción el Diputado señor Dupré. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- ¿Cuántos minutos quedan, señor Presidente? El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Le quedan seis minutos y medio, señor Diputado. La señora LAZO.- ¡Pregúntele al señor Rojas! El señor DUPRE.- ¡Pregúntele al señor Rojas si le quedan ganas todavía de conversar conmigo! Señor Presidente, la Democracia Cristiana ha sido extraordinariamente clara cuando ha indicado al país su posición al sistema de la centralización de la comercialización y distribución de productos, eliminando los canales legales pertinentes que Chile posee y dejando todo bajo la administración del Estado, en manos de los partidos ejes de Gobierno: Comunista y Socialista. Nuestra posición favorable a la acusación del Ministro señor, Millas, paralelamente a la sólida fundamentación jurídica que ella posee, tiene como finalidad: 1) Proteger el derecho a comerciar de todos los chilenos, libremente, sin discriminación alguna; 2) Exigir que la distribución sea una tarea del comercio establecido, donde laboran cientos de miles de sacrificados compatriotas que han cumplido y deberán seguir cumpliendo una importante tarea social; y 3) Hacer respetar a las organizaciones legítimas de la comunidad, como son las juntas de vecinos y su poder superior, el municipal. Nuestra posición será intransigente en este orden, puesto que apreciamos con claridad absoluta la decisión marxista de aprovechar el desabastecimiento para lograr una centralización del poder político y, por tanto, un sometimiento de la comunidad democrática a las garras totalitarias. Aquí se ha dicho que las JAP, de acuerdo al decreto que las creó, sólo deberían haber servido de relacionadores entre la comunidad y los organismos del Estado correspondientes, pero que de ningún modo su papel es ejecutivo. La verdad es otra muy distinta de la teórica, porque como todo Chile lo sabe, este Gobierno se desenvuelve a través de dos acciones paralelas: la de mantener, cada día menos, la apariencia de respeto a la ley y la de incentivar el quiebre del estado de derecho en el seno las organizaciones que totalitariamente controla. Por esta razón es que las JAP no respetan el decreto que les dio su origen y cumplen la función de extorsionar y suprimir a los comerciantes, discriminar en la entrega de alimentos, vender, ellas, directamente los productos alimenticios esenciales, incentivar y promover el mercado negro a costa de los sufridos y desesperados consumidores... El señor MOYA.- ¡Ustedes hacen el mercado negro! El señor DUPRE.- Están cumpliendo funciones ilegales, como se ha demostrado, y su misión consiste en reemplazar al comercio establecido y controlar políticamente a la comunidad. Chile despierta en cada minuto de su vida histórica, por eso las manifestaciones permanentes contra el abuso del Gobierno, y comprende que la centralización del poder político que ellos sistemáticamente van alcanzando deberá atajarse a toda prueba, pues de no ser así, de manera irremediable caeremos en el marxismo totalitario. En suma, las JAP son parte de la estrategia en la centralización del poder político en manos de los comunistas y socialistas. Por ello, estas organizaciones totalitarias nacen de la decisión del Comité Central del Partido Comunista y ahora vemos que cuando se crean las secretarías regionales de distribución, no se hace otra cosa que cumplir con lo que decidió el Pleno Comunista del 16 de mayo de 1972. En éste, Jacinto Nazar, de la Comisión Técnica del Partido Comunista, señaló que era de gran importancia impulsar las asambleas provinciales de las JAP y, sobre todo, la participación de la mujer en estos organismos. La Contraloría ha dicho que son organismos ilegales, pero al Partido Comunista eso no le importa; sólo le interesa cumplir con sus decisiones y objetivos políticos. Pero no sólo los comunistas están en esta estrategia, puesto que los socialistas y miristas han indicado reiteradamente, en forma pública que la distribución de abastecimientos representa una cuota importante de poder. Y es más, cuando la Oposición representa la inconstitucionalidad de algunas determinaciones en materia de distribución y comercialización, los miristas han denunciado que es natural que surja el llamado espontaneísmo y que broten, de allí, sucesos que desbordan la llamada constitucionalidad. El ex Gerente de Agencias Graham, señor Luis Inostroza, socialista, señaló, el día 13 de marzo de 1973, a la revista extremista Punto Final lo siguiente: Ahora bien, todo este problema de la distribución y el abastecimiento está inserto en lo que es la lucha por el poder. Todo está concertado para el control político. Inmediatamente después de la intervención del Ministro señor Flores, en febrero de este año, el Partido Socialista se regocijó de la tarea que se emprendería. El 13 de febrero, el Secretario General de esa colectividad dijo: Damos todo nuestro apoyo a la política expuesta a nombre del Gobierno por el Ministro Fernando Flores, cuyo mérito fundamental reside en el propósito de encarar la distribución del producto real de los bienes esenciales, asegurando un reparto equitativo, basado en el control de los organismos populares, como las JAP y los comandos provinciales de abastecimiento y en la acción de los organismos del Estado. Es decir, allí se notificó que si no existía control político de los organismos creados por los marxistas, no habría reconocimiento a ese tipo de organismos. Sabemos, y luego insistiremos en ello, que esta política se ha cumplido: JAP que no controla la Unidad Popular, no tiene abastecimiento. Pero, sigamos revisando lo que han escrito o dicho los personeros oficiales, porque todo ello entrega claridad en sus propósitos. En el punto Nº 6 de la cartilla que distribuye el Departamento de Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, se dice: c) Dar la lucha ideológica en el seno de los comerciantes para ganarlos hacia una política correcta. Los pequeños y medianos comerciantes del barrio se agrega que no son enemigos. Es decir, debe desarrollarse esta política de penetración utilizando la presión necesaria contra todo aquel que se considere su enemigo; o sea, contra el comerciante no adicto a las ideas de los personeros marxistas de las JAP. Naturalmente,... El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo de que disponía el Comité Demócrata Cristiano. El señor DUPRE.- Continuaré en la fundamentación del voto. La señora LAZO.- ¡Nos vamos a perder esas palabras tan interesantes! El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que sea partidario de rechazar la proposición de acusación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra al señor Diputado informante por si desea rectificar hechos. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la admisibilidad de la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Orlando Millas Correa, por las causales de infracción de la Constitución y atropellamiento de las leyes, establecidas en la letra b), atribución primera, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo en el mérito del líbelo acusatorio y del informe emitido a su respecto por la Comisión Especial de Acusación. Cada señor Diputado dispone de hasta cinco minutos para fundamentar su voto. El señor Secretario tomará la votación. En votación. El señor DUPRE.