REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA. Sesión 98ª, en martes 8 de mayo de 1973. Ordinaria. (De 16.14 a 20.1). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y TOMAS REYES VICUÑA Y RICARDO FERRANDO KEUN, PRESIDENTES ACCIDENTALES. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGI FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 3969 II.- APERTURA DE LA SESION 3969 III.- TRAMITACION DE ACTAS 3969 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 3969 Inhabilidad de Presidente del Tribunal Constitucional 3971 Reestructuración de plantas de Secretaría y de Redacción de Sesiones de la Cámara. Exención de trámite de Comisión 9375 Inhabilidad de Presidente del Tribunal Constitucional 3975 V.- ORDEN DEL DIA: Observaciones, en primer trámite, al proyecto que crea Cortes de Apelaciones en Puerto Montt, Los Ángeles y Copiapó, y diversos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía (se despachan) Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley 17.386, que beneficia a determinadas empresas industriales y talleres artesanales (se aprueba en general) 3987 Proyecto de ley, en segundo trámite, que autoriza a instituciones privadas para convenir con el Servicio Nacional de Salud transferencias de bienes destinados a prestaciones de Salud (queda pendiente la discusión) 3988 VI.- TIEMPO DE VOTACIONES: Publicación de documentos 3991 Homenaje a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Oficio.(Se rinde) 3991 Homenaje a la zona de La Frontera con motivo del 92º aniversario de la ocupación definitiva de La Araucanía (se rinde) 3997 VII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 4004 Incumplimiento de ley que creó los Comités Programadores de Inversiones de Valdivia y Osorno y de Llanquihue (observaciones del señor Acuña) 4019 Inhabilidad del Presidente del Tribunal Constitucional (observaciones del señor Chadwick) 4022 Anexos. 1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la Planta del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 4028 2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que reestructura las plantas del personal de Secretaría y de Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados 4039 3.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que condona intereses penales, costas de cobranza, multas y sanciones por atraso en el pago de impuestos a servicios que la Empresa Portuaria debió hacer y entregar en 1970 4043 4.- Moción del señor Silva Ulloa, con la que inicia un proyecto que declara que el seguro de pasajeros de locomoción colectiva del Instituto de Seguros del Estado beneficiará igualmente a choferes y auxiliares de los servicios intercomunales e interprovinciales de la movilización colectiva 4044 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Aylwin Azócar, Patricio Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Sepúlveda Acuña, Adonis Silva Ulloa, Ramón Sule Candía, Anselmo Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 21 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 93ª a 95ª que no han sido observadas. Las actas de las sesiones 96ª y 97ª quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación. (Véanse en el Boletín, las Actas aprobadas). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Tres de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, que modifica la ley N° 17.914, que amplió la Planta del Ejército. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple. Con el tercero, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Coronel de Aviación al Comandante de Grupo señor Hans Walter Bostelmann Petersen. Pasa a la Comisión de Defensa Nacional. Oficios. Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha tenido a bien aprobar los siguientes proyectos de ley: 1) El que faculta al Presidente de la República para modificar la Planta del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. (Véase en los anexos, documento 1). Pasa a la Comisión de Obras Publicas y a la de Hacienda, en su caso. 2) El que reestructura las Plantas del personal de Secretaría y de Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados. (Véasa en los anexos, documento 2). Pasa a la Comisión de Policía Interior y a la de Hacienda, en su caso. Nueve, de los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas y Transportes; Presidente de la Excelentísima Corte Suprema; Superintendente de Seguridad Social; Gerente General del Banco Central de Chile y Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1), Carmona (2), Durán (3), Ibáñez (4), Morales Adriasola (5), Silva Ulloa (6) y Valente (7); 1) Aumento de dotación de funcionarios y vehículos para servicios policiales de Carabineros de Chillán; 2) Petición de la Asociación de Jubilados de Empleados Particulares y del Salitre, relativa a obtener una bonificación; 3) Establecimiento de servicio ferroviario local entre Victoria y Temuco; 4) Honorarios percibidos por el abogado don Enrique Silva Cimma, en la gestión que indica; 5) Construcción de local para el Cuartel de Bomberos de Coihaique; 6) Antecedentes sobre lanzamiento del señor Fidel Saldías, del sitio fiscal que ocupaba en Arica; Datos del último censo de población y vivienda de la provincia de Concepción y del pueblo de Santa Juana; 7) Construcción de planta de filtros en Calama, y Denuncia en contra del Juez de Huara Quedan a disposición de los señorea Senadores. Uno del señor Presidente del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas (de Chile, con el cual da respuesta a un oficio enviado por el señor Presidente de esta Corporación, en el que se solicita la adopción de sanciones en contra de periodistas del Diario Las Noticias de Ultima Hora, con motivo de la publicación de una editorial lesiva para la dignidad del Congreso Nacional y de algunos parlamentarios en especial. Se manda archivarlo. Informes. Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que condona intereses penales, costas de cobranza, multas y sanciones derivadas de la no declaración y atraso en el pago del impuesto a los servicios que la Empresa Portuaria de Chile debió hacer y entregar en 1970. (Véase en los anexos, documento 3). Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia y otro de la Revisora de Peticiones, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que beneficia, por gracia, a doña Andrea García Lynch. Quedan para tabla. Mociones. Una del Honorable Senador señor Silva Ulloa, con la cual inicia un proyecto de ley que declara que el seguro para pasajeros de la locomoción colectiva del Instituto de Seguros del Estado cubrirá los riesgos de idéntica naturaleza que afecten a choferes y auxiliares de los servicios intercomunales e interprovinciales de la movilización colectiva. (Véase en los anexos, documento 4) Pasa a la Comisión de Trabajo y Precisión Social. Otra del Honorable Senador señor Valente, con la cual inicia un proyecto de ley que concede la calidad de empleado particular a los garzones y otros que laboren en restaurantes y negocios similares. Se manda comunicarla a Su Excelencia, el Presidente de la República para los efectos del patrocinio constitucional necesario. Una de los Honorables Senadores señores Ferrando y Fuentealba, con la cual inician un proyecto de ley que conmemora el primer centenario de la ocupación de la Araucanía. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados donde constitucionalmente debe tener su origen. INHABILIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El señor HAMILTON. Pido la palabra sobre la Cuenta. El señor PALMA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría. El señor HAMILTON. Señor Presidente, entre los oficios recibidos por el Senado aparece uno remitido por el Banco Central de Chile, fechado el 25 de abril de 1973, que confirma la denuncia reiterada en varias ocasiones por el Honorable señor Ibáñez, con relación a la posible inhabilidad del Presidente del Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 78 a) de la Constitución Política del Estado, los Ministros del Tribunal Constitucional estarán sometidos a las normas que para los Diputados o Senadores establecen los artículos 29 y 30. Y el artículo 29 señala que son incompatibles los cargos de parlamentarios con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda función o comisión de la misma naturaleza. De Conformidad a los antecedentes proporcionados por el Banco Central, en un oficio firmado por el Gerente General subrogante, señor Orlando González, el señor Enrique Silva Cimma, miembro del Tribunal Constitucional en representación de Su Excelencia el Presidente de la República y Presidente de ese organismo, recibió honorarios de aquella entidad bancaria por la emisión de un informe en derecho y otorgó la boleta correspondiente, que viene acompañada. De acuerdo con este antecedente de hecho proporcionado oficialmente por el Banco Central de Chile a esta Corporación, el señor Silva Cimma ha incurrido en una causal de inhabilidad para el ejercicio de su cargo, que lo priva de pleno derecho de su condición o calidad de miembro y de Presidente de ese alto tribunal. Creo que esta materia debe tratarse aquí, porque no está reglamentada la forma de hacer valer la inhabilidad. Como ésta opera de pleno derecho, bastaría con que el Senado comprobara esa circunstancia y la comunicara al Tribunal, para que el Presidente del mismo cesara en sus funciones, salvo que él se hubiera anticipado a hacer dejación de su cargo, reconociendo la existencia de este hecho público que él no ha desmentido y que ahora confirma el mencionado Banco. El señor GARCIA.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Con relación a la Cuenta, pero sin abrir debate respecto de esta materia, que podría discutirse en el momento oportuno, tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCIA.- Sin pretender abrir debate, me parece que el oficio mencionado deba contestarse a su vez con un oficio en nombre del Senado al Tribunal Constitucional, señalándose exactamente lo que acaba de expresar el Honorable señor Hamilton, en cuanto a que el Presidente del Tribunal Constitucional ha cesado en su cargo, por lo cual se remite la comunicación respectiva. Creo que es la única forma de contestar el oficio que aparece en la Cuenta. El señor LUENGO.- En nombre del Senado, no se puede contestar. El señor PALMA (Presidente).- No se puede enviar un oficio en nombre del Senado. El señor GARCIA.- Salvo que el Presidente lo pida a la Sala y haya acuerdo para enviarlo. El señor HAMILTON.- Si se adopta el acuerdo, el oficio se enviará por el señor Presidente o el Secretario, según corresponda. Pero como el Senado concurrió a la designación del señor Silva Cimma para que se desempeñara en el cargo para el cual ha quedado inhabilitado, cualquiera determinación al respecto debe emanar de un pronunciamiento de la Sala. La señora CAMPUSANO. ¿Hay debate o no hay debate sobre esta materia, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Oportunamente se planteará el problema a la Sala. La señora CAMPUSANO.- Claro, que se discuta el punto cuando corresponda. El señor LUENGO.- Quiero referirme a este mismo asunto. El señor GARCIA.- ¡Refiérase no más, señor Senador! El señor PALMA (Presidente).- No hay posibilidad de abrir debate,... El señor OCHAGAVIA.- ¿Por qué no? El señor PALMA (Presidente)....- salvo que haya unanimidad de la Sala. La señora CARRERA.- No hay acuerdo. El señor HAMILTON.- Quiero hacer una consulta. El señor GARCIA.- Empecemos por leer el oficio. El señor HAMILTON.- A través de la Cuenta leída por el señor Secretario, el Senado acaba de tomar conocimiento de un documento oficial que prueba la inhabilidad de uno de los miembros del Tribunal Constitucional nada menos que de Presidente, designado con anuencia del Senado. Si esta comunicación se ha incluido en la Cuenta y ha sido conocida por la Sala, ésta debe comprobar el hecho y ponerlo en conocimiento del Tribunal, porque este Ministro, de pleno derecho, ha dejado de ser tal y no puede seguir en su cargo. ¿De qué otra manera podría imponerse de este hecho? El señor PALMA (Presidente).- En el momento oportuno, señor Senador, se tomará el acuerdo. El señor HAMILTON.- Yo le pregunto cuál es el momento oportuno. El señor OCHAGAVIA.- ¿Cuál es el momento oportuno? El señor PALMA (Presidente).- Después. El señor OCHAGAVIA.- ¿Después de qué? El señor PALMA (Presidente).- En el momento que corresponda, cuando el señor Senador formule indicación para que se envíe ese oficio. El señor OCHAGAVIA.- El Honorable señor García acaba de formular la indicación respectiva. El señor GARCIA.- Exactamente. La señora CAMPUSANO.- Pido la palabra para aclarar el problema. El señor GARCIA.- Cuando un oficio llega al Senado, puede contestarse por el señor Presidente, por sí mismo o con acuerdo de la Sala. Pido que este oficio... La señora CAMPUSANO.- Cuando lo conozca el Senado. El señor GARCIA.- Pido que este oficio, por la importancia que reviste el asunto, no lo envíe el señor Presidente en su nombre, aunque si Su Señoría quiere, puede hacerlo. En dicho documento debe señalarse que el señor Silva Cimma ha quedado inhabilitado de pleno derecho. Pero el señor Presidente puede consultar al Senado en cualquier momento para enviar el oficio en nombre de la Corporación. El señor JEREZ.- Pido que el oficio mencionado se distribuya a todos los señores Senadores, porque cada uno está hablando por su cuenta. El señor GARCIA.- Esta materia no entra en la tabla, según el Reglamento del Senado. Se trata de oficios que el señor presidente puede enviar en cualquier momento, o en cualquier instante puede requerir el acuerdo del Senado para enviarlos. La señora CAMPUSANO.- Mire para este lado también, señor Presidente, para poder usar de la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Señora Senadora, ofrecí la palabra al Honorable señor Luengo y no quiso hablar. El señor GARCIA.- Finalmente, pido leer el oficio. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- En primer término, me parece que está claro, como el propio señor Presidente lo hizo presente, que no se puede enviar el oficio en nombre del Senado. El señor HAMILTON.- No lo ha hecho presente. El señor LUENGO.- Dijo que no podía remitirse en nombre de la Corporación. En segundo lugar, con el oficio señalado se pretende establecer la inhabilidad del señor Enrique Silva Cimma para actuar como Presidente del Tribunal Constitucional. Sobre este asunto, creo que el Senado, antes de emitir opinión, debe consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acerca del procedimiento por seguir. No veo por qué razón el Presidente del Senado tendría que oficiar al Tribunal Constitucional, ni siquiera transcribir el documento que recibió, porque en éste sólo se responde a una pregunta formulada Por el Honorable, señor Ibáñez acerca de los honorarios que percibió don Enrique Silva Cimma por la elaboración de un informe en derecho que se le pidió emitir. Por eso, considero que lo más prudente es consultar en forma previa a la Comisión de Constitución, sobre lo cual aún no hay proposición formal. El señor GARCIA.