TIPIFICACION DE DELITOS DE CARACTER ECONOMICO. El señor EGAS (Secretario subrogante).- En esta sesión especial, corresponde despachar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que tipifica los delitos de carácter económico. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972. Informe de Comisión: Legislación, sesión 58ª, en 2 de enero de 1973. Discusión: Sesión 62ª, en 4 de enero de 1973. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar lectura a los acuerdos adoptados por los Comités acerca de la tramitación del proyecto en debate. El señor EGAS (Secretario subrogante).- Los Comités Parlamentarios del Senado, en sesión de 5 de enero en curso, acordaron por mayoría lo siguiente: 1º Celebrar sesiones especiales el día martes 9 del actual, de 10.30 a 13.30 horas, con el objeto de despachar en general el proyecto de ley que tipifica delitos de carácter económico, e iniciar la votación del mismo, en general, a las 13.15 horas de ese día. 2º Prorratear el tiempo disponible para hacer uso de la palabra a razón de 10 minutos por Comité y de un minuto por Senador, sobre la base de que la sesión se inicie a las 10.30 horas. Estos tiempos podrán ser cedidos por los Comités. 3º Fijar plazo para presentar indicaciones a este proyecto hasta las 24 horas del mismo día martes 9, es decir, hasta las doce de la noche de hoy. 4º Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para estudiar las indicaciones que se presenten a dicho proyecto, en sesiones que deberá celebrar dicha Comisión los días miércoles 10 y jueves 11 del actual, facultándola, asimismo, para reunirse paralelamente con la Sala, excepto cuando la Corporación esté conociendo de la acusación constitucional en contra del ex Ministro de Hacienda señor Orlando Millas, y 5º Celebrar una reunión de Comités el próximo miércoles, día 10, con el objeto de pronunciarse acerca de la fecha en que se citará al Senado para despachar en particular el proyecto de ley que tipifica delitos de carácter económico. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarían esos acuerdos. Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, respecto, de las proposiciones a que se acaba de dar lectura, la semana pasada tuvimos oportunidad de exponer nuestros puntos de vista en la reunión de Comités correspondiente, y allí sugerimos, por intermedio del Senador señor Víctor Contreras, idea que no acogió la mayoría, despachar en general y en particular el proyecto durante esta semana. Por cierto, acogemos el acuerdo adoptado por los Comités para aprobar hoy en general la iniciativa. Pero no estamos en condiciones de aceptar la resolución de la mayoría de los Comités para reunirse mañana a fin de considerar si el número de indicaciones formuladas posibilitan el despacho en particular de la iniciativa en esta semana o la próxima, pues desde el comienzo hemos venido diciendo que nos parece indispensable apresurar realmente un pronunciamiento del Congreso en esta materia. Tal es la situación, y la hago presente para los efectos del acuerdo que solicita Su Señoría. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, si no se obtuviera la unanimidad de la Sala para aplicar en esta sesión esos acuerdos de Comités, ellos des­aparecerían y, en consecuencia, correspondería aplicar el Reglamento, lo que implica, en primer lugar, no fijar tiempo a cada uno de los oradores y que cada uno de ellos use de todo el tiempo que le permite el Reglamento. Como están inscritos cinco señores Senadores y la sesión termina a la una y media, alcanzarían a intervenir uno o dos. En segundo lugar, no habría acuerdo para votar el proyecto a la una y cuarto. Debo advertir que la posibilidad que plantea Su Señoría se analizó en detalle, y que, precisamente, con el fin de posibilitar que el proyecto se vote en particular el viernes, se acordó citar a reunión de Comités para el día de mañana, con el propósito de determinar, según las indicaciones que se presenten, si efectivamente la Comisión podrá tener listo su informe el jueves en la noche. Y hubo ambiente en los Comités para, en tal caso, despachar el proyecto el viernes. En consecuencia, no hay incompatibilidad absoluta entre la proposición del señor Senador y los acuerdos adoptados por los Comités, que, en el fondo, tienden a lo mismo. Solicito, pues, el acuerdo de la Sala para proceder en la forma indicada, que implica restringir los tiempos de los oradores y votar a la una y cuarto. Acordado. El señor LUENGO.- Señor Presidente, sin perjuicio de esos acuerdos, ¿no habría posibilidad de intentar obtener el asentimiento unánime de la Sala para votar de inmediato en general el proyecto? El señor PALMA (Presidente).- Ya se produjo acuerdo unánime para votarlo en general hoy a la una y cuarto. En cuanto a la fecha en que se votará en particular, se resolverá mañana, en una reunión de Comités. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación. Acordado. El señor PALMA (Presidente).- En la discusión general, está inscrito en primer lugar el Honorable señor García. Tiene la palabra el señor Senador. Dispone de diez minutos base, más cinco de su Comité. El señor GARCIA.- Y cinco que me ha cedido el Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Dispone de veinte minutos Su Señoría. El señor GARCIA.- Señor Presidente, los Senadores nacionales votaremos en contra de este proyecto, porque no aceptamos el planteamiento demagógico con el cual el Ejecutivo ha pretendido justificar esta iniciativa de ley. El mercado negro que sufre la masa de consumidores del país tiene sus orígenes en la política sostenida por el Partido Comunista y es de responsabilidad exclusiva de dicho partido, que controla todo el aparato económico-administrativo nacional. Fundaré brevemente nuestra posición, porque sólo disponemos de veinte minutos para expresar nuestros puntos de vista en este debate, ello debido a la presión que el Partido Comunista ha impreso al despacho de la ley en debate, al parecer con el objeto de que la opinión pública no conozca todos los antecedentes que existen sobre el mercado negro. Por este motivo, voy a leer mi discurso, para ser más rápido, y no aceptaré interrupciones. Orígenes y propósitos de este proyecto. Hay consenso casi total en el país en cuanto a que la gravedad de la escasez, manifestada en colas interminables por su duración y la cantidad de personas que en ellas participan, y en desórdenes, asaltos, verdaderos saqueos que son la consecuencia de aquélla, ha producido en el país un descontento de que no hay memoria en el curso de nuestra historia. Camiones con abastecimiento son retenidos al pasar por pueblos adonde no iba destinada la mercadería, y obligados a entregarla. Registros ilegales de negocios, establecimientos, y, aun, de casas particulares; desórdenes permanentes, y la inquietud de la población por no saber si tendrá o no al día siguiente los bienes que necesita, son hechos que han llevado a la ciudadanía a los límites de la desesperación. Este cuadro conduce irremisiblemente al marxismo gobernante a la más estruendosa derrota electoral. Frente a ello se ha discurrido, por los afectados, montar la más desvergonzada maquinaria de publicidad, para imputar a la Oposición la causa de la falta de bienes, del desorden de la distribución y de los latrocinios perpetrados por las organizaciones gubernativas de la llamada área social. No ha habido mentira, tergiversación o calumnia de que no se haya echado mano en esta campaña, y, para intentar demostrar que son los opositores los causantes de tantos daños, se nos presenta un proyecto para castigar, no a los causantes de este desastre, sino a las víctimas de las acciones del mercado negro, con lo cual el Gobierno aparece cautelando un buen sistema y tratando de castigar a los que lo infringen, aparentando, además, una postura de seriedad y una especie de exención de responsabilidad de sus enormes culpas. El proyecto, entonces, no es otra cosa que parte de los elementos publicitarios destinados a impedir la más estruendosa derrota electoral de la Unidad Popular. El llamado mercado negro: cómo y por qué se forma. Hay que recordar situaciones obvias. Cuando hay más compradores e insuficiente abastecimiento de artículos, se producen distorsiones, pugnas, alzas de precios, trueques, y, en el mayor desorden, cada cual tiende a satisfacer sus propias necesidades. No creo del caso recordar en esta oportunidad los vergonzosos trueques que se hicieron en Italia y en Alemania para conseguir bebidas o cigarrillos en los tiempos posteriores a la guerra, pues es ineludible que, frente a una dramática escasez, prevalezca el desorden económico absoluto. La escasez chilena fue prevista por el Presidente de la República el 1º de mayo de 1971, en el discurso que pronunció en un acto. ¿Qué dijo el Presidente de la República? Afirmó: La producción, que lo entiendan, que se lo graben aquí para siempre, que se lo graben en el cerebro y en el corazón, repito que la batalla de ahora y de siempre es la batalla de la producción. Hay que producir más y, para aumentar la producción a largo plazo, necesitamos, también, aumentar las inversiones, los excedentes, óiganlo bien, los excedentes de las empresas. Las utilidades de las empresas servirán, en parte, para mejorar los sueldos y salarios de los que allí trabajan, pero el más alto porcentaje de esas utilidades y de esos excedentes deberán ser invertidos para crear nuevas fuentes de trabajo, nuevas empresas, para movilizar la capacidad ociosa de muchas de ellas... Agregó: Compañeros, si las empresas del sector público no tienen utilidades, imagínense ustedes si todo lo gastáramos en sueldos y salarios, ¿qué sucedería? ¿Cómo podríamos avanzar? Las llevaríamos directamente a la quiebra y la ruina. Respecto de la reforma agraria, manifestó: Pero no basta expropiar, hay que hacer producir la tierra y tenemos que respetar la ley. No podemos aceptar que se atropelle al propietario que tiene derechos frente a la ley, no podemos crear el caos en la producción. No podemos apropiarnos de las tierras y dejarlas sin producir. Más adelante señaló: El poder de compra que ustedes tienen ahora ha hecho que se venda como nunca antes. Pero hay que reponer ciertas cosas. Dentro de quince días o de dos meses se acaban los stocks, y si las industrias no producen, Chile no está acostumbrado a racionamientos, y no los queremos. Por eso, hay que producir en el campo, en las industrias, compañeros. Más adelante insistió: Si fracasamos en el campo económico fracasaremos en el campo político. Y, al terminar, expresó: Aun en aquellos países en donde la revolución triunfó, hubo de superarse el caos económico que creó la lucha... Aquí podemos hacer la revolución por los cauces que Chile ha buscado, con el menor costo social, sin sacrificar vidas y sin desorganizar la producción. No se necesitan otras explicaciones que las del propio Presidente de la República. Pues bien, no ha habido excedentes y por consiguiente, no hay inversiones. Hay más de cincuenta mil millones de escudos de pérdidas que se han financiado con emisiones inorgánicas. Se han apropiado de las tierras, las dejaron sin producir y se creó el caos en la agricultura. Se acabaron los stocks y se ha producido de hecho un racionamiento, que es otro nombre con que se disfraza el mercado negro. Se ha hecho la revolución con el sacrificio de más de cincuenta vidas. Se ha desorganizado totalmente la producción. Por último, cabe recordar la advertencia del Presidente de la República, que los comunistas quieren olvidar a toda costa, en el sentido de que si fracasan en el campo económico también fracasarán en el político. El mercado negro, fruto de las empresas en manos del Estado. El mercado negro aparece instantáneamente desde el momento mismo en que una actividad productiva pasa a ser manejada por funcionarios de la Unidad Popular, ya sea en calidad de interventores o de administradores de empresas intervenidas, requisadas o expropiadas. ¿Hay alguien que pueda desconocer el hecho de que mientras esas actividades son administradas por empresarios privados, funcionan con regularidad, mantienen su producción y satisfacen las necesidades del consumo? La dura experiencia vivida durante estos dos años por cada habitante del país es suficientemente demostrativa de la veracidad de lo que estoy afirmando. Se intervinieron las empresas textiles Yarur, Said, Hirmas. Comenzó de inmediato la escasez de toda clase de géneros, especialmente de crea, apareciendo las interminables colas de consumidores que pugnaban por adquirirlas. Se requisaron empresas como Paños Continental, Polak, Paños Oveja Tomé, y comenzó el mercado negro de los casimires y telas de vestir. Se requisaron las empresas pesqueras, y de inmediato apareció el mercado negro de las conservas de atún, salmón y otros productos de esta naturaleza. Se requisaron las industrias productoras de cemento, como Cerro Blanco de Polpaico, El Melón y BíoBío, y surgió el mercado negro del cemento. Se requisó a la Compañía Cervecerías Unidas, y comenzó la escasez de bebidas gaseosas y otros productos de esa empresa. Para qué seguir. Tengo aquí 19 casos de empresas estatales que controlan la producción de ciertos rubros. Para ahorrar tiempo, me permito solicitar a la Mesa que se inserte en la parte pertinente de mi discurso el resto de esta enumeración. La señora CARRERA.- No hay acuerdo. Que la lea. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se insertará el documento de que hace mención el señor Senador. No hay acuerdo. Posteriormente se votará la petición del Honorable señor Irureta. El documento cuya inserción se acuerda posteriormente es el que sigue: Se intervinieron las fábricas de vidrios y cristales Cristavid, Cristalerías Chile y Lirquén, y comenzó de inmediato increíble mercado negro de botellas, que hoy día no existen y cuya entrega previa se exige para comprar cualquier producto embotellado. Se intervinieron Mademsa, Ferriloza, CIC, Fensa, Fantuzzi, y surgió como por encanto el mercado negro de todos los productos de la línea blanca, y hoy no se encuentran refrigeradores, lavadoras, jugueras y otros productos sino a precios increíbles. Se requisó Gasco, y el drama para la adquisición de califonts y balones de gas licuado se hizo cada día mayor. Se requisaron las industrias electrónicas, como Mellafe y Salas, por ejemplo, y ya nadie pudo adquirir televisores en el comercio, pero aparecieron avisos ofreciendo televisores en cualquier parte y a cualquier precio. Se requisaron o intervinieron las empresas automotrices, para crear el estanco, automotriz a fin de defender a los consumidores, y el mercado negro de los autos y las estafas en las alzas de precios y entregas de los vehículos adquirieron caracteres de escándalo nacional. Se requisaron las distribuidoras de cigarrillos, y de inmediato los cigarrillos se hicieron humo, surgiendo el más despiadado merca negro, como puede comprobarse en cada quiosco y esquina de cualquier ciudad de Chile. Se requisaron las industrias productoras de aceite, como Coprona, Comarsa, Fanac, Cía. Industrial y Alcoholes Patria, y los consumidores tienen que hacer colas interminables, a veces hasta de días enteros, para conseguir un cuarto o un octavo de litro de aceite; mucho más después que con absoluta incompetencia e irresponsabilidad, destruyeron, por negligencia, parte de la principal industria aceitera del país, radicada en Temuco. Se intervino INSA, y de la noche a la mañana, surgió el mercado negro de los neumáticos. Además de intervenir INSA, se hizo lo mismo con la fábrica Helvetia, y desaparecieron las baterías. Se intervinieron otras industrias conserveras, como Nieto y Perlak, por ejemplo, y desaparecieron los productos en conservas que fabricaban dichas empresas. Se intervinieron las empresas distribuidoras y se creó DINAC, y hoy día todo el país es víctima de la política de ese Organismo Estatal creado para perseguir y arruinar a los comerciantes, mediante la negación de suministros. Su resultado no ha sido otro que los kilómetros y kilómetros de colas en todos los lugares de Chile, para adquirir aquellos productos cuya distribución DINAC acaparó para sí. Se intervino Madeco, y además otras fábricas de cañerías, cerrajerías y pernos, y comenzó la escasez y el mercado negro de toda clase de artículos de este rubro, que paraliza a la construcción por los infinitos trastornos que le crea. Se requisaron numerosas industrias de alimentos para aves, y comenzó de inmediato el mercado negro para obtener dichos alimentos a fin de mantener los criaderos de aves de matanza y ponedoras. Se intervinieron las empresas y fábricas de lanas, y la población comenzó a hacer colas para adquirirlas, paralizándose miles de pequeños talleres de tejidos artesanales por falta de esa materia prima. El señor GARCIA.- En resumen, Honorable Senado, cada uno de los artículos y productos que escasean en el mercado regular y que no pueden normalmente adquirirse en los, negocios y comercio establecidos, son los que copan el mercado negro y para comprarlos el público debe hacer toda clase de sacrificios, pagando el precio que le pidan en los lugares donde los encuentra. Proceden en su totalidad de empresas, industrias y fábricas intervenidas o requisadas, todas las cuales, sin excepción, se encuentran controladas por funcionarios de la UP, responsables del desabastecimiento, del mercado negro y de los abusos que se cometen por quienes tienen acceso a las influencias del Gobierno para intervenir fraudulentamente en su distribución. El mercado negro surge solamente cuando hay escasez y ésta, a su vez, emana sólo cuando se produce menos o cuando se desvían los bienes y servicios a canales de distribución irregulares u ocultos. Todo Chile sabe que las empresas que producen los artículos que escasean están en manos de la Unidad Popular y que su distribución también se encuentra entregada a los marxistas, a las mismas manos que crean, administran y reciben las ganancias fabulosas de un mercado que han hecho surgir, o por su incompetencia, o por su venalidad o, lo que es más grave, para crear el caos económico. El mercado negro es consustancial al régimen marxista. Después de cuarenta años de experiencia, en la Unión Soviética se inició, en 1961, la más grande de las campañas en contra del delito económico. En esta campaña inclusive se volvió a la pena de muerte, que ya había sido abolida, porque frente a la escasez y a la falta de producción se pensó que se podría ahogar la protesta popular mediante el fusilamiento, llegando, asimismo, a la monstruosidad, denunciada por la Comisión Internacional de Juristas, de dar a las disposiciones que la establecían carácter retroactivo. Un periodista que hizo un estudio de la prensa soviética durante dos años, de mayo de 1961 a mayo de 1963, registró 162 condenados a muerte, por delitos económicos. Hungría, Polonia, Bulgaria y todos los países sometidos a la hermana mayor han tenido y tienen toda clase de problemas de mercado negro. Testigos presenciales me han expresado, incluso, que para mejorar en los trenes las condiciones de viaje de ciertas personas los conductores y jefes de ferrocarriles reciben dólares. Por ejemplo, un grupo de becados viajó espléndidamente por Polonia mediante este mecanismo. En Moscú se cotiza el dólar negro a seis veces más que el dólar oficial. René Dumont, asesor de Fidel Castro, señaló en varias ocasiones en su libro de 1971 que en Cuba, en el mercado negro, la carne se cotiza a siete veces más que el precio oficial; los porotos, de quince a veinticinco veces más, y el arroz; a diez veces más. En el fondo, lo que se pretende es liquidar síquicamente a los pueblos por el terror de privarlos de alimentos, para poder manejarlos políticamente. Los economistas soviéticos señalan que en la Unión Soviética se dedican 30 mil millones de horas anuales a hacer colas. Así se señala en la obra Problemas económicos, Moscú, 1960, Nº 4º, página 52. Otras fuentes soviéticas revelan que una dueña de casa dedica, por término medio, dos o tres horas al día a hacer compras, y que la mitad de ese tiempo se destina a hacer colas. Por consiguiente, El Siglo no tiene autoridad moral para anunciar la liquidación de las colas y para decir que se entregará a cada cual, equitativamente, lo que necesita. Se sabe, y está demostrado, que, habiendo escasez, la tarjeta de racionamiento no evita ni las colas ni el mercado negro. Solamente sirve para establecer un control político sobre la población. El Siglo está, pues, en contra del Presidente de la República, que señaló que Chile no soportaba racionamientos. El Gobierno tiene medios legales más que suficientes para impedir cualquier abuso. El decreto ley Nº 520, de 30 de agosto de 1932, debió ser refundido, pues, en materias de control económico, sus preceptos hablan sido modificados por las siguientes leyes: 5.238, de 1933; 7.200, de 1942; 7.747, de 1943; 9.839, de 1950; 10.583, de 1952; 8.894, de 1947; 8.918, de 1947, y 11.622, de 1954. Con posterioridad, una vez modificada la estructura del Comisariato de Subsistencias y Precios, nació la Superintendencia de Abastecimientos y Precios y, después, la Dirección de Comercio (D.F.L. Nº 242, de 1960). Sus disposiciones se alteraron por la ley Nº 13.959, de 1960, que estableció la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados para el comerciante que se negare a vender o condicionare la venta de alimentos, vestuario o elementos de construcción. La ley Nº 14.824, de 1962, en sus artículos 16, 17 y 18 aumenta la penalidad, subiendo hasta quince sueldos vitales las sanciones respectivas, y permite la clausura de los establecimientos después de la primera infracción. La ley Nº 15.560, de 1964, señala disposiciones sobre fijación de precios de productos agrícolas. La ley Nº 16.282, de 1965, estableció penas para delitos relacionados con la economía en casos de sismos o de catástrofe. El artículo 49 de este texto legal fue modificado por la ley Nº 16.289, del mismo año. El señor MONTES.- No se escucha. El señor GARCIA.- La ley 16.464, de 1966, estableció todo un sistema de fijación de precios y control económico. Nuevamente se determinaron las penas de presidio para los infractores. Esta ley fue modificada y perfeccionada por el artículo 20 de la ley Nº 17.066, de 1969. El señor MONTES.- El señor Senador va muy rápido. No se entiende nada. El señor GARCIA.- Pero no es eso todo. La Dirección de Comercio tiene en sus manos disposiciones legales, de las cuales ha hecho uso y abuso, que le permitirían controlar a los interventores y funcionarios de las empresas llamadas del área social, respecto de los cuales el proyecto en debate no establece precepto ni sanción alguna. El señor MONTES.- No se escucha. El señor GARCIA.- Señor Presidente, no se me ha dejado hacer uso de la palabra debidamente a raíz de estas continuas interrupciones. Parece que el señor Senador no quiere que el país conozca los latrocinios del mercado negro. Si no se respeta mi derecho a hablar, que no se cuente con el asentimiento de los Senadores nacionales para ningún acuerdo de Comités. Decía que este proyecto no establece precepto ni sanción alguna para esos casos. En efecto, señala el artículo 40 del texto definitivo del decreto ley Nº 520: El que impida, resista o dificulte el cumplimiento de las ordenas de la autoridad competente relativas a la preferencia en el acarreo o transporte de artículos declarados de primera necesidad,... El señor MONTES.- Señor Presidente, le solicito una interrupción por intermedio de la Mesa al señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor García no desea ser interrumpido. El señor GARCIA.- Será penado con prisión o presidio menor en cualquiera de sus grados, según la trascendencia del hecho. Además, este organismo tiene la facultad de decretar la clausura de los establecimientos comerciales o industriales que desobedezcan las órdenes de la Superintendencia, lo que ha dado origen a que resoluciones administrativas, utilizando este resquicio legal, se conviertan en órdenes, pudiendo de esta manera clausurar los establecimientos que a las autoridades les parezca. A lo anterior podemos agregar que los delegados provinciales pueden requisar y vender por cuenta de sus dueños los bienes que sean objeto de acaparamiento, ocultamiento, negación de venta u otra forma de especulación. La Ley de Seguridad Interior del Estado castiga a quienes propaguen noticias o informaciones tendenciosas y falsas, destinadas, entre otras finalidades, a perturbar el régimen económico o monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores y el abastecimiento de las poblaciones. Es decir, el Gobierno no ha usado de los instrumentos legales, pues en primer término, tenía la obligación de aplicárselos a sus propios funcionarios ya que, desde la existencia misma de la República, nadie ha destruido ni alterado en mayor medida que ellos el abastecimiento, la estabilidad de los precios y el sistema monetario. ¿Cómo podemos creer en los funcionarios de Gobierno que dicen que la nueva ley tiende a una sistematización de los mecanismos legales sobre delitos en materia económica? Si a la inmensa lista que he señalado agregamos el Código Penal, la ley de Cambios Internacionales y la ley Nº 15.192, llamada Ley del Oro, que sanciona el incumplimiento de las resoluciones del Banco Central, tenemos que concluir que el proyecto de ley no aclara, no sistematiza, no facilita la aplicación ni ordena las 16 leyes que existen sobre esta misma materia, sino que introduce un factor increíble de desorden legal, de confusión y de dificultad en la aplicación de esos preceptos. Teníamos la obligación de probar lo que dijimos en un comienzo: que éste... El señor MONTES.- Señor Presidente, le solicito una interrupción al señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- El señor Senador no desea ser interrumpido. El señor GARCIA.