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar su voto, el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, como decía, todas las arbitrariedades que se cometen en el comercie son el producto de lo que el Partido Comunista ha mandado a hacer a sus militantes de Gobierno. En el programa de distribución y abastecimiento del Partido Comunista, elaborado en diciembre de 1971, se indica: 3.- Realizar una política de captación y ágil trabajo político con los comerciantes y otras capas de la población, para que se sumen al proceso de transformación que (se realiza en nuestra patria. Todo lo indicado se ratifica cuando apreciamos que los organismos creados en virtud de las órdenes políticas de los partidos marxistas actúan en forma absolutamente concordante con el objetivo totalitario descrito. El 30 de marzo se reunió el Comando Provincial de Abastecimiento de Santiago, y allí se dijo: Nuestra organización nació en octubre, por el paro de los patrones, y este poder popular de obreros, pobladores, campesinos, todos juntos, será la locomotora de la revolución. Nuestras organizaciones lucharán por la generalización de los Almacenes Populares y el abastecimiento directo. Queremos que el pueblo controle toda la producción y distribución de alimentos. Eso se dijo. Naturalmente, esto tiene importancia cuando recordamos que los marxistas totalitarios llaman pueblo, obreros y pobladores, a todos aquellos que se someten a los Partidos Comunista y Socialista. Es decir, para ellos, pueblo es la minoría del país. La intervención y el papel político que cumplen las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, han determinado que las propias Fuerzas Armadas las consideren instrumentos políticos. Tanto es así, que a la oficialidad, a los suboficiales y a los soldados les está prohibido incorporarse y actuar en las JAP. Tal vez, de todo esto el que quiebra la norma, por su reconocida entrega política, es el General Bachelet. Es el propio Lenin, a quien los marxistas criollos le copian hasta el modo de andar, el que inspiró a los comunistas en la creación de las JAP y en el control de los alimentos. En el libro denominado Alianza de la clase obrera y del campesinado, página 355, recogiendo una publicación de Pravda de 7 de abril de 1917, Lenin dice: Nº 8. No implantación del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino pasar únicamente a la instauración inmediata del control de la producción social y de la distribución de los productos. Y en un discurso que Lenin pronunciara el 24 de mayo de 1918, página 431 del libro indicado, dijo: El verdadero y principal umbral del socialismo consiste en distribuir con acierto los cereales y el combustible, que era lo que en ese tiempo faltaba en Rusia en aumentar su obtención; en establecer un registro y un control riguroso de los obreros en escala nacional. Esto no es ya una tarea general de la revolución sino una tarea precisamente comunista. Pienso que todo el pueblo chileno debe conocer los verdaderos propósitos que guían las acciones del Gobierno en cuanto a distribución y comercialización se trate, ya que obedecen única y exclusivamente al objetivo planteado por Lenin, es decir, la implantación del comunismo en Chile. Reitero que es el propio Lenin el ideólogo de las JAP, puesto que en Rusia él las llamó Comisariados de Abastecimiento, y aquí Corvalán las ha acuñado con el nombre de Juntas de Abastecimiento. Por otra parte, quisiera indicar que, como dijera anteriormente, esta acusación tiene el propósito de terminar con la tentativa oficialista de eliminar al comercio establecido. Explicaba que dicho reemplazo se hacía a través de los comandos comunales y de los almacenes del pueblo. Estos son organismos de hecho, que buscan el máximo de centralización del poder de un área determinada y que cumplen las tareas proselitistas que el marxismo se ha impuesto. En muchos sectores del país se han creado los almacenes del pueblo, negocios que actúan sin patente municipal ni autorización legal competente y que tienen a su cargo la distribución del alimento para la población. Obviamente, los comerciantes establecidos de esos sectores no reciben productos y éstos sólo se venden en ese almacén dirigido, controlado y mañosamente manejado por los marxistas. Instalado el almacén del pueblo, se comienza a reprimir a los legítimos comerciantes, con la DIRINCO, etcétera, y su labor se verá culminada cuando los vecinos solo puedan comprar en el almacén estatal. Caso típico de esta experiencia la apreciamos, a vía de ejemplo, en el sector de José Ghiardo, en la comuna de La Granja, que cualquier parlamentario puede comprobar. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de que disponía para fundamentar su voto. ¿Cómo vota? El señor DUPRE.- Por todas estas razones y porque. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¿Cómo vota, señor Diputado? El señor DUPRE.- ...creo que él señor Millas ha procedido totalitariamente, voto que sí. El señor FUENTES (don César Raúl).- Pido la palabra para fundamentar mi voto. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Fuentes. El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, hemos tomado conocimiento del libelo acusatorio en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Orlando Millas. Fundamentalmente se acusa al señor Ministro por las causales de atropellamiento de la ley e infracción a la Constitución Política del Estado, al desconocer las facultades de las Juntas de Vecinos y al respaldar facultades que no tienen las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios creadas por una resolución de carácter administrativo en la que se señaló que se les daba un carácter meramente asesor. Si las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, JAP, cumplieran con las funciones que se señalaron en la resolución Nº 112 de la DIRINCO, no habría objeción alguna de nuestra parte. Pero el problema está en que, en la práctica, las JAP asumen una conducta para la cual no están autorizadas y en que el Ministerio de Economía ha respaldado esta conducta ilegítima. Ahora bien, esta conducta ilegítima de las JAP significa una clara infracción a nuestro ordenamiento jurídico. Se señala así y quisiera puntualizarlo en la página 17 del libelo acusatorio: Toda esta política impulsada o consentida por el Ministerio de Economía y por los servicios que de él dependen, y que se traduce en discriminación para consumidores o comerciantes, en negativas de ventas, en ventas condicionadas a incorporarse a entes meramente asesores como las JAP, en el desconocimiento de las facultades que corresponden a las Juntas de Vecinos, etcétera. Aquí quisiera puntualizar que la conducta asumida por el señor Ministro de Economía lleva necesariamente a que los comerciantes que respetan el sistema ilegítimo apoyado por el Ministerio del ramo a través de las JAP, cometan un delito tipificado en nuestra legislación. En el artículo 168 de la ley Nº 