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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- La colega doctora María Elena Carrera, durante la discusión general, ya expresó la opinión del Comité Socialista acerca de la iniciativa en debate. La verdad es que todos suponíamos que el debate general estaba prácticamente agotado. Sin embargo, el insólito rechazo por parte de la Comisión de Legislación de todos los artículos del proyecto, nos hace pensar que se está sentando uno de los precedentes legislativos más peligrosos. Pese a que el Honorable señor Carmona adujo esta mañana que había numerosos precedentes en la materia, no fue capaz de citar ni un solo ejemplo, lo que hace suponer que si ellos se produjeron en el pasado,...
El señor GARCIA.- Ese fue el caso de la iniciativa sobre los pactos electorales.
El señor RODRIGUEZ.-... no lo fueron en términos reiterados, como afirman los opositores. Estos, en el caso que nos ocupa, aprobaron la idea de legislar y posteriormente rechazaron en la Comisión de Legislación todos los artículos del proyecto.
En el fondo, nos encontramos en presencia de una prueba de cinismo político extraordinario. Se estuvo a la espera de la coyuntura favorable para justificar formalmente el rechazo de una legislación que tendía a amparar al pueblo; que no tenía camiseta política de Gobierno, de Unidad Popular o de Oposición; que se apoyaba únicamente en la gran representatividad de los consumidores chilenos, de la inmensa mayoría de la población, quienes requerían con urgencia ser protegidos, en mayor medida que con la legislación vigente, con penalidades más definidas, con una articulación legal mejor, con una sistematización que los amparara del agio, de la especulación, del ocultamiento de mercadería, del mercado negro.
Y es penoso ver que, en este juego político, la Derecha, una vez más, haya impuesto plenamente a la Democracia Cristiana las reglas del juego, lo que demuestra que la decisión básica de la política opositora en este momento se ha trasladado, como centro de poder, de la Democracia Cristiana a la rectoría del Partido Nacional y de los grupos fascistas.
Este es uno de los tantos balances que queda, penosamente diría yo, del debate sobre la materia que nos ocupa.
Es inadmisible argumentar, como lo hizo el Honorable señor Carmona en la mañana, que no hubo antecedentes necesarios ni tiempo para pronunciarse sobre este asunto, por cuanto el proyecto ya lleva seis largos meses en el Senado. El Ejecutivo envió el mensaje correspondiente el 20 de julio de 1972. Es decir, han transcurrido seis meses, medio año prácticamente, lapso suficiente para que esta Corporación hubiese analizado en profundidad la materia durante el primer trámite. La Oposición, que controla todos los procedimientos reglamentarios califica las urgencias y, como dice el colega Chadwick, confecciona las tablas y las despacha y la Mesa del Senado, pudo aprobar sin mayores problemas la legislación que ahora tratamos.
Sin embargo, no cabe duda lo digo realmente con pesadumbre de que el tradicional ambiente del Senado se ha ido rompiendo paulatinamente. El respeto a la minoría, en los términos democráticos que siempre lo conocimos, ha sido arrasado en la Corporación. Ya ni siquiera valen los acuerdos unánimes de los Comités, porque ello no impide que sean cambiados en forma antidemocrática por la mayoría, como ocurrió, precisamente durante el despacho de esta misma iniciativa sobre delitos económicos, cuando la Mesa alteró las reglas del juego para acceder a una mayoría que, como digo, ha sobrepasado todo, incluso el Reglamento. Y también se está empujando de manera peligrosa a algunos funcionarios a tomar actitudes políticas. Todo el Senado se está transformando, asimismo, en un campo donde tiene lugar una especie de guerra de facciones, que nosotros vemos con bastante temor y aprensión.
La mayoría ha destruido en este momento lo que era convivencia leal en este cuerpo legislativo, en virtud de la cual se respetaba el juego de las mayorías y de las minorías y nunca se arrasaba con el derecho de estas últimas.
En el Comité Socialista y en la Unidad Popular podríamos hacer un largo recuento acerca de la manera como se ha estado atropellando una y otra vez el derecho de las minorías durante el trámite del proyecto sobre delito económico, hecho que ha quedado de manifiesto, primero, cuando se vulneró el acuerdo de Comités a que me referí y, ahora, cuando se arrasa antidemocráticamente con una iniciativa ya aprobada en general por la Comisión de Legislación.
Podrán aducir muchos argumentos, afirmarse en algunos artículos del Reglamento e, incluso, referirse de paso a la Constitución para fundamentar lo que es feble. Lo cierto es que el criterio que la mayoría está imponiendo es absolutamente contrario a los derechos que a nosotros, la minoría, nos corresponden. Por lo demás, esta actitud habla muy mal de la mayoría del Senado que, por una parte, dice defender la democracia, las libertades públicas y acusa al Gobierno de adoptar medidas totalitarias, en circunstancias de que, por otra parte, ella quiere imponer, en este pequeño recinto o ámbito, un juego absolutamente totalitario y antidemocrático que nos merece las más encendidas protestas.
Se ha insistido en que la legislación propuesta por el Gobierno resulta innecesaria. Sin embargo, la opinión de los expertos en la cátedra y de organismos especializados en la materia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, indican lo contrario. Tal criterio lo recoge muy bien el primer informe de la Comisión de Legislación, el que indudablemente olvidan los colegas opositores.
¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el profesor Schweitzer?
Recuerda que el Instituto de Ciencias Penales se ha preocupado, desde hace muchos años, de estudiar las materias de que trata la iniciativa en debate. Agrega que en 1941, por iniciativa del Instituto, se realizó en Chile el Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, certamen en el cual uno de los temas tratados fue el relativo al delito económico. La relación del tema estuvo a cargo del distinguido jurista y profesor de Derecho Mercantil don Raúl Varela Varela, quien lo enfocó destacando fundamentalmente la idea de lo que debía entenderse como el orden público económico, ese orden que siempre olvidan los sectores de Oposición.
En seguida agrega el señor Schweitzer que, en 1962 el Instituto realizó las Quintas Jornadas de Ciencias Penales, en las que se trató específicamente el delito económico.
Este jurista fue Ministro durante el Gobierno de Alessandri. Por lo tanto, no es la suya una opinión que corresponda al pensamiento de la Unidad Popular, ni la de una persona matriculada con la Izquierda. Pero reconoce los hechos, que son porfiados. En efecto, señaló que le parecía no sólo útil sino indispensable legislar sobre la materia en un texto que tenga por objeto compilar las disposiciones legales vigentes que se encuentran dispersas.
Luego, el profesor Schweitzer manifestó en la Comisión que, a su juicio, medidas de esta naturaleza deberían alcanzar no sólo al comerciante inescrupuloso, sino también a los funcionarios que actúen dolosamente. Esta idea la recogimos con el Honorable señor Jerez, con quien formulamos indicaciones para establecer sanciones en contra de los funcionarios culpables en estas materias.
En seguida, el informe consigna la opinión del señor Politoff, otro jurista de renombre en nuestro país, quien manifestó que además del Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología celebrado en 1941, tuvo lugar en Roma, en 1953, el Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, que se realizó precisamente para tratar el llamado Derecho Penal Social Económico; la Asociación Internacional de Derecho Comparado, en 1958, en Bruselas, se reunió para tratar la necesidad de legislar sobre esta materia; en el Primer Congreso Nacional de Abogados de Chile, celebrado en Santiago en 1954, se aprobó un voto sobre esta misma materia; el Instituto de Ciencias Penales hace más de diez años juzgó tan necesario legislar al respecto que realizó jornadas monográficas sobre el tema.
Y ahora el señor García y otros Senadores de Oposición vienen a colocarse de espaldas a la opinión, fundada en el ámbito nacional e internacional, de los mejores juristas y expertos sobre la materia, que han insistido no sólo en la necesidad de legislar sobre delito económico, sino de compilar, en el caso de Chile, las disposiciones dispersas, como lo reiteró, por otra parte, el Ministro de Justicia.
Pero hay más. No cabe duda de que la anticuada legislación del Código Penal no ha consignado con precisión, con claridad y fluidez penas por la violación al orden económico. Por eso, el profesor Politoff anota con mucha propiedad:
El orden público económico corresponde a un conjunto de intereses que están claramente definidos. Hay intereses económicos que no son del Estado ni son del individuo y sin embargo requieren de tutela penal. Si se observa nuestro antiguo Código Penal se puede advertir que las condiciones económicas del individuo aparecen tuteladas con una minuciosidad casi exasperante. Pero cuando se ha legislado con el propósito de tutelar los intereses económicos de la sociedad, se ha hecho con bastante liviandad, como está ocurriendo en estos momentos en esta Sala casi presionados por la necesidad.
Agregó el profesor Politoff que este proyecto de ley es el primer intento en Chile por definir las conductas delictivas en esta materia, describiéndolas y no simplemente mencionándolas. Así, por ejemplo, en lugar de decir: el que acapare... se describe la actividad en que consiste el acaparamiento. Además, en lugar de establecer un marco penal amplio, entregado al arbitrio del Juez, se gradúan los distintos elementos que el sentenciador debe ponderar, como la entidad del daño, la importancia del riesgo corrido por la colectividad, el ánimo perseguido por el agente, etc.
En seguida, el profesor Politoff coincidió con el profesor Schweitzer en que respecto de esta clase de delitos no puede considerarse solamente la conducta de los particulares, sino que debe ser especialmente severa la legislación tratándose de funcionarios, idea que repito recogimos con el Honorable señor Jerez al formular diversas indicaciones en este sentido.
La gente en este país se pregunta insistentemente cómo es posible que las anticuadas disposiciones del Código Penal condenen a modestos campesinos, cuando éstos incurren en delitos de abigeato o cuando roban un cordero o una gallina, a tres años y un día, en circunstancias de que andan libres los acaparadores, los agiotistas, los que especulan con el hambre del pueblo, problema que se venía a resolver con este proyecto sobre delito económico. Y esa gente queda más asombrada aún cuando, por ejemplo, se condena a sólo dos años de prisión a los asesinos del General Schneider, en circunstancias de que al Diputado socialista Matías Núñez lo condenó el Ministro Paillás a la pena de un año y medio. Estos son contrasentidos de la justicia de clases. Estas son inconsecuencias de la legislación actual que no encuentran eco o solución de parte de una mayoría cerrada, impertérrita, sorda, que, tomando algunos argumentos o argucias del momento político, de la guerrilla pequeña y subalterna, se niega a legislar sobre delito económico, dejando en la orfandad más absoluta a la gran masa de los chilenos, a los consumidores modestos.
Por eso, no es exacto afirmar que ya existe una legislación sobre la materia. Porque, en primer lugar, si la hay, está dispersa, no integrada en un texto armónico. No pocas veces el Congreso ha debido legislar para integrar disposiciones legales diseminadas, como ha ocurrido, por ejemplo, en asuntos de política tributaria o previsional, donde se han debido reunir elementos dispersos, sueltos en nuestra anárquica legislación vigente, que cuenta con más de 1.700 leyes sobre estas materias, que se compilaron en un Código Tributario o en una ley orgánica de previsión. Pero ahora, cuando se trata de integrar o, en cierta medida, de codificar la legislación dispersa y anárquica que sanciona el agio y la especulación, ellos dicen: Ah, esto es innecesario, porque ya hay legislación vigente sobre la materia. Pero, subrepticia e hipócritamente, ocultan que en el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Oposición, que recordaba en la mañana el Honorable señor Luengo, acordaron derogar el decreto ley 520, es decir, el texto legal que, precisamente, contiene la mayoría de esas disposiciones que se consideran vigentes. Ellos tienen la intención, que me atrevería a calificar de dolosa, de derogar ese texto para dejar en la más absoluta indefensión a la comunidad nacional.
De tal manera que esta argumentación no es sino un sofisma destinado a ocultar las torvas intenciones de quienes se han ubicado en el lado donde no debían. Me refiero a los Senadores democratacristianos, muchos de los cuales no debieran estar al lado de los especuladores y monopolistas, que hacen el gran negocio con la crisis política que vive el país y con el acaparamiento.
El Honorable señor García, sin originalidad alguna, ha dicho que la crisis económica nos produce ya una pérdida mayor que la que ocasionó la guerra del Pacífico. No son palabras del señor Senador. Hace poco dijo lo mismo el señor Sáenz, Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. No sé cómo han medido estas cifras; pero quisiera que el Honorable colega se asesorara para averiguar cuánto perdimos en el salitre. Después que el chileno entregó la sangre y el corazón en la pampa ardiente para ganar las provincias nortinas, cometieron el delito de lesa patria no sólo de empujar a la muerte a Balmaceda, sino de entregar vergonzosa y cínicamente el salitre a los imperialistas ingleses. ¿Han medido cuánto perdimos ayer con la entrega del salitre? Creo que perdimos mucho más con esa entrega vergonzosa al imperialismo inglés, que lo que costó la guerra del Pacífico. ¿Y cuánto perdimos con el saqueo imperialista del cobre? ¿Han medido esas cifras? Habría que recomendar al Honorable señor García y al señor Sáenz que se pongan de cabeza, con una serie de asesores, a estudiar este punto, para que lleguen a la conclusión de cuánto costó a Chile, en precio de hambre y miseria, en falta de desarrollo económico y de independencia, haber entregado a las clases explotadoras de ayer primero el salitre y luego el cobre.
Ahora, para justificar su inconsecuencia de no querer legislar sobre delito económico, nos vienen a decir que la crisis actual cuesta más que la guerra del Pacífico. Sí, Honorable señor García: cuesta mucho más la entrega de nuestras riquezas mineras que hicieron sus antepasados al imperialismo. Esas cosas valdría la pena compararlas y medirlas.
El señor GARCIA.- Las puedo comparar, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.- Es posible que sea alto el costo social de la experiencia que estamos viviendo, con todos sus hechos positivos y negativos, sus aciertos y sus errores, sus grandezas y sus pequeñeces. Pero, en definitiva, se trata de un proceso de cambio por el cual, indudablemente, debe pagarse un precio, un costo social. Es posible que este proceso pueda ser objeto de críticas y que ofrezca flancos a esa crítica; pero nadie podrá negar por lo menos no los que están realmente ubicados en un plano de examen objetivo...
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Su Señoría ha ocupado 22 minutos de su tiempo.
Hay un acuerdo de Comités para tratar otros dos proyectos. Como no hubo unanimidad para prorrogar el Orden del Día, queda pendiente la discusión de esta iniciativa y con la palabra el señor Senador, que podrá continuar en la sesión especial a que citará mañana la Mesa para continuar tratando esta materia. Su Señoría dispondrá de otros 29 minutos en el primer discurso, más el tiempo que le corresponde en el segundo.
La señora CARRERA.- ¿A qué hora se citará a la sesión especial, señor Presidente?
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
A las diez y media, señora Senadora.
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