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El señor EGAS (Secretario subrogante).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, que tipifica delitos de carácter económico.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en su segundo informe, suscrito por los Honorables señores Carmona (Presidente), Chadwick, García y Juliet, recomienda aprobar las siguientes modificaciones al proyecto de ley contenido en su primer informe: rechazar los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972.
Informes de Comisión:
Legislación, sesión 58ª, en 2 de enero de 1973.
Legislación (segundo), sesión 69a, en 16 de enero de 1973.
Discusión:
Sesiones 62ª, en A de enero de 1972 y 63ª, en 9 de enero de 1973 (se aprueba en general).
El señor PALMA (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión.
Ofrezco la palabra.
El señor MONTES.- Señor Presidente, no hace muchos días, cuando la Comisión discutió el primer informe del proyecto, se avizoraba, o se intuía, a lo menos, la posibilidad de una actitud como la actual tendiente al rechazo total de la iniciativa, lo que no ocurrió en su discusión general. A propósito de ello, recuerdo una anécdota no podría precisar con exactitud cuándo sucedió- de un Diputado socialista, el señor Albino Barra Villalobos, quien presentó en cierta oportunidad en la Cámara un proyecto de ley sobre reforma agraria. Se aprobó en general, porque todos los sectores se manifestaron de acuerdo con la idea de legislar sobre la materia. Sin embargo, cuando se trató en particular, votaron en contra de cada una de sus disposiciones, y de ese proyecto sobre reforma agraria solamente quedó el título.
No creo que haya habido otro hecho de esa naturaleza en el Parlamento. Por lo menos, no lo recuerdo. Esta es la segunda vez en que se actúa de la misma manera.
Para iniciar mis observaciones, consultaré a la Mesa qué procedimiento se seguirá para tratar la iniciativa. Si se examinará artículo por artículo, o el informe en su totalidad.
El señor PALMA (Presidente).- Se analizará el informe de la Comisión, la cual propone rechazar los artículos señalados en su primera página.
El señor MONTES.- Es decir, discutiremos cada una de las disposiciones.
El señor PALMA (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor MONTES.- Con relación a esta materia, debo señalar un problema de orden reglamentario y, por lo tanto, de carácter formal.
Tengo entendido que durante la discusión particular se aprobó en la Comisión, por unanimidad, gran parte del artículo 1º. Según el informe, con posterioridad un señor Senador solicitó reapertura del debate respecto de los incisos ya aprobados del artículo 1º. Dicha solicitud se aceptó, con la oposición del Honorable señor Chadwick, quien en esa oportunidad integró la Comisión. De todas maneras, se declaró la reapertura del debate, y se rechazó lo que antes se había aprobado por unanimidad, en el referido artículo.
Al respecto, deseo consultar cuál es la situación reglamentaria del procedimiento adoptado en la Comisión, porque, según entiendo, aun cuando un artículo haya sido aprobado en ella por unanimidad, en la Sala puede correr una suerte diversa. Pero si este mismo hecho sucede en la propia Comisión, me parece que no tengo seguridad absoluta al respecto- para reabrir el debate sobre un artículo o sobre determinados incisos, ya aprobados por unanimidad, se necesita también unanimidad. Si esta interpretación se ajusta al Reglamento, en la Comisión se habría procedido en forma arbitraria.
Por eso, formulo la consulta del caso a la Mesa para tener una idea clara acerca de la situación reglamentaria en lo que respecta a esta materia.
El señor PALMA (Presidente).- El señor Secretario dará la explicación que Su Señoría solicita.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Honorable Senado, la Secretaría efectuó, las averiguaciones del caso con el Secretario de la Comisión que atendió la materia. Este manifestó que durante la discusión particular se aprobaron algunos incisos del artículo 1º. No obstante, con posterioridad se rechazaron los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, y transitorios. Como consecuencia de este rechazo, aquellos incisos aprobados conforme a las indicaciones, quedaban prácticamente sin valor, desaparecían del texto del proyecto. De ahí que, aplicando las normas del artículo 113 del Reglamento, se pidió reapertura del debate, la cual no requiere unanimidad, sino simplemente el acuerdo de los dos tercios de los señores Senadores presentes en la Comisión, y no tiene segunda discusión. Acordada en esa forma la reapertura del debate, se planteó de inmediato la indicación destinada a suprimir los incisos aprobados anteriormente en el artículo 1º.
Esa es la situación, señor Senador.
El señor MONTES.- Según las explicaciones del señor Secretario, la reapertura del debate por los dos tercios de los señores Senadores obedeció al hecho de que, habiendo sido rechazado el resto del proyecto, se estimó que la sola aprobación de parte del artículo 1º carecía de sentido.
Entiendo que ésa es la interpretación de la mayoría. Pero como están redactados los artículos, la disposición ya aprobada en la Comisión tiene pleno sentido. Esto es obvio y se desprende de su sola lectura, porque cada una de las disposiciones trata de materias distintas, tipifica delitos diferentes y establece penalidades en cada caso.
De manera que, por lo menos, queremos señalar que se ha incurrido, una vez más, por parte de la mayoría del Senado en este caso, en la Comisión, en el delito de arbitrariedad y de abuso de poder al aplicar simplemente la mayoría para resolver en forma arbitraria los problemas sometidos a su consideración.
Desde ese punto de vista se cometieron, además, otras arbitrariedades en la Comisión. Si se examina el legajo de indicaciones que se presentaron dentro del plazo reglamentario, podrá observarse que no existe una sola que proponga suprimir artículos. Todas las indicaciones formuladas por los señores Senadores proponen sustituir, modificar, pero ninguna de ellas.- repito.- sugiere eliminar disposiciones. Pero mediante una interpretación propuesta en la Comisión y aceptada por la mayoría, se estimó que las sustituciones podían interpretarse como supresiones, y se resolvió arbitrariamente también el problema, haciendo valer la fuerza de la mayoría.
A nuestro juicio, ha habido una interpretación caprichosa al estimar como supresivas indicaciones de carácter sustitutivo, y esta interpretación fue sancionada por la mayoría en la Comisión.
Por otra parte, las indicaciones para suprimir todos los artículos del proyecto se presentaron fuera de plazo, ya que en la oportunidad en que, según el Reglamento, debían formularse, no existía ninguna que propusiera suprimir artículos o indicaciones del proyecto, sino únicamente tendientes a modificar o sustituir determinadas disposiciones. Por lo tanto, insisto en que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado acogió arbitrariamente indicaciones presentadas fuera de plazo para resolver una materia en la forma como la mayoría deseaba que fuese resuelta. Sin hacerme ninguna ilusión o esperanza de que mis explicaciones tengan eco en la mayoría del Senado, reclamo de un manejo abusivo y arbitrario del Reglamento por parte de la mayoría con el fin de acomodarlo a sus posiciones, pretensiones o finalidades políticas. Digo esto para dejar sentado en esta Sala, una vez más, que los mismos sectores que tantas veces reclaman sobre la necesidad de aplicar en el juego parlamentario o político nacional las disposiciones reglamentarias, legales, constitucionales, en suma las que en un Estado de derecho norman el desarrollo de las instituciones chilenas, no han vacilado ni vacilan, como lo hemos demostrado en otras oportunidades, en violar en el propio Senado cualquier disposición, reglamentaria o de otro orden, cuando ello sirve a sus intereses políticos.
Quería dejar sentada esta primera cuestión a propósito del informe de la Comisión, que recomienda rechazar prácticamente todo el articulado. Antes de decir unas palabras sobre la cuestión de fondo, quiero dar a conocer la opinión de un Senador cuya solvencia, desde el punto de vista jurídico, es reconocida por todos en esta Corporación, en el sentido de que la resolución adoptada por la mayoría de la Comisión sobre este proyecto no se habría ajustado a las normas constitucionales, toda vez que, habiendo el Senado aprobado en general el proyecto, la Comisión lo rechazó en particular. Esta no se limita a tratar las indicaciones formuladas, a discutir las enmiendas o sustituciones propuestas dentro de los plazos reglamentarios, sino que, en la práctica, rechaza lo que el Senado ya había aprobado en general. La Sala dice que sí a la idea de legislar la Comisión dice que no, y simplemente rechaza todo.
Expreso este juicio, porque creo que alguna importancia tiene, no sólo respecto de esta iniciativa, cuya suerte está sellada, sino con relación a lo que viene o puede venir porque, como muchas veces han recordado aquí algunos señores* Senadores, las mayorías no son permanentes. La correlación de fuerzas cambia, y es natural que la forma de actuar y los precedentes que hoy se sienten sobre esta materia pueden servir para que el día de mañana cualquiera otra mayoría pueda cometer abusos.
Deseaba plantear estos asuntos en primer término, para luego hablar sobre la segunda cuestión que, a nuestro juicio, tiene alguna importancia y que se refiere a la materia de fondo.