16.464, que es conveniente que todos los señores Diputados lo conozcan. Esa disposición establece que el productor o comerciante que niegue la venta al contado de cualquier artículo o producto, o la persona que evite o resista la prestación de cualquier servicio, declarados de primera necesidad o esenciales, o cobre un precio superior al máximo señalado por la autoridad competente o condicione su venta o prestación, en forma habitual, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el inculpado pruebe que lo hizo justificadamente. Es decir, si se condiciona la venta de un artículo esencial en forma habitual, se comete un delito por el comerciante o productor, y en la práctica ocurre que los comerciantes afiliados a las JAP exigen una condición, cual es que el consumidor esté inscrito en una determinada JAP para poderle vender. Esto significa condicionamiento de venta, o sea, el comerciante o productor que así procede comete el delito tipificado en el artículo 168 de la ley Nº 16.464 y se hace acreedor a una pena que puede llegar hasta los 540 días de cárcel. He querido citar esa disposición porque, junto con constituir una defensa para la población consumidora, nos señala, al mismo tiempo, hasta dónde nuestra legislación quiso contemplar la libertad de comercio, ya que el único requisito es que se pague al contado. No puede haber condicionamiento de ningún tipo, ni menos el de carácter ilegítimo que se está estableciendo de pertenecer a las JAP para poder vender un determinado producto. Por estas consideraciones, destaco también, y creo que está implícito en el libelo acusatorio, que el señor Ministro de Economía, con su conducta... El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha terminado su tiempo. El señor FUENTES (don César Raúl).- ... respalda en definitiva la conducta que se traduce en un tipo delictivo penal. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¿Cómo vota la acusación? El señor FUENTES (don César Raúl).- Por eso, señor Presidente, voto que sí. El señor HERRERA.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra hasta por cinco minutos el Diputado señor Herrera. El señor HERRERA.- Señor Presidente, de los antecedentes deducidos para presentar la acusación constitucional en contra del señor Ministro de Economía, creo interesante hacer referencia a una circular emanada de la Secretaría Nacional de Distribución, firmada por el ejecutivo de ese organismo, el señor Bachelet. La circular a que me refiero es la Nº 47, de 4 de mayo de 1973. Por intermedio de ella se pretende organizar a través de todo el país las Secretarías Provinciales de Distribución, y quiero llamar la atención de los señores Diputados acerca de la forma como están constituidas. Están integradas por 10 personas, 7 de las cuales, por lo menos, corresponden a funcionarios de gobierno o a personeros claramente identificados con la Unidad Popular, con su génesis, con su gestación. Además de la importancia que tienen estos organismos provinciales, porque realizan no una función de asesoría sino funciones claramente ejecutivas, vale la pena mencionar las atribuciones que les entrega la Secretaría Nacional de Distribución. Ellas son muy amplias, y es interesante indicar algunas. Desde luego, estos organismos provinciales tienen la tarea de organizar la distribución de artículos alimenticios a escala provincial, comunal y vecinal. Entre otras atribuciones, se les indica la forma en que deben llegar con todos los productos básicos hasta los lugares más apartados. Entre sus funciones está, por supuesto, la tarea de organizar las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios a nivel provincial, comunal y vecinal. En seguida, se les señala también como atribuciones a estas secretarías provinciales la de elaborar un catastro de las industrias productoras de bienes esenciales. Y hay algo que, según mi parecer, es extraordinariamente riesgoso: deben hacer un balance de la producción provincial y de los excedentes exportables a otras provincias. Esto, en un lenguaje más claro, señor Presidente, significa instalar el estanco de todos los productos agrícolas a nivel provincial. También se les señala entre sus atribuciones la de programar la distribución hacia el interior de la provincia y comunicar a las JAP vecinales, con la anticipación necesaria, la distribución de alimentos. Quiero manifestar sobre esta materia, que una aspiración cívica, durante muchos años, ha sido terminar con ciertas prácticas que empañan los procesos democráticos del país, como son las elecciones. Si nosotros permitiéramos que se pusiera en ejecución un aparato de esta naturaleza, llegaríamos en los hechos, a que se practicara en el país, a escala nacional, un cohecho permanente y vergonzoso. Además de esto, considero interesante la opinión del Contralor General de la República sobre esta materia, quien fue consultado sobre si un organismo, como es la Secretaría Nacional de Distribución, podía dictar instrucciones de carácter obligatorio para los funcionarios públicos. El Contralor sostuvo, como figura en el informe de la Comisión acusadora que no podía hacerlo, porque los instructivos son propios de los organismos que tienen facultad decisoria, y ni dicha Secretaría ni las JAP tienen este carácter. Agregó que también carecía de facultades para crear secretarías o Comités Regionales de Distribución. También se le preguntó al señor Contralor si le parecía legal que se pudieran dar instrucciones de modo querías JAP es ten facultadas para encuestar al vecindario, proveerlo de una tarjeta y que sólo con ésta se pueda comprar en el comercio. Respondió sobre el particular: Yo he dicho siempre que son meras asesoras y no pueden, ni DIRINCO siquiera, ni mucho menos las JAP, que son organismos dependientes del Departamento de Juntas de Abastecimientos y Precios, servir de canal de distribución de ningún producto. Así que mal pueden hacer encuestas, dar credenciales u ordenar a quién se venda o a quién no se venda. Por todos los antecedentes presentados durante el desarrollo de esta sesión, voto afirmativamente esta acusación. El señor MONTT.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría hasta por cinco minutos. El señor MONTT.