- Es un proyecto electorero, destinado a eludir responsabilidades y a buscar armas publicitarias ante la desesperación de la derrota. Creo que lo hemos probado, a la luz de los antecedentes que estoy dando a la Sala. El señor Ministro de Justicia, para justificar el proyecto, nos ha manifestado que el problema del desabastecimiento que sufre la población no obedece, en la mayoría de los casos, a causas reales, sino a conductas de personas inescrupulosas. Sobre el particular, debemos reconocer que tiene razón el señor Ministro. Es inescrupulosa la política económica sostenida por la UP y llevada a cabo por el Partido Comunista, que ha destruido las fuentes de producción. Es inescrupulosa la política monetaria impulsada por el partido Comunista, destinada a envilecer la moneda con emisiones inorgánicas. Es inescrupuloso el sistema de distribución de los bienes que efectúan los interventores y administradores de las empresas estatales. Es inescrupulosa la campaña que realizan las JAP en contra del comercio establecido, al que han reemplazado por organismos sectarios, incompetentes y venales. Es inescrupulosa la falta de aplicación de las disposiciones legales que per­miten perseguir a los delincuentes que han cometido estos delitos. Y, por último, es inescrupulosa la actitud de pedir al Congreso la aprobación de un proyecto de ley punitivo por parte de los mismos que deberían recibir las sanciones por los delitos, abusos y depredaciones en que han incurrido en contra de los consumidores del país. El señor LUENGO.- ¡No se oyó nada! El señor PALMA (Presidente).- Le quedan tres minutos al Comité Nacional. El señor MONTES.- ¿Podría hacerle una pregunta al Honorable señor García? El señor IBAÑEZ.- Nos reservamos ese tiempo para más adelante. El señor PALMA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Baltra. El Honorable señor Montes desea formular una consulta. El señor MONTES.- Dentro del tiempo del Comité Nacional. El señor PALMA (Presidente).- ¡No, señor Senador! Reitero que a continuación hablará el Honorable señor Baltra y después dé él está inscrito el Honorable señor Irureta. En seguida, le cederé la palabra al señor Ministro de Justicia, quien dispone de 56 minutos, es decir, el tiempo de los Comités Comunista, Socialista, Radical e Izquierda Cristiana. El señor BALTRA.- Como lo manifestaron en la Comisión nuestros colegas de partido, los Honorables Senadores Aguirre Doolan y Juliet, nosotros estamos dispuestos a legislar a fin de que se reprima y sancione el mercado negro, pero siempre que la nueva legislación permita ir al origen del mercado negro y castigar a quienes lo posibilitan, fomentan y sacan provecho de él. No estamos dispuestos a que, mediante las disposiciones que se aprueben, el comercio minorista establecido, que ya se debate en una angustiosa crisis de abastecimiento, pueda aun ser objeto de una mayor persecución. También deseamos dejar claramente establecido que el mercado negro y los otros delitos económicos que se originan por un desequilibrio entre oferta y demanda, entre poder de compra en el público y disponibilidad real de mercaderías, tienden a producirse con más frecuencia en épocas de escasez, por razones hasta obvias, que no podemos explicar mayormente aquí por falta de tiempo. Por decirlo sintéticamente, el mercado negro y tales delitos son subproducto del desabastecimiento. Es grave que el Gobierno pueda pensar lo contrario y creer que el desabastecimiento pueda solucionarse mediante la ley penal. La escasez es un problema esencialmente económico y que, en consecuencia, no puede atenuarse o eliminarse sin ir a sus orígenes, que son de índole económica. En Chile hay escasez porque la producción se desarrolla con ritmos que se han ido debilitando progresivamente en el curso de 1972. No otra cosa indica el hecho de que, de acuerdo con estimaciones oficiales, en 1972 el producto nacional haya crecido, a lo sumo, en 5,5%, mientras que en 1971 lo hizo en 8,5%. La actividad económica nacional está contrayéndose. Es cierto que camina; pero lo hace más despacio, muchísimo más despacio que en 1971. De ello resulta que los trabajadores, a quienes con justicia se entregó una mayor cuota del ingreso nacional, disponen nominalmente de más poder de compra; pero la economía, que está contrayéndose, no permite satisfacer adecuadamente esa demanda. Por ejemplo, en el año agrícola 1971-72 la producción bajó en 8%; la tasa de desarrollo de la producción industrial tiende a debilitarse como que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en octubre de 1971 la producción disminuyó en 8,6% y, específicamente, la de alimentos, en 2%; por lo que toca a la gran minería del cobre, la producción será inferior a la programada por CODELCO, lo que, según don Hugo Fazio, Vicepresidente del Banco Central, significa que, por este solo concepto Chile perderá 40 millones de dólares, etcétera. Frente a este alarmante fenómeno general de debilitamiento del proceso productivo, encontramos una realidad monetaria que se expresa en una emisión fabulosa, que en diciembre de 1972 fue de 57 mil 581 millones de escudos, lo que está diciendo que, en los 26 meses de este Gobierno, la emisión aumentó en 322%. Sólo en 1972, la emisión fue de 36 mil 374 millones de escudos. O sea, en promedio, el Gobierno emite 1.800 millones de escudos mensuales. Este gran desequilibrio entre la oferta de dinero y las disponibilidades de mercaderías es lo que explica, de modo principal, que los precios subieran con la velocidad de un 143% en sólo once meses de 1972. Si el Gobierno quiere ir al fondo del problema, debe, pues, rectificar su gestión económica. En cuanto al mercado negro en sí mismo aparte que, como ya dijimos, es un subproducto de la escasez, puede añadirse que también se origina en que las escasas mercaderías disponibles no se hacen llegar al consumidor por medio de los canales habituales de distribución, como lo es el comercio minorista establecido. En su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuesto, el ex Ministro de Hacienda señor Millas señaló algunas fuentes abastecedoras del mercado negro, cuando afirmó que debía ponerse término al pago en especies en las industrias y a las preferencias abusivas que existían para el retiro por los propios trabajadores de los productos que elaboraban. Por su parte el Presidente de la Central Nacional de Distribución (CENADI) ha denunciado que el principal foco del mercado negro son las JAP. En esta sala, el Honorable Senador Narciso Irureta ha hecho denuncias concretas. Por lo demás, ¿en manos de quién está la producción de los bienes de consumo? En su exposición, el Ministro de Hacienda de la época, señor Millas, dijo que el área de propiedad social comprendía el 30% del valor bruto de la producción industrial y que es ya determinante en importantes subsectores alimenticios. Asimismo, no puede olvidarse que el sector reformado de la agricultura abarca el 35% del total de la tierra agrícola y casi el 50% de los suelos regados, de modo que allí también es grande el poder de decisión y, por tanto, la responsabilidad del Gobierno en los volúmenes de la producción alcanzada. En un documento del Partido Socialista publicado en la revista Punto Final del 15 de agosto de 1972, se habla del retraso en la toma de posesión de fundos con el desmantelamiento consiguiente; paralización de la producción; descontento de los campesinos en relación a CORA; y termina diciendo que todo esto se traduce en una dramática realidad: más del 50% de las tierras expropiadas están improductivas. No puede, pues, pretenderse ahora desligar el problema del desabastecimiento de la gestión económica que lo causó y confiar en la ley penal para solucionar problemas que son de naturaleza económica. Pensamos que, como lo dijo en la Comisión el profesor Miguel Schweitzer, es útil legislar sobre la materia en un texto que compile las disposiciones legales hasta ahora dispersas. Pero creemos también que deben actualizarse desde diversos puntos de vista, como lo es, por ejemplo, sancionando severamente a los funcionarios que intervengan en esta clase de delitos; a las personas que, en forma clandestina, ejerzan el comercio sin haber cumplido con los requisitos legales, reglamentarios y tributarios que los habiliten para ello, como asimismo a quienes entregaren mercaderías que van a expenderse por medio de este comercio ilegal; a los que discriminen en la asignación o venta de artículos o mercaderías al comercio establecido; a los interventores, o sea, a quienes, ejerciendo la administración de una empresa, incurrieren en gastos superfluos, contrajeren deudas o contrataren personal innecesario, comprometiendo, así, la existencia misma de las empresas que se les confiaron para cuidarlas y hacerlas producir; a los que presionen ilícitamente para que se les otorguen contratos de distribución o exportación, etcétera. Los Senadores de estas bancas votaremos en favor de la idea de legislar sobre la materia. Pero, desde luego, anticipamos nuestra votación adversa si, en el segundo informe, no se introducen disposiciones en el sentido que dejamos enunciado. Estamos dispuestos a contribuir con nuestros votos a una nueva legislación que mejore la situación del consumidor, explotado por un mercado negro que florece a vista y paciencia de la autoridad, y que haga justicia a los comerciantes minoristas, a quienes, mediante la negación sistemática de ventas por parte del Gobierno y sus organismos, se los está ahogando, a menos que acepten someterse políticamente. Nada más, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Restan seis minutos al Comité del Partido Izquierda Radical. El señor JULIET.- Posteriormente utilizaremos ese tiempo. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Irureta. El señor IRURETA. Es muy poco lo que me resta por agregar a las observaciones que, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, formulé en la sesión anterior. Por eso, en esta parte final de nuestra exposición, queremos reiterar que el proyecto que tipifica delitos de carácter económico puede llegar a ser una herramienta útil para combatir el acaparamiento, la especulación y el mercado negro. Estamos dispuestos a legislar en ese sentido; pero no aceptaremos que a esta iniciativa se la transforme en una herramienta para perseguir a los adversarios políticos del Gobierno ni a los miles de comerciantes que hoy carecen de mercaderías para vender, quienes son permanentemente hostilizados y denunciados por el oficialismo, que pretende que otros carguen con las culpas de los fracasos del Ejecutivo. Nos preocuparemos también de denunciar ante la opinión pública el empeño inútil que en estos días hace la propaganda del Gobierno para inflar, con cargo a este proyecto, una campaña en torno del mercado negro destinada a tratar de encubrir a sus reales y precisos culpables, quienes, precisamente, se encuentran en las filas del oficialismo y son producto de la política económica errada que ha llevado adelante el Ejecutivo, tal como lo señalamos en la sesión anterior y como lo acaba de demostrar hace unos instantes el Honorable señor Baltra. Asimismo, quiero entregar a consideración de la Sala un cuadro ignoro si está completo, pero es el más acabado que hemos podido confeccionar de acuerdo con las informaciones de que disponemos en que se consignan los nombres de todos los interventores que en este momento actúan en los sectores textil, vestuario, calzado, alimentos y línea blanca. Porque nos parece que es bueno que la opinión pública se vaya enterando de quiénes son, con sus nombres y apellidos, estos poderosos mandos medios que en este instante tienen participación fundamental en el manejo de la situación económica del país, en la política de abastecimiento, de distribución y de comercialización de productos que golpea tan angustiosamente a toda la población del país. Solicito del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para insertar en mi exposición todo el cuadro a que me he referido, pues no quiero cansar al Senado dándole lectura. El señor PALMA.- Si le parece a la Sala, se acordaría la inserción del documento mencionado por el Honorable señor Irureta, como también la del que pidió el Honorable señor García. El señor RODRIGUEZ.- ¡No! El señor PALMA (Presidente).- En caso contrario, tendrá que procederse a votar, con lo cual perderíamos tiempo. El señor MONTES.- Estamos de acuerdo con la primera de las inserciones solicitadas, pero no con la segunda. El señor PALMA (Presidente).- Se trata de dos proposiciones que deben votarse. El señor MONTES.- Reitero que aceptamos la primera y no así la segunda. El señor PALMA (Presidente).- Denantes la Mesa cometió el error de no pedir, al término del discurso del Honorable señor García, el asentimiento de la Sala para insertar, en la parte respectiva de la versión, el documento citado por el señor Senador. El señor MONTES.- ¡Que se voten separadamente! El señor PALMA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para insertar el cuadro a que se refirió el Honorable señor Irureta? Acordado. El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente: LISTA INTERVENTORES SECTOR TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO (1) LISTA INTERVENTORES SECTOR TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO (2) LISTA INTERVENTORES SECTOR ALIMENTOS (1) LISTA INTERVENTORES SECTOR ALIMENTOS (2) LISTA INTERVENTORES SECTOR ALIMENTOS (3) El señor PALMA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para la inserción solicitada por el Honorable señor García? La señora CARRERA.- ¡No, que se vote! El señor IRURETA.- Lo que dure esta votación ¿se cargará al tiempo de que dispone el Comité Demócrata Cristiano? El señor PALMA (Presidente).- No, señor Senador. Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión por el mismo lapso que ocupe esta votación. Acordado. En votación. (Durante la votación). El señor CONTRERAS.- Ignoro lo que se pide insertar. El señor PALMA (Presidente).- Es una lista a que hizo referencia el Honorable señor García. El señor CONTRERAS.- No tenemos conocimiento de su contenido. Se aprueba la inserción (12 votos contra 3, 1 abstención y 3 pareos). El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Irureta. El señor IRURETA.- Señor Presidente, creo que no está de más insistir en lo que acaba de señalar el Honorable señor Baltra en el sentido de que la causa de todo el proceso que estamos viviendo es la situación económica de catástrofe que afronta el país, debido a la política económica errónea y dogmática seguida por el Gobierno en estos dos años. Ocurre que son los sectores medios, los sectores populares del país, los que resultan más fuertemente golpeados por esa catástrofe. Por eso, los democratacristianos, en presencia del señor Ministro de Hacienda subrogante, queremos reiterar un reclamo que hemos formulado en diversas ocasiones en este último tiempo... Es urgente y de toda justicia que, a la brevedad posible, el Gobierno envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley de reajuste compensatorio, que pueda transformarse en ley de reajuste compensatorio o en un bono compensatorio, que reponga a los sectores asalariados, a quienes viven de un sueldo o salario, lo que han perdido en los tres meses de vigencia de la ley de reajustes promulgada en los primeros días de noviembre del año pasado, cuerpo legal que reajustó los sueldos y salarios en ciento por ciento, en circunstancias de que al 31 de diciembre de 1972 la inflación llegó, prácticamente, a 157%, y no sabemos a qué extremos alcanzará en el curso del mes de enero, cuando las alzas, entre ellas la de la bencina, se están disparando a niveles impredecibles. Por tales razones, reclamamos oficialmente del Gobierno, representado aquí por la persona del señor Ministro de Hacienda subrogante, el envío inmediato de un proyecto de ley de reajuste compensatorio, que reponga a los sectores asalariados del país lo que han perdido de sus rentas durante los tres meses transcurridos, y que sobrepasa el 50%. Por último e insistiendo en esta materia, por estimar que nunca estará de más señalar hechos que demuestren que la real magnitud de la situación económica y el mal manejo que de ella se ha hecho constituyen la causa profunda de la crisis por la cual atravesamos, quiero manifestar que, conocidos ya los cuadros definitivos de la ley de Presupuestos para el año 1973, ésta aparece con un déficit por financiar de 44.029.552 millones de escudos, y con un déficit por financiar, en moneda extranjera, de 221.605.000 dólares. Cuando hemos visto en estos días desarrollarse también una intensa campaña de la prensa de Gobierno y de sus parlamentarios, la que culpa al Congreso Nacional de privar de recursos presupuestarios al Ejecutivo y de hacer recortes en el presupuesto, no podemos menos que señalar que el Parlamento ha proporcionado al Gobierno todos los recursos imaginables posibles. Pero éste no puede obligar al Parlamento a seguir en esta danza irresponsable de aprobar un Presupuesto desfinanciado, que ya a partir desde el 1º de enero de 1973 empieza a regir con los déficit descomunales que acabo de mencionar; éste es uno de los ejemplos de menor importancia Me perdonará el Senado, pero como estamos abordando una materia que tiene que ver con la producción de alimentos, daré a conocer algunos párrafos del diario El Llanquihue del viernes 5 de enero de 1973, cuyo ejemplar tengo a la mano. Este periódico se edita en una provincia fundamental para el abastecimiento agropecuario de nuestro país. ¿Qué dice El Llanquihue, reproduciendo quejas de los agricultores de la zona, los cuales no son grandes latifundistas, como se pretende, sino gente de trabajo y, en su abrumadora mayoría, pequeños y medianos agricultores? Tomas, robo de ganado, escasez de abonos y elementos sufre agricultura. Considero conveniente que tales hechos los conozca también el país, a fin de que cuando se busquen los responsables se sepa dónde están. Y ellos no se encuentran precisamente entre la gente de trabajo de nuestro país, entre los pequeños y medianos agricultores. Por eso, solicito insertar ese artículo del diario mencionado, en el cual figuran las declaraciones y reclamaciones de los agricultores de la provincia de Llanquihue. La Sala accede a la solicitud del señor Senador. El artículo cuya publicación se acuerda es el siguiente: Descarnada realidad agropecuaria exponen a Intendente: TOMAS, ROBOS DE GANADO, ESCASEZ DE ABONOS Y ELEMENTOS SUFRE AGRICULTURA. Una detenida y cordial entrevista con el representante del Gobierno, Intendente Oscar Ramos Garrido, tuvieron días antes de finalizar 1972 dirigentes de la Asociación de Agricultores de la provincia (AGROLLANQUIHUE) y de la Federación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas (FESIEMA). En tono de comprensión mutua los representantes del agro de Llanquihue plantearon al Intendente Ramos en forma descarnada y certera cuáles son los problemas que sufren y las necesidades para buscar las soluciones. Asistió a la entrevista el Jefe de los Servicios conexos del agro de la provincia, vale decir, CORA, SAG e INDAP, ingeniero Luis Gajardo, quien es asesor del representante del Ejecutivo en materias agrícolas. Entrevista para El Llanquihue. Al conceder una breve entrevista a reporteros de este diario, los dirigentes Juan Stolzembach, de Agrollanquihue, y Teobaldo Klein Munzenmayer, de Fesiema, indicado que se plantearon al Intendente Oscar Ramos principalmente los problemas creados con las sucesivas tomas ilegales de fundos, robos de ganado, madera, asaltos a personas y otros latrocinios cometidos por los usurpadores de tierras. Agregaron los informantes que además se dio cuenta al representante del Poder Ejecutivo la grave falta de insumos tales como fertilizantes, abonos, pita sisal, alambre para enfardar y cierros, clavos, cemento, semillas forrajeras, etc. Asimismo, pidieron al Intendente que intervenga para que se fijen los precios oficiales de tales insumos, ya que en la actualidad existe escasez y aparte de eso especulación en las ventas, lo que afecta a los agricultores de toda categoría, ya sean grandes, medianos y pequeños trabajadores de la tierra. Productos agropecuarios Pedimos al señor Intendente que se fijen los nuevos precios a los productos agropecuarios, lo que aun están a nivel antiguo respecto al alza del 100% de los sueldos y salarios, dijo el Presidente de Fesiema, quién manifestó que el asesor del Intendente en materia agrícola Luis Gajardo les había expresado que se estaba realizando un estudio de costos a nivel nacional. Enfatizó en seguida que se planteó a la autoridad administrativa provincial que se haga un estudio diferenciado con respecto a la provincia de Llanquihue en que se considere un margen de utilidades estimado en 10 por ciento para los cereales y de 20 por ciento en remolacha azucarera. Señaló don Juan Stolzembach que para los agricultores que son los afectados y los mejor llamados para estudiar la solución de sus problemas resulta una ironía, un absurdo y un acto antidemocrático no incluir en tales estudios a miembros de una comisión técnica de los propios agricultores. Sin cuota de fertilizantes. El panorama para la agricultura de la provincia no es muy alentador si se considera que el técnico Gajardo les informó que este año no habrá cuota de fertilizantes fosfatados para empastadas, considerándose únicamente cuotas para las siembras. Esto vendrá a constituir una verdadera ruina para la agricultura de nuestra provincia. Es un impacto negativo para Llanquihue, por cuanto específicamente es bien conocido y archisabido que la producción básica mayor son los productos tales como leche y carnes, que dependen directamente de las empastadas, declararon a este diario los dirigentes Stolzem­bach y Klein Munzenmayer, ayer en la sede oficial de Agrollanquihue. Tribunal Agrario. Sobre el no funcionamiento del Tribunal Agrario Provincial, el Intendente manifestó a los dirigentes agrícolas que se había pedido por oficios a los Ministerios de Justicia y del Trabajo, la constitución legal de este organismo, el que adolece de falta de representantes en varios cargos y que no funciona desde hace algún tiempo, dejando insolubles problemas vitales que se generan en toda la provincia. Ocupaciones ilegales. Respecto a las frecuentes tomas de fundos y predios agrícolas menores que se registran en la provincia se entregaron al Intendente Ramos todos los antecedentes de los fundos que se tomaron ilegalmente grupos de trabajadores del campo y no afiliados durante 1972. Se dijo que los fundos que estaban usurpados a sus legítimos dueños eran 14, pero que últimamente han sido restituidos a sus dueños dos de ellos. Se trata de los fundos de propiedad de Marcelo Negrón, en Fresia, y de Clodomiro Stange, en la comuna de Los Muermos. Respecto al problema creado en el predio del agricultor Arturo Schroeder, ubicado en la comuna de Puerto Montt, el conflicto que se había creado ha sido solucionado, de modo que también estas tierras serán entregadas a su verdadero propietario. Hurto de ganado. Otro de los problemas serios generados en los fundos de la región ha sido en el reciente año 1972 el abigeato. Se ha comprobado que el hurto de ganado y beneficio del mismo llegó a límites alarmantes en la provincia, especialmente en la comuna de Fresia, donde los ladrones se festinearon con el producto del robo de ganado. Así, por ejemplo, al agricultor Sergio Díaz Cárdenas, de Fresia, le hurtaron y beneficiaron 34 animales vacunos en el año que acaba de terminar. A los hermanos Schweiter y al señor Appel, también de Fresia, les hurtaron y carnearon 53 animales vacunos en total, lo que demuestra el grave daño que se perpetró en la economía de los mencionados agricultores. Asimismo, se perjudicó a don Claudio Caldumbide con el hurto de 80 ovejas y 3 vacunos. Se hicieron las denuncias respectivas a la policía, pero no se logró detener a los ladrones. Como se puede apreciar, es bastante desolador el panorama que se cierne sobre la agricultura en esta provincia, una de las que tiene el mayor índice en producción de papas y que poseía gran producción agropecuaria hasta hace poco. El señor IRURETA.- Para terminar, queremos destacar el hecho de que en esa propaganda destinada a culpar a la Oposición de la corruptela del mercado negro, vemos un afán de provocación hacia el cual no nos vamos a dejar arrastrar. Sabemos que la abrumadora mayoría del país respalda hoy día a los partidos de Oposición. Sabemos que ésta obtendrá una neta victoria democrática en las elecciones de marzo. Y cualesquiera que sean los porcentajes que se alcancen, no nos cabe duda de que será una victoria para la Oposición y una derrota para el Gobierno. No estamos jugando a exasperar a nadie. Los democratacristianos hemos hecho una oposición democrática y progresista, y por ningún motivo nos apartaremos de esa línea, ni ahora ni en la victoria. Por eso mismo, advertimos que no nos vamos a dejar provocar cuando en estos días vemos a gente, que aquí posa de muy sensata y de mucha serenidad, perder los estribos en sus exposiciones radiales, en las cuales injurian y calumnian con una bajeza que nosotros podemos esperar de muchas personas en este país, menos de parlamentarios de Gobierno a quienes siempre hemos visto comportarse con serenidad. Debemos advertir que no los, seguiremos en ese juego, que no caeremos en la provocación a la que nos quieren arrastrar, porque, si no quieren que haya elecciones y pretenden que en este país se produzcan incidentes o sucesos que justifiquen la interferencia del proceso democrático que debe desembocar en las elecciones de marzo, los democratacristianos no estaremos en ese juego y no nos pres­taremos para que ningún sector del oficialismo pueda interferir en el desarrollo normal del proceso electoral. Por eso, la Democracia Cristiana, con mucha tranquilidad de espíritu, aprobará la idea de legislar en este proyecto de ley. Insisto en lo que dije al comienzo de mi exposición: aprobaremos en general la iniciativa, tal como lo hicimos en la Comisión de Legislación y Justicia, e introduciremos algunas indicaciones para mejorar la eficacia del proyecto. Algunas de ellas fueron formuladas en la propia Comisión. Reiteramos que el problema económico, de nuestro país, el problema del abastecimiento, del acaparamiento, de la especulación y el mercado negro, no se resolverán con este proyecto ni por muchas leyes que se dicten, sino cuando el Gobierno rectifique profundamente la errónea política, económica que ha desarrollado hasta el momento. Es cuanto deseaba manifestar. El señor PALMA (Presidente).- Restan quince minutos al Comité Demócrata. Cristiano. El señor CARMONA.