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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, la semana pasada esta Corporación conoció el proyecto del Ejecutivo que legisla sobre delito económico. En las sesiones celebradas para tal objeto, se aprobó en general la iniciativa, la que fue enviada a Comisión, fijándose al mismo tiempo plazo para presentar indicaciones.
Nosotros teníamos el convencimiento de que el proyecto iba a ser rechazado, atendidas las expresiones y declaraciones formuladas a la prensa por la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que forma parte de la Oposición. Pese a que la mayoría de los Senadores han sostenido, en esta oportunidad y en otras, la necesidad de legislar sobre estas materias, los hechos nos han demostrado que en realidad pensaban de manera distinta.
Para que la opinión pública conozca el planteamiento de la mayoría de los miembros de la Comisión de Legislación, recurro a su segundo informe, que, respecto de la posición del Honorable señor Juliet, expresa:
El Honorable Senador señor Juliet manifestó que, como constaba en el primer informe de la Comisión, desde el principio había expresado su opinión favorable a legislar sobre delito económico, basándose para ello en que representantes de su Partido habían impulsado anteriormente, en más de una oportunidad, una legislación de esta índole para estados de emergencia, con el fin de evitar la especulación, el acaparamiento y el abuso en la comercialización de bienes. Esto lo movió a votar favorablemente el proyecto en estudio durante la discusión general y a formular indicaciones que configuran en forma más precisa el tipo penal respectivo.
Para ello se basó en la garantía verbal, otorgada tanto en la Comisión como en el Senado, por los señores Ministros de Justicia y de Hacienda, en orden a que la comercialización de todos los bienes se haría exclusivamente a través del comercio establecido, y a que en la operación de distribución de estos productos se iba a emplear a funcionarios del Estado únicamente para que cumplieran con la labor de entregarlos al comercio establecido.
Estas dos premisas, que sirvieron de fundamento indispensable para concurrir con su voto a la aprobación en general del proyecto, agregó el señor Senador, han sido desvirtuadas por el señor Ministro de Hacienda en el discurso que pronunciara en el Senado y en otro difundido a la opinión pública, en los que declaró que la distribución se haría directamente por empleados públicos, aun cuando también colaborarían otros organismos, a los cuales Su Señoría no les reconoce competencia alguna en esta materia, como son las Juntas de Abastecimientos y Precios, los Centros de Madres y las organizaciones gremiales. No tienen esa competencia, sostuvo el señor Senador, porque la ley no los habilita para cumplir tal función y porque obrarían de acuerdo a principios de carácter político y no guiados por el propósito de asegurar el abastecimiento no discriminado en la población.
Respecto de esta última aseveración, debo decir que tuve la oportunidad de escuchar al señor Ministro de Hacienda y, posteriormente, de leer su discurso, sin haber logrado encontrar en parte alguna las palabras que dan base al argumento que emplea el Honorable señor Juliet en cuanto a que las juntas de abastecimientos y precios y los centros de madres serán los organismos encargados de distribuir los alimentos.
En esta Corporación hay dos grupos de Senadores: los que pertenecen a la Oposición y los que representan al Gobierno, y creo que a nadie le está permitido hacer toda clase de invenciones y mistificar a la opinión pública. Cada uno de nosotros tiene la obligación, por sobre todas las cosas, de decir la verdad. Pienso que algunos señores Senadores, a quienes yo consideraba respetables y honorables, no están autorizados para dar cualquier tipo de argumentos que son aprovechados por la prensa de Oposición para producir alarma pública respecto de la distribución de los alimentos.
En muchas oportunidades hemos dicho que las juntas de abastecimientos y precios no han sido ni serán organismos encargados de distribuir los alimentos. Hemos sostenido en forma reiterada que es el comercio establecido el que debe desempeñar tal función y que las juntas de abastecimientos y precios no tienen otra tarea que la de colaborar con aquél en la distribución equitativa de los artículos de primera necesidad. Pero como es fácil buscarle las cinco patas al gato, aun cuando todos sabemos que sólo tiene cuatro, se valen de cualquier medio para hacer oposición y crear mayor número de problemas que los que estamos viviendo en este instante.
En cuanto a los centros de madres, los señores Senadores saben muy bien que aquéllos no están destinados a cumplir tal función. Eso lo saben perfectamente los señores Senadores de Oposición, ya que fue durante su Gobierno cuando se creó ese tipo de organizaciones comunitarias, en las cuales tienen participación las mujeres de nuestro país.
Por otra parte, al día siguiente se dio a conocer por todos los órganos de publicidad de la Oposición que se implantaría en el país la tarjeta de racionamiento. No sé cuándo, en qué momento, a qué hora y quien difundió esa información. Creo que es poco seria. Yo tenía otra opinión de algunos señores Senadores. Les reconocía su derecho a hacer oposición, pero creía que junto a ello tenían un deber que nos obliga a todos los chilenos. Todos hemos nacido y vivido en este suelo, y creo que la Oposición, junto con señalar los errores del Gobierno, tiene la obligación patriótica de proponer nuevas ideas que los corrijan, o de legislar en beneficio del país.
No considero patriótico que, sin más trámite, la Comisión de Legislación haya rechazado la totalidad del proyecto. El miércoles o el jueves no puedo precisar con exactitud el día se aprobó la idea de legislar. Sin embargo, dos o tres días después los señores Senadores de Oposición argumentaron que no hay garantías suficientes para legislar sobre el particular y que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para combatir la especulación.
Todos hablamos de la necesidad de terminar con este flagelo. Todos dicen que faltan productos. Todos estamos de acuerdo en que existe acaparamiento. Pero cuando se trata de dar las herramientas necesarias que permitan combatirlo y, además, hacer más expedita la distribución de artículos de primera necesidad, los hechos son más porfiados y la Oposición vota cerradamente contra todo el articulado, en circunstancias de que se había aprobado la idea de legislar.
Hoy en la mañana se dijo que el Gobierno cuenta con todos los instrumentos legales que le permiten combatir la especulación, el acaparamiento y el mercado negro. Cuando se votó en general el proyecto, el Ministro de Justicia, en su intervención de cinco minutos, afirmó lo siguiente a propósito de lo expuesto por el Senador señor García:
El señor Senador afirmó que la legislación vigente consigna iguales disposiciones que el proyecto de ley que discute el Senado y que, por consiguiente, la nueva legislación sería innecesaria.
La verdad es que en el propio mensaje, el Gobierno reconoce que existen numerosas normas legales sobre la materia. Sin embargo, ellas carecen de sistematización y no dicen relación a algunas de las nuevas circunstancias que vive el país. De modo que esta iniciativa de ley que tipifica delitos de carácter económico entrega herramientas que permiten realizar un mejor control y penar a las personas que atentan contra principios básicos en los órdenes público y económico. Por consiguiente, el proyecto tiene por finalidad perfeccionar la legislación vigente, antes que modificarla de manera sustancial mediante la técnica de superponer nuevas figuras delictivas a las establecidas en ella.
En este sentido, la primera consideración que debe formularse a lo expresado por el Honorable señor García dice relación a la circunstancia de que la iniciativa en estudio tiene alcances mucho más amplios que la legislación económica vigente sobre el particular, que está limitada a los bienes y servicios de primera necesidad.
No leeré la intervención completa del Ministro de Justicia. En ella dicho Secretario de Estado dejó establecido que era indispensable dar nuevas herramientas al Gobierno para terminar con el flagelo de la especulación y del mercado negro, o para aminorarlo.
Por otra parte, el Senador señor Carmona, durante el debate en la Comisión, y al fundar su voto, manifestó que su colectividad era partidaria también de la idea de legislar respecto de la materia en discusión. La aprobación de la idea de legislar, a su juicio, lleva también implícito el propósito de extender las disposiciones del proyecto de ley contenido en el mensaje con el objeto de sancionar otras conductas, principalmente las actuaciones ilícitas de funcionarios administrativos, de la autoridad y, en general, de los agentes políticos, tales como interventores de empresas requisadas o administradores del área social. Además de Votar afirmativamente la idea de legislar, el señor Senador entendía que debían modificarse las disposiciones vigentes, en el sentido de no dejar entregada la acción de perseguir esos delitos solamente en manos de la Dirección de Industria y Comercio, sino que también debía establecerse la acción pública en defensa del consumidor, ya que lo primero significa el monopolio por parte del Gobierno de la acción en contra de determinados distribuidores del comercio.
Como se ve, señor Presidente, todos estaban de acuerdo en legislar sobre la materia, pero, al final, todos votaron en contra del proyecto, con lo cual demuestran que tenían buenos deseos pero que sus intenciones eran otras.
Durante la discusión de hoy en la mañana, se hizo toda clase de interpelaciones al Ejecutivo. Se dijo que el proyecto en debate significa una propaganda más del Gobierno sobre el delito económico. También se expresó que se quería reemplazar al comercio. Llevo doce años sentado en este mismo lugar; he sido Senador de Oposición, tanto durante el Gobierno del señor Alessandri como durante el del señor Frei, y debo decir que nunca he escuchado de una Oposición opiniones más negativas.
En efecto, al actual Gobierno no sólo se le ha calificado como se hizo durante la sesión en que se aprobó en general el proyecto, oportunidad en que algunos señores Senadores que se dicen educados y con título universitario a cuestas emplearon el lenguaje más desusado que he oído en este recinto para calificar a funcionarios de esta Administración. Inclusive, un señor Senador, que seguramente no tiene tejado de vidrio a mi juicio, en Chile son muy pocos los que lo tienen, llegó a decir que éste era un Gobierno de sinvergüenzas y de ladrones; y lo señaló en presencia de dos Ministros de Estado, profesionales, como muchos de los que se sientan en estas bancas, que por algo recibieron sus títulos, pues lo cierto es que ninguna universidad del país ha otorgado a persona alguna título de ladrón o de honesto. Pero llegará la hora en que habrá que clarificar posiciones y actitudes.
No les gusta que la DIRINCO tenga el control del comercio y que persiga a los especuladores. Cuando se habla de perseguir a los especuladores y acaparadores, ponen el grito en el cielo y mistifican a la opinión pública por medio de propaganda tendiente a hacernos aparecer como que estamos en contra de todos los comerciantes del país. Debo decir que, así como hay de todo en la viña del Señor, así también sucede en todos los gremios y en todas las actividades. Por lo tanto, también puede ocurrir que entre nosotros haya de todo. Pero queremos dejar en claro que nunca hemos pretendido no lo queremos ni lo hemos querido utilizar estas disposiciones legales como un arma para perseguir a ciudadanos que se ganan el sustento diario con su esfuerzo, pese a que reitero hay algunos que dejan mucho que desear.
Así como se critican las actividades del Gobierno y los pasos que éste da, quiero señalar hoy cuál es el aporte de los que así proceden, como ciudadanos y como chilenos, para ayudar a solucionar los problemas: hacen lo humanamente posible por agravarlos, por profundizarlos y por que el país se hunda. Según ellos, no importa que el país se hunda. ¡Lo importante es recuperar sus privilegios! ¡Son tan patriotas; quieren tanto a la querida chusma, como la llamaba don Arturo Alessandri, que, mientras por un lado la están halagando y hacen toda clase de publicaciones en contra de la actividad del Ejecutivo, por otra están procurando socavar la estabilidad del Gobierno para provocar una reacción en contra del mismo?
En sesión anterior se dijo que las instituciones estatales tienen a su cargo la distribución de la mayor parte de los artículos de primera necesidad. Al respecto, el Ministro de Hacienda citó en su oportunidad el caso de la Papelera, y preguntó por qué no había en el país papel higiénico, en circunstancias de que esa industria no pertenece al área social. En cuanto a las empresas distribuidoras, tenemos, por ejemplo, a CODINA, Duncan Fox, Williamson Balfour y DINAC. Esta última es la empresa Distribuidora Nacional, o sea la institución estatal. ¿Cuánto distribuye DINAC? ¡Óiganlo bien: el 15%! y el 85% de la distribución de artículos esenciales para la población está en manos de las empresas privadas.
Respecto de los pollos, la producción mensual asciende a cuatro millones de unidades. ¿Cuánto distribuye ENAVI? Quinientos mil pollos. Los tres millones quinientos mil restantes están a cargo de las distribuidoras privadas.
Dicen eso acerca de la distribución, y lo seguirán diciendo, porque les conviene. Y aquí tienen una máquina propagandística excelente por cierto, no la pagan los Senadores, sino el Senado, por cuyo funcionamiento durante 1972 se canceló un millón ochocientos mil escudos. O sea, el país, el hombre modesto, toda la gente que paga un impuesto, todo aquel que vive de un sueldo o de un salario, en fin, quien trabaja, contribuye a pagar nuestra propaganda.
Luego se sostuvo que el Gobierno tenía el control de las industrias.
Existen alrededor de 300 industrias llamadas grandes quizás sea el término adecuado, de las cuales el Gobierno pretendía incorporar al área social 91. De éstas, sólo 47 pasaron a dicho sector, y el resto continúa en poder de la empresa privada.
¡Qué fácil resulta argumentar en este recinto! Es fácil decir que los interventores cometen toda clase de tropelías. Poro antes, cuando las industrias estaban en manos particulares, ¿no se cometía ninguna clase de atropello contra los trabajadores? ¿Se les pagaban oportunamente sus feriados? ¿Se enteraban sus imposiciones en los institutos previsionales? ¿No había despidos en las industrias? ¡Sí, y masivos! También existían listas negras. Y algunos señores Senadores lo saben, especialmente los que han trabajado en empresas. Quien salía de una industria, sobre todo si era extranjera, jamás podía trabajar en otra si figuraba en las listas negras; porque cuando el sujeto que buscaba ocupación se presentaba a la oficina de empleo, se averiguaba primero dónde había laborado antes. O sea, la persona que deseaba arrendar sus fuerzas, que buscaba un trabajo para subsistir, si se hallaba en una de esas listas, recibía la siguiente respuesta: Usted no puede entrar a trabajar en esta industria. Y no había mayor información, aun cuando se preguntara la causa de la negativa. ¡Así funcionaban las odiosas listas negras!
Pero cuando se trata de tomar una medida en contra de alguien perteneciente a la clase social que ahora se agrupó en un solo frente para defender sus privilegios y oponerse al Gobierno, ponen el grito en el cielo, y por poco no golpean las puertas de éste para que San Pedro los ampare y ayude a terminar con lo que llaman abuso de Poder.
Cuando algunos funcionarios fueron separados del Banco Central, hubo gran escándalo, porque se despidió a un empleado que ganaba 60 mil escudos al mes, a cinco que percibían entre 40 mil y 60 mil escudos, a dos que recibían entre 30 mil y 40 mil escudos, y a cinco que ganaban entre 25 mil y 30 mil escudos. Y, como si esto fuera poco, reclaman una indemnización ascendente a 83 millones 500 mil escudos.
¡Ahí sí que se reclama! Pero ¿qué sucede cuando protesta el hombre común? ¡Hasta ocurren hechos de sangre! Sucedió en Puerto Montt. ¿Cuánto costó para que se reincorporaran al mineral El Salvador los trabajadores que durante el régimen anterior fueron despedidos arbitraria e injustamente por el solo hecho de realizar un movimiento en defensa de sus intereses? ¡Únicamente bajo el actual Gobierno pudieron retornar a sus labores!
O sea, las cosas están claras: cuando reclaman los pobres, se les da con el mocho del hacha, como se dice en el campo; pero cuando protestan los señores de cuello y corbata, entonces sí que debe prestarse atención, porque son los caballeros, las personas vinculadas a la sociedad como se sostiene quienes han visto lesionados sus intereses.
Pienso que vamos por mal camino. Confiaba en que aquí se procedía de acuerdo con el Reglamento y con la ley. Pero cuando quieren buscar un medio para hacer oposición, los señores Senadores no sólo saben mucha geografía, sino que también conocen muy bien el Reglamento y le tuercen la nariz de cualquier modo.
Así vemos, por ejemplo, cómo para liquidar el proyecto que ahora nos ocupa no tuvieron ningún empacho en cambiar las indicaciones. Porque, a nuestro juicio como se dijo esta mañana, la que suprimía la iniciativa no se presentó dentro del plazo reglamentario. Pero hay votos. Y siempre las batallas de esta índole se ganan con votos. En la Comisión de Legislación y Justicia tienen cuatro votos, contra uno del Gobierno, de modo que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo mismo sucede con las acusaciones que afectan a los Ministros de Estado y a los Gobernadores. Aun cuando se dice que las resoluciones adoptadas sobre el particular son producto del dictado de la conciencia de cada cual,...
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Ha terminado el tiempo de que disponía para su primer discurso. Su Señoría puede continuar dentro del asignado para el segundo.
El señor CONTRERAS.-... pienso que la cuestión no es así y que tales resoluciones no obedecen al dictado de la conciencia, sino que se adoptan según la proporción en que se afecta el bolsillo o se tocan los intereses de clase. Porque aquí las cosas están planteadas de tal manera, que revelan la existencia de una lucha de clases en la cual los poderosos defienden y seguirán defendiendo su clase social, a la que pertenecen unos y con la que otros se encuentran emparentados; mejor dicho, son los parientes pobres de ese sector, que están marcando el paso.
Por lo tanto, no abrigamos esperanza alguna de que se vaya a reconsiderar la decisión adoptada. Pero sí queremos señalar la conveniencia de que llegue la hora de la verdad. Hay personas que ocupan bancas en este recinto y que seguramente se consideran respetables. Pero yo, en el hecho, creo que es grave faltar a la verdad, que se atribuyan aquí a Ministros de Estado palabras que jamás han pronunciado, o que se haga mención de resoluciones gubernativas que nunca han estado en la mente del Ejecutivo.
Han especulado con lo de las tarjetas de racionamiento, y seguirán especulando con ello para cazar incautos en las horas difíciles que vive el país. Opino que si realmente se consideran hijos de esta tierra, si se consideran patriotas, si se consideran en alguna manera chilenos, es necesario que empiecen a ver las cosas de modo realista y piensen que con sus actitudes no sólo perjudican al Gobierno, sino que se embarcan en un plan cuya finalidad es producir la hecatombe en el país, crear toda clase de problemas, especialmente en lo referente al abastecimiento de la población.
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