- Señor Presidente, nos parece que en esta acusación no sólo debemos dejar constancia de las infracciones a la ley y a la Constitución por parte del Ministro señor Millas, sino también exponer las consecuencias de su política, la cual, como se ha dicho reiteradamente, tiende a obtener la totalidad del poder y a someter por el estómago a los chilenos. El señor Ministro ha preconizado, durante el desarrollo de sus funciones, el desarme económico de Chile y, en relación de causa a efecto, la pérdida de las normas morales, lo que produce la corrupción y el quiebre de dichas normas. Porque al nombrar inspectores ad honorem que no han sido suficientemente calificados, ocurren hechos como el que publicó el diario La Prensa, de Osorno, el 27 de mayo, con el siguiente título y leyenda: Poblada saqueó una tienda de Purranque. Acción ilegal de inspector ad honorem causa alarma entre comerciantes. Se apoderó del local y liquidó las mercaderías a precios irrisorios. Además podemos señalar, con hechos muy concretos, que esta política fatal para Chile, que ha producido y desencadenado tanta corrupción, fundamentalmente a través del mercado negro, está atentando contra el sustento de la gente de menores recursos. Es así como en las filas del propio gobierno se producen hechos como el que le ocurrió a un Regidor socialista de Osorno, quien fue sorprendido in fraganti en una camioneta de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, con carne y mercaderías destinadas a ser vendidas en el mercado negro. Estas son las consecuencias, demostradas con hechos concretos e indesmentibles, de esta política que, además de destruir la economía de Chile, está ahora provocando lo que no debería existir: la corrupción en el país. Esta política totalitaria, ineficiente e ilegal, tiene, incluso, rasgos de inconsecuencia, como muy bien lo señaló denantes el señor Orrego. ¡Cuántas veces hemos escuchado que se han dejado sin efecto algunas alzas y me parece que el propio señor Millas lo dijo en 1970, refiriéndose a la electricidad y al agua potable, y hoy día ya sabemos cómo ellas se han desencadenado! Se ha detenido la inflación, se decía en esa época; se ha terminado con la antipatriótica devaluación del escudo y en 1971 se decía en 1970vendrán a tener efecto las medidas económicas del Gobierno y las alzas se recordarán como un capítulo en la historia negra del capitalismo. Los hechos, como dicen muy frecuentemente los comunistas, son más fuertes que las meras palabras. Y los hechos demuestran que la política seguida por este Gobierno y ejecutada a través del señor Millas, ha sido una política nefasta y ha violado la Constitución y la Ley. Por eso, señor Presidente, y asumiendo nuestra responsabilidad, votamos que sí esta acusación. El señor ORTUZAR.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría por cinco minutos, para fundamentar su voto. El señor ORTUZAR.- Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto y dejar constancia de que lo hago interpretando el sentir de miles y miles de ciudadanos, quienes, en esta acusación, en la suspensión del Ministro de Economía de sus funciones, que se acordará hoy, y en la destitución posterior que haga el Senado, verán que se les está haciendo un poco de justicia después de todas las arbitrariedades y humillaciones que han debido sufrir y soportar de parte de quienes manejan esos organismos dependientes del Gobierno marxista, creados ilegalmente y amparados y estimulados por el señor Ministro a quien se acusa. Aunque se ha tardado mucho en hacer realidad esta acusación y en aunar voluntades para ello, espero que continuaremos en esta línea de rectificación y depuración, pues ése fue el mandato que recibimos de la ciudadanía en las elecciones del 4 de marzo, cuando nos apoyó y nos dio una amplia mayoría. Por las razones expuestas por los colegas y las recién señaladas, voto afirmativamente esta acusación. El señor QUEZADA.- Pido la Palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos. El señor QUEZADA.- Señor Presidente, al fundamentar mi voto en esta sesión, no puedo dejar de observar una cuestión de importancia, como es la ilegal actuación de este Gobierno en la constitución de las JAP, ya que las autoridades ni siquiera cumplen la resolución Nº 112, de la Dirección de Industria y Comercio. Es decir, estamos frente a algo risible y pintoresco: un Gobierno dicta una resolución y no la cumplen ni sus funcionarios. En muchas ciudades y pueblos de nuestro país se han estado constituyendo las JAP con ministros de fe que no son los que señala expresamente la resolución Nº 112, es decir, los inspectores de la DIRINCO. Por ejemplo, en Los Angeles, en la Unidad Vecinal Nº 4, el Intendente de la provincia creó una JAP, incondicional a la Unidad Popular, por supuesto, cuando la Junta de Vecinos estaba citando a reunión para crear el Comité de Abastecimiento. Por este motivo, solicité al señor Contralor General de la República que absolviera una consulta sobre la legalidad de la actuación que estábamos observando en la constitución de las JAP. El señor Contralor me ha informado, por oficio Nº 45.632, de 14 de junio de 1973, lo siguiente: Por oficio Nº 65, de 1973, la Cámara de Diputados ha estimado oportuno dirigirse a esta Contraloría General, con el objeto de que se sirva informar acerca de si un Intendente puede actuar como ministro de fe en la creación de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. En concepto de este Organismo de Control corresponde absolver negativamente la cuestión planteada, en atención a que dichas autoridades carecen de competencia para intervenir en la materia. Tal conclusión se infiere de la resolución Nº 112, de 1972, de la Dirección de Industria y Comercio, que crea el Departamento de Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y de normas para la constitución y funcionamiento de las mismas, cuyo artículo 39 señala, en forma imperativa, que compete a los inspectores de esa repartición servir de ministros de fe en las asambleas constitutivas de esas entidades. En efecto, el referido precepto, luego de disponer, en su inciso primero, que las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios se crearán ordinariamente por medio de una Asamblea Constitutiva a la que podrán asistir los representantes de los organismos que indica, agrega, en su inciso segundo, que en dicha Asamblea hará de ministro de fe un inspector de la Dirección de Industria y Comercio... La regla descrita se aplica, asimismo, en aquellos casos en que, de conformidad al artículo 4°, el Departamento de Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y las Oficinas Provinciales de la Dirección de Industria y Comercio autoricen la constitución de más de una de esas Juntas por Unidad Vecinal o permitan que una de ellas abarque más de una Unidad Vecinal o que se integren con simples vecinos. De modo, entonces, que sólo los inspectores de la Dirección de Industria y Comercio pueden ser ministros de fe en las Asambleas Constitutivas de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, a que se refiere la resolución Nº 112, ya citada. Mal podría, en consecuencia, el Intendente de una provincia asumir esa función, y si de hecho ello ocurriere, importaría una violación al artículo 4º de la Constitución Política del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales o civiles a que esa acción pueda dar origen. Los razonamientos expuestos y los preceptos citados, han llevado al Contralor General infrascrito a la conclusión de que los Intendentes no poseen la calidad de ministros de fe en la constitución de una Junta de Abastecimiento y Control de Precios, función que sólo puede asumir un inspector de la Dirección de Industria y Comercio, excluyendo de esa calificación a los inspectores ad honorem. Transcríbase al señor Ministro del Interior y al señor Director Nacional de Industria y Comercio.- (Fdo.): Héctor Humeres Magnam, Contralor General de la República. Una vez más queda probada la ilegalidad e inconstitucionalidad del comportamiento de funcionarios públicos. Desde hoy, ya sabe el país que tenemos razón en lo que hemos venido señalando a lo largo de toda esta acusación. Voto afirmativamente la acusación. El señor KING.