REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA ORDINARIA Sesión 17ª, en martes 10 de julio de 1973 (Especial, de 20,30 a 22,21 horas) Presidencia del señor Lorca, don Gustavo. Secretario, el señor Guerrero, don Raúl. Prosecretario, el señor Parga, don Fernando. INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- ASISTENCIA V.- TEXTO DEL DEBATE. I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- La Cámara se ocupa de la situación ilegal e irregular que afecta a ENDESA y otras industrias y la existencia de grupos armados 1191 II.-SUMARIO DE DOCUMENTOS 1.- Mensaje con el que S. E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto que libera de derechos la internación de una ambulancia destinada al Sindicato Industrial INSA 1184 2.- Informe de la Comisión de Obras Públicas y Transportes acerca del proyecto que dispone que la Dirección de Obras Sanitarias proporcionará gratuitamente a las Municipalidades del país el suministro de agua potable para usos comunales 1184 3/4.- Informes de la Comisión de Agricultura y Colonización recaídos en los siguientes proyectos: El que autoriza al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, a la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, el sitio que indica 1185 El que establece que el Ministerio de Tierras y Colonización transferirá, gratuitamente, a sus actuales ocupantes, los sitios que forman las poblaciones que indica, de la provincia de Atacama ... 1186 5/7.- Mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los siguientes proyectos: Los señores Montt, Monares, Cardemil y Castro, que establece la inamovilidad para los representantes de los trabajadores en los Consejos u organismos de administración que existan en empresas o instituciones de cualquiera naturaleza 1187 Los señores Gamboa, Tapia, Vásquez, Suárez y Alessandri, don Arturo, que consulta fondos para que los hijos de los empleados, obreros y regidores, de las Municipalidades del país, puedan pro seguir estudios 1188 Los señores Gamboa, Suárez y Vásquez, que establece normas sobre donaciones de terrenos fiscales 1190 8.- Presentación suscrita por 32 señores Diputados por la que solicitan se cite a sesión para el día de hoy, a las 20.30 horas, con el objeto de conocer la situación ilegal e irregular que afecta a ENDESA y otras industrias, y la existencia de grupos armados, con invitación a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional 1190 Además, se dio cuenta de los siguientes documentos: Dos oficios del señor Ministro del Interior, con los que se refiere a los que se le remitieran en nombre de los señores Diputados que se indican acerca de las materias que se mencionan: Del señor Tapia, relativo a la creación de una agencia postal en la localidad de Agoni, de la comuna de Queilén, en la provincia de Chiloé (11.055). Del señor Fuentes, referente a la instalación de un teléfono público en la sede social del Sindicato de Panguilemu de Portezuelo, de la provincia de Ñuble (11.106). Un oficio del señor Ministro de Justicia, con el que responde el que se le enviara en nombre del señor Errázuriz, respecto al resultado de las autopsia realizada a civiles fallecidos en los sucesos acaecidos el día 29 de julio (309). Ocho oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con los que da respuesta a los que se le dirigieran en nombre de los señores Diputados que se expresan, relacionados con las materias que se mencionan: Del señor González Jaksic, sobre destinación de recursos para la construcción del Cuartel de Bomberos de la Sexta Compañía de Punta Arenas. Del señor Alamos, acerca de diversas materias relacionadas con la Dirección de Vialidad (10.960, 10.946, 10.593 y 11.092). Del señor Ruiz-Esquide, relativo a la instalación de una planta elevadora para la red de alcantarillado del barrio de San Vicente, de Talcahuano (2). Del señor Krauss, referente a la ejecución de diversas obras públicas en la provincia de Cautín (5). Del señor Garcés, respecto a la construcción de un colector de alcantarillado en la población Dragones, de la ciudad de Curicó (50). Del señor Tapia, relacionado con la ampliación de la pista del aeropuerto Pupelde, de la ciudad de Ancud (82). Del señor Cardemil, sobre ejecución y programa de obras con cargo a los recursos dispuestos en el artículo 14 de la ley número 16.723 (10.511 y 84). Del señor Acuña, sobre la paralización de obras de alcantarillado en la comuna de Paillaco, Valdivia (113). Un oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde el que se le dirigiera en nombre del señor Schnake, acerca de visitas inspectivas a parques de entretenciones (9106). Un oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el que se refiere al que se le remitiera en nombre del señor Sepúlveda Whittle, relativo a la construcción de la población Carlos Cortés, de la ciudad de La Serena (26). Una comunicación del señor Ministro del Interior, por la que se excusa de asistir a la presente sesión. III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: Considerando que el Sindicato Industrial INSA, con domicilio en calle Pajaritos Nº 215, de la comuna de Maipú, ha adquirido una ambulancia que estará destinada a prestar servicios asistenciales tanto a sus asociados como a los familiares de éstos, todas personas de escasos recursos. Que el mencionado sindicato, luego de innumerables sacrificios, ha visto realizada una de sus principales preocupaciones como era la adquisición de un vehículo asistencial, la que por obvias razones tuvo que realizarse en el exterior, y al no contar con los recursos económicos para proceder al pago de los gravámenes aduaneros a que se encuentra afecta esta importación, vengo en someter a vuestra consideración, el siguiente Proyecto de ley: Autorízase la libre importación de una ambulancia marca Chevrolet, modelo C 1410, serie Nº C-147CBR284638, amparada por Registro de Importación Nº 934219, de 1º de diciembre de 1972, liberada de todos los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio del Servicio de Aduanas, comprendiéndose entre éstos, la Tasa de Despacho a que se refiere el artículo 190 de la ley Nº 16.464 y sus modificaciones y del impuesto del 10% establecido por el artículo 44 de la ley Nº 17.564, de propiedad del Sindicato Industrial INSA. (Fdo.): Salvador Allende G. Fernando Flores L. 2.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Obras Públicas y Transportes pasa a informaros un proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que dispone que la Dirección de Obras Sanitarias proporcionará gratuitamente a las municipalidades del país, el suministro de agua potable para usos comunales. Durante el debate habido en la Comisión, se tuvo la oportunidad de conocer las observaciones que le merece el proyecto de ley en informe al señor Juan Facuse, Subsecretario de Obras Públicas, quien informó, además, acerca de las disposiciones legales vigentes que existen sobre esta materia. Es conocido el hecho de que las municipalidades del país deben atender una gran cantidad de servicios a la comunidad de su jurisdicción, entre las cuales se cuentan las de riego de jardines públicos, piscinas, grifos para incendios, canchas de fútbol, estadios, baños públicos, dependencias municipales y otros que le demandan gastos permanentes y para lo cual no siempre dispone de los recursos necesarios. En el caso específico, diversas municipalidades han contraído enormes deudas con la Dirección de Obras Sanitarias, las que se mantienen impagas y que, por otro lado, la citada Dirección no puede suspender el suministro de agua potable en razón del servicio que se presta a la población, con lo que se crea una situación bastante difícil y de poca solución inmediata. Las razones anteriores movieron a la aprobación por parte del Honorable Senado del proyecto de ley en informe que consta de dos artículos. El 1º dispone que la Dirección de Obras Sanitarias proporcionara a las municipalidades del país en forma gratuita el suministro de agua potable para sus usos en beneficio de la comunidad. El artículo 2º condona las deudas que se encuentran pendientes por parte de los municipios sobre la materia anterior. Se informó durante el debate que existe la ley Nº 1.230, de fecha 28 de julio de 1899, por medio de la cual se ordena suministrar determinada cantidad de agua potable a diversos servicios e instituciones del país que realizan labores en bien de la comunidad. Esta norma legal se complementa con el decreto Nº 588, de Obras Públicas, de fecha 6 de marzo de 1962 que fija las cuotas máximas de agua potable que deberá entregarse en forma gratuita a los servicios antes aludidos. Conocidos estos antecedentes, la Comisión estimó que es conveniente que las municipalidades puedan disponer de este suministro en forma permanente y gratuita sin limitación en cuanto a la fijación de cuotas máximas, consciente de que este beneficio será usado con la moderación que las circunstancias exigen. Vuestra Comisión de Obras Públicas y Transportes prestó su aprobación al proyecto de ley en informe en los mismos términos en que lo hiciera el Honorable Senado y os propone que adoptéis similar acuerdo, concebido en los términos siguientes: Proyecto de ley: Artículo 1º.- La Dirección de Obras Sanitarias proporcionará a las Municipalidades del país en forma gratuita el suministro de agua potable para sus usos en beneficio de la comunidad social que representa. Artículo 2º.- Condónanse las sumas adeudadas por las Municipalidades por este concepto hasta la fecha de publicación de la presente ley. Sala de la Comisión, a 9 de julio de 1973. Acordado en sesión de fecha 4 del mes en curso, con asistencia de los señores Acuña (Presidente), Marchant, Moya, Martín, Quezada, Romero, Sabag, Salvo y Sepúlveda. Se designó Diputado informante al señor Sepúlveda. (Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de Comisiones. 3.- INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en un Mensaje, que autoriza al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, a la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, el sitio que indica. Concurrió a la sesión en la que se discutió esta iniciativa legal el señor Osvaldo Valdés Pino, Presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro, quien formuló diversas observaciones en apoyo al proyecto de ley en informe y dio respuesta a las consultas que sobre el particular le formularon los señores Diputados miembros de la Comisión. Se señala en los considerandos del Mensaje que la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano ha obtenido del Fisco, por Decreto Supremo Nº 272, de 23 de abril de 1973, del Ministerio de Tierras y Colonización el uso gratuito, por períodos renovables de dos años, de un predio fiscal ubicado en calle Blanco Encalada Nº 830, de esa comuna. Agrega que esta institución, con personalidad jurídica, ha iniciado la construcción de un inmueble en dicho sitio con el objeto de destinarlo a sede social pero que, en razón de no tener un título definitivo sobre él, no ha podido proyectar una construcción definitiva. Ante la situación expuesta, el Poder Ejecutivo ha estimado conveniente transferir a la Asociación aludida, a título gratuito, el sitio fiscal, invocando para esto el hecho de tratarse de una institución que no persigue fines de lucro y que cumple programas sociales y culturales en beneficio de los ex servidores de la Defensa Nacional. Se argumentó, asimismo, en el debate habido en la Comisión que el local social que hoy ocupa la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, ubicado en el sector de la Plaza de Talcahuano será demolido por remodelación. Este hecho hace apresurar, en consecuencia, la construcción de la nueva sede, la que desean los interesados que sea definitiva y de material sólido, para lo cual, necesariamente, necesitan de recursos mayores. Se manifestó, también, que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional les otorgaría un préstamo para esta finalidad, pero que exigiría que el título de dominio sobre el terreno sea saneado antes de iniciar la nueva construcción. Vuestra Comisión compartió por unanimidad los considerandos expuestos en el Mensaje como las observaciones formuladas en el debate y le prestó su aprobación, redactado en los siguientes términos: Proyecto de ley: Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para transferir a título gratuito, a la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, el sitio fiscal situado en la comuna y departamento de Talcahuano, de la provincia de Concepción, Avenida Blanco Encalada Nº 830, inscrito a nombre del Fisco a fs. 540 Nº 741 del Registro de Propiedad de 1963, del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano. Artículo 2º.- La institución adquirente deberá destinar este inmueble directa y exclusivamente para sus finalidades propias, señaladas en sus Estatutos. En caso de que no se diere cumplimiento a esta obligación, hecho que deberá certificar la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, se dejará sin efecto esta transferencia y volverá el sitio a dominio del Fisco. Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1973. Acordado en sesión de fecha 3 del mes en curso, con asistencia de los señores Aylwin (Presidente), Becker, Costa, doña Silvia, De la Fuente, Galilea, Barrionuevo, Huenumán, Momberg, Sabag, Sánchez y Vega. Se designó Diputado informante al señor Sabag. (Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de Comisiones. 4.- INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION. Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en una moción del señor Barrionuevo, que establece que el Ministerio de Tierras y Colonización transferirá, gratuitamente, a sus actuales ocupantes los sitios que forman las poblaciones que indica, de la provincia de Atacama. En la ciudad de Copiapó existen varias poblaciones marginales construidas en terrenos de propiedad fiscal y en las cuales viven modestos mineros. En el transcurso del tiempo, estas personas han obtenido de parte del Fisco título de dominio pero, a su vez, hay otros que por diversas razones no han tenido la misma suerte. Se trata de las poblaciones Balmaceda Sur, Diego de Almagro y Manuel Rodríguez, las que no reúnen los requisitos mínimos para optar al beneficio del título gratuito de dominio por parte del Fisco, fundamentalmente por el hecho de tener cada inmueble una superficie inferior a la exigida por la Ley General de Urbanización. Se informó durante el debate habido que para solucionar la situación expuesta se requiere de una ley especial que autorice la transferencia gratuita del dominio de los terrenos a los ocupantes, lo cual contaría con la aprobación de las autoridades del Ministerio respectivo. Vuestra Comisión prestó su aprobación al proyecto de ley en informe en consideración de los antecedentes expuestos y, además, porque viene a solucionar una situación que afecta a personas de escasos recursos y con numerosa familia. Cabe señalar que los terrenos motivo de la transferencia, no prestan servicio alguno al Estado y no lesiona los intereses fiscales. Con el propósito de evitar que en la práctica esta ley no fuere operante, se aprobó una indicación tendiente a disponer que en el otorgamiento de estos títulos no regirán las disposiciones sobre urbanización loteamiento de terrenos, con lo cual se desea salvar las exigencias municipales al respecto. Se propone que le prestéis asimismo vuestra aprobación redactado en los siguientes términos: Proyecto de ley: Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para que, por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuitamente a sus actuales ocupantes el dominio de los sitios que respectivamente ocupan en las poblaciones Balmaceda Sur, Diego de Almagro y Manuel Rodríguez, ubicadas en la comuna de Copiapó, provincia de Atacama. En el otorgamiento de estos títulos no regirán las disposiciones sobre urbanización y loteamiento de terrenos. Sala de la Comisión, 9 de julio de 1973. Acordado en sesión de fecha 3 del mes en curso, con asistencia de los señores Aylwin (Presidente), Becker, Costa, doña Silvia, De la Fuente, Galilea, Barrionuevo, Huenumán, Momberg, Sabag, Sánchez y Vega. Se designó Diputado informante al señor Barrionuevo. (Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de Comisiones. 5.- MOCION DE LOS SEÑORES MONTT, MONARES, CARDEMIL Y CASTRO Honorable Cámara: Constituye una norma constante en nuestra legislación laboral otorgar una protección especial de inamovilidad en sus cargos a los representantes de los trabajadores, tales como dirigentes sindicales, delegados del personal, miembros de las Juntas de Conciliación, etcétera. Como consecuencia del traspaso al área social y mixta de numerosas empresas, se han creado diversos organismos de administración y/o de participación en ellas, en los cuales tienen cabida representantes elegidos directamente por los trabajadores de ellas. No obstante la calidad que invisten, estos representantes carecen de una protección legal que les garantice la estabilidad en sus empleos; lo cual puede llegar a privarlos de la debida y necesaria independencia con que deben actuar en el desempeño de sus cargos para velar por los intereses de los trabajadores representados por ellos. El proyecto que tengo el honor de someter a la consideración de la Honorable Cámara tiende a reparar esta situación, mediante la extensión de la disposición del artículo 17 de la ley Nº 17.378, que ampara con la inamovilidad a los consejeros o directores de las instituciones de previsión que representan a los imponentes activos de ellos, quienes no pueden ser separados de sus empleos sin la previa autorización de los Tribunales del Trabajo, concedida en casos taxativamente señalados. La misma disposición prohíbe el traslado de esos directores a otra localidad, en atención a que ello importaría de hecho una imposibilidad para actuar. Por las consideraciones expuestas, propongo el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la ley Nº 17.378 a los representantes de los trabajadores en los Consejos u organismos de administración y/o de participación existentes o que se creen en el futuro en las empresas e instituciones, de cualquiera naturaleza que sean, cuando ellos hayan si-do designados en elección secreta por los propios trabajadores. (Fdo.): Julio Montt Momberg. José Monares Gómez. Gustavo Cardemil Alfaro. Héctor Castro Castro. 6.- MOCION DE LOS SEÑORES GAMBOA, TAPIA, VASQUEZ, SUAREZ Y ALESSANDRI, DON ARTURO Honorable Cámara: Una de las metas más anheladas por un padre o madre de familia, es que sus hijos reciban educación. La primera preocupación de estos jefes de hogares reside en que sus hijos ingresen a una escuela pública para recibir enseñanza básica, luego, una preparación media, y, la aspiración más grande, terminadas estas dos etapas, que logren quedar en la Universidad para seguir una carrera técnica o profesional. Tal es el caso de los empleados y obreros de las municipalidades del país que se encuentran en esta condición, y cuyos recursos económicos generalmente son insuficientes para afrontar los gastos que demanda esta preparación básica y media. La situación se torna aún más aflictiva e insostenible a veces, cuando los hijos de estos trabajadores quedan en la Universidad. Ante esta circunstancia, el país se ve privado de un importante contingente de intelectuales, profesionales y técnicos. La meta de la educación superior, en consecuencia, se troncha, no sólo por el costo de ella, sino que, además, por el elevado valor de las pensiones que en estos casos deben pagarse, cuando esos estudios se deben seguir en sedes ubicadas en otras provincias. El problema es más dramático cuando se trata de hijos mujeres, que buscan muchas veces trabajo para ayudarse en Sus gastos. Creemos que es nuestro deber contribuir a reparar en parte esta realidad. Por eso es que esta iniciativa tiende a beneficiar a los hijos de los padres de empleados, obreros y de regidores en ejercicio de situación económica desmedrada. Sabemos el costo que un padre y su familia entregan para que uno de los suyos vaya a la Universidad. Todo es en base a grandes sacrificios, privaciones y estrecheces increíbles para los que quedan en casa. Hay que recortar el presupuesto al máximo, en bien de ese hijo que está en la Universidad, y sobre el cual está fijada la esperanza, de que mañana pueda ser él, el puntal de la casa. Es de imaginarse, entonces, cuánto significa para un empleado y obrero municipal el estudio universitario de un hijo. Igualmente de los hijos de servidores públicos modestos, como son la mayoría de los regidores de Chile. Es extraordinariamente doloroso para ellos tener que renunciar a esta aspiración por no contar con los recursos económicos necesarios. Como financiamiento de este proyecto, proponemos que del 5% que anualmente aportan las municipalidades chilenas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se entregue el 30% del producto total de ese aporte para este objetivo. Por los motivos expuestos, creemos que es de toda justicia dar aprobación a esta iniciativa, y que venimos en proponer como proyecto de ley a la Honorable Cámara. Proyecto de ley: Artículo 1º.- Las Municipalidades del país, para financiar los mayores gastos derivados de los estudios universitarios de los hijos de sus empleados, obreros y regidores en ejercicio, deberán destinar del 5% de los ingresos ordinarios que otorgan a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el 30% del producto total de este aporte. Artículo 2º.- Los fondos serán administrados por el Secretario Provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y por un miembro de la Federación Municipal Provincial respectiva, los cuales Colocarán en una institución de Ahorro y Préstamo o bancaria, aquellos dineros que se acumulen, a fin de que ganen intereses. Artículo 3º.- En cada una de las provincias del país deberán crearse organismos especiales denominados Federación Municipal Provincial para la Educación Superior (FEMUPES), la cual estará integrada por: a) Un representante de la Asociación de Empleados Municipales a nivel provincial; b) Un representante de la Unión de Obreros Municipales a nivel provincial; c) Un representante de la Federación Provincial de Municipalidades donde exista dicha organización, o, en su defecto, por un regidor de la Municipalidad cabecera de provincia; d) La asistente social de la comuna cabecera de provincia. Artículo 4º.- Esta Federación Municipal Provincial estipulada en el artículo tercero, tendrá bajo su responsabilidad la de: recibir, reconocer y estudiar todos los casos que de acuerdo con esta ley les sean planteados por cada una de las asociaciones de empleados o unión de obreros municipales a nivel comunal, o por el Alcalde de la respectiva comuna a que pertenece el solicitante del beneficio, debiendo aceptar, rechazar o establecer prioridades en atención exclusiva del estado socio-económico del solicitante. Artículo 5º.- Respecto del financiamiento de los estudios superiores de los hijos de regidores en ejercicio, se hará efectivo sólo en aquellos casos en que la FENUPES compruebe la desmedrada situación económica del edil, y se continuará dando aunque el padre o madre cesen en sus cargos por no ser reelegidos para un nuevo período, o simplemente porque no postularen a él. Artículo 6º.- La ayuda económica deberá hacerse desde el inicio hasta el término de los estudios universitarios del educando y caducará cuando éste repita el curso. Artículo 7º.- Si transcurrido un plazo de 5 años y sólo fueran utilizados hasta el 50% de los fondos totales acumulados en cada FENUPES, el 50% restante será entregado como aporte a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para construir en cada comuna cabecera de provincia Hogares para Estudiantes de la Enseñanza Media. El presente artículo, en consideración a que los ingresos ordinarios de cada comuna son aportados por sus contribuyentes a las respectivas municipalidades y estas personas muchas veces tienen el problema de enviar a sus hijos estudiantes a liceos que quedan ubicados en la comuna más importante de la provincia, debiendo pagarles pensiones, lo que a nuestro juicio debe ser solucionado a través de estos aportes. (Fdo.): Manuel Gamboa V. René Tapia S. Arturo Alessandri B. Alfonso Suárez O. Luciano Vásquez M. 7.- MOCION DE LOS SEÑORES GAMBOA. SUAREZ Y VASQUEZ Honorable Cámara: Hay amargas experiencias con respecto a la larga y perjudicial tramitación que se efectúa a través de la Corporación de Servicios Habitacionales y otros organismos, en su mayoría estatales, para entregar títulos de dominio de terrenos que se donan a terceros. Esos terrenos son ocupados precisamente por pobladores, que bajo una donación legítima se les ha hecho, y que en base a grandes sacrificios y dificultades logran levantar una vivienda modesta para vivir. Estos humildes habitantes deben enfrentarse con una serie de problemas que son, en primer lugar, con las Municipalidades y en seguida con las entidades que deben darles servicios esenciales por formarse en circunstancias irregulares. En suma, los pobladores pasan por un verdadero vía crucis antes de normalizar su situación, y en otras ocasiones pierden la gran posibilidad de construir algo definitivo en lo que es de justicia terreno de ellos. Y no escapan también a la persecución, abusos y represalias de grupos o de autoridades irresponsables. De ahí que pensemos que a estos pobladores modestos que han recibido una donación de terreno por parte de instituciones públicas o estatales, que han permanecido largos años en un estado de inseguridad e incertidumbre, les sean entregados definitivamente títulos de dominio en los terrenos que actualmente ocupan. Por esta razón, venimos en presentar a consideración de la Honorable Cámara el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- En casos de donaciones de terrenos a terceros, sea a través de la Corporación de Servicios Habitacionales u otros organismos de carácter estatal, éstos tendrán un plazo de seis meses como máximo, a contar de la promulgación de la presente ley en el Diario Oficial, para entregar títulos de dominio individual a los pobladores. Si no se cumpliere con este requisito en el tiempo estipulado, los interesados podrán requerir del Conservador de Bienes Raíces del lugar la inscripción jurídica correspondiente, previa presentación del o de los documentos que acrediten la calidad de poblador del terreno en cuestión. Igualmente habrá un plazo de 6 meses para aquellas donaciones futuras de terrenos por medio de los organismos señalados y a terceros, a fin de que se les entreguen los títulos de dominios correspondientes a los pobladores, fecha que empezará a correr desde el momento en que se haga la donación legal. (Fdo.): Manuel Gamboa V. Alfonso Suárez C. Luciano Vásquez M. 8.- PRESENTACION Señor Presidente: En uso de la atribución que nos confiere el artículo 166 del Reglamento Interior de la Corporación, solicitamos de V. E., si lo tiene a bien, se sirva citar a sesión a la Cámara para el día 10 de julio del año en curso, a las 20.30 horas, con el objeto de conocer la situación ilegal e irregular que afecta a ENDESA y otras industrias, y la existencia de grupos armados, con invitación a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional. (Fdo.): Gustavo Ramírez. Anselmo Quezada. Ricardo Tudela. Hosain Sabag. Eduardo Koenig Carrillo. Juana Dip. Humberto Palza. Eduardo Sepúlveda W. Blanca Retamal. Lautaro Vergara. Baldemar Carrasco. Wilna Saavedra. Tolentino Pérez. Arturo Freí. Claudio Huepe. Marino Penna. Félix Garay. José Monares. Raúl Barrionuevo. Luis Martín. Víctor González. Fernando Sanhueza. Sergio Páez. Héctor Castro. Manuel Galilea. Juan Valdés. Alfonso Ansieta. Mario Torres. Luis Pareto. César Fuentes. Cesáreo Castillo. Enrique Krauss Rusque. IV.- ASISTENCIA Sesión 17ª, Ordinaria, en martes 10 de julio de 1973. Presidencia del señor Lorca, don Gustavo. Se abrió a las 20 horas, 30 minutos. Asistieron los señores: Alamos Vásquez, Hugo Alessandri Besa, Arturo Alessandri Valdés, Gustavo Alvarado Páez, Pedro Ansieta Núñez, Alfonso Araya González, Silvia Arnello Romo, Mario Bayo Veloso, Francisco Becker Baechler, Germán Bell Jara, Alejandro Cardemil Alfaro, Gustavo Carrasco Muñoz, Baldemar Carmine Zúñiga, Víctor Castilla Hernández, Guido Castro Castro, Héctor De la Fuente Gaete, Rogelio Dip de Rodríguez, Juana Dupré Silva, Carlos Errázuriz Eguiguren, Maximiano Escobar Astaburuaga, Luis Frei Bolívar, Arturo Fuentes Venegas, César Raúl Gamboa Valenzuela, Manuel Garcés Fernández, Carlos Godoy Matte, Domingo Guerra Cofré, Bernardino Herrera Herrera, Raúl Hormazábal Sánchez, Luis Ricardo King Caldichoury, Eduardo Koenig Carrillo, Eduardo Krauss Rusque, Enrique Larre Asenjo, Enrique Lorca Rojas, Gustavo Marchant Binder, Mario Martín Mardones, Luis Mekis Spikin, Patricio Momberg Roa, Hardy Monares Gómez, José Monckeberg Barros, Gustavo Montt Momberg, Julio Orrego Vicuña, Claudio Ortúzar Latapiat, Eugenio Ossa Bulnes, Juan Luis Otero Echeverría, Rafael Penna Miranda, Marino Pinto de Galleguillos, Silvia Ramírez Valenzuela, Rodolfo Ramírez Vergara, Gustavo Retamal Contreras, Blanca Riesco Zañartu, Germán Ríos Santander, Mario Rodríguez Villalobos, Silvio Romero Vásquez, Fernando Ruiz-Esquide Jara, Mariano Ruiz Paredes, Antonio Saavedra Cortés, Wilna Saavedra Viollier, Sergio Sabag Castillo, Hosain Sanhueza Herbage, Fernando Scarella Calandroni, Aníbal Schott Scheuch, Fernando Sepúlveda Whittle, Eduardo Sívori Alzérreca, Carlos Suárez Obiol, Alfonso Tapia Salgado, René Tejeda Oliva, Luis Tudela Barraza, Ricardo Vásquez Muruaga, Luciano Vergara Osorio, Lautaro Viciani Escker, Orel Yuseff Sotomayor, Gonzalo Zaldívar Larraín, Alberto El Secretario, señor Guerrero Guerrero, don Raúl y el Prosecretario, señor Parga Santelices, don Fernando. Se levantó la sesión a las 22 horas, 21 minutos. V.