El artículo 1°, rechazado por la Comisión en su segundo informe y respecto del cual se dice que no tiene ninguna importancia, dispone lo siguiente:
El que requerido en conformidad a la Ley, presentare a sabiendas una declaración falsa o proporcionare antecedentes falsos a la autoridad competente sobre actividades de la producción o distribución de sus bienes, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados, según la trascendencia del hecho.
A mi juicio, de la sola lectura de esta disposición, se desprende que tiene vida propia y que, por lo tanto, puede subsistir sola, separada, absolutamente huérfana de cualquier otro inciso o artículo, pues trata un problema concreto, tipifica un delito determinado y fija la sanción correspondiente. Insisto en que no soy jurista y no sé nada de leyes, me basta un poco de criterio común. Y de la sola lectura del primer inciso del artículo 1°, aprobado por unanimidad en la Comisión, se desprende que aun cuando se rechace todo el resto del proyecto y aunque éste tuviese mil artículos, aquel puede subsistir solo. Repito: tiene vida propia, señala un problema en forma muy concreta y precisa. No requiere de aditamentos para su aplicación, para tener vigencia como Ley. En consecuencia, el argumento dado por la mayoría para reabrir el debate por acuerdo de los dos tercios, a mi juicio carece de base y de fundamento, y la aseveración que hemos hecho en el sentido de haberse adecuado la situación reglamentaria a fin de proceder arbitrariamente como la mayoría quería corresponde claramente a la realidad. Basta leer insisto, el primer inciso del artículo primero para darse cuenta de ello.
El segundo inciso dispone:
En igual pena incurrirá el que, en el caso a que se refiere el inciso anterior, omitiere sin causa justificada formular la declaración o proporcionar los antecedentes en el plazo fijado en conformidad a la ley.
Si el primer inciso puede existir independientemente, el segundo puede subsistir perfectamente junto al primero. El segundo inciso es un complemento del primero éste no necesita del segundo, pero el segundo sí necesita del primero. Si anteriormente fueron aprobadas ambas disposiciones, eliminarlas invocando la cuestión reglamentaria que hemos escuchado implica, evidentemente, cometer una arbitrariedad por la mayoría.
Quiero dar lectura al inciso tercero, respecto del cual no estoy seguro de si fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, y que dice:
Si debido a la declaración falsa o al suministro de antecedentes falsos hubiere obtenido un beneficio o ganancia que exceda a aquel que hubiere correspondido legítimamente sin estas circunstancias, se impondrá, además de las penas señaladas al delito, a la persona natural o jurídica beneficiada, una multa no inferior al monto de dichos beneficios ni superior al triple de él.
Aun cuando este último inciso no hubiera sido aprobado, los dos anteriores, según sostengo, pueden constituir una disposición legal totalmente válida y aplicable, y no tiene ninguna incidencia en ellos la eliminación del inciso tercero y de todos los demás artículos. Ello me parece de claridad meridiana.
Por consiguiente, creemos que la actitud asumida a última hora, por así decirlo, por la mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre esta iniciativa, obedeció al propósito de encontrar el argumento adecuado, el momento propicio para fundar de mejor manera una decisión que ya se venía previendo desde hacía bastante tiempo. Prácticamente, la decisión adoptada por la mayoría de la Comisión en el sentido de rechazar todo el proyecto y de conservar sólo el título, se venía madurando desde que aquel se presentó al Senado, en el mes de julio. En efecto, transcurrieron los 30 días de la simple urgencia sin que la Comisión lo despachara. El Ejecutivo debió retirar la urgencia y hacerla presente otra vez. Y de nuevo transcurrieron 30 días sin que la Comisión se preocupara del proyecto. Le daban largas al asunto. Tramitaban su despacho. No querían discutir la proposición del Ejecutivo para legislar sobre delito económico.
Y entonces se invocaban las razones que siempre se invocan cuando se quiere justificar determinada actitud. Terminada la legislatura ordinaria, al iniciarse la extraordinaria, el Gobierno incluyó el proyecto en la convocatoria, volvió a hacerle presente la urgencia, y de nuevo algunos Senadores pidieron extender el tiempo necesario para despacharlo hasta que vencieran los plazos constitucionales. Una vez más se retiró la urgencia y se hizo presente nuevamente. Y cuando nosotros hicimos lo posible porque este asunto se despachara rápidamente, se entró al camino de llegar a determinados acuerdos, que finalmente, por la actitud de la mayoría existente en el Senado, implicaron despacharlo al vencimiento del plazo constitucional, pues el plazo de la urgencia dentro del cual el Senado tiene la obligación constitucional de despachar esta iniciativa- vence en tres días más. Hoy estamos a dieciséis, y el plazo máximo vence el diecinueve. De manera que en la práctica no hubo ningún propósito real y honrado por parte de la mayoría de agilizar el despacho del proyecto. Toda su posición se tradujo en el afán de dilatarlo mientras se trataba de encontrar el argumento que justificara lo que vemos hoy día: el rechazo total del proyecto por, parte de la mayoría.
Por lo tanto lo decimos con mucha franqueza-, no ha sido para nosotros, al menos, una novedad la actitud asumida por aquélla. Se echó mano del discurso del señor Ministro de Hacienda y se dijo: No. Después de ese discurso, no podemos legislar sobre esta materia. El discurso del Ministro de Hacienda ha cambiado todo. Señor Presidente, estamos seguros de que si el Ministro de Hacienda no hubiera pronunciado el discurso o lo hubiera postergado para unos días más tarde, se habría encontrado otro argumento para votar en contra.
Señor Presidente, el Honorable señor Jerez me ha solicitado una interrupción.
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.- Es tan efectivo lo que señala el Honorable señor Montes, que en reuniones pasadas, cuando se estaba discutiendo este proyecto, el señor García, por ejemplo, advirtió que en lo sucesivo no se les pidiera nada en esta materia y, en el fondo, dijo que no habría tregua. El señor Senador, que normalmente es un hombre bastante ponderado, estaba un poco exaltado en esa oportunidad. Por su parte, el Senador Carmona manifestó en la misma ocasión que si ellos se iban a ocupar en este proyecto, en realidad lo harían sólo para invertir su contenido, de modo de darle un significado totalmente distinto de la idea original. Y eso se ha demostrado en la práctica de manera qué lo expresado por el Honorable señor Montes está totalmente corroborado con las propias palabras de Senadores de la Oposición.
Muchas gracias, señor Senador.
El señor MONTES.- En su oportunidad nosotros señalamos en la propia Comisión-entiendo que también lo hicimos en la Sala- que, frente al problema que está viviendo el país, ante el hecho real de la existencia del mercado negro y de un proceso de especulación desenfrenada, era necesario crear una herramienta que, a lo menos, pudiera morigerar los efectos de este verdadero drama, de este azote que está viviendo la población. Asimismo, hicimos notar que éste no sólo era problema del Gobierno, sino de todos los sectores, porque el mercado negro y la falta de abastecimiento no sólo afectan a un grupo de conciudadanos, sino que perjudican a toda la población. Por lo tanto, independientemente de la interpretación que cada sector pueda dar sobre las causas que han generado este fenómeno, era claro que esas herramientas puestas en manos del Ejecutivo debían contribuir a la lucha contra dicho flagelo. Algo así como si nosotros comprobamos la existencia de la delincuencia en el país, sobre ello pudiera haber diversas interpretaciones desde un punto de vista doctrinario, filosófico, político o, simplemente, desde el punto de vista personal de cada Senador. Pero lo claro es que el problema existe y que, cualquiera que sea la interpretación que cada persona o grupo dé al hecho de que existe delincuencia en nuestro país, es necesario dotar a la sociedad de determinados resguardos, y a las autoridades, de herramientas legales con el objeto de combatirla. Nosotros sostenemos que ella es producto de la sociedad. Tenemos, por tanto, una interpretación sobre ese hecho que, a vía de ejemplo, señalo aquí en el Senado. Podrá haber otras opiniones francamente discordantes de la nuestra, pero, en mi opinión, nadie puede negar la necesidad de que exista una legislación para combatir la delincuencia. He dado este ejemplo para tratar de esclarecer todavía más nuestra posición sobre el problema que tratamos hoy.
Hay un fenómeno de mercado negro. Hay un fenómeno de especulación en Chile. La interpretación de cada grupo o de cada sector sobre las causas que han generado este fenómeno puede ser diversa pero, a nuestro juicio, todos ellos tienen el deber de crear las herramientas necesarias para combatir tales flagelos. De otra manera, aparece como extraordinariamente sospechosa la actitud asumida en este caso por la mayoría, por la llamada Confederación Democrática, al negarse a legislar sobre la tipificación de determinados delitos económicos y sus sanciones consiguientes. Tales penalidades no van dirigidas contra nadie en particular: van dirigidas contra los delincuentes.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el del segundo.