- La mía es formal. El señor OCHAGAVIA.- ¿Por qué no se lee el oficio? El señor JEREZ.- ¿Qué dice? El señor PALMA (Presidente).- Se leerá, señores Senadores. El señor LORCA.- Entiendo que después de conocido el oficio se dará la palabra para comentarlo. ¿Qué dice al respecto el Reglamento? El señor PALMA (Presidente).- Se puede usar de la palabra para referirse a la Cuenta. El señor FIGUEROA (Secretario).- Expresa el oficio en referencia: Señor Jefe de la Oficina de Informaciones. En contestación al oficio Nº 4127, de fecha 12 de abril en curso, comunicamos a Ud. que el abogado don Enrique Silva Cimma, a quien se le solicitó, por el Banco Central, el informe en derecho emitido en materia de su especial competencia, recibió por concepto de honorarios por dicho informé la suma de Eº 30.000. Me permito además, remitir copia fotostática de la correspondiente boleta entregada por dicho profesional. Con este oficio damos respuesta, además, a lo solicitado por el Secretario accidental del Senado, don Rafael Eyzaguirre, en oficio Nº 15.266, del 23 de enero del presente año. Saludamos atentamente a Ud., Banco Central de Chile. Orlando González T., Gerente General Subrogante. Y se incluye copia de la boleta por 30 mil escudos, cantidad que, deducido el impuesto correspondiente, se reduce a un total líquido de Eº 28.950. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra con relación a la Cuenta. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, respecto del problema planteado, he estado buscando cuál es la causal de inhabilidad, y el asunto no aparece claro. De manera que lo propuesto por el Honorable señor Luengo... El señor IBAÑEZ.- No se oye, señor Senador. El señor GARCIA.- No escuchamos bien. El señor PALMA (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. El señor SILVA ULLOA.- Repetiré mi argumento. La causal de inhabilidad que se pretende aplicar no aparece Claramente definida en la disposición que creó el Tribunal Constitucional ni en parte alguna de la Carta Fundamental. Es mi juicio; tal vez estoy equivocado. Por eso, creo que debe pedirse informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que determine si existe o no la causal de inhabilidad invocada. REESTRUCTURACION DE PLANTAS DE SECRETARIA Y DE REDACCION DE SESIONES DE LA CAMARA. EXENCIÓN DE TRAMITE DE COMISION. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, se ha dado cuenta del oficio con que la Cámara comunica la aprobación del proyecto que reestructura las plantas da los personales ele Secretaría y de Redacción de esa rama del Congreso, iniciativa que la Sala tramitó a la Comisión de Policía Interior y a la de Hacienda, en su caso. Consulto acerca de la posibilidad de conseguir el asentimiento unánime de los Comités para tratar ese proyecto sin informe. Opino que las normas de deferencia que deben existir en las relaciones entre ambas ramas del Congreso hacen aconsejable la adopción de un procedimiento como el señalado, o por lo menos establecer algún sistema que permita despachar la iniciativa a más tardar el martes próximo. El señor PABLO.- Sobre el particular, debo hacer presente que hace ya seis meses el Senado envió a la Cámara un proyecto mediante el cual se modifica el escalafón de Telefonistas. Esa rama del Congreso no nos ha dado el trato deferente que merecemos: se ha pretendido solucionar también un problema interno de esa Corporación; entretanto, la iniciativa que remitimos ha quedado paralizada. Estimo que debe haber reciprocidad: resolvemos los dos problemas o ninguno. El señor PALMA (Presidente).- Hay oposición a la solicitud del Honorable señor Silva Ulloa. INHABILIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El señor PABLO.- Señor Presidente, aun cuando participo de la idea de que el señor Silva Cimma está inhabilitado, por las razones expuestas, para desempeñar el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional, apoyo la solicitud del señor Silva Ulloa de consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia organismo que debe opinar en derecho, por creer que debemos dar el máximo de solemnidad a la decisión que se adopte. Considero que ésa debe ser cabeza del proceso atinente a la inhabilidad del Presidente del Tribunal Constitucional. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la proposición de pedir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informar sobre el caso del señor Silva Cimma. Sin embargo, debo manifestar que me parece absolutamente claro que don Enrique Silva Cimma ha incurrido en una causal de inhabilidad para el desempeño de su cargo de Ministro del Tribunal Constitucional. Y digo que estoy absolutamente seguro de ello porque la disposición que rige sobre la materia es muy. sencilla y categórica, y no admite interpretaciones de especie alguna. El inciso tercero del artículo 78 a) de la Constitución trata de los Ministros del Tribunal Constitucional designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, y dice textualmente: Estos Ministros estarán sometidos a las normas que para los Diputados o Senadores establecen los artículos 29 y 30, pero sus cargos no serán incompatibles con los de Ministro, Fiscal o Abogado Integrante de los Tribunales Superiores de Justicia, y lo serán con los de Diputado, Senador y miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. Como se ve, la primera parte de la frase dice que estarán sometidos a las normas que para los Diputados o Senadores establecen los artículos.29 y 30. Y el artículo 29 dispone: Los cargos de Diputados y Senadores son incompatibles entre sí y con los de Representantes y. Municipales. Son incompatibles también con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda función o comisión de la misma naturaleza, a excepción de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza superior; secundaria y especial, con asiento en la ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso. El artículo 29 habla de las funciones o comisiones retribuidas con fondos fiscales o municipales. Pero invariablemente se ha estimado, después de surgir gran cantidad de personas jurídicas por intermedio de las cuales actúa el Estado, aunque no sea propiamente el Fisco, que la referida disposición alcanza también a las funciones o cargos retribuidos con fondos públicos, aunque no sea la persona jurídica Fisco la que los desembolse. Ningún Diputado o Senador puede desempeñar un cargo público en el Banco Central; tampoco puede actuar como abogado de ese organismo bancario, ni en ninguna otra entidad de tal índole. Y, por la misma razón, no puede hacerlo un Ministro del Tribunal Constitucional, porque está sometido a la misma incompatibilidad que afecta al Diputado y al Senador. En consecuencia, me parece que, acuerdo con las disposiciones de la Carta Fundamental y con la doctrina observada invariablemente en los últimos tiempos que se aplica en forma permanente a Diputados y Senadores, él señor Silva Cimma ha violado las normas sobre inhabilidad que establece la ley. Sin perjuicio de lo anterior, comprendo que el caso es grave, por lo que estibo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debe informar sobre la materia. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- No tengo inconveniente en que esta materia, respecto del procedimiento por seguir, sea conocida e informada por la Comisión técnica pertinente: la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Pero al mismo tiempo, como creo que la inhabilidad existe, es grave y opera de pleno derecho, si el afectado no se ha inhabilitado y, si el Tribunal Constitucional no tiene conocimiento de los antecedentes que obran en nuestro poder, considero que es norma de mínima deferencia proporcionar estos datos al citado organismo, para que no siga considerando Como miembro suyo a una persona que está legalmente inhabilitada. Esa inhabilidad se produjo hace ya varios meses. Y el señor Silva Cimma, no obstante ella, pese a haber recibido pago, comisión u honorarios del Gobierno a través de un organismo estatal, está fallando a favor del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. Entonces, como está desempeñando una función para la cual es inhábil todas sus actuaciones son nulas. Es posible que en estos mismos días dicho organismo tenga que conocer alguna reclamación nuestra, o de la Cámara o del Gobierno. ¡Cómo vamos a impedir al Tribunal Constitucional conocer los antecedentes que obran en nuestro poder! Y, a mi juicio, la remisión de antecedentes debe ser sin perjuicio de que establezcamos, para la situación presente o para cualquier otra que se produzca en lo futuro, un procedimiento que permita constatar la inhabilidad. Porque aquí no la vamos a declarar, pues el solo hecho de haber incurrido el señor Silva Cimma en un acto como el señalado lo inhabilita para desempeñarse como miembro del Tribunal Constitucional. Pero debemos constatar los hechos. Y, como se trata de un caso que se presenta por primera vez; como la cuestión atañe a un tribunal nuevo, y como la referencia que hace la Constitución es a la norma que rige respecto de los Diputados y Senadores, tendrá que ser la misma Sala la encargada de comprobar los hechos, sin perjuicio de que los antecedentes se pongan previamente en conocimiento del Tribunal Constitucional. Es cuanto quería agregar a la proposición ya formulada. El señor PALMA (Presidente).- En todo caso, el Presidente del Senado comunicará al Tribunal Constitucional que recibió dicho documento, y lo remitirá. El señor GARCIA.- Exacto. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Me alegra que en la Sala se esté formando una mayoría favorable a la consulta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque me parece que lo peor que puede hacer el Senado, y cualquier organismo, es proceder en forma ligera, como sería adoptar un acuerdo en esta sesión. El Honorable señor Bulnes, quien argumentó con el texto de la Constitución para sostener que en este caso existe inhabilidad, empezó por decir que hay un distingo: que el Banco Central no es el Fisco; que se trata de fondos fiscales, y que normalmente se ha considerado a los fondos públicos como fiscales. De modo que ya es preciso hacer una pequeña argumentación para sostener que en este caso se trata de fondos fiscales. En segundo lugar, el informe en derecho es una institución muy especial. Inclusive, es un medio de prueba establecido en el Código de Procedimiento Civil. El señor HAMILTON.- El problema no estriba en eso, sino en el pago de una remuneración hecho por el Gobierno a favor de un Ministro del Tribunal Constitucional. El señor LUENGO.- ¡Escuche primero, y después podrá decir todo lo que quiera! ¡Si no le interesa lo que estoy expresando, no le preste atención; pero deje de interrumpir! El informe en derecho, digo, es inclusive un medio de prueba establecido en el Código de Procedimiento Civil. No podría en este instante señalar concretamente cuál es el estatuto jurídico que se aplica al informe en derecho; pero no me cabe ninguna duda de que es uno muy diferente del aplicable a una comisión que da el Gobierno. Y quiero recordar que entre los integrantes del actual Senado hay varios que han recibido comisiones del Gobierno, y que han recibido directamente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, remuneraciones por comisiones, que no han sido informes en derecho, por haber ido a representar al Ejecutivo, no al Congreso Nacional, ante las Naciones Unidas. Es el caso, por ejemplo, de los Honorables señores Lorca, Irureta, Aylwin, Fuentealba y Reyes, y también el de algunos Diputados, quienes durante dos o tres meses, o un tiempo parecido, estuvieron representando al Gobierno de Chile, no al Parlamento, en las sesiones de las Naciones Unidas, y recibiendo remuneraciones a través... El señor LORCA.- ¿Y el Senador Teitelboim? El señor LUENGO.- Sí, señor. Otros también lo han hecho. Yo no estoy diciendo que no. El señor LORCA.- Es que el Honorable señor Teitelboim señala que no. El señor LUENGO.- Yo no lo he negado, pues ha habido otros. Sólo por vía de ejemplo, he señalado algunos casos. Y me parece que habría una razón de más peso que la que ahora se pretende esgrimir en contra del señor Silva Cimma, para estimar que esos parlamentarios sí que incurrieron en la causal de inhabilidad. Sin embargo, el Senado, que tiene mayoría de oposición, hasta ahora no ha dicho ni chus ni mus. Por ello, considero que debemos tranquilizar los espíritus y enviar este asunto a la Comisión. Con seguridad, allá podremos apreciar con más serenidad hasta dónde es justa o no lo es la petición que en forma tan ligera han hecho hoy algunos señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En relación con la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Aylwin. El señor AYLWIN.- Estando yo ausente de la Sala, se me informó que el Honorable señor Luengo sostuvo que yo habría recibido remuneraciones por mi permanencia en las Naciones Unidas durante un período de su Asamblea General y que eso causaría... El señor LUENGO.- No lo expresé en tono ofensivo. El señor AYLWIN.-...mi inhabilitación para el desempeño de las funciones de Senador. El señor TEITELBOIM.- Como Su Señoría ha estado ausente de la Sala le han informado mal. El señor LUENGO.- No dije eso. Le soplaron mal al señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Aylwin. El señor AYLWIN.- No estoy en situación de entrar al debate que aquí se planteado. Simplemente, quiero dejar constancia en lo referente a la alusión personal, dé que, en efecto, en 1969 presidí la delegación de Chile a la Asamblea de las Naciones Unidas, como antes y después lo han hecho otros señores parlamentarios miembros de diversos partidos políticos. Recuerdo que el primero de ellos fue don Carlos Contreras Labarca, quien, siendo parlamentario, integró la delegación a la Conferencia de San Francisco. Nadie ha sostenido jamás que los parlamentarios estuviéramos inhabilitados para cumplir esas funciones. Por lo demás, en esos casos no hemos percibido remuneración especial, sino exclusivamente el viático para financiar nuestros gastos de permanencia en el país donde desempeñamos ésas labores. El señor PALMA (Presidente).