- TEXTO DEL DEBATE Se abrió la sesión a las 20 horas, 30 minutos. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Se va a dar lectura a la cuenta. El señor Parga (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- SITUACION ILEGAL E IRREGULAR QUE AFECTA A ENDESA Y OTRAS INDUSTRIAS. EXISTENCIAS DE GRUPOS ARMADOS. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- La presente sesión ha sido citada a petición de 32 señores Diputados y tiene por objeto conocer la situación ilegal e irregular que afecta a ENDESA y otras industrias, y la existencia de grupos armados, con invitación a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional. El señor Prosecretario dará lectura a una comunicación que ha enviado el señor Ministro del Interior, El señor PARGA (Prosecretario).- Dice lo siguiente: Santiago, 11 de julio de 1973. Me es grato acusar recibo del oficio Nº 346, de esta fecha, mediante el cual esa H. Corporación tiene a bien invitarme a sus sesiones a efectuarse en el día de hoy, desde las 20,30 horas en adelante, con el objeto de analizar la situación ilegal e irregular que, en vuestro concepto, afectaría a ENDESA y otras industrias; como asimismo tratar sobre la existencia de posibles grupos armados. Dado el hecho de haber recibido vuestra invitación a avanzadas horas de la tarde, que me encuentro al frente de esta Secretaría de Estado desde hace sólo algunos días y que mantengo compromisos contraídos dentro de este plazo, que me es imposible dejar de atender, sin grave daño para el quehacer administrativo, lamento muy de veras que estas razones de fuerza mayor me impidan por ahora concurrir. De todas formas, nada impedirá que lo haga en el futuro y cuando esa H. Cámara así lo estime pertinente. Saluda atentamente a V. S. Carlos Briones Olivos, Ministro del Interior. Está dirigida al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, el tiempo previsto de 15 minutos que dicha disposición establece corresponde al Comité Demócrata Cristiano. El señor ORREGO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orrego. El señor ORREGO.- Muchas gracias, señor Presidente. Los graves momentos porque atraviesa el país hacen necesario que los partidos políticos vayan más allá de la polémica diaria, para fijar posiciones definitorias y abrirles perspectivas políticas a los chilenos. Estamos en una curva decisiva de la historia nacional y el futuro juzgará a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir al país, de acuerdo a su capacidad para encontrar formas de acción y caminos de convivencia que se ajusten a los valores esenciales de nuestra cultura como sociedad organizada. Estamos en el umbral de las definiciones trascendentes que marcarán el curso de nuestra vida nacional en los próximos decenios. Ya no valen las pequeñas maniobras de la política tradicional ni los artilugios de un parlamentarismo de pasillo. Las soluciones que se exigen son profundas y de cara al pueblo. Los marcos tradicionales de la vida partidista deben ser replanteados renovadoramente para garantizarle a cada compatriota los derechos a la seguridad y al progreso. Debemos llegar a las raíces mismas de la crisis que vivimos y, a partir de ellas, plantear las rectificaciones y comprensiones necesarias que permitan asegurar la paz social y el progreso socioeconómico. Y dentro de estas definiciones, hay algunas que constituyen los fundamentos mismos a los cuales los políticos tenemos hoy día que abocarnos. La primera que yo definiría, es buscar el consenso de las mayorías en la administración del país. El programa con que asumiera el actual Presidente de la República fue aprobado por un 36% de los votos en septiembre de 1970 y rechazado por un 56% de los sufragios en marzo de 1973. Luego, no comprometa la voluntad mayoritaria de los chilenos. En vista y considerando que éste es uno de los temas que más se usa en el debate público para justificar todo, debemos decir que desde el punto de vista de la esencia democrática de nuestra nación, este programa no ha contado jamás con la aprobación mayoritaria del pueblo y, en consecuencia, no es disculpa ni es fundamento para cualquier tipo de actividades, del gobernante. Esto significa que este nuevo moloc, por el cual se pretende que los chilenos asumamos todos los riesgos de la paz y vivamos todas las peripecias de una crisis, no tiene existencia válida dentro de los puntos de vista de un mecanismo democrático en pleno ejercicio. Pero hay un segundo hecho que es mucho más importante que el del programa, que, tal como lo hemos visto, desde el punto de vista democrático no constituye un dogma ni para el Presidente de la República ni para quienes militamos en la Oposición. La legitimidad institucional del actual Gobierno nace del hecho de haber asumido constitucionalmente la Presidencia de la República el señor Allende Gossens, por acuerdo mayoritario del Congreso Nacional en octubre de 1970. Para nadie es un misterio que ese acuerdo constitucional sólo se logró por la decisión del Partido Demócrata Cristiano de instruir a sus parlamentarios para que votaran por la primera mayoría relativa, después de haber negociado con el señor Allende un pacto de garantías constitucionales para la preservación de la democracia chilena. En consecuencia, la legitimidad moral del actual régimen descansa en el cumplimiento irrestricto de dichas garantías constitucionales, en su letra y en su espíritu. Pareciera útil recordar a la opinión pública el contenido básico de dichas garantías para poder apreciar hoy hasta dónde ellas han sido respetadas o violadas. La Democracia Cristiana señalaba el día 24 de septiembre de 1970 al país: Nuestra posición no defiende intereses económicos de personas ni de grupos. Tampoco nos interesa discutir ahora el programa de gobierno del señor Allende. Al respecto, no contraemos compromiso de ninguna especie y nos reservamos la facultad de fijar nuestra conducta política y de pronunciarnos libremente frente a las medidas que sobre la base de su programa pudiera plantear al país. Lo que sí nos interesa es obtener seguridad acerca de la plena subsistencia en Chile de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas. Y la Democracia Cristiana resumía en los siguientes puntos las exigencias prácticas para la mantención del sistema democrático en nuestro país: La mantención del pluralismo político y de las garantías constitucionales. Es decir, el derecho a organizarse; el respeto a las garantías individuales de los chilenos; el reconocimiento de los partidos políticos; los derechos de las Universidades; la más amplia libertad de prensa y de expresión; La plena vigencia y esto tiene especial significación en este momento, señor Presidente del estado de derecho. Es decir, de un régimen político en que la autoridad sea ejercida exclusivamente por los órganos competentes de los tres Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin intervención de otros órganos de hecho que actúen en nombre de un supuesto poder popular; que las Fuerzas Armadas y esto también es importante y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Y se dice textualmente en aquel documento: que no se utilicen las tareas de participación que se les asigna en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos, ni crear organizaciones armadas paralelas a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y había más puntos que no creo que en este momento sea del caso recordar dentro del tema que debatimos. Pero, esas exigencias eran los elementos básicos para que subsistiera nuestro sistema democrático. Y a ello respondía el Senador Allende Gossens el día 8 de octubre de 1970, al dirigirse al Presidente del Partido Demócrata Cristiano: Puedo manifestar a usted que los términos del referido proyecto concuerdan plenamente con mi posición sobre las materias que contempla y que interpretan integralmente los planteamientos que sostuve durante la campaña electoral y ante los delegados de la Unidad Popular que participaron en la comisión redactora. Hoy, después de dos años y medio de Gobierno del señor Allende, dichos planteamientos mantienen la misma validez de aquel entonces. Es el respeto de aquellos valores el único sustento de la democracia política y el único camino serio y responsable para asegurar la convivencia pacífica de los chilenos. Si el Gobierno hubiera cumplido escrupulosamente los compromisos con el país, ciertamente no habríamos llegado a los extremos de crisis que vivimos. Es por eso que la responsabilidad que en este momento le cabe al Presidente de la República es especialmente significativa: él comprometió su honor y su palabra en estas garantías. Es deber de los chilenos que le recordemos hoy que no hay ninguna transacción posible sobre el espíritu y la letra de las garantías constitucionales, y que no cabe duda alguna de que los hechos que estamos viviendo en los últimos días, tanto desde el punto de vista de las tomas de industrias como del armamento público y declarado de sectores civiles, llevan, en definitiva, a un quebrantamiento serio de estas garantías constitucionales. En consecuencia, la persona del Presidente de la República, que es el elegido por el pueblo, porque el pueblo chileno no elige coaliciones de partidos, programas, ni movimientos; elige personas para que cumplan en conciencia con su deber, el señor Allende tiene hoy, como nunca, en la encrucijada dramática que vive el país, el deber de resolver los problemas que se nos plantean en forma tan dramática. Debo expresar también que las palabras del nuevo Ministro del Interior, pronunciadas en el día de ayer, representan un cambio sustancial en la tónica de los funcionarios de Gobierno. Ello lo valoramos en lo que se merece y, sobre todo, conociendo la trayectoria de servidor público del señor Ministro, aquí hay problemas de fondo que no se resuelven con palabras. El señor Allende debe resolver un problema político de fondo, porque el respeto a las normas básicas de la convivencia democrática y las rectificaciones político-técnicas que la crisis económica e institucional impone tienen repercusiones políticas que no se pueden eludir. Sectores influyentes de la coalición oficialista y compañeros de ruta, cuya amistad parece preocupar particularmente a La Moneda, plantean con creciente agresividad la radicalización del proceso para llegar a la instauración de una dictadura popular. Esto significa que dentro del propio Gobierno hay sectores que no sólo no aceptan la necesidad de introducir rectificaciones en la política seguida ahora, sino que, por el contrario, exigen acelerar su aplicación y radicalizar los métodos. Todo ello con la agravante de agregar a lo actual, una ruptura declarada con el orden institucional vigente para imponer la dictadura totalitaria. Esto coloca al señor Presidente de la República en la necesidad de optar. En verdad, el señor Allende, desde el primer momento, ha estado sometido a esta contradicción básica de su cuadro político: no se puede mantener el consenso democrático, el respeto a la legalidad y la correcta convivencia entre los Poderes del Estado, dando satisfacción simultánea a quienes no creen en la democracia, desprecian la ley y buscan imponer una dictadura que elimine a los otros Poderes del Estado. En algún momento hay que optar entre manejarse en un cuadro democrático o salirse de él. Para el bien del país, ello debió haber ocurrido hace ya largo tiempo. Sin embargo, desgraciadamente, el señor Allende ha preferido maniobrar entre esas tormentosas aguas, dando a veces gusto a unos y a veces a otros. Resultado de todo ello es que tan sólo ha logrado cosechar la desconfianza política de la mayoría democrática y la acusación de reformista de parte de aquellos partidarios, mientras el país ha sido conducido ineluctablemente a una crisis como no se conoció otra antes. Manejarse dentro del orden institucional implica sujeción estricta y no discrecional a la Constitución y a la ley. Embarcarse en la aventura totalitaria de conquistar todo el poder implica ir debilitando la institucionalidad democrática, minando la base de la convivencia y creando tensiones tanto mayores cuanto más cerca esté la posibilidad del asalto final al poder. La Democracia Cristiana no puede intervenir en las opciones políticas personales del señor Presidente de la República, pero sí debe hacer presente que mientras no exista esa opción, el país seguirá viviendo el acelerado proceso de deterioro político y económico que estamos viviendo. Como quisiera que estas palabras no fueran interpretadas por esta Honorable Cámara ni por la opinión pública del país como suposiciones subjetivas o cargos infundados, daré lectura a algunos párrafos de órganos de expresión que representan a sectores importantes del Gobierno, como es la revista Punto Final. En su edición del martes 5 de junio decía cosas como las siguientes: Sin perjuicio de postergar de postergar un enfrentamiento que asuma características de una guerra civil, al menos mientras la correlación de fuerza no sea clara, ente favorable al proletariado, resulta una ingenuidad costosa llevar a los trabajadores al convencimiento que ese peligro puede ser conjurado mediante la desactivación de sus propias luchas... Y en la misma revista, del mismo día se agrega: La clase trabajadora no puede olvidar que la guerra civil es la culminación de la lucha de clases, que sólo se puede evitar si previamente la burguesía ha sido debilitada y reducida a simples manotazos defensivos. Por eso la campaña publicitaria contra la guerra civil no puede asumir un tono pacifista porque sólo conseguiría desarmar al proletariado que, por el contrario, necesita cobrar conciencia de que la única manera de impedir un enfrentamiento generalizado es golpeando los reductos económicos y políticos de los que la burguesía extrae su fuerza. Esto conlleva, sin duda, un riesgo calculado que es salirse de la máscara de hierro de las formas democrática burguesas. Supone, ciertamente, un grado de dictadura popular ejercido a través de organizaciones que dirija el proletariado con apoyo... El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo previo que corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar en el tiempo ordinario de su Comité, de 31 minutos. El señor ORREGO.