El señor MONTES.- Repito: van dirigidas contra aquellos que atentan contra la vida de la sociedad, contra quienes han sido puestos a luz en el último tiempo al descubrirse numerosos acaparamientos y al establecerse, mediante las investigaciones practicadas, que algunos comerciantes que exhibían sus estanterías vacías como muestra de que no tenían productos, poseían una, dos o más bodegas clandestinas abarrotadas de tales elementos. ¿Cómo resolver el problema? ¿De qué manera actuar frente a él? Hay disposiciones legales vigentes que permiten, de una u otra manera, actuar ante tal situación, pero, evidentemente, no son las más eficaces. Por lo demás, esos delitos atentan contra el grupo social, no contra tal o cual persona, ni sólo en desmedro de los partidarios del Gobierno, sino contra toda la gente. Y, a mi juicio, la negativa a tipificar los delitos económicos y a sancionarlos hace cómplices a quienes se niegan a legislar sobre la materia con aquellos que actúan de esa manera criminal contra el país.
Nosotros interpretamos la posición de la mayoría en el Senado sólo de una manera. El día 9 del actual apareció en El Mercurio más o menos claro su objetivo, su finalidad. Trataré de recordar de memoria el párrafo pertinente, que es una sola frase. Dicho diario dijo en esa oportunidad que si el mercado negro y la especulación subsisten, llevarán a la catástrofe electoral a la Unidad Popular. Eso expresó El Mercurio. Y a nosotros nos hace fuerza tal afirmación del diario que lleva el nombre del dios de los ladrones, porque es el reconocimiento, por parte del sector que él representa e interpreta, de la finalidad perseguida, en el fondo, por la llamada Confederación Democrática, que, en último término, es una confederación derechista. De manera que, para nosotros, el rechazo de las disposiciones contenidas en la iniciativa en debate, el rechazo total del proyecto sobre delito económico sólo se explica en el sentido de que si subsiste el mercado negro, si continúa la especulación, si se logra mantener esta situación en el país durante un tiempo determinado, ello provocará desesperación en la gente, probablemente creará un sentimiento contra el Gobierno en la mayoría de la población y, por tanto, una ganancia política para la Confederación Democrática. Sólo de esta manera nos explicamos la negativa de los partidos de Derecha a votar este proyecto tan necesario actualmente en Chile.
Se han dado otras razones: que existirían determinadas normas legales que también facultan a la autoridad para combatir este flagelo, o que el señor Ministro de Hacienda en su discurso dijo tal o cual cosa y que ello genera una nueva situación. Palabras, como acostumbra a decir el señor Frei. Palabras. Disculpas. Pero en lo concreto, en la práctica, es claro que se niega la sanción legal para combatir de manera más adecuada este flagelo que se está descargando desde hace un tiempo sobre las espaldas de todos los consumidores chilenos. A veces escuchamos a algunos señores Senadores hablar en esta Sala con verdadera fruición, casi con deleite, acerca de las colas tan ignominiosas. Y un poco en el fondo, detrás de las palabras de esos señores Senadores, casi se observa alegría, porque en este caso la Derecha está haciendo su propio juego, que, a nuestro juicio, es un juego sucio que tenemos la obligación de denunciar, pues hacemos oír nuestra voz no para que llegue a los oídos de los parlamentarios de la Confederación Derechista, sino, si es posible, para que nuestras palabras sean escuchadas por el pueblo. Eso nos interesa, pues sabemos que, por desgracia, la política del Partido Nacional, llevada adelante firmemente por los ultras de esa colectividad, en la práctica ha sido impuesta a la Democracia Cristiana. Y, quiéranlo o no, desde hace un tiempo se ha dado el caso de que el llamado orgullosamente por sus militantes primer partido de Chile, marcha no a la vanguardia, sino a la zaga de la Derecha. Decimos esto muy francamente porque cada día, cada hora y en relación con el proyecto en debate, vemos que, en la práctica, finalmente se impone la política de la Derecha, con algunos remilgos publicitarios o de argumentación parlamentaria pero, al fin y al cabo, en política lo que valen son los hechos, las actitudes, las decisiones prácticas, y ellas demuestran que el sector derechista del Partido Demócrata Cristiano impone dentro de él la política de la Derecha. Es a veces el drama de algunos partidos, drama acerca del cual llamó la atención en días pasados, en una concentración pública, el candidato a Diputado por el Primer Distrito de Santiago, perteneciente al Partido Nacional, señor Luis Ossa Bulnes, quien, me parece, es Presidente de la Juventud de esa colectividad. Él dijo que el Partido Nacional asumía responsabilidades y tomaba decisiones, y que aquellos que no se atrevían a tomarlas, que bailaban un poco en la cuerda naturalmente, los versos van dirigidos a la Democracia Cristiana-, los que esperan que la fruta madura les caiga en la boca no usó estas palabras, pero ésa es la idea que expresó el candidato del Partido Nacional-, se quedarán finalmente mirando como espectadores. Es una notificación muy seria y, a mi juicio, se trata de una notificación real. Y por mucho que se argumente hoy, mañana, pasado mañana y durante todos los días que restan para los próximos comicios, acerca de la decisión que adopta la confederación derechista para rechazar aquí todas las normas que legislan sobre delito económico, lo que la gente sabrá, lo que el pueblo sabrá es que en este lugar se negaron las herramientas para combatir el mercado negro y la especulación.
Es cuanto deseábamos expresar con relación al artículo 1º. Al ponerse en votación este precepto, nos pronunciaremos a favor de él. Lo estimamos necesario. Y procederemos de esa manera no obstante saber que la decisión tomada por la confederación de Derecha ha sellado la suerte de esta iniciativa. No habrá legislación sobre delito económico. No la ha habido nunca, pese a que se han realizado muchos intentos para legislar sobre la materia, porque siempre la Derecha ha impuesto su ley y ha sabido ganarse aliados para su causa de impedir que se legisle sobre delito económico.
Una vez más, la política de la Derecha obtendrá aquí una victoria, porque el proyecto en estudio se rechazará. Pero será una victoria en contra del interés de Chile por lo tanto, será una derrota del país.
Por eso, aun cuando conocemos la suerte de la iniciativa, la aprobaremos, no sólo como gesto romántico, sino para expresar, mediante nuestra actitud, nuestra decisión de seguir combatiendo contra ese flagelo que está sufriendo hoy día la población de Chile.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, entiendo que está en discusión cada una de las proposiciones de la Comisión en el sentido de rechazar cada uno de los artículos contenidos en la iniciativa de ley en estudio. En ese convencimiento, formularé algunas observaciones de carácter general, pero que dicen relación al artículo 1º, que la Comisión recomienda desechar.
Ante todo, deseo referirme a la cuestión reglamentaria abordada aquí por el Honorable señor Montes y a la acusación que éste hace a la mayoría de la Comisión y seguramente a la Mesa de ese organismo de haber procedido arbitrariamente o violando el Reglamento del Senado para llegar a las conclusiones que en este momento conoce la Sala a propósito del estudio del segundo informe.
Dichos acuerdos se ajustaron en todo a los preceptos reglamentarios que norman la vida de la Corporación. Deben de saber Sus Señorías que durante el análisis del primer informe se presentaron numerosas indicaciones, todas las cuales incidían en el articulado que conformaba el proyecto, y el 90% de ellas proponía, mediante el procedimiento de la sustitución, eliminar ese articulado, para establecer otro en cambio. Así, la Comisión, al estudiar el segundo informe, tuvo que conocer todo lo referente a esas indicaciones. Al mismo tiempo, al rechazar muchas de ellas, tomó conocimiento también de proposiciones que, dado el nuevo contexto político y de medidas económicas en el que se pretendía aplicar la iniciativa contexto que la Comisión no conoció al debatir el primer informe, le permitieron tomar los acuerdos modificatorios que conoce la Sala, a fin de imponer la voluntad mayoritaria de la Comisión en el sentido de rechazar los artículos que sugirió el Ejecutivo, por estimarse que el proyecto sobre delito económico, en la forma propuesta, era casi inaplicable a la nueva situación creada por el mismo Gobierno, tanto por las medidas económicas anunciadas como por la situación política derivada de la exposición que hizo el señor Ministro de Hacienda, según él, en nombre del Ejecutivo.
El inciso final del artículo 104 del Reglamento del Senado dispone: En el segundo informe la Comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de las indicaciones o su modificación o aprobación parcial. Podrá, asimismo, proponer otras enmiendas en relación con las indicaciones aprobadas.
Valiéndose de ese precepto, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros no se hallaba en la Sala en ese momento el Honorable señor Chadwick, quien llegó con posterioridad-, acordó estudiar las indicaciones tendientes a reemplazar por otros los artículos que inicialmente propuso el Ejecutivo, porque consideró que, implícitamente, ellas contenían una doble idea: una, rechazar el texto sugerido por el Gobierno otra, agregar, valiéndose del mismo articulado, del número de cada precepto contenido en aquél, ideas distintas de las propuestas por el Ejecutivo. La Comisión, en conocimiento del nuevo cuadro político y económico derivado de las últimas medidas que anunció el Gobierno, estimó inadecuado proponer a la Sala del Senado la aprobación de esas ideas distintas, por lo que rechazó las indicaciones pertinentes, y también los planteamientos primitivos del Ejecutivo. Porque, en virtud de razones que explicaré más adelante, consideró inoportuno, inadecuado e ineficaz legislar sobre la materia.