- Los reservamos, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Señor Presidente, Honorable Senado, quiero fundar el voto favorable del Partido Radical a la dictación de este proyecto de ley sobre delito económico. Procedemos en esta forma porque nuestra colectividad ha procurado permanentemente la aprobación de leyes de tal naturaleza. Al respecto, cabe destacar que algunas de las vigentes en esta materia, porque no son lo suficientemente eficaces, se dictaron también con el patrocinio del Partido Radical. A mi juicio, ningún sector debería oponerse a la promulgación de leyes de esa especie, y todos, de alguna u otra manera, deberían entregar su cooperación y apoyo para aprobar la iniciativa en debate en las mejores condiciones posibles, en la forma más eficiente. No nos imaginamos que alguien pueda oponerse a tales normas, a menos que realmente desee ocultar o defender a quienes han estado especulando permanentemente, haciendo víctimas a los consumidores de delitos económicos, que tienen muchas facetas. Por eso, me ha extrañado profundamente y quiero dejar expresa constancia de ello la intervención histérica del Honorable señor García para señalar la posición contraria del Partido Nacional a este texto legal, actitud que no puedo justificar de manera alguna. El señor Senador formuló una crítica al Gobierno: afirmó que existen colas, que se realizan registros ilegales de los negocios, que el mercado negro es culpa del Ejecutivo, e inclusive, que tales actividades las llevan a cabo las empresas estatales. Sucede, sin embargo, que el Honorable señor García desea que tal situación continúe, que sigan las colas y que se persista en el ocultamiento de productos. El señor GARCIA.- Quiero que el Gobierno haga algo. El señor LUENGO.- Su Señoría no quiso que lo interrumpieran. Por lo tanto, no me interrumpa ahora y déjeme hablar. El señor GARCIA.- Me interrumpieron todo el tiempo. El señor LUENGO.- El Honorable señor García formuló aquí una dura crítica, en nombre del Partido Nacional. No lo hizo a título personal. Y Su Señoría anunció que el Comité de su colectividad se opondría a cualquier acuerdo destinado a aprobar este proyecto con mayor rapidez. Señor Presidente, ¿qué sanciona la iniciativa en debate? El señor GARCIA.- Nada. El señor LUENGO.- Podemos aceptar que la iniciativa no es perfecta y que es necesario introducirle algunas modificaciones; y tanto es así que los personeros y parlamentarios de Gobierno hemos estado permanentemente dispuestos a aceptar las enmiendas propuestas por la Oposición que contribuyan a transformarla repito en un texto legal más eficiente. Pero el Honorable señor García ni siquiera desea discutir la materia, y anuncia que votará en contra de la idea de legislar. Ni siquiera se atreve a proponer indicaciones que puedan mejorar el proyecto, a fin de terminar con las anomalías que él mismo mencionó. En forma muy rápida y a manera de ejemplo, quiero citar algunas de las normas en estudio. El artículo 1º.- castiga al que requerido en conformidad a la ley, presentare a sabiendas una declaración falsa o proporcionare antecedentes falsos a la autoridad competente sobre actividades de la producción o distribución de bienes,... El inciso tercero dispone que Si debido a la declaración falsa o al suministro de antecedentes falsos hubiere obtenido un beneficio o ganancia que exceda a aquel que hubiere correspondido legítimamente sin estas circunstancias, se impondrá, además de las penas señaladas al delito, a la persona natural o jurídica beneficiada, una multa no inferior al monto de dicho beneficio ni superior al triple de él. El artículo 2º.- sanciona al que sin causa justificada destruya o elimine artículos declarados de primera necesidad o de uso o consumo habitual destinados al mercado, causando o pudiendo causar perjuicio grave a la colectividad,... El artículo 3º.- castiga al que sin causa justificada destruya o inutilice maquinarias, instalaciones, plantíos, sementeras o cualquier otro bien de capital o materias primas u otros elementos destinados a la producción de cualquiera especie,... El artículo 4º.- sanciona al que produzca o adquiera y retenga grandes cantidades de materias primas o productos con el propósito de obtener ganancias indebidas o alterar los precios naturales del mercado. El artículo 5º.- dispone que si los delitos sancionados por los artículos 2º, 3º, inciso primero, y 4º, se hubieren perpetrado con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o la economía públicas, la pena establecida en dichos preceptos se aumentará en un grado. El artículo 6º.- castiga al productor o comerciante que sin causa justificada niegue la venta al contado de cualquier artículo o producto, o cobre un precio superior al máximo señalado por la autoridad competente o al precio natural del mercado, o condicione su venta,... Por último, el artículo 7º.- prescribe que El empleado público que, haciendo prevalecer su investidura, participare en la comisión de alguno de los delitos sancionados por la presente ley, será castigado, además, con la peña de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos. Del tenor de las disposiciones a que he dado lectura muy rápidamente, se concluye que la iniciativa pretende establecer una serie de normas tendiente a evitar todas las anomalías económicas, todos los pequeños y grandes delitos económicos que cometen los comerciantes, los particulares o los funcionarios públicos. Sin embargo, el Partido Nacional califica al proyecto de electorero, afirmando que se trata de una iniciativa destinada fundamentalmente a ganar votos para la Unidad Popular en las próximas elecciones, y a las cuales supone que le tenemos mucho miedo, en circunstancias de que permanentemente hemos estado defendiendo el derecho a que en Chile haya comicios. Con esto respondo también al Honorable señor Irureta, quien presume que nosotros, o algunos de nosotros, deseamos que no haya elecciones. En Chile se han hecho paros sediciosos, y se ha intentado una serie de actitudes, torciendo un poco la nariz a la ley y a la Constitución, con el objeto fundamental de provocar una situación difícil en el país, un enfrentamiento, para evitar las elecciones. Este proyecto de ley no persigue fines, electorales. Tampoco su presentación es, reciente, pues hace ya bastante tiempo que se viene discutiendo en el Congreso. Se aprobó primero en la Cámara, y durante largo tiempo ha estado sometido a la consideración del Senado. No obstante ello, ahora se afirma que el Gobierno no lo incluyó oportunamente en la convocatoria extraordinaria y que por su culpa la iniciativa no se ha tratado. Pero ocurre que el Honorable señor García, junto con anunciar ahora que votará en contra de la iniciativa, advirtió que no daría ninguna facilidad para permitir un acuerdo de Comités destinado a despacharla con mayor rapidez. Creo que para tener una actitud consecuente, todos los sectores deberíamos dar nuestros votos favorables a, esta iniciativa. A la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual formo parte actualmente me está reemplazando un colega mientras dura la campaña electoral; pero asistí a las primeras reuniones en que se discutió este articulado, se invitó a algunos profesores y a personeros, del comercio, quienes dijeron que el proyecto repetía algunas disposiciones vigentes en otras leyes. Pero nosotros hemos, comprobado que tales normas han resultado insuficientes, que su aplicación no ha permitido poner término a los delitos, económicos que se vienen cometiendo, fundamentalmente por comerciantes inescrupulosos o acaparadores, que esconden los productos, de donde provienen el desabastecimiento y las colas, que el Partido Nacional desea mantener. La actitud de dicha colectividad en esta materia es muy clara, especialmente frente a las próximas; elecciones parlamentarias: desea que se mantenga la situación actual y que ojalá haya colas en todas las esquinas. Conozco la acción que Patria y Libertad desarrolla en Temuco: en cuanto el camión que distribuye los cigarrillos los entrega a los encargados de venderlos, integrantes de Patria y Libertad hacen bajar numerosas personas que llevan en camionetas para que hagan colas, a fin de comprar cigarrillos, para dar una imagen distinta de la real. Destaco esta actitud del Partido Nacional, que denunciaremos públicamente. En el fondo, con ella se pretende defender a los comerciantes inescrupulosos, que son los que están cometiendo delitos económicos. El resto del tiempo del Comité Radical lo cedemos al señor Ministro. El señor PALMA (Presidente).- Quedan cuatro minutos al Comité Radical. El señor GARCIA.- Pido que no se elimine de la versión ninguna de las palabras del señor Senador ¡Responsables los comerciantes...! La señora CARRERA.- Para fundar la necesidad de aprobar una ley que sanciona el delito económico, es necesario analizar lo sucedido en la economía en nuestro país durante el último tiempo. Al asumir el poder el Gobierno de la Unidad Popular, nos encontramos con una economía típica de país subdesarrollo, agravada por la campaña del terror orquestada para impedir el triunfo de Salvador Allende antes del 4 de septiembre, y por la campaña del terror económico montada por la ITT, en que tan destacado papel jugó el ex Ministro de HaciendaAndrés Zaldívar. ¿Cuáles eran algunas de las características de esta economía dependiente? Dependencia en la producción de cobre, que estaba en manos extranjeras; en materia de divisas; agricultura atrasada, en manos de latifundistas, que siempre obligó a importar alimentos; trabajadores racionados en su consumo por el sistema capitalista mediante los bajos salarios; una gran masa excluida del consumo por la cesantía, y una industria que producía al 50% ó 70% de su capacidad instalada, porque no tenía consumidores. Veníamos saliendo de un período excepcionalmente favorable para nuestra economía, ya que el señor Frei tuvo los más altos precios del cobré jamás obtenidos, además de enormes préstamos extranjeros, que hicieron subir a más de 4.000 millones de dólares la deuda externa, una de las mayores del mundo per cápita. ¿Y cuál fue la situación social en el período del señor Frei? La más larga huelga de profesores; huelgas del personal del Servicio Nacional de Salud, en Correos y Telégrafos, en que las mujeres hicieron huelga de hambre para ser escuchadas; del Poder Judicial; descontento absoluto en las Fuerzas Armadas por el trato injusto y vejatorio a que fueron sometidas y que culminó en el tacnazo, que fue un movimiento gremial, probablemente a despecho de quien lo dirigía, personaje que ahora ha declarado públicamente tener excelentes amigos en la Democracia Cristiana, especialmente determinado Senador. Aparte esto, la única solución a los movimientos gremiales fue la represión de todo tipo, despido masivo de obreros en el campo, entre los trabajadores portuarios (800 de una sola vez), en El Salvador y en decenas de otros lugares. Pero en ocasiones decidían que esa represión no era suficiente, y así se efectuaron masacres como la de El Salvador, Pampa Irigoin, Puente Alto, Plaza Almagro, etcétera. Este fue el país del cual se hizo cargo la Unidad Popular, con una dependencia económica que se había agravado y una situación social desesperante para la gran masa de los trabajadores. La política de la Unidad Popular apuntó hacia una rápida redistribución del ingreso, absorción de la cesantía, nacionali­zación de nuestras riquezas básicas, erradicación del latifundio, estatización de los bancos y formación del área social de la economía. Es explicable que en la ejecución de tan vasto plan para edificar una sociedad más justa se hayan cometido errores, haya habido desfases en la actividad económica, se produjera un aumento de la demanda, mayor de la que se puede absorber, y que apareciera la escasez de algunos artículos. Ello está dentro de lo previsible; pero en Chile el fenómeno se ha complicado mucho más allá de lo que suponían las personas que creen en la democracia. Una Oposición rabiosa, llena de odio pero que defiende fríamente sus privilegios, ha montado toda clase de agresiones económicas a las clases proletarias, que por falta de tiempo no puedo analizar una a una, pero que van desde el boicotear el cobre, hasta la organización del acaparamiento y el contrabando a los países limítrofes. Deseo que se entienda claramente que no desconocemos que podemos haber cometido errores, haber hecho falsas apreciaciones y que en muchas ocasiones hayamos carecido de la agudeza suficiente como para prevenir las acciones del enemigo y no haber apreciado en sus verdaderas dimensiones la notificación de que preferían arrasar con Chile y empezar de cero. Y ésa es la realidad: el enemigo está decidido a que este país siga sirviendo a la burguesía y al imperialismo, o a liquidarlo. Afortunadamente los trabajadores son más que los privilegiados y están tan decididos como ellos a defender lo que es suyo y a. seguir avanzando. Durante el fracasado paro de octubre, en que la burguesía se jugó junto al imperialismo, que puso el financiamiento en dólares y la asistencia técnica, se vieron los más extraños fenómenos gremiales, como el apoyo del estirado gremio médico a los camioneros, a quienes días antes difícilmente habrían clasificado entre los pitecantropus erectus lo digo porque los conozco y que ni siquiera reclamaron cuando murió un dirigente democratacristiano a causa de una huelga del Servicio Nacional de Salud, y el paro de los miembros del Colegio de Abogados, a quienes la justicia les importa tan poco, que aún no reclaman ni hacen huelga por el fallo de la Corte Marcial que asigna a los asesinos del Comandante en Jefe del Ejército una pena menor de la de quienes se roban una vaca. En fin, no analicemos la vergonzosa actitud de nuestros colegios profesionales, que en vez de decir honestamente Tenemos miedo de que nos quiten nuestros privilegios; nos cargan los rotos, aunque ellos paguen en definitiva nuestra educación, pero así es la vida, se escudan hipócritamente en la libertad de trabajo de los camioneros presuntamente amenazada. No sigamos analizando este triste episodio, que para muchos significa pérdida de la dignidad y, para otros, la satisfacción del deber cumplido con los enfermos, con los niños de Chile, con la patria y con la humanidad. Después de ese triste paro de octubre, tan pedagógico para el proletariado, la incansable actividad del enemigo externo e interno ha buscado un nuevo cauce. La agresión económica al proletariado se ha organizado en otra forma. Aprovechando los problemas propios de un proceso de cambios, ahora se trata de acentuar la especulación, el acaparamiento y el mercado negro, sin dejar de lado, por cierto, el contrabando a los países limítrofes, al cual son tan entusiastas algunos miembros del Poder Judicial. Es así como en estos momentos vivimos la más dura agresión económica instrumentada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, abundantemente financiada desde el extranjero. Toda clase de delitos son perpetrados contra el pueblo, al amparo de una legislación insuficiente para defender a los ciudadanos honestos del país y de la excesivo tolerancia que ha tenido el Gobierno. El pueblo debe saber que la producción aún continúa en 75% en manos privadas. En el campo, muchos latifundistas que aún quedan, no siembran, boicotean la producción en forma organizada y se encargan de atemorizar a los medianos agricultores para que tampoco siembren; venden su ganado al mercado negro, falsifican guías de libre tránsito y trasladan animales de un punto a otro del país para beneficiarlos, aunque sean vacas preñadas. Lo mismo ocurre con los corderos y las ovejas, que son enviados al mercado negro. CENADI controla sólo el 50% de la producción de pollos, y el resto es vendido en 90 % por los productores particulares al mercado negro. Estos productores reciben el maíz que necesitan para alimentar sus pollos, importado con dólares que pertenecen a todos los chilenos, a Eº 2 el kilo. Muchos de ellos, sin criar pollos, se hacen millonarios vendiendo el maíz en el mercado negro, donde se cotiza a Eº 12. Ya existe toda una organización para el mercado negro de los pollos. En elegantes automóviles se venden pollos en la avenida Kennedy, se ofrecen de casa en casa. Ayer descubrimos en Moneda esquina de San Martín dos grandes tarros llenos hasta el tope de pollos en mal estado, y esto ocurre todas las semanas. Estamos investigando de qué se trata. Puede ser otra faceta de este boicot económico, que lo único que persigue es el hambre del pueblo. Los productores no venden a DINAC; este organismo sólo distribuye el 25% de la producción nacional de abarrotes. Durante el paro patronal de octubre distribuyó casi el 100%, y en las poblaciones la gente dice que nunca estuvo tan bien abastecida como entonces. De ahí que debe estudiarse adónde va ese otro 75% de la producción y cuáles son sus canales de distribución. Gran parte debe de ir al extranjero y otra parte considerable debe de ser acaparada en los más diversos lugares. Varias veces, todos los días, se descubren negocios que tienen acaparadas toneladas de alimentos. El último de que tengo conocimiento se descubrió en González Albano, donde se encontraron inmensas cantidades de todo tipo de cosas; y donde venden en forma condicionada 1/8 de aceite, había ocultos cien tambores de dicho artículo. Pregunta: ¿Quién financia estos acaparamientos? Porque cuando una habla con comerciantes honestos, ellos dicen que viven de lo que venden, y que si no venden no viven. Ayer se descubrió en calle Manzano 233 un acaparamiento de 40.000 latas de conservas, 2.500 litros de aceite, té, yerba mate, harina, etcétera. Hace poco apareció un depósito de carne en San Joaquín pasado la Carretera Panamericana Sur. Había allí 40 vacunos y abundante carne de cerdo, todo ello destinado al mercado negro. El 4 de enero se descubrió otro acaparamiento: el de don Francisco Lorca, distinguido miembro de Patria y Libertad, distribuidor de tabacos de San Bernardo, quien tenía balas, azúcar, chupetes de guagua, té, mantequilla. Hay cientos y cientos de este tipo de hallazgos, demasiado coordinados para ser casuales. Y el negocio es doble: por una parte estos comerciantes inescrupulosos se enriquecen como nunca antes, y por otra, logran causar irritación, cólera, amargura entre el pueblo, pues se culpa al Gobierno de toda la escasez. Está probado que por lo menos un partido de la Oposición entiendo que deben de ser varios está empleando el acaparamiento como medio para ganar votos. Ese partido es el Demócrata Cristiano. La señora Juana Dip, candidata a Diputado, va a los centros de madres a ofrecer a quienes formen un comité para ella y el señor Frei 120 litros de aceite al mes, y reparte tarjetas de racionamiento con las cuales las señoras pueden ir a comprar al mercado Presidente Ríos, donde tiene un depósito, y en otros lugares de Santiago, donde también hay depósitos de la Democracia Cristiana. El grosero ofrecimiento consiste en que el centro de madres, entrega 2.000 escudos, y ella entrega mercaderías por valor de 4.000 escudos. Esta denuncia es muy grave, y como no quiero hacerla protegida por mi fuero, la formularé públicamente. Así se puede apreciar que el acaparamiento tiene una doble finalidad: producir escasez y facilitarles el trabajo electoral a algunos partidos de Oposición. Pero creemos que esta nueva agresión económica al pueblo va más allá y que hay una gran conjura en contra del Gobierno de la Unidad Popular por este medio podría dar muchos otros ejemplos, pero el tiempo es escaso y quiero ceder los minutos que me restan al señor Ministro. El señor PALMA (Presidente).- Que­dan siete minutos del Comité de Su Señoría. Tiene la palabra el señor Ministro. El señor JEREZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro? El señor FLORES (Ministro de Hacienda).- Con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor JEREZ.- Seré breve, porque hemos cedido parte de nuestro tiempo al señor Ministro, a fin de que él pueda expresarse con amplitud. Deseo hacer una observación de carácter general en torno de algunas intervenciones de Senadores de Oposición que han responsabilizado de manera directa al Gobierno o a las autoridades de la existencia del mercado negro, respecto del cual se pueden señalar no sólo los casos mencionados por la Honorable señora Carrera, sino muchos otros más, de personas que ni siquiera son comerciantes, sino particulares que no hacen del comercio su profesión habitual y que son autores, cómplices, encubridores o beneficiarios. Y ello no ocurre solamente en personas fáciles de identificar, porque uno no anda a la pesquisa de ellas. Por ejemplo, en sectores de Santiago se ve gente que no tendría por qué estar interesada en operar en el mercado negro, porque es de situación más que acomodada. Es fácil ver automóviles en los cuales hay personas que ni siquiera son de clase media y, sin embargo, hacen todo tipo de negocios y transacciones en las calles principales, e incluso van casa por casa ofreciendo mercaderías acaparadas, naturalmente que a precio ilegal. En este sentido, creemos que el problema debe ser analizado en forma seria y no adoptarse una actitud como la del Senador señor García, de aprovecharse del tono del debate o de la poca atención que se prestaba a sus palabras para expresar amenazas a fin de justificar el día de mañana posiciones que en el fondo impliquen destruir el proyecto. A mi juicio, esta legislación debe ser aprobada por todos los que quieren el saneamiento de la economía. Y en ello quiero ser muy categórico: si el mercado negro implica responsabilidades para particulares, estamos de acuerdo en que, tal como lo establece el proyecto, sean sancionados. Pero también estamos de acuerdo y en esto el Gobierno ha sido consecuente en hacer responsable y castigar a cualquier funcionario público o autoridad que directa o indirectamente contribuya a la existencia del mercado negro o tenga alguna cuota de culpa. El Ministro señor Insunza ha sido tan categórico al respecto, que él mismo entregó una indicación, que fue aprobada en la Comisión, que inhabilita perpetuamente a los funcionarios públicos incluso aumenta las penas en relación con otros culpables copartícipes del delito. Quiero ser muy claro en esta materia: ningún dirigente responsable de la Unidad Popular, ni a pretexto de actuar en el plano de la división tradicional de Izquierda y Derecha, de Oposición y Gobierno, puede cohonestar, ni siquiera a un militante de su propio partido, acto alguno de ninguno de los funcionarios públicos que de alguna manera puedan ser cómplices de la situación que vive el país. En esto somos absolutamente categóricos: exigimos de nuestros propios compañeros que ejercen funciones en el área de la economía, la mayor diligencia, tanto para aumentar la producción como para extirpar estos males del ámbito general del país, y responsabilizamos a los funcionarios que puedan cometer alguna incorrección en este aspecto. En segundo lugar, quiero hacer una reflexión muy breve respecto de una observación formulada en la sesión pasada por el Honorable señor Irureta. En esa oportunidad, le solicité una interrupción que, por desgracia, no me concedió. El señor Senador hizo un parangón entre la situación actual de Chile y la de la Francia ocupada. A nuestro juicio, fue una comparación desproporcionada, pero sirve para sacar algunas conclusiones. En 1940, Francia estaba ocupada por el fascismo. Y no tiene absolutamente nada que ver la situación que hoy vive Chile con la de un país que ha sido derrotado en la guerra. Por el contrario, momentos o sucesos históricos, como la propia Revolución Francesa, de la cual lo que queda es el recuerdo de los grandes valores que aportó a la humanidad, también sufrió el flagelo del mercado negro y de la especulación, en especial por parte de aquellas clases que se defendían de lo que ello significaba como proceso de avance en ese tiempo. En el caso muy concreto de Francia, debe recordarse que quien le infligió esa derrota, esa humillación y la llevó a situación tan deplorable como la que mencionó el Honorable señor Irureta, fue el fascismo, y quienes contribuyeron al triunfo de éste en Europa y a la derrota de Francia, fueron aquellos demócratas que, por pánico... El señor GARCIA.- ¡La Rusia Sovié­tica...! El señor JEREZ.- Señor Senador, yo guardé silencio cuando usted hablaba. Por favor, tenga la bondad de no molestarme. El señor PALMA (Presidente).- Han terminado los cinco minutos de la interrupción que le concedió el señor Ministro, Honorable señor Jerez. El señor JEREZ.- Señor Presidente, es a la inversa: yo estoy haciendo uso de mi tiempo, y a continuación hablará el señor Ministro. Por favor, tenga claras las cosas. Los responsables, entre otros, de la entronización del fascismo fueron aquellos demócratas que, por temor a los avances sociales, históricos en ese momento, del Frente Popular, preferían a Hitler antes que el pueblo subiera al poder en países como Francia, o en los que no se defendieron con vigor de la agresión fascista, como España. De esto hay claros recuerdos y, en especial, los vascos deben de hacer memoria sobre el particular. Por eso, insisto en que una situación como ésta también debe hacer reflexionar, no sobre hechos circunstanciales como es el mercado negro situación que, a la postre, superan los países que avanzan, porque hay cosas más importantes que las contingencias en un proceso revolucionario, sino sobre la circunstancia de que quienes más lamentaron después la entronización del facismo los cincuenta y tantos millones de muertos; el retroceso cultural, histórico y humano que significó ese lamentable fenómeno fueron los que en esa época fueron sus cómplices por debilidad y los que abrieron el camino por temor a las transformaciones, que son inevitables, ahora mucho más que hace treinta años. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor IRURETA.- Señor Presidente, solicito que se me concedan dos minutos, con cargo a mi tiempo, para hacer una aclaración al Honorable señor Jerez. El señor FLORES (Ministro de Hacien­da subrogante).- ¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- De treinta y tres minutos. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- En estas condiciones, sólo cedería un minuto al Honorable señor Irureta. El señor MONTES.- La intervención del señor Senador sería con cargo al tiempo de su Comité, señor Ministro. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- Perfecto. Mucho mejor. El señor IRURETA.- Sólo deseo decir que puede ser válida la digresión del Honorable señor Jerez, pero tiene muy poco que ver con lo que señalé hace días en la Sala en relación con el mercado negro en Francia. El hecho concreto es que ese país atravesaba por una situación en extremo aflictiva: estaba invadida por un ejército extranjero, y eso explica, y también justifica, situaciones como el mercado negro que vivió ese país. También hubo mercado negro en la Unión Soviética después de la revolución: había guerra civil; inclusive esa nación estaba invadida por tropas extranjeras. Es decir, tales hechos ocurren en situaciones de extrema crisis como las que señalé. Pero en Chile, a menos que admitamos que estamos invadidos por la Unidad Popular y por sus funcionarios ineptos, no hay otra razón que explique y justifique hechos como el mercado negro. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor FLORES (Ministro de Hacien­da subrogante).- El Ejecutivo ha estimado conveniente que el Ministro de Hacienda se haga presente en esta Sala para plantear la posición general del Gobierno respecto de los problemas de distribución y comercialización. Ello obedece a la discusión misma del proyecto de delito económico y, también, a la necesidad del Ejecutivo de hacer una exposición nacional sobre el problema, tarea que ha encomendado al Ministro que habla. Al respecto, adelantaré algunos juicios en esta Sala. Leeré mi exposición saltándome los párrafos que estime conveniente a fin de encuadrarme dentro del tiempo de que dispongo. Ruego al señor Presidente avisarme cuando falten cinco minutos para el término del tiempo, con el objeto de ceñir­me a la idea central. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se prorrogará el tiempo de que dispone el señor Ministro, retrasando, al mismo tiempo, la hora de término de la sesión. El señor JULIET.- No, señor Presidente. Votemos a la una y cuarto. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- Las causas del problema. Las causas fundamentales de estos problemas están en la acción de los principales grupos perjudicados por el programa de profundas transformaciones económicas y sociales que impulsan el Gobierno y la masa trabajadora. La Unidad Popular asumió las responsabilidades del Gobierno con un programa de carácter claramente revolucionario. Ese programa era y es la respuesta histórica de la clase obrera y de amplios sectores populares a un sistema social que se había desarrollado bajo el signo de la dominación imperialista monopólica y latifundista, y la respuesta a un sistema en que los frutos del trabajo de millones de chilenos eran apropiados por una minoría nacional privilegiada y por los voraces grupos imperialistas que explotaban nuestra riqueza y nuestro mercado interno. El Gobierno popular tenía y tiene una de sus principales razones de ser en la derrota de cada uno de esos enemigos del pueblo, con el propósito de hacer de Chile una nación soberana y verdaderamente democrática, y de echar las bases para la construcción del socialismo. El cumplimiento de esos propósitos ha impuesto la ejecución rápida y firme de medidas destinadas a romper los lazos de dependencia y a destruir el poder monopólico y latifundista. Al mismo tiempo, se buscó y se logró, como conquista inseparable de lo anterior, mejorar a corto plazo los niveles de vida del pueblo mediante el aumento de las remuneraciones laborales y la expansión del empleo y de los servicios de utilidad social. Nunca hemos pensado que las tareas liberadoras se podrían realizar sin que se produjeran conflictos de significación entre los sectores populares, por un lado, y los grupos reaccionarios y el imperialismo, por el otro, y sin que se originaran dificultades como consecuencia de los conflictos. En cuatro planos los enemigos de la patria y del progreso han desatado en forma articulada su lucha contrarrevolucionaria: en primer lugar, mediante su influencia en otros Poderes de la Repú­blica, han hecho lo imposible por evitar la realización del programa popular y por crear trabas al proceso. Han formado la Oposición más negativa y destructiva en la historia reciente de Chile. En esa labor han contado a su favor con el viejo aparato estatal, que estaba y está destinado fundamentalmente a administrar el capitalismo y no a transformar. En segundo lugar ha estado la conspiración para derrocar al Gobierno, tarea a que se han abocado sectores significativos de la Oposición interna, en asociación con las agencias o los agentes de los intereses foráneos. En tercer lugar, los grupos reaccionarios se han empeñado a fondo en una gigantesca campaña de falsificación de noticias, de mentiras, de difamaciones e instigaciones que varían en la forma, según los órganos de divulgación, pero que mantienen su contenido permanentemente calumnioso. Todo, con el objeto de confundir al pueblo y de hacer creer a algunos sectores que la responsabilidad de los problemas que hoy se presentan cabe al Gobierno y a las fuerzas que lo apoyan, y no, como es la verdad, a la reacción encarnizada de la minoría perjudicada por el proceso de cambios. En cuarto lugar, en el plano económico, los adversarios de Oposición han utilizado previamente sus posiciones de poder, que todavía son importantes, para crear toda suerte de problemas al abastecimiento del país y al consumo de los chilenos. Para ello, han recurrido a todas las mañas aprendidas en la experiencia de su dominación secular, así como al conocimiento práctico que tienen de la operación del sistema capitalista, que es su razón de ser y que defienden hasta las últimas consecuencias. Los enemigos del pueblo empezaron su actividad antipatriótica tratando de crear inseguridad en miles de pequeños productores y comerciantes que nada tienen que perder con la destrucción de los monopolios y de los latifundios; buscaron la descapitalización de las grandes empresas industriales y de las grandes propiedades agrícolas que deberían pasar al área social de la economía o a manos de los campesinos, dejándolas en las peores condiciones de funcionamiento; intentaron anular la redistribución del ingreso realizada en beneficio del pueblo, retirando bienes de consumo del mercado regular para ser vendidos a precios especulativos; han especulado con mercancías, dólares y hasta con la paciencia del Gobierno y del pueblo; dieron lugar a la formación de una verdadera economía del mercado negro, la forma más degenerada del funcionamiento de un sistema capitalista. Y, en el plano externo, los grupos imperialistas adversarios de nuestra revolución han pasado a realizar el más drástico bloqueo de divisas, de gran significado para una economía fuertemente endeudada por Gobiernos anteriores. Durante los primeros meses de Gobierno, los problemas no se hicieron sentir con gravedad. Había importantes márgenes de capacidad ociosa en las actividades de producción de bienes y servicios, lo cual permitía aumentar el nivel de vida popular sin comprometer en forma contundente los ingresos de las minorías privilegiadas. Además, el boicot económico interno y externo estaba sólo en sus comienzos, y faltaba tiempo para que se produjeran sus peores efectos. Asimismo, algunos sectores hoy día fuertemente contrarrevolucionarios creían que sería posible frenar, mediante conciliaciones, la ejecución del programa revolucionario. El decidido avance en su ejecución rompió sus ilusiones para lanzarlos, entonces, en la más feroz oposición. Una vez utiliza­da totalmente la capacidad productiva en nuestras actividades y haciendo sentir el peso de la restricción de divisas todo esto agravado, además, con la baja en el precio del cobre, se empeoró el conflicto entre el interés inmediato del pueblo y el de la burguesía. El boicot de la distribución regular de los bienes, el acaparamiento, la especulación y el mercado negro se convirtieron en práctica cotidiana de algunos sectores impulsados y dirigidos por la minoría perjudicada con los cambios; En el fondo, tales prácticas constituyen la forma utilizada por la burguesía para seguir explotando al pueblo y no perder en la lucha por la redistribución del ingreso. A la vez, constituyen un intento para desgastar la imagen del Gobierno frente al pueblo, con el objeto de derrocarlo y hacerlo retroceder en la marcha de la historia. La inflación, vinculada al mercado negro, es hija de un conflicto entre el pueblo y la minoría. Estas buscan preservar y aumentar sus ingresos haciendo subir los precios y acumulando enormes ganancias, pero las fuerzas populares han sabido defenderse y pasar a la ofensiva, logrando aumentar las remuneraciones laborales en dinero y mantener así el poder de compra de las masas. La burguesía y sus especuladores, sin embargo, tratan de anular el efecto de estas conquistas populares intensificando la especulación, el mercado negro y la inflación. ¿Cuál es la alternativa que presenta la Oposición para combatir la inflación y el mercado negro? En primer lugar, reducir los gastos públicos. Esto significa disminuir los gastos sociales que benefician al pueblo, crear problemas en la administración eficiente de servicios fundamentales, disminuir los niveles de empleo y contraer las inversiones públicas que son esenciales para el futuro económico de Chile. En segundo lugar, congelar los sueldos y salarios, lo cual, en condiciones de fuerte inflación, significa reducirlos drásticamente en términos reales. Haré un paréntesis en este párrafo para contestar la inquietud del Honorable señor Irureta. El convenio que firmó el Gobierno y la Central Unica de (Trabajadores en octubre, con ocasión del proyecto de reajustes de aquella época, consignaba la revisión cuadrimestral de la política de salarios. Desde ese punto de vista, en los próximos días nosotros presentaremos a consideración del Congreso un proyecto que establece una compensación por el alza del costo de la vida en estos meses. Probablemente, esta tarde el Ministro señor Figueroa hará el anuncio al respecto. Sobre la materia, debo señalar que ésta era una medida prevista desde el comienzo en la política salarial del Gobierno. El señor MORENO.- ¿Cuánto será el reajuste, señor Ministro? El señor FLORES (Ministro de Hacien­da subrogante).- No puedo adelantarlo, porque hay un Ministro encargado de la política de remuneraciones, el compañero Figueroa, quien formulará una declaración sobre lo que expresé. La Derecha no sostiene en forma abierta las proposiciones que señalé, dadas sus preocupaciones electorales, pero ellas aparecen claramente en los análisis de sus tecnócratas. Es, por lo demás, la medida tradicional que se utiliza en la economía capitalista para combatir la inflación. En tercer lugar, la Derecha considera que se deberían liberar los precios que están siendo controlados, para que encuentren su punto de equilibrio y hagan innecesario el mercado negro. Claro, se trata de promover el feroz racionamiento que prevalece en el capitalismo e impedir que el pueblo compre, debido a los precios altos; garantizar que no falten artículos en el mercado, impidiendo que la mayoría tenga acceso a ellos. En cuarto lugar, proponen devolver los monopolios requisados y seguir favoreciéndolos, como se hacía en otros Gobiernos, a costa de los recursos públicos. Propone, asimismo, restaurar el clima de confianza en la economía. Es importante subrayar que sí se trata de confianza y tranquilad, pero de confianza y tranquilidad según el capitalismo monopólico, lo que, a su vez, significa garantía para sus grupos y el consecuente proceso de explotación del pueblo. Esta es la única confianza que requiere el capitalismo. En resumen, se trataría de revitalizar, precisamente, lo que nuestro programa pretende hacer desaparecer. Para el pueblo y para el Gobierno popular, la alternativa histórica destinada a resolver los problemas inmediatos del país es bastante diferente. Entendiendo la inflación como fruto de la lucha distributiva entre la burguesía y las masas populares, estamos seguros de que para combatirla es necesario fortalecer las posiciones de las masas y adoptar medidas que capten ingresos de la burguesía. Esos ingresos deben financiar gastos públicos y la preservación del poder de compra de las remuneraciones laborales. Debemos combatir el mercado negro, no fortaleciendo el capitalismo, sino que profundizando el control de masas y las acciones y medidas tendientes a remplazar el actual sistema por formas de producción y distribución que apunten a una sociedad socialista. Consideramos fundamental para ello ampliar la participación y control de las masas a todos los niveles de la vida económica, corrigiendo activamente las fallas e insuficiencias en las organizaciones de militantes de las filas del pueblo. Estas son nuestras observaciones con res­pecto a lo que consideramos la causa fun­damental de nuestros problemas; pero no somos irresponsables, y no dejamos de reconocer que ha habido deficiencias durante los dos años de Gobierno popular, y que éste debe hacer las rectificaciones correspondientes. Esta Administración ha tenido deficiencias en sus dos años de vida, y las reconoce. Ellas se han reflejado en forma explícita en el problema de abastecimiento. En primer lugar, no hemos sido suficientemente claros para identificar en todas sus dimensiones la complejidad del problema general de la distribución y comercialización, ubicando con precisión los puntos en que este problema se concreta y distinguiendo qué función cumplen allí los diferentes sectores. Por efecto de la experiencia acumulada, estas dificultades han disminuido de manera considerable. En segundo lugar, la conducción del aparato estatal requiere, en numerosos aspectos, de severas rectificaciones, las que serán aplicadas con el mayor rigor a partir de ahora, a fin de sancionar ejemplarmente a los malos funcionarios y de erradicar las diferentes formas de burocratismo que frenan la acción concertada y eficaz que el Gobierno debe desarrollar. La salida de funcionarios poco responsables será una medida que pondrá en línea a muchos. Pero la severidad con que se actuará requiere, al mismo tiempo, que los funcionarios comprendan las ideas que el Gobierno tiene sobre el conjunto de los problemas que aquí discutimos y las verdaderas causas de la política que se aplicará desde ahora y cómo ella deberá reflejarse en la acción concreta que cada servidor público debe desarrollar. El Gobierno tiene la obligación de orientar a los trabajadores del Estado. En tercer lugar, aunque el Ejecutivo ha tenido y tiene claro que la estrecha vinculación entre los frentes de masas y los organismos estatales es una cuestión determinante para enfrentar la tarea de abastecimiento, en la práctica no se ha desarrollado toda la potencialidad que es articulación ofrece. Precisamente, una las lecciones más importantes del paro patronal de octubre fue la de poner en evidencia la tremenda fuerza de la acción conjunta del Gobierno y las organizaciones del pueblo. Por todo ello, hoy más que nunca se hace imprescindible una amplia difusión de las tareas que pueblo y Gobierno enfrentan, así como un vigoroso esfuerzo para extender y fortalecer la organización de las masas en razón de esas tareas. La clase obrera, el campesinado y, en general, aquellos sectores que han constituido la gran masa explotada por el capitalismo chileno, ven en el Gobierno un instrumento decisivo para la solución de sus problemas económicos y sociales en el proceso de transformación de Chile en una sociedad más justa y libre. La conciencia de clase de los sectores populares se ha definido en forma clara y gracias a las lecciones recibidas en su larga y dura lucha contra la opresión del sistema capitalista. Los explotados de Chile saben identificar bien a sus enemigos. Son también capaces de reconocer a los sectores que poco o nada tienen que ganar con el sistema dominado por los monopolios y el imperialismo. Otros sectores muchos de ellos comerciantes, profesionales, empleados, dueñas de casa, que no pertenecen a la burguesía monopólica, pero que tampoco han vivido las mismas experiencias de lucha que el proletariado y el campesinado chilenos, carecen a veces de claridad para identificar bien a sus enemigos y aliados. La conciencia certera de las masas determina que ellas no vean en esos sectores a un enemigo. Ven en ellos un aliado potencial que ha sido, sin embargo, en gran medida, utilizado, conducido y manipulado por intereses ajenos a ellos, de la gran burguesía y del imperialismo, mediante sus agencias y agentes. Las masas y el Gobierno popular se dan cuenta de que esta manipulación impide a dichos sectores comprender cuáles son las verdaderas causas de los problemas que hoy se manifiestan en dificultades de distribución y comercialización. Los enemigos del pueblo han percibido que una parte de estos sectores puede constituirse en una palanca vital para su estrategia y están seguros de que su lucha antipopular tiene posibilidades solamente si logran seducir a algunos sectores influyentes de esos grupos. En efecto, es necesario subrayar que tales grupos ofrecen un terreno favorable para la siembra de engaños y mentiras que vierten los voceros de la Reacción. Son éstos quienes, sirviéndose de los medios de difusión que controlan, buscan convencer a los profesionales, a los pequeños y medianos comerciantes y a otros cuyas funciones en el proceso económico corresponden a los llamados grupos medios, que las masas y el Gobierno popular están contra ellos. La calumnia organizada, insistente, ininterrumpida, ha llegado al extremo cinismo de buscar, a toda costa, plasmar en la mente de los chilenos el que los problemas de consumo que hoy día se presentan se deben a una supuesta mala conducción del Gobierno. Ellos, los culpables, los que conspiran contra la democracia, los que bloquean económicamente al país, los que impulsan y los que realizan la especulación, el acaparamiento y el mercado negro, los que están detrás de los problemas que afligen a los chilenos, son ellos, precisamente, los que quieren hacer creer que la responsabilidad principal cabe al Gobierno popular. El paro patronal de octubre debe ser interpretado en este contexto. En ese paro se utilizaron intereses e inquietudes inmediatos de algunos sectores, transformándolos en agentes inconscientes de una deliberada estrategia antipopular y sediciosa. Las masas y el Gobierno saben que las minorías explotadoras han encontrado en los problemas de comercialización y distribución que, repetimos, han sido desatados por ellos un buen pretexto para agitar en contra de la revolución a algunos grupos no proletarios. Por consiguiente, estas minorías buscan agravar y multiplicar los problemas y, en este momento lo decimos con responsabilidad preparan nuevas crisis. La solución de tales problemas de inflación, abastecimiento y consumo se ha transformado en uno de los aspectos más decisivos de la lucha actual por el Poder. Confiamos en que así lo entiendan los que están a favor de la liberación de Chile y de su pueblo, e, imbuidos en esta perspectiva, pueblo y Gobierno deben pasar a la ofensiva. Y lo hacen. Un momento de esta ofensiva son las medidas gubernamentales que señalaremos a continuación y que recogen experiencias, intereses y aspiraciones de los que sufren en este momento el problema del consumo; medidas difíciles, pero que, paso a paso, se convertirán en realidad a partir de la acción conjunta del Gobierno y del pueblo. Las tareas para enfrentar estos problemas y terminar con ellos. ¿Quiénes tienen las tareas principales? Es propósito decidido del Gobierno controlar la situación. El plan se basa en la organización del aparato estatal y de las masas por intermedio de sus organizaciones. No basta con que sólo uno de estos frentes cumpla estas tareas. Es indispensable que ambos lo hagan simultánea y articuladamente. Entendemos que la lucha debe darse, al mismo tiempo, en tres niveles: en la producción, en la distribución mayorista y en la distribución minorista. Consideramos que es fundamental actuar sobre la producción, pues son numerosos los productos que salen al, mercado negro, creando especulación y escasez, saltándose los canales normales de distribución. Creemos fundamental actuar sobre la distribución minorista pues, desgraciadamente, existen comerciantes al detalle que especularán aun cuando haya buen control sobre la producción y la distribución al por mayor. También consideramos fundamental actuar sobre la distribución mayorista, porque los problemas en este último sector pasan de inmediato al comercio detallista provocando allí los problemas y dificultades consecuentes. Es indispensable y crucial actuar, al mismo tiempo, en los tres niveles: producción y distribución mayorista y distribución minorista. En lo que se refiere a la tarea del control social sobre la producción industrial privada, pensamos lo siguiente. Primero, hemos creado la Secretaría Nacional de Distribución, organismo que tendrá el mando sobre las empresas estatales envueltas en el proceso de distribución, trátese de abarrotes o de otros. Esta Secretaría Nacional de Distribución celebrará contratos de exclusividad con las empresas industriales privadas que produzcan bienes de consumo esenciales, en el sentido de que comercialicen su producción por intermedio de los cauces que centraliza la Secretaría mencionada. Se adopta esta medida para evitar que ingrese al mercado negro una cantidad importante de productos industriales. Segundo, las empresas no están obligadas a celebrar contratos de exclusividad, pero no quepa duda de que la orientación de la política gubernamental tomará en cuenta en qué medida estas empresas participan respecto de esta cuestión. En esta parte quiero hacer un paréntesis. Básicamente, pensamos en cuarenta productos esenciales cuya lista podría entregar posteriormente a los señores Senadores, pero que, en todo caso, conocerán oportunamente por la prensa. Además, apoyándome en las palabras del Honorable señor Irureta, quiero señalar que en la actualidad el control estatal sobre el sector industrial alcanza a 30% de la producción, incluyendo las empresas que ya estaban en manos del Estado, como son la de energía eléctrica y de la de combustible (ENAP). Por lo tanto, la producción marginal sobre ese 30%, debe alcanzar a 70% adicional. O sea, el 70% de la producción industrial sigue en la actualidad, en manos privadas. Y a eso, le agregaría una producción mucho más significativa en el sector de bienes esenciales. Tercero, velar por el cumplimiento de los contratos de comercialización será también tarea indispensable de los trabajadores a través de sus organizaciones: federaciones, sindicatos, comités de vigilancia y otros. Cuarto, dejará de existir la venta directa al público y el trueque entre empresas cuando así se haya convenido en los contratos de exclusividad. Del mismo modo, se terminará con las remuneraciones en productos y con las preferencias para los trabajadores en la adquisición de bienes producidos en las empresas, respetando, por cierto, lo que ha sido fruto de largas luchas de los trabajadores y en la medida en que éstos hagan un esfuerzo importante en comprender la situación. Los comités de vigilancia serán los encargados de lograr el cumplimiento de estas medidas. En lo que se refiere a la producción industrial del área social, adoptaremos las siguientes medidas. Primero. Toda la producción del área de propiedad social debe pasar, básicamente, a las distribuidoras estatales. Esto no ocurre en la actualidad, lo que permite, en parte, que de estas fuentes se alimente el mercado negro. El Gobierno lo sabe y emprenderá drásticas rectificaciones. Deseo poner un ejemplo, señor Presidente, relacionado con algunas afirmaciones vertidas en el sentido de que el mercado negro se origina exclusivamente en las empresas del área social. Les recuerdo que se ha creado un mercado negro con el papel confort, que es producido, exclusivamente, por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y distribuido por CENADI antigua CODINA, en el mismo carácter monopólico. Sin embargo, el origen del mercado negro es muy preciso. De un tiempo a esta parte, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones ha adoptado también la política de vender directamente en la fábrica, lo cual está fomentando la presencia de personas que ni siquiera son comerciantes, sino gente que se dedica exclusivamente a especular. Ejemplos de éstos hay muchos y suficientes. Creo que si los señores Senadores reconocen esta situación, podemos empezar a entendernos, ya que el mercado negro y las nuevas profesiones que de allí surgen se han originado en una distorsión muy grande en todo el sector industrial y en todo el sector productivo, y no exclusivamente en el área de propiedad social dónde realmente, a partir del paro patronal de octubre, se están haciendo esfuerzos bastante grandes. Incluso, es posible observar en avisos en los diarios que se han suspendido contratos de venta directa en el sector textil y en algunos otros. Referente a la producción agrícola, el Gobierno destinará parte importante de su capacidad de control a obtener que se distribuya por los canales que centraliza la Secretaría Nacional de Distribución. Deseo anotar, desde este punto de vista, que el señor Ministro de Agricultura emitirá un pronunciamiento sobre la materia en los próximos días e indicará el tipo de medidas económicas, precios y controles de transporte, y otros por emplearse para poner un énfasis especial en el acopio agrícola. Segundo. Los trabajadores destinarán todo su esfuerzo a evitar que los productos agrícolas ingresen al mercado negro. En esta labor se articularán con los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la zona. Sus Señorías saben que actualmente, en el sector agrícola, se están realizando compras a futuro de la cosecha en tres o cuatro veces el valor oficial. Nosotros podemos reajustar los precios al productor, pero, sin embargo, es imposible competir, si no contamos con medidas coercitivas serias para combatir el mercado negro y así evitar que la inflación en los próximos cuatro o cinco meses llegue a niveles significativos. Quienes están en eso son sectores que disponen de instrumentos de liquidez, empresarios que llegan a comprar directamente la cosecha en verde, que tienen camiones y transportes para hacerlo. Tercero. Se considera que la venta directa y el trueque deben disminuir en medida sustancial, porque perjudican gravemente al país. En ese sentido el Gobierno adecuará sus decisiones sobre créditos, asistencia técnica, mecanización, etcétera, al cumplimiento de estos objetivos. Del mismo modo se tratará de ampliar y crear poderes compradores a través de ECA, SACOOP, ENAFRI Y SOCOAGRO. Cuarto. La política de precios tenderá a evitar la existencia de mercados paralelos. En lo que se refiere al control sobre la distribución mayorista, pensamos que existen tres tareas principales. 