- ...al menos simpatía de las Fuerzas Armadas. Pero esa dictadura popular, que traslade el epicentro de la contienda desde las instituciones dominadas por la burguesía, al terreno que controla el proletariado, parece ser el único modo de desarmar ahora la máquina infernal que han montado la burguesía, y el imperialismo. Luego, la misma revista agregaba el día martes 19 de junio: Dentro de este cuadro parece un hecho que la Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa, si sigue apegada a las normas del estado de derecho de la burguesía. Y, continuaba: Pero sin vuelta de hoja, se ha llegado a una situación que plantea medidas extremas. En este caso, romper el cascarón de la institucionalidad burguesa es una cuestión de vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar formas relativamente pacíficas de transición al socialismo. Comenzar a ejercer formas de dictadura popular es la única posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario de las masas. Podría seguir leyendo innumerables citas, pero voy a terminar con una adicional de esa misma revista, del día 3 de julio de 1973, después de los incidentes del Palacio de La Moneda y de la Plaza Bulnes, que dice así: Si algún saldo positivo puede sacarse de los sucesos del 29 de junio, eso debería ser no cabe duda el estímulo para dar un viraje definitivo que permita al Gobierno y a las masas populares quebrar definitivamente la resistencia adversaria. Esto lleva a lo que Punto Final ha estado planteando en sus dos últimas ediciones: la instauración de una dictadura popular que permita romper el cascarón de la institucionalidad burguesa y alcanzar, cuando menos, el cumplimiento integral del programa de la Unidad Popular. Eso, señor Presidente, muestra que dentro del Gobierno del señor Allende hay sectores que hacen que en este instante el peligro del quiebre institucional no sólo venga como dicen ellos desde fuera, sino que tienen aliados extremadamente importantes dentro de sus propias filas. Por eso, la necesidad de que el señor Allende opte en forma clara entre aquellos de sus partidarios que acepten someterse a la normalidad institucional del país y aquellos otros que sólo ejercen el poder del Estado, que les da el Gobierno, para proceder a tratar de destruir nuestra convivencia democrática y llevar a Chile al caos, a la guerra y a la dictadura. Dentro de este cuadro, señor Presidente, el problema de desarmar a los sectores civiles y requisar el parque de armas es una tarea fundamental. Nadie en una sociedad civilizada puede sobrevivir sobre la base de que unos estén armados y otros estén desarmados. Es fundamental que aquí, realmente, se imponga el sano juicio: se desarme a los grupos civiles que hoy día tienen armas, como ha sido claramente comprobado, y, en definitiva, se proceda a restablecer la normalidad institucional en Chile. Y esto es mucho más grave, porque quiero aquí citar no sólo la frase ya conocida de todos, en que el señor Allende, el día de los incidentes, el 29 de junio, dijo que el pueblo tendría armas cuando las quisiera, sino que quiero citar algo que, a mi juicio, tiene mucho más importancia que la implicancia de sectores del Partido Socialista con esta actitud, y que son las palabras del Senador don Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, del domingo último. Dijo: Hay que estar preparados para todas las circunstancias, dispuestos a combatir en todos los terrenos. Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal, que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra, que no usemos como arma de combate. En tal supuesto, la nueva alternativa será derrotar con la máxima rapidez y energía a los que desencadenen la guerra civil y liquidar ésta apenas estalle, para evitarle a Chile los daños de una prolongada contienda de este tipo. Creemos tener derecho a notificar al enemigo, a los que quieren lanzarse a una nueva aventura sediciosa. No pasarán y ellos sacarán la peor parte. En lo que a nosotros respecta, podemos decirles que estamos en muy buen pie. Quisiera recabar la atención de esta Cámara sobre las frases del Secretario General de uno de los más importantes partidos de Gobierno, porque no cabe duda de que eso implica que hay armas y que van a ser usadas. Y quisiera, además, preguntar para que se entendiera exactamente, ¿armas, para qué?, como dijera Fidel Castro en un famoso discurso cuando asumiera su mandato. Nosotros no podemos sino concluir que esas armas son contra quienes defendemos nuestro derecho a discrepar desde la Oposición. Porque quiero citar el discurso de anoche del señor Ministro del Interior, quien dijo así: La circunstancia de que algunos elementos que constituyen una ínfima minoría se hallen comprometidos en una aventura golpista con desprecio de la vida y seguridad de los chilenos, no afecta, en absoluto, la limpia y ejemplar tradición de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, como instrumentos disciplinados y no deliberantes al servicio del orden público, la institucionalidad y obedientes al Gobierno de la República. Yo pregunto, señor Presidente, si ésas son las palabras del Ministro del Interior en estos momentos graves, ¿a quién amenaza el Secretario General del Partido Comunista con reventarlo y con estar en muy buen pie cuando se desate la guerra civil? Porque entiendo, con toda lógica, que si aquí no hay acción de las Fuerzas Armadas, no hay acción de sectores civiles y, desde luego, garantizo que la Democracia Cristiana no está ni estará, en materias de armamentos ni de enfrentamientos armados, fuera del marco de la Constitución y de la ley. Eso hace que tengamos el deber de exigirle a las positivas palabras en el nuevo tono que encabeza el señor Briones con el nuevo Gabinete, que tenemos que esperar acciones y no palabras. Aquí los hechos, las palabras de los partidos de la Unidad Popular, las acciones de los sectores de la Unidad Popular, y todo lo que la opinión pública conoce son demasiado graves para que simplemente un discurso pueda volver a traer la paz a este país. Una vez más, la responsabilidad recae en las medidas concretas que pueda asumir el Gobierno para garantizar que se desarmarán los grupos armados y que las armas serán requisadas por las Fuerzas Armadas. Señor Presidente, los democratacristianos hemos estado siempre por el mantenimiento del sistema democrático, pero jamás hemos confundido la firmeza con el dogmatismo. Fuimos Gobierno durante seis años, tuvimos la mayoría política más grande que se ha alcanzado por un partido en este país, y tuvimos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, jamás pretendimos imponerle al país lo que era la totalidad de nuestro pensamiento. Y cuando no tuvimos en el Senado las mayorías necesarias para legislar, buscamos el consenso con los partidos oposición para que esos proyectos pudieran ser hechos realidad, cediendo nosotros y cediendo ellos. No es firmeza el dogmatismo ni mucho menos levantar fantasmas que, al final, pueden conducir a los pueblos a sacrificios monstruosos, para darle el gusto a algunos dogmáticos e ideólogos. Tampoco creemos que el progresismo sea igual a la racionalidad. Se pueden hacer los cambios sociales con la ayuda de la razón, con la ayuda de la ciencia y con la capacidad de un pueblo para respaldar la tarea de los gobernantes. Y también queremos dejar claramente establecido que entendemos que el pacifismo, que forma parte de nuestra convicción moral más profunda, no es cobardía ni es entreguismo. Queremos hoy día representar en estas palabras a la inmensa masa de chilenos indefensos que buscan la paz como expresión de una auténtica democracia, pero que no están dispuestos, tampoco, a seguir viviendo en la grave contradicción de que mientras se llama al diálogo, hay gente que cuelga la metralleta de su brazo. El diálogo democrático se hace con las manos limpias y con la conciencia limpia. No hay diálogo entre ciudadanía indefensa y grupos armados. Por eso, vuelvo a señalar la necesidad imperiosa de que se desarme al pueblo civil para que los chilenos podemos reencontrarnos nuevamente en un diálogo donde lo que valga sea la razón. Quisiera, para terminar, leer dos citas del gran político inglés Winston Churchill, las cuales creo que, en alguna forma, son reconfortantes en el momento que vivimos y también advertencias que podemos hacer nuestras. Decía Churchill del pueblo inglés, que es pacífico y que no gusta de la violencia. Y agregaba: Cuando el peligro se acerca se ponen menos nerviosos; cuando es inminente, son fieros; cuando es mortal, carecen de todo temor. En ese mismo libro, las Memorias de la Segunda Guerra Mundial, hay sobre el pacto Molotov-Ribbentrop, una frase que muchos debieran considerar hoy cuando escuchen nuestras palabras de entendimiento democrático y de racionalidad patriótica: Si un gobierno no tiene escrúpulos morales, parece a menudo obtener ventajas y libertad de acción, pero todo se corrige al final del día y se corregirá aún más cuando todos los días se terminen. Muchas, gracias, señor Presidente. Aplausos. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. El señor HORMAZABAL.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, el diálogo es de la esencia de la democracia. Los democratacristianos hemos reiterado permanentemente este principio. Gente dispuesta al diálogo tiene en nuestro Partido un sitial preferente, porque quienes creemos tener la firmeza de los principios doctrinarios y la firmeza en la visión acerca de los problemas del país, no tememos dialogar. Al diálogo le temen los que dudan; al diálogo le temen, precisamente, los que no creen en la democracia. En los últimos días, y a partir de los hechos fundamentales y gravísimos que ha vivido el país, en el seno del oficialismo se ha destacado una acción del Partido Comunista, destinada fundamentalmente a plantear, en el discurso del Senador Corvalán, un diálogo con otros sectores de la Unidad Popular. A raíz de los hechos del viernes, que han creado una situación crítica para el país, como corolario de toda una serie de hechos lamentables, el Senador Corvalán ha planteado una nueva apertura al diálogo. ¿Pero cuáles son las características de ese diálogo? En nuestra opinión, para que pueda existir realmente una perspectiva abierta en ese sentido, tiene que definirse claramente el interlocutor, respetar a la persona con quien se pretende dialogar y también dispuesto a demostrar, en los hechos y no en las palabras, una capacidad para absorber las sugerencias y los resultados de ese diálogo creador. Pero para solucionar los problemas, entre otros, los generados el día viernes, que han sido condenados expresamente por mi Partido y por diferentes organizaciones políticas, gremiales y sindicales, el Senador Corvalán dice textualmente: Este hecho venía preparándose a ojos vistas. La sucesión de acusaciones constitucionales contra Ministros de Estado e Intendentes, los pronunciamientos politiqueros de la Corte Suprema y de la Contraloría.... Señor Presidente, se llama al diálogo, pero se vincula con un hecho condenable precisamente a quienes en esta Cámara y en otros lugares del país hemos expresado una política en tal sentido. Hemos acusado a autoridades de este Gobierno porque han infringido la ley y porque han atentado en contra de los trabajadores; hemos acusado a autoridades de este Gobierno porque han violado la autonomía universitaria; los hemos acusado porque han traicionado también el mandato del pueblo. Se nos culpa a todos, por el Partido Comunista, de estos hechos porque aquí hemos venido con la frente en alto y con responsabilidad de emitir nuestros juicios y nuestros veredictos sobre estos hechos. Pero se nos llama también a dialogar, y se dice concretamente:... cabe el diálogo en el seno de la mayoría ciudadana. Hay gente que no está con el Gobierno muchos, la gran mayoría, pensamos nosotros, pero que tampoco está por derribarlo, muchos, la gran mayoría, pensamos nosotros, porque nosotros queremos derrotarlo, está convencida que no se debe volver al pasado, muchos, la gran mayoría de este país, que quiere los cambios que Chile necesita y que sabe que los cambios son necesarios y que la guerra civil debe evitarse. Sí, pero no se evita con una marcha, no se evita con un cartel; se evita, precisamente, demostrándolo con hechos, con actitudes concretas y trayendo claridad sobre algunos de los problemas planteados por mi estimado camarada el Diputado Claudio Orrego. Vuelven a jugar con una vieja estrategia: pretenden dividir nuevamente a la Democracia Cristiana. Mal elemento para el diálogo. Parten muy mal. Se dice, en una de las partes del discurso:... no se puede entender con su Presidente, pero sí con sus bases. Entiéndanlo de una vez por todas: ese truco ya fracasó; ese truco ya no tiene vigencia en la Democracia Cristiana. Tienen que comprender que hoy un golpe a uno de los nuestros es un golpe a toda la Democracia Cristiana. El viejo anzuelo, la vieja estrategia que tan pobres resultados les ha dado, es una estrategia que, les volvemos a decir, nuevamente les fracasa. En representación de la Juventud Demócrata Cristiana, de sus sectores de trabajadores, campesinos, estudiantiles, expresamos nuestra férrea decisión de respaldar plenamente a nuestro Partido, a nuestros dirigentes y a nuestros hombres. Expresamos aquí, también, una actitud muy clara de respaldo a un militante nuestro, Fernando Castillo Velasco, a quien el oficialismo pretendió utilizar, tratando de acusarnos de sectarismo por el hecho que dice Corvalán se quiso incorporar al Gabinete a don Fernando Castillo Velasco. Fernando Castillo Velasco es un hombre de honor y un militante probado. Por lo tanto, no se presta para algo que, en vez de ser un puente, es, precisamente, una herida en el seno de su Partido. Si quieren tender puentes, demuéstrenlo con hechos y con amplitud. Somos partidarios del diálogo y defenderemos ese principio. Pero para dialogar se requiere claridad; para dialogar se requiere respeto. Y ese respeto los democratacristianos lo exigimos hoy día, porque estamos convencidos de que si no logramos ponernos de acuerdo en un gran marco político de este país, el país se nos desploma. La historia ya sabe quiénes son los principales responsables. Pero a nosotros no nos interesa leer en la historia, después, la responsabilidad; nos interesa saber que en el momento oportuno hicimos todo lo posible para evitarlo. Eso es todo, señor Presidente. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el señor Alberto Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, Chile está viviendo, quizás, uno de los momentos más dramáticos de su historia. Existe un clima de extrema tensión, que ha llevado la angustia a los chilenos de buena voluntad, y el fantasma de una guerra civil o de un enfrentamiento entre hermanos amenaza, cada vez con más fuerza, la tranquilidad de todos los hogares. Sin embargo, y afortunadamente, la historia nos demuestra que este país ha sido capaz de superar dificultades semejantes, recurriendo a valores que son como el símbolo de Chile y que nos caracterizan como Nación. No en vano tenemos más de 160 años de vida independiente que han permitido crear y fortalecer un régimen democrático basado en el imperio de la ley, lo que ha posibilitado el desarrollo creciente de nuestras instituciones e impedido que las crisis, que naturalmente genera todo proceso de desarrollo, sean resueltas democráticamente mediante el empleo de la ley y no de la fuerza bruta. Una de esas crisis fue la que se generó con motivo de la elección presidencial en septiembre de 1970. En esa ocasión, el Congreso Nacional eligió como Presidente a quien había obtenido la primera mayoría relativa, pero sobre la base de un compromiso revestido de la más alta solemnidad, que se tradujo en la aprobación del denominado Estatuto de Garantías Constitucionales, destinado a reafirmar el acatamiento a la ley y a un régimen político esencialmente democrático, pluralista y de pleno respeto a los derechos esenciales de la persona humana. Uno de los pilares de este compromiso consistió en precisar el rol y las características de nuestras Fuerzas Armadas, que son, en definitiva, las garantes de nuestra seguridad externa e interna y del cumplimiento de la Constitución y la ley. Con dicho objetivo se modificó el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, consagrando un principio que constituía una honrosa tradición: se dispuso que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por la Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. La misma disposición consagró el carácter profesional, jerárquico, disciplinado, obediente y no deliberante de la fuerza pública, estableciendo, además, las normas para asegurar su plena independencia de la influencia política partidista. No hay, pues, posibilidad de que existan otras fuerzas armadas que las regulares, y quien propicie o tolere su creación está violando abiertamente la Constitución y, lo que es más grave, quebrando una de las bases mismas de sustentación de nuestro sistema democrático de convivencia. Por consiguiente, quien debilite o rompa este principio, contribuye a destruir la estabilidad esencial en que se sustenta nuestra régimen político y junto con traicionar la solemnidad de un compromiso contraído, abre paso a que sea la fuerza bruta y no la ley ni la decisión democrática las que nos rijan como nación. En esta materia no caben, pues, interpretaciones ni resquicios de ninguna especie: los únicos y exclusivos depositarios de la fuerza pública son las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. Por esto, hemos sido extremadamente celosos en exigir el más claro, cabal y exacto cumplimiento de la norma constitucional y denunciado, desde hace mucho tiempo y en incontables oportunidades, los casos de violación que se han cometido desde que asumió el Gobierno el Presidente Salvador Allende. Para referirnos al caso más importante, creemos que es útil recordar la acusación deducida en el mes de enero de 1971 en contra del Ministro del Interior, señor José Tohá González. El principal capítulo de esa acusación consistió en responsabilizarlo por haber permitido la existencia de grupos armados ilegales y no haber ejercido, como correspondía, las acciones pertinentes para disolverlos y garantizar, así, el mantenimiento del orden público, la seguridad y tranquilidad ciudadana. Este cargo fue ampliamente acreditado y fue por ello que, entre otras causales, el Senado de la República acordó su destitución. No obstante la gravedad del cargo que se ha señalado y la trascendencia de la decisión constitucional adoptada por el Senado, el Gobierno optó por prescindir de la decisión del Congreso y en un acto temerario y sin precedentes, cuya gravedad hoy día ya nadie puede ocultar, procedió, cometiendo una verdadera burla, a designar como Ministro de Defensa Nacional, y por tanto como superior jerárquico de todas las Fuerzas Armadas, a quien precisamente el Congreso, en uso de sus prerrogativas constitucionales, había juzgado como responsable de tolerar la existencia de grupos armados ilegítimos. En esa misma época, el señor Comandante en Jefe del Ejército, en declaraciones que publicó la prensa del día 14 de diciembre de 1971, manifestó que Nosotros el Ejército entendemos por grupos armados algo todavía no existente en Chile para obligar a la intervención del Ejército. Grupos con palos, cascos y cadenas requieren una acción policial y judicial, ya que se ubican en el campo delictual. En otras palabras, se dijo que los grupos conocidos a esa fecha estarían armados sólo de cascos, palos y cadenas, pero que si se proveían de armas de fuego y configuraban un grupo armado propiamente tal, entonces sería obligatoria la intervención del Ejército, y que era de responsabilidad de él actuar policialmente contra los grupos existentes en ese entonces. Hemos sufrido en carne propia la violencia armada. Por eso, con motivo del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, a pocos días de haber denunciado previa y oficialmente la ilegalidad del grupo armado particular que actuaba en defensa del Presidente de la República, el Senador Juan de Dios Carmona formuló iniciativa para legislar en materia de control de armas, teniendo como idea básica el que correspondiera a las Fuerzas Armadas, junto con otras autoridades, la denuncia ante la Justicia Militar y la colaboración de ellas para investigar y sancionar los delitos que se cometieran. El Gobierno fue renuente a legislar con prontitud y otorgar atribuciones suficientes a las Fuerzas Armadas. Afortunadamente sus intentos no prosperaron, ya que, no obstante su voluntad de vetar la ley, incurrió en errores de forma que lo obligaron a promulgarla en la misma forma en que había sido aprobada por el Congreso. Según esa ley, se encomienda a las Fuerzas Armadas el control de toda clase de armas de fuego o explosivas; se obliga a inscribir dichas armas en registros especiales a cargo de ellas, y se las faculta para conceder permisos para portar armas en casos justificados. Toda tenencia o posesión de armas fuera de los casos contemplados en la ley, es constitutiva de delitos que corresponde sancionar a los Tribunales Militares. La ley prohíbe absolutamente la tenencia de metralletas u otras armas automáticas, y también considera como delito la organización o funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate y partidas militarmente organizadas. No obstante todo lo anterior, ha sido frecuente observar en las calles de Chile cómo se pasean a su antojo verdaderas milicias provistas de cascos, lanzas, hondas, linchacos, e incluso armas de fuego que desfilan incluso frente al Palacio de Gobierno, en actitudes amenazante y matonesca que, muchas veces, se traduce en ataques violentos en contra de otras personas o de la propiedad, como ha sucedido en estos últimos días, en que se han apoderado de incontables empresas y lugares de trabajo, donde permanecen armados. Frente a estos hechos, la fuerza policial permanece impasible, porque tiene órdenes del Gobierno de tolerar a estos grupos, ya que ellos forman parte del famoso poder popular, tan fomentado incluso por el señor Presidente de la República. Pero no sólo estos hechos configuran la permanente conducta de seguir permitiendo y fomentando la organización de grupos armados. En el mes de diciembre de 1972 formulamos acusación en contra del Intendente de Santiago, señor Alfredo Joignant, por su responsabilidad en los hechos que culminaron con el ataque de que fuera objeto un grupo de estudiantes secundarios del Liceo Nº 12 de Ñuñoa, a manos de una banda política armada. Este mismo funcionario, en declaraciones públicas, había amenazado con lanzar sobre el barrio alto de Santiago hordas armadas, integradas por más de 40.000 personas para castigar a quienes él calificaba como fascistas. Este señor fue considerado responsable de los cargos que se le hicieron y fue destituido por el Senado. No obstante ello, el Gobierno, burlándose otra vez de la decisión del Congreso, procedió a nombrarlo como Director General de Investigaciones. Es decir, quien fue declarado culpable por el Senado y quien públicamente amenazó con atacar a todo un sector de Santiago, es promovido al cargo de Jefe de toda la Policía Civil de Chile. Algo semejante ocurrió con el ex Intendente de Santiago señor Jaime Faivovich. Este funcionario fue acusado constitucionalmente por la responsabilidad que le cabía en los hechos ocurridos en una parcela de La Reina, en la cual fueron asesinados, cobardemente, dos jóvenes que se encontraban custodiando un terreno. El señor Ministro del Interior informó oficialmente que tal hecho era policial y que había sido la consecuencia de un enfrentamiento entre pobladores. La investigación hecha en la Cámara y la que llevó a efecto la Justicia Ordinaria, demostraron, sin embargo, que no fue tal enfrentamiento entre pobladores, sino un bárbaro asesinato cometido por funcionarios de CORMU, que forman parte de un dispositivo armado provisto de metralletas. Tales funcionarios e incluso el Subdelegado de Gobierno, que es el representante del Ministerio del Interior en la Comuna, se encuentran encargados reos por la Justicia por la responsabilidad que les cabe en este delito de homicidio. El ex Intendente destituido ha sido ascendido ahora al cargo de Subsecretario de Transportes, que le confiere la condición de autoridad superior de todo el sistema caminero, ferroviario, aéreo y marítimo del país. Estos hechos, unidos a las detenciones ilegales aplicadas en forma discriminatoria y a la pasividad de la fuerza pública, conforman un espíritu general del Gobierno, que en estos días se traduce en una máxima expresión de voluntad política de usar la fuerza armada al margen de las disposiciones constitucionales, violentando de la manera más flagrante la letra de nuestra Carta Fundamental, ya que se ha sobrepasado la etapa formal de disimulo que se traducía en la acción clandestina y en la omisión culpable de su sanción, para convertirse ahora en el fomento directo del uso de armas para crear el poder popular. Frente al cuadro dramático que hoy enfrenta Chile, creemos que la tarea urgente, y la única que puede llevar tranquilidad a la población, consiste en poner término drástico a la existencia de grupos armados ilegales cualquiera que sea su posición política. Se trata de hacer respetar la Constitución y de hacer cumplir la clarísima ley sobre control de armas y de grupos armados ilegales. En esta tarea tienen una importante responsabilidad que cumplir el Gobierno, pero de manera especialísima nuestras Fuerzas Armadas. El Gobierno es el principal responsable de la tranquilidad y del orden público. Se trata de saber si es sincera la campaña en que se encuentran empeñados en contra de la guerra civil. Si es verdadera su intención, tiene el deber de traducirla en hechos y proceder a desarmar a los grupos que ya públicamente están distribuyendo armas y amenazando a la población. Cualquiera que sea la posición del Gobierno en esta materia, las Fuerzas Armadas tienen el deber de hacer respetar la Constitución y la ley que les confió el control de la acción contra los grupos armados. De no ser así, por parte del Gobierno se violaría el Estatuto de Garantías que enmarcó el ejercicio de las facultades del Presidente de la República, don Salvador Allende. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su Comité. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, solicito medio minuto para poder terminar. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para otorgarle medio minuto? El señor VICIANL.- ¡No! El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El turno siguiente corresponde al Comité Nacional. El señor OSSA.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor OSSA.- En el tiempo del Comité Nacional le doy medio minuto al señor Zaldívar para que termine su exposición, señor Presidente. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Cualquiera que sea la posición del Gobierno; nuestras Fuerzas Armadas no pueden, a título de obedientes y no deliberantes, excluirse del deber que categóricamente les encomienda la ley, pues constituyen la preservación de su propia existencia en los términos en que el constituyente las determinó como garantía de paz y de convivencia para todos los ciudadanos del país. En esta tarea, que es fundamental para la preservación de nuestra convivencia pacífica, las Fuerzas Armadas contarán con la colaboración entusiasta de una gigantesca mayoría de los chilenos que sólo aspiran a la paz, a la subsistencia de nuestro régimen democrático y al respeto irrestricto de la Constitución y la ley. Muchas gracias. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Nacional, puede continuar con el uso de la palabra el señor Ossa. El señor OSSA.