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- rdf:value = " El señor IRURETA.- Continuó, señor Presidente.
El Honorable señor Gumucio ha insistido en justificar la catástrofe económica que este Gobierno ha producido al país invocando el menor ingreso por la baja del precio del cobre. Este argumento no tiene valor.
Insisto en lo que dije antes al respecto: el menor ingreso, según declaración oficial del Presidente de la República en su Mensaje al Congreso Pleno, fue de 110 millones de dólares en 1971. Este año, seguramente, el menor ingreso a causa de la baja de precio del cobre no alcanzará el mismo nivel, dado el promedio de 48,5 centavos que estimó CODELCO para este período.
Lo que sí es grave es el menor ingreso como resultado de la menor producción. Sobre el particular, insisto en algo que siempre se pretende ignorar: la capacidad instalada programada para la gran minería del cobre, según la política de ampliación llevada a cabo por el Gobierno del Presidente Frei, alcanzaba a 925 mil toneladas. Pues bien, la capacidad instalada real se estima hoy en día, no por nosotros, los democratacristianos, sino por CODELCO, en 825 mil toneladas. La Corporación del Cobre, o sea, un organismo del Gobierno, sostiene que las ampliaciones y nuevas instalaciones son insuficientes y que no permiten trabajar sobre la base de una capacidad instalada de 925 mil toneladas, sino sólo de 825 mil. Bien, acepto ese argumento al Gobierno. Pero, en todo caso, lo concreto es que, aun cuando la capacidad productiva sea la señalada por el Gobierno, el país sólo produce 570 mil ó 580 mil toneladas en la gran minería del cobre, o sea, está dejando de producir 240 mil toneladas, que equivalen a 240 ó 250 millones de dólares menos de ingreso en un año.
En seguida, quisiera recordar al Honorable señor Gumucio que en el país la catástrofe no se produjo de improviso. Este Gobierno, al iniciar su gestión, encontró la balanza de pagos con un saldo favorable de 450 millones de dólares. En 1971, las entradas en divisas por exportaciones alcanzaron a 1.160 millones de dólares. Esto quiere decir que la máquina no estaba parada. El Gobierno recibió andando la maquinaria del país. Y este año, cuando nos derrumbamos a los 800 millones por exportaciones, hay que preguntarse si ello se debió al pánico que se produjo el 4 de septiembre de 1970, o a la adopción de sucesivas medidas erróneas que nos han llevado al estado de catástrofe en que nos encontramos. Pero creo que este asunto, da motivos para otro debate, de modo que ahora no quiero insistir. Prefiero continuar con el hilo de mi intervención relacionada con el mercado negro y los delitos económicos, hecho del cual este Gobierno, su prensa, su radio, todo su aparato publicitario, y todos sus personeros, pretenden culpar a la Oposición.
En efecto, acabamos de oír al Honorable señor Gumucio responsabilizar al paro de los transportistas producido en octubre pasado de la situación de caos en que nos encontramos. Creo que esta situación viene de antes. Y lo sabemos muy bien los parlamentarios de la Zona Sur, que hemos debido reclamar durante meses y meses el envío a la región, no de camiones, sino de carros de ferrocarril para transportar desde allí hasta el Norte ganado, papas y otros productos. Estos carros nunca llegan a tiempo. Y ellos no se importan, sino que se construyen en nuestro país con fierro chileno, con obreros chilenos y en industrias chilenas. Así, por lo menos, se hacía en los Gobiernos anteriores, y así podría hacerse en el actual.
Hay una declaración de ENADI formulada en estos días y que apareció en toda la prensa. Esta empresa, sucesora de CODINA, transformada hoy día en cooperativa de pequeños y medianos comerciantes, ha dicho responsablemente que recibe de las empresas estatificadas sólo el 30% de lo que recibía antes para distribuir al público. ¿Adónde va el resto? El Gobierno, las empresas estatificadas, los interventores, tienen que dar una respuesta al país y explicarle adónde va a parar el resto de la producción, ya que los comerciantes señalan responsablemente al país que sólo reciben el 30% de lo que recibían antes de parte de las empresas hoy día en manos de interventores designados por el Gobierno.
Hay rubros muy importantes. Por ejemplo, alimentos, vestuario y línea blanca. En ellos, los interventores son los únicos que deciden a quién y cuánto se entrega. ¿Qué hacen, mientras tanto, los organismos administrativos llamados a sancionar y controlar las incorrecciones que se cometan en el proceso de distribución, si es que se han cometido? No lo sabemos.
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