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado. El señor KING.- Señor Presidente, si bien es cierto que la acusación, a mi entender, tiene algunos defectos formales que podrían justificar su rechazo, voy a votarla afirmativamente. Mi decisión se basa en que hay antecedentes de hecho, más que justificados, que demuestran la actuación ilegítima del Ministro señor Millas, y que permiten sancionarlo conforme al artículo 39, letra b), de la Constitución Política del Estado. Frente a esa realidad no parece apropiado limitar por formulismos mezquinos, que el pueblo no entendería sino como actitudes politiqueras y sectarias. En efecto, si el Ministro señor Millas es responsable de, discriminaciones ilegales a través de las JAP y responsable del desastre económico que afecta a todos los hogares chilenos, no comprometidos en la administración de este Gobierno y de su mercado negro para ilícitas ganancias, no se puede menos que, en nombre de ese pueblo empobrecido y discriminado, sancionarlo con la aprobación de la acusación. El rechazo de la acusación, aun a pretexto de estar mal redactada, sería entendido por la opinión pública democrática como una actitud politiquera motivada por el sectarismo, que suele mover a los políticos de antiguo cuño y pasados de moda, que creen que los asuntos políticos pueden ellos resolverlos, entre gallos y medianoche, sin importarles la opinión ciudadana. Es necesario actuar de cara al pueblo. Yo he alegado la unidad democrática en las bases y he obtenido el más amplio apoyo de los distintos sectores, lo que me compromete absolutamente. Ante ellos he expresado mi fe en la unidad y la necesidad de esa unidad. Nade, haré, en consecuencia, que ponga en duda esa fe inquebrantable en la unidad para vencer a. los dictadores y reconstruir Chile. Repito, ni aun a pretexto de que la acusación está mal redactada o de que se deben hacer más exigencias al Gobierno y darle nuevo plazo para que enmiende rumbos, podría votarla negativamente, pues nos haríamos acreedores al desprecio colectivo de la opinión pública que quiere sanción para los personeros del Gobierno ilegítimo. Los hombres nuevos del Gobierno de la llamada Unidad Popular llegaron al poder sembrando ilusiones en los más humildes; ofreciéndoles detener la inflación ; ofreciéndoles habitación digna; ofreciéndoles servicio de salud eficiente; ofreciéndoles producción abundante; ofreciéndoles respeto; en fin, para qué seguir. Los administradores de este Gobierno cometieron el peor de los pecados: defraudaron a los más desvalidos, a los más pobres para alcanzar el poder que para ellos significa flotas de automóviles, mansiones, viajes al extranjero y riqueza que por propia capacidad y trabajo no podrían alcanzar jamás. Antes de que seamos gobierno, antes de que iniciemos en Chile un gobierno de moralidad, de rectificación, de construcción nacional y de bienestar para todos, tenemos que cumplir con la obligación primera de sancionar a quienes son directos responsables de la miseria colectiva. Cumpliré con la obligación pasando por sobre la pequeñez de la deficiencia en la redacción del libelo acusatorio. Voto que sí. La señora RETAMAL.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora RETAMAL.- Señor Presidente, voto que sí esta acusación, no con afán de odiosidad, sino de apelación al Presidente como chilena, dado que como médico sabe que para que se desarrolle o se desenvuelva bien el niño, necesita de vitaminas, de calorías y de proteínas. No es posible que un niño se desarrolle bien, si su madre tiene que pasar la angustia de estar toda la noche, hasta el día siguiente, en la cola, para que le venden un poco de leche o un poco de azúcar, o para que reciba, cada quince días o una vez al mes, un kilo de carne. Si no tiene carne aquella madre que está gestando un niño, no lo puede desarrollar bien en su vientre; y si al nacer aquella criatura, su madre o sus padres no tienen el alimento necesario, no podrá desenvolverse bien el futuro hombre o la futura mujer. En este sentido, apelo al Presidente de mi patria para que recapacite, para que sus funcionarios de gobierno estudien en qué forma alimentar a este pueblo, a este pueblo latinoamericano que no se merece que cada día sus hombres y mujeres vayan siendo más mediocres. No importa que se burlen o se rían los que ayer prometieron el medio litro de leche, cuando hoy el pueblo reclama alimentos. Apelo al gobierno, al Presidente de la República, para que cambie a través de su Ministerio de Economía. Que en vez de tomarse los fundos y las parcelas, como ocurrió en Maipú ayer; que en vez de impedir que la gente trabaje, y que los tienen encerrados en sus casas, los dejen sembrar y producir los campos, para que pueda haber así leche, carne, trigo, legumbres y frutas. Que en vez de estar haciendo la revolución con palos, piedras y balas, los hombres nuevos vayan a trabajar, ya que tanto interés tuvieron en llegar al Gobierno. Así se formará una patria de hombres viriles, más desarrollados, más inteligentes y más capaces en beneficio de mi patria, de Latino América y del mundo. Solamente con alimentos y con cultura podamos tener un pueblo bien desarrollado. En la esperanza de que el señor Allende, Presidente de la República, recapacite y no se deje dominar por los partidos que hoy día lo respaldan, pero muy mal, voto que sí. El señor RODRÍGUEZ (don Silvio).- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Rodríguez, don Silvio. El señor RODRÍGUEZ (don Silvio).- Señor Presidente, el libelo consta de una parte introductoria y de cuatro capítulos en los cuales se establecen las infracciones tanto a la Constitución Política como a diversas leyes, pero no observo que se haya establecido una responsabilidad por falta de idoneidad en el cargo, que me parece fundamental en este caso, más cuando recientemente el país ha recibido con horror un alza escandalosa en uno de los tantos productos de mayor consumo, que produce tal vez un mayor bienestar y que permite hoy día a muchos sectores modestos aliviarse de la carga cotidiana del hogar para enfrentarlos al trabajo productivo. Y yo creo que es importante, porque hemos visto cómo las industrias que han sido intervenidas o requisadas han alzado sus productos de la línea blanca la semana pasada, en un promedio que, si consideramos las alzas del mes de noviembre del año pasado, supera casi el mil por ciento. Y esto no está en relación con el alza del poder adquisitivo que el propio Gobierno ha querido darle a esta masa que él consideraba postergada, que hoy día asciende poco más de un 60%. Yo creo que es importante que el país conozca este hecho. Por tal razón hemos pedido que se nos hagan llegar los antecedentes que tuvo DIRINCO, organismo dependiente del Ministerio de Economía, a cargo del Ministro acusado, señor Orlando Millas, para autorizar estas alzas, y solamente de las industrias intervenidas o requisadas, porque nosotros debemos juzgar también a los Ministros no sólo por la transgresión de las disposiciones