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- rdf:value = " El señor BALTRA.-
Como lo manifestaron en la Comisión nuestros colegas de partido, los Honorables Senadores Aguirre Doolan y Juliet, nosotros estamos dispuestos a legislar a fin de que se reprima y sancione el mercado negro, pero siempre que la nueva legislación permita ir al origen del mercado negro y castigar a quienes lo posibilitan, fomentan y sacan provecho de él. No estamos dispuestos a que, mediante las disposiciones que se aprueben, el comercio minorista establecido, que ya se debate en una angustiosa crisis de abastecimiento, pueda aun ser objeto de una mayor persecución.
También deseamos dejar claramente establecido que el mercado negro y los otros delitos económicos que se originan por un desequilibrio entre oferta y demanda, entre poder de compra en el público y disponibilidad real de mercaderías, tienden a producirse con más frecuencia en épocas de escasez, por razones hasta obvias, que no podemos explicar mayormente aquí por falta de tiempo.
Por decirlo sintéticamente, el mercado negro y tales delitos son subproducto del desabastecimiento. Es grave que el Gobierno pueda pensar lo contrario y creer que el desabastecimiento pueda solucionarse mediante la ley penal. La escasez es un problema esencialmente económico y que, en consecuencia, no puede atenuarse o eliminarse sin ir a sus orígenes, que son de índole económica. En Chile hay escasez porque la producción se desarrolla con ritmos que se han ido debilitando progresivamente en el curso de 1972. No otra cosa indica el hecho de que, de acuerdo con estimaciones oficiales, en 1972 el producto nacional haya crecido, a lo sumo, en 5,5%, mientras que en 1971 lo hizo en 8,5%. La actividad económica nacional está contrayéndose. Es cierto que camina; pero lo hace más despacio, muchísimo más despacio que en 1971. De ello resulta que los trabajadores, a quienes con justicia se entregó una mayor cuota del ingreso nacional, disponen nominalmente de más poder de compra; pero la economía, que está contrayéndose, no permite satisfacer adecuadamente esa demanda. Por ejemplo, en el año agrícola 1971-72 la producción bajó en 8%; la tasa de desarrollo de la producción industrial tiende a debilitarse como que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en octubre de 1971 la producción disminuyó en 8,6% y, específicamente, la de alimentos, en 2%; por lo que toca a la gran minería del cobre, la producción será inferior a la programada por CODELCO, lo que, según don Hugo Fazio, Vicepresidente del Banco Central, significa que, por este solo concepto Chile perderá 40 millones de dólares, etcétera.
Frente a este alarmante fenómeno general de debilitamiento del proceso productivo, encontramos una realidad monetaria que se expresa en una emisión fabulosa, que en diciembre de 1972 fue de 57 mil 581 millones de escudos, lo que está diciendo que, en los 26 meses de este Gobierno, la emisión aumentó en 322%. Sólo en 1972, la emisión fue de 36 mil 374 millones de escudos. O sea, en promedio, el Gobierno emite 1.800 millones de escudos mensuales. Este gran desequilibrio entre la oferta de dinero y las disponibilidades de mercaderías es lo que explica, de modo principal, que los precios subieran con la velocidad de un 143% en sólo once meses de 1972.
Si el Gobierno quiere ir al fondo del problema, debe, pues, rectificar su gestión económica.
En cuanto al mercado negro en sí mismo aparte que, como ya dijimos, es un subproducto de la escasez, puede añadirse que también se origina en que las escasas mercaderías disponibles no se hacen llegar al consumidor por medio de los canales habituales de distribución, como lo es el comercio minorista establecido. En su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuesto, el ex Ministro de Hacienda señor Millas señaló algunas fuentes abastecedoras del mercado negro, cuando afirmó que debía ponerse término al pago en especies en las industrias y a las preferencias abusivas que existían para el retiro por los propios trabajadores de los productos que elaboraban. Por su parte el Presidente de la Central Nacional de Distribución (CENADI) ha denunciado que el principal foco del mercado negro son las JAP. En esta sala, el Honorable Senador Narciso Irureta ha hecho denuncias concretas. Por lo demás, ¿en manos de quién está la producción de los bienes de consumo? En su exposición, el Ministro de Hacienda de la época, señor Millas, dijo que el área de propiedad social comprendía el 30% del valor bruto de la producción industrial y que es ya determinante en importantes subsectores alimenticios. Asimismo, no puede olvidarse que el sector reformado de la agricultura abarca el 35% del total de la tierra agrícola y casi el 50% de los suelos regados, de modo que allí también es grande el poder de decisión y, por tanto, la responsabilidad del Gobierno en los volúmenes de la producción alcanzada. En un documento del Partido Socialista publicado en la revista Punto Final del 15 de agosto de 1972, se habla del retraso en la toma de posesión de fundos con el desmantelamiento consiguiente; paralización de la producción; descontento de los campesinos en relación a CORA; y termina diciendo que todo esto se traduce en una dramática realidad: más del 50% de las tierras expropiadas están improductivas. No puede, pues, pretenderse ahora desligar el problema del desabastecimiento de la gestión económica que lo causó y confiar en la ley penal para solucionar problemas que son de naturaleza económica. Pensamos que, como lo dijo en la Comisión el profesor Miguel Schweitzer, es útil legislar sobre la materia en un texto que compile las disposiciones legales hasta ahora dispersas. Pero creemos también que deben actualizarse desde diversos puntos de vista, como lo es, por ejemplo, sancionando severamente a los funcionarios que intervengan en esta clase de delitos; a las personas que, en forma clandestina, ejerzan el comercio sin haber cumplido con los requisitos legales, reglamentarios y tributarios que los habiliten para ello, como asimismo a quienes entregaren mercaderías que van a expenderse por medio de este comercio ilegal; a los que discriminen en la asignación o venta de artículos o mercaderías al comercio establecido; a los interventores, o sea, a quienes, ejerciendo la administración de una empresa, incurrieren en gastos superfluos, contrajeren deudas o contrataren personal innecesario, comprometiendo, así, la existencia misma de las empresas que se les confiaron para cuidarlas y hacerlas producir; a los que presionen ilícitamente para que se les otorguen contratos de distribución o exportación, etcétera.
Los Senadores de estas bancas votaremos en favor de la idea de legislar sobre la materia. Pero, desde luego, anticipamos nuestra votación adversa si, en el segundo informe, no se introducen disposiciones en el sentido que dejamos enunciado. Estamos dispuestos a contribuir con nuestros votos a una nueva legislación que mejore la situación del consumidor, explotado por un mercado negro que florece a vista y paciencia de la autoridad, y que haga justicia a los comerciantes minoristas, a quienes, mediante la negación sistemática de ventas por parte del Gobierno y sus organismos, se los está ahogando, a menos que acepten someterse políticamente.
Nada más, señor Presidente.
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