1) La Secretaría Nacional de Distribución ejercerá su autoridad sobre las empresas distribuidoras estatales de abarrotes, alimento, y vestuario. Se coordinará con empresas privadas que hayan convenido contratos de exclusividad. Además, regulará e integrará al sistema programado a las empresas mayoristas privadas y controlará la procedencia de sus productos esenciales. De este modo se tendrá control indirecto sobre las empresas que no hayan convenido contrato de exclusividad. En la declaración del 5 de noviembre, el Gobierno consideraba el trabajo planificado de CENADI repito, que es la antigua CODINA en la medida que esta empresa estuviera dispuesta también a participar en el sistema nacional de distribución mayorista. Desde ese punto de vista, el Gobierno no tiene dificultad en buscar entendimiento, siempre que CENADI no distribuya monopólicamente algunos productos esenciales y utilice este canal, de distribución. 2) El Gobierno no aceptará la persistencia de ningún monopolio privado de distribución y avanzará con decisión hacia el establecimiento de un control directo sobre distribución de todos los productos básicos, de manera que todas las familias reciban bienes en cantidades y calidades que correspondan a sus necesidades reales. 3) En relación con las empresas distribuidoras estatales y privadas, se actuará de la misma manera antes señalada res­pecto de las empresas productoras, para el caso de los procedimientos de trueque, venta directa al público, remuneraciones de productos y privilegios para la adquisición. En lo que se refiere al control sobre distribución minorista, así como en lo atinente a la programación de los abastecimientos, pensamos lo siguiente. El Gobierno no tiene por sí solo capacidad de programar y controlar el abastecimiento minorista de cada unidad vecinal y de cada local comercial. Las organizaciones de pobladores a nivel vecinal, con la participación de los comerciantes, deben contribuir de manera decisiva a la programación de sus necesidades periódicas de productos de consumo popular y a determinar las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial. Estas tareas se harán sobre la base de la cuota de productos necesarios por persona que el Gobierno fijará. Las distribuidoras estatales y, por medio de éstas, la Secretaría Nacional de Distribución se relacionarán estrechamente con las organizaciones de base para precisar y poner en práctica esta importante tarea, y, posteriormente, para los efectos de dirigir los flujos de productos. El Gobierno entiende que las JAP deberán denunciar en la vecindad a los comerciantes inescrupulosos; evitar la presencia generalizada, en las poblaciones, de afuerinos que se aprovisionen para especular acaparar, y denunciar a las autoridades cualquier infracción. Las denuncias deberán dirigirse siempre por intermedio del canal más expedito. La denuncia no excluye la acción organizada y responsable para impedir la especulación, el mercado negro y las demás infracciones de este tipo. Las tareas de vigilancia no son sino parte de las labores de las JAP. Como unidad poblacional básica en esta materia, ellas deben generalizarse, constituyéndose en torno de cada comercio establecido o de una pequeña unidad territorial; por ejemplo, la manzana. Los comandos comunales verán qué forma de constitución de las JAP es conveniente para el interior de cada comuna. Las JAP integrarán a todas las familias del lugar. Se tomarán las medidas necesarias para relacionar de modo estable a esas familias con los comerciantes ubicados en el área. Con esto se trata de obtener que la clientela de cada comerciante sea lo más regular posible. Desde este punto de vista, deseo aclarar aquí que tenemos el mayor respeto por las organizaciones de comerciantes. Hay 120 mil comerciantes de abarrotes en este país, distribuidos en poblaciones. Estos comerciantes son fundamentalmente pobladores que se insertan, en lo social, dentro de las mismas relaciones de clase de todos los trabajadores. En visitas a poblaciones, muchas veces hemos visto que el comerciante, sus hijos o sus parientes más cercanos son obreros industriales que, en innumerables casos, han sido objeto de cesantía o expulsión del trabajo en tiempos pasados. Por eso, pensamos que toda organización debe tomarlos en cuenta, y estamos profundamente preocupados por asegurar su trabajo y su fuente de ingresos. 4) La formación de clientelas regulares para los comerciantes se debe a que es indispensable asegurar a todas las familias un abastecimiento adecuado de productos básicos. Para que esto se logre, dadas las condiciones actuales de mercado negro, es indispensable saber cuáles son las necesidades reales de cada producto para cada comerciante y para cada familia integrante de una JAP. Por consiguiente, también es tarea de las JAP definir, de acuerdo con la canasta popular por persona, las necesidades reales de cada familia perteneciente a las Juntas de Abastecimientos y Precios. Los comandos comunales y la Secretaría General de Distribución prestarán en esta materia la asistencia y la dirección necesarias. Una vez definida la necesidad de productos a nivel de familia, de JAP y de comerciante, la información será centralizada por dicha Secretaría a través de los Comandos Comunales. 5) Los comerciantes y las familias no están obligados a participar en las JAP. En caso de no hacerlo, dejarán de beneficiarse con un sistema creado a su favor. La eventual negativa a participar en las JAP en ningún caso se traducirá en represalias o presiones por parte de la autoridad o de las organizaciones populares. El señor VALENZUELA.- ¿Me per­mite una interrupción, señor Ministro? El señor FLORES (Ministro de Hacienda).- Deseo terminar mi intervención. El señor VALENZUELA.- Es para hacer un alcance respecto de las JAP. La señora CARRERA.- Al final. El señor PALMA (Presidente).- El señor Ministro no quiere ser interrumpido. Su Señoría puede continuar. El señor FLORES (Ministro de Hacienda).- 6) Asimismo, debemos agregar que la vigilancia de las infracciones será estricta para todos los comerciantes, pertenezcan a no a una JAP, y el Gobierno actuará con la mayor severidad que le permita la ley. 7) En las JAP y en los comandos comunales, los comerciantes, dados sus conocimientos, pueden desempeñar una gran labor. Además de hallarse en situación de favorecer las relaciones entre las organizaciones de masas y los organismos de distribución nacional, el Ejecutivo ve en su colaboración un elemento de primera importancia para que el plan que aborda tenga éxito. Por esta razón, los organismos estatales han recibido instrucciones de respetar y proteger de modo efectivo a los comerciantes que se encuadren dentro de las necesidades descritas. Ellos tendrán asegurado abastecimiento y clientela regulares, y márgenes de comercialización razonables. Asimismo, se tomarán en cuenta sus peticiones relativas a costos de reposición, centrales de compras y establecimiento de contactos regulares con los organismos correspondientes del Estado. Pero se actuará de manera implacable con los comerciantes que se salgan de los límites fijados. El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Ministro, pero ha terminado su tiempo. Solicito autorización de la Sala para prorrogar el tiempo de Su Señoría con cargo a los minutos correspondientes al API y a la Unión Socialista Popular. Siempre votaríamos a la una un cuarto. El señor JEREZ.- Me parece correcto. El señor GARCIA.- Bien. El señor PALMA (Presidente).- La autorización de la Sala debe ser unánime, pues de otro modo no podría modificarse el acuerdo de Comités ya aprobado. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Estamos de acuerdo, siempre que se empiece a votar a la una un cuarto. El señor PALMA (Presidente).- Acordado. Puede continuar, señor Ministro. El señor FLORES (Ministro de Ha­cienda).- 8) Respecto del comercio organizado actualmente bajo la forma de cooperativas que no escondan economatos, el Gobierno asegurará su abastecimiento necesario mediante convenios que contendrán prescripciones sobre destinación y distribución de los productos asegurados, y acerca de la política de expansión enfocada hacia los sectores mayoritarios de la población. En virtud de la suscripción de dichos convenios y de su cumplimiento, los referidos comerciantes obtendrán la seguridad de abastecimiento necesario a precios oficiales. 9) El Gobierno, en general, estimulará la creación de cooperativas de consumo que no rompan el normal funcionamiento de la distribución y que estén incluidas en los sistemas regulares de distribución a nivel de la base poblacional. Por lo tanto, terminarán los sistemas de economatos abiertos o disfrazados de cooperativas que existen en diversas empresas estatales o privadas. Se considera que los economatos entorpecen el orden que se requiere para eliminar los actuales problemas de abastecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, deberán reconocerse determinadas excepciones que se justifiquen plenamente. Podrá ser el caso, por ejemplo, de mujeres trabajadoras que, en virtud de su ocupación, estén imposibilitadas de adquirir productos fuera del lugar donde ejercen sus labores, o el de algunos economatos existentes como resultado de conquistas sociales, pero que en caso alguno quedarán en los rubros establecidos al momento de su creación, sino en nuevos rubros. Finalmente, debemos reiterar que sólo se lograrán los resultados que perseguimos si se cumplen en plenitud las tareas de masas, que son el gran requisito de la tarea que nos proponemos abordar. La identificación de la lucha de masas y el Gobierno es una imperiosa necesidad del proceso revolucionario chileno, y tiene a través de las acciones que proponemos una de sus expresiones más evidentes. Por eso, más que nunca, es imprescindible que las organizaciones de bases asuman sus funciones con una firme conciencia de los problemas y sus causas verdaderas; con responsabilidad para dar cada paso y cumplir cada tarea, y con una capacidad de respuesta que hará de la creatividad de ellas un instrumento vital para liquidar las múltiples provocaciones y mentiras que lanzará la Reacción. Señor Presidente, las que hemos enunciado son tareas que tenemos por delante para resolver los serios problemas que afectan al pueblo chileno en el plano del abastecimiento y el consumo. Son complejas, de ejecución prolongada y difícil. Sin embargo, para los que creen en la emancipación de Chile y la libertad social de su pueblo y creen en ellas, dificultades no son imposibilidades. Unido en torno de esas organizaciones y en los frentes de lucha, el pueblo chileno sabrá garantizar, ampliar y desarrollar cada conquista que realice, y vencer cada obstáculo que se presente, por duro que sea, mediante la poderosa fuerza que le da el hecho de tenerla historia en sus manos. El señor INSUNZA (Ministro de Justicia).- ¿Puedo, señor Presidente, utilizar los minutos que restan al señor Ministro de Hacienda? El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría dispone de cinco minutos. El señor JULIET. Antes que intervenga Su Señoría, deseo formular una pregunta al señor Ministro de Economía, con cargo a los cuatro minutos de que aún dispone nuestro Comité. Por eso, le solicito una interrupción al señor Ministro. El señor INSUNZA (Ministro de Justicia).- Con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor JULIET.- El señor Ministro de Justicia tuvo oportunidad de oír en la Comisión de Legislación y Justicia nuestros planteamientos acerca del proyecto en estudio. Estamos dispuestos así lo expresó el Honorable señor Baltra a votar favorablemente la idea de legislar, o sea, a aprobar en general la iniciativa. Pero ruego al señor Ministro de Economía tener la bondad de satisfacer dos inquietudes nuestras. Hice presente en la Comisión que aceptábamos el proyecto en el entendido de que todo el comercio es decir, la distribución y la venta se realice a través del comercio establecido en la actualidad, conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Manifesté en seguida que los funcionarios públicos que directa o indirectamente intervengan en la distribución, faltarían a sus deberes, haciéndose acreedores por lo tanto a las sanciones disciplinarias o corporales correspondientes a la falta cometida, si alteraran las normas establecidas en la ley en estudio. En consecuencia, el organismo JAP, al que el señor Ministro atribuye tanta importancia, no intervendrá ni en la distribución ni en la venta ni tampoco lo harán los centros de madres, ni los gremios, ni ningún otro organismo privado o público, pues esa labor se realizará por medio del comercio establecido. Los otros organismos pueden ser inspectivos, colaboradores del Gobierno en la aplicación de medidas; pero en ningún caso pueden intervenir en la comercialización y distribución. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- En primer lugar, deseo rectificar al Honorable señor Juliet, pues en la actualidad no soy Ministro de Economía, sino de Hacienda. El señor JULIET.- ¡Perdón! El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- Respecto de las dos consultas que me formula el señor Senador, nosotros compartimos absolutamente esos puntos de vista. En primer lugar, mediante la declaración del 5 de noviembre, el Ejecutivo señaló claramente el papel de las JAP diciendo que no eran organismos que participaran en la compra y venta de productos, sino exclusivamente en lo relativo a control y programación. Si en muchas oportunidades alguien se ha apartado de esa norma, no compartimos esa posición; hemos dado instrucciones en el sentido de no fomentar algo semejante. Sin embargo, se trata de organizaciones de masas, y en repetidas ocasiones se suscitan esos problemas. Si el Parlamento estima conveniente legislar sobre la materia, el Gobierno prestará su colaboración, porque no tiene ningún problema al respecto. En cuanto al delito económico fomentado por funcionarios de Gobierno, del aparato estatal, pensamos que ellos también deben asumir sus propias responsabilidades. Un funcionario del aparato estatal puede pertenecer al Gobierno o a la Oposición, y pensamos que en ambos casos son igualmente responsables de las infracciones que cometan, como también lo es un comerciante u otra persona que se halle alejada de los canales de comercialización. Sobre el particular, considero importante la observación del Honorable señor Jerez, porque gran parte del mercado negro es labor de los profesionales del mercado negro; no son sólo los comerciantes, ni mucho menos. El señor JULIET.- Le ruego al señor Ministro de Justicia disculparme. Pero simplemente deseo pedir una respuesta derecha al señor Secretario de Hacienda. O sea, la distribución y venta se efectuarán a través del comercio establecido en la actualidad, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; no habrá otro organismo o entidad privada o pública que pueda realizar ese comercio. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- Así es. El señor JULIET.- Entonces el Go­bierno estaría de acuerdo en ese concepto. El señor FLORES (Ministro de Hacienda subrogante).- Sí, señor Senador. El señor JULIET.- Nada más, y muchas gracias. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, por cinco minutos. El señor INSUNZA (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, de la exposición del Senador señor García, deseo recoger una afirmación sobre algo que me parece indispensable aclarar en esta oportunidad. El señor Senador afirmó que la legislación vigente consigna iguales disposiciones que el proyecto de ley que discute el Senado, y que, por consiguiente, la nueva legislación sería innecesaria. La verdad es que en el propio mensaje el Gobierno reconoce que existen numerosas normas legales sobre la materia. Sin embargo, ellas carecen de sistematización y no dicen relación con algunas de las nuevas circunstancias que vive el país. De modo que esta iniciativa de ley que tipifica delitos de carácter económico entrega herramientas que permiten realizar un mejor control y penar a las personas que atenían contra principios básicos en los órdenes público y económico. Por consiguiente, el proyecto tiene por finalidad perfeccionar la legislación vigente, antes que modificarla de manera sustancial mediante la técnica de superponer nuevas figuras delictivas a las establecidas en ella. En este sentido, la primera consideración que debe formularse a lo expresado por el Honorable señor García dice relación con la circunstancia de que la iniciativa en estudio tiene alcances mucho más amplios que la legislación económica vigente sobre el particular, que está limitada a los bienes y servicios de primera necesidad. En efecto, sin perjuicio del Código Penal y otras normas complementarias, la legislación vigente sobre la materia, contenida en el Decreto Supremo 1379, establece sanciones que corresponde aplicar únicamente cuando se trate de artículos o bienes de consumo necesarios. En consecuencia, las figuras delictivas que nosotros planteamos van mucho más allá, porque aquéllas guardan relación necesariamente con la mencionada clase de servicios. En efecto, el artículo 1º del proyecto sanciona a quien a sabiendas prestare declaración falsa o proporcionare antecedentes falsos concernientes a las actividades de la producción o distribución de bienes, u omitiere formular tales declaraciones o proporcionar los antecedentes necesarios. Esta disposición, comparada con la legislación que actualmente existe sobre esta materia, tiene las siguientes ventajas: la norma propuesta por el Gobierno es más ecuánime, más justa en cuanto exige la concurrencia de dolo directo y establece la pena corporal, no prevista en la le­gislación vigente, la que se limita a prescribir una multa de dos escudos. La pena corporal es sólo ligeramente superior a lo previsto en el artículo 210 del Código Penal para el perjurio o falso testimonio ante la autoridad en materia no contenciosa, que establece presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 60 escudos a 300 escudos. La norma propuesta condiciona la aplicación de una multa a la concurrencia de un beneficio o ganancia ilegítima como consecuencia de la falsedad. El monto de esta eventual multa queda condicionado, a su vez, al monto del beneficio o ganancia ilegítima. La pena pecuniaria puede aplicarse incluso a la persona jurídica beneficiada con la falsedad, lo que no ocurre con la legislación vigente. El delito no queda limitado a las declaraciones que tengan relación con bienes de primera necesidad. En seguida, las mismas normas que se están analizando sancionan a quienes proporcionen antecedentes falsos a la autoridad. Las disposiciones en vigencia limitan esta figura delictiva a quienes cometan falsedad en asientos de contabilidad o balances respecto de la producción, existencia o distribución de artículos, bienes o servicios de primera necesidad, confiando al Ministerio de Economía la aplicación de las sanciones, esto es, la multa de dos escudos. En cambio, el precepto que se propone configura y sanciona esta figura delictiva de la misma manera que el delito a que se ha hecho referencia anteriormente, sin limitar los antecedentes falsos a los meros asientos de contabilidad o balances, por lo que, sobre el particular, cabe formular las mismas observaciones que ya hemos hecho. En síntesis, la norma propuesta por el Ejecutivo es más ecuánime. Repito: asigna una pena proporcionada a la entidad del delito y tiene un campo de aplicación más amplio, pues no lo limita a la categoría de los bienes ni a la calidad de los antecedentes proporcionados. Esta misma norma sanciona a quienes no formulen las declaraciones o no proporcionen los antecedentes que la autoridad competente les requiera. En la legislación vigente coexisten dos sistemas sobre el particular. El primero de ellos está limitado a las declaraciones juradas y a los antecedentes que DIRINCO exija respecto de cualquier operación que se relacione con su ley orgánica. El segundo se refiere a los datos que solicite la autoridad sobre la producción, existencia y distribución de los artículos, bienes o servicios de primera necesidad. En cambio, la disposición que proponemos al Parlamento está concebida en términos más genéricos, que engloban ambos sistemas, y que se extienden a toda clase de situaciones, omitiendo, sí, las medidas compulsivas que establece la legislación actual para obtener las declaraciones o los antecedentes. El artículo 2º del proyecto sanciona a los que destruyan o eliminen del mercado artículos de uso o consumo habitual, estableciendo diversos castigos, según la naturaleza de esos artículos, los resultados del delito y los móviles de quienes lo perpetren. La norma vigente parece tener su origen en un precepto reglamentario cuya fuente estaría en el artículo 168, inciso segundo, de la ley 16.464. El señor Presidente me advierte que ha terminado mi tiempo. Lo deploro, porque me habría gustado continuar en este análisis para evitar que pudiera quedar en la Sala la impresión de que pretendemos legislar en una materia en que es innecesario hacerlo. El señor PALMA (Presidente).- En la discusión particular, el señor Ministro podrá intervenir de nuevo sobre la materia. Los señores Senadores disponen de un tiempo prefijado. Siento, pues, no poder concederle algunos minutos más, señor Ministro, a no ser que se prorrogara la sesión... El señor AGUIRRE DOOLAN.- No, señor Presidente. No hay acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez, que dispone de tres minutos. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, el Honorable señor Durán me ha cedido dos minutos de su tiempo. El señor PALMA (Presidente).- De tres a cuatro minutos. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, ante todo quiero dejar testimonio del hecho deplorable de que se haya tenido la debilidad de aceptar que, frente a un proyecto de esta naturaleza, no haya podido realizarse un debate amplio que permita a todos los Senadores, a todos los sectores políticos, expresar lo que piensan sobre esta iniciativa, sus proyecciones y las verdaderas motivaciones a que obedece, que son muy distintas de las que el Gobierno ha hecho presentes aquí. El señor Ministro ha sido incapaz de dar respuesta a los cargos específicos que se han formulado sobre el desorden económico, el mercado negro y los latrocinios que se originan en las empresas de las cuales el Estado se ha apropiado. Lo único que logró fue citar el caso de la Papelera. Pongo de relieve este hecho porque constituye un milagro que esa empresa todavía esté con vida, a pesar de que el Gobierno, durante dos años, la sometió a los peores abusos, y porque la Unidad Popular no puede oponer como ejemplo a una industria que, no obstante abastecer y servir normalmente al país, ha sido objeto de las presiones más indignas. Es absolutamente falsa la afirmación del señor Flores en cuanto a que la actual Administración controla apenas el 30% de la producción industrial del país. La verdad es lo contrario: el control estatal de la producción industrial es hoy día del orden de 70%. Por consiguiente, la cifra que ha dado el Ministro para tratar de atenuar la tremenda responsabilidad en los latrocinios que se cometen en contra del pueblo de Chile, responsabilidad que corresponde exclusivamente al Gobierno, es una cifra falsa. Además, el señor Ministro pasó por alto la destrucción completa de la agricultura, que es lo que tiene privados de alimentos a todos los chilenos. De esta circunstancia el país tomará debida cuenta al Gobierno y se lo demostrará en forma categórica y abrumadora el 4 de marzo próximo, con la derrota electoral que barra a la Unidad Popular del Gobierno de la República, del que ha hecho tan mal y tan indigno uso. El señor Flores se refirió también a las JAP, que son fuente de los peores abusos con el comercio y los consumidores, y nos anunció que ellas se transformarán en las checas de los barrios. Este es, en síntesis, el planteamiento que he oído a ese Secretario de Estado. Quiero advertir al señor Ministro que esos procedimientos no sólo significan una disposición absolutamente arbitraria del Gobierno del que forma parte, sino que son ilegales e inconstitucionales. Le ruego, al mismo tiempo, tomar nota de que el pueblo de Chile no aceptará atropellos de la naturaleza de los que están cometiendo las JAP, ya que, por mucho que sostenga que movilizará al pueblo, es decir a los activistas del Partido Socialista y del Partido Comunista, puede tener la seguridad de que, frente a esos activistas, se encontrará con que el pueblo chileno no tolera este tipo de extorsiones ni esta clase de atropellos que están cometiendo las JAP en medio de la impunidad que el Gobierno les permite. Tampoco se refirió el Ministro a una de las causas más graves de los delitos económicos que se cometen en el país: al crimen de la falsificación de moneda. Cuándo el Ejecutivo imprime 60 millones de escudos al día de dinero que no tiene más valor que el papel en que se imprime, no tiene derecho a tratar de imputar a nadie las situaciones de caos económico que está viviendo el país. Este es uno de los delitos que, de aprobarse la ley en debate, espero que se pene debidamente con la cárcel, que es la sanción que debe aplicarse a los que falsifican la moneda, porque lo que está haciendo el Gobierno por medio de emisiones inorgánicas es lo que acabo de señalar: pura y simplemente, falsificar moneda. Sostengo que esa falsificación de moneda es la más grave estafa que se hace al pueblo de Chile. Y sostengo también, respecto de lo que acaba de decir el señor Ministro de Justicia, que hay en Chile leyes más que suficientes para penar cualquier delito económico, y que si la Unidad Popular no las ha puesto en práctica es exclusivamente por temor de tener que llevar a la cárcel a connotados militantes de esa combinación política. Hay conciencia de que este proyecto sólo obedece a un propósito, publicitario y electoral y de que no castiga a los verdaderos delincuentes, a los que han cometido verdaderos crímenes. Por lo contrario, a través de las palabras del señor Ministro se nos anuncia que es propósito del Gobierno seguir agravando las penurias que experimenta el país. Terminaré mis observaciones al momento en que me corresponda fundar el voto, en vista de que el señor Presidente me advierte que ha terminado mi tiempo. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona. El señor CARMONA.- ¿De cuántos minutos dispongo? El señor PALMA (Presidente).- De catorce minutos, señor Senador. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el Senador señor Irureta ya fijó la posición de nuestro partido respecto de este proyecto de ley. En esta oportunidad, quiero ratificar cuanto él expuso acerca del carácter general, del significado de esta iniciativa y de la responsabilidad que incumbe a los gobernantes que hoy tiene el país en la política económica que ellos han seguido. Quiero decir también que las palabras que hemos escuchado esta mañana al señor Ministro de Hacienda deberían haber formado parte de la exposición de motivos del Gobierno en el proyecto de ley que nos envió, y que igual exposición debió haberse hecho en la Comisión que lo estudió. Creo que algunos de sus anuncios, de sus posiciones, son de extrema importancia y de tal categoría que, indudablemente, señalan la necesidad de hacer observaciones sobre ellos para decidir si es posible votar favorablemente en general el proyecto de ley. Entre otras cosas, el señor Ministro nos ha anunciado, en forma directa o indirecta, el racionamiento con tarjetas, por cuotas de productos o por cualquier otro medio no autorizado actualmente ni por la Constitución ni por la ley. Nos ha hablado de que los productos serán distribuidos en forma casi obligatoria por el Estado, muy débilmente por los canales actuales de comercialización y, al mismo tiempo, mediante un sistema de control que aplicarían los organismos llamados JAP, que pasarían a ser obligatorios; organismos que ahora tienen desconociendo la legislación vigente que establece facultades muy claras a este respecto de las juntas de vecinos, entidades democráticas elegidas directamente por los pobladores y reglamentadas por la ley sólo una función política y electoral que desempeñar, y cuya organización está monopolizada por el Gobierno actual y por los partidos que lo componen. Se establecería también según las palabras del Ministro, la posibilidad de que cada chileno se convierta en denunciante de otro, y una especie de espionaje nacional aun dentro de las propias familias. Esos anuncios nos parecen de tal envergadura y categoría que nos inducen a meditar en este momento sobre la conveniencia de entregar un instrumento legal a gobernantes que nos anticipan juicios de esta índole sobre la manera de usarlo. Creo que, aun dentro de esa misma idea, el señor Ministro dijo en forma categórica que las JAP serían las que fijarían las necesidades de alimentación de cada familia. Indudablemente, ésta es una de las materias que constituye para nosotros una especial interrogante y que ha de pesar incluso en nuestra votación. Quisiéramos que, antes de votar en general el proyecto, los señores Ministros presentes hicieran una aclaración al respecto. Señor Presidente, me parece que, analizadas las cosas de esta manera, dentro del contexto a que me he referido y muy especialmente de los conceptos del Gobierno señalados por el Ministro de Hacienda, es absolutamente necesario pensar si cabe legislar, si se puede entregar un instrumento de esta naturaleza a aquél o si es necesario establecer algunos otros antecedentes para llegar a determinar sobre la forma de votar en general el proyecto. Prefiero el segundo criterio, porque me parece que, dados los términos en que se ha presentado esta iniciativa, y puesto que estamos conociendo en primer informe que aceptamos, tal como dejamos establecido en la Comisión de Legislación los Senadores democratacristianos, sólo para los efectos reglamentarios y para cumplir con los plazos señalados por el Reglamento y la Constitución, nosotros estamos en libertad para precisar nuestras ideas y para decir en estos momentos que, ante los anuncios del señor Ministro de Hacienda creemos conveniente legislar sobre la materia; pero creemos conveniente legislar de manera de transformar el proyecto en algo totalmente distinto, en un instrumento que defienda al público consumidor. Y uso estas expresiones, público consumidor, en oposición a las empleadas por el señor Ministro de Hacienda, que habló de control de las masas porque sabemos qué entienden él y el Gobierno por tal, porque sabemos cómo monopolizan la palabra pueblo. Nosotros a diferencia del Ejecutivo pensamos que este instrumento debe estar en manos del público consumidor, y que debe establecerse una acción pública para que cada cual tenga derecho a hacer valer ante los tribunales ordinarios de justicia sus demandas para sancionar a los verdaderos responsables de la situación económica que estamos viviendo, especialmente a raíz de la escasez mal llamada desabastecimiento por los gobernantes de hoy , del mercado negro y de la especulación. No queremos que esta iniciativa de ley se transforme en instrumento del Gobierno, menos aún estando en un período elec­toral. Pensamos que las palabras del señor Ministro indican que estamos ante un equipo de gobernantes que trata de huir de la realidad y de plantear estos asuntos ante la opinión pública no yendo' al fondo del problema, no reconociendo incluso los errores de la política económica seguida por esta Administración, sino por el contrario, insistiendo en evadir el ataque a las causas de aquél. Por estas razones, quiero hacer presente ante la opinión pública que, como se ha dicho en esta Sala, hay una propaganda del Gobierno destinada a hacer creer que por medio de estas disposiciones sobre delito económico y contra el mercado negro se resolverán los problemas actuales. Ya un escritor chileno, refiriéndose a esta tendencia a huir de la realidad que se observa en muchas personas, dijo algo que habría que grabar para siempre aquí: En Chile los problemas no se resuelven, sino que sobre ellos se legisla. Se piensa que la opinión pública creerá que se ha abordado la solución de aquéllos por el sólo hecho de legislar al respecto. Quisiera hacer unas preguntas al señor Ministro: ¿Desde cuándo se ha producido en Chile el mercado negro? ¿Quién es el responsable del mercado negro, de la escasez y de la especulación? ¿Existían estos problemas antes de noviembre de 1970? ¿Cuándo aparecieron? ¿Por qué coinciden matemáticamente con el momento en que empieza a hacer crisis la nefasta política económica seguida por el Gobierno del señor Allende? ¿No tenemos derecho los chilenos a preguntarnos quién es el responsable de esta situación? Creo que las respuestas son muy claras. Hay aquí una política de hambreamiento del pueblo cuyos responsables, si por lo menos hubiera la intención de servir al interés nacional deberían ser considerados enemigos de los chilenos. Y esta política se debe a los que creen en fórmulas matemáticas, en dogmas; a los que quieren aplicar en Chile ideologías y políticas copiadas de otras partes, que no se avienen con nuestra realidad ni con lo que está sucediendo en el país. Esta política es responsabilidad de quienes creen que el pueblo los va a seguir al Polo Norte aun cuando se trate de ir al Polo Sur, porque así lo ha señalado el dogma que ellos aplican sin importarles cuál es la realidad que está sufriendo el país. Pero vemos que a causa de la aplicación de dogmas de este tipo se ha caído, fatalmente, en el mercado negro, en el raciona, miento y, con posterioridad, en el hambre. También vemos hablando resumidamente, dados los escasos minutos de que disponemos que, para desgracia de los se­guidores de estos dogmas, todos los países del área socialista en estos momentos deben comprar su comida en el exterior, principalmente en los mercados capitalistas. Me parece que ésta es la gran tragedia, la gran desgracia que está afectando a esos países marxistas, que, por más que cuenten con grandes ejércitos y realicen grandes hazañas, su producción de alimentos enfrenta un cuello de botella que es necesario poner en evidencia en estos instantes. Chile no escapa a esta realidad y, al mismo tiempo, evasión, porque quienes están manejando nuestra política económica siguen esos mismos dogmas e incurren en esos mismos errores, aun cuando cada vez en mayor medida deban salir al extranjero a comprar las mercaderías y los alimentos que necesita el país. En 1972 se importaron 400 millones de dólares. Se dice que, posiblemente, para el año que recién se inicia se importarán alimentos por 600 ó 700 millones de dólares. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Quién ha provocado la escasez? ¿Cómo ha aparecido el mercado negro? ¿Acaso la distribución y la comercialización se efectúan sin control e intervención del Estado? El Honorable señor Irureta, en la sesión anterior, demostró aquí que casi la totalidad de la distribución de los productos alimenticios del país está en manos del Estado. Cuando uno viaja a provincias en lo pequeño se aprecia lo mayor puede ver más nítidamente lo que está sucediendo en materia de abastecimiento. Tanto ECA como SOCOAGRO y otros organismos fiscales están interviniendo de manera tal que han monopolizado la distribución de alimentos. Y no sólo la distribución sino también la importación, como sucede, por ejemplo, con las internaciones a que se refiere la Ley de Frontera Libre Alimentaria en las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Así se van desmintiendo, en los hechos, las afirmaciones que hacía el señor Ministro en respuesta a una pregunta del Honorable señor Juliet. El Ejecutivo se está valiendo de las JAP para la distribución y venta de alimentos. Podríamos exhibir y leer noticias publicadas en diarios de provincias para comprobar lo que estamos señalando, para demostrar cómo en diferentes puntos del país se está tomando el control de distintas actividades abusando de la paciencia del pueblo y actuando en contra suya. En Antofagasta, abusando de una orden ministerial que no tiene tal alcance, el Gobierno ha tomado el control del terminal pesquero. Se ha prohibido la venta a una cooperativa de pescadores compuesta no precisamente por capitalistas, sino por pescadores artesanales, más pobres, quizás, que los pertenecientes al sindicato de pescadores de esa provincia. Digo que se les ha prohibido la venta al público por el solo hecho de que los pescadores de esa cooperativa querían vender los pescados a seis escudos el kilo, en tanto que el terminal pesquero, que tiene monopolizada la venta por parte del Estado, lo hace a ocho escudos. Ese fue el gran delito de aquellos pescadores. Pues bien ¿adónde van estas observaciones nuestras? A señalar que votaremos favorablemente en general este proyecto de ley sólo con el objeto de transformarlo en algo diametralmente diferente de lo que pretende el Ejecutivo, a fin de que, de acuerdo con la nueva realidad económica que está viviendo el país, la ley llegue a ser un instrumento en manos del público consumidor, estableciéndose una acción pública con intervención de los tribunales ordinarios, con el objeto de sancionar los verdaderos delitos económicos que se están cometiendo en estos instantes en Chile, principalmente por autoridades, funcionarios e interventores. Los sobreprecios cobrados por el estanco, la discriminación política en la venta, la suplantación del comercio, la imposición de requisitos para la venta de mercaderías, el atraso o la negativa en el registro de importaciones, la falsificación de moneda a través de las emisiones incontroladas, y la venta de determinados productos sin que ellos existan materialmente, como sucede en los estancos del Estado y en las empresas estatales, son los principales delitos que deseamos sancionar. Con este objeto, haremos los esfuerzos necesarios para transformar el proyecto de ley en un instrumento adecuado. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durán. Su Señoría dispone de diez minutos. El señor DURAN.- El Comité Radical me ha cedido uno. El señor PALMA (Presidente).- Tiene razón el señor Senador. Entonces, cuenta con once minutos. El señor DURAN.- Es bien penoso observar, a raíz de una materia tan importante y vital para un país hambreado como éste, la premura con que el Gobierno plantea tan trascendental iniciativa. Pero entiendo perfectamente esta premura, dado su ánimo politiquero y electoral. Sin embargo, duele observar, como chileno, que en el Senado de la República un asunto como éste, que he calificado de esencial, sea también debatido casi como corriendo contra el tiempo. Las materias más esenciales, vinculadas con un proceso económico anarquizado, desarticulado y llevado adelante con incapacidad, debemos analizarlas, como ha expresado el señor Presidente, en escasos diez minutos. He escuchado el discurso del señor Ministro de Hacienda. La verdad es que poco pude oír de su lectura precipitada y rápida, pues también él tenía que correr contra el tiempo y encuadrar sus siete u ocho carillas en el que le correspondía, según la distribución que hicieron los Comités. Pero, de todas maneras, algunas frases tuvimos oportunidad de captar. Por cierto que ellas no son novedosas. Son la repetición constante y majadera que uno oye en cada una de las concentraciones de la Unidad Popular. Cualquier miembro de una JAP o de un partido, o cualquier activista, repite exactamente lo mismo que el señor Ministro nos ha venido a decir. Este país lo ha reconocido el señor Ministro sufre de escasez, hay mercado negro, se ha producido una gigantesca alza de precios y especulación. Pero lo curioso es que el Ejecutivo pretende cambiar las responsabilidades dentro de este análisis político. Como si los partidos de Oposición fuéramos Gobierno, deja caer, con toda clase de adjetivos, la responsabilidad sobre nosotros, limpiándose las manos por la que le compete como gobernante. ¿Qué nos dice frente a la escasez, el mercado negro y las alzas? Nos dice que la culpa de todo esto, tal como lo afirmaría cualquier militante de la Unidad Popular en alguna concentración de barrio, repitiendo el lenguaje tan gastado a través de todo el país, la tienen el imperialismo, los monopolios y los latifundios. ¡Qué cosa tan novedosa nos trae el Ministro! Pero sucede que este representante del Ejecutivo olvida que su propio Gobierno ha dicho al país que el latifundio ya no existe. Senadores de la Unidad Popular, muy felices, han declarado en esta Corporación que el latifundio murió y fue enterrado. Al mismo tiempo, es útil destacar, respecto de los monopolios, que la actual Administración ya lleva más de dos años en el Poder, y que, a pesar del lapso transcurrido, todavía se queja de la existencia de monopolios. ¿Cuáles? ¿Por qué subsisten? ¿Cuál es la política que el Gobierno ha seguido sobre este particular? ¿Acaso no fija precio a los artículos producidos por distintas industrias? Hace unos días el país despertó estupefacto por un alza en la bencina. Sin lugar a dudas, el Gobierno debe de haber comentado con cada uno de sus personeros: ¡Miren cómo ha subido el precio de la bencina! ¡Miren cómo las compañías imperialistas y las empresas extranjeras aprietan la garganta a los chilenos! ¡Son monopolios! ¡Pero, señores, si la bencina subió por un decreto del Ejecutivo! ¡No podía ser de otra manera! ¿Y quién fija el precio de la casi totalidad de los artículos? El Gobierno. En consecuencia, me parece una falta de respeto pretender hacer creer que aquí se está en una tribuna de gente muy ignara. Y yo protesto por esa falta de respeto, como por el lenguaje empleado por el señor Ministro con relación a lo que él llamó la acción de los antichilenos y de los contrarrevolucionarios. Tampoco es una frase nueva. ¡Cuántas veces la oímos en sus largos discursos al señor Castro, refiriéndose a los contrarrevolucionarios! Aquí, en las mismas concentraciones hechas por la Unidad Popular, las oímos siempre. Sin embargo, los que las pronuncian jamás especifican quiénes son los contrarrevolucionarios. Tampoco dicen quiénes son los revolucionarios, los golpistas y los que quieren derrocar al Gobierno. Y, según afirma este Gobierno, el país vive en permanente conspiración, Pero más allá de este análisis, yo protesto por algo que, al parecer, no escucharon los señores Senadores, debido a la extraña manera de exponer del señor Ministro de Hacienda, en el discurso que él nos leyó tan precipitadamente, lo cual hizo difícil percatarse de cada una de sus ideas o planteamientos. Dijo el señor Flores que este proceso de avance, progreso y grandeza de la actual Administración estaba siendo frenado o distorsionado por los antichilenos y los contrarrevolucionarios, agregando que éstos estaban incrustados dentro de los otros Poderes Públicos. Los otros Poderes Públicos son el Congreso Nacional y los Tribunales de Justicia; y que un representante del tercer Poder Público, como lo es el Ejecutivo diga eso en este hemiciclo, no sólo me parece una lesura, sino también una falta de respeto que me mueve, al menos, como representante popular ante el Senado de Chile, a expresar mi repudio y mi protesta. Que haya también algunos con el carácter de contrarrevolucionarios incrustados en el Poder Judicial, tampoco es una frase novedosa traída por el señor Ministro. Es la repetición de expresiones que otro Ministro, me parece que de su propio partido el señor Del Canto, pronunció un día frente a los tribunales de justicia, ¡Pero si el Gobierno ha vivido desprestigiando al Poder Judicial! Ahora mismo se habla de este Poder burgués y de la Corte Marcial. Sin embargo, ¿acaso el Gobierno no podía recurrir de queja a la Corte Suprema? ¿Por qué no apeló ante ese tribunal? Creo útil que respecto de esta materia el país tenga alguna conciencia. No se hizo porque el Ejecutivo continúa en la ruta de desprestigiar a ese Poder Público. La verdad es que, al dictar leyes punitivas, nos asisten serios temores por la filosofía que inspira la acción del Gobierno desde el punto de vista moral. Este acogió una doctrina llamada de los resquicios legales: aprovecha la más pequeña rendija para meter la ilegalidad. Y aquí le estamos entregando armas punitivas para que, con su doctrina de resquicios legales, todos los chilenos se constituyan en delincuentes frente a la acción, posición espiritual, de este Ejecutivo marxista. Dejamos, pues, constancia de que el delito económico, herramienta indispensable en la vida normal de una democracia, pasa a ser de una peligrosidad extrema en manos de quienes, de acuerdo con la filosofía de los resquicios legales, se saltan a pie juntillas el respeto a la Constitución y a las leyes, haciendo de la tinterillada un sistema de vida normal. No creo que sólo sean los comerciantes, los industriales o los agricultores los que caerán bajo la espada ciega de quienes, con pasión y criterio electoral, plantean estos problemas. Si el Gobierno sabía, desde que inició el montaje de sus operaciones por muy ignorante que se lo suponga, que nos llevaría fatalmente a una crisis en el proceso productor y, como consecuencia de ello, a la escasez y a las alzas de precios y su secuela de bolsa negra, en ese entonces debió plantear lealmente el problema ante la faz del país y aquí, en el Congreso. Lo hace ahora, en cambio, con el objeto de acusar de saboteadores, de reaccionarios y de agentes del imperialismo, aparte toda una gama de calificativos largos y majaderamente repetidos, a quienes no seguimos la marcha veloz que se pretende imponer a la legislación que ahora nos ocupa. Pienso que la actual Administración no merece que se le otorgue ningún tipo de ley que implique alguna confianza. A los que estamos recorriendo el país en calidad de candidatos, la voz del pueblo nos llega en cada campo o población, porque todo ciu­dadano sabe muy bien que éste es el más grave de los problemas que enfrenta un pueblo descontento ante un Gobierno que lo está hambreando. El señor PALMA (Presidente).- En votación general el proyecto. (Durante la votación). El señor MONTES.- Quiero aprovechar estos cinco minutos para decir que no corresponde a la realidad lo afirmado aquí por el Honorable señor Durán. El proyecto de ley que tipifica ciertos delitos económicos, a cuya votación general procedemos hoy día, está en el Senado desde el 12 de julio de 1972. Se pidió urgencia para su despacho. Venció la urgencia. Fue retirada. Se pidió nueva urgencia. De nuevo ésta fue retirada. Otra vez fue retirado el proyecto y nuevamente incluido éste con urgencia. Se usaron todos los trámites reglamentarios que fueron dilatando y dilatando el tratamiento y despacho de una iniciativa indispensable para tener una herramienta con la cual combatir a los delincuentes promotores del mercado negro. De manera que hablar aquí de premura para despachar el proyecto, como lo ha hecho el señor Senador, o de correr contra el tiempo para el mismo objetivo, no corresponde a los hechos ni a la realidad. Repito: desde el mes de julio del año pasado esa iniciativa está aquí, en las Comisiones del Parlamento, mejor dicho, en este Senado. Tampoco corresponde a la realidad decir, como lo ha señalado el Honorable señor Durán, que el Gobierno acogió la doctrina de los resquicios legales, que se pretende imputar al Gobierno por parte de los sectores de la Oposición. No la ha acogido. Se ha pretendido endosar una determinada doctrina que el Gobierno, por cierto, no acoge ni practica. Considero lamentable lo afirmado aquí por el Honorable señor Carmona al aseverar que ellos votarán el proyecto sólo con el objeto de transformarlo en su contrario, en algo enteramente distinto, y que sólo bajo esta circunstancia lo hacen favorablemente. El Gobierno pidió al Congreso estas herramientas legales para combatir a los delincuentes del mercado negro y la especulación. Si el Parlamento no le entrega tales herramientas, la responsabilidad no será del Ejecutivo, que está echando mano y echará de todas aquellas otras herramientas que le franqueen la posibilidad de dar la lucha y la batalla contra esos delincuentes a los cuales, en el fondo, se pretende proteger aquí al no despachar oportunamente el proyecto, dilatar su tramitación o al transformarlo en su contrario, legislando al revés de lo propuesto por el Ejecutivo. No siendo posible una argumentación más lata, debido a los pocos minutos con que contamos para fundar nuestra posición, quiero señalar, finalmente, que rechazamos de manera muy terminante las aseveraciones falsas y politiqueras de los Senadores de la Derecha. Concretamente, las del Honorable señor Ibáñez. Nosotros votaremos a favor del proyecto. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, el Honorable señor Montes, Comité del Partido Comunista, manifestó que el proyecto que nos ocupa ha tenido una dilatada tramitación en el Senado. En realidad, tal afirmación no es efectiva: el 20 de diciembre fue incluido, en la convocatoria, pidiéndose urgencia el mismo día por parte del Ejecutivo. Se le ha dado un trámite especial, lo cual significa que no corren los plazos que normalmente tiene la tramitación de las iniciativas legales con simple urgencia. Por lo tanto, de parte de los diversos Comités y del Demócrata Cristiano ha habido siempre el mejor deseo de que el proyecto sea ley a la brevedad. Por compartir la idea de legislar sobre los delitos económicos, votamos en general el proyecto; pero no podemos aceptar que, por el hecho de que participemos de la idea de legislar, se crea que debemos acatar lo que se le ocurra al Ejecutivo en esta materia, porque el Senado y el Parlamento en su conjunto son libres de legislar en la forma que les parezca más conveniente para los intereses del país. Por otra parte, debo hacer presente que, cuando solicité una interrupción al Ministro señor Flores, fue para pedirle una explicación por algo que me pareció escucharle lo mismo ocurrió a otros señores Senadores, en el sentido de que las JAP tendrían la facultad de preocuparse de lo que significaría la alimentación de cada hogar chileno; es decir, que tendría que aplicarse el sistema de la canasta familiar, de regulación o de racionamiento que podría existir, de acuerdo con las palabras del señor Ministro. Por nuestra parte, ni en el proyecto que viene aprobado por la Comisión, en su primer informe, ni en las indicaciones que formularemos, las que seguramente serán aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara, podrá existir jamás ni la mínima semejanza con la idea que, según me parece, expresó el Ministro señor Flores, por estimar que ella significaría la intromisión de las JAP en todos los hogares de Chile, con un criterio político, el cual, por ningún motivo, puede ser aceptado por nadie. Quería dejar constancia de tales ideas en esta materia deseamos ser absolutamente claros y de los motivos por los cuales aprobamos, en general, el proyecto sobre delitos económico. Voto que sí. El señor PRADO.