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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- ¿De cuántos minutos dispongo?
El señor PALMA (Presidente).- De catorce minutos, señor Senador.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, el Senador señor Irureta ya fijó la posición de nuestro partido respecto de este proyecto de ley. En esta oportunidad, quiero ratificar cuanto él expuso acerca del carácter general, del significado de esta iniciativa y de la responsabilidad que incumbe a los gobernantes que hoy tiene el país en la política económica que ellos han seguido.
Quiero decir también que las palabras que hemos escuchado esta mañana al señor Ministro de Hacienda deberían haber formado parte de la exposición de motivos del Gobierno en el proyecto de ley que nos envió, y que igual exposición debió haberse hecho en la Comisión que lo estudió. Creo que algunos de sus anuncios, de sus posiciones, son de extrema importancia y de tal categoría que, indudablemente, señalan la necesidad de hacer observaciones sobre ellos para decidir si es posible votar favorablemente en general el proyecto de ley.
Entre otras cosas, el señor Ministro nos ha anunciado, en forma directa o indirecta, el racionamiento con tarjetas, por cuotas de productos o por cualquier otro medio no autorizado actualmente ni por la Constitución ni por la ley. Nos ha hablado de que los productos serán distribuidos en forma casi obligatoria por el Estado, muy débilmente por los canales actuales de comercialización y, al mismo tiempo, mediante un sistema de control que aplicarían los organismos llamados JAP, que pasarían a ser obligatorios; organismos que ahora tienen desconociendo la legislación vigente que establece facultades muy claras a este respecto de las juntas de vecinos, entidades democráticas elegidas directamente por los pobladores y reglamentadas por la ley sólo una función política y electoral que desempeñar, y cuya organización está monopolizada por el Gobierno actual y por los partidos que lo componen.
Se establecería también según las palabras del Ministro, la posibilidad de que cada chileno se convierta en denunciante de otro, y una especie de espionaje nacional aun dentro de las propias familias.
Esos anuncios nos parecen de tal envergadura y categoría que nos inducen a meditar en este momento sobre la conveniencia de entregar un instrumento legal a gobernantes que nos anticipan juicios de esta índole sobre la manera de usarlo. Creo que, aun dentro de esa misma idea, el señor Ministro dijo en forma categórica que las JAP serían las que fijarían las necesidades de alimentación de cada familia. Indudablemente, ésta es una de las materias que constituye para nosotros una especial interrogante y que ha de pesar incluso en nuestra votación. Quisiéramos que, antes de votar en general el proyecto, los señores Ministros presentes hicieran una aclaración al respecto.
Señor Presidente, me parece que, analizadas las cosas de esta manera, dentro del contexto a que me he referido y muy especialmente de los conceptos del Gobierno señalados por el Ministro de Hacienda, es absolutamente necesario pensar si cabe legislar, si se puede entregar un instrumento de esta naturaleza a aquél o si es necesario establecer algunos otros antecedentes para llegar a determinar sobre la forma de votar en general el proyecto.
Prefiero el segundo criterio, porque me parece que, dados los términos en que se ha presentado esta iniciativa, y puesto que estamos conociendo en primer informe que aceptamos, tal como dejamos establecido en la Comisión de Legislación los Senadores democratacristianos, sólo para los efectos reglamentarios y para cumplir con los plazos señalados por el Reglamento y la Constitución, nosotros estamos en libertad para precisar nuestras ideas y para decir en estos momentos que, ante los anuncios del señor Ministro de Hacienda creemos conveniente legislar sobre la materia; pero creemos conveniente legislar de manera de transformar el proyecto en algo totalmente distinto, en un instrumento que defienda al público consumidor. Y uso estas expresiones, público consumidor, en oposición a las empleadas por el señor Ministro de Hacienda, que habló de control de las masas porque sabemos qué entienden él y el Gobierno por tal, porque sabemos cómo monopolizan la palabra pueblo. Nosotros a diferencia del Ejecutivo pensamos que este instrumento debe estar en manos del público consumidor, y que debe establecerse una acción pública para que cada cual tenga derecho a hacer valer ante los tribunales ordinarios de justicia sus demandas para sancionar a los verdaderos responsables de la situación económica que estamos viviendo, especialmente a raíz de la escasez mal llamada desabastecimiento por los gobernantes de hoy , del mercado negro y de la especulación.
No queremos que esta iniciativa de ley se transforme en instrumento del Gobierno, menos aún estando en un período electoral.
Pensamos que las palabras del señor Ministro indican que estamos ante un equipo de gobernantes que trata de huir de la realidad y de plantear estos asuntos ante la opinión pública no yendo' al fondo del problema, no reconociendo incluso los errores de la política económica seguida por esta Administración, sino por el contrario, insistiendo en evadir el ataque a las causas de aquél.
Por estas razones, quiero hacer presente ante la opinión pública que, como se ha dicho en esta Sala, hay una propaganda del Gobierno destinada a hacer creer que por medio de estas disposiciones sobre delito económico y contra el mercado negro se resolverán los problemas actuales.
Ya un escritor chileno, refiriéndose a esta tendencia a huir de la realidad que se observa en muchas personas, dijo algo que habría que grabar para siempre aquí: En Chile los problemas no se resuelven, sino que sobre ellos se legisla. Se piensa que la opinión pública creerá que se ha abordado la solución de aquéllos por el sólo hecho de legislar al respecto.
Quisiera hacer unas preguntas al señor Ministro: ¿Desde cuándo se ha producido en Chile el mercado negro? ¿Quién es el responsable del mercado negro, de la escasez y de la especulación? ¿Existían estos problemas antes de noviembre de 1970? ¿Cuándo aparecieron? ¿Por qué coinciden matemáticamente con el momento en que empieza a hacer crisis la nefasta política económica seguida por el Gobierno del señor Allende? ¿No tenemos derecho los chilenos a preguntarnos quién es el responsable de esta situación?
Creo que las respuestas son muy claras.
Hay aquí una política de hambreamiento del pueblo cuyos responsables, si por lo menos hubiera la intención de servir al interés nacional deberían ser considerados enemigos de los chilenos. Y esta política se debe a los que creen en fórmulas matemáticas, en dogmas; a los que quieren aplicar en Chile ideologías y políticas copiadas de otras partes, que no se avienen con nuestra realidad ni con lo que está sucediendo en el país. Esta política es responsabilidad de quienes creen que el pueblo los va a seguir al Polo Norte aun cuando se trate de ir al Polo Sur, porque así lo ha señalado el dogma que ellos aplican sin importarles cuál es la realidad que está sufriendo el país.
Pero vemos que a causa de la aplicación de dogmas de este tipo se ha caído, fatalmente, en el mercado negro, en el raciona, miento y, con posterioridad, en el hambre. También vemos hablando resumidamente, dados los escasos minutos de que disponemos que, para desgracia de los seguidores de estos dogmas, todos los países del área socialista en estos momentos deben comprar su comida en el exterior, principalmente en los mercados capitalistas. Me parece que ésta es la gran tragedia, la gran desgracia que está afectando a esos países marxistas, que, por más que cuenten con grandes ejércitos y realicen grandes hazañas, su producción de alimentos enfrenta un cuello de botella que es necesario poner en evidencia en estos instantes.
Chile no escapa a esta realidad y, al mismo tiempo, evasión, porque quienes están manejando nuestra política económica siguen esos mismos dogmas e incurren en esos mismos errores, aun cuando cada vez en mayor medida deban salir al extranjero a comprar las mercaderías y los alimentos que necesita el país.
En 1972 se importaron 400 millones de dólares. Se dice que, posiblemente, para el año que recién se inicia se importarán alimentos por 600 ó 700 millones de dólares. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Quién ha provocado la escasez? ¿Cómo ha aparecido el mercado negro? ¿Acaso la distribución y la comercialización se efectúan sin control e intervención del Estado?
El Honorable señor Irureta, en la sesión anterior, demostró aquí que casi la totalidad de la distribución de los productos alimenticios del país está en manos del Estado. Cuando uno viaja a provincias en lo pequeño se aprecia lo mayor puede ver más nítidamente lo que está sucediendo en materia de abastecimiento.
Tanto ECA como SOCOAGRO y otros organismos fiscales están interviniendo de manera tal que han monopolizado la distribución de alimentos. Y no sólo la distribución sino también la importación, como sucede, por ejemplo, con las internaciones a que se refiere la Ley de Frontera Libre Alimentaria en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Así se van desmintiendo, en los hechos, las afirmaciones que hacía el señor Ministro en respuesta a una pregunta del Honorable señor Juliet.
El Ejecutivo se está valiendo de las JAP para la distribución y venta de alimentos. Podríamos exhibir y leer noticias publicadas en diarios de provincias para comprobar lo que estamos señalando, para demostrar cómo en diferentes puntos del país se está tomando el control de distintas actividades abusando de la paciencia del pueblo y actuando en contra suya. En Antofagasta, abusando de una orden ministerial que no tiene tal alcance, el Gobierno ha tomado el control del terminal pesquero. Se ha prohibido la venta a una cooperativa de pescadores compuesta no precisamente por capitalistas, sino por pescadores artesanales, más pobres, quizás, que los pertenecientes al sindicato de pescadores de esa provincia. Digo que se les ha prohibido la venta al público por el solo hecho de que los pescadores de esa cooperativa querían vender los pescados a seis escudos el kilo, en tanto que el terminal pesquero, que tiene monopolizada la venta por parte del Estado, lo hace a ocho escudos. Ese fue el gran delito de aquellos pescadores.
Pues bien ¿adónde van estas observaciones nuestras? A señalar que votaremos favorablemente en general este proyecto de ley sólo con el objeto de transformarlo en algo diametralmente diferente de lo que pretende el Ejecutivo, a fin de que, de acuerdo con la nueva realidad económica que está viviendo el país, la ley llegue a ser un instrumento en manos del público consumidor, estableciéndose una acción pública con intervención de los tribunales ordinarios, con el objeto de sancionar los verdaderos delitos económicos que se están cometiendo en estos instantes en Chile, principalmente por autoridades, funcionarios e interventores.
Los sobreprecios cobrados por el estanco, la discriminación política en la venta, la suplantación del comercio, la imposición de requisitos para la venta de mercaderías, el atraso o la negativa en el registro de importaciones, la falsificación de moneda a través de las emisiones incontroladas, y la venta de determinados productos sin que ellos existan materialmente, como sucede en los estancos del Estado y en las empresas estatales, son los principales delitos que deseamos sancionar. Con este objeto, haremos los esfuerzos necesarios para transformar el proyecto de ley en un instrumento adecuado.
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