- Señor Presidente, con motivo del triunfo categórico que obtuvo la Confederación Democrática en las elecciones del 4 de marzo último, que dio origen a este Parlamento y que, al mismo tiempo, demostró palpablemente que una mayoría contundente de chilenos rechaza enérgicamente tanto los procedimientos como las metas de este Gobierno, muchos chilenos se forjaron la ilusión de que, por fin, el Gobierno y la Unidad Popular aceptarían su condición de minoritarios y rectificarían profundamente los rumbos de su política, especialmente en su aspecto económico. Debo manifestar, sin embargo, que los nacionales no compartimos jamás esa ilusión, porque la experiencia recogida desde noviembre de 1970 a esta fecha, comprueba, clara y reiteradamente, que la voz, los deseos, las aspiraciones y las exigencias de la mayoría democrática del país nada significan y en nada obligan al marxismo gobernante. Tal posición ha sido, por lo demás, invariable dentro de las prácticas marxistas en Chile y en el extranjero, y ella arranca de los métodos leninistas que informan su acción, métodos que no tienen otro propósito y otra meta que el logro del poder total, cualquiera que sea el precio que haya de pagarse y los métodos que deban aplicarse. Teniendo presente estos antecedentes, era de esperar que el Gobierno y la Unidad Popular desataran una nueva y poderosa ofensiva después del 4 de marzo recién pasado, a pesar del resultado netamente desfavorable que arrojó para el marxismo la elección parlamentaria de esa fecha. De esta manera, y según los datos de que dispongo, sólo setenta y dos horas después de la elección, esto es, el 7 de marzo, el Gobierno reinició la aplicación de su política de facto destinada a incrementar ilegalmente la mal llamada área de propiedad social, utilizando para ello la vieja y sucia treta de los resquicios legales. Así, por los procedimientos señalados, fueron cayendo, una a una, en el período que media entre el 7 de abril y el 29 de junio del presente año, los siguientes establecimientos industriales, en las fechas que indico y bajo el pretexto que señalo: 7 de abril, Empresas Metalúrgicas Industrial Sylleros, requisadas; 10 de abril, Empresa Comercial Molinera del Norte, Sociedad Anónima, requisada; 11 de abril, Industrias de Maderas Prensadas Cholguán, requisadas, a pesar de la resistencia heroica de la mayoría de los empleados y obreros que se opusieron a esa medida; 25 de abril, Industria Nacional de Pistones, Sociedad Anónima, requisada; 9 de junio, Planta Industrial Carbono y Metalurgia, Sociedad Anónima, requisada; 9 de junio, Laboratorio Geka, requisado; 14 de junio, Locales de Distribución, Oficinas, Bodegas y Servicio Técnico de Chile-Visión, Arica, requisado; 13 de junio, Establecimiento Industrial y Comercial Molino, SOMOPAN, Valparaíso, requisado; 19 de junio, Sociedad Industrial y Comercial Textil Sudamericana Limitada, requisada; 19 de junio, Manufacturas Regionales Textiles de Arica MANUTEXA, requisada; 21 de junio, Empresa Pesquera Chilena, S.A., requisada; 22 del mismo mes, Bodegas, oficinas en Santiago de la firma INCESA, Industria Electrónica de Arica, requisada; 22 de junio, locales y oficinas en Santiago de la firma Electroandina, Industria Electrónica de Arica, requisada; 17 de junio, Industria Conservera Aconcagua, requisada. Además de las industrias que acabo de mencionar, que fueron objeto de requisiciones ilegales, se nombró interventores en otras tres empresas, so pretexto de una reanudación de faenas que ha respondido invariablemente a conflictos laborales artificialmente provocados y alimentados por activistas de la Unidad Popular. Sin embargo, luego de los acontecimientos de carácter militar que se produjeron en la mañana del viernes 29 de junio, el Gobierno, la Unidad Popular y la CUT reforzaron la ofensiva a que me vengo refiriendo, utilizando mañosamente tales incidentes como torpe pretexto para alentar y ejecutar numerosas tomas, ocupaciones y requisiciones ilegales. En esta maniobra han participado abiertamente el propio Presidente de la República y el presidente de la CUT, hoy día nada menos que Ministro del Trabajo. Entre otros, fueron ellos quienes hicieron llamados enfáticos, y reiterados, a efectuar tales tomas y ocupaciones, como por lo demás, es de conocimiento público. Por vez primera, también, el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria han coincidido abiertamente en esta táctica, circunstancia que no puede menos que llamarnos poderosamente la atención. No he podido lamentablemente reunir los antecedentes necesarios para ilustrar debidamente el criterio de la Cámara a este respecto. Sin embargo, entre los planteles industriales que han sido tomados de hecho e ilegalmente, puedo mencionar los siguientes: 1) Artela; 2) Aga; 3) Schiaffino; 4) Conservera Aconcagua; 5) Bozzolo Hermanos; 6) Gratry Textiles; 7) Textil Viña; 8) Cobre Cerrillos; 9) Marisio; 10) Fideos Luchetti; 11) Lanex; 12) Pizarreño; 13) Sorena; 14) Chiteco; 15) Envases Modernos; 16) Vulco; 17) Famela Somela; 18) Alusa; 19) Modetal; 20) Indubal; 21) Omicrón; 22) Luis Montaneri; 23) Industrias A.T.V.; 24) Textil Los Olmos; 25) Medias Miss Universe; 26) Industrias Textiles Labán; 27) Manufacturas Textiles Fibratex; 28) Manufacturas Telarte; 29) Supertex; 30) Jacquard y Pérez Textiles; 31) Hilandería Nacional; 32) Indelap; 33) Laboratorio García; 34) Martini y Rossi; 35) Licores Mitjans; 36) Savory; 37) Litografía Fernández; 38) Optica Rodenstock; 39) Litografía Marinetti; 40) Licores Seagers; 41) Textil Deik; 42) Jacobo Heresi; 43) Iseca, y 44) Industria Elaboradora de Maderas. Para comprobar, señor Presidente, de manera aún más fehaciente, que aquí no se trata de resguardar los derechos sindicales y las libertades públicas frente a una eventual intervención militar, que por lo demás fue sofocada rápida y drásticamente, el Gobierno ha intervenido y requisado varias de estas industrias, utilizando el pretexto dado por el pronunciamiento militar, para seguir incrementando el área estatal de la economía, a espaldas de la Constitución, de la ley y de los trabajadores mismos. En tal situación se encuentran, entre otras, la industria textil Chiteco, la industria Cobre Cerrillos, Molinos y Fideos Lucchetti, la industria de mangueras Schiaffino, la industria Alusa, la Sociedad Industrial Pizarreño y la Sociedad Refinadora Sorena. Todas estas industrias han sido requisadas por simples resoluciones administrativas de DIRINCO. No me corresponde calificar en esta oportunidad los pretextos utilizados por el Gobierno para proceder en la forma que dejo descrita, ni tampoco calificar sus propósitos o los alcances jurídicos de estas maniobras, ni mucho menos emitir pronunciamiento alguno de carácter político. Pero sí es necesario fundamentar con hechos concretos nuestra posición clara y tajante, acerca de algunos aspectos de la crisis económica, política y, sobre todo, moral, por la que atraviesa nuestro país. Considero, en todo caso, señor Presidente, que los hechos que he referido servirán de antecedente más que suficiente para que esta Cámara acoja de una vez por todas el clamor mayoritario de los chilenos y, más allá del debate estéril, que a nada conduce, adopte de manera definitiva el pronunciamiento que la inmensa mayoría de los chilenos, esa mayoría que dio respaldo a la Oposición, espera y exige de nosotros. Nada más, señor Presidente. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Nacional. La señora PINTO (doña Silvia).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Silvia Pinto. La señora PINTO (doña Silvia).- Señor Presidente, los sucesos de los últimos días han dejado en claro ante la opinión pública lo que los periodistas libres hemos estado señalando desde hace muchas semanas. Hemos tenido ahora la comprobación de que los grupos que han hecho una campaña fabulosa y millonaria para señalar, a través de todos los medios de difusión, incluyendo los muros de este país, que ellos están por detener la guerra civil, que están en contra de ella, colocándose en la calidad de verdaderas palomas de la paz, hemos tenido ahora la comprobación, digo, de que estas palomas de la paz, engordadas al amparo de un Gobierno están armando un verdadero ejército de mercenarios y de extremistas extranjeros, que han entrado al país con el visto bueno del Gobierno. Las armas que se han estado entregando, en cantidades fabulosas, en todos los sitios de trabajo, en todos los lugares donde hay infiltración marxista, serán empleadas muy luego contra los propios trabajadores. A los trabajadores pacíficos de este país, a los que no están en esta lucha partidista, sino que, simplemente, quieren vivir en un país en paz, quieren producir con tranquilidad y vivir bien, se les ha echado de las industrias y se les ha reemplazado por esta gente armada, que en este momento está haciendo el papel de trabajadores, siendo que nunca han trabajado anteriormente. Quiero expresar en esta sesión, señor Presidente, como lo he hecho antes y lo haré en todas las tribunas de que pueda disponer, mi protesta, como mujer y como madre, por esta situación. A la zozobra, que comenzó hace muchos, muchos meses en el campo para el hombre que labora la tierra y que ya no vive tranquilo, que no puede siquiera dormir tranquilo; a la zozobra del hombre de la ciudad, que labora en las industrias, del hombre que producía en este país y al que hoy no se le deja producir ni trabajar en paz; a la zozobra de la dueña de casa, que hoy no encuentra qué comer y que pasa las horas haciendo cola para conseguir una migaja, se une ahora la intranquilidad de saber que hay grupos irresponsables, armados con el beneplácito de este Gobierno. Por eso, los nacionales no creemos en los llamados hipócritas al diálogo que está dirigiendo el señor Allende hacia ciertos sectores de la Oposición. Tampoco creemos en estos llamados tardíos a delimitar hoy las áreas de la economía, cuando en este momento, en algún cajón de un escritorio de Salvador Allende, está abandonada una reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno, una reforma que le daba las armas para delimitar las áreas de la economía y que ha demostrado, con su negativa, que no piensa sancionar. En estos momentos, el Gobierno se ha colocado, no sólo contra los otros dos Poderes del Estado, no sólo contra el Congreso y el Poder Judicial, sino que se ha colocado también contra la Contraloría y contra el poder sindical, como lo observamos durante la huelga del cobre, en que se trató de quebrarles la mano a miles de trabajadores del cobre. Hoy cierra este círculo de ilegalidades al lanzarse contra todas las instituciones de este país democrático, al intentar formar un verdadero ejército paralelo a las Fuerzas Armadas. Por eso, en esta sesión, para confirmar estas palabras, me gustaría leer una información que apareció en los últimos días en el diario El Mercurio, donde se da cuenta cómo se han impartido instrucciones a los cordones industriales que han sido tomados por los extremistas, especialmente al Cordón Vicuña Mackenna, las que fueron publicadas in extenso. Me referiré sólo a algunas instrucciones que se dan allí para formar comisiones destinadas no al trabajo, sino tal vez a la muerte. Estas comisiones están destinadas a formar, por ejemplo, equipos encargados de la alimentación de estos grupos, quienes señalan que no sólo cuentan con DINAC, sino que será necesario ocupar con armas la vega, el mercado y el matadero. En seguida, señalan que reunirán material e informaciones sobre policlínicas, médicos, enfermeras, medicamentos, etcétera, existentes en el cordón y en cada industria. Gran parte de estas acciones ya se están realizando. Luego se dan las instrucciones precisas al Cordón Industrial Vicuña Mackenna, donde se les señala a estos extremistas: Dar el siguiente llamado a los trabajadores trabajadores, entre comillas, por supuesto de la fábrica: Todos desde hoy día domingo 1º de julio a su fábrica, como sea, con: 1 frazada, 1 muda de ropa, 1 jarro, 1 plato, 1 cuchillo, cuchara, armas, balas y explosivos. Organización del Comando General del Cordón y de los Comandos por Industria. Instructivo Nº 2. Formar brigadas de 9 compañeros más 1 jefe. Empadronar a todos los compañeros que hayan hecho el Servicio Militar, con especialidad que tuvieron. Hacer una lista de compañeros que sepan hacer y usar explosivos. Hacer lista de compañeros con conocimientos especiales: radio, electricidad, mecánica, choferes, primeros auxilios, etcétera. Hacer lista de armas que hay, tipo de armas, calibre, cantidad de balas. Juntar lo más luego posible todo tipo de armas y empadronarlas. Designar compañeros que se encarguen de enseñar a las brigadas desde este mismo momento: uso de armas; Molotov (aprender a fabricarlas y usarlas); uso de granadas de mano de tipo casero. Juntar: bencina, el máximo; botellas (dentro de la fábrica y sus alrededores); tarros de Nesfacé. conservas, etcétera, vacíos; fierro picado, rodamientos, tuercas, clavos, etcétera (para usarlos en las granadas de mano); juntar tubos de 3/4 de pulgada y cortarlos de 25 centímetros para hacer granadas. Tener todos estos materiales listos, juntarlos y colocarlos en paquetes que se puedan trasladar rápidamente para hacer granadas en otros lugares. Hacer el máximo de granadas Molotov y dejarlas listas para ser usadas. Juntar todo tipo de material que sirva para ello: neumáticos, troncos, rieles, chatarra, etcétera. Se continuará enviando instructivos. Sólo con esto, señor Presidente, bastaría para que yo, como mujer y como madre, no sólo protestara aquí, sino que expresara que estoy perfectamente de acuerdo con la decisión de mi Partido de señalar que éste es un Gobierno ilegítimo solamente por permitir que circulen este tipo de instrucciones entre su gente, y también indicara que aquí hay una cabeza visible y responsable, que está en este momento en Tomás Moro, muy bien resguardada por sus fuerzas, por estas fuerzas mercenarias que nosotros estamos pagando y que, a lo mejor, vamos a pagar con sangre. Por eso, como madre, no sólo estoy inquieta por la población chilena en este momento, por los niños chilenos, sino que también estoy justamente indignada, señor Presidente, y señalo y señalaré, una y mil veces, que éste es un Gobierno ilegítimo, solamente por propiciar estos grupos armados. Nada más, señor Presidente. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! Aplausos. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Nacional. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Amello. Le restan tres minutos. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, los dos hechos señalados, estos dos órdenes de materias las ocupaciones ilegales de estos últimos días, amparadas por el Gobierno y llevadas a cabo por elementos que obedecen a grupos marxistas, y el reparto de armas y las actuaciones, ya desembozadas, que también estos grupos marxistas están realizando, nos vienen a señalar la aplicación de una nueva estrategia, en este instante, por parte de la Unidad Popular, Es el adiós a esa vía chilena que se presentó como señuelo para muchos trabajadores y que ha significado el engaño más trágico de la Historia de Chile para todo nuestro país, y los preliminares de la nueva vía, la vía violenta y sangrienta que el marxismo cree que tiene que realizar para imponer su dictadura. No cabe duda de que estamos viviendo una de las horas más graves de nuestro país, porque no sólo tenemos un Gobierno ilegítimo, sino que un Gobierno que no cumple con sus deberes fundamentales, y que permite o ampara incluso que se esté gestando, dentro de todos los organismos de los partidos que lo apoyan, una página negra y trágica, una revolución sangrienta en contra de sus opositores, de los Poderes del Estado e, incluso, en contra de la supervivencia en Chile de nuestra libertad. No cabe ninguna duda que los hechos señalados revelan una complicidad de parte de las autoridades de Gobierno en esta materia. Toda la labor que se ha realizado en estos dos años y nueve meses para denunciar las internaciones de armas, las comisiones que se han designado, comisiones que han evacuado informes, incluso al propio Presidente de la República, que éste ha guardado en un cajón y que los funcionarios del Estado no han querido jamás entregar a la Cámara, como, por ejemplo el de la internación de armas a través de LAN, están revelando, repito, que el marxismo venía preparando esta coyuntura, esta actuación, para el instante en que el desastre económico, la protesta de la opinión pública, le demostraran claramente que no tenía otra manera de llegar al poder total que iniciar en Chile la etapa sangrienta de una guerra civil. Creemos, señor Presidente, que esta responsabilidad cabe al Presidente de la República fundamentalmente, y sabemos que la mayoría de los chilenos va a resistir y a rechazar esta amenaza. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Nacional. Se borrará de la versión una expresión antirreglamentaria vertida por la señora Silvia Pinto. En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra. El señor RUIZ (don Antonio).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ruiz. El señor RUIZ (don Antonio).- Señor Presidente, me quiero referir exclusivamente a algunas publicaciones aparecidas en algunos diarios de Oposición en el día de hoy. Concretamente, me voy a referir al caso donde se publica que el Ejército y Carabineros descubrieron un gran arsenal en Puerto Montt. Sobre el particular quiero entregar algunos antecedentes a la Sala. Me alegro mucho de que esté presente el Diputado del Partido Nacional señor Marchant, quien conoce perfectamente bien la situación de Vialidad en la provincia de Llanquihue. Ocurre que aquí se habla de que existirían elementos explosivos para volar una gran ciudad. Cuando se reseñan las grandes cantidades de explosivos que se han encontrado en Vialidad porque son los elementos de trabajo con que laboran los trabajadores de ese sector, se señalan, por ejemplo, quince cajones grandes de dinamita, cinco cajas de pólvora negra de 15 kilos cada una y 500 detonantes. Ocurre que en este Servicio, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, laboran alrededor de 400 ó 500 trabajadores en toda la provincia. El Diputado señor Marchant también conoce perfectamente bien una serie de obras que se están realizando en esta provincia. Por tal razón, nosotros no encontramos que sea un gran arsenal el que se descubrió, sino que son realmente los elementos que se utilizan para los trabajos normales de este Servicio. Por otra parte, cuando se señala y se dice que en este momento, al amparo del Gobierno y de sus autoridades, existiría una serie de grupos armados, nosotros sí decimos, los socialistas, que realmente esto es efectivo, que existen algunos grupos armados en muchas provincias y, especialmente, en la nuestra, en Llanquihue. Existe un caso, que esta Cámara conoció el año recién pasado, cuando en la madrugada del 26 de agosto es dio muerte a un campesino en el asentamiento Balmaceda, en la comuna de Frutillar. ¿Y quiénes fueron los protagonistas, los autores de esta masacre de campesinos? Un grupo fascista de aproximadamente 45 elementos, muy bien armados de metralletas, de otros elementos y de armas automáticas. Y cuando se habla de grupos armados, nosotros tenemos antecedentes muy concretos, que también, por algunas vías, los vamos a dar a conocer. Cuando se dice que en el sector de la comuna de Los Muermos hay grupos armados, y así lo demostraron hace pocos días, porque existe un grupo denominado Los ponchos plomos, de alrededor de seiscientos pequeños agricultores y algunos campesinos que, convencidos también por algunos pesos, están integrando este grupo, que ya demostraron su fuerza y su poderío aproximadamente veinte días, cuando pretendieron tomar la Gobernación de Puerto Varas, entonces, nosotros sí decimos que existen grupos armados en algunas provincias. También los hay en la comuna de Frutillar y en la de Puerto Varas, donde existen, precisamente, los grupos fascistas de Patria y Libertad. Y el Diputado que hoy día habla en esta Sala, hace aproximadamente veinte días, también denunció al Jefe de Investigaciones de Puerto Montt un viaje que realizaba el señor Sergio Zurita, Regidor del Partido Nacional de la comuna de Puerto Varas, hacia Los Angeles, con un grupo de cerca de veinte jóvenes de Patria y Libertad, con todos sus implementos y agraciadamente para nosotros, el Servicio de Investigaciones llegó muy tarde y alcanzaron a esconder las armas que portaban en sus mochilas. Por eso, nosotros decimos que sí existen grupos armados. Pero no se puede decir, por ejemplo, que en Puerto Montt grupos de ultraizquierda hayan mantenido esa cantidad de explosivos que fueron requisados por el Ejército y las Fuerzas de Carabineros. Por esa razón, estamos de acuerdo, en parte, con lo expresado al comienzo de la sesión por el Diputado señor Orrego. Estamos de acuerdo en algunas de las partes de su exposición, porque, realmente, nosotros tampoco queremos empujar al pueblo a una guerra fratricida. Esa no es nuestra intención ni es nuestro deseo. Por ese motivo, en representación de los trabajadores de mi provincia, y en mi calidad de un obrero más de provincia, he querido entregar esta breve reseña, hoy día, en esta Cámara. Gracias, señor Presidente. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Comunista. Ofrezco la palabra. El señor TEJEDA.- No, nos divertimos más escuchando a los nacionales. El señor MOMBERG.- ¡Miren, qué gracioso! El señor ARNELLO.- Tejeda solo es un espectáculo. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente, en la segunda vuelta, corresponde al Comité Demócrata Cristiano. El señor VICIANI.- ¡Sigan contando la película en colores ahora! El señor DUPRE.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, antes de entrar en la materia central a la que me voy a referir, quiero recoger algunas cosas que se han planteado en esta Sala, no así los conceptos emitidos por el Diputado socialista de Llanquihue, que compartimos casi plenamente. No vamos a recoger los del representante socialista que hablaba en la sesión recién pasada, porque sabemos de quién vienen y hay que tomarlas en esa forma. Frente al desmentido que se hace de la existencia de armas en Puente Alto y al querer dejar en ridículo la acción del Ejército en esa localidad, categóricamente señalaremos que se hizo un allanamiento a la sede del MAPU de Puente Alto por el Regimiento Ferrocarrilero de esa comuna, que se requisaron armas, que hay detenidos y que los únicos que podrían desmentir esto son los organismos regulares del Ejército. También se ha dicho aquí que no es efectivo lo del Cementerio Metropolitano y que se ha tratado de montar un show sobre esta materia. ¿Quiénes lo dicen? ¿Lo dicen los personeros autorizados de las Fuerzas Armadas? ¿Lo dice la Fuerza Aérea, o lo dice el Gobierno, o la prensa de la Unidad Popular? El señor BELL.- ¡Los muertos! El señor DUPRE.- ¿A quién Chile le cree? ¿A los personeros mentirosos de los partidos de Gobierno o a las Fuerzas Armadas? Sabemos que es a estas últimas. Yo estuve ahí y recogí el testimonio de trabajadores, pobladores y funcionarios, y puedo señalar que Chile sabrá, en los próximos días, la verdad exacta y la dimensión que tiene la acción realizada por la Fuerza Aérea en el Cementerio Metropolitano. Pero aquí se callan algunas cosas que son evidentes. Por ejemplo, nada dicen de lo que ha sucedido en estos últimos días en la provincia de Concepción, donde se encontró dinamita y donde se encontraron armas cortas en una camioneta de la CORFO; nada dicen respecto de lo de la DINAC en Valparaíso, donde también se encontraron armas y existen tres detenidos por tráfico ilegal de armas. Nosotros queremos facilitar al Ejército, a la Marina y a la Aviación por la acción que ellos están desarrollando para lograr que en este país haya tranquilidad y que, de una vez por todas, los grupos paramilitares se desarmen. Aquí tampoco se ha mencionado el hecho que hemos denunciado y que consideramos de extraordinaria gravedad, como es el de la camioneta de la CORA que se dio vuelta en Vicuña Mackenna. Hasta los propios funcionarios de CORA, en el día de hoy, han hecho una denuncia a través de las palabras del señor Radovic, Presidente de los funcionarios de ese organismo, donde se señala a toda la opinión pública que los personeros heridos, que están detenidos, que iban en la camioneta, ni siquiera son funcionarios de esa repartición fiscal, y que esa camioneta tampoco estaba para el servicio del agro sino que había sido, entre gallos y medianoche, entregada para el uso político de la Gobernación de Puente Alto. Yo voy a ir mañana a declarar a la Fiscalía Militar, con el fin de entregar todos los testimonios que obran en mi poder, para clarificar, de una vez por todas, las dimensiones que tienen los grupos armados paramilitares. También me tocó, en el día de hoy, visitar la manufacturera de caucho que queda en la comuna de Ñuñoa, industria que ha sido tornada no sólo por elementos de ella sino que, además, por pobladores pertenecientes al MIR de localidades cercanas a la industria. Allí, a pesar del pronunciamiento categórico de los trabajadores de que no se quería la intervención ni la requisición de la industria, se pasó por encima de ello y se ha expulsado violentamente a los funcionarios, no se les deja trabajar y existen dentro de la manufacturera grupos fuertemente armados. ¡Si ése es el poder popular que quieren crear, los trabajadores ya lo han descubierto: es un poder al margen de los propios trabajadores y que, precisamente, no considera el verdadero sentir de la clase trabajadora! Pero en el día de hoy, y esto es lo central de mi exposición, la opinión pública ha conocido el problema de ENDESA. Se señaló, hace poco en esta Sala, que no había tal conflicto en ENDESA y que éste era un problema creado exclusivamente entre los funcionarios de esa repartición. La verdad es otra muy distinta: anoche se tomaron las dependencias de la maestranza central y los almacenes de aprovisionamiento de materias para las plantas. Se ha dejado entrar a personeros armados, desde hace una semana, y ocurre que no son todos funcionarios de ENDESA. El presidente del sindicato, señor Martín, incluso, nos ha indicado que, desde hace aproximadamente un año, los dirigentes del gremio tienen que dormir en el local sindical, porque desde diferentes plantas les están denunciando constantemente cómo, en la noche, grupos armados van a atacar e intimidar a los funcionarios. Aquí no hay conflicto gremial, no tienen ningún problema gremial planteado. Todo lo que se pueda decir es chiva solamente. Lo central es que aquí hay una ocupación que forma parte de una estrategia, con el fin de amedrentar a los sectores ciudadanos que quieren la tranquilidad en este país. Además, hoy día se tomaron, a las 11 de la mañana, el edificio central, que es donde funciona el despacho de carga, donde se controla el suministro de electricidad a todo el país. Y esta toma se ha hecho con funcionarios de la empresa que son inexpertos, y con personas que trabajan en la CORFO y que, en estos momentos, tienen en sus manos la electricidad para todo Chile. Allí, en ese núcleo central, también funcionan las radios para las conexiones con las plantas de todo el país. Y esto lo han hecho con la anuencia de la dirección de la empresa, que abre sus puertas para que ingresen personeros absolutamente ajenos a la institución. Han sido amenazados, en la noche, por grupos armados, los trabajadores de la Central Rapel y de la Central El Toro. El presidente nos indicaba cómo en estas dos centrales se han hecho varias incursiones, en las últimas semanas con el fin de hacerles presente a los funcionarios que, en cualquier momento, bajo la amenaza de las armas, debe obedecer las órdenes que esos grupos armados les den. Hoy, también se tomaron las Centrales de Cipreses, en Talca, y Sauzal, en Rancagua, lo que puede significar dejar sin luz, en cualquier momento, a todo el país. Ante esta situación, que es de extraordinaria gravedad yo diría: en las últimas horas, las más graves de todas la asamblea de trabajadores se ha reunido, en el día de hoy en la tarde, en el gimnasio de la Universidad Católica y ha determinado no ingresar al trabajo mientras no se cumplan las siguientes condiciones: 1.- Interventor militar que con este carácter o con el carácter de presidente del directorio, pase a tomar el control de la empresa. Ellos la semana pasada, ya conversaron con el Comandante en Jefe de la Armada, a quien le contaron toda la estrategia que habían logrado averiguar sobre la acción de los grupos del FTR y, especialmente, del Partido Socialista en la Empresa de Electricidad; 2.- Que la gerencia de la empresa haga llegar a la Justicia Militar las denuncias que se le formularon, de casos concretos, con nombres y apellidos, del ingreso de armas y de la existencia de grupos armados en ENDESA. Hoy día, 1.600 trabajadores pudieron presenciar el ingreso, a vista y paciencia de todo el mundo, de ametralladoras, de pistolas y otras armas a la empresa, sin que ninguna autoridad haya hecho lo posible para que eso no sucediera. Por último, el sindicato quiere señalar a la opinión pública que se opondrán siempre a que la ENDESA sea utilizada políticamente en todo lo que dañe al servicio que otorga, y que está dispuesto a jugarse el todo por el todo para que la estrategia de los grupos del MIR y de los grupos extremistas de la Unidad Popular no se haga efectiva. Eso entraña una gravedad extraordinaria, porque puede cometerse cualquier tipo de tropelías si el Gobierno y las Fuerzas Armadas no toman las medidas necesarias para poner término a esta situación. Cosa similar puede ocurrir también en los demás servicios públicos. Y yo quiero poner en alerta a esta Cámara. En el día de hoy serios rumores se están corriendo de la toma de la Empresa de Agua Potable, la que, en el hecho, está en esa condición, porque todas las noches duermen en el edificio más de 40 personas fuertemente armadas. El sindicato de funcionarios de la empresa nos ha hecho llegar esta denuncia, en el día de hoy. Y quiero terminar, señalando que esto está perfectamente concatenado con el accidente de la camioneta de la CORA, donde se encontraron planos de la Compañía de Teléfonos, con el fin de hacerla volar en el momento en que los grupos extremistas lo quisieran. Por eso, a nosotros nos parece importante esta sesión para dar a conocer a la opinión pública nuestro pensamiento, señalando con claridad que nosotros queremos un Chile tranquilo, que no queremos que haya guerra civil, pero que quienes tienen la responsabilidad de hacer eso posible, cumplan con su deber y no den aquí una opinión distinta, a veces, de la del Gobierno, o una opinión disfrazada de lo que, en realidad, los hechos nos están demostrando. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo. El señor PARGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Monares, Carrasco, Orrego, Frei, Zaldívar, Hormazábal, Ansieta y Sepúlveda, don Eduardo, que dice lo siguiente: El país ha sido testigo durante los últimos días, de una serie de hechos de extrema gravedad, que amenazan seriamente la convivencia pacífica entre los chilenos y la estabilidad misma de las instituciones democráticas. 1.- Los difíciles momentos vividos por el país el día viernes 29 de junio, como consecuencia de una asonada contra el Gobierno. 2.- La situación abiertamente arbitraria e ilegal en que se mantiene a una gran cantidad de industrias y fábricas por grupos de trabajadores adictos al Gobierno, y con el beneplácito de las autoridades. 3.- La existencia comprobada de grupos armados y el reparto sistemático de armas en industrias, poblaciones y servicios públicos, con el propósito claro de crear un llamado poder popular, al margen de claras disposiciones legales y paralelo a nuestras Fuerzas Armadas y de orden. 4.- Las claras y reiteradas amenazas de grupos de ultraizquierda y de personeros adictos a los partidos marxistas, en orden a poner en acción este llamado poder popular armado, en contra de las instituciones de la República y de personas no adictas al Gobierno. 5.- La violencia verbal, la calumnia y la injuria, usadas como sistema en los medios de comunicación adictos al Gobierno para referirse a las personas de sus adversarios políticos, son algunas demostraciones concretas del clima de odio apasionado y de grave división interna que vive y sufre el país. Frente a estos hechos, la Cámara de Diputados acuerda: a) Reconocer el grave momento político que vive el país. b) Requerir a las Fuerzas Armadas la necesidad ineludible e imperiosa de actuar con la mayor energía en la aplicación de la Ley sobre Control de Armas y disolución de los grupos armados al margen de la ley, sea cual sea su concepción ideológica. c) Reconocer en las declaraciones del nuevo Ministro del Interior, señor Carlos Briones, un deseo por hacer respetar la Constitución y la ley. Exigimos que esos buenos deseos se traduzcan en términos prácticos, aplicando la Ley sobre Control de Armas y disolviendo los grupos armados ilegales y solucionando a la brevedad la caótica situación imperante en industrias y fábricas. La Honorable Cámara respaldará toda acción concreta del Ministro del Interior conducente a hacer realidad sus declaraciones en el sentido de traer la paz y la convivencia entre los chilenos a través de una aplicación equitativa, justa y oportuna de las disposiciones legales vigentes que terminen con los graves hechos que hemos mencionado, esperando, además, que el Ministro del Interior exija el mismo espíritu que dice inspirarlo a todos los funcionarios y autoridades del actual Gobierno. Proyecto de acuerdo, presentado por los señores Monares, Vergara, Cardemil, Castro y señoras Dip y Retamal, que dice lo siguiente: Considerando: La grave situación de las denuncias formuladas en la Cámara de Diputados y los hechos mismos, en relación con la toma de ENDESA por parte de elementos ajenos a ella, la Cámara de Diputados acuerda: 1.- Plantear al señor Ministro del Interior la necesidad ineludible de ordenar la entrega total de las plantas y oficinas de ENDESA para su normal funcionamiento. 2.- Solicitar al señor Ministro del Interior se arbitren a la brevedad posible las medidas necesarias de seguridad para evitar nuevos atentados contra un servicio de tan vital importancia. 3.- Solicitar al mismo señor Ministro que se proceda a realizar una investigación que permita descubrir responsables, si los hay dentro de la misma empresa. 4.- Plantear al Gobierno la necesidad de entregar protección policial adecuada a todos los servicios vitales del país, como única manera de evitar graves trastornos que grupos descontrolados pretenden crear en el país... Proyecto de acuerdo, presentado por el señor Arnello, que dice lo siguiente: Como resultado de la orden impartida por el Presidente de la República y llevada a cabo por los partidos de la Unidad Popular, en el sentido de ocupar las industrias para defender al Gobierno, el país ha visto con profunda preocupación cómo se está constituyendo, a la luz del día y con febril premura, un ejército paralelo con participación activa de los miles de extranjeros extremistas que se encuentran en el país, dotado con todo tipo de armamentos y destinado a oponerse y sustituir a las Fuerzas Armadas y Carabineros, para en definitiva establecer en Chile la dictadura marxista por la fuerza de las armas; Ante esta situación de abierta ilegalidad en que han incurrido el propio Presidente de la República y todos los personeros y partidos de Gobierno, la Cámara de Diputados de Chile acuerda: 1º.- Solicitar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros la más enérgica e inmediata aplicación de la Ley sobre Control de Armas, con el objeto de proceder al urgente control y desarme de los grupos armados marxistas; 2º.- Hacer presente al Presidente de la República que se está colocando en una situación de abierta ilegalidad y que su actitud pone al país al borde de un conflicto armado; 3º.- Manifestar a la Nación que la Cámara de Diputado agotará, como es su deber, todos los recursos que la Constitución le franquea para salvaguardar la unidad nacional y sancionar a quienes intentan destruirla. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Restan aún cinco minutos al Comité Demócrata Cristiano. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Nacional. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, yo quiero agregar un hecho a los que señalaba el señor Dupré respecto a la intervención del personal de la FACH en el Cementerio Metropolitano. Es lo que en la tarde de hoy me han relatado testigos presenciales de algo que ocurrió ayer lunes en la tarde. A las tres y media de la tarde, personas que se encontraban allí, viendo a deudos suyos, vieron llegar tres vehículos de Investigaciones, quienes se dirigieron directamente a una bóveda, descendieron de los vehículos, entraron en ella y sustrajeron primero un ataúd de guagua, el cual abrieron delante de la gente que se encontraba en el lugar y sacaron cajas de municiones que colocaron en sus autos; posteriormente, sacaron tres cajas más grandes, con armas largas que, según la apreciación de las personas que allí se encontraban, eran armas automáticas o metralletas. De manera que lo que no se alcanzó o no pudieron encontrar en su totalidad los elementos de FACH, sabían perfectamente estos funcionarios de Investigaciones supongo que eran funcionarios de Investigaciones; al menos, sí lo eran los vehículos dónde se encontraban y las pudieron retirar al día siguiente, a las tres y media de la tarde, frente a numerosos testigos. Creo que este antecedente viene a corroborar lo que decía el Diputado Dupré y a demostrar las extrañas conexiones que existen en este gobierno y no es la primera vez que así sucede entre elementos de la policía civil y los grupos armados marxistas que, de esta manera, actúan, proceden y amenazan abiertamente la seguridad de nuestra Nación y la paz social. Nada más, señor Presidente. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Restan tres minutos al Comité Nacional. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Comunista. Ofrezco la palabra. El señor VICIANI.- Mejor hablen de las guaguas del señor Arnello. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Independiente. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se procederá a votar los proyectos de acuerdo. El señor Secretario les dará lectura. El señor PARGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo formulado por los señores Monares, Carrasco, Orrego, Frei Zaldívar, Hormazábal, Ansieta y Sepúlveda, don Eduardo, que dice lo siguiente: El país ha sido testigo, durante los últimos días, de una serie de hechos de extrema gravedad, que amenazan seriamente la convivencia pacífica entre los chilenos y la estabilidad misma de las instituciones democráticas. 1.- Los difíciles momentos vividos por el país el día viernes 29 de junio, como consecuencia de una asonada contra el Gobierno. 2.- La situación abiertamente arbitraria e ilegal en que se mantiene a una gran cantidad de industrias y fábricas por grupos de trabajadores adictos al Gobierno, y con el beneplácito de las autoridades. 3.- La existencia comprobada de grupos armados y el reparto sistemático de armas en industrias, poblaciones y servicios públicos, con el propósito claro de crear un llamado poder popular, al margen de claras disposiciones legales y paralelo a nuestras Fuerzas Armadas y de orden. 4.- Las claras y reiteradas amenazas de grupos de ultraizquierda y de personeros adictos a los partidos marxistas, en orden a poner en acción este llamado poder popular armado, en contra de las instituciones de la República y de personas no adictas al Gobierno. 5.- La violencia verbal, la calumnia y la injuria, usados como sistema en los medios de comunicación adictos al Gobierno, para referirse a las personas de sus adversarios políticos, son algunas demostraciones concretas del clima de odios apasionado y de grave división interna que vive y sufre el país. Frente a estos hechos, la Cámara de Diputados acuerda: Reconocer el grave momento político que vive el país; Requerir a las Fuerzas Armadas la necesidad ineludible e imperiosa de actuar con la mayor energía en la aplicación de la Ley sobre Control de Armas y disolución de los grupos armados al margen de la ley, sea cual fuere su concepción ideológica; Reconocer en las declaraciones del nuevo Ministro del Interior, señor Carlos Briones, un deseo por hacer respetar la Constitución y la ley, y exigimos que esos buenos deseos se traduzcan en términos prácticos aplicando la ley sobre control de armas y disolviendo los grupos armados ilegales y solucionando a la brevedad la caótica situación imperante en industrias y fábricas. La Honorable Cámara respaldará toda acción concreta del Ministro del Interior conducente a hacer realidad sus declaraciones en el sentido de traer la paz y la convivencia entre los chilenos, a través de una aplicación equitativa, justa y oportuna de las disposiciones legales vigentes que terminen con los graves hechos que hemos mencionado, esperando, además, que el Ministro del Interior exija el mismo espíritu que dice inspirarlo, a todos los funcionarios y autoridades del actual Gobierno. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En votación este proyecto de acuerdo. Durante la votación: El señor TEJEDA.- No participamos en la votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Se va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor PARGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo formulado por los señores Monares, Vergara, Cardemil, Castro y señoras Dip y Retamal, que dice lo siguiente: Considerando la gravedad de las denuncias formuladas en la Cámara de Diputados y los hechos mismos, en relación con la toma de ENDESA por parte de elementos ajenos a ella, la Cámara de Diputados acuerda: 1º Plantear al señor Ministro del Interior la necesidad ineludible de ordenar la entrega total de las plantas y oficinas de la ENDESA para su normal funcionamiento; 2º Solicitar al señor Ministro del Inferior se arbitren, a la brevedad posible, las medidas necesarias de seguridad para evitar nuevos atentados contra un servicio de tan vital importancia; 3º Solicitar, al mismo señor Ministro, se proceda a realizar una investigación que permita descubrir responsables, si los hay, dentro de la misma empresa; 4º Plantear al Gobierno la necesidad de entregar protección policial adecuada a todos los servicios vitales del país, como única manera de evitar graves trastornos que grupos descontrolados pretenden crear en el país. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Se va a dar lectura al tercer proyecto de acuerdo. El señor PARGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo formulado por el señor Amello, que dice lo siguiente: Como resultado de la orden impartida por el Presidente de la República y llevada a cabo por los partidos de la Unidad Popular, en el sentido de ocupar las industrias para defender al Gobierno, el país ha visto con profunda preocupación como se está constituyendo, a la luz del día y con febril premura, un ejército paralelo, con participación activa de los miles de extranjeros extremistas que se encuentran en el país, dotado de todo tipo de armamentos y destinado a oponerse y sustituir a las Fuerzas Armadas y Carabineros para, en definitiva, establecer en Chile la dictadura marxista por la fuerza de las armas; Ante esta situación de abierta ilegalidad en que han incurrido el propio Presidente de la República y todos los personeros y partidos de Gobierno, la Cámara de Diputados de Chile acuerda: 1º Solicitar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros la más enérgica e inmediata aplicación de la Ley sobre Control de Armas, con el objeto de proceder al urgente control y desarme de los grupos armados marxistas; 2º Hacer presente al Presidente de la República que se está colocando en una situación de abierta ilegalidad y que su actitud pone al país al borde de un conflicto armado; 3º Manifestar a la Nación que la Cámara de Diputados agotará, como es su deber, todos los recursos que la Constitución le franquea para salvaguardar la Unidad Nacional y sancionar a quienes intentan destruirla. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 22 horas 21 minutos. Orlando Zumelzu Acuña, Subjefe de la Redacción de Sesiones.