- Señor Presidente, también votaré favorablemente la idea de legislar acerca de esta materia, pero quiero dejar constancia, en forma breve, de algunas consideraciones. La primera de ellas es que cuando un Gobierno pasa a controlar una parte muy importante de la economía, como lo ha hecho la actual Administración respecto de la economía productiva e industrial, fundamentalmente, en muy alto porcentaje, sin discusión pública de lo que ello significa para el país hoy en día controla sobre el 70% de la distribución, no hay duda alguna de que, frente al concepto de delito económico, hay que agregar otro concepto que no está presente en la iniciativa que nos ocupa: el control social. Es decir, el control por la comunidad de lo que se puede hacer en materia delictual, no sólo en el campo privado, que cada día es más restringido, sino también en el campo burocrático. Es indudable que en la actualidad muchas empresas están utilizando procedimientos que no sólo bordean el delito, sino que incurren en el delito mismo. Hay situaciones económicas anómalas e irracionales, como la asignación de determinados artículos de la línea blanca a través de pliegos y convenios, con lo cual se alienta un comienzo de mercado negro. Es innegable que quien recibe cada cierto tiempo un artefacto de uso durable como los mencionados, deberá comercializarlo. Es indudable que, muchas veces, se está tratando mediante tal procedimiento de evitar reajustes o aumentos de salarios, en términos directos. Pero deseo hacer un alcance muy concreto respecto de la causa real del mercado negro. Por supuesto, hay mercado negro en Chile, y creo también que debe de haber algunos sectores privados que participan en él. Sin embargo, quiero decir muy claramente que cuando el 70% o más de la distribución está en manos del Estado, no puede haber mercado negro importante sin complicidad de funcionarios estatales, de gente del régimen. El primer origen del mercado negro y de ello quiero dejar constancia en forma breve es la incapacidad de la economía productiva del país, el fracaso de ésta y de la estrategia económica del actual Gobierno. Tuve oportunidad de escuchar al ex Ministro de Economía, señor Pedro Vuskovic, quien nos afirmó varias veces que la inflación sería detenida por otros conductos. Y el ex parlamentario y actual Ministro de Hacienda señor Orlando Millas sostuvo, después del 3 de noviembre, que la inflación era un resabio de antiguas economías que servían a los sectores capitalistas. Sin embargo, en la última exposición de la hacienda pública debió reconocer que al término del año 1972 la inflación alcanzó a 140%. Y al señor Senador que durante el debate acaba de calificar de antichilenos y de no sé qué otras cosas me parece que de contrarrevolucionarios a quienes han formulado alcances de esta naturaleza en la Corporación, debo decirle que el Ministro Millas pronunció dichas palabras en una entrevista publicada en el diario El Siglo el 5 de junio creo que el Honorable señor Durán también se refirió a ella, en la cual manifestó lo siguiente: Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes que antes acrecentaban las rentas de los capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la insensibilidad pequeñoburguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa. Son palabras del señor Millas; no nuestras. En el momento de votar favorablemente el proyecto de ley, quiero dejar constancia de que hay una cosa que Sus Señorías no pueden ocultar: el fracaso del esquema económico o el fracaso de la estrategia económica. Sus Señorías no han obtenido excedentes en la minería, como debieran tenerlos, no sólo por el precio del cobre, sino porque éste se está produciendo a un costo mucho mayor, y que alcanza los niveles más altos conocidos en Chile. Tampoco pueden ocultar que el año pasado el Presupuesto fue insuficiente, y no porque el cálculo del precio del cobre fuera mal estimado, ya que se consideró una cifra de 46 centavos de dólar la libra y el promedio alcanzó a 49 y medio centavos de dólar. Es decir, tal situación estaba prevista. Los señores Senadores de Gobierno no pueden negar que hoy día, en partes importantísimas de las empresas estatificadas del área social, el signo es aquel que reclama el señor Millas. El área social está perdiendo; la economía en poder del Estado se está transformando en un fracaso, y ello no constituye una novedad. Hay muchos intentos revolucionarios, o seudorrevolucionarios, que han fracasado por las mismas causas; no se saca nada con inventar, a última hora, una especie de gran paraguas como es esto del mercado negro. ¡Por supuesto que hay mercado negro! Cuando hay escasez, hay mercado negro. Pero es preciso ser muy honestos. Cuando el control de la economía está casi totalmente en manos del Estado, aquél no puede existir sin la participación o complicidad de sus funcionarios. Y es conveniente que esto se sepa. Considero sano legislar en este proyecto en forma tal, que, si existen sectores del mercado negro en la empresa privada lo cual es cada día menos probable, por razones lógicas, habrá que legislar al respecto. Pero también habrá que hacerlo para imponer normas que ya se hacen imprescindibles en una legislación como la chilena, y que corresponden a este concepto del control social, a la defensa de la comunidad en un Estado que no demuestra eficiencia para satisfacer sus necesidades fundamentales. Voto que sí. El señor GARCIA.- El Senador comunista que siempre afirma aquí que los militantes de su partido no insultan y lo afirma con mucha dignidad, ha tratado, a toda costa, de que parte de los parlamentarios de Oposición procuremos la impunidad de los delincuentes del mercado negro. Sostengo que el Gobierno cuenta con suficientes disposiciones para combatir el mercado negro, y que la legislación actual no será mejorada con la iniciativa aprobada en la Comisión, porque, simplemente, se montará uno más sobre los 16 diferentes textos legales que existen sobre la misma materia, y nadie sabrá cómo funcionará uno o cómo funcionará el otro. A ello el señor Ministro aduce él me entenderá perfectamente, por su formación profesional que desea tal artículo, porque no quiere que determinada medida se aplique sólo a los productos de primera necesidad, sino que a toda clase de mercaderías, olvidando que el Código Tributario pena con iguales sanciones que las fijadas en esta iniciativa a los que no entregan antecedentes; de modo que basta que lo pida Impuestos Internos. También pasa por alto que la Comisión no examinó diversas leyes que penan con prisión, no a quienes trafican con artículos de primera necesidad, sino que con alimentos, vestuario o materiales de construcción. No se estudió la ley 13.959 ni la 14.824. Tampoco la 15.560 ni la 16.282. De esta última, sólo se hicieron algunas referencias. Únicamente se examinó la ley 16.464. Habría bastado que el Ejecutivo tuviera en sus manos el decreto ley 520, el cual, como lo dije, establece en su texto definitivo que la Dirección de Industria y Comercio puede decretar la clausura de los establecimientos comerciales o industriales, cuando éstos desobedezcan la orden del Ministerio de Economía o de la Superintendencia. Basta que el señor Ministro dé la orden a las industrias textiles para que éstas no entreguen las mercaderías a los grupos de choque que tienen; y ellas deberán obedecer, porque de lo contrario pueden ser clausuradas. A quien desee comprar artículos textiles, yo le puedo indicar quiénes son los obreros de esas fábricas que los tienen en su casas; a quien quiera adquirir baterías, yo le puedo decir qué trabajadores pueden vendérselas; a quien desee comprar neumáticos, que se sacan de INSA, yo le puedo indicar la forma de adquirirlos, porque toda esa masa de comunistas y socialistas que, a través de los interventores, maneja la distribución, se lleva toda la mercadería. El Gobierno cuenta con todos los medios para tomar las medidas del caso, y no necesita la orden de un tribunal. Basta que dé una orden administrativa, pero no la quiere impartir. Y ello por la razón dada por el Honorable señor Prado en el sentido de que en esa forma se evita el pago de reajustes, pues la gente está ganando dinero por dos conductos: por medio de sus salarios y por las diferencias que obtiene en el mercado negro. Esos son los dos mecanismos de que ha echado mano. Hay disposiciones sobradas para proceder al respecto, pero falta el ánimo de ponerlas en práctica, porque por medio de las JAP éstas se llevan la mejor parte, de la expoliación a que someten a los comerciantes, de las coimas que piden para abastecerlos, y de todo ese sistema, han corrompido al país. No sólo nos han quitado todos los bienes, sino que, además, nos están quitando la moral mediante tales procedimientos. Señor Presidente, aquí se dijo que yo estaba diciendo verdades histéricas, pero la verdad es que dije verdades históricas. Anuncié que nos llevarían a vivir de pan y agua. Me he quedado corto, pues nos están dando pan sucio y una cuarta parte de la población ni siquiera tiene agua. El señor LUENGO.- ¡Por eso está tan flaco...! El señor GARCIA.- ¡Tengo reservas del régimen anterior...! La señora CARRERA.- Señor Presidente, hemos podido comprobar que se ha iniciado una campaña de prensa, encabezada por El Mercurio, denunciando el delito económico que es el acaparamiento, el mercado negro y la especulación. Se ha escrito toda clase de artículos y, en realidad, dicha campaña ya lleva más de un mes. Siempre he admirado las mentes que dirigen la propaganda de la Derecha, tanto en El Mercurio como en La Prensa y en otras publicaciones, por su capacidad de insistencia sobre algunos temas que llegan a formar conciencia en mucha gente. Naturalmente, se trata de una técnica que se aprende, que no es un invento de quienes la practican; pero, en todo caso, ellos la aplican con una inteligencia digna de admiración. Pues bien, a pesar de todo eso y de los delitos que se han estado denunciando, ahora esos mismos sectores señalan que no desean una ley sobre el delito económico. Y el Honorable señor Carmona anunció en esta Corporación que votará favorablemente el proyecto nada más que para transformarlo en otra cosa, hacerlo trizas y convertirlo en un instrumento ineficiente. En esta forma lo interpreto yo, porque, en realidad, ésa es la voluntad que se está manifestando en el Senado. Quiero insistir en la habilidad con que esos diarios manejan las noticias, y decir que ya veo hacia donde se dirigen y cómo están concertados el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. El Honorable señor Ibáñez señaló que se estaba falsificando moneda y dio al respecto explicaciones y datos seudotécnicos. Con posterioridad, el Honorable señor Carmona se refirió a la misma materia. No sé si él escuchó la intervención anterior, pero no me cabe la menor duda de que ahora se está instrumentando una campaña sobre la falsificación de moneda, la cual se iniciará luego tanto en La Prensa como en El Mercurio. Deseo reiterar algunos datos que ya tuve oportunidad de proporcionar. Sólo el 25% de la producción del país se encuentra en manos del Estado, tomando en cuenta, como dijo el señor Ministro, la producción de energía eléctrica y la de petróleo. Existe, además, una baja incidencia en la producción de alimentos, vestuarios, tabacos, calzado, etcétera. Este es el primer punto. En segundo lugar, debo advertir que sólo el 30% de la producción de abarrotes la distribuye DINAC, y el porcentaje restante, como lo saben muy bien Sus Señorías, está en manos particulares. Pero esa publicidad concertada y orquestada, junto con los señores Senadores, y que constituye una especie de ballet de la muerte, que es muy interesante de observar, les permite seguir insistiendo en que toda la producción y distribución se encuentra en manos del Estado, de lo cual infiero que cuando realmente tal cosa se materialice, porque desde todo punto de vista es necesario que lo hagamos, no tendrán nada que discutir, pues ya dan por hecho que el Estado controla tales aspectos. Celebro las palabras que hemos escuchado al señor Ministro, pues creo que se han tomado medidas verdaderamente serias que impedirán una nueva conjura contra el pueblo. Es natural que en un proceso de cambios se produzca escasez, porque aumenta el poder de compra de los trabajadores y no se incrementa en el mismo ritmo la producción; pero ahora, mediante esa campaña instrumentada, se la ha aumentado en forma artificial. Además, la mayoría de las colas son artificiales. Si hubiera contado con el tiempo suficiente, habría demostrado que hay comerciantes dirigidos por la Derecha que, teniendo aceite, por ejemplo, obligan a las mujeres a hacer cola cinco, seis, siete y ocho veces, para venderles en cada oportunidad un octavo de litro de aceite, sabiendo perfectamente que se trata de las mismas mujeres que vuelven. Sin embargo, no les venden de inmediato un litro de ese artículo. Inclusive hay un dirigente de la Democracia Cristiana que procede en esa forma. De esa manera aumenta la desesperación y la desesperanza en la gente que está en las colas. Sin embargo, en esos mismos lugares, como en el último caso que denuncié, a veces hay acaparados decenas y cientos de tambores de aceite. Por lo tanto, creo necesario legislar sobre esta materia y aprobar la iniciativa legal que estamos votando. También creo conveniente decirle a la gente cómo se comporta este Senado, que primero denuncia la existencia de un problema y después se niega a por lo menos paliarlo mediante un proyecto de ley. Finalmente, debo decir lo siguiente: me indignan las expresiones, que rechazo, del señor García contra los obreros. Según ellas, resulta que no hay ningún problema al respecto y que los obreros son la fuente del mercado negro. Me parece que eso es una grosería que nosotros, como socialistas, no podemos aceptar. El señor IRURETA.- Lo dijo la Comisión Política del Partido Comunista. La señora CARRERA.- Lo habrá dicho de otra manera, no en la forma grosera, insolente y falsa como lo dice el señor García. Voto que sí. El señor García ataca a los obreros por sus sentimientos de clase. El señor GARCIA.- Desgraciadamente, yo no soy un Chadwick, ni un Carrera, ni un Altamirano ¡Qué le voy a hacer! El señor LUENGO.- En el fundamento de su voto, el Honorable señor García ha insistido en que en la actualidad hay más; de 16 leyes que pueden sancionar algunos aspectos del delito económico y que no se aplican o se aplican mal, de modo que, a. su juicio, es innecesario dictar estas nuevas disposiciones. Por mi parte, quiero insistir en lo que dije denantes: si bien esas disposiciones legales parecieran ser apropiadas al momento histórico en que ellas fueron dictadas, el tiempo ha demostrado en el hecho que ellas no eran bastante eficientes. EL señor García agregó, todavía, que para los efectos de que las autoridades pudieran realizar visitas o dar órdenes de cumplimiento obligatorio por los comerciantes, existía el decreto ley 520; que debiendo aplicarse dicho cuerpo legal, la autoridad no requería una nueva disposición como una de las consignadas en el proyecto. Pero el señor García olvida que los propios Senadores han consignado, en un proyecto de reforma constitucional, la derogación del decreto ley 520; que tal derogación, que fue aprobada por la mayoría del Senado, propuesta y defendida por el señor García... El señor HAMILTON.- No la propuso el señor García. El señor LUENGO.- Si no lo propuso, en todo caso la defendió y la votó favorablemente. Por lo tanto, creo que la declaración hecha hace un instante por el Honorable señor García demuestra la actitud doble con que está actuando el Partido Nacional, concretamente en esta materia. Porque al menos la Democracia Cristiana está votando favorablemente este proyecto, y aunque tenga algunas observaciones que formular al respecto no sé exactamente cuáles son; no oí al Honorable señor Carmona cuando dijo que quería cambiar totalmente el proyecto, según expresó la Honorable señora Carrera, ha manifestado su deseo de que el proyecto camine, de que se apruebe en general, a fin de poder estudiarlo después en particular. Bien distinta es la actitud del Partido Nacional, que, repito, sostiene que hay disposiciones vigentes que se pueden aplicar en esta materia pero cuya derogación precisamente ellos están votando. Nosotros decimos que queremos aplicar esas disposiciones y dictar otras nuevas que superen cualquier insuficiencia de las anteriores. El texto de la iniciativa en debate parece ser bastante claro. Mediante él se sancionan concretamente el acaparamiento, la negación de venta, la venta condicionada y una serie de otras actitudes que pueden tomar los comerciantes, fundamentalmente, pues también se sanciona a las personas que no sean comerciantes y aun a funcionarios de Gobierno cuando producen daño económico a la comunidad. Por lo expuesto, pienso que quienes han votado o voten en contra de la idea de legislar en esta materia, tendrán necesariamente que ser condenados por la historia. Voto que sí, autorizado por el Comité Demócrata Cristiano, porque no obstante estar pareado con un Senador de la Democracia Cristiana, ellos están votando a favor del proyecto. El señor CARMONA.- Los Senadores señora Carrera y señor Montes han hecho mucho caudal de lo que expresé en el sentido de que la Democracia Cristiana iba a votar favorablemente en general este proyecto, en la convicción de que era necesario transformarlo en un texto distinto de lo propuesto primitivamente por el Gobierno. Quiero ratificar las expresiones que usé. Manifesté textualmente que después de escuchar aquí la exposición que nos hizo el señor Ministro de Hacienda, de haber entendido claramente los propósitos y objetivos que persigue el Gobierno con su política económica, insistiendo en los errores que se han cometido hasta el día de hoy, no cabe sino defender al pueblo de Chile y al público consumidor dándoles un instrumento legal adecuado para que, a más de los conceptos de delito económico que existen en estos momentos y respecto de los cuales no es necesario legislar si se despacha o no se despacha este proyecto, no quita ni pone rey, porque existen leyes vigentes a las cuales el Gobierno no ha querido recurrir, para crear el estado de ánimo ante la opinión pública de que esta iniciativa es absolutamente necesaria, puedan defenderse contra los que quieren insistir en políticas totalmente ineficaces, gastadas, repudiables, y que son precisamente las que han provocado el mercado negro, las colas, el desabastecimiento y la especulación en nuestro país. Más que a los comerciantes, más que a los industriales, más que al propio público, en estos momentos hay que mirar hacia los funcionarios, hacia los gobernantes, hacia las personas designadas por éstos, para ver cómo están actuando. Por eso, creo que este proyecto de ley debe ser un instrumento en manos del público consumidor que permita defenderlo de actuaciones nefastas de esas personas que han producido tales consecuencias. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esta iniciativa. Y lo consideramos indispensable, porque se nos quiere hacer tragar la píldora, a estas alturas de madurez de la opinión pública chilena, de que mediante disposiciones legales se resolverán los tremendos problemas y se salvarán los errores económicos cometidos por este Gobierno. ¡Si eso no lo va a arreglar nadie, pues no tiene remedio! Por lo que le escuchamos esta mañana al señor Ministro de Hacienda, nuestros problemas no tienen solución, y serán más grandes las colas, más grave el desabastecimiento, más patente la ineficacia de todos los sectores gobernantes para hacer frente a la situación por que atravesamos. Por lo tanto, es absolutamente necesario, a nuestro juicio, crear un instrumento legal porque yo creo en la defensa mediante la ley que permita defendernos de estas persistencias en los errores, ya a sabiendas, que quiere cometer el Gobierno en materias económicas. Esta es nuestra posición respecto del proyecto de ley. Después de haber escuchado al señor Ministro de Hacienda, no cabe duda de que hay un imperativo moral en estos momentos, especialmente de los partidos de Oposición, de defender al pueblo y al público consumidor; de defenderlos incluso de los delincuentes que están al otro lado de la barricada y, muy especialmente, en el Gobierno, que están cometiendo toda clase de tropelías en esta materia. Este es el sentido que tiene nuestra posición con respecto al proyecto de ley que estamos votando. Creo que de esta manera no sólo vamos a levantar la cortina de humo que la propaganda de la Unidad Popular ha querido tender ante la opinión pública, especialmente ahora que estamos en vísperas de elecciones parlamentarias, sino que también haremos bajar a la tierra a la gente que está en las nubes y que cree que las colas son creadas artificialmente. La mujer del pueblo, los niños de Chile que se colocan en las colas lo hacen por gusto, según debemos deducir de opiniones tan extrañas como las que hemos escuchado esta mañana. Pero creo que habrá una sola manera de ponerlos en la realidad, y esa será la cola que el pueblo les pondrá en las próximas elecciones de marzo y que ya sabe muy bien donde la colocará. Voto que sí. El señor ACUÑA.- Tal como expresó el Honorable señor Baltra, y después del planteamiento formulado por el Honorable señor Juliet, del Partido Izquierda Radical, nosotros votaremos favorablemente la idea de legislar, a sabiendas de que esta iniciativa obedece, fundamentalmente, al deseo de encender, en vísperas de elecciones parlamentarias, un gran volador de luces respecto de las causas que han generado el mercado negro y todo el proceso de inflación y de desabastecimiento que el país ha estado viviendo. Creemos realmente que hay mecanismos legales que permiten al Gobierno impedir y sancionar estos delitos de tipo económico, y en este proyecto de ley vemos fundamentalmente un deseo de sistematizar, planteando, como decía, una expectativa de solución que no se divisa, con miras a explotarla políticamente en la campaña que tenemos por delante. Tal como expresó el Honorable señor Baltra, la inflación, el desabastecimiento, el mercado negro que sufre nuestro país forman un solo contexto. La bolsa negra y el mercado negro son principalmente la consecuencia de un proceso de manejo inepto e incapaz de la economía chilena, sometida a esquemas y dogmas rígidos, tratando fundamentalmente de copiar procesos iniciados en otras naciones con otras estructuras económicas y con otras realidades. En un país donde el 60% de la economía está manejada por el Estado; donde el 60%' del área agrícola está controlada por los organismos fiscales; donde la banca pertenece al Estado; donde el comercio exterior, de exportación y de importación, es realizado fundamentalmente por el Estado; donde la distribución es efectuada en alto porcentaje por el Estado; donde la política de precios es regulada por decretos supremos refrendados por los Ministros de Economía o de Hacienda y, a veces, por el Presidente de la República, no se puede plantear que el proceso que vive Chile obedece a causas ajenas a quienes conducen la marcha del país. La crisis económica que afecta al país es la crisis de la capacidad para gobernar, es la consecuencia de un proceso en que se ha confundido la planificación seria y responsable con un proceso permanente de declamaciones. El Gobierno confunde programar, planificar, con declamar. Y cuando fallan todos sus esquemas y todos sus planteamientos, opta por culpar a los adversarios políticos que han estado planteando con ánimo crítico las rectificaciones que hay que hacer frente a los errores que se cometen. Aquí se ha insistido en el proceso del latifundio. ¡Pero si el problema del latifundio quedó superado en Chile! ¡Si el Partido Comunista, en el mes de agosto, en un gran congreso nacional, anunció, con tambores y huifas, la liquidación del latifundio y habló, en una actitud de análisis de la reforma agraria, de lo negativo, de los errores que se habían cometido, queriendo plantear, después de dos años, que una confesión de errores permitiría superar las deficiencias, lo que por desgracia no se ha visto! El Presidente de la República permanentemente ha planteado lo mismo, y desde hace tiempo viene hablando de cambios en los mandos medios, de rectificar la conducción realizada por elementos irresponsables. ¿Y qué se ha hecho? Hemos visto la maniobra ajedrecística del enroque funcionario, y también en el plano ministerial frente al proceso de las acusaciones. El señor Allende, en una conferencia entregada por la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República el 23 de noviembre tengo aquí el boletín respectivo, dijo a 22 profesores costarricenses: Controlamos hoy día el 95, 96% de la Banca,...; Hemos erradicado el latifundio en dos años; hemos expropiado 5 millones 300 mil hectáreas en 20 meses. En un día expropiamos 370 mil hectáreas...; Hemos estatizado la Banca...; Estamos controlando el comercio de importación anual por persona. Sin embargo, en este instante, al vivir el proceso que todos conocemos, se pretende olvidar todo el conjunto de atribuciones y mecanismos que maneja el Estado, para decir que la responsabilidad en el caos, en el fracaso y en el desquiciamiento que vive el país es consecuencia de la acción de los grupos opositores al Gobierno. Quiero señalar en esta Sala que en la actualidad el Banco Central está lanzando a la circulación un mil 800 millones de escudos. Por otra parte, el interés bancario se ha aumentado en 54% en los primeros días de este año, como si ésta fuera la mejor noticia, en circunstancias de que antes se censuraban los intereses usurarios que se cobraban. ¡Hoy día, el Estado institucionaliza la usura en el interés bancario! Por eso, repito: la culpa del proceso que hoy sufrimos radica en que quienes conducen el país no han tenido la capacidad y la seriedad necesarias para llevar a cabo su política ajustada a la realidad nacional. Votaremos favorablemente la idea de legislar, pero anuncio que usaremos todos los mecanismos posibles para que las sanciones se apliquen a todos y, fundamentalmente, a quienes están manejando los aparatos productivos controlados por el Gobierno. Voto que sí. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Quiero disipar la duda planteada por algunos sectores del Gobierno para hacer creer a la opinión pública que el Parlamento ha dificultado el despacho de este proyecto, en circunstancias de que los Senadores de estas bancas hemos dado toda clase de facilidades para ello. Tanto el Honorable señor Juliet como el Senador que habla hemos concurrido a todas las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación, justicia y Reglamento e, igualmente, a las reuniones de Comités, para entregar las herramientas necesarias con el fin de que esta iniciativa se vote hoy a la una y cuarto. Asimismo, durante el debate habido en el seno de la Comisión, el Honorable señor Juliet formuló interesantes alcances que fueron comprendidos por el Gobierno, y cuando en esa oportunidad voté favorablemente, anticipé también que, dentro del plazo reglamentario, presentaría conjunto de indicaciones, que están en estudio por los técnicos de nuestro partido, con el objeto de perfeccionar esta materia. También dejamos constancia de nuestra complacencia por el hecho de que el Ejecutivo aceptó observaciones del Honorable señor Juliet, tendientes a sancionar conductas ilícitas que no aparecían castigadas en el proyecto original; o sea, castigar actividades relacionadas con el mercado negro. Asimismo, manifestamos nuestra satisfacción por la buena acogida que había tenido la idea de sancionar en forma particularmente drástica a aquellos funcionarios que en el desempeño de sus cargos cometan delitos de la naturaleza de los descritos en el proyecto que nos ocupa. Las exposiciones de mis distinguidos colegas los Honorables señores Baltra y Acuña y, en seguida, del colega Juliet, así como la presencia en la Sala de la mayoría de los Senadores del Partido Izquierda Radical, están demostrando en forma clara y definitiva que nosotros no eludimos el despacho de este proyecto, al que daremos nuestros votos favorables, reservándonos el derecho de recurrir a las facultades reglamentarias para mejorarlo en todo cuanto se relaciona con el servicio del país y con el beneficio de los consumidores. El señor JULIET.