legales, sino por la idoneidad y capacidad desarrollada en su cargo. Creo que esto es importante, porque el resultado no se compadece con lo que el país esperaba de la política económica del Gobierno. Ahora serán todos los sectores, no sólo los postergados, sino la clase media, que es la mayoría en este país, los que no podrán comprar más un refrigerador, o una enceradora, porque han tenido alzas desmesuradas. Por ejemplo, una juguera que costaba 12 mil escudos, ahora va a costar en el mercado 43 mil escudos, sin considerar diversos impuestos. Luego tenemos que una juguera corriente, que costaba Eº 3.500, va a costar Eº 13.000. Yo pregunto ¿no es incapacidad la diferencia de precio que hoy día tiene que pagarla Chile entero? Bueno. Ante esta incapacidad, que no la veo contemplada en el libelo, yo he querido agregar una causal más a la acusación del Ministro don Orlando Millas. Por eso, voy a votar que sí. Además, debo agregar que el Partido Comunista, en su revista Plan, editada el 14 de junio, reconoce la disminución de la producción en diversos rubros de la línea blanca. Son palabras textuales de los propios comunistas. Ya no niegan, porque no pueden negar. Las cifras son evidentes. Ante estos hechos, que son concretos, que el país conoce, voto que sí, señor Presidente. El señor SABAG.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado. El señor SABAG.- Señor Presidente, mi Partido, el Demócrata Cristiano, ha decidido acusar al señor Ministro de Economía no en forma precipitada, sino serena. Nuestra finalidad ha sido, primero, llegar a la solución de los problemas que nos preocupan. En vista de que el señor Ministro no se ha esmerado por solucionarlos, nos vemos en la obligación de acusarlo. Así, mi Partido, buscando la solución de los problemas que aquejan a la gran mayoría de los chilenos, pidió públicamente al Gobierno y al Ministro de Economía la solución de siete puntos que tendían a terminar con la discriminación odiosa y sectaria en la distribución de alimentos esenciales para el ser humano. No cumplió y por eso lo estamos acusando. En todo caso, quiero insistir en que seguiremos buscando la solución definitiva de estos problemas, para terminar con el sectarismo y la persecución odiosa en la distribución de alimentos, y que, en consecuencia, seguiremos acusando a los Ministros de Economía que le sucedan en el cargo si tampoco se esmeran por solucionar los problemas. La señora LAZO.- ¡Ay que tenebroso! Me da miedo. El señor SABAG.- Ahora bien, como lo hemos podido apreciar en las distintas provincias que representamos, el Partido Comunista ha querido tomar el control de la voluntad de los seres humanos en Chile. Lo hemos visto en todas las provincias en los sectores agrarios, fundamentalmente en la que yo represento. Y puedo señalar que en la de Concepción, en la comuna de Santa Juana, por ejemplo, cuando la representante elegida políticamente fue una socialista, los comunistas no la respetaron; prácticamente fue desconocida su calidad de presidente de la JAP por el solo hecho de ser socialista, porque los comunistas creen que es patrimonio exclusivo suyo la distribución de alimentos. En otras comunas, cuando nuevamente la presidenta es una socialista, se la desconoce y entran en una pugna tremenda. Así, a socialistas y comunistas se les ve peleando como el perro y el gato, cuando un socialista sale más vivo que un comunista y se toma el control de una JAP en una pequeña comuna o en algún sector o barrio de la provincia de Concepción. Nosotros siempre hemos hablado solamente de las JAP, pero hay también otro organismo político, creado por el Gobierno del Partido Comunista, que son los CAR, los Centros de Abastecimiento Rural, igualmente sectarios y discriminatorios, que tienden a controlar ahora a los campesinos. Día a día vemos como los campesinos preguntan, y los vecinos del pueblo también: ¿quién nombra a los representantes de las JAP?, ¿quién nombra a los representantes de los CAR? ¿Acaso como vecinos del pueblo, como habitantes de los campos, no tenemos derecho a elegir a las personas, que, por lo menos, nos van a encuestar o nos van a pedir los datos de nuestra familia? Ese es el gran desconcierto que existe. Estos organismos son organismos de control político creados por el Gobierno, sin duda alguna. Y más encima, los comerciantes, ¡a qué humillaciones, a qué vejaciones han sido sometidos por meses y meses! Por ocho meses no les han entregado ninguna clase de artículos, porque no pertenecen a una JAP. Posteriormente, muchos de ellos deben agachar la cabeza e inscribirse en la JAP para poder recibir una cantidad insuficiente de mercadería, que la distribuyen los propios presidentes de las. JAP, con tarjeta. Los comerciantes han estado sometidos a una humillación verdaderamente inaceptable. Señor Presidente, tanta discriminación no podemos, sencillamente, aceptarla. Por eso yo voto afirmativamente esta acusación. Quisiera señalar también que aquí estamos persiguiendo la responsabilidad por el atropello a la ley y a la Constitución por parte de estos Ministros. Quiero recoger también una observación que hizo mi colega señor Sepúlveda cuando se trató la acusación anterior, contra los Ministros del Trabajo y de Minería: que a los Ministros, Intendentes y Gobernadores que sean sancionados y desaforados por el Congreso Nacional, no debiera permitírseles ocupar ningún cargo público. Porque prácticamente la acción del Congreso por sus faltas y atropello a la ley queda burlada al ser poco menos que premiados por el Presidente de la República, al colocarlos en cargos más altos o efectuar un enroque con otro Ministerio. Por eso, señor Presidente, voto afirmativamente esta acusación contra el Ministro señor Millas. El señor SCARELLA.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- El señor Scarella tiene el uso de la palabra. El señor SCARELLA.- Señor Presidente, no me cabe la menor duda sobre las bases jurídicas que esta acusación tiene; han sido suficientemente probadas en esta Sala. Pero yo no hablaría en esta oportunidad si no tuviera que establecer algunos hechos que son consecuencia de la desastrosa política económica del Partido Comunista, que representa el señor Millas, para el pueblo de Chile y para el futuro de la raza. Ya mencionó acá la señora Retamal parte del problema. Pero hay que dejar establecidos algunos hechos que el país entero, los legisladores, el Gobierno, tienen que reconocer. Tenemos que tomar conciencia exacta acerca de hasta qué punto se está cometiendo, en este momento, un verdadero genocidio con el pueblo chileno y con el futuro de la raza. Deben saber los señores Diputados, y el país entero, que el 60% de los niños de hasta cinco años de edad están en este momento desnutridos; el 13 % de los niños que nacen hoy día en los hospitales de Chile pesa menos de dos kilos quinientos gramos; es decir, están lesionados por falta de proteínas, de aminoácidos esenciales, desde su nacimiento. Y las lesiones son de tal carácter, que son irrecuperables. Cuando sean adultos, estos niños serán menos inteligentes, verán menos, oirán menos que sus semejantes. El 80% ¡el 80%! de los niños internados hoy día en los hospitales están desnutridos de alguna manera. La mortalidad infantil escúchenlo bien ha aumentado a 140 por mil nacidos vivos, a pesar de que el Gobierno maneja estos índices basándose en la proyección del censo del año 1960. Hay que agregar a esto el hecho de que en los hospitales de Chile hay desabastecimiento de todos los elementos fundamentales para tratar adecuadamente a los enfermos: de antibióticos, de material de sutura, hasta de algodón o de alcohol. Eso está produciendo un aumento de la mortalidad y de la morbilidad, que todavía no ha sido debidamente evaluado. Son hechos gravísimos, porque es verdaderamente casi cometer un asesinato con los enfermos de Chile, con los niños de Chile. La proeza que ha realizado el Partido Comunista con su política económica, deja chico a Herodes, de triste recuerdo en la historia. El señor Millas puede ser catalogado a la misma altura que ese asesino de la historia. Nosotros no podemos dejar pasar este momento sin hacer presente en la Cámara de Diputados la profunda inquietud que tenemos sobre esta materia. Más aun, porque se la hicimos presente a Allende en noviembre de hace ya casi dos años. Cuando tuve que entrevistarme con él como Presidente de la Comisión investigadora del Servicio Nacional de Salud, le hicimos presente la situación en que estaban entrando el país y los niños de Chile. El, que conoce el problema, porque se ha llenado la boca hablando de él durante más de veinte años de vida política, deberá tener conciencia hoy día para resolverlo. Se lo hicimos presente y le entregamos las herramientas legales para que pudiera dotar de proteínas suficientes a los niños chilenos. ¡Ahí están durmiendo los proyectos del doctor Monckeberg y los proyectos que presentamos nosotros con el doctor Monckeberg! - Hablan vanos señores Diputados a la vez. El señor MOYA.- ¿Por qué están chacoteando entonces? El señor SCARELLA.- ¡Ahí están durmiendo! El señor MOYA.- ¡Inmorales! - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señor Moya, llamo al orden a Su Señoría! El señor SCARELLA.- ¡El Presidente de la República es responsable ante Chile, ante la historia y ante el mundo, de este verdadero genocidio! - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Ruego guardar silencio! El señor SCARELLA.- Llegaremos, señor Presidente,.. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARAY.- ¡El Presidente es médico, y su Gobierno está matando niños todos los días! El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señor Garay, le ruego guardar silencio! El señor SCARELLA.- Llegaremos, señor Presidente, a investigar... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARAY.- ¡Este Gobierno es asesino de niños! El señor SCARELLA.- Llegaremos a investigar estos hechos en la Comisión de Salud que presido... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCARELLA.- ...y si es necesario, invocaremos a las Naciones Unidas, invocaremos a la Comisión de Derechos Humanos,... - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señor Garay! ¡Señor Moya! ¡Llamo al orden a Sus Señorías! El señor GARAY.- ¿Dónde hay antibióticos? El señor SCARELLA.- ...invocaremos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que investigue estos hechos... El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Terminó el tiempo de Su Señoría. El señor SCARELLA.- Por estas razones y por todas las demás... El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¿Cómo vota Su Señoría? El señor SCARELLA.- ...que se han dado en esta Sala, voto que sí. Aplausos en la Sala. El señor GARAY.- ¡Asesinos de niños! El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- ¡Señor Garay, llamo al orden a Su Señoría! El señor GARAY.- No importa que me llame al orden; pero que lo escuchen. La señora LAZO.- ¿No ve que le puede dar un infarto, doctor? El señor GARAY.- ¡Señora, quédese calladita, porque usted es mujer y tiene la obligación de defender a los niños! El señor SEPULVEDA WHITTLE (don Eduardo).- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sepúlveda, hasta por cinco minutos. Ruego a los señores parlamentarios respetar las intervenciones de los señores Diputados qué hacen uso de su derecho a fundamentar el voto hasta por cinco minutos. El señor MOYA.- ¡Si van a insultar al Presidente, no se lo vamos a permitir! ¡Eso no! - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SEPÚLVEDA WHITTLE (don Eduardo).- Señor Presidente, señores parlamentarios, en breves momentos más será aprobada por la Cámara la primera acusación constitucional presentada por el Partido Demócrata Cristiano contra un Ministro de Economía. El fundamento es irrefutable: la tentativa marxista de controlar el estómago y la conciencia de los chilenos a través de una distribución sectaria de alimentos y de la consiguiente creación del mercado negro en su propio beneficio. Todos los chilenos, cualquiera que sea nuestra ideología, tenemos derecho a comer. Ese derecho debe ser respetado, como siempre ocurrió antes en Chile, aun en los peores momentos de su historia, como en la Guerra del 79, la Revolución del 91 y la crisis gravísima de los años 1930 y 1931. Los marxistas, en una de sus muchas sucias maniobras por imponer su totalitarismo mediante la arbitrariedad y el odio, han creado las JAP, han suprimido un organismo útil y legal, como es el CONCI,... La señora DIP.- El CONCI... El señor MOYA.- ¡El CONCI! ¡El CONCI! ¡Cómo lo aprovecharon para las elecciones parlamentarias! El señor SEPULVEDA WHITTLE (don Eduardo).- ...y desconocen las facultades que para una emergencia como la que Chile vive en materia de abastecimiento alimenticio tienen las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, conforme a una ley dictada en el Gobierno de Frei. En estos días don Orlando Millas, que pasará a la historia como uno de los peores instrumentos que el Partido Comunista utilizó para avanzar hacia una dictadura, será destituido como Ministro de Economía. Y quienes le sucedan en este cargo correrán la misma suerte, cada quince días, uno tras otro, conforme se lo ha propuesto el Partido Demócrata Cristiano, hasta que se abandone el sectarismo. El señor MOYA.- ¡Haciéndole caso al Partido Nacional! El señor SEPULVEDA WHITTLE (don Eduardo).- ...en la entrega del azúcar, del aceite, la harina, el arroz, la carne, etcétera. Con su típica inconsecuencia, los marxistas gritan en el Congreso, en los noticieros del Canal Nacional, de su prensa y radio, que estas acusaciones constitucionales contra los Ministros o Intendentes son una chacota de la Oposición. La verdad es que los partidos democráticos sólo hacen uso con tales acusaciones, de un derecho muy claro que les da la Constitución. Chacota, y grande, en cambio, es la del Presidente Allende frente a las destituciones que, en conciencia y en cada caso Con todo fundamento, aprobó el Senado en estos 31 meses. El señor Allende ha nombrado en otros cargos de su Gabinete a los Ministros destituidos. Incluso el señor Millas ha dado a entender que el señor Allende se propondría confirmar en sus cargos a él y a los Ministros del Trabajo y de Minería, si el Senado los destituye. Es cierto que la Constitución no prohíbe taxativamente estos nuevos nombramientos, sin duda porque las cosas obvias no se dicen. Moralmente, sin embargo, por una ley no escrita, pero que todo Presidente de Chile con dignidad ha sabido respetar, es indiscutible también que estos nuevos nombramientos no pueden hacerse, entre otras razones por el respeto que a un Presidente deben merecerle los Poderes Públicos, uno de los cuales es el Legislativo. Ese vacío legal será ahora superado. Es impostergable una reforma constitucional que prohíba la chacota que el señor Allende ha usado como norma. La idea está consignada en uno de los centenares de proyectos sepultados en los archivos del Congreso. Los partidos democráticos la actualizarán ahora y se preocuparán, con el máximo de interés, porque cuanto antes se convierta en un precepto constitucional que ni el señor Allende ni nadie pueda atropellar. Así terminará por lo menos una de las tantas chacotas del totalitarismo marxista en Chile. Voto que sí. El señor TUDELA.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tudela, hasta por cinco minutos. El señor TUDELA.- Señor Presidente, esta acusación en contra del Ministro señor Millas tiene importancia, por cuanto en ella también van involucradas las denuncias que los parlamentarios de todas las provincias estamos haciendo continuamente en contra de la política económica de este Gobierno y, especialmente, de la creación de las JAP. Eso, tal vez, pudiera ser la mala aplicación de una política o la incompetencia de algunos burócratas. Por lo que también debe ser reconocido en esta Sala esta tarde, es la deshonestidad con que actúan los funcionarios de este Gobierno, especialmente los de DIRINCO. En mi provincia, en especial en la ciudad de Rancagua, he estado denunciando permanentemente la actitud del Jefe Provincial de DIRINCO, don Jorge Beech Olivares. Lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho incluso en la prensa local, y lo hemos acusado directamente de sucios negocios. Luego, hemos llegado con esta acusación ante las más altas esferas del Gobierno y del Ministerio de Economía. Sin embargo, este tipo de funcionarios se mantiene en sus cargos. Esa actitud de los funcionarios del Ministerio de Economía también merece sanción, porque sabemos, señor Presidente, que estas famosas JAP, controladas por el Gobierno y especialmente por DIRINCO, son las que propenden al mercado negro. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos comprobado que hay que ir a las poblaciones más alejadas para poder conseguir las cosas más elementales para el sustento diario? ¿Cuántas veces hemos visto actitudes sectarias de los jefes de DIRINCO en todas las provincias? Ahora último, a raíz de un paro que efectuaron los comerciantes de Rancagua, adhiriendo a la justa huelga de los trabajadores de El Teniente, corrieron presurosos sancionar a los comerciantes. Hemos dicho en repetidas oportunidades que no sólo para eso son jefes de un organismo tan importante como la Dirección de Industria y Comercio, sino que, justamente, para sancionar y para reprimir el mercado negro. Por eso, señor Presidente, por la deshonestidad que permanentemente nosotros estamos denunciando, aprovecho esta oportunidad de fundamentar hoy día mi voto para declarar que voto que sí esta acusación en contra del Ministro Millas. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Al fundamentar mi voto, quisiera dejar constancia de que esta acusación está plenamente basada en infracciones constitucionales y legales, que se han demostrado, cometidas por el Ministro señor Millas. En esto hemos sido consecuentes, y queremos hacer ver la inconsecuencia de la actitud que la Unidad Popular tiene hoy día, cuando se encuentra en el Gobierno, y la que tuvo en la época cuando era Oposición. Voy a citar un párrafo que sirvió de fundamento a la acusación contra Edmundo Pérez Zujovic, donde la Unidad Popular, hoy día en el Gobierno, estableció los fundamentos de dicha acusación. Dice: La Constitución Política del Estado nos impone el deber, como miembros de la Cámara fiscalizadora, de exigir de los altos funcionarios del Estado el sometimiento a las leyes; nos impone el deber de poner coto a tantos abusos de poder; nos impone el deber de sancionar el atropellamiento de las leyes, en resguardo de la dignidad nacional y de la seguridad de los habitantes de la República. Ellos, al fundamentar su acusación, no tan sólo invocaban como causal el atropellamiento de las leyes y de la Constitución, sino que el propio Ministro hoy acusado, el señor Millas, fue autor de la teoría de que los Ministros también podían ser acusados por abuso de poder. Por eso, hoy día nosotros, en conciencia y con pleno fundamento votamos que sí esta acusación. En realidad, se ve cómo no hay consecuencia, ni hay juego democrático, ni hay alternancia de posiciones en los partidos que hoy día están en la Unidad Popular, ya que, incluso, niegan fundamentos objetivos y, por supuesto, desconocen y hacen tabla rasa de aquellas teorías que en otras épocas ellos mismos crearon para dar fundamento a supuestas infracciones, a supuestos abusos. En virtud de estas consideraciones, voto que sí. - Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. - Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña; Alamos; Alessandri don Artudo; Alessandri don Gustavo; Alvarado; Ansieta; Amello; Aylwin; Barrionuevo; Bayo; Becker; Cardemil; Carrasco; Carmine; Castilla; Castillo; Castro; Dip; Dupré; Frei don Arturo; Fuentes don César; Galilea; Gamboa; Garay; Garcés; Godoy; González don Víctor; Guerra; Herrera; Huepe; King; Koenig; Krauss; Larre; Leighton; Marchant; Martín; Mekis; Momberg; Monares; Montt; Muñoz Barra; Orrego; Ortúzar; Ossa; Otero; Páez; Palza; Pareto; Penna; Pérez de Arce; Pinto doña Silvia; Quezada; Ramírez don Rodolfo; Ramínrez don Gustavo; Retamal; doña Blanca; Riesco; Rodríguez; don Silvio; Romero; Ruiz-Esquide; Saavedra doña Wilna; Saavedra don Sergio; Sabag; Scarella; Schott; Sepúlveda don Eduardo; Sívori; Suárez; Tapia; Torres; Tudela; Valdés; Vásquez; Vega; Vergara; Yuseff y Zaldívar. El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).- En consecuencia, la Cámara de Diputados declara que ha lugar a la admisibilidad de la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Orlando Millas Correa, por las causales de infracción de la Constitución y atropellamiento de las leyes, establecidas en la letra b) de la atribución primera del artículo 39 de la Constitución Política de la República, de acuerdo con el mérito del libelo acusatorio y del informe emitido a su respecto porcia Comisión de Acusación. La Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 269 del Reglamento Interior de la Corporación, propone integrar con los señores Alberto Zaldívar, Sergio Saavedra y Mario Amello la Comisión que deberá formalizar y proseguir la acusación constitucional ante el Honorable Senado. Si le parece a la Sala, se aprobará está proposición. Aprobada. Por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta. - Se levantó la sesión a las 18 horas 51 minutos. Orlando Zumelzu Acuña,Subjefe de la Redacción de Sesiones.