En consecuencia, eso parece bastante claro desde el punto de vista reglamentario.
Por lo demás, no es ésta la primera vez que se apela a ese procedimiento, como podría creer la Sala, pues hay innumerables precedentes y ejemplos de que las Comisiones han procedido de esa manera cuando, al estudiar un segundo informe, han visto la necesidad de rectificar, enmendar, suprimir o rechazar determinadas proposiciones, a la luz de nuevos antecedentes surgidos durante la discusión particular, y aun modificando concretamente las indicaciones formuladas a cierta iniciativa en el primer informe.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Cuál es el caso más reciente con relación a dichos precedentes?
El señor CARMONA.- No lo recuerdo en este momento.
El señor RODRIGUEZ.- Como Su Señoría sostiene que son tantos...
El señor CARMONA.-Hay muchos.
El señor CONTRERAS.- ¡En doce años, no recuerdo uno solo!
El señor CARMONA.- Hay muchos casos, y podré citarlos con posterioridad. No tengo los antecedentes a la mano en este instante y desconfío de mi memoria.
Señor Presidente, se ha cuestionado también el hecho de que la reapertura del debate en torno del artículo 1º se haya aprobado, no por unanimidad, sino por dos tercios de los Senadores presentes en la Comisión.
Ese asunto lo trata expresamente el artículo 113 del Reglamento del Senado. Y la Comisión, luego de aprobar el rechazo de los preceptos signados con los números 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, que conformaban un texto general de la iniciativa, y sólo cuando había empezado a conocer esta materia entiendo que se habían acogido dos o tres incisos del artículo 1º, y no su totalidad-, consideró necesaria dicha reapertura, en vista de lo ya aprobado. Porque no es otra la condición que establece esa norma reglamentaria. Ni siquiera consigna la de que, como consecuencia de lo aprobado, se pudiera desprender la necesidad de reabrir el debate. El texto del citado artículo del Reglamento es muy claro: sólo cuando del estudio de otra dice- aparezca como necesaria dicha reapertura. Y la Comisión, conociendo los diferentes artículos del proyecto mediante muchos de ellos se proponían procedimientos generales, referencias y el establecimiento de un tipo de legislación que dicho organismo consideró del todo inadecuado para el momento político actual, derivado del nuevo régimen económico propuesto por el Gobierno, especialmente en materia de distribución de bienes y productos-, estimó que dicha norma era plenamente aplicable al caso y se ajustaba de modo perfecto a las prácticas reglamentarias del Senado.
De ese modo contesto a las observaciones formuladas sobre la materia.
Ahora bien, en esta oportunidad yo deseo recoger también algunas afirmaciones de carácter general formuladas al proyecto en estudio.
Se dice que no se desea legislar sobre delito económico y que no se ha aceptado en general el proyecto, como si fuera ésta la primera vez que en Chile se presenta una iniciativa de tal naturaleza.
El delito económico lo reconocieron en el seno de la Comisión los estudiosos de la materia- está considerado en nuestra legislación. Lo que sucede es que no hay una ley que organice o sistematice todo un conjunto de disposiciones sobre el particular. Pero en nuestra legislación existen dispersos numerosos preceptos legales ¡cosa curiosa! que penan incluso con más rigor que el de las normas en examen las situaciones que el Ejecutivo parece venir a descubrir en este momento, creo que con intención política simplemente, a juzgar por la propaganda que se ha realizado.
Se está diciendo al país que existen defectos en la distribución de productos, que hay especulación y mercado negro, y que es necesario dictar una serie de disposiciones legales para combatir esto que ya es una realidad y que es producto de la nefasta política económica, especialmente en el plano de la distribución, seguida por el Gobierno de la Unidad Popular.
Se expresa a la opinión pública: Es absolutamente necesario penarlo, y vamos a presentar este proyecto de delito económico. Pero es conveniente que se sepa de una vez por todas que la totalidad de las normas propuestas por el Gobierno, sin excepción, tienen vigencia legal. Y así lo iré advirtiendo en cada uno de los artículos cuyo rechazo pide la Comisión.
Con relación a las materias de que trata el artículo 1º, concretamente, debo señalar que ellas están consideradas en los artículos 45, 58 y 72 del decreto supremo 1.379, de 1966, del Ministerio de Economía, que refundió la legislación económica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 16.464, incluso con penas más graves que las que ahora propone el Gobierno.
Por lo tanto, no se nos venga a decir que se está privado a aquél de instrumentos legales para resolver situaciones que la propia política económica del Ejecutivo ha creado. Esto no es efectivo. Lo que sucede es que el Gobierno, políticamente, no ha querido hacer uso de los medios que le da la legislación vigente a fin de aparecer ante la opinión pública en una situación de desamparo y pedir ante el Congreso Nacional la aprobación del proyecto sobre delito económico.
Aún más, con esa actitud se pretende convencer a la gente, en forma muy simplista, tal como lo dijimos cuando se discutió el primer informe de esta iniciativa en la Comisión de Legislación, de que absolutamente todos los delitos e infracciones la especulación, el mercado negro, etcétera- desaparecerán porque se dicta una ley. Y ello, como recordaba al discutirse en general el proyecto, siguiendo esa frase o principio típico de nuestro país y que un escritor destacaba: en Chile no se resuelven los problemas, sino que siempre se legisla sobre ellos, creyendo que de esta manera se resolverán las situaciones de hecho creadas.
Lo que estoy advirtiendo no es fruto de mi opinión, sino que emana del mismo Gobierno, del señor Ministro de Justicia.
Al respecto, y como consta en el primer informe de la Comisión, el señor Brañes, experto en estas materias y abogado asesor del Ministerio de Justicia, señala que, como lo dice el Mensaje, el Gobierno no desconoce que existen numerosas disposiciones legales sobre la materia, pero que ellas carecen de sistematización y no dicen relación con las nuevas circunstancias que vive el país. Por consiguiente, el proyecto tiene por objeto perfeccionar la legislación vigente sobre la materia antes que modificar sustancialmente dicha legislación.
Esto es muy diferente de lo que se ha venido a plantear al Senado. En verdad, no existe una negativa para legislar sobre la materia, pues hay numerosas disposiciones legales que penan el delito económico, aun cuando ellas están dispersas en distintas leyes y decretos vigentes pero ello no quiere decir que no existan disposiciones que penan el delito económico. Lo que sucede es que el Ejecutivo no quiere hacer uso de ellas para crear un problema político ante la opinión pública con la presentación de esta iniciativa y desviar la atención de lo que realmente ocurre, señalando que mediante el despacho del proyecto se resolverán los problemas existentes, derivados de la nefasta política económica aplicada por el Gobierno de la Unidad Popular.
En la página 10 del primer informe, el señor Brañes expresa que el artículo 1º del proyecto castiga al que, a sabiendas, prestara una declaración falsa concerniente a la producción y distribución de bienes. Por consiguiente, en la descripción del tipo se advierten las siguientes diferencias: 1. Se exige en la norma propuesta por el Gobierno- la concurrencia de dolo directo, lo que hace más benévola la norma, que la que existe en este momento.
O sea, las normas vigentes son incluso más drásticas por su alcance, y están en manos del Poder Ejecutivo, porque sólo se pueden poner en movimiento por la intervención, por la acción expresa de la Dirección de Industria y Comercio. Esta es la realidad. Para qué voy a seguir analizando la situación si en cada artículo que veamos nos encontraremos con casos equivalentes e inclusive iguales a los que me estoy refiriendo.
Por otra parte, se ha hecho mucha cuestión y un gran análisis del voto de los Senadores democratacristianos emitido con relación al proyecto que nos ocupa. Es cierto que fuimos partidarios de legislar sobre la materia y que votamos a favor de la iniciativa en su discusión general pero también es cierto que dejamos perfectamente en claro nuestro criterio, que es diametralmente opuesto repito de los objetivos que perseguía el Gobierno al presentar el proyecto sobre delito económico. Y es diametralmente opuesto, porque el Ejecutivo, a través de los 6 u 8 artículos que propone, no ha hecho otra cosa que repetir la legislación vigente para hacer una especie de show o propaganda política.
Nosotros queríamos transformar este instrumento que está en manos del Gobierno en algo muy diferente: en una herramienta de la cual dispusiera el público consumidor, y que el concepto de delito económico se extendiera a todos aquellos que lo cometen, ya que, precisamente por las nuevas circunstancias políticas que vivimos, se hace necesario establecer tal penalidad. Además, consideramos que el Gobierno, si realmente desea defender al público consumidor, debe hacer uso de las disposiciones legales vigentes, pues existen normas de las cuales puede echar mano en estos instantes.
Al extenderse la acción del Estado al tomar éste directamente la producción y distribución de los bienes, y en muchas casos, como ahora, reemplazar también el comercio y los canales normales de comercialización, se hace necesaria, a nuestro juicio, una serie de nuevas disposiciones que permitan penar a los que hemos llamado agentes públicos, comprendiendo en esta expresión a los funcionarios administrativos, a la autoridad, y, en general, a todos aquellos que participan en el proceso de producción y distribución, como los llamados interventores de empresas requisadas, los administradores de las empresas denominadas del Área Social, y que, en realidad, debería llamarse Área Estatal.
Nuestra intención es modificar la iniciativa a fin de extender el delito a las actuaciones de esos agentes públicos, objetivo no comprendido en el proyecto del Gobierno y que molestó a los Senadores de la Unidad Popular, quienes dijeron que esto constituía una maniobra destinada a liquidar el proyecto sobre delito económico.
Nosotros pudimos apreciar perfectamente que estas materias no eran del gusto de la Unidad Popular ni del Ejecutivo.
¿Entonces, qué objeto tenía intentar una transformación del proyecto, para darle ese carácter, si en lo futuro recibiríamos un veto total a la iniciativa, como los que acostumbra enviar el Gobierno al Parlamento, destinado a dejar subsistiendo solamente lo que aquél considera bueno? A nosotros nos parecía que, a pesar de lo anterior, podíamos intentar un camino como el señalado.
No obstante, surgió una tercera circunstancia. Durante la discusión del proyecto, y una vez evacuado el primer informe por la Comisión de Legislación concurrió a la Sala el señor Ministro de Hacienda a anunciar determinadas medidas económicas, las que, por lo demás, no competen a la cartera que desempeña.
Cuando el señor Ministro vino a sorprendernos con su discurso e insinuó la posibilidad de trastrocar todo el sistema de comercialización y distribución existente en el país y de establecer un verdadero racionamiento en la entrega de una serie de artículos desconocemos que se hayan precisado hasta este instante, inmediatamente dijimos que considerábamos tan grave la exposición hecha por ese Secretario de Estado, que estimábamos prudente, en esos momentos, analizar la conveniencia de otorgar un instrumento de la naturaleza del solicitado por el Gobierno o, lisa y llanamente, persistir en el criterio de transformación del proyecto, haciendo extensivos sus efectos en la forma como habíamos anunciado.
Dos días después de haber estado en esta Sala, el señor Ministro hizo una exposición según dijo, en nombre del Gobierno, mediante la cual anunció, sin precisar de qué instrumentos legales se valdría ni cuál sería la forma de hacerlo, que en Chile se establecería el racionamiento, especialmente en los rubros de alimentación y vestuario. Señaló que por intermedio de las Juntas de Abastecimiento y Precios y de la acción interventora del Estado se obligaría a los comerciantes minoristas a aceptar esta situación. Al mismo tiempo, y en forma muy angelical, dijo que los comerciantes y consumidores que no ingresaran a las JAP o que no entregaran una lista de sus necesidades, no serían privados de la posibilidad de continuar en la misma forma que ahora. Pero todos sabemos lo que ocurre. Yo pienso, incluso, que estaría de más recordar lo que hemos dicho en muchas ocasiones en la Sala, lo sucedido hace pocos días, y lo que, seguramente, cada Senador que regresa de sus provincias puede traer como experiencia sobre la materia. Sabemos de qué manera se procede en lo referente a la acción de las JAP, y también de qué manera se persigue a los consumidores y al comercio detallista.
Por ejemplo, en Antofagasta, una partida de pollos importada por firmas particulares en una cantidad equivalente a 48 mil unidades para una población de 150 mil habitantes, que pudo haber sido comercializada por los canales normales sin problema alguno, fue intervenida por el Estado produciéndose todas las arbitrariedades y abusos propios del sistema más nefasto que pueda haber conocido una ciudad como ésa. Todos los vecinos y unidades vecinales que no habían constituido JAP fueron privados de recibir ese alimento, como lo comprobamos y denunciamos desde ese puerto al Ministro del Interior los parlamentarios representantes de la zona.
Podríamos analizar casos y más casos que suceden todos los días.
Se nos ha informado que hoy se inició un paro en Chuquicamata, por 48 horas, según acuerdo de la asamblea de trabajadores, que es, según dicen, la más numerosa que ha tenido ese mineral.
¿Por qué declararon la huelga esos trabajadores?
Hace cerca de tres meses, más o menos no recuerdo bien, en Chuquicamata se estableció el sistema de racionamiento mediante tarjetas. ¿A quién echar la culpa de este paro ahora? ¡Si éste se produjo, es porque en el mineral hay una horrorosa escasez de todos los artículos! Las colas, que no se conocían en Chuquicamata, ahora empiezan a formarse en la noche anterior al día de venta de productos escasos, y las mujeres se mantienen en ellas sufriendo los fríos en la noche que, aun estando en verano, son muy intensas en la región, pensando en la posibilidad de alcanzar alguna ración, si es que logran obtenerla.
Los trabajadores se declararon en huelga porque la situación allí es realmente insostenible.
¿A quién echar la culpa? ¿No hay pulperías en Chuquicamata? ¿No están centralizadas todas las compras en ese mineral? ¿No hay responsabilidad por parte de COBRECHUQUI de asegurar el abastecimiento? ¿No existen convenios pactados con los trabajadores con esa finalidad? ¿No hay facilidades especiales incluso para la importación de algunos artículos alimenticios y de vestuario para la gente que labora en los minerales, como el salitre y el cobre, cuando se producen estas circunstancias?
El país debería reflexionar un poco sobre el particular. Ha hecho, crisis el sistema de racionamiento en una población de 25 mil habitantes, controlada y centralizada administrativamente como ninguna otra de Chile y con todas las facilidades de fiscalización para tal objeto. ¿No es éste un anticipo del gran fracaso del sistema que pretende aplicarse a todo el país?
Y la situación que relaté debe hacer meditar profundamente a la opinión pública, sobre todo ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Unidad Popular por medio del Ministro de Hacienda señor Flores.
Pero aquí no se quiere comprender una cosa: que en el curso de la tramitación del proyecto de ley en debate se han cambiado las reglas del juego. Por parte del Gobierno se pretende continuar debatiendo esta iniciativa, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¡Si no tiene importancia establecer el racionamiento o las tarjetas de racionamiento con intervención de las Juntas de Abastecimientos y Precios, con control y distribución monopólica del Estado...! ¡Cambiar totalmente el sistema de distribución y comercialización del país no tiene ninguna importancia...! ¡El proyecto debe seguir tramitándose! ¡Cómo no va a continuar discutiéndose...! ¡Qué barbaridad no proseguir despachando una legislación de esta naturaleza...!
¿Pero no se han dado cuenta los señores Senadores de que, según el sistema anunciado, es el propio Estado en su conjunto, es el Gobierno en general y en particular, el que está cayendo en la comisión de flagrantes delitos económicos, como son, por ejemplo, en la negativa de venta, la constitución de monopolios de distribución, la violación de leyes vigentes?
Hagan la prueba, los señores Senadores, con el sistema puesto en práctica y que se está aplicando en muchas partes, especialmente en las unidades vecinales más modestas. ¡Cosa curiosa: se ha empezado a llevar a cabo este sistema en las unidades vecinales más modestas! Quien no tenga tarjeta de racionamiento, trate de comprar en el almacén controlado por las JAP, que puede ser el único establecido en la unidad vecinal donde vive. Quien tenga tarjeta de racionamiento y por casualidad se encuentra en otro extremo de la ciudad y halla en un almacén controlado por la JAP respectiva alguna mercadería que necesita, haga la prueba de entrar a comprarla. En ambos casos se niega la venta de los productos. ¿Y no es delito establecido en nuestra legislación actual la negativa de venta sin causa justificada? Si el Gobierno patrocinará la comisión de estos nuevos delitos, ¿qué autoridad tiene para plantearnos un proyecto de delito económico, y de qué manera se compadecen las normas de este proyecto respecto de la nueva situación creada?
Creo que un mínimo de meditación hace absolutamente necesario considerar las cosas tal como son.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el correspondiente a su segundo discurso.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Alcanzaremos a hablar en esta sesión todos los Senadores inscritos, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Carmona está haciendo uso de un derecho reglamentario, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.-
Pregunto, porque el Honorable señor Carmona puede ocupar todo el tiempo restante, sin darnos oportunidad de intervenir a quienes estamos inscritos.
El señor PALMA (Presidente).- Por lo demás, el debate sobre este tema, de no agotarse en esta sesión, se continuará en la ordinaria de la tarde, oportunidad en que el proyecto, que figura en el primer lugar de la tabla, debe votarse.
El señor RODRIGUEZ.- He hecho la pregunta porque aquí la política de la mayoría ha sido aplastar a la minoría, y hablar es el único derecho que nos va quedando en este Senado tan democrático.
El señor PRADO.- ¡El Honorable señor Montes habló durante cinco minutos...!
El señor RODRIGUEZ.- Me estoy refiriendo a mi derecho, señor Senador.
El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- ¿Cómo se nos va a obligar a legislar sobre esta materia? ¿Conoce el Congreso Nacional la fundamentación jurídica de las medidas anunciadas por el señor Ministro de Hacienda? ¿No nos indica la razón que, una vez conocidas las medidas por tomar, en ese instante, se puedan tipificar los delitos económicos resultantes del nuevo sistema ideado?
Vamos a aplicar una legislación totalmente atrasada, que ha quedado obsoleta, propuesta por el señor Ministro de Justicia, quien, probablemente, no se alcanzó a enterar de lo que diría el Ministro de Hacienda, y llegó a este recinto a darnos a conocer medidas que correspondían a un contexto, a una situación, totalmente diversa de la existente hoy día.
¿Y por qué vamos a aceptar estas medidas? ¿Acaso los parlamentarios y los partidos de Oposición estamos muy contentos con las medidas de racionamiento propuestas por el Gobierno? ¿Es que no creemos que ellas no sólo constituyen un error, sino que un verdadero crimen o atentado contra el país, quizás el más grande cometido por un Gobierno en lo que va corrido de este siglo? Y en estas condiciones, ¿vamos a seguir legislando sobre la materia? ¿Acaso el racionamiento no va unido, como el alma con el cuerpo, al concepto de delito económico, pero manejado y controlado exclusivamente por el Gobierno?
¿Vamos a establecer qué tipo de delitos ha creado el Gobierno administrativamente y a su gusto?
Es posible que el día de mañana, si fuera constitucional adoptar las tarjetas de racionamiento, las personas tengan derecho a recibir una cantidad determinada de artículos de consumo, y que, en la semana siguiente, se encuentren con que la escasez y el mercado negro continúan. Porque el racionamiento también trae consecuencia el mercado negro y la especulación.
¡Si esta situación es insostenible! ¡Lo vamos a ver!
Si la escasez aumenta y el cuadro del desabastecimiento empeora, es muy posible que posteriormente la cantidad ofrecida mediante la tarjeta de racionamiento se rebaje a la mitad o a la cuarta parte. Y quien alcanzó a adquirir la cantidad completa de mercadería, la que guarda en la casa, ¿será castigado como delincuente económico si es sorprendido con tal acaparamiento?
Según lo anterior, cada día puede variar el criterio, y por actos administrativos el Gobierno tipificará los delitos económicos que merezcan pena.
¿Vamos a aceptar eso sí sabemos que de acuerdo con las garantías constitucionales, es preciso la existencia de una ley previa para castigar un delito? ¿No hay preceptos sobre esta materia?
Termino aquí mis observaciones sobre temas un tanto generales, pero que dicen relación al artículo 1º del proyecto de ley, manifestando que tenemos plena razón al proponer el rechazo de cada una de sus normas. Porque la nueva situación creada hace absolutamente necesario proceder de ese modo: no queremos dar nuevos instrumentos a un Gobierno ineficaz, incapaz, que con su acción es causante de la especulación, del mercado negro y de la escasez. Esta última es, precisamente, la que produce el mercado negro y la especulación.
Y nosotros no podemos ahí sí que nos convertiríamos en cómplices entregar este instrumento legal a un Gobierno que ha anunciado medidas de tal naturaleza, que es sectario y que quiere aprovechar la aplicación de tales medidas, precisamente, para descargar toda su persecución política contra quienes no le son adictos. No podemos contribuir con nuestros votos a que se produzca esta persecución y división entre los chilenos.
No queremos tampoco que se responsabilice al comercio detallista, hoy día perseguido y aniquilado por la acción del Ejecutivo destinada a aplicar una distribución estatal que no deja a aquél posibilidades para surtirse ni para cumplir obligaciones que le son propias.
No queremos tampoco entregar al comercio detallista con las manos atadas a un Gobierno que lo discriminará y presionará en tal forma que lo ahogará económica y políticamente.
Por eso, nosotros, consecuentes con lo que siempre hemos planteado, votaremos negativamente los artículos propuestos por el Gobierno. Estimamos que ellos no son necesarios, pues actualmente existe legislación sobre la materia.
Consideraríamos inoportuno y que al mismo tiempo concitaríamos un atentado contra la población y el comercio establecido, si con nuestros votos contribuyéramos a que siguiera adelante la aplicación de medidas tan arbitrarias como las que ha adoptado el Gobierno de la República.
El señor PALMA (Presidente).- En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, por mucho que se diga que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la tramitación del proyecto de ley en debate se ha ajustado a un procedimiento usado en otras oportunidades, es de toda evidencia que el episodio que está viviendo el Senado respecto de esta iniciativa es inaudito. Sobre el particular, se ha actuado de una manera extraña.
El Honorable señor Montes ya se refirió en detalle a las disposiciones reglamentarias que la Comisión antedicha violó en el tratamiento de este proyecto, particularmente en el segundo informe.
Sin entrar al detalle reglamentario del asunto, es obvio que cualquiera explicación que se quiera dar, de todos modos resulta inadmisible frente al hecho de que en la discusión del primer informe la Sala aprobó la idea de legislar sobre la materia y, en consecuencia, en el debate en particular debió proponer al Senado un texto mejor estudiado, introduciéndole las enmiendas del caso, pero en modo alguno recomendar el rechazo de todos los artículos.
En mi opinión, estamos en presencia de un nuevo hecho que demuestra en forma palmaria que la Oposición, sencillamente, no desea entregar al Ejecutivo ninguna clase de herramientas jurídicas o legales destinadas a poner atajo a la especulación y a las diferentes actuaciones de personas inescrupulosas, o sea, a lo que configura lo que conocemos como delito económico.
El Partido Demócrata Cristiano aprobó la idea de legislar y advirtió que formularía indicaciones para mejorar las normas que no le agradaban. Por mi parte, también tuve ocasión de intervenir en el debate general, y expresé que consideraba justa esa posición, porque nunca hemos pretendido nadie lo ha hecho- que los proyectos se aprueben en particular en los mismos términos en que hayan sido despachados durante la discusión general. Las Comisiones de trabajo están, precisamente, destinadas a examinar a fondo las disposiciones, para ver sus concordancias y para entregar los textos redactados en la mejor forma posible. Esa ha sido la actitud permanente de todas las Comisiones. Pero ahora no se ha actuado así. Ahora, sencillamente, se ha rechazado en general, por decirlo así, lo que también se había aprobado en general. No otra cosa significa que ahora no tengamos un proyecto propuesto por la Comisión respectiva.
Cuando la Democracia Cristiana anunció, por boca del Honorable señor Carmona, que haría enmiendas a esta iniciativa, ya se entendió o se dejó entrever que, en el fondo, sus parlamentarios no querían aprobar el proyecto. Tuve ocasión de decirlo así. También hice presente que los Senadores de estas bancas estaríamos pendientes, observando la conducta de los parlamentarios democratacristianos al discutirse la iniciativa en segundo informe. Por desgracia, no estaba equivocado en mis observaciones, y ahora acabamos de escuchar una serie de explicaciones de parte del Honorable señor Carmona destinadas a tratar de justificar lo injustificable, a dejar a salvo, por así decirlo, la actitud de su partido frente a su negativa a legislar sobre la materia que nos ocupa.
El señor Senador ha dicho, entre otras cosas, que ésta es una legislación inadecuada para el momento político que vive el país. Es decir, éste sería un momento inadecuado para combatir los delitos, porque, ya se trate de delitos económicos o comunes, todos son iguales, y cualquier sociedad, en cualquier momento, tiene la obligación de sancionarlos. La autoridad, particularmente los legisladores, tenemos la obligación de amparar a la comunidad, a la sociedad en general, de los delitos que se cometan en su contra, cualquiera que sea su naturaleza. Es necesario, entonces, dictar una legislación que ponga a salvo a esa comunidad, a esa sociedad, a todos los habitantes de un determinado país, de cualquier clase de atentado que se pueda cometer en contra de las personas y los bienes. Pero ahora, aquí en Chile no se quiere sancionar los delitos. Se trata de volver a la situación de las sociedades más primitivas, a la ley de la selva, donde no exista norma alguna al respecto, no puedan apreciarse las diversas circunstancias que determinan la mayor o menor gravedad de un delito, ni puedan apreciarse las condiciones en que haya actuado el delincuente que debe ser sancionado por la autoridad.
Es preciso buscar el momento político adecuado para legislar sobre este asunto. ¿Y cuál sería ese momento? Cuando el Partido Demócrata Cristiano esté en el Poder. Ese sí que sería el momento adecuado para dictar una legislación de esta naturaleza. Si ese partido no está en el Gobierno, no es el momento político adecuado. Y esto que acaba de decir el Honorable señor Carmona no es una teoría que recientemente conocemos al Partido Demócrata Cristiano, ni menos, por supuesto, al Nacional. Es una vieja política que esos sectores vienen aplicando hace ya mucho tiempo. Yo mismo, en muchas ocasiones, he tenido oportunidad de referirme en este recinto a disposiciones legales, y aun a reformas constitucionales, que se han aprobado en la creencia de que serían aplicadas por determinada corriente política. Así ocurrió, sin ir más lejos, con una enmienda de la Constitución que se aprobó para un eventual Gobierno del señor Alessandri, a quien se suponía vencedor en las elecciones presidenciales de 1970. En efecto, en esa oportunidad se entregaron mayores facultades al Ejecutivo, en desmedro de las que tenía el Legislativo, de modo que el Presidente de la República pasó a tener la iniciativa exclusiva en diversas materias. Resultó que la elección de 1970 dio por triunfador a Salvador Allende, y no a Jorge Alessandri, ni tampoco, en subsidio, a Radomiro Tomic. Y desde entonces, en el mismo Senado se han levantado voces de los parlamentarios que aprobaron esas reformas constitucionales para protestar y pedir cuenta al Gobierno de cómo está haciendo uso de las facultades exclusivas que ellos mismos acogieron. No les parece bien que las aplique un Gobierno distinto de aquel en que ellos pensaban al hacerlo.
Por estas razones, sostengo que ésta ha sido una política permanente de la Oposición. No me parece que sea una política adecuada, porque no se puede estar legislando según el lado de la barricada en que uno se encuentre. Y esto también lo he dicho en varias oportunidades. Mi conducta como legislador ha sido, permanentemente, la de entregar mi aporte, aunque sea modesto, para aprobar las normas que considero justas, a fin de que se apliquen cualquiera que sea el bando en que uno se ubique. Por desgracia, otros señores Senadores no piensan igual, y por eso las leyes deben modificarse con tanta frecuencia en este país.
Ha dicho el Honorable señor Carmona tal como se afirmó, también, durante la discusión general que las disposiciones propuestas por el Ejecutivo están actualmente vigentes, y que había muchos preceptos sobre esta materia que el Gobierno no aplicaba porque no sabía o porque no quería hacerlo. En efecto, hay algunas disposiciones vigentes que legislan sobre algunos tipos de delitos económicos pero no están tipificados todos los delitos de esta naturaleza en las normas actuales.
En el primer informe se señala que nuestra legislación penal ha sido muy explícita y generosa para legislar en defensa de los bienes de particulares, pero no para defender los intereses de la comunidad entera, que, indudablemente, son mucho más importantes e, incluso, pueden ser objeto de delitos mucho más graves. En efecto, los delitos cometidos en contra de particulares pueden agraviar a una, dos o tres personas pero los de carácter económico pueden alcanzar a la sociedad entera. Son todos los consumidores, en definitiva, los que resultan perjudicados, agraviados, heridos por estos delitos. En consecuencia, no se venga a decir que ésta es una legislación innecesaria. El único que sostuvo algo similar en la Comisión de Legislación fue el representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Eduardo Dagnino MacDonald. ¡El único! Y sabemos qué intereses representa el señor Dagnino: precisamente los de los comerciantes que no quieren una legislación de este corte.
La verdad es que no sé por qué los comerciantes se oponen a esta iniciativa, a menos que confiesen públicamente que todos son delincuentes de tipo económico porque si el comerciante es honesto, si cumple las leyes, si cobra los precios que corresponden, si no acapara mercadería, si no niega la venta, si no condiciona la venta, si no destruye mercadería, maquinarias o elementos, nada tiene que temer.
El Código Penal sanciona el homicidio, pero yo no me siento afectado por esa disposición, porque nunca he pensado matar a nadie. Al dictarse una norma de esta naturaleza, no podría pensar que me sancionará a mí, a menos que esté dispuesto a cometer esos delitos. Por esto, no justifico la actitud del comercio que quiere oponerse a los preceptos que castigan tales delitos. Por el contrario, pienso que gran parte del comercio, fundamentalmente el detallista, al cual se refirió en la última parte de su intervención el Honorable señor Carmona, debería ser el más interesado en que se dicte una legislación de esta índole, porque el acaparamiento, la negativa de venta, la venta a mayor precio, no son delitos en que incurran los comerciantes detallistas, que son trabajadores como cualesquiera otros en nuestra patria, sino los grandes comerciantes monopolistas, los grandes comerciantes particulares, que tienen en sus manos la distribución de los productos y que exigen a los minoristas comprar determinadas mercaderías, que muchas veces éstos no necesitan, para, venderles las que realmente requieren. Esto, lo he oído de parte de no pocos comerciantes detallistas, con muchos de cuyos dirigentes he tenido ocasión de conversar en provincias. Ellos nos han hecho presente esta situación.
Quiero recordar un caso bien concreto: en una oportunidad se celebró en Los Ángeles, capital de Bío-Bío, el Día del Comercio, evento al que fui invitado. Me encontré con que estaban reunidas la Cámara Central de Comercio, que agrupa a los grandes comerciantes, y la Cámara de Comercio Detallista. Ambas celebraban en conjunto el Día del Comercio. Intervinieron personeros de ambos sectores y diversos parlamentarios presentes. Cuando me tocó hacer uso de la palabra, hice notar la contradicción que resultaba del hecho de que estas dos instituciones celebraran juntas esa fecha, en circunstancias de que ahí mismo, de las intervenciones de cada uno de sus personeros, había quedado de manifiesto la diversidad de intereses de una y otra, y cómo los comerciantes pequeños, detallistas, se quejaban de la actitud del gran comerciante, que permanentemente estaba exigiendo precios superiores por las mercaderías que ellos compraban para reponer las vendidas, exigiendo cheques al día, pago al contado, previos a la entrega de los productos.
Esto parece una inconsecuencia que, junto con otras cosas extrañas, bien valdría la pena aclarar definitivamente con ocasión del proyecto en debate.
En la Comisión estuvo presente el profesor de derecho penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile don Miguel Schweitzer, quien expresó que algunas disposiciones de la iniciativa existían ya en la legislación vigente, pero no en su totalidad. Reconoció expresamente la necesidad de dictar estas normas, precisándolas y compilándolas en un solo texto legal, ya que hoy día algunos aspectos de los delitos económicos están dispersos en diferentes textos legales no sistematizados.
Además, señaló que creía necesario, al discutirse en particular el proyecto, dar su opinión respecto de cada una de sus disposiciones. No quiso darla en su oportunidad, sino que, ateniéndose a nuestro Reglamento, emitió una opinión general sobré la iniciativa que allí se discutía. Claro está que el profesor Schweitzer no tuvo ocasión de dar su parecer en particular sobre cada uno de los artículos, porque, como bien sabemos, la Comisión, en el segundo informe, sencillamente decidió rechazarlos sin entrar al debate de ellos.
Todavía más: queriendo justificar la actitud de su partido, el Honorable señor Carmona dice que para legislar es necesario conocer previamente las condiciones en que se hará la distribución en el futuro, porque a juicio del señor Senador el Gobierno quiere cambiar del todo la manera de distribuir en Chile y que todo se realice por intermedio de funcionarios públicos o de organismos estatales.
A mi juicio, esa afirmación significa exagerar lo que ha dicho el Ejecutivo. El Ministro de Hacienda no ha manifestado eso concretamente, sino que anunció una medida que significa asegurar a cada ciudadano o a cada hogar la obtención de determinados alimentos necesarios e indispensables para la alimentación de la familia. Lo que se pretende es impedir que los sectores de altos ingresos, que son muchos todavía en nuestro país, puedan seguir haciendo lo que han estado efectuando desde hace dos años a la fecha o más: acaparando mercaderías en sus despensas particulares. Dos o tres habitaciones de las grandes mansiones de los potentados de este país hoy día están repletas de mercaderías. Cualquiera que vaya a un supermercado, a un Almac o a un establecimiento de UNICOOP podrá observar si tiene paciencia de estar una tarde en el lugar- cómo hay personas, especialmente de esas señoras que salieron a hacer ruidos con las cacerolas por las calles, que cada tarde hacen tres o cuatro viajes y llenan carros de mercaderías que llevan a sus casas. Sin embargo, cuando llega la compañera de un obrero o el mismo obrero a comprar el día viernes, cuando ha recibido su salario, se encuentra con que no hay las mercaderías que necesita. Por lo tanto, sin lugar a dudas que estamos enfrentados a una distribución anormal de los alimentos. Y eso es a lo que el Gobierno quiero poner coto.
Quiero dar a conocer igualmente que en una ciudad de la zona que represento, tuve ocasión de conversar en estos últimos días con un propietario de supermercado. No es de nuestras filas, sino de Oposición. Me manifestó que, efectivamente, se está efectuando una compra anormal de mercaderías y se está creando una verdadera sicosis entre los consumidores, pues éstos procuran comprar el máximo de alimentos para almacenarlos en sus casas, aun cuando no los necesiten.
Reitero que el Gobierno no ha hablado, concretamente de tarjetas de racionamiento, sino que de la necesidad de asegurar a cada hogar la obtención de los alimentos indispensables para la familia. Sólo de eso se trata. No se puede usar ahora como pretexto esa medida del Gobierno, que todavía no ha sido puesta en práctica y que yo espero que en definitiva se estudie a fondo, porque, estando de acuerdo con ella, creo necesario aplicarla en la mejor forma posible y estudiar todos los detalles, a fin de impedir abusos y, sobre todo, que un funcionario, con criterio partidista o sectario, cometa arbitrariedades en el desempeño de sus funciones.
Aquí se ha dicho que toda la culpa de lo que actualmente ocurre en el campo económico, en especial en materia de distribución de alimentos, la tienen el Gobierno y sus funcionarios pero lo curioso es que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sanciona también a los servidores públicos que faciliten la comisión de estos delitos o los cometan ellos mismos. Entonces, resulta difícil comprender la actitud paradójica de la Oposición en el sentido de que, a pretexto de ser funcionarios de Gobierno quienes cometen esos delitos o han producido el trastrocamiento en la distribución de alimentos, no quiere entregar una herramienta que tiene por objeto, precisamente, sancionar a esos servidores. Admito que se puede decir que el texto del artículo propuesto en el proyecto de ley era incompleto, que necesitaba ser adicionado o que era menester reglamentar otras situaciones. Lo acepto. Pero deben presentarse las indicaciones correspondientes para remediar el problema. Estaremos dispuestos a acogerlas si las, consideramos justas y concordantes con nuestro criterio. Pero no se rechace en general el proyecto, so pretexto de que la culpa la tienen los funcionarios oficiales. ¡Si inclusive se desecha el artículo que sanciona o pretende sancionar a esos funcionarios y las disposiciones que sancionan a los comerciantes inescrupulosos! Destaco este último hecho, porque, reitero, si un comerciante es honesto, nada tiene que temer. Al buen pagador no le duelen prendas, dice un aforismo jurídico. En consecuencia, no veo por qué no pueda dictarse este tipo de preceptos y se quiera eliminar los demás artículos, salvando con tal actitud a esos comerciantes inescrupulosos a los particulares que, sin ser comerciantes, venden en forma ilegal a todos aquellos que destruyen los alimentos sin causa justificada o que inutilizan maquinarias o elementos industriales a quienes destruyen sementeras, plantíos, etcétera, como dice el proyecto a los comerciantes que nieguen la venta, la condicionen, vendan a mayor precio o acaparen o escondan mercaderías. Todos estos, delitos se dejan sin sanción. A todos estos malos elementos de la sociedad se los deja en amplia libertad para que continúen cometiendo sus fechorías, pues no se quiere dictar una ley sobre delito económico.
Quiero referirme a las indicaciones presentadas al proyecto y, particularmente, a las que patrocinaron los Honorables señores Bulnes, García e Ibáñez, vale decir, el Partido Nacional. Se ha propuesto reemplazar la totalidad del proyecto. Y en la indicación correspondiente, ¿qué se sanciona? Exclusivamente al funcionario público, interventor o administrador de empresas directa o indirectamente controladas por el Estado. ¡Sin embargo, no hay que legislar sobre los comerciantes, que son todos unos angelitos! ¡A ellos hay que dejarlos en absoluta libertad, para que sigan cometiendo todos estos delitos!
Por otro lado, se ha dicho que cuando se conozcan exactamente las nuevas normas sobre distribución, se podrán tipificar los delitos y descubrir cuáles son aquellos que se van a cometer. Una vez cumplido ese trámite, sólo entonces sería necesario dictar una legislación sobre la materia. Sin embargo, creo que la legislación penal se modifica, precisamente, porque quien delinque, quien tiene una conducta antisocial, siempre está encontrando alguna manera de soslayar la ley. Por lo tanto, si pretendiéramos dictar una ley tan perfecta que impidiera escapar por cualquier resquicio, estaríamos en la imposibilidad de hacerlo. Pero es necesario dictar una legislación, aun cuando no sea la más perfecta, porque a medida que vaya transcurriendo el tiempo y de que esas normas se vayan aplicando, se podrán ir advirtiendo sus vacíos. Por esta misma razón, el Código Civil establece una norma muy sensata: la obligación del Presidente de la Corte Suprema de dar a conocer, al inaugurar el año judicial el 2 de marzo de cada período, los vacíos encontrados en la aplicación de la ley, para representarlos a las autoridades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de adoptar las medidas que sean del caso y modificar esa legislación, perfeccionarla y corregir sus deficiencias. Pero ahora se sostiene que los vacíos de la ley que se propone constituyen razón suficiente para no legislar sobre la materia. Creo que difícilmente se podrán encontrar más malos argumentos para defender una más mala causa. Se está procediendo sólo con criterio político y electorero: lo que se quiere es no entregar al Ejecutivo las herramientas que está pidiendo, no para solucionar todos los problemas económicos, como se ha dicho, porque eso no lo ha manifestado ni podría hacerlo jamás el Gobierno. Con esta legislación no impedirá definitivamente la comisión de delitos económicos ni se pondrá coto a aquellos trastrueques que puedan haberse producido en nuestro sistema económico actual pero, sin lugar a dudas, esta legislación constituye un paliativo importante. Es evidente que, mediante ella, se podría subsanar parte de esta grave anormalidad que hoy estamos viviendo y que reconocemos sin perjuicio de estimar que son numerosas personas no adictas al Gobierno quienes están provocando fundamentalmente esta situación anómala en la economía, con el objeto de oponerse a las medidas gubernamentales.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el tiempo de su segunda intervención.
El señor LUENGO.- Sólo ocuparé un par de minutos, pues terminaré aquí mis observaciones, reservándome, en todo caso, el derecho para intervenir después.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- No hay reserva de tiempo, señor Senador.
El señor LUENGO.- ¿Hay que usar inmediatamente todo el tiempo?
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor LUENGO.- De todos modos, sólo usaré unos pocos minutos en este segundo discurso.
Insisto en que no son valederas las razones dadas para oponerse a legislar respecto de esta materia. En mi opinión, son razones que más bien tienden a tender una cortina de humo frente a las verdaderas intenciones de esa actitud.
Reitero que esas intenciones no son otras que las de provocar un fuerte reclamo en la ciudadanía contra el Gobierno, con el objeto de dar a la Oposición la oportunidad de obtener más votos en la elección que se celebrará el 4 de marzo próximo. En todo caso, esa actitud será comprendida perfectamente por la clase trabajadora, la cual no se va a dejar engañar, pues son razones que no convencen a nadie. En consecuencia, lo que la Oposición está persiguiendo no lo va a conseguir. El Gobierno, de alguna manera, va a salir adelante, aun cuando recurra a las disposiciones legales que tiene en sus manos, pero que son insuficientes. Saldrá adelante y pondrá coto a estos abusos.
Es necesario recordar algo. Durante la discusión general del proyecto, se dijo que entre las numerosas disposiciones vigentes para sancionar los delitos de carácter económico había una a la cual no se le ha dado mucha importancia. Me refiero al decreto Nº 520, que creó el Comisariato, como se conoce vulgarmente. No está de más recordar de nuevo que en virtud de una reforma constitucional aprobada por la mayoría de Oposición, en el Senado se propuso derogar ese cuerpo legal. En consecuencia, considero tartufismo político sostener en esta Sala que existe una disposición en virtud de la cual deben sancionarse esos delitos económicos y que basta con ella, en circunstancia de que no podemos ignorar que tal precepto se encuentra en vías de ser derogado repito- en virtud de la reforma constitucional ya aprobada en el Senado y actualmente en trámite en la Cámara de Diputados.
Por estas consideraciones, cae por su propio peso o por su base cualquier argumento destinado a sostener que esta legislación no es necesaria. En definitiva, debemos decir cuál es la realidad: lo que se pretende es no sancionar a los comerciantes, a los particulares o a los funcionarios que incurran en esta clase de delitos, porque se desea que subsista la escasez artificial de mercaderías, contra la cual reclaman los consumidores, y que en definitiva el Gobierno de la República pague los platos rotos.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- Debo comunicar a la Sala que después del Honorable señor Luengo-se encuentran inscritos para usar de la palabra los Honorables señores Contreras, García, Rodríguez, Moreno y el Senador que habla. Como se aproxima la hora de término de la sesión, deberemos continuar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de la tarde.
El señor RODRIGUEZ.- El Honorable señor Palma me dijo que yo estaba inscrito a continuación del Honorable señor Moreno, de modo que le solicito que no me cambie el turno.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- Tengo aquí la lista en que figuran los señores Senadores en el orden que he indicado. Por lo demás, la Mesa tiene facultades, para hacer los cambios pertinentes.
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