- Señor Presidente, deseo reafirmar en forma muy breve lo que he expresado en dos o tres oportunidades. En primer término, creo innecesario el proyecto del Gobierno. Quien estudie nuestra legislación vigente verá que muchas de sus disposiciones, o todas, configuran los mismos delitos que la iniciativa en debate y que esta última sólo establece mayores penas. Habría deseado, así lo expresé en la Comisión, que en Chile concluyera el despacho de leyes que únicamente representan la aplicación de muchas penalidades, y se aprobara un cuerpo legal que encarne los rubros de la producción, de la distribución y del comercio, sin crear en el país una gran penitenciaría, pues ya todas las actitudes de nuestros conciudadanos al parecer terminan haciéndose merecedoras a penas corporales. No obstante ese vicio, presentaré una serie de indicaciones que también establecen penas corporales, para seguir el mismo ritmo del Gobierno, que no comparto. Reitero: nuestro país necesita leyes positivas que encaminen en forma adecuada nuestra producción. Como destacó el Honorable señor Aguirre Doolan, compartimos las expresiones del Honorable señor Carmona. Ellas nos interpretan, no por el hecho de que tenemos posibilidad de transformar el mensaje en un nuevo proyecto, sino en cuanto a que las palabras del señor Ministro de Hacienda nos mueven a meditar sobre lo que debemos hacer frente al problema de los delitos económicos que se nos plantean. Reitero que nuestro interés se dirige a afianzar y reforzar al comercio establecido chileno. A través de él se puede fiscalizar toda la distribución y el comercio de la producción nacional, amén de que la tributación no sufre daño. Recuerdo haber dicho en la Comisión que en las calles Puente y Veintiuno de Mayo, o en cualquier sitio de Santiago, los quioscos allí establecidos venden artículos que escasean en las farmacias y en muchos otros ramos del comercio y que los expenden a precios especulativos. Sin embargo, la Dirección de Industria y Comercio y la fuerza policial, las que en virtud de disposiciones legales vigentes están llamadas a custodiar lo relacionado con estas materias, todo lo toleran. En cambio, al comercio establecido, por error a veces de un empleado que vende artículos a precios levemente alzados me refiero a estos casos y no a actuaciones dolosas, se le aplica todo el rigor de la ley. El ejemplo citado por el señor Ministro, del cesante al que se entregan artículos para que los venda con el fin de reparar su capacidad económica, me fue expresado a mí en la calle Puente: Estos artículos me los dieron para poder subvenir al estado de cesantía en que me encuentro. El señor IRURETA.- ¿Quién se lo dijo? El señor JULIET.- Un vendedor de artículos dentífricos en la calle Puente. En todo esto advierto dos premisas que son fundamentales y que nuestro partido habrá de defender: primero, que la distribución y el comercio se realicen por intermedio del comercio establecido. A éste lo vamos a defender para terminar con todo el comercio clandestino y con las ventas que realizan centros de madres, las JAP, pequeños negocios ambulantes y camiones que ofrecen papas, cebollas, etcétera, de puerta en puerta. Al mismo tiempo, también trataremos de que las JAP, organismos que son de orden particular, ya que no los creó la ley, se constriñan a la labor que se les ha encomendado y no se dediquen a realizar trabajos de distribuidores y de comerciantes. Con ello, defendemos el Presupuesto de la república, pues permite una tributación adecuada, y también al comercio, que nos merece consideraciones muy especiales. Por último, quiero referirme a lo expresado por el Honorable señor Carmona sobre la mala política económica. El desabastecimiento actual es producto de la más ignorante e inadecuada aplicación de las leyes de reforma agraria. Al respecto, recuerdo que en cierta época, a una de las ciudades capital de la provincia que yo represento, llegó el Ministro señor Chonchol con un gran aviso publicado en Santiago y otro más grande aparecido en el diario La Mañana, que decía: Hoy se van a expropiar trescientos cincuenta fundos, como quien va a comprar trescientos cincuenta pares de zapatos o trescientos cincuenta metros de género. Una expropiación llevada en esos términos conduce a los delitos y a los dramas económicos que vivimos y, por ello, el Gobierno no puede desligarse de las consecuencias que hoy día sufre. Voto que sí. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, no voy a descender a hacerme cargo de las injurias de un señor Senador, porque respecto de su persona el Senado ya tiene un juicio muy claro y formado. Bien sabemos aquí que se trata de un tonto automático que ha llegado a esta Corporación para que, cada vez que se le aprieta un botón, injurie a los Senadores que se oponen al Gobierno. También quiero dejar en claro que no ha habido demora alguna por parte de los Senadores de Oposición para el despacho del proyecto en debate, y que el Gobierno se ha encargado de dejarlo durmiendo en el Senado, puesto que al iniciarse la legislatura extraordinaria no lo incluyó en la convocatoria y sólo hace 10 ó 15 días pidió que volviera a discutirse. Por último, en respuesta al Honorable señor Luengo, quiero decir que no hay ninguna actitud doble de parte de los Senadores nacionales. La petición del Honorable señor García de derogar parte del decreto ley Nº 520 nada tiene que ver con las disposiciones que ahora estamos discutiendo. Por lo demás, hay 16 leyes que no se han aplicado por una razón muy simple: si así obrara el Gobierno, debería haber llevado a la cárcel a connotados dirigentes de la Unidad Popular. Hay conciencia de que el proyecto en discusión debe ser transformado radicalmente, porque se trata de una iniciativa destinada, en el fondo, a establecer un control político sobre la población del país. Nosotros tenemos la certeza de que hay grandes delincuentes y de que se cometen los más repudiables delitos en la vida, económica nacional. Pero esos delincuentes y esos delitos están en la esfera del Gobierno, y la ley en proyecto no se refiere a ellos. El objetivo de esta iniciativa es perseguir a los consumidores y a los comerciantes y buscar alguna justificación para establecer un racionamiento ilegal y abusivo, como el anunciado por el señor Ministro, por parte de las ilegales JAP. Persigue, además, una especie de consenso de culpabilidad frente al mercado negro. Pues bien, debo decir que los Senadores de estas bancas, los miembros del Partido Nacional y los vastos sectores de tra­bajadores que representamos en el campo político, no tenemos ni aceptamos ni siquiera la sombra de una culpabilidad. Ella recae total, acusadora y abrumadoramente sobre el Gobierno y, en particular, sobre el Partido Comunista, que ha tenido en sus manos la gestión económica de la Unidad Popular. Hay consenso acerca de la necesidad de cambiar el articulado del proyecto para proteger a los consumidores y a los comerciantes minoristas, como lo expresaron Senadores de diversas bancas. A nuestro juicio, ello debe hacerse, pero debería ser materia de otro proyecto al que nosotros concurriríamos con agrado, pues, repito, estamos perfectamente conscientes de que se cometen gravísimos delitos y sabemos dónde se realizan, pero, por desgracia, la iniciativa en debate no los tipifica y, por cierto, tampoco los sanciona. Pero no queremos que la opinión pública se confunda: la aprobación de esta iniciativa nada tiene que ver con los motivos aducidos por la publicidad mentirosa de ciertos sectores de Gobierno. Eso lo estimamos profundamente grave y absolutamente inconveniente. Reitero: estamos dispuestos a estudiar derechamente los graves delitos que afectan a todos los chilenos, y, por esta razón y en defensa de los comerciantes y de los consumidores, pensamos que un proyecto de ley como el sometido en estos instantes a votación, cuya finalidad es puramente a votación, cuya finalidad es puramente engañar a la opinión pública, debe ser rechazado. Los Senadores nacionales rechazaremos la idea de legislar. Voto que no. El señor GUMUCIO.- A pesar de estar pareado con el Honorable señor Noemi, votaré en esta oportunidad, pues he sido autorizado por el Comité Demócrata Cristiano. En esta sesión escuchamos las opiniones bastante apasionadas de los personeros de la Derecha. En realidad, han reeditado los mismos discursos que durante largos años como parlamentario he escuchado en las numerosas oportunidades en que se han discutido proyectos relativos al delito económico. Claro está que ahora usan un tono mucho más demagógico. Hace poco tiempo, en Santiago se exhibió una película de un cineasta de la Universidad Católica, llamada Un año de Gobierno, donde sencillamente se iban proyectando los hechos sucedidos en el año de Gobierno de la Unidad Popular. Uno de ellos era el desfile de las cacerolas o de las ollas vacías. En primera fila aparecían unas señoras que yo conozco, rollizas, bien sanas y elegantes, gritando Tenemos hambre, tenemos hambre. Y ¡por Dios!, yo que las conocía sabía cuán lejos estaban de la posibilidad de que ellas tuvieran hambre. Hoy día el Honorable señor García nos ha dicho que él tiene hambre y que ya, en realidad, han sido despojados de todo lo que tenían. En verdad, la Derecha nunca da la verdadera cara. Son enemigos de este proyecto al igual como lo han sido de otras iniciativas similares, porque son contrarios a la intervención del Estado en la economía, opinión respetable pero discutible. Pero jamás dicen que ésta es la razón que tienen para oponerse, sino que siempre aducen otros motivos. Por ejemplo, ahora son libertarios: son partidarios de la libertad de expresión, pero fueron ellos los autores de la Ley Mordaza, y de la ley de Defensa de la Democracia. También fueron enemigos de los paros nacionales; hablaban de los huelguistas en la forma más tremenda; consideraban que las huelgas destruían al país; en cambio, ahora son los campeones del derecho a huelga, derecho sagrado para ellos. Son campeones de la defensa de los dirigentes sindicales del Banco Central que reclamaban una indemnización de cinco millones de escudos. ¡Estos son los campeones de la defensa de la huelga, del paro nacional! Hoy día aparecen como el baluarte de los modestos y humildes consumidores, que naturalmente están sufriendo las colas que tienen que hacer. Como se ve, nunca se presentan con su verdadera cara. Jamás la razón para adoptar una posición reside en el fondo del problema, sino en otra parte. Como soy partidario de la intervención del Estado, por muchos defectos que tenga, por muchos errores que se cometan, y aunque pudiera acarrear ciertas deficiencias, sigo manteniendo mi línea de principios, que expreso tal como es. En segundo lugar, aquí se ha planteado que los únicos culpables del mercado negro es el Gobierno y los sinvergüenzas socialistas y comunistas que están acaparando, especulando y creando el mercado negro. Pero no dicen nada, porque no hay ninguna objetividad para plantear las diversas causas que originan el mercado negro y la especulación, del boicot concreto realizado desde el exterior por el imperialismo, que, como se sabe, ha liquidado préstamos de organismos internacionales y facilidades a corto plazo para importar y exportar. Ese hecho se lo saltan y no lo mencionan. No digo que esta ley en proyecto pueda constituir una panacea. No creo que las leyes puedan solucionar a fondo problemas económicos, pero ayudan por lo menos a hacerles frente. La verdad es que las causas son muchas y muy diversas. No las estoy discutiendo. Entre ellas también hay fallas del Ejecutivo. Y en este punto nadie puede desconocer que el Gobierno de la Unidad Popular ha tenido la virtud de la autocrítica. No se están tapando los errores se reconoce su existencia y que deben ser rectificados, pero de ahí a sostener que provienen exclusivamente de una causa política y son de responsabilidad de funcionarios del Gobierno, es hacer demagogia en vísperas de comicios parlamentarios. Como se va a completar el tiempo de que dispongo, quiero formular un voto. Hace muchos años en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de reforma agraria, pero al final sólo quedó la primera frase de su enunciado: Hácese una reforma agraria. En esa oportunidad, la Derecha, con su habilidad acostumbrada, logró, que todos los artículos concretos sobre reforma agraria fueran liquidados. El señor MORENO.- Fue un proyecto presentado por un Diputado del Partido Socialista, y era muy malo... El señor GUMUCIO.- Entiendo que Su Señoría no es derechista. Es democratacristiano. ¿Para qué los defiende? En realidad estoy señalando un hecho que ocurrió. Como decía, hago votos para que en el segundo informe no ocurra algo similar a lo acontecido con el proyecto de reforma agraria que mencioné, y que las indicaciones no se orienten a liquidarlo, porque la Derecha ha hecho exigencias en ese sentido a la Democracia Cristiana. En verdad, hago votos para que todas las indicaciones, como anticipó el Honorable señor Carmona, vayan a defender al consumidor. Si son buenas y rectas, en buena hora que se presenten. Pero confío en que no constituyan una nueva macuquería de tipo político clásico destinada a boicotear la iniciativa. Voto que sí. El señor DURAN.- He solicitado usar de la palabra para rectificar algunos hechos. Mandé buscar a la Secretaría algunos datos respecto del tratamiento del proyecto que ahora se vota, y me he encontrado, no obstante la afirmación tan clara, firme y tajante del Honorable señor Montes que como siempre se queja de que las iniciativas del Gobierno no se tramitan rápidamente y se las obstruye, con que este asunto no figuró en la convocatoria, desde el 18 de septiembre al 20 de diciembre de 1972, que se incluyó en ella el 20 de diciembre y que la Comisión lo informó el 2 de enero de este año. Y como el Congreso no puede por sí mismo incluir materias en la legislatura extraordinaria, cualquier tardanza en su despacho es de responsabilidad del Gobierno. Me he quejado de que se haya tratado con tanta premura un proyecto tan importante, porque si el problema es grave, como todos sabemos, lo lógico es que el Ejecutivo lo hubiera incluido en la legislatura extraordinaria tan pronto como se inició. No lo hizo, y el motivo de mi crítica es que ahora, apresuradamente, con una urgencia increíble, se plantee un debate con reparto de tiempo; se fije hora para votar en general el proyecto, y se inicie en la Comisión una nueva carrera para despacharlo en particular. Posiblemente las diversas indicaciones que se formulen darán motivo a muchos títulos de primera página, donde se podrá leer lo mismo que aquí hemos escuchado. Es decir, no un lenguaje de fondo respecto del proceso económico del país, sino una serie de consignas; de frases hechas para construir consignas que induzcan a pensar al pueblo que los responsables del desastre económico de la nación no están en el Gobierno, sino en los sectores de la Oposición. También quiero destacar a los señores Senadores que en esta sesión he tenido diez minutos para emitir una opinión respecto de un asunto que se traduce en que una dueña de casa ocupa tres días en hacer una sola cola. Y a la causa de esta espera de tres días, en una de las múltiples colas que existen y en uno de los múltiples problemas que hay, debemos referirnos apresuradamente en diez minutos. Entonces, frente al alcance hecho por el señor Senador, es útil que la opinión pública se forme un juicio acerca de lo insuficiente que resultan diez minutos para discutir una materia tan importante y delicada. El señor LUENGO.- Aquí se han votado reformas constitucionales sin debate. El señor DURAN.- Primero se han tratado largamente en la Comisión. El señor LUENGO.- No, señor Senador. El señor DURAN.- Por lo menos yo no recuerdo ninguna reforma constitucional a la que se haya dado ese trámite. En todo caso, si alguna vez pasó, eso no justifica el trámite dado a esta iniciativa, porque de esa manera Su Señoría podría autorizar la comisión de cualquier delito en vista de que antes se produjeron otros. Eso se denomina anarquía y no ordenación jurídica. El señor IRURETA.- ¿De qué reforma constitucional se trata? Porque aquí nadie se acuerda. El señor DURAN.- El Honorable señor Luengo debe de haber tenido una pesadilla. El señor LUENGO.- Por ejemplo, la reforma constitucional del Honorable señor Pablo... El señor DURAN.- El Senador Montes también sostuvo que el Gobierno nunca ha hecho doctrina de los resquicios legales. Quiero recordar a los señores Senadores, y para que también lo tenga presente el país, que fue el señor Novoa el que planteó, en la prensa y en los debates de la Comisión la existencia lícita de esta actitud del Gobierno de aprovechar lo que él denominó los resquicios legales. En consecuencia, el señor Senador está muy desmemoriado en la discusión de esta mañana. Por último, quiero decir a los representantes del Ejecutivo en el afán de responsabilizar al comercio, a la industria y a la agricultura, todos tienen la culpa, menos los perlas que en nuestra Cooperativa no tenemos qué cosas comprar... El señor CONTRERAS.- Porque el señor Matte no quería comprar. El señor GARCIA.- El señor Matte ya se fue. El señor DURAN. -No tenemos aceite, y vamos a tener que pedir que el horario de sesiones se modifique, porque a causa del desabastecimiento tendremos que matricularnos en las colas. No voto, por estar pareado con el Honorable señor Tarud. El señor MORENO.- Desde hace bastantes meses en la Universidad de Chile se viene desarrollando una polémica o un foro a nivel de los profesores y alumnos, para discutir si lo que está ocurriendo en este país es producto de una teoría deliberadamente aplicada, o si se debe a que las personas encargadas de aplicar e implementar los mecanismos económicos más esenciales han fracasado por su incapacidad e incompetencia. Probablemente esta polémica ya se ha trasladado a todo el país y tiene un denominador común: se acepta incluso a nivel universitario por los propios representantes de la ideología marxista, que esta fórmula económica del Gobierno ha fracasa do en forma estrepitosa. Los datos no resisten mayor análisis, y en cualquier foro donde hay tranquilidad para estudiar el problema, se llega a la conclusión de que un país que prácticamente tiene su agricultura quebrada una inflación desatada, que representa un record en América Latina; con un déficit en la balanza de pagos que va a llegar este año a 700 millones de dólares; que hoy no tiene disponibilidad de recursos básicos para adquirir bienes de capital que necesita y alimentos que no es capaz de producir, es un país que económicamente está de rodillas. Y la culpabilidad de esto no recae, como alguien pudiera manifestarlo aquí, en algún funcionario subalterno o en una persona que estuviera manipulando el aparato productivo con el propósito de crear desesperación en la gente. Las causas de esta crisis afloran como un verdadero brote de viruela en un cuerpo que está realmente enfermo, y hoy todos los chilenos tenemos conciencia de que este Gobierno ya fracasó desde el punto de vista económico, y que no tiene arreglo. por lo menos la gente de Gobierno que algo piensa y que algo de frialdad mantiene, coincide con lo que estamos diciendo cuando se refiere a la situación que vive el país, aunque llene sus intenciones con adjetivos y frases de tipo político. Este Gobierno, económicamente, no tiene salida, no tiene arreglo. Y la demostración se halla en este proyecto: según Sus Señorías, dormía en el Parlamento desde hacía meses; pero ahora lo reflotan para tratar de presentarse con un salvavidas. Es cosa de escuchar las radios, la propaganda de la Unidad Popular, al Honorable señor Altamirano, a quien no tenemos el gusto de ver en el Senado. Desde que llegué a esta Alta Corporación, lo he divisado una sola vez únicamente, lo divisé; no viene por acá; tal vez la razón sea su total desacuerdo con el Congreso; sin embargo, está buscando votos para permanecer en él. Pero aquí, ¿de qué se trata? De explicarle a la gente que las causas del mercado negro no están en las fallas del proceso productor, en que la ciudadanía necesita comer lo mismo que comía antes, bien, regular o mal. El origen del mercado negro se halla en que la producción de alimentos, bienes y servicios es menor que la de antes. Porque la población chilena no ha aumentado en términos significativos durante los dos últimos, años. Y ahora, ¿qué dicen? Que se ha armado una verdadera confabulación para esconder lo que ellos manejan. Entonces, no queda más que una de estas dos alternativas: o son inmorales o sinvergüenzas quienes manejan las industrias estatificadas, o son tan tontos que les sacan las cosas por debajo de las narices sin que se den cuenta y les arman un mercado negro para financiar la contrarrevolución, como dicen estos sesudos representantes de la Unidad Popular. He aquí una demostración de lo que está sucediendo. Ayer, en la comuna de San Miguel, al Alcalde Tito Palestro, uno de los más furibundos partidarios de la Unidad Popular, se le acabó su propia prestancia: ante una verdadera turba de comerciantes, debió reconocer el desorden que había y que las JAP eran organizaciones realmente tenebrosas que debían ser condenadas; y dijo que él tenía independencia ante este Gobierno. ¡Porque este Gobierno ya no da para más, y el desorden no se sujeta! ¡Y esto es lo que les pica a los miembros de la Unidad Popular! Aquí, ¿qué están planteando? Intentan sancionar un proyecto que condena el mercado negro, para perseguir al delincuente consumidor, a la madre, al joven, a la mujer que necesita comprar carne para alimentar a la familia. Votaremos favorablemente la iniciativa. ¿Para qué? Para cambiar su terminología y perseguir a los delincuentes que se hallan dentro del Gobierno, que están especulando y enriqueciéndose como nos consta, por los innumerables casos que conocemos con el hambre del pueblo, con el sufrimiento de la gente, y que aquí tienen la tupé de venir a decir las cosas de modo distinto. Este país ya los conoce, y en él mes de marzo les dará su merecido, con revolución o sin ella. Porque el desorden en que nos han sumido tiene un precio, y ese precio lo cobrarán el 4 de marzo próximo. Voto que sí. El señor PALMA (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, hace bastante tiempo que estoy en este recinto, y nunca había escuchado un lenguaje más soez que el usado en la sesión de la mañana de hoy. Si aquí hay personas que fueron elegidas por voluntad popular, es conveniente que empiecen a meditar y a medir sus palabras. A la gente de Gobierno lo menos que se le ha dicho ha sido sinvergüenzas, ladrones, y se han agregado otros epítetos. Desafío a cualquiera de los Senadores presentes en la Sala a que pruebe un solo acto deshonesto de alguno de nosotros. ¡Y si tuvieran entereza moral, no deberían retirarse de la Sala, sino permanecer dentro de ella! Aquí se ha invocado, como siempre, el amor al pueblo, sosteniéndose que se desea defenderlo. Expresaron que tenían sumo interés en apresurar el despacho del proyecto. Tengo en la mano la tarjeta respectiva de la Oficina de Partes del Senado. Según ella, el proyecto ingresó a la Sala era mensaje del Ejecutivo el 20 de julio de 1972; pasó a la Comisión de Legislación y Justicia; el 25 de julio el Gobierno hizo presente la urgencia, que se calificó de simple ¡tenían mucho interés en despachar la iniciativa...!; el 2 de agosto se prorrogó hasta el término del constitucional el plazo de la Comisión para emitir su informe queda pendiente; el 29 de agosto se retiró la urgencia, en vista de que no fue despachado... El señor DURAN.- ¿Quién retiró la urgencia? El señor CONTRERAS.- El Ejecutivo, porque el proyecto no se despachó oportunamente. Y le ruego al señor Senador no interrumpirme, porque yo no lo interrumpí. El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Contreras está fundando su voto. Puede continuar Su Señoría. El señor CONTRERAS.- El 20 de diciembre se hizo presente de nuevo la urgencia para el despacho de la iniciativa, a la que se dio tratamiento especial. Y los demagogos del Senado acuerdan un tratamiento especial; van a despachar el proyecto el 17 de enero y la urgencia vence el 19; o sea, con ello ganarán dos días. ¡De esa manera quieren amparar al pueblo y defenderlo! Por otra parte, se insiste en que las JAP participan en la distribución y en el comercio. Y se ha explicado hasta la saciedad que eso no es cierto, que las JAP no tienen otra finalidad que la de contribuir a una distribución adecuada de los productos para su venta por el comercio establecido. Pero aquí dan vuelta las cosas a su amaño, porque tienen una buena máquina publicitaria, que no la pagan ellos, sino el Senado. Se habla también del mercado negro y sostienen que el Gobierno es el principal responsable de él. Pero el señor Ministro de Hacienda, a quien también debe corresponderle algo de lo que aquí se dijo con términos tan cultos y ponderados por algunos Senadores, manifestó que el 70% de la producción del país se halla en manos privadas. Sin embargo, aquí se da vuelta la tortilla y se expresa que el 70% pertenece al área social y sólo 30% a las industrias privadas. Y repito como tienen medios de publicidad para llegar a la opinión pública, pueden perfectamente desnaturalizar los hechos en esa forma Por otro lado, el Partido Nacional dice que cada obrero de la industria del área social tiene una bodega en su casa. ¿Por qué no formaliza las denuncias? ¡Si no tenemos tejado de vidrio, ni tampoco lo tienen los trabajadores de las industrias del área social! Si en sus hogares hay acaparamiento, denúncienlos. Si aquí hay personeros de Gobierno que son ladrones o sinvergüenzas, digan quiénes son. Si tienen el descaro de hablar de ladrones, sinvergüenzas y acaparadores, señalen dónde están. ¿Acaso ustedes no utilizaron las listas negras en el Norte? ¿No martirizaron a cientos de miles de trabajadores con la cesantía? ¡Y ahora se sientan aquí para decir que todos los militantes de la Unidad Popular somos sinvergüenzas y ladrones! ¿Por qué no hablan del señor Pubill? ¿Qué hizo cuando se fue al extranjero? ¿Por qué no nos cuentan algo sobre las fechorías que han cometido ciertas personas que en este instante se hallan muy bien colocados en la Administración Pública? Quiero terminar mis observaciones haciendo presente la necesidad de que, cuando se formulen cargos aquí, se actúe con toda responsabilidad. Entre otras cosas, se ha hablado de la producción de cobre, de cómo ha disminuido la producción del metal rojo. Pero no dijeron que los partidos de la Oposición han fomentado 48 conflictos en Chuquicamata. Tampoco nos hablaron del bloqueo imperialista de que es objeto el Gobierno. Y sostienen que este país se halla condenado al desastre, al descalabro, y que se hundirá. ¡Se hundirá por culpa de ellos, pues jamás han querido aportar una sola idea con el propósito de solucionar los problemas que afectan a Chile! Voto que sí. Se aprueba en general el proyecto (21 votoscontra 2 El señor PALMA (Presidente).- Informo a los señores Senadores que hay plazo hasta las 24 horas de hoy para presentar indicaciones.
TIPIFICACION DE DELITOS DE CARACTER ECONOMICO.