- En relación con la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Frente a la claridad y gravedad de las denuncias hechas en este momento en el Senado, no puede quedar flotando en el ambiente esta cortina de humo que se ha lanzado, primero, en el sentido de que podría discutirse si son o no son fondos fiscales los del Banco Central. Al respecto, cabe hacer notar a esta Corporación que todas las personas que han estafado a esa institución bancaria ni siquiera han obtenido su libertad bajo fianza, pues los tribunales unánimemente han dicho que se trata de fondos fiscales, y en la sentencia las han condenado por fraude a esos fondos fiscales y no a los de una entidad particular. De manera que, por una razón obvia, no cabe la menor duda de que se trata de fondos fiscales, y no quisiera que quedara esa sensación de incertidumbre al respecto en la Sala. Respecto de la otra cortina de humo, en cuanto a que se trataría de un informe en derecho muy especial, el Honorable señor Luengo se refirió a aquellos casos en que los tribunales piden informe en derecho; Pero aquí nadie lo ha solicitado: lo pidió y pagó el Banco Central. El propio Ministro de Hacienda así lo declaró en esta Sala, sentado en las bancas de enfrente, cuando se discutía el proyecto de reajuste de remuneraciones de 1972. El dijo: Gracias al informe que le ha pedido el Banco Central al señor Silva Cimma. Nosotros creíamos que se trataba de un informe gratuito. Por cierto, ¡cómo nos Íbamos a imaginar que el Presidente del Tribunal Constitucional iba a recibir dinero del Estado de Chile, en circunstancias de que él es quien juzga las causas entre el Gobierno y el Parlamento! Por lo expuesto, estoy de acuerdo con la medida de contestar al Tribunal y de comunicarle lo señalado por el señor Presidente, pues todo lo hecho por el señor Silva Cimma, desde el día en que recibió los honorarios, es nulo, de nulidad absoluta, por estar él inhabilitado para ejercer el cargo que desempeña. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, estimo necesario en esta oportunidad aplicar el Reglamento, como se ha hecho en otras ocasiones. Los señores Senadores tienen derecho a intervenir en el momento de la Cuenta, pero, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento, ello no faculta para abrir debate ni para tomar acuerdos. En consecuencia, el señor Presidente debió haber consultado a la Sala si había acuerdo para abrir debate sobre la materia que se discute. A mi juicio, en este caso debería procederse como se ha hecho en otras oportunidades, cuando ha habido dudas respecto de algunos planteamientos: formulando las consultas correspondientes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Nadie está impedido, por ejemplo, de formular tales peticiones, pero ellas deben votarse en el momento oportuno y en ningún caso en este instante, pues, en conformidad al artículo 66 del Reglamento, el Presidente dará, en el mismo acto de la Cuenta, la tramitación que corresponda a estos negocios; pero si algún Comité pide que sobre el trámite dispuesto se tome el parecer de la Sala, así se hará y ésta resolverá sin discusión. El señor HAMILTON.- Pido la palabra. El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Se ofreció la palabra a los señores Senadores en relación con la Cuenta. La discusión surgió, no como consecuencia de haberse abierto el debate, sino debido a que cada señor Senador quería opinar sobre la Cuenta. La señora CAMPUSANO.- Sí, señor Presidente, pero una vez, y no en dos o tres ocasiones. El señor PALMA (Presidente).- Me parece que ya se ha producido acuerdo unánime en la Sala para enviar este asunto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; no obstante lo cual, y como complemento de ello, el Presidente procederá a... El señor LUENGO.- Si el señor Presidente es lógico y consecuente con lo acordado, no debería hacer nada mientras no esté el informe de la Comisión. El señor PALMA (Presidente).- Precisamente, señor Senador, para que el Tribunal Constitucional esté en conocimiento del problema, lo más lógico es enviarle el oficio. El señor LUENGO.- ¿Entonces, para qué consulta a la Comisión? El señor AYLWIN.- ¿Qué miedo tiene, señor Senador? El señor HAMILTON.- Pido la palabra para referirme a otra materia de la Cuenta. El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Resuelto este problema... El señor JULIET.- No, señor Presidente. Deseo saber cuál es la consulta que se formulará. El señor PALMA (Presidente).- Se enviará el documento relacionado con los honorarios percibidos por el señor Silva Cimma a la Comisión de Legislación, para que ella lo analice e informe a la Sala. El señor JULIET.- Formulé esa pregunta porque me pareció advertir que el propósito era consultar en forma impersonal a la Comisión acerca de las inhabilidades que afectarían a los miembros del Tribunal Constitucional, pues, a mi juicio, el Senado no puede entrar a juzgar a una persona ni emitir informe sobre ella, ya que en tal caso el informe sólo tendría validez para esa situación determinada. Convendría mucho más, en consecuencia, pedir a la Comisión un estudio general acerca de las inhabilidades de los Ministros del Tribunal Constitucional. Yo deseaba que se aclarara este punto, a fin de que la Comisión nos informe de manera impersonal, porque de lo contrario sus conclusiones serán aprobadas por el Senado, pero sólo tendrán validez frente a un caso, a una persona determinada, y no así respecto de casos futuros. El señor HAMILTON.- Eso lo verá la Comisión. El señor PALMA (Presidente).- Las observaciones de Su Señoría se harán llegar a la Comisión, porque es necesario sentar doctrina sobre la materia. El señor JULIET.- Pero la Comisión debe contestar al tenor de la pregunta que se le formule, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Lo único que haremos es enviar el informe del Banco Central a la Comisión de Constitución, a pedido de algunos señores Senadores, para que ésta analice la situación producida en el caso concreto de que se trata y con motivo de él. El señor BULNES SANFUENTES.- El informe al Senado sobre lo que la Comisión estima útil al respecto. El señor PALMA (Presidente).- Claro, todo lo que ella estime conveniente. El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente, para hacer un alcance a la intervención del Honorable señor García. El señor PALMA (Presidente).- ¿En relación con la Cuenta, señor Senador? El señor CHADWICK.- Sólo quiero manifestar que es un gravé error de derecho sostener lo que ha dicho el Honorable señor García, porque hay un precepto expreso en el Código Penal que resuelve el problema: el artículo 266. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, en el momento oportuno, cuando se conozca el informe de la Comisión, todos los antecedentes volverán a ponerse en tabla. Terminada la Cuenta. El señor HAMILTON.- Pido la palabra para hacer una petición muy concreta. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Hamilton. El señor VALENTE.- No hay acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- Orden del Día. El señor HAMILTON.- Sólo deseo pedir que se invite al Ministro del Interior a una sesión de Sala para imponernos de la amenaza de invasión que hay contra Chile. El señor Presidente, en uso de sus facultades, puede hacerlo. El señor GARCIA.- ¡Los invasores pueden estar aquí en la puerta! El señor HAMILTON.- Es un escándalo que en un diario perteneciente a tres Ministros de Estado se publique este tipo de titulares. El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo para conceder la palabra a Su Señoría. V. ORDEN DEL DIA. CREACION DE CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde debatir las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto que crea Cortes de Apelaciones en Puerto Montt, Los Angeles y Copiapó, y diversos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 3ª, en 24 de mayo de 1972. En tercer trámite, sesión 97ª, en 14 de septiembre de 1972. En quinto trámite, sesión 34ª, en 14 de noviembre de 1972. Observaciones: En primer trámite, sesión 77ª, en 6 de febrero de 1973. Informes de Comisión: Legislación, sesión 8ª, en 7 de junio de 1972. Hacienda, sesión 8ª, en 7 de junio de 1972. Legislación (segundo), sesión 19ª, en 27 de junio de 1972. Legislación (nuevo segundo), sesión 23ª, en 4 de julio de 1972. Legislación (tercer trámite), sesión 7ª, en 10 de octubre de 1972. Legislación (veto), sesión 92ª, en 25 de abril de 1973. Discusión: Sesiones 18ª, en 21 de junio de 1972 (se aprueba en general); 20ª, en 28 de junio de 1972; 23ª, en 4 de julio de 1972 (se aprueba en particular); 100ª, en 15 de septiembre de 1972; 30ª, en 6 de noviembre de 1972 (se despacha en tercer trámite); 35ª, en 15 de noviembre de 1972, y 57ª, en 28 de diciembre de 1972 (se despacha en tercer trámite). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Aylwin (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Juliet y Luengo, propone a la Sala, por unanimidad, aprobar la mayoría de las observaciones. Sólo hay tres que, por mayoría de votos, recomienda rechazar e insistir en el criterio del Congreso. El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular las observaciones. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Irureta. El señor IRURETA.- En forma breve quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que el Ejecutivo retiró una observación a esta iniciativa, de la cual somos autores el Honorable señor Lorca y el Senador que habla, que prorrogaba hasta el 1º de enero de 1974 la instalación de la Corte en Puerto Montt. De suerte que dicho tribunal podrá entrar en funciones en cuanto se promulgue la ley; hecho que se justifica plenamente, porque en esa ciudad se cuenta, incluso, con el local adecuado para esa corte, el que fue proporcionado por la municipalidad respectiva. Es cuanto quería decir, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el informe. El señor LUENGO.- El informe, no. El señor PALMA (Presidente).- Entonces, se darían por aprobadas todas aquellas observaciones que fueron resueltas por unanimidad en la Comisión. El señor LUENGO.- ¡Eso sí! El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala así se procedería. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- En virtud del acuerdo anterior, correspondería pronunciarse respecto de la observación recaída en el artículo 176 del Código Orgánico de Tribunales. El veto sustituye la modificación al artículo 176 de dicho Código. Dice así: Reemplázase el inciso segundo del artículo 176 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente: Esta designación se hará diariamente por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, quien formará tantos grupos de demandas o gestiones judiciales como juzgados haya, procurando una distribución equitativa de las mismas de acuerdo a su número y materia, sorteando posteriormente en audiencia pública dichos grupos de demandas o gestiones judiciales entre los juzgados. Por mayoría de votos, la Comisión recomienda rechazar la observación e insistir. El señor PALMA (Presidente).- En votación. EI señor LUENGO.- Pido la palabra para dar una explicación muy breve sobre la materia. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala, para que el Honorable señor Luengo pueda fundar su voto de inmediato. Acordado. (Durante la votación). El señor LUENGO.- E1 proyecto del Congreso acordó como sistema de distribución de las causas el que cada año la respectiva Corte de Apelaciones asignara determinadas letras a los juzgados, a fin de que, de acuerdo con el nombre de los demandantes, el conocimiento de los juicios le correspondiera a un juzgado o a otro. El veto propone que diariamente el Presidente de la Corte haga una distribución equitativa de las demandas. Si bien es cierto que el sistema propuesto por el Gobierno puede significar un poco más de trabajo al Presidente de la Corte respectiva, en el hecho se evita la posibilidad de que los demandantes busquen el tribunal que les agrade, como ocurre muchas veces cuando la causa se radica en un juzgado de acuerdo con el nombre de aquéllos, porque es fácil cambiar el nombre de un demandante por otro. En repetidas ocasiones, la demanda la entablan varias personas; en tal caso, se hace aparecer en primer lugar el nombre del demandante cuyo apellido comienza con la letra correspondiente al juzgado que le interesa a él. Aún más, se podría recurrir al subterfugio de agregar un nombre de una persona con un apellido determinado, para que una causa llegara al conocimiento de un cierto juez, aun cuando la sentencia definitiva pudiera decir que tal persona no tiene ningún derecho que reclamar en la causa. Por estas consideraciones, el Ejecutivo propuso este otro sistema, motivo por el cual voto favorablemente el veto. El señor GARCIA.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que pueda fundar su voto de inmediato el Honorable señor García. Acordado. El señor GARCIA.- Encuentro razonable lo recientemente expuesto por el Honorable señor Luengo. Sin embargo, quisiera oír la opinión de alguno de los Senadores que participaron en la Comisión. Como esta materia fue debatida, quisiera saber qué argumentos se dieron en contra de lo manifestado por el Honorable señor Luengo, porque estamos todos de acuerdo. Quiero saber eso antes de votar; mientras tanto, me abstengo. El señor BULNES SANFUENTES.- Yo quisiera ver los fundamentos del informe. El señor FIGUEROA (Secretario).- En la página 9 del informe se consignan las razones dadas. En la 10 aparece una argumentación de Su Señoría, que dice textualmente: El Honorable Senador señor Bulnes sostuvo que el sistema propuesto en las observaciones es engorroso y poco práctico, ya que obliga a los Presidentes de Cortes a estudiar previamente todas las demandas. A su juicio, tales Presidentes no van a poder cumplir con la mencionada obligación, porque si lo hicieren, sólo podrían dedicarse a ello. En cambio, agregó, la distribución por las letras del abecedario es más rápida y eficaz. En seguida aparecen las demás observaciones de los señores Senadores. El señor BULNES SANFUENTES.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que pueda fundar el voto de inmediato el Honorable señor Bulnes. Acordado. El señor BULNES SANFUENTES.- Cualquier sistema que se establezca para la distribución de las causas, como lo manifestó el Honorable señor Aylwin en el curso del debate, tiene ventajas e inconvenientes; pero, a juicio de la mayoría de la Comisión, el sugerido por el Gobierno es el que mayores inconvenientes acarrearía. Dice el inciso propuesto: Esta designación se hará diariamente por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, quien formará tantos grupos de demandas o gestiones judiciales como juzgados haya, procurando una distribución equitativa de las mismas, de acuerdo a su número y materia, sorteando posteriormente en audiencia pública dichos grupos de demandas o gestiones judiciales entre los juzgados. Es absolutamente imposible que todos los días el Presidente de una Corte de Apelaciones estudie todas las demandas presentadas para agruparlas por materias y lograr entre los distintos juzgados una distribución equitativa. Así lo estimó, por lo demás, el Ministro de la Corte Suprema que nos asesoraba, el señor Maldonado: nos dijo que ese sistema sería impracticable. En el hecho, todo el estudio de las demandas, la ordenación por materias o la distribución en forma de que resulte equitativo el trabajo de los juzgados, se haría por funcionarios de muy poca jerarquía, porque en caso de que el Presidente de la Corte pudiera dedicarse a esa función, tendría qué desatender todas las demás. Ahora, el sistema propuesto en el proyecto, en el cual la Comisión recomienda insistir, consiste en clasificar las demandas conforme a la letra inicial del apellido del demandante, de manera que resulten lotes más o menos parecidos, los cuales serían sorteados posteriormente entre los distintos juzgados. El señor LUENGO.- No es así. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Cómo? El señor LUENGO.- No es así. El señor BULNES SANFUENTES.- Es así, porque el sistema es el siguiente. El señor LUENGO.- Se sortea la letra al comienzo del año, directamente. El señor BULNES SANFUENTES.- Exacto: se sortea a comienzos del año. Dice el precepto: En los lugares de asientos de Corte en que hubiere más de un juez de letras, la Corte de Apelaciones respectiva distribuirá anualmente las letras del abecedario entre los diversos juzgados. Las demandas o gestiones judiciales se presentarán directamente ante el juzgado al que hubiere correspondido la letra inicial del apellido del demandante o de quien realizare la gestión judicial. Si una persona no está complacida con el juzgado que le correspondió, no podrá hacer lo que realiza actualmente: retirar su demanda y esperar una nueva designación de juzgado por uno que sea más a su gusto. En tal caso, debería esperar más de un año, porque si el demandante se llama Luengo o Bulnes, quedará adscrito a un juzgado durante un año y, lógicamente, por cambiar de tribunal no va a esperar durante igual lapso, porque entretanto puede prescribir la acción. Parece un sistema suficientemente eficaz. Como todas las cosas, se presta a subterfugios. Sin duda que el demandante equis, cuyo apellidó empieza por zeta, no le va a ceder su crédito o su derecho a otro cuyo apellido empieza por a y de esa manera obtener un juzgado distinto. Le resultaría oneroso, pues deberá pagar honorarios de abogado e impuestos. Ofrece ciertos peligros el estar ofreciendo el crédito en esa forma y el sistema, en definitiva, es un poco alambicado. Lo normal será que, en virtud de esta disposición, la gente vaya al juzgado que correspondió a la inicial de su apellido en el sorteo hecho al iniciarse el año. En cambio el otro sistema, el sugerido en el veto repito impone al Presidente de Corte un trabajo que le impedirá desempeñar sus funciones, porque si dicho magistrado cumple con acuciosidad, va a estudiar todas las demandas para ver de qué materias tratan y distribuirlas en grupos o lotes homogéneos. Posiblemente en las veinticuatro horas del día no alcanzará a cumplir esa función y deberá desatender todas las demás que le encomienda la ley. Voto por mantener la disposición del Congreso. El señor GARCIA.- Voy a rectificar mi voto, pues denantes me había abstenido en espera de una explicación. En vista de las observaciones del Honorable señor Bulnes, creo que no sólo debemos acompañarlo a rechazar el veto, sino a insistir en lo aprobado por el Congreso, pues de lo contrario no habría ley. El propuesto por el Congreso no me parece el sistema más perfecto, pero me gusta más, dadas las explicaciones del Honorable señor Bulnes. Por eso, voto en contra de la observación. El Señor CHADWICK.- Pienso que en esta materia es necesario preguntarse cuáles son los fines que se persiguen en la distribución de las causas. No hay duda de que es el dar a todos los tribunales de la misma naturaleza y del mismo lugar gústele o no a una persona similar trabajo. Ahora, ¿quién puede realizar dicha labor? Creo que tampoco puede haber motivo de mucha vacilación para decir que la autoridad más indicada para ello es sencillamente, el Presidente de la Corte de Apelaciones. Por tales consideraciones, concuerdo con la observación del Presidente de la República, y la voto favorablemente. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 15 votos por la negativa, 12 por la afirmativa y tres pareos. El señor PALMA (Presidente).- Rechazada la observación. Si le parece a la Sala, por la misma votación no se insistiría. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- En la página 29 del boletín comparado, figura la observación recaída en el artículo 20 aprobado por el Congreso, consistente en sustituirlo por el que sigue: Libérase, por el período comprendido entre el 9 de marzo de 1971 y el 25 de febrero de 1972, a los funcionarios del Poder Judicial, de la obligación contenida en el artículo 34 de la ley Nº 17.416, de integrar al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, las sumas que hubieren percibido por concepto de pensión de jubilación como abogados. Asimismo, condónase a dichos funcionarios, por idéntico período y en cuanto afecte a la citada pensión de jubilación, como abogados, el impuesto establecido en el artículo 72 de la indicada ley. La Comisión, por mayoría de votos, recomienda rechazar esta sustitución e insistir en el artículo primitivo. El señor PALMA (Presidente).- En votación. (Durante la votación). El señor LUENGO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Luengo pueda fundar de inmediato su voto. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor LUENGO.- Deseo señalar que si no aprobamos el veto del Ejecutivo, no habrá ley sobre esta materia; no quedará ni el artículo antiguo del proyecto ni tampoco el nuevo. No habrá ley, y los Ministros de la Corte Suprema a quienes afecte esta disposición deberán reintegrar absolutamente todas las cantidades percibidas por ellos por concepto de jubilación como abogados, desde el 9 de marzo de 1971 hasta la fecha. La iniciativa establecía una condonación de las sumas percibidas hasta la dictación del proyecto de ley en debate. Pero ocurre que ya el 25 de febrero de 1972 vale decir, hace más de un año la Contraloría General de la República emitió un dictamen en virtud del cual resultaba incompatible la percepción de esa jubilación como abogados de parte de los señores Ministros de la Corte Suprema, porque excedía los límites que autorizan los artículos 34 y 72 de la ley 17.416, sobre reajustes, en los cuales se establecen los topes máximos de rentas. El Ejecutivo aceptó que la condonación rigiera hasta la fecha en que se emitió el dictamen de la Contraloría, por estimar que, desde el punto de vista jurídico, hasta ese instante había buena fe en la percepción de esos dineros correspondientes a jubilación de abogados. Pero, evidentemente, una vez evacuado el informe mencionado, esa buena fe jurídica desapareció y no había, en consecuencia, una razón que justificara que la condonación se extendiera a más allá de esa fecha. Por lo tanto, considero que debemos aprobar el veto del Ejecutivo hago una petición en tal sentido a los señores Senadores, pues si no lo hacemos así no habrá votos suficientes para que la Oposición insista sobre la materia, como pudimos apreciarlo en la votación anterior, y no habrá ley al respecto. En tal caso, el perjuicio que sufrirán los señores Ministros que hasta la fecha han gozado de dicho, beneficio será mucho más grave que el que podrían sufrir de acuerdo con el veto del Ejecutivo. Me parece que tales razones justifican en forma más que suficiente la aprobación del veto del Ejecutivo que sustituye el artículo 20 del proyecto. Voto a favor de la observación. El señor BULNES SANFUENTES.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que a continuación pueda fundar su voto el Honorable señor Bulnes. Acordado. El señor BULNES SANFUENTES.- En la Comisión manifesté mi opinión en el sentido de que el veto del Ejecutivo a esta norma debía ser rechazado. Los ministros de los tribunales superiores de justicia que están jubilados como abogados entendieron, con bastantes buenas razones, a mi juicio, que el aumento de sus pensiones de abogados dispuesto por una ley no quedaba incluido dentro del tope de las remuneraciones del sector público, y, por lo tanto, percibieron dicho aumento sobre sus pensiones de jubilación como abogados. Como se manifestaran dudas al respecto, los propios ministros consultaron a la Contraloría, la cual estimó que el aumento de las jubilaciones quedaba comprendido dentro del tope y que, en consecuencia, ellos no podían seguir percibiéndolo y debían restituir lo que ya habían percibido. El asunto fue tratado con el Gobierno me parece que en esa época era Ministro de Justicia el señor Sanhueza, quien estuvo de acuerdo en enviar una disposición que condonara lo que los ministros habrían recibido en exceso de lo que les correspondía, hasta la fecha de vigencia del proyecto de ley que ahora tratamos. El señor LUENGO.- No dice así la carta del señor Ministro. El señor BULNES SANFUENTES.- No lo dice así la carta del Ministro Tapia, que no actuó en esa gestión. Pero lo dice con toda claridad la disposición que figuraba en la iniciativa, la cual no tengo el texto a la mano se limitaba a señalar que se condonarán las sumas que hayan recibido los magistrados que estén jubilados como abogados en virtud de tal disposición. No fija fecha. Y desde el momento en que no fija fecha, es evidente que la condonación rige hasta el instante en que el proyecto que la establece entre en vigencia. Con posterioridad, después que los ministros permanecieron durante mucho tiempo en este entendido, convencidos de que percibirían estas sumas hasta que este proyecto fuera ley, el Ejecutivo, por la vía del veto, restringió la condonación hasta la fecha en que la Contraloría emitió su dictamen. No me parece que esto haya sido un juego correcto. Si el propósito del Gobierno fue ése, debió haber propuesto desde el principio la disposición estableciendo la condonación sólo hasta el 25 de febrero de 1972, fecha del informe de la Contraloría. No es posible que haya mantenido la disposición durante muchos meses y que, a última hora, cuando ella podía considerarse virtualmente ley, la haya observado para restringir considerablemente el beneficio que se otorgaba. Por tales consideraciones, y por reconocer, además, que la cuestión en sí era dudosa y era discutible si tenían o no derecho al aumento de sus pensiones de jubilación, fui partidario de rechazar el veto en la Comisión e insistir en la disposición del proyecto, que es la misma repito, que el Ejecutivo propuso originalmente. Pero como me doy cuenta de que en la Sala no habría el quorum de dos tercios necesario para insistir en el artículo que el proyecto traía, y como prefiero que la condonación se haga en forma restringida a que no se haga, votaré a favor del veto, dejando constancia de que la disposición que debió aprobarse es la que el Ejecutivo incluyó originalmente en esta iniciativa y no la que a hora undécima quien sabe por qué razones, ha propuesto por la vía de la observación. Se aprueba la observación. El señor FIGUEROA (Secretario).- Finalmente, el Ejecutivo formula dos observaciones al artículo 6º transitorio. La primera fue aprobada por unanimidad. En cuanto a la segunda, consistente en reemplazar en el inciso segundo el adjetivo unipersonal por la expresión en terna, la Comisión recomienda, por mayoría de votos, rechazarla e insistir. Se rechaza la observación (16 votos por la negativa, 9 por la afirmativa y 2 pareos). El señor LUENGO.- Deseo formular una consulta, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento del Senado para que el Honorable señor Luengo pueda usar de la palabra. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor LUENGO.- De acuerdo con la votación anterior, no habría quorum para insistir. En tal caso, desaparecería la expresión unipersonal, y la disposición quedaría redactada en la siguiente forma: Estos funcionarios serán designados por el Presidente de la República a propuesta de las respectivas Cortes de Apelaciones, excepto en Santiago que lo serán a proposición de la Corte Suprema. Sin embargo, como en la historia de la ley quedará muy claro que la propuesta no podrá ser unipersonal, en el hecho el precepto será de muy difícil aplicación. Recuerdo que cuando se trató esta materia en la Comisión, se dijo que sé pidió que la proposición fuera en terna en vez de unipersonal porque el artículo 69 transitorio dispone que tendrán preferencia los actuales habilitados, en circunstancias de que algunos de ellos se encuentran en grados superiores en virtud de otras disposiciones legales que les fijaron un escalafón especial, de modo que no iban a tener interés en ser propuestos. De allí, entonces, que iba a ingresar gente de la calle en vez de otros funcionarios del mismo servicio que estuvieran en grados inferiores. Por esta razón, y dado que ya se produjo la primera votación, solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para reabrir debate sobre la materia y aprobar el veto, pues, en caso contrario, podríamos perjudicar al personal que ya está trabajando en el servicio, crear vacantes respecto de las cuales bien podría no haber interés de parte de ninguno dedos actuales habilitados, y ocuparlos con gente de afuera, lo que no sucedería si las proposiciones se hicieran por ternas, pues en tal caso quienes se encuentran en los grados inferiores deberán ser propuestos forzosamente. El señor JULIET.- En ese caso, la facultad es discrecional. El señor LUENGO.- En algunos casos, la Corte podría no hacerlo así. El señor JULIET.- Si la disposición queda sin las expresiones unipersonal y en terna, la Corte tendrá repito facultad discrecional para actuar en cualquiera de las dos formas. El señor LUENGO.- Pero podrá proponer personas de afuera. El señor GARCIA.- Igual puede hacerlo de acuerdo con esta disposición. El señor LUENGO.- No quedará ninguna de las dos expresiones. El señor GARCIA.- Son los mismos funcionarios. Cambia sólo una palabra. El señor LUENGO.- En todo caso, dejo constancia de mi observación. El señor PALMA - (Presidente).En votación la insistencia del Senado. (Durante la votación). El señor GARCIA.- No habrá ley sobre la materia. El señor LUENGO.- Eso es lo que estaba diciendo. Por eso consideraba preferible que quedara la expresión en terna, pues de esa forma se garantizaban los derechos de todos los funcionarios que ya están en el escalafón. El Senado no insiste (17 votos por la insistencia y 11 por la no insistencia), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite. MODIFICACION DE LEY 17.386, QUE BENEFICIA A DETERMINADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y TALLERES ARTESANALES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que sustituye el texto de la ley Nº 17.386, que estableció diversos beneficios a favor de determinadas empresas industriales y talleres artesanales. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 59ª, en 3 de enero de 1973. Informes de Comisión: Hacienda, sesión 97ª, en 3 de mayo de 1973. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Acuña, Aguirre Doolan, Silva Ulloa, Valenzuela, Von Mühlenbrock y García, recomienda a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el boletín Nº 26.834. Advierto a los señores Senadores que la urgencia de esta iniciativa vence la próxima semana. El señor REYES (Presidente accidental).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor GARCIA.- Pido la palabra. En la Comisión participé en el estudio de algunos aspectos del proyecto. No lo conozco completamente ni he tenido tiempo de examinarlo en su integridad. Se trata de una iniciativa extremadamente importante, porque sustituye todo el régimen tributario de la pequeña industria y, diría yo, casi más allá de la pequeña industria, porque sus disposiciones se refieren a establecimientos cuyo capital ascienda hasta 100 sueldos vitales anuales. Por consiguiente, el mecanismo tributario que en ella se crea influirá extraordinariamente en muchos sectores. Deseo saber si se fijará plazo para formular indicaciones, por supuesto, después que hayamos podido estudiar el proyecto. El señor REYES (Presidente accidental).- Hasta el momento, no hay ninguna proposición concreta sobre el particular. Como únicamente se han presentado dos indicaciones, la Sala debería despachar el proyecto en general en esta sesión. Su urgencia vence el día 18. El señor GARCIA.- Pido fijar plazo para presentar indicaciones hasta las 12 del viernes próximo, a fin de tener tiempo suficiente para redactarlas y poder discutirlas en la Comisión el lunes o martes de la semana venidera. El señor REYES (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta las 12 del viernes próximo. El señor VALENTE.- Y podríamos aprobar este proyecto en general ahora,... El señor GARCIA.- Sí, señor Senador. El señor VALENTE... sin perjuicio de que durante el estudio del segundo informé haya discusión general sobre la materia, porque la verdad es que no ha habido tiempo para estudiarlo. El señor REYES (Presidente accidental).- Con la venia de la Sala, se fijará plazo hasta las 12 del viernes próximo para presentar indicaciones. Acordado. Si no hay oposición se aprobará en general el proyecto, sin perjuicio de que en el segundo informe haya un debate amplio sobre la materia. Acordado. AUTORIZACION A INSTITUCIONES PRIVADAS PARA CONVENIR CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD TRANSFERENCIAS DE BIENES DESTINADOS A PRESTACIONES DE SALUD. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara de Diputados que faculta a las instituciones privadas que indica para convenir con el Servicio Nacional de Salud la transferencia de los bienes destinados a prestaciones de salud. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 55ª, en 27 de diciembre de 1972. Informes de Comisión: Salud Pública, sesión 89ª, en 18 de abril de 1973. Hacienda, sesión 89ª, en 18 de abril de 1973. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Salud Pública, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Carrera, Juliet, Noemi y Olguín, recomienda a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el boletín Nº 26.821. El señor REYES (Presidente accidental).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor VALENZUELA.- La iniciativa en debate tiene por objeto facultar a las sociedades, corporaciones, fundaciones y, en general, a las instituciones privadas que realizan acciones de salud, para convenir con el Servicio Nacional de Salud la transferencia o entrega a cualquier título, sea o no translaticio de dominio, de los bienes corporales e incorporales destinados a prestaciones de salud y de las obligaciones contraídas en el ejercicio propio de éstas. Durante mucho tiempo, cerca de cinco o seis instituciones han realizado prestaciones de salud, en lo que se refiere a la recuperación de ella, a través de hospitales. Se trata de instituciones privadas, constituidas generalmente como fundaciones y cuyos estatutos pueden tener algunas cláusulas limitativas. Por eso, este proyecto de ley las faculta para que puedan, cuando a su juicio no estén en condiciones de continuar realizando sus funciones, contratar con el Servicio Nacional de Salud las transferencias, arrendamientos o préstamos de los establecimientos que procuran salud. Durante el estudio de la iniciativa en debate, consideramos conveniente no legislar para cada institución en particular, sino, de manera general, a fin de que todas las instituciones interesadas, si así lo estimaren adecuado, puedan suscribir tales contratos o convenios con el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, surgió el problema relativo a los funcionarios que actualmente están desempeñándose en esos establecimientos asistenciales. En la Comisión, nosotros dimos carácter imperativo a la facultad que el mensaje del Ejecutivo otorgaba al Servicio Nacional de. Salud para incorporar a los personales de aquellas instituciones a los escalafones de dicha repartición fiscal. De esta manera, hemos garantizado los derechos de estos trabajadores en la transferencia que se realicen de esos establecimientos al Servicio Nacional de Salud. En pocas palabras, es a esto a lo que se refiere la iniciativa en debate. La Comisión de Salud Pública la estudió en tres o cuatro sesiones, y, después de tener algún intercambio de comunicaciones con el señor Ministro de Salud, sobre todo respecto del problema que afectaba a los empleados, la aprobó por unanimidad. El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa? El señor VALENZUELA.- Con mucho gusto. El señor SILVA ULLOA.- A mi juicio, las informaciones que nos está proporcionando el Honorable señor Valenzuela son muy útiles. Sin embargo, sigo teniendo una duda. El artículo 2º del proyecto soluciona el problema del personal de las instituciones privadas que se incorporen al Servicio Nacional de Salud, y faculta al Consejo para que cada vez que acuerde tales transferencias incorpore a todos sus personales a las plantas y escalafones de dicho organismo. El inciso tercero del artículo 2º dispone: En caso de no coincidir la renta que percibe este personal por la que le corresponderá con la aplicación de esta ley, se le asimilará a la renta inmediatamente superior pagándosele la diferencia por planilla suplementaria, la que será absorbida en el primer ascenso que tenga. Por ejemplo, hay hospitales pertenecientes a instituciones, que podríamos considerar del sector privado, donde los funcionarios perciben remuneraciones mucho más altas que las que paga el Servicio Nacional de Salud. En consecuencia, de acuerdo con el inciso recién leído así lo entiendo yo: ese personal no perdería rentas; pero como éstas son superiores a las fijadas para las plantas del Servicio Nacional de Salud, la diferencia respectiva se cancelaría por planilla suplementaria y sería absorbida por futuros ascensos. O sea, a ese personal prácticamente se les congelan sus remuneraciones. Como se puede apreciar, aquí se produce una situación extraordinariamente difícil. Es el caso del hospital de El Salvador, donde los emolumentos de obreros y empleados particulares son mucho más altos que los existentes en el Servicio Nacional de Salud. Esos funcionarios no perderían rentas, porque la diferencia se pagaría por planilla suplementaria; pero esa diferencia será absorbida por futuros ascensos. Ello cortaría la carrera funcionaría de esos personales, lo que estimo extraordinariamente inconveniente. Esa es la consulta que quería formularle, señor Senador. El señor VALENZUELA.- A mi juicio, la observación del Honorable señor Silva Ulloa es muy atinente. La indicación que dio origen a esta disposición fue formulada por Senadores democratacristianos y el Honorable señor Juliet, del PIR. El Ejecutivo la rechazó, porque, según su criterio, debería establecerse simplemente, que dichos empleados podrían ingresar al Servicio Nacional de Salud de acuerdo con sus disponibilidades. Sostuvimos largas conversaciones con los señores Ministros y Subsecretario del ramo, quienes expresaron que, a juicio del mencionado Servicio, tales personales deberían ser absorbidos sin detrimento de sus remuneraciones. Doy esta explicación al Honorable señor Silva Ulloa, para dejar establecido que la indicación antedicha tiene por objeto garantizar los derechos de los trabajadores. De este modo se evita que en un momento dado no se consideren en el traspaso de estas instituciones privadas de salud al Servicio Nacional de Salud, quedando cesantes, además, que sus rentas se vean disminuidas con motivo de su incorporación a las escalas y grados respectivos. Estas son las observaciones que, de manera sucinta, quería formular respecto de la iniciativa de ley en discusión, que nosotros, tal como procedimos en la Comisión de Salud del Senado, votaremos favorablemente. El señor REYES (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra. El señor NOEMI.- ¿Me permite, señor Presidente? Estimo útil dejar establecido que, de acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto otorgaba una facultad a determinadas instituciones privadas. En efecto, el artículo lº del texto despachado por esa rama del Congreso dice: Facúltase a las instituciones privadas que se indican..., y cita, a continuación, a la Sociedad de Beneficencia Hospital de Purranque y su establecimiento denominado Hospital Doctor Juan Hepp; a la Congregación de las Hermanas de la Providencia y su establecimiento denominado Hospital Santo Tomás, de Limache; a la Fundación Marcelo Mena, de Valparaíso, y su establecimiento denominado Hospital Marcelo Mena, y a la Sociedad Hospital de Niños de Valparaíso Doctor Jean y Marie Thierry y su establecimiento del mismo nombre. La importancia de la enmienda introducida por la Comisión de Salud del Senado radica en que ésta otorga una atribución de carácter general. Así, faculta a las sociedades, corporaciones, fundaciones y, en general, a las instituciones privadas que realizan acciones de salud para convenir la transferencia o entrega de los bienes destinados a las prestaciones respectivas, al Servicio Nacional de Salud. Como el sentido de la facultad otorgada es amplio, no es necesario recurrir a una ley cuando se trate de algún caso particular. El segundo aspecto de la modificación introducida por el Senado incide en el problema que ha llamado la atención del Honorable señor Silva Ulloa y que en cierto modo fue corregido en esta Corporación. En efecto, el artículo 3º del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece lo siguiente: El personal de las instituciones privadas mencionadas en el artículo 1º, que preste sus servicios en los establecimientos cuyos bienes se transfieran al Servicio Nacional de Salud, podrá incorporarse a este Servicio aun cuando no cumpla con las normas exigidas por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Es decir, era una disposición facultativa. En cambio, el artículo 2º del proyecto aprobado por la Comisión de Salud dispone que dicho personal deberá ser incorporado, con lo cual se impone una obligación, agregándose en seguida que deberán respetarse las remuneraciones que dichos personal percibían con anterioridad a la incorporación de la respectiva institución al Servicio Nacional de Salud. Reitero que el proyecto en debate fue bastante mejorado y corregido por la Comisión de Salud del Senado. El señor FONCEA.- Pido la palabra. Deploro no haber tenido oportunidad de estudiar más a fondo la iniciativa que en estos instantes nos ocupa. Al parecer, por las razones formales que aquí se han dado ella se justificaría plenamente. Incluso el Honorable colega señor Noemi considera que la Comisión de Salud del Senado mejoró el proyecto al hacer extensiva la facultad que otorga a las sociedades, corporaciones, fundaciones y, en general, a las instituciones privadas que realizan acciones de salud y que deseen transferir o entregar al Servicio Nacional de Salud los establecimientos hospitalarios que dirigen. Sin embargo, a primera vista no creo ser suspicaz en esto me parece que este proyecto de ley debió merecer un mejor estudio. Me habría agradado que en el informe de la Comisión de Salud se hubiera explicado por qué esas corporaciones, fundaciones o instituciones privadas, que durante muchos años pudieron mantener en normal funcionamiento hospitales, guarderías infantiles e instituciones de beneficencia debidamente financiadas, e incluso lograr mejorar su atención, se vean ahora en la dolorosa necesidad de hacer entrega de sus bienes al Estado. Porque si bien en el informe nada se dice al respecto, yo estimo que ello se debe a razones de índole económica, a la imposibilidad de dichas instituciones de seguir obteniendo financiamiento. A mi juicio, entonces, esto es de suma gravedad y nunca había ocurrido antes. Esas instituciones no sólo contaron siempre con erogaciones particulares, sino que también con aportes fiscales. El señor REYES (Presidente accidental).- ¿Me perdona, señor Senador? Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Queda pendiente la discusión del proyecto, y con la palabra el Honorable señor Foncea. VI. TIEMPO DE VOTACIONES. PUBLICACION DE DOCUMENTOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación formulada por el Honorable señor Hamilton para publicar in extenso el oficio y la boleta enviados por el Banco Central con relación a honorarios recibidos por el señor Enrique Silva Cimma. La señora CAMPUSANO.- Pido segunda discusión. El señor REYES (Presidente accidental).- Queda para segunda discusión. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 18.45. Se reanudó a las 18.11. El señor FERRANDO (Presidente accidental).- Continúa la sesión. Para rendir homenaje, tiene la palabra el Honorable señor Pablo. HOMENAJE A LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL) CON MOTIVO DE SU VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO. OFICIO. El señor PABLO.- Señor Presidente, un cable dirigido desde Washington a la Cancillería chilena fue el primer indicio, en julio de 1947, de un hecho histórico importante en la vida y destino de los países de Latinoamérica: la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fue el día 12 de julio de 1947 aquel en que el Embajador chileno ante las Naciones Unidas, don Hernán Santa Cruz Barceló, presentó al Secretario General de ese organismo un proyecto de resolución en tal sentido, que se fundaba esencialmente en dos grandes razones histórico sociales de peso y trascendencia: a) La grave crisis derivada del importante esfuerzo económico realizado por América Latina para defender la causa de las Naciones Unidas en la guerra, y las perturbaciones que ésta había causado a la economía mundial, y b) La necesidad de desarrollar la industria de los países latinoamericanos y utilizar al máximo sus recursos naturales para elevar el nivel de vida de sus habitantes, de contribuir a resolver los problemas económicos de éste y otros continentes y de lograr un mejor equilibrio del edificio económico mundial e intensificar el comercio internacional. Según la idea propuesta, y basándose en estas razones justificativas de su creación, la Comisión Económica para América Latina debía tener como objetivos estudiar las medidas necesarias para facilitar una acción conjunta destinada a favorecer el progreso económico de los países de América Latina y elevar el nivel de la actividad económica de esos países, así como mantener y estrechar los vínculos económicos que los ligan entre sí y también con el resto del mundo, y además, participar en la aplicación de esas medidas. La proposición resultaba, por sí misma, audaz, por cuanto constituía un cambio significativo en las perspectivas de acción del Consejo Económico y Social y contrariaba demasiados prejuicios, situaciones establecidas y esquemas mentales e ideológicos arraigados, para que fuera aceptada, así, de buenas a primera. Fue necesario, para concitar el interés y lograr la aprobación de la resolución propuesta, vencer todo tipo de obstáculos y desarrollar una intensa labor de propaganda del proyecto entre los miembros del Consejo. Por de pronto, la primera dificultad surgió al comprobarse que no existía en las Naciones Unidas estudio alguno, documentación o informes referidos a la economía latinoamericana en su conjunto, o la de sus países integrantes, en forma separada. Por esta circunstancia, toda la fundación o justificación de la proposición chilena era de suyo incompleta y en extremo débil, si se considera que, por esos años de postguerra, la gran preocupación de las potencias y del mundo entero estaba dada en torno de la reconstrucción de los países devastados por el conflicto bélico, afortunadamente concluido en el año 1945. Fueron sólo la fe, la tenacidad, el acucioso esfuerzo de preparación y estudio de la representación chilena, los que lograron dar a su intervención del día l9 de agosto de 1957 la fuerza dramática que él cuadro de la economía y las condiciones sociales de nuestros países necesitaban para golpear la conciencia de los integrantes del Consejo y convencerlos de que nuestra región, si bien no había sido azotada por una catástrofe como la que a solo a Europa, vivía en un estado de atraso y de necesidad tales, que se justificaba, de parte de las Naciones Unidas, una atención tan particular como la otorgada a los continentes que habían experimentado los horrores de la guerra. No escaparon a la argumentación vertida, ni el hecho de que América Latina hizo una decisiva contribución a la victoria aliada en esa guerra, al proveer a los países vencedores de petróleo, cobre, minerales variados, azúcar, café, algodón, lana, nitratos, etcétera, a precios congelados, mientras los precios de las manufacturas y bienes de capital que, por necesidad, América Latina debía importar, alcanzaban, por esos años, niveles cada día más altos; ni aquel otro factor caracterizado por el grave perjuicio que esa conflagración le significara al impedirle renovar su maquinaria y detener, así, el ritmo de su incipiente industrialización y desarrollo. El hecho macizo es que, con el apoyo de la totalidad de los países latinoamericanos y con la evidente simpatía y apoyo de Francia y China, con la proposición de postergar el problema por parte de la delegación norteamericana y con la oposición decidida de la Unión Soviética, que lamentó no poder apoyar la proposición del representante de Chile, las Naciones Unidas admitieron la creación de un Comité ad hoc que recibió el mandato de considerar los factores que podían influir en el establecimiento de una Comisión Económica para América Latina, consultar la opinión de la Novena Conferencia Panamericana y entregar un informe al VI Período de Sesiones del Consejo, en febrero de 1948. Con un documento titulado Las principales causas del desajuste de la Economía Latinoamericana, preparado por los cuatro representantes de este continente en ese Comité, y un trabajo del propio secretariado del Consejo Económico y Social, que se denominó Revista de las Condiciones Económicas a través de América Latina, se hizo por primera vez, un estudio sobre la economía latinoamericana tomado en su conjunto. Entre las conclusiones de estos documentos hay una que resume con singular acierto la esencia del diagnóstico que hoy existe sobre los problemas de nuestro continente y las líneas fundamentales de una política destinada a superarlos. Dice ese párrafo: No puede intentarse ningún remedio, que tenga éxito, para el desajuste económico (de América Latina) si no se basa en una política amplia y coordinada de desarrollo económico y social, dirigida a elevar los niveles de vida de la población, a diversificar sus economías, a promover el comercio exterior, a modernizar las técnicas en su agricultura, su industria, sus transportes y su comercio, utilizando en plenitud sus recursos naturales, promoviendo el comercio intra e interregional y estimulando la formación, la disponibilidad y el buen aprovechamiento del capital. Ambos estudios fueron presentados en el VI Período de Sesiones del Consejo Económico y Social, que se inició el 2 de febrero de 1948. Su discusión llevó, finalmente, a la aprobación de la iniciativa, y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) nació, con toda su formalidad, por el acuerdo de Consejo del día 25 de febrero de 1948, fijando su sede en esta capital. En Santiago de Chile ha tenido desde entonces, todas las facilidades y el apoyo de los gobiernos y del pueblo. Es por eso por lo que, al cumplir recientemente 25 años de vida, resulta ineludible, para muchos de nosotros, destacar no sólo el profundo sentido de renovación social y económica, y de integración continental e internacional que su concepción y su funcionamiento tienen, sino que, además lo que es importante resaltar los logros de su trabajo no concluido y las perspectivas de sus acciones permanentes orientadas a materializar aspiraciones y construir vías de cambio para este continente. Si sus objetivos fundamentales apuntaban al fomento del desarrollo económico y social de los países latinoamericanos la elevación de los niveles de vida de sus pueblos, el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los países de dentro de la región y de fuera de ella, era, a todas luces, indispensable que sus realizaciones estuvieran enmarcadas en: el campo de la investigación y análisis de los principales problemas socioeconómicos de la región, de la asesoría a los gobiernos en esta materia, de la mantención de programas de capacitación para profesionales vinculados al desarrollo, y de la integración de los esfuerzos y ejecución da programas conjuntos para una mejor utilización de los recursos disponibles en el área. En el cumplimiento de estas tareas, CEPAL actúa desde su creación en estrecha coordinación con la Secretaría de las Naciones Unidas, con sus órganos y comisiones regionales, con los organismos especializados y con las demás organizaciones internacionales que trabajan en América Latina. Los nexos establecidos con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le han permitido realizar programas conjuntos en el plano económico y social. En el campo de la integración, sus vinculaciones tocan a la Asociados Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), al Tratado General de Integración Económica del Istmo Centroamericano, al Grupo Andino y a la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA). Los programas de trabajo y las acciones de CEPAL han venido evolucionando, con el correr del tiempo, hasta alcanzar, en nuestros días, un notable grado de complejidad y expansión. Sin embargo, es digno de destacar el hecho de que los principios orientadores de su acción mantienen, desde 1948, su vigencia plena y su vigor. Ellos son: a) El concepto de que el crecimiento desde dentro de los países de América Latina exige para su aceleración, programas y políticas de desarrollo de carácter dinámico; y b) Dichas políticas, planes y programas, para ser verdaderamente eficaces, deben fundarse en los hechos, así como en el análisis sistemático de las economías nacionales y de las perspectivas de su crecimiento. Basándose en sus propios trabajos de investigación sobre la realidad económico social de cada país y de América Latina en su conjunto, se ha llegado a determinar, con precisión y claridad, todo un amplio programa de acción que se realiza en permanente colaboración con los gobiernos de la región. Dentro de él se comenzó por encarar el problema de la formación profesional y la capacitación de funcionarios públicos encargados de la planificación del desarrollo económico. Las tareas de capacitación y asesoría se extendieron, posteriormente, al campo de la creación o perfeccionamiento de organismos gubernamentales de planificación en todos los países que lo han solicitado, y culminaron, en 1961, con la concertación de un Convenio Tripartito entre CEPAL, OEA y BID, destinado a prestar este asesoramiento en forma permanente y bajo la responsabilidad ejecutiva de CEPAL. La consolidación de estos programas condujo, finalmente, a la creación de un órgano especializado que se denominó Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), y que comenzó sus labores a partir de 1962. Simultáneamente, y como producto de las constantes actividades de investigación, se han venido publicando documentos anuales como el Estudio Económico de América Latina, o semestrales como el Boletín Económico y el Boletín Estadístico, que resumen los datos más recientes en materia de desarrollo económico y sus problemas conexos, y constituyen, por este mismo hecho, una importante fuente de información para los organismos oficiales y privados del área, económico social en cada uno de los países del continente. Paralelamente, los estudios profundos sobre los problemas del comercio internacional y la integración económica que ha venido realizando CEPAL han brindado a los gobiernos latinoamericanos las bases para la unificación de sus políticas de comercio exterior y han orientado la elaboración de nuevos conceptos para la reorganización del comercio mundial sobre bases compatibles con los problemas específicos del comercio exterior de los países subdesarrollados. Muchos de estos conceptos han sido recogidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuya última reunión tuvo lugar, precisamente, en Chile en el pasado mes de abril de 1972. El Mercado Común Latinoamericano es otro de los temas de estudio de CEPAL, porque éste constituye el ámbito natural del desarrollo de la industria, la agricultura, el transporte, los recursos naturales, etcétera, dentro de una economía de escala en la cual la capacidad de producción y exportación es ariete fundamental para el fortalecimiento de las economías nacionales y regionales. Por de pronto, CEPAL ha venido realizando una constante evaluación y un desarrollo de las perspectivas de los movimientos subregionales de integración: ALALC, Pacto Andino, Mercado Común Centro Americano y CARIFTA, para saber con exactitud cómo se vienen cumpliendo los compromisos de integración contraídos por los distintos países y cuál es el impacto que la integración misma tiene sobre las economías y el desarrollo de las naciones participantes. La visión sintética de una evolución de estos procesos y la proyección de sus distintas perspectivas constituye, por cierto, inestimable aporte a los gobiernos en la definición de sus políticas de desarrollo. La búsqueda y examen de estas alternativas se vinculan, así, de modo directo, con la Estrategia Internacional para el Desarrollo (E.I.D.), aprobada en octubre de 1970 por las Naciones Unidas. Este programa, al proponer el adecuado aprovechamiento de la ciencia y la tecnología modernas en el desarrollo armónico de todos los países del mundo, fija las metas mínimas y los objetivos básicos para los pueblos que están viviendo este proceso. Es importante, en mi concepto, destacar estos objetivos, por la vigencia que ellos tienen en la realidad socio económica chilena, cuyos problemas aparecen caracterizados, a través de ellos, con claridad impresionante: 1) Cada país en desarrollo debe formular sus objetivos nacionales de empleo, a fin de absorber una proporción creciente de su población trabajadora en actividades de tipo moderno, y reducir apreciablemente el desempleo y el subempleo. 2) Se debe poner especial empeño en que asistan a la escuela primaria todos los niños en edad para ello, se mejore la calidad de la educación en todos los niveles, se reduzca sustancialmente el analfabetismo, se reorienten los programas educativos con miras a satisfacer las necesidades del desarrollo y, cuando corresponda, se creen y amplíen instituciones científicas y tecnológicas. 3) Cada país en desarrollo debe formular un programa coherente de sanidad para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y para elevar el nivel general de su salud y saneamiento. 4) Debe mejorarse el nivel de la nutrición, tanto en lo que respecta al, consumo medio de calorías como al contenido proteínico de los alimentos prestándose especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la población. 5) Deben ampliarse y mejorarse los servicios de vivienda, especialmente para los grupos de bajos ingresos, con el objeto de remediar los males del crecimiento urbano no planificado y de las zonas rurales rezagadas. 6) Debe fomentarse el bienestar de los niños; 7) Debe asegurarse la participación plena de la juventud en el proceso de desarrollo; y 8) Debe estimularse la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo a favor del desarrollo. No cabe duda alguna de que el proceso de cambios que se ha experimentado en Chile desde el inicio del Gobierno democratacristiano apunta, de algún modo, a la consecución de cada uno de los objetivos anteriormente señalados. Es más. Nos parece dramática la urgencia de lograr, en las metas inmediatas, los avances más claros o las conquistas más notables que sea posible conseguir. Lamentablemente, el estado de nuestra economía, a partir del Gobierno que hoy tenemos, así como la conducción de los procesos de cambio social y cultural chileno, no nos permiten gran dosis de optimismo. Más bien deben llamar a reflexión y al cambio de conducta a quienes son los detentores del Poder Ejecutivo y sobre quienes cae la más pesada responsabilidad de construir la alternativa del progreso para nuestra patria. Así como la realidad chilena la vemos reflejada en estos conceptos de uso y aceptación universales, podemos decir que existe, en consecuencia, un profundo y valioso enraízamiento de los programas cepalianos dentro de nuestra realidad continental. Tal es lo que se advierte en el estudio América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: Primera Evaluación Regional, el más reciente documento de evaluación y proyección elaborado por la CEPAL en este campo. La sola mención de los capítulos de la obra en referencia nos da una patita de su considerable peso e importancia. Aparecen allí tratados: El desarrollo humano y el cambio social en América Latina, El crecimiento económico, El esfuerzo interno para el aprovechamiento de los recursos productivos, América Latina en el marco de las relaciones económicas internacionales, Comercio exterior, transporte marítimo, seguros y turismo, Financiamiento externo; y La integración regional. He mencionado este trabajo con especial detalle, porque fue uno de los temas centrales del XV Período de Sesiones de la CEPAL, realizado recientemente en Quito, como expresión de la vitalidad del organismo cuando cumple 25 años de existencia. La CEPAL es hoy realidad latinoamericana en marcha. Su vida orgánica es ejemplo de servicio y eficiencia productiva puesta al alcance de los pueblos subdesarrollados de esta América desintegrada. La maestría de su acción, sin embargo así lo estimo, no es un hecho casual. En este momento de recuento somero de sus más altas expresiones y logros, es útil recordar que el hombre que le dio un sello distintivo y propio fue el eminente economista Raúl Prebisch, su primer director. Más de trece años de su trabajo incesante y fecundo hicieron de la CEPAL un organismo respetado en el concierto internacional. Fue en el momento de dejar su cargo para asumir otras funciones, igualmente dependientes de las Naciones Unidas, que el doctor Presbich dejó, como un verdadero manifiesto económico, su obra titulada Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, en el cual vertió lo mejor de su pensamiento y experiencia después de largos años de búsqueda incesante, de análisis objetivo y responsable, de meditación y diálogo con lo mejor de la Inteligencia mundial. Hoy, bajo la dirección de su Secretario General Ejecutivo, el destacado economista doctor Enrique Iglesias, la CEPAL nos muestra su juventud y madurez equilibradas en armoniosa y permanente fórmula de vida activa. Deseo recordar también en esta ocasión a un hombre que durante una década dirigió su Departamento de Planificación y Desarrollo, a quien por su acción, más allá de la muerte, sentimos ligado a nosotros, los democratacristianos. Me refiero a Jorge Ahumada, persona que tanto releve alcanzó en el continente americano. Sus 29 Estados miembros más sus dos Estados asociados cuentan con la asistencia y ayuda permanente de sus once divisiones, que constituyen, en conjunto, la estructura de la Secretaría. Baste sólo recordar que el terremoto que asoló a Managua en diciembre de 1972 produjo una respuesta pronta de la CEPAL, que estudió la coordinación de la ayuda internacional prestada a Nicaragua. Son éstas las razones por las que creo que todos los que, de un modo u otro, estamos vinculados a la acción americanista de la integración económica, cultural y política de nuestros pueblos para la construcción del desarrollo, tenemos que reconocer que la creación de la CEPAL fue un triunfo de la fe y de la razón visionarias. Allá por el año 1947, los hombres tuvieron fe en las Naciones Unidas, en sus pueblos latinoamericanos, en la fuerza de su acción unitaria, en su poder de decisión que no admitía desmayos frente a la construcción de un destino común de dignidad y de justicia. Por eso hoy nos regocijamos de esta realidad que fue una aspiración y que sigue siendo, para los hombres de nuestro continente, una esperanza. No quisiera terminar mis palabras sin hacerme cargo del hecho de que, en la etapa política por que atraviesa nuestro país, no faltan quienes apuntan a la CEPAL como un organismo de penetración marxista en nuestro continente. Tal afirmación la descarto, sin dejar por ello de reconocer que numerosas personas adictas a esas ideas laboran en ese organismo pluralista que, por depender de las Naciones Unidas, agrupa a gente de países diversos y de ideologías contrarias. El hecho de que un grupo significativo de ellos colabore en la tarea política del actual Gobierno, en mi sentir, ni compromete a la CEPAL ni conlleva necesariamente que se pueda sostener que las políticas que en Chile se han puesto en práctica en materia económica obedecen al padrón de las recomendaciones de esa organización internacional. No puede cegarnos la pasión al extremo de confundir cualquier proposición sobre cambios de estructura en América Latina, que afloran inclusive en las reuniones interamericanas, con el marxismo-leninismo. Si así fuera, el propio ex Presidente de los Estados Unidos John Kennedy sería sospechoso de haber profesado estas ideas. Por ello y conociendo, además, el respeto que se tiene en el continente por los estudios y trabajos de la CEPAL, que son, han sido y serán fundamentales para promover la integración de nuestros pueblos, asumo sin vacilaciones esta tarde, en el Senado de la República de Chile, mi carácter de Presidente del Parlamento Latinoamericano para rendir homenaje a la labor cumplida en sus 25 años de vida por este organismo regional dependiente de Naciones Unidas, y solicito que se dirija oficio al Director Ejecutivo de la CEPAL, don Enrique Iglesias, transcribiéndole mis expresiones de la sesión de esta tarde. He dicho. El señor REYES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador y, si es posible, del Comité Demócrata Cristiano. El señor CHADWICK.- También en nombre del Comité Socialista. El señor ACUÑA.- Y del Comité Izquierda Radical. El señor REYES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en nombre del señor Senador y de los Comités que lo suscriban. Para rendir homenaje, tiene la palabra el Honorable señor Ferrando. HOMENAJE A ZONA DE LA FRONTERA CON MOTIVO DEL 92º ANIVERSARIO DE LA OCUPACIÓN DEFINITIVA DE LA ARAUCANÍA. El señor FERRANDO.- Señor Presidente, Honorable Senado: Estoy seguro de que resulta un poco curioso que en el Senado de la República se emplee tiempo para referirse a la Araucanía, porque puede decirse que en general, la nación jamás ha dado al pueblo araucano ni a la zona que lleva ese nombre, o el de La Frontera, la importancia que ha tenido en el desarrollo histórico chileno, ni mucho menos, ha asumido una actitud que responda a lo que prácticamente en un siglo ha entregado esa región al país. En realidad, llama la atención en la historia de América el hecho de que, en unos 50 años desde fines de 1492, época en que por primera vez la planta española holló el continente americano, hasta la mitad del siglo XVI se forma el cuadro perfecto de todo lo que es el continente, y sus tierras y su gente quedan bajo la autoridad de la monarquía hispana. Civilizaciones de tan alto grado como las de los imperios azteca e inca caen al primer golpe, derrumbadas, al enfrentarse con el espíritu español, y pasan a ser absorbidas lentamente por la cultura que representa España en el siglo XVI. En aquel siglo, esa nación fue la conductora de la política internacional. Es el XVI el siglo de España en la historia del absolutismo. En Europa, es la norma española la que se impone. Es la época en que la cristianísima figura de Carlos V domina absolutamente el escenario, llegando no sólo a ser Rey de España, sino Emperador de Alemania. Y, cosa curiosa, tal vez de todos los atropellos que se han hecho a la Iglesia y a los Estados Pontificios, el que lo hizo en la forma más escandalosa que recuerda la historia fue ese Emperador cristianísimo. Y si bien a Roma la saquearon los galos, lo vándalos, los hunos, en esa ciudad perdura el recuerdo del sacco di Roma que fue el realizado por Carlos V. España dominó a América; pero se encontró con una resistencia increíble en el extremo del continente, en un sector del país que llamamos Chile y que hoy es nuestra República. Y resulta también curioso observar que durante los 260 años de la dominación española, tomando en cuenta la fundación de Concepción en 1550 y la Declaración de la Independencia en 1810, las autoridades hispanas Gobernadores o .Capitanes Generales tuvieron que entenderse con los aborígenes mediante el sistema de parlamentos, sin poderlos dominar jamás. Aún más, debe recordarse que en toda la historia de la Conquista de América por España, uno de los capitanes de más alta valía militar entre los que llegaron a. este continente fue Pedro de Valdivia, quien no era un simple soldado español. Había peleado en la guerra de Flandes y en Italia; había sido compañero del Marqués de Espínola, y paje de Felipe II. No era un hombre del montón en la vida peninsular, ése que vino a luchar a Chile contra el dominio del araucano, para someterlo. Y el gran Capitán Pedro de Valdivia entrega su vida en la Conquista: muere en la contienda con los naturales. No hay ningún caso en toda la historia de la conquista americana de algún Jefe de Estado que haya perecido en lucha con los indígenas. Varios murieron entre ellos, en guerras civiles: Almagro, Pizarro, Vaca de Castro, y otros más, en el Perú. Pero en confrontaciones con los aborígenes, Valdivia es uno de ellos. Y el segundo que murió en estas lides cayó en los campos de Arauco: fue don Martín García Oñez de Loyola, Gobernador que en la sublevación de Curalaba cayó luchando contra los araucanos. En la tierra nuestra y en la historia de la guerra de Arauco murieron estos dos altos gobernadores, representantes de España. Y estas muertes y lo que España gastó en la conquista de Arauco son más que todo lo invertido, en dinero y hombres, en la conquista emprendida por los españoles, sin lograrla. Allí está Arauco. Su gente la describió tan bien alguien muy vinculado a la grandeza de España. Si esta nación tiene valor especial en sus letras, es en parte gracias a Alonso de Ercilla, quien escribió el poema épico más importante de todas las literaturas romances. Y el tema de ese poema es también la lucha entre los pueblos español y araucano, éste en definitiva nunca sometido. La señala Ercilla en su poema: no fue a dominio extranjero sometido, ni por rey jamás regido. Contra él nunca pudieron luchar. Porque ese pueblo no tuvo la organización de Estado, ni siquiera la de pueblo, villa, aldea o ciudad; sus miembros vivían dispersos, se unían con motivos superiores, y para ellos el motivo más superior era el de su libertad. Tal vez por esto es por lo que en la sangre y el alma del pueblo chileno hay algo que une a todos sus integrantes cuando sienten que alguno de los aspectos relativos a la libertad puede estar en peligro. Para entenderse con los araucanos, España, por último, debió parlamentar; y se parlamentaba de igual a igual. Al finalizar el siglo XVI, pudo creerse tal vez que se había logrado la dominación de la Araucanía. Florecían algunas ciudades, como La Imperial en lo que hoy día es Carahue, Villarrica, Angol o Los Confines o Tucapel. Pero en 1600 la sublevación de Anganamón terminó con todas las ciudades ubicadas al sur del BíoBío, entre el BíoBío y Valdivia, e incluso Concepción y Valdivia, las dos únicas que España repobló posteriormente. Pero el territorio de Arauco no vuelve a organizarse sino bajo la autoridad o, mejor dicho, bajo la vida libre del araucano. Se produce la guerra de la Independencia. Y, astutamente, un día con uno y otro día con otro, el mapuche debilitó tanto al chileno como al español, ganando en ambos casos posibilidades para su propia independencia. Terminado el proceso de la independencia, la zona sur del país se vio asolada por la presencia de personajes siniestros, como Benavides y los Pincheira. Para sus hazañas, robos y asaltos, para su alma de bandidos, todos encontraron auxilio en los indios o se sintieron apoyados merced al mal uso que hicieron de la ignorancia de éstos para defender bastardos intereses. En aquellos años, el territorio chileno se extendía desde lo que la historia y la geografía llaman el Despoblado de Atacama hasta el extremo sur, hasta la unión de los océanos. Y la terra australis, más al sur del Estrecho de Magallanes, salvo las tierras que el rey donó primero a Sancho de la Hoz y más tarde a Valdivia, quedó dentro de la dependencia de Chile, en razón de los principios que en 1826 sellaron los países americanos y según los cuáles, en América no había res nullius y en los territorios debía aplicarse el principio del uti possidetis. Era el territorio nacional; pero si bien éste constituía una unidad continua, la nacionalidad no era algo continuado, estaba interrumpida. Del BíoBío al Valdivia la nacionalidad, la autoridad, la ley, la costumbre, las normas chilenas no regían. Allí imperaba la costumbre del mapuche; y sólo se aventuraba por esa región la autoridad del Gobierno cuando quería imponerse, apoyada por el Ejército, pero era resistida. Mientras el Ejército permanecía en la zona, había autoridad; desaparecido él, volvía a imperar la ley primitiva. Cuando en 1843 el Gobierno de Bulnes toma posesión del Estrecho; cuando en la década de 1850 la Presidencia de Montt extiende y amplía el dominio de Llanquihue y Osorno con la colonización alemana, se podía viajar por tierra desde la capital hasta Concepción; pero desde Talcahuano a Corral era indispensable trasladarse por mar. Nadie se aventuraba a viajar por tierra, pues no había seguridad. En todo caso, para usar la vía terrestre era preciso tener el visto bueno del mapuche y su compañía; y a veces ni siquiera esto otorgaba garantías a quien atravesara esas tierras. El país estaba dividido, y lo estuvo hasta hace pocos años: hasta 1881. En la época actual hay determinado número de personas, pequeño tal vez pero apreciable, que han pasado los 90 años de edad y que son contemporáneas del momento en que se incorporaron a la nacionalidad y a la soberanía esos territorios de Arauco. Eso es lo que hoy día deseaba recordar en forma muy especial: la incorporación definitiva de la Araucanía al territorio nacional en 1881. Y la quiero recordar porque, si bien la ocupación de la Araucanía decidida por el Gobierno se inició con la expedición del Ministro del Interior Manuel Recabarren en enero-febrero de 1881, la pacificación se logró con la toma de Villarrica el año 1883. Precisamente este año se están celebrando los 90 años del término de la ocupación de Villarrica. ¿Por qué se produjo ese hecho en 1881? El avance se fue haciendo paulatinamente, motivado por razones externas. Si bien la ciudad de Los Angeles, que queda un poco al norte de BíoBío y se fundó en el tiempo de la Colonia, permaneció sin ser destruida, y durante una época fue como el centro de la actividad hacia la Araucanía, la Línea del Malleco, que comprendía Angol, Collipulli y Curaco, sólo se emprende en 1862 a raíz de la presencia de ese personaje extraño, el rey de la Araucanía, quien, con su influencia, llegó a ganarse la confianza de los hombres de esa tierra, para proclamar posteriormente el reino de la Araucanía y de la Patagonia y convertirse en el primer monarca, con el nombre de Aurélie-Antoine 1er. Muchos pensaron que era un loco; pero tal vez no lo era tanto. Corría el siglo XIX. Era una época en que si las potencias y las naciones se sentían fuertes y capaces de dominar un territorio cuya soberanía era un poco discutida, lo hacían, y por cualquier medio. Y no es extraño que tras la persona de Monsieur de Tunant estuviera la influencia del Gobierno francés. Eso indujo a pensar en la necesidad de ocupar dichos territorios. Y por ese se avanzó en la Línea del Malleco, y después se avanzó hasta la del Traiguén. Pero el corazón de la Araucanía estaba entre el Traiguén y el Toltén. Era la zona del Cautín donde se hallaba el centro de la resistencia; era en los cerros del Ñielol, en la cordillera del Ñielol, donde se encontraba la principal fuerza del mapuche, no sólo en los tiempos de España, sino hasta fines del siglo pasado. En aquella época, en vista de la desorganización de esa región sureña, cuanto pillastre o bandido lograba escapar de la justicia desde el centro del país o se fugaba de las cárceles, a veces mediante buenas combinaciones, iba a internarse en la Araucanía para recibir ayuda del mapuche, a quien luego encabezaba en los malones, robos y asaltos. La ocupación de la Araucanía tiene por objeto terminar con ese cuadro existente en el país. Y en 1880, chilenos mal nacidos fueron a la región a mover a los indígenas, a levantarlos contra el fuerte de Traiguén, casi recién fundado. Y se basaban en que, por la falta de defensa militar que ocasionaba la guerra del Pacífico al concentrar la mayor parte del ejército chileno en el Norte, podían destruir toda la zona y retrotraer la situación de la Araucanía al período español. Fue así como en enero de 1881 ¡curiosa la coincidencia de fechas! prepararon un gran asalto contra Traiguén. Alrededor de dos mil lanzas o mocetones se reunieron para bordear la ciudad de Traiguén, y la asaltaron. Hubo resistencia de un pequeño grupo, formado por quienes se denominaban civiles movilizados; con oficiales con preparación militar y que estaban prestos a ir a la guerra del Pacífico. Pero el 15 y el 18 de enero de 1881 se sellaba la suerte de la guerra del Pacífico en Chorrillos y Miraflores. Entonces ya no era necesario seguir enviando ejércitos al Norte. Y el Gobierno de Aníbal Pinto decidió que los movilizados que se alistaban en Valparaíso y Santiago para intervenir en ese combate se embarcaran con rumbo a Angol, y desde allí a Traiguén, integrando una expedición que presidiría y dirigiría el Ministro del Interior Manuel Recabarren y cuyo objetivo sería internarse en la Araucanía, llegar a la Línea del Cautín y proceder de una vez por todas a la incorporación de aquélla a la nacionalidad chilena. Si me detuviera a comentar esa expedición, parecería escribir páginas de una gran novela. Sólo quiero que recordemos que de Traiguén a Temuco había que recorrer unos setenta kilómetros sin caminos, sin lugares habitados, sin pueblos, sin provisiones, sino sólo las que se llevaran, y sin otros medios de transporte que los que daba en ese tiempo la naturaleza: la carreta y el caballo. Si pudiéramos trasladarnos a esa época, veríamos una fila interminable de 380 carretas avanzando por la selva de Arauco, donde los principales soldados eran los hacheros que abrían camino para llevar en esos vehículos herramientas, víveres, armas, pólvora, municiones, tablas, zinc, hachas; en suma, todo lo que el hombre necesita en una expedición de esa naturaleza. ¡Dos mil personas caminando en esa forma! El 24 de febrero de 1881 se establecía el fuerte de Temuco en lo que hoy es el Regimiento Tucapel, base de la actual ciudad de Temuco. ¡Se ha ocupado la Araucanía! ¿Por qué se logra ocupar en esta forma, sin más asomos de resistencia, como los hubo en otro tiempo? Porque la expedición se realizó cumpliendo las normas concebidas antes por Cornelio Saavedra, Basilio Urrutia y Gregoria Urrutia, las mismas que en el período colonial habían establecido los Gobernadores Rivera y Sotomayor, que constituían la única manera de pacificar esos territorios: avanzando de manera que se fueran dejando, en distancias de no más de diez kilómetros entre uno y otro, fuertes con una dotación militar suficiente para que lentamente en torno de ellos se formara un pueblo y la vida urbana absorbiera la violencia de la condición bárbara del originario mapuche. Esto es lo que se hizo entonces. Además, era un ejemplar extraordinario la persona de Gregorio Urrutia, Coronel Jefe del Ejército del Sur, cuya sede para todas esas misiones era la ciudad de Angol. ¿Por qué es ello importante? Porque este hombre tuvo como norma, en el desarrollo de toda su acción y en su contacto con los mapuches, jamás cometer un engaño, jamás decir una mentira o algo que no fuera la palabra cierta de la autoridad. Ello le ganó la confianza de los mapuches, la que llegó a tal extremo que, continuamente, problemas que entre sí tenían miembros de diversas tribus iban a planteárselos a don Gregorio Urrutia y, en largos parlamentos, como solían hacerlo, y todos con el saludo de mano, como era costumbre, entregaban a su juicio la querella y se sometían a su resolución, pues siempre reconocieron en él al hombre que no los engañó. Señor Presidente, ¿qué sensación habrá experimentado la expedición que en 1883 organizó Urrutia para llegar a Villarrica, orillando el Toltén, al darse cuenta, al cabo de pocas horas de estar ahí, el 31 de diciembre de ese año, de que se encontraban en el mismo lugar en donde hacía 280 años, durante la dominación española, habían muerto los últimos defensores de la floreciente villa de Villarrica? ¡Llegaban justo 280 años después! Las calles del antiguo poblado se notaban por los restos de adobones que marcaban las viviendas. Se ubicaba perfectamente donde habían estado los edificios, tal vez, la iglesia y el cuartel. Robles gigantescos, centenarios 280 años, ocupaban esos espacios. Allí mismo se fundó la nueva Villarrica. La dominación de Arauco ha terminado. Chile ha querido incorporarlo a la nación. Nunca pretendieron, ni la autoridad central o local ni el ejército, su eliminación: abrieron los brazos para que, fraternalmente, pudieran fundirse chilenos y araucanos en una sola raza, en una sola familia, en esa zona. Así lo estimaron. Lento ha sido el proceso, porque nunca se lo abordó con decisión. Y de eso es responsable el Gobierno de la República, desde entonces hasta hoy. Tal vez, los frailes franciscanos, primero, y los capuchinos de origen bávaro, más tarde, a quienes rindo homenaje especial, hayan sido los únicos que efectivamente realizaron una labor civilizadora constante y sacrificada en medio de esa gente, con el ánimo de convertirla a la religión y a su fe, pero incorporándola; también a la vida civilizada del Occidente. Esa región del sur de Chile comprende cincuenta mil kilómetros cuadrados de superficie, cinco millones de hectáreas de tierra agrícola de la más importante del país. Su ocupación representó la continuidad de la nación chilena. De inmediato se hicieron grandes esfuerzos para que el ferrocarril, que primero llegaba a Renaico y Angol y después partía de Osorno a Puerto Montt, la cruzara de Norte a Sur, uniéndolo en esa región con el ferrocarril central y dando así al país, mediante esta red continuada, un nervio conductor de la vida y de la actividad. Hasta hoy, los campos de esa zona entregan a la nación entera, en forma permanente, pan, carne, leche. Y así deberá seguir, mientras el hombre sea capaz de entender la necesidad de conservar la tierra como una herencia, no sólo para hoy, sino para siempre, entregando a Chile gran porcentaje de sus productos alimenticios, como también la inmensa masa de riqueza maderera de sus bosques. En ese Sur cuyo centro es Temuco, que está por celebrar su primer centenario, la Araucanía está presente; y esa presencia de la Araucanía no es un hecho sólo de significación local. Está incorporada a la historia nacional y, por lo que dije en mis primeras palabras, incluso la siente como parte muy importante de su propia historia el pueblo español, por lo que de él quedó en la zona, en sangre y guerra, y por lo que de él quedó en la región en sus letras, ya sea en las cartas de Pedro de Valdivia o en los poemas de La Araucana de Ercilla o del Arauco Domado de Pedro de Oña, y otros. Pero la historia de Arauco y de La Frontera reclama del país una atención preferente para su vida. Esto es lo que creemos que debe dársele y prepararse con anticipación cuando se acerca el primer centenario en ocho años más de la ocupación definitiva de la Araucanía. Al considerar este hecho, y sintiendo nuestro compromiso con esa zona, lo hemos conversado largamente con nuestro colega el Senador señor Renán Fuentealba, con los Diputados por Cautín señores Sergio Merino y Pedro Alvarado, como también, en otras oportunidades, con los Diputados electos señor Víctor González Maertens, hijo de esa tierra, y Enrique Krauss. Con su colaboración he redactado un proyecto firmado por ellos y el que habla, que hoy he entregado a la Oficina de Partes de esta Corporación, tendiente a que algunas ideas se traduzcan en ley para celebrar ese centenario nacional de la Araucanía. El aporte que tanto Diputados como Senadores me han entregado está traducido en esa iniciativa. No es sólo el esfuerzo particular de quien habla. Es un trabajo colectivo, sujeto, por cierto, a perfeccionamiento. Ellos sólo quisieron darme la oportunidad de presentar el proyecto antes de que terminara el período de mi mandato de parlamentario, y de ocupar algunos minutos la atención del Senado para referirme a estos aspectos de la vida de la región de La Frontera, que nació como un fuerte militar y que se ha transformado en una pujante ciudad. La sola provincia de Cautín ha llegado a ser en la actualidad la cuarta de Chile en población y una de las primeras en la producción agrícola y ganadera. Pero no es sólo la provincia de Cautín. ¡Es la zona de La Frontera! Es Malleco y Cautín. Era la línea que dividía al país. Recuerdo que en mi época de muchacho, cuando recorría esa región o cuando me tocaba a veces ir de viaje de Concepción a Chillán, y circulaban por los trenes los inspectores anunciando las estaciones, al acercarse el tren a San Rosendo, ya sea desde Chillán o desde Concepción, aquéllos empezaban a vocear, después de la estación de Yumbel: Río Claro y Turquía; próxima, San Rosendo, transbordo a La Frontera. Esa era la voz que oyeron quienes viajaron en los trenes de nuestro país hasta, más o menos, 1930: Transbordo a La Frontera. Significaba entrar a otro mundo; ese mundo que el país descuidó durante largo tiempo, pero que hoy, sintiéndose entrar a la mayoría de edad, al estar por cumplir su primer siglo de existencia, no reclama ya como el niño, sino que busca, como el hombre en plena madurez, la atención del país para que restañe las heridas que el tiempo ha dejado en esa zona postergándola y para que sus hombres ocupen el lugar que en ella les corresponde, porque para ellos es la tierra, la escuela, la guardia, el ejército, el correo, la salud. El hombre chileno de La Frontera es igual al de las otras regiones, pero, por razones de la historia, ingresó tarde al proceso de la civilización, proceso al que otros en el mismo territorio se le adelantaron, en 300 años o más. Ese hombre quiere recorrer el camino en menos tiempo, saltar un poco para ponerse a tono con el resto. Y busca, por medio de ese proyecto relativo a la celebración del centenario, el aporte de la nación, que lo espera generoso, porque no entiende que se celebre el primer centenario de esos acontecimientos como una cosa exclusivamente local aunque será también local, sino como un hecho que importa a la salud de la República, que importa a la nación. Señor Presidente, con estas palabras, desde esta tribuna del Senado, rindo esta noche un homenaje de gratitud a esa zona de La Frontera, en la cual me he arraigado durante los últimos veinticinco años de mi vida, donde entregué algunos años en la formación y educación de la juventud y en la que espero, Dios mediante, si la Providencia no dispone otra cosa, dejar mis huesos un día. Quiero rendir a esa región, brava, dura, firme, heroica, chilena, el homenaje que se le debe dentro de nuestra historia nacional, por lo que ella ha aportado, por lo que ella significa, por lo que en ella la historia patria ha escrito. Este homenaje a La Frontera lo hago extensivo a sus hombres: mapuches y chilenos, sin olvidar, por cierto, a aquellos extranjeros que, a partir de 1883, cuando todavía no estaba pacificada la Araucanía alemanes, franceses, suizos, vascos españoles y franceses llegaron allí en calidad de colonos. En 1885 se habían radicado ya en la zona 3.981 extranjeros, que configuraban 922 familias, que se sumaron al esfuerzo colonizador, se mezclaron con el hombre de la tierra y formaron un equipo, un conjunto humano capaz de progresar. Y, en realidad, cuando uno mira el progreso que alcanzaron esas regiones, tiene que reaccionar con orgullo y, a la vez, con pena: con orgullo, porque la obra realizada es fruto fundamental del esfuerzo directo de los habitantes; con pena, porque el esfuerzo de éstos no siempre ha tenido respuesta del Gobierno para convertir en realidad la obligación que con ellos tiene el país; incluso, en cierto modo, la de tender la mano con mayor generosidad al niño que nació en 1881, para incorporarlo a la vida de la nación, y al que no se dio ese trato que hoy legítimamente reclama. Por Arauco, por La Frontera de Chile que es Malleco y Cautín que no es la de límites entre países, sino que es como una frontera que nos está invitando a conquistar una zona, a que la incorporemos efectivamente a la historia de Chile, a su progreso, a la salud, al porvenir, al trabajo, he levantado esta tarde mi voz en el Senado. VII INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor REYES (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son las siguientes: Del señor Acuña: CALIDAD DE ESTABLECIMIENTO FISCAL DE ESCUELA Nº138 DE CURACO (OSORNO) Al señor Ministro de Educación Pública, para que se considere, con carácter de urgente, la creación, como establecimiento fiscal, de la Escuela Particular Nº 138, Curaco, en la provincia de Osorno. Para tales efectos los vecinos, todos pequeños y medianos agricultores, donaron en su oportunidad el terreno necesario. Aún más, debe señalarse en la citada nota que por oficio 2.199, del 6 de octubre de 1971, la Dirección Provincial de Educación Primaria de Osorno elevó a la superioridad todos los antecedentes del caso, sin que los interesados, vale decir la comunidad de Curaco, hayan tenido respuesta alguna. Por otra parte, los vecinos, con ingentes sacrificios por sus condiciones económicas, realizaron beneficios y adquirieron tablas y zinc. La Escuela Particular Nº 138 tiene en funciones seis cursos. Urge en consecuencia un pronunciamiento del Ministerio de Educación. PASO BAJO NIVEL EN CRUCE FERROVIARIO EN FRUTILLAR ALTO (LLