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El señor EGAS(Secretario subrogante).
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto que tipifica delitos de carácter económico, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:Proyecto de ley:En primer trámite, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972.
Informes de Comisión:
Legislación, sesión 58ª, en 2 de enero de 1973.
Legislación (segundo), sesión 69ª, en, 16 de enero de 1973.
Discusión:
Sesiones 62ª, en 4 de enero de 1973; 63ª, en 9 de enero de 1973 (se aprueba en general) y 69ª, en 16 de enero de 1973.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, la semana pasada esta Corporación conoció el proyecto del Ejecutivo que legisla sobre delito económico. En las sesiones celebradas para tal objeto, se aprobó en general la iniciativa, la que fue enviada a Comisión, fijándose al mismo tiempo plazo para presentar indicaciones.
Nosotros teníamos el convencimiento de que el proyecto iba a ser rechazado, atendidas las expresiones y declaraciones formuladas a la prensa por la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que forma parte de la Oposición. Pese a que la mayoría de los Senadores han sostenido, en esta oportunidad y en otras, la necesidad de legislar sobre estas materias, los hechos nos han demostrado que en realidad pensaban de manera distinta.
Para que la opinión pública conozca el planteamiento de la mayoría de los miembros de la Comisión de Legislación, recurro a su segundo informe, que, respecto de la posición del Honorable señor Juliet, expresa:
El Honorable Senador señor Juliet manifestó que, como constaba en el primer informe de la Comisión, desde el principio había expresado su opinión favorable a legislar sobre delito económico, basándose para ello en que representantes de su Partido habían impulsado anteriormente, en más de una oportunidad, una legislación de esta índole para estados de emergencia, con el fin de evitar la especulación, el acaparamiento y el abuso en la comercialización de bienes. Esto lo movió a votar favorablemente el proyecto en estudio durante la discusión general y a formular indicaciones que configuran en forma más precisa el tipo penal respectivo.
Para ello se basó en la garantía verbal, otorgada tanto en la Comisión como en el Senado, por los señores Ministros de Justicia y de Hacienda, en orden a que la comercialización de todos los bienes se haría exclusivamente a través del comercio establecido, y a que en la operación de distribución de estos productos se iba a emplear a funcionarios del Estado únicamente para que cumplieran con la labor de entregarlos al comercio establecido.
Estas dos premisas, que sirvieron de fundamento indispensable para concurrir con su voto a la aprobación en general del proyecto, agregó el señor Senador, han sido desvirtuadas por el señor Ministro de Hacienda en el discurso que pronunciara en el Senado y en otro difundido a la opinión pública, en los que declaró que la distribución se haría directamente por empleados públicos, aun cuando también colaborarían otros organismos, a los cuales Su Señoría no les reconoce competencia alguna en esta materia, como son las Juntas de Abastecimientos y Precios, los Centros de Madres y las organizaciones gremiales. No tienen esa competencia, sostuvo el señor Senador, porque la ley no los habilita para cumplir tal función y porque obrarían de acuerdo a principios de carácter político y no guiados por el propósito de asegurar el abastecimiento no discriminado en la población.
Respecto de esta última aseveración, debo decir que tuve la oportunidad de escuchar al señor Ministro de Hacienda y, posteriormente, de leer su discurso, sin haber logrado encontrar en parte alguna las palabras que dan base al argumento que emplea el Honorable señor Juliet en cuanto a que las juntas de abastecimientos y precios y los centros de madres serán los organismos encargados de distribuir los alimentos.
En esta Corporación hay dos grupos de Senadores: los que pertenecen a la Oposición y los que representan al Gobierno, y creo que a nadie le está permitido hacer toda clase de invenciones y mistificar a la opinión pública. Cada uno de nosotros tiene la obligación, por sobre todas las cosas, de decir la verdad. Pienso que algunos señores Senadores, a quienes yo consideraba respetables y honorables, no están autorizados para dar cualquier tipo de argumentos que son aprovechados por la prensa de Oposición para producir alarma pública respecto de la distribución de los alimentos.
En muchas oportunidades hemos dicho que las juntas de abastecimientos y precios no han sido ni serán organismos encargados de distribuir los alimentos. Hemos sostenido en forma reiterada que es el comercio establecido el que debe desempeñar tal función y que las juntas de abastecimientos y precios no tienen otra tarea que la de colaborar con aquél en la distribución equitativa de los artículos de primera necesidad. Pero como es fácil buscarle las cinco patas al gato, aun cuando todos sabemos que sólo tiene cuatro, se valen de cualquier medio para hacer oposición y crear mayor número de problemas que los que estamos viviendo en este instante.
En cuanto a los centros de madres, los señores Senadores saben muy bien que aquéllos no están destinados a cumplir tal función. Eso lo saben perfectamente los señores Senadores de Oposición, ya que fue durante su Gobierno cuando se creó ese tipo de organizaciones comunitarias, en las cuales tienen participación las mujeres de nuestro país.
Por otra parte, al día siguiente se dio a conocer por todos los órganos de publicidad de la Oposición que se implantaría en el país la tarjeta de racionamiento. No sé cuándo, en qué momento, a qué hora y quien difundió esa información. Creo que es poco seria. Yo tenía otra opinión de algunos señores Senadores. Les reconocía su derecho a hacer oposición, pero creía que junto a ello tenían un deber que nos obliga a todos los chilenos. Todos hemos nacido y vivido en este suelo, y creo que la Oposición, junto con señalar los errores del Gobierno, tiene la obligación patriótica de proponer nuevas ideas que los corrijan, o de legislar en beneficio del país.
No considero patriótico que, sin más trámite, la Comisión de Legislación haya rechazado la totalidad del proyecto. El miércoles o el jueves no puedo precisar con exactitud el día se aprobó la idea de legislar. Sin embargo, dos o tres días después los señores Senadores de Oposición argumentaron que no hay garantías suficientes para legislar sobre el particular y que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para combatir la especulación.
Todos hablamos de la necesidad de terminar con este flagelo. Todos dicen que faltan productos. Todos estamos de acuerdo en que existe acaparamiento. Pero cuando se trata de dar las herramientas necesarias que permitan combatirlo y, además, hacer más expedita la distribución de artículos de primera necesidad, los hechos son más porfiados y la Oposición vota cerradamente contra todo el articulado, en circunstancias de que se había aprobado la idea de legislar.
Hoy en la mañana se dijo que el Gobierno cuenta con todos los instrumentos legales que le permiten combatir la especulación, el acaparamiento y el mercado negro. Cuando se votó en general el proyecto, el Ministro de Justicia, en su intervención de cinco minutos, afirmó lo siguiente a propósito de lo expuesto por el Senador señor García:
El señor Senador afirmó que la legislación vigente consigna iguales disposiciones que el proyecto de ley que discute el Senado y que, por consiguiente, la nueva legislación sería innecesaria.
La verdad es que en el propio mensaje, el Gobierno reconoce que existen numerosas normas legales sobre la materia. Sin embargo, ellas carecen de sistematización y no dicen relación a algunas de las nuevas circunstancias que vive el país. De modo que esta iniciativa de ley que tipifica delitos de carácter económico entrega herramientas que permiten realizar un mejor control y penar a las personas que atentan contra principios básicos en los órdenes público y económico. Por consiguiente, el proyecto tiene por finalidad perfeccionar la legislación vigente, antes que modificarla de manera sustancial mediante la técnica de superponer nuevas figuras delictivas a las establecidas en ella.
En este sentido, la primera consideración que debe formularse a lo expresado por el Honorable señor García dice relación a la circunstancia de que la iniciativa en estudio tiene alcances mucho más amplios que la legislación económica vigente sobre el particular, que está limitada a los bienes y servicios de primera necesidad.
No leeré la intervención completa del Ministro de Justicia. En ella dicho Secretario de Estado dejó establecido que era indispensable dar nuevas herramientas al Gobierno para terminar con el flagelo de la especulación y del mercado negro, o para aminorarlo.
Por otra parte, el Senador señor Carmona, durante el debate en la Comisión, y al fundar su voto, manifestó que su colectividad era partidaria también de la idea de legislar respecto de la materia en discusión. La aprobación de la idea de legislar, a su juicio, lleva también implícito el propósito de extender las disposiciones del proyecto de ley contenido en el mensaje con el objeto de sancionar otras conductas, principalmente las actuaciones ilícitas de funcionarios administrativos, de la autoridad y, en general, de los agentes políticos, tales como interventores de empresas requisadas o administradores del área social. Además de Votar afirmativamente la idea de legislar, el señor Senador entendía que debían modificarse las disposiciones vigentes, en el sentido de no dejar entregada la acción de perseguir esos delitos solamente en manos de la Dirección de Industria y Comercio, sino que también debía establecerse la acción pública en defensa del consumidor, ya que lo primero significa el monopolio por parte del Gobierno de la acción en contra de determinados distribuidores del comercio.
Como se ve, señor Presidente, todos estaban de acuerdo en legislar sobre la materia, pero, al final, todos votaron en contra del proyecto, con lo cual demuestran que tenían buenos deseos pero que sus intenciones eran otras.
Durante la discusión de hoy en la mañana, se hizo toda clase de interpelaciones al Ejecutivo. Se dijo que el proyecto en debate significa una propaganda más del Gobierno sobre el delito económico. También se expresó que se quería reemplazar al comercio. Llevo doce años sentado en este mismo lugar; he sido Senador de Oposición, tanto durante el Gobierno del señor Alessandri como durante el del señor Frei, y debo decir que nunca he escuchado de una Oposición opiniones más negativas.
En efecto, al actual Gobierno no sólo se le ha calificado como se hizo durante la sesión en que se aprobó en general el proyecto, oportunidad en que algunos señores Senadores que se dicen educados y con título universitario a cuestas emplearon el lenguaje más desusado que he oído en este recinto para calificar a funcionarios de esta Administración. Inclusive, un señor Senador, que seguramente no tiene tejado de vidrio a mi juicio, en Chile son muy pocos los que lo tienen, llegó a decir que ��ste era un Gobierno de sinvergüenzas y de ladrones; y lo señaló en presencia de dos Ministros de Estado, profesionales, como muchos de los que se sientan en estas bancas, que por algo recibieron sus títulos, pues lo cierto es que ninguna universidad del país ha otorgado a persona alguna título de ladrón o de honesto. Pero llegará la hora en que habrá que clarificar posiciones y actitudes.
No les gusta que la DIRINCO tenga el control del comercio y que persiga a los especuladores. Cuando se habla de perseguir a los especuladores y acaparadores, ponen el grito en el cielo y mistifican a la opinión pública por medio de propaganda tendiente a hacernos aparecer como que estamos en contra de todos los comerciantes del país. Debo decir que, así como hay de todo en la viña del Señor, así también sucede en todos los gremios y en todas las actividades. Por lo tanto, también puede ocurrir que entre nosotros haya de todo. Pero queremos dejar en claro que nunca hemos pretendido no lo queremos ni lo hemos querido utilizar estas disposiciones legales como un arma para perseguir a ciudadanos que se ganan el sustento diario con su esfuerzo, pese a que reitero hay algunos que dejan mucho que desear.
Así como se critican las actividades del Gobierno y los pasos que éste da, quiero señalar hoy cuál es el aporte de los que así proceden, como ciudadanos y como chilenos, para ayudar a solucionar los problemas: hacen lo humanamente posible por agravarlos, por profundizarlos y por que el país se hunda. Según ellos, no importa que el país se hunda. ¡Lo importante es recuperar sus privilegios! ¡Son tan patriotas; quieren tanto a la querida chusma, como la llamaba don Arturo Alessandri, que, mientras por un lado la están halagando y hacen toda clase de publicaciones en contra de la actividad del Ejecutivo, por otra están procurando socavar la estabilidad del Gobierno para provocar una reacción en contra del mismo?
En sesión anterior se dijo que las instituciones estatales tienen a su cargo la distribución de la mayor parte de los artículos de primera necesidad. Al respecto, el Ministro de Hacienda citó en su oportunidad el caso de la Papelera, y preguntó por qué no había en el país papel higiénico, en circunstancias de que esa industria no pertenece al área social. En cuanto a las empresas distribuidoras, tenemos, por ejemplo, a CODINA, Duncan Fox, Williamson Balfour y DINAC. Esta última es la empresa Distribuidora Nacional, o sea la institución estatal. ¿Cuánto distribuye DINAC? ¡Óiganlo bien: el 15%! y el 85% de la distribución de artículos esenciales para la población está en manos de las empresas privadas.
Respecto de los pollos, la producción mensual asciende a cuatro millones de unidades. ¿Cuánto distribuye ENAVI? Quinientos mil pollos. Los tres millones quinientos mil restantes están a cargo de las distribuidoras privadas.
Dicen eso acerca de la distribución, y lo seguirán diciendo, porque les conviene. Y aquí tienen una máquina propagandística excelente por cierto, no la pagan los Senadores, sino el Senado, por cuyo funcionamiento durante 1972 se canceló un millón ochocientos mil escudos. O sea, el país, el hombre modesto, toda la gente que paga un impuesto, todo aquel que vive de un sueldo o de un salario, en fin, quien trabaja, contribuye a pagar nuestra propaganda.
Luego se sostuvo que el Gobierno tenía el control de las industrias.
Existen alrededor de 300 industrias llamadas grandes quizás sea el término adecuado, de las cuales el Gobierno pretendía incorporar al área social 91. De éstas, sólo 47 pasaron a dicho sector, y el resto continúa en poder de la empresa privada.
¡Qué fácil resulta argumentar en este recinto! Es fácil decir que los interventores cometen toda clase de tropelías. Poro antes, cuando las industrias estaban en manos particulares, ¿no se cometía ninguna clase de atropello contra los trabajadores? ¿Se les pagaban oportunamente sus feriados? ¿Se enteraban sus imposiciones en los institutos previsionales? ¿No había despidos en las industrias? ¡Sí, y masivos! También existían listas negras. Y algunos señores Senadores lo saben, especialmente los que han trabajado en empresas. Quien salía de una industria, sobre todo si era extranjera, jamás podía trabajar en otra si figuraba en las listas negras; porque cuando el sujeto que buscaba ocupación se presentaba a la oficina de empleo, se averiguaba primero dónde había laborado antes. O sea, la persona que deseaba arrendar sus fuerzas, que buscaba un trabajo para subsistir, si se hallaba en una de esas listas, recibía la siguiente respuesta: Usted no puede entrar a trabajar en esta industria. Y no había mayor información, aun cuando se preguntara la causa de la negativa. ¡Así funcionaban las odiosas listas negras!
Pero cuando se trata de tomar una medida en contra de alguien perteneciente a la clase social que ahora se agrupó en un solo frente para defender sus privilegios y oponerse al Gobierno, ponen el grito en el cielo, y por poco no golpean las puertas de éste para que San Pedro los ampare y ayude a terminar con lo que llaman abuso de Poder.
Cuando algunos funcionarios fueron separados del Banco Central, hubo gran escándalo, porque se despidió a un empleado que ganaba 60 mil escudos al mes, a cinco que percibían entre 40 mil y 60 mil escudos, a dos que recibían entre 30 mil y 40 mil escudos, y a cinco que ganaban entre 25 mil y 30 mil escudos. Y, como si esto fuera poco, reclaman una indemnización ascendente a 83 millones 500 mil escudos.
¡Ahí sí que se reclama! Pero ¿qué sucede cuando protesta el hombre común? ¡Hasta ocurren hechos de sangre! Sucedió en Puerto Montt. ¿Cuánto costó para que se reincorporaran al mineral El Salvador los trabajadores que durante el régimen anterior fueron despedidos arbitraria e injustamente por el solo hecho de realizar un movimiento en defensa de sus intereses? ¡Únicamente bajo el actual Gobierno pudieron retornar a sus labores!
O sea, las cosas están claras: cuando reclaman los pobres, se les da con el mocho del hacha, como se dice en el campo; pero cuando protestan los señores de cuello y corbata, entonces sí que debe prestarse atención, porque son los caballeros, las personas vinculadas a la sociedad como se sostiene quienes han visto lesionados sus intereses.
Pienso que vamos por mal camino. Confiaba en que aquí se procedía de acuerdo con el Reglamento y con la ley. Pero cuando quieren buscar un medio para hacer oposición, los señores Senadores no sólo saben mucha geografía, sino que también conocen muy bien el Reglamento y le tuercen la nariz de cualquier modo.
Así vemos, por ejemplo, cómo para liquidar el proyecto que ahora nos ocupa no tuvieron ningún empacho en cambiar las indicaciones. Porque, a nuestro juicio como se dijo esta mañana, la que suprimía la iniciativa no se presentó dentro del plazo reglamentario. Pero hay votos. Y siempre las batallas de esta índole se ganan con votos. En la Comisión de Legislación y Justicia tienen cuatro votos, contra uno del Gobierno, de modo que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo mismo sucede con las acusaciones que afectan a los Ministros de Estado y a los Gobernadores. Aun cuando se dice que las resoluciones adoptadas sobre el particular son producto del dictado de la conciencia de cada cual,...
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Ha terminado el tiempo de que disponía para su primer discurso. Su Señoría puede continuar dentro del asignado para el segundo.
El señor CONTRERAS.-... pienso que la cuestión no es así y que tales resoluciones no obedecen al dictado de la conciencia, sino que se adoptan según la proporción en que se afecta el bolsillo o se tocan los intereses de clase. Porque aquí las cosas están planteadas de tal manera, que revelan la existencia de una lucha de clases en la cual los poderosos defienden y seguirán defendiendo su clase social, a la que pertenecen unos y con la que otros se encuentran emparentados; mejor dicho, son los parientes pobres de ese sector, que están marcando el paso.
Por lo tanto, no abrigamos esperanza alguna de que se vaya a reconsiderar la decisión adoptada. Pero sí queremos señalar la conveniencia de que llegue la hora de la verdad. Hay personas que ocupan bancas en este recinto y que seguramente se consideran respetables. Pero yo, en el hecho, creo que es grave faltar a la verdad, que se atribuyan aquí a Ministros de Estado palabras que jamás han pronunciado, o que se haga mención de resoluciones gubernativas que nunca han estado en la mente del Ejecutivo.
Han especulado con lo de las tarjetas de racionamiento, y seguirán especulando con ello para cazar incautos en las horas difíciles que vive el país. Opino que si realmente se consideran hijos de esta tierra, si se consideran patriotas, si se consideran en alguna manera chilenos, es necesario que empiecen a ver las cosas de modo realista y piensen que con sus actitudes no sólo perjudican al Gobierno, sino que se embarcan en un plan cuya finalidad es producir la hecatombe en el país, crear toda clase de problemas, especialmente en lo referente al abastecimiento de la población.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCIA.- Señor Presidente, antes de pronunciar las pocas palabras con que deseo referirme al delito económico, recogeré las opiniones de algunos señores Senadores relacionadas con la interpretación que se ha dado al Reglamento.
Ellos no dicen que esa interpretación es equivocada. Para estas cosas, siempre usan un lenguaje que desearía aprender y lo aprenderé: hablan del abuso, del atropello, del vejamen, de la arbitrariedad.
Por eso, es conveniente dejar testimonio en la versión, frente a lo señalado, de que la forma de aplicar el Reglamento no es fruto de resquicios, por una razón muy simple: las mayorías no los necesitan; son las minorías que gobiernan las que andan buscándolos. Aquí, en el Parlamento, son las mayorías las que, con respecto a las minorías, aprueban o desaprueban los proyectos.
El señor RODRIGUEZ.- ¡Sin respeto a las minorías!
El señor GARCIA.- ¡Con respeto a las minorías!
El señor RODRIGUEZ.- ¡Aquí no han tenido ningún respeto por la minoría!
El señor GARCIA.- El primer argumento está bien claro.
El señor MONTES.- ¡Pero es falso!
El señor GARCIA.- Después de aprobado en general un proyecto, ¿puede ser rechazado íntegramente por la Sala?
El señor MONTES.- Claro.
El señor GARCIA.- Puede serlo.
El señor MONTES.- Por la Sala.
El señor GARCIA.- Y por la Comisión también.
El señor MONTES.-.No.
El señor GARCIA.- Y voy a citar un ejemplo muy simple: el proyecto sobre pactos electorales tramitado recientemente se aprobó en una Cámara; igual cosa ocurrió en la otra; el Presidente de la República lo desaprobó, y en definitiva se rechazó totalmente. Por consiguiente, no hubo ley al respecto. Pese a que se había aprobado no sólo la idea de legislar, nada quedó de esa iniciativa, ningún artículo. ¿Por qué? Porque las mayorías son las que resuelven en estos casos y son las que legislan.
Tanto es así, que después de aprobar la llamada idea de legislar vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en cómo legislar, y por eso tratamos uno a uno todos los artículos. Y si no hay mayoría para acoger algunos preceptos, no existe ley en la parte pertinente esto puede afectar a toda la iniciativa, porque, no obstante la aprobación general, no se produce acuerdo respecto de la forma de legislar. Esto no admite la menor duda.
En segundo término, cuando se presenta una indicación, es indudable que sus autores en el caso cuestionado, los Senadores de estas bancas, de acuerdo con el artículo 104 del Reglamento, tienen derecho a proponer a la Comisión su enmienda o su aprobación parcial. Por consiguiente, respecto de una indicación compuesta de dos partes una, para dejar sin efecto todo el articulado; otra, para reemplazarlo, es factible pedir a la Comisión acoger una y desaprobar la otra.
Y eso fue lo que sucedió, y es lo más claro, aparte la imposibilidad de discutirlo.
También se ha hecho mucho caudal con la idea de que no había posibilidad de reabrir el debate. No obstante, en el Reglamento hay normas expresas sobre la materia. El artículo 113 señala que durante la discusión particular podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas disposiciones, pero sólo cuando del estudio de otra aparezca como necesaria dicha reapertura.
Si todo un proyecto queda sin efecto porque es rechazado, es motivo más que suficiente para que pueda pedirse reapertura del debate respecto de cada artículo que quede aislado, para lo cual se requiere, según el inciso segundo del artículo 113, el voto de los dos tercios de los Senadores presentes. En realidad, en la Comisión se cumplió ese requisito, de manera que pudo procederse sin dificultad alguna aplicando en forma estricta las normas reglamentarias.
Por consiguiente, todo lo dicho sobre abusos, arbitrariedades y otros epítetos que se dedicaron a la Comisión, no tiene fundamento de especie alguna.
Pero qué difícil resulta discutir cuando se está tan distante en las afirmaciones. Por ejemplo, el Honorable señor Contreras sostuvo que DINAC distribuía el 15% de los productos. Es posible que distribuya el 15% del total de la producción de Chile; pero lo real es que reparte el 100% de una inmensa cantidad de alimentos, como harina y aceite, y el 70% u 80% de otros productos de primera necesidad. Quizás distribuya, repito, el 15% del volumen total de la producción chilena no sé calcular el porcentaje, pero aquí estamos hablando sólo de los artículos esenciales, en cuyo caso DINAC reparte y controla prácticamente la totalidad.
El Partido Comunista lanzó unos volantes y aquí se volvió a insistir sobre el particular donde se decía que se estaba llamando a activar el mercado negro y que El Mercurio participaba de esta acción, pues éste afirmaba que, si seguía el mercado negro, el Gobierno evidentemente experimentaría un desastre electoral. De esta frase dedujeron, tergiversaron e inventaron que lo que El Mercurio realmente quería era que se activara el mercado negro, en circunstancias de que ese diario estaba publicando el resumen de no menos de cien artículos desde mayo de 1971 hasta hoy que han estado apareciendo los días sábados en la página económica, y mediante los cuales se ha estado advirtiendo al Ejecutivo lo que le sucedería.
Por consiguiente, cuando dicen que no hay cooperación, yo respondo que si el Gobierno hubiera leído esos artículos, que fueron escritos por economistas bastante serios y competentes, habría bastado para que, atendiendo a esas razones, hubiera evitado el mercado negro y, con ello, el tremendo desastre electoral que sufrirá.
Cuando algunos nos dicen que nosotros vemos con alegría el mercado negro, yo no sé si el alma de aquéllos es tan negra como para pensar que alguien puede experimentar alegría por el dolor ajeno.
El desastre económico que vive el país sólo podrá reponerse en tres o cuatro años, siempre que el próximo Gobierno sea de reconstrucción nacional. Aún más, la actual Administración nos ha costado más que toda la Guerra del Pacífico. Las pérdidas ascienden a tres mil millones de dólares, considerando las producidas en la industria, en las minas, y el despilfarro en que se ha caído en las fuentes de producción. Y ello, a pesar de que a quienes nos gobiernan se les ha advertido con seriedad, que deben cambiar de rumbo y tomar otras medidas; que tienen que permitir que los campesinos cultiven tranquilamente la tierra; que no deben seguir emitiendo billetes a destajo ya han llegado a 50 mil millones de escudos; que deben poner orden en el cobre y entregar a personas expertas su manejo, porque esta industria no puede estar en manos de improvisados políticos.
Porque no han sabido escuchar, la población de Chuquicamata no tiene ahora qué comer. Por eso hay huelga y se han paralizado. Ahora dirán, seguramente, que en ese mineral hay huelga porque la CIA, porque los monopolistas, porque el imperialismo los ha lanzado a ella. En verdad, los trabajadores han ido a la huelga porque no tienen qué comer, porque están cansados de la tramitación, porque una y otra vez han pedido al Gobierno la solución de sus problemas y no han encontrado respuesta, y porque frente a esta realidad, aun cuando resulta muy doloroso para el país, no les ha quedado otro camino que paralizar sus labores. Pero por muy doloroso que sea, tenemos que atender a las causas principales que originan el movimiento.
Para abastecer a un mineral donde trabajan 25 mil personas se requiere una cosa muy importante: competencia, y no fervor político. Porque con fervor político no se saca cobre, no se produce en forma barata ni se da de comer a la gente.
El fervor político puede servir para las manifestaciones de masas, para hacer desfiles y propaganda, pero no es útil para hacer producir. Y mientras quienes nos gobiernan no comprendan esto, seguiremos de tumbo en tumbo y el desastre terminará no ya en tres mil millones de dólares, sino en cuatro mil o más millones de dólares de pérdida, y el resultado será peor que si hubiéramos estado en una guerra.
Por eso, precisamente, el Presidente de la República no pudo menos que reconocerlo al decir entramos en una economía de guerra. Pero ¿por qué entramos en una economía de guerra si el Gobierno ha obtenido todos los préstamos que ha querido y si en este período se han importado más alimentos que nunca? Inclusive Argentina nos acaba de otorgar un nuevo crédito por cien millones de dólares, y ya le estamos debiendo más de 200 millones de dólares por alimentos. Aún más, si se hace un recuento de los dineros que ha proporcionado el Fondo Monetario Internacional, podemos comprobar que ese organismo ha prestado al actual Gobierno mucho más que al anterior. No querer ver estas realidades es tener la ceguera del fanático.
Cuando uno trata de hacer resaltar esto, porque el ideal sería que el país caminara y que no estuviéramos en esta lucha, se encuentra con que quienes dirigen el país no atienden razones. En estas condiciones, no queda otro camino que recurrir a las elecciones y propinar al Ejecutivo la derrota más tremenda, pues sólo así es posible esperar que recapacite.
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador. ¿Me permite una pequeña interrupción?
Debo hacer presente a la Sala que hay cinco señores Senadores inscritos para intervenir en el debate. Si el Honorable señor García hace uso de todo el tiempo a que tiene derecho según lo dispone el Reglamento, sólo quedarán disponibles diez minutos antes de cerrar la discusión y empezar a votar.
Por eso, me permito solicitar la unanimidad de los señores Senadores para suprimir la hora de Incidentes y prorrogar la sesión por el lapso que sea necesario, a fin de que puedan usar de la palabra cada una de las personas inscritas, a quienes, dentro de lo posible, se les limitará el tiempo. En esta forma, empezaríamos a votar al término de la hora de Incidentes.
El señor MONTES.- ¿Por qué no votamos mañana en la mañana?
El señor PALMA (Presidente).- Para mañana en la mañana ha sido solicitada una sesión especial por una serie de parlamentarios, para tratar diversos problemas pendientes y que tienen urgencia.
El señor MONTES.- Pero en la tarde hay sesión ordinaria.
El señor PALMA (Presidente).- Exactamente, pero se va a seguir con los proyectos que están en la tabla.
El señor RODRIGUEZ.- Lo que ocurre es culpa de la Mesa, por no haber distribuido el tiempo entre los Comités, como se acostumbra a hacer en este tipo de debates.
El señor PALMA (Presidente).- Estamos en la discusión particular.
El señor RODRIGUEZ.- No obstante ser una discusión particular, la mayoría de los colegas que han hablado han usado de dos tiempos.
El señor PALMA (Presidente).- En la mañana, cada Senador que usó de la palabra agotó su tiempo reglamentario.
El señor RODRIGUEZ.- Esto sucede porque la Mesa no previo la situación que ahora se ha presentado.
El señor PALMA (Presidente).- Creo que la proposición formulada por la Mesa permitirá distribuir racionalmente el tiempo pendiente y posibilitará que los inscritos hasta el momento usen de la palabra.
La señora CARRERA.- Votemos mañana.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Por qué no prorrogamos la sesión por una hora?
El señor PALMA (Presidente).- Como decía, la proposición de la Mesa permitirá usar de la palabra a los Senadores inscritos, o sea, a los señores Rodríguez, Moreno, Aguirre Doolan, Irureta y a la señora María Elena Carrera.
El señor FONCEA.- ¿Por qué no votamos primero y después hablan?
El señor PALMA (Presidente).- Propongo cerrar las inscripciones y distribuir el tiempo disponible hasta el término de la hora de Incidentes, a las ocho de la noche.
La señora CARRERA.- No.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor García.
El señor GARCIA.- Para dejar tiempo al Honorable señor Rodríguez,...
El señor RODRIGUEZ.- Yo voy a usar de todo el tiempo que usaron los señores Senadores.
El señor GARCIA.- Si Su Señoría suma los tiempos que han usado los Honorables señores Montes y Contreras, podrá apreciar que hemos dispuesto de un lapso bastante menor.
El señor RODRIGUEZ.- Estoy hablando de mi partido, y nadie de mi colectividad ha hecho uso de la palabra.
El señor GARCIA.- Sobre el tema en debate, es poco lo que me falta decir, señor Presidente.
Respecto de esta materia se han hecho tergiversaciones y se ha insultado a las personas. Por ejemplo, en un diario se dice: Los Senadores amparan a los ladrones, y luego aparecen, en un dibujo el SenadorBulnes, don Pedro Ibáñez, el Senador Carmona y el que habla. Inclusive se señala que teníamos hasta mataderos propios.
¡Y este diario pertenece a tres Ministros de Estado, los mismos que ahora están pidiendo al Congreso que les den legislación! ¿Cómo se atreven, o tienen la cara tan dura para creer que nosotros con un mínimo de dignidad frente a esta canallada, a los insultos y la mugre que reparten por todo el país, vamos a cooperar, como dicen, con patriotismo con gente que no tiene la menor decencia para afrontar los problemas que vive Chile?
Y en el terreno de las tergiversaciones, veamos la más clara de todas. ¿Por qué nos hemos opuesto siempre a la existencia de una legislación que pueda solicitar el Gobierno sobre esta materia y sobre cualquier otra? Porque todo lo usa con fines proselitistas, con fines sectarios, con fines políticos, y nada en beneficio de la población en general.
Todavía más, cuando el Gobierno pide normas sobre delito económico, empieza por señalar quiénes son los causantes. Esto es, identifica a quienes se va a aplicar toda esta legislación. Y según el ex Ministro de Economía, Fernando Flores con el enroque que hubo, ahora es de Hacienda, los causantes, de acuerdo con el discurso que pronunció, estarían en la Oposición, pues afirma que el Ejecutivo tiene conciencia de que existe un conjunto de dificultades; de que existe el mercado negro; de que existe desabastecimiento. Y textualmente señala: Para nosotros, la causa fundamental de estos problemas está en la acción de los grupos perjudicados por el Programa de profundas transformaciones que impulsan las masas trabajadoras y el Gobierno.
De manera que, a juicio de ellos, es la Oposición la que se opone al programa y la que tiene la culpa del mercado negro. Y si vienen a pedir legislación punitiva es para aplicarla a los opositores, sin ver todas las causas que señalé antes.
Insistiré en algunos puntos de la exposición del señor Ministro; porque, debido a que ella es tan larga, la gente se ha saltado sus partes principales, y aquí las haremos resaltar para que se vea lo que se quiere. Se dice: El mercado negro no se combate fortaleciendo al capitalismo sino que profundizando el control de las masas y las acciones y medidas tendientes a reemplazar el sistema vigente por normas de producción y distribución que apuntan a la sociedad socialista.
De manera que la lucha contra el mercado negro no se realizará mediante una legislación capitalista ni sobre la base de instituciones que el Ministro de Hacienda califica de caducas más adelante en su exposición y que son las que impiden al Gobierno llevar a cabo su labor. No. La lucha contra el mercado negro se llevará a cabo mediante un sistema que nos llevará hacia el socialismo.
Aquí se ha reiterado que no hay tarjetas de racionamiento, y yo diría que basta leer tres o cuatro pasajes de la exposición del señor Ministro se repiten a lo largo de ese texto para que no haya duda alguna en cuanto a lo que piensa el Gobierno sobre la materia. Se dijo incluso que las JAP no tienen intervención de especie alguna en lo que sucede actualmente. Voy a leer lo que dice el señor Ministro acerca de la intervención de estas siniestras JAP en la economía chilena: La programación, distribución y control del abastecimiento minorista en cada unidad vecinal es una tarea que sólo podemos enfrentarla por medio de la acción conjunta de los trabajadores y el Gobierno. "Sobre la base de una cuota de productos necesarios por familia"...
¿Qué significa esto?
Significa racionamiento que se establecerá, que estará compuesta se refiere a la cuota de productos necesarios por artículos como aceite, azúcar, arroz, café, carne, para alcanzar a alrededor de 30 productos, las organizaciones del pueblo a nivel local (JAP, Comandos Comunales), en las que participan los comerciantes, programarán las necesidades periódicas de productos esenciales y determinarán las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial.
Las JAP, tal como lo han venido haciendo, denunciarán en el vecindario a los comerciantes inescrupulosos; evitarán la presencia generalizada en las poblaciones de afuerinos...
Es decir, se controlará al que va a una población o a un lugar distinto de aquel donde vive. Ya no sólo quieren privarnos de todas las libertades, sino incluso del derecho de circular dentro de Santiago. Ya no sólo establecen impedimentos para salir del país, sino que también prohíben a los ciudadanos la entrada a cualquier parte donde las JAP los califique de afuerinos.
Esto es lo que ha pretendido el Ministro de Hacienda.
Las denuncias que las JAP hagan de los afuerinos y de los especuladores no excluye la acción directa y responsable para impedir la especulación, el mercado negro y demás infracciones de este tipo.
¡Aquí está la acción directa en contra del pequeño comercio! ¡Aquí está la acción directa en las poblaciones donde se persigue a las personas! ¡Aquí está la acción directa en contra de quienes son atropellados y vejados! ¡Aquí están las montoneras que rodean a los comerciantes y exigen a gritos la venta de mercaderías! ¡Aquí está el saqueo de muchísimos establecimientos comerciales pequeños!
Todo lo anterior representa la acción directa cuya existencia el propio Ministro de Hacienda recomienda, para echar a los afuerinos, vigilar al comercio y repartir lo que ellos juzguen necesario. Pero no se dice, sí, que las JAP, conforme al viejo proverbio de que quien reparte se deja la mejor parte, toman el trozo del león.
El Ministro de Hacienda, seis, siete u ocho párrafos más adelante, agrega: Las JAP tomarán las medidas necesarias para relacionar de modo estable a las familias con los comerciantes ubicados en el área.
Ya lo saben los chilenos: se quiere que cada uno de nosotros compre sólo en un local y no en otros, que quedemos relacionados con un almacén situado en el vecindario. ¿Y quién señalará este local comercial? Las personas que acabamos de mencionar, que carecen de toda facultad en la materia y que pretenden es un engaño decir lo contrario tomar el control total del comercio.
El señor Flores añade:
Así se trata de obtener que la clientela de cada comerciante sea todo lo regular que se pueda.
Esto es necesario para asegurar a todas las familias un abastecimiento adecuado de los productos básicos. Para que esto se logre, dadas las condiciones actuales del mercado negro, es indispensable saber cuáles son las necesidades reales de tales productos para cada comerciante y para cada familia del área respectiva. Por consiguiente, la JAP definirá, de acuerdo con la canasta popular, las necesidades reales de cada familia.
Ya lo sabe cada familia chilena: señores que pertenecen a las JAP respectivas, manejadas por el Partido Comunista, obras del Partido Comunista que en Cuba hicieron posible la revolución, indicarán a cada grupo familiar cuáles son sus necesidades y, de acuerdo con éstas, lo adscribirán a determinados locales comerciales, impidiéndole abastecerse en otras áreas.
¡Peor dictadura no sé le hubiera ocurrido a nadie! Porque ni en la Unión Soviética se han llevado a cabo tales medidas. Han pasado muchos años y aun hoy día los soviéticos aunque hay mercado negro no están adscritos a un local comercial único, porque todavía les es posible comprar en establecimientos distintos.
Pero en Chile se quiere llegar hasta los extremos, pues aquí hay una Oposición organizada que está dispuesta a combatir y que ganará las próximas elecciones parlamentarias. Por consiguiente, es preciso apurarse para destruirla mediante la aplicación de todos los mecanismos señalados.
Pero no sólo se han contentado con lo que acabo de relatar. En Rancagua, por ejemplo, ya está funcionando ese tipo de sistema, y el comerciante que no está adscrito a determinada JAP no recibe mercadería alguna.
En los campos de la zona que represento se están haciendo presentes inspectores con el objeto de concretar lo relativo a los estancos del trigo y del ganado. A los agricultores les quitan todo el trigo, inclusive el destinado a siembra y que les ha costado tres o cuatro veces más caro que el corriente. Es decir, están llevando la anarquía total a los campos. Y cuando en Chile falte todo lo necesario para comer, dirán que ello es culpa de los monopolios, del imperialismo, de la CIA, en circunstancias de que son ellos mismos quienes están destruyendo todas las fuentes de producción.
Como les parece poco la destrucción que han llevado a cabo, desean continuar entusiastamente en esta tarea, creyendo que así aprisionarán y sojuzgarán al pueblo chileno.
¡Ahí está su profunda e inmensa equivocación!
Mientras mayor es la intención del Gobierno de la Unidad Popular de aprisionarnos y aherrojarnos, más clara es la posición del pueblo chileno para levantarse en su contra. Por eso, no me cabe duda de que en marzo la ciudadanía lo aplastará definitivamente, y lo dejará como el peor de los recuerdos que haya tenido la república.
El señor VALENTE.- ¿Terminó ya?
El señor GARCIA.- Sí, para dejar tiempo al Honorable señor Rodríguez.
El señor MONTES.- Es que estaba hablando muy fuerte.
La señora CARRERA.- ¡Grita tanto Su Señoría...!
El señor GARCIA.- Pero ustedes no oyen nada. Son sordos y ciegos, pero no mudos.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- La colega doctora María Elena Carrera, durante la discusión general, ya expresó la opinión del Comité Socialista acerca de la iniciativa en debate. La verdad es que todos suponíamos que el debate general estaba prácticamente agotado. Sin embargo, el insólito rechazo por parte de la Comisión de Legislación de todos los artículos del proyecto, nos hace pensar que se está sentando uno de los precedentes legislativos más peligrosos. Pese a que el Honorable señor Carmona adujo esta mañana que había numerosos precedentes en la materia, no fue capaz de citar ni un solo ejemplo, lo que hace suponer que si ellos se produjeron en el pasado,...
El señor GARCIA.- Ese fue el caso de la iniciativa sobre los pactos electorales.
El señor RODRIGUEZ.-... no lo fueron en términos reiterados, como afirman los opositores. Estos, en el caso que nos ocupa, aprobaron la idea de legislar y posteriormente rechazaron en la Comisión de Legislación todos los artículos del proyecto.
En el fondo, nos encontramos en presencia de una prueba de cinismo político extraordinario. Se estuvo a la espera de la coyuntura favorable para justificar formalmente el rechazo de una legislación que tendía a amparar al pueblo; que no tenía camiseta política de Gobierno, de Unidad Popular o de Oposición; que se apoyaba únicamente en la gran representatividad de los consumidores chilenos, de la inmensa mayoría de la población, quienes requerían con urgencia ser protegidos, en mayor medida que con la legislación vigente, con penalidades más definidas, con una articulación legal mejor, con una sistematización que los amparara del agio, de la especulación, del ocultamiento de mercadería, del mercado negro.
Y es penoso ver que, en este juego político, la Derecha, una vez más, haya impuesto plenamente a la Democracia Cristiana las reglas del juego, lo que demuestra que la decisión básica de la política opositora en este momento se ha trasladado, como centro de poder, de la Democracia Cristiana a la rectoría del Partido Nacional y de los grupos fascistas.
Este es uno de los tantos balances que queda, penosamente diría yo, del debate sobre la materia que nos ocupa.
Es inadmisible argumentar, como lo hizo el Honorable señor Carmona en la mañana, que no hubo antecedentes necesarios ni tiempo para pronunciarse sobre este asunto, por cuanto el proyecto ya lleva seis largos meses en el Senado. El Ejecutivo envió el mensaje correspondiente el 20 de julio de 1972. Es decir, han transcurrido seis meses, medio año prácticamente, lapso suficiente para que esta Corporación hubiese analizado en profundidad la materia durante el primer trámite. La Oposición, que controla todos los procedimientos reglamentarios califica las urgencias y, como dice el colega Chadwick, confecciona las tablas y las despacha y la Mesa del Senado, pudo aprobar sin mayores problemas la legislación que ahora tratamos.
Sin embargo, no cabe duda lo digo realmente con pesadumbre de que el tradicional ambiente del Senado se ha ido rompiendo paulatinamente. El respeto a la minoría, en los términos democráticos que siempre lo conocimos, ha sido arrasado en la Corporación. Ya ni siquiera valen los acuerdos unánimes de los Comités, porque ello no impide que sean cambiados en forma antidemocrática por la mayoría, como ocurrió, precisamente durante el despacho de esta misma iniciativa sobre delitos económicos, cuando la Mesa alteró las reglas del juego para acceder a una mayoría que, como digo, ha sobrepasado todo, incluso el Reglamento. Y también se está empujando de manera peligrosa a algunos funcionarios a tomar actitudes políticas. Todo el Senado se está transformando, asimismo, en un campo donde tiene lugar una especie de guerra de facciones, que nosotros vemos con bastante temor y aprensión.
La mayoría ha destruido en este momento lo que era convivencia leal en este cuerpo legislativo, en virtud de la cual se respetaba el juego de las mayorías y de las minorías y nunca se arrasaba con el derecho de estas últimas.
En el Comité Socialista y en la Unidad Popular podríamos hacer un largo recuento acerca de la manera como se ha estado atropellando una y otra vez el derecho de las minorías durante el trámite del proyecto sobre delito económico, hecho que ha quedado de manifiesto, primero, cuando se vulneró el acuerdo de Comités a que me referí y, ahora, cuando se arrasa antidemocráticamente con una iniciativa ya aprobada en general por la Comisión de Legislación.
Podrán aducir muchos argumentos, afirmarse en algunos artículos del Reglamento e, incluso, referirse de paso a la Constitución para fundamentar lo que es feble. Lo cierto es que el criterio que la mayoría está imponiendo es absolutamente contrario a los derechos que a nosotros, la minoría, nos corresponden. Por lo demás, esta actitud habla muy mal de la mayoría del Senado que, por una parte, dice defender la democracia, las libertades públicas y acusa al Gobierno de adoptar medidas totalitarias, en circunstancias de que, por otra parte, ella quiere imponer, en este pequeño recinto o ámbito, un juego absolutamente totalitario y antidemocrático que nos merece las más encendidas protestas.
Se ha insistido en que la legislación propuesta por el Gobierno resulta innecesaria. Sin embargo, la opinión de los expertos en la cátedra y de organismos especializados en la materia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, indican lo contrario. Tal criterio lo recoge muy bien el primer informe de la Comisión de Legislación, el que indudablemente olvidan los colegas opositores.
¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el profesor Schweitzer?
Recuerda que el Instituto de Ciencias Penales se ha preocupado, desde hace muchos años, de estudiar las materias de que trata la iniciativa en debate. Agrega que en 1941, por iniciativa del Instituto, se realizó en Chile el Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, certamen en el cual uno de los temas tratados fue el relativo al delito económico. La relación del tema estuvo a cargo del distinguido jurista y profesor de Derecho Mercantil don Raúl Varela Varela, quien lo enfocó destacando fundamentalmente la idea de lo que debía entenderse como el orden público económico, ese orden que siempre olvidan los sectores de Oposición.
En seguida agrega el señor Schweitzer que, en 1962 el Instituto realizó las Quintas Jornadas de Ciencias Penales, en las que se trató específicamente el delito económico.
Este jurista fue Ministro durante el Gobierno de Alessandri. Por lo tanto, no es la suya una opinión que corresponda al pensamiento de la Unidad Popular, ni la de una persona matriculada con la Izquierda. Pero reconoce los hechos, que son porfiados. En efecto, señaló que le parecía no sólo útil sino indispensable legislar sobre la materia en un texto que tenga por objeto compilar las disposiciones legales vigentes que se encuentran dispersas.
Luego, el profesor Schweitzer manifestó en la Comisión que, a su juicio, medidas de esta naturaleza deberían alcanzar no sólo al comerciante inescrupuloso, sino también a los funcionarios que actúen dolosamente. Esta idea la recogimos con el Honorable señor Jerez, con quien formulamos indicaciones para establecer sanciones en contra de los funcionarios culpables en estas materias.
En seguida, el informe consigna la opinión del señor Politoff, otro jurista de renombre en nuestro país, quien manifestó que además del Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología celebrado en 1941, tuvo lugar en Roma, en 1953, el Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, que se realizó precisamente para tratar el llamado Derecho Penal Social Económico; la Asociación Internacional de Derecho Comparado, en 1958, en Bruselas, se reunió para tratar la necesidad de legislar sobre esta materia; en el Primer Congreso Nacional de Abogados de Chile, celebrado en Santiago en 1954, se aprobó un voto sobre esta misma materia; el Instituto de Ciencias Penales hace más de diez años juzgó tan necesario legislar al respecto que realizó jornadas monográficas sobre el tema.
Y ahora el señor García y otros Senadores de Oposición vienen a colocarse de espaldas a la opinión, fundada en el ámbito nacional e internacional, de los mejores juristas y expertos sobre la materia, que han insistido no sólo en la necesidad de legislar sobre delito económico, sino de compilar, en el caso de Chile, las disposiciones dispersas, como lo reiteró, por otra parte, el Ministro de Justicia.
Pero hay más. No cabe duda de que la anticuada legislación del Código Penal no ha consignado con precisión, con claridad y fluidez penas por la violación al orden económico. Por eso, el profesor Politoff anota con mucha propiedad:
El orden público económico corresponde a un conjunto de intereses que están claramente definidos. Hay intereses económicos que no son del Estado ni son del individuo y sin embargo requieren de tutela penal. Si se observa nuestro antiguo Código Penal se puede advertir que las condiciones económicas del individuo aparecen tuteladas con una minuciosidad casi exasperante. Pero cuando se ha legislado con el propósito de tutelar los intereses económicos de la sociedad, se ha hecho con bastante liviandad, como está ocurriendo en estos momentos en esta Sala casi presionados por la necesidad.
Agregó el profesor Politoff que este proyecto de ley es el primer intento en Chile por definir las conductas delictivas en esta materia, describiéndolas y no simplemente mencionándolas. Así, por ejemplo, en lugar de decir: el que acapare... se describe la actividad en que consiste el acaparamiento. Además, en lugar de establecer un marco penal amplio, entregado al arbitrio del Juez, se gradúan los distintos elementos que el sentenciador debe ponderar, como la entidad del daño, la importancia del riesgo corrido por la colectividad, el ánimo perseguido por el agente, etc.
En seguida, el profesor Politoff coincidió con el profesor Schweitzer en que respecto de esta clase de delitos no puede considerarse solamente la conducta de los particulares, sino que debe ser especialmente severa la legislación tratándose de funcionarios, idea que repito recogimos con el Honorable señor Jerez al formular diversas indicaciones en este sentido.
La gente en este país se pregunta insistentemente cómo es posible que las anticuadas disposiciones del Código Penal condenen a modestos campesinos, cuando éstos incurren en delitos de abigeato o cuando roban un cordero o una gallina, a tres años y un día, en circunstancias de que andan libres los acaparadores, los agiotistas, los que especulan con el hambre del pueblo, problema que se venía a resolver con este proyecto sobre delito económico. Y esa gente queda más asombrada aún cuando, por ejemplo, se condena a sólo dos años de prisión a los asesinos del General Schneider, en circunstancias de que al Diputado socialista Matías Núñez lo condenó el Ministro Paillás a la pena de un año y medio. Estos son contrasentidos de la justicia de clases. Estas son inconsecuencias de la legislación actual que no encuentran eco o solución de parte de una mayoría cerrada, impertérrita, sorda, que, tomando algunos argumentos o argucias del momento político, de la guerrilla pequeña y subalterna, se niega a legislar sobre delito económico, dejando en la orfandad más absoluta a la gran masa de los chilenos, a los consumidores modestos.
Por eso, no es exacto afirmar que ya existe una legislación sobre la materia. Porque, en primer lugar, si la hay, está dispersa, no integrada en un texto armónico. No pocas veces el Congreso ha debido legislar para integrar disposiciones legales diseminadas, como ha ocurrido, por ejemplo, en asuntos de política tributaria o previsional, donde se han debido reunir elementos dispersos, sueltos en nuestra anárquica legislación vigente, que cuenta con más de 1.700 leyes sobre estas materias, que se compilaron en un Código Tributario o en una ley orgánica de previsión. Pero ahora, cuando se trata de integrar o, en cierta medida, de codificar la legislación dispersa y anárquica que sanciona el agio y la especulación, ellos dicen: Ah, esto es innecesario, porque ya hay legislación vigente sobre la materia. Pero, subrepticia e hipócritamente, ocultan que en el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Oposición, que recordaba en la mañana el Honorable señor Luengo, acordaron derogar el decreto ley 520, es decir, el texto legal que, precisamente, contiene la mayoría de esas disposiciones que se consideran vigentes. Ellos tienen la intención, que me atrevería a calificar de dolosa, de derogar ese texto para dejar en la más absoluta indefensión a la comunidad nacional.
De tal manera que esta argumentación no es sino un sofisma destinado a ocultar las torvas intenciones de quienes se han ubicado en el lado donde no debían. Me refiero a los Senadores democratacristianos, muchos de los cuales no debieran estar al lado de los especuladores y monopolistas, que hacen el gran negocio con la crisis política que vive el país y con el acaparamiento.
El Honorable señor García, sin originalidad alguna, ha dicho que la crisis económica nos produce ya una pérdida mayor que la que ocasionó la guerra del Pacífico. No son palabras del señor Senador. Hace poco dijo lo mismo el señor Sáenz, Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. No sé cómo han medido estas cifras; pero quisiera que el Honorable colega se asesorara para averiguar cuánto perdimos en el salitre. Después que el chileno entregó la sangre y el corazón en la pampa ardiente para ganar las provincias nortinas, cometieron el delito de lesa patria no sólo de empujar a la muerte a Balmaceda, sino de entregar vergonzosa y cínicamente el salitre a los imperialistas ingleses. ¿Han medido cuánto perdimos ayer con la entrega del salitre? Creo que perdimos mucho más con esa entrega vergonzosa al imperialismo inglés, que lo que costó la guerra del Pacífico. ¿Y cuánto perdimos con el saqueo imperialista del cobre? ¿Han medido esas cifras? Habría que recomendar al Honorable señor García y al señor Sáenz que se pongan de cabeza, con una serie de asesores, a estudiar este punto, para que lleguen a la conclusión de cuánto costó a Chile, en precio de hambre y miseria, en falta de desarrollo económico y de independencia, haber entregado a las clases explotadoras de ayer primero el salitre y luego el cobre.
Ahora, para justificar su inconsecuencia de no querer legislar sobre delito económico, nos vienen a decir que la crisis actual cuesta más que la guerra del Pacífico. Sí, Honorable señor García: cuesta mucho más la entrega de nuestras riquezas mineras que hicieron sus antepasados al imperialismo. Esas cosas valdría la pena compararlas y medirlas.
El señor GARCIA.- Las puedo comparar, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.- Es posible que sea alto el costo social de la experiencia que estamos viviendo, con todos sus hechos positivos y negativos, sus aciertos y sus errores, sus grandezas y sus pequeñeces. Pero, en definitiva, se trata de un proceso de cambio por el cual, indudablemente, debe pagarse un precio, un costo social. Es posible que este proceso pueda ser objeto de críticas y que ofrezca flancos a esa crítica; pero nadie podrá negar por lo menos no los que están realmente ubicados en un plano de examen objetivo...
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Su Señoría ha ocupado 22 minutos de su tiempo.
Hay un acuerdo de Comités para tratar otros dos proyectos. Como no hubo unanimidad para prorrogar el Orden del Día, queda pendiente la discusión de esta iniciativa y con la palabra el señor Senador, que podrá continuar en la sesión especial a que citará mañana la Mesa para continuar tratando esta materia. Su Señoría dispondrá de otros 29 minutos en el primer discurso, más el tiempo que le corresponde en el segundo.
La señora CARRERA.- ¿A qué hora se citará a la sesión especial, señor Presidente?
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
A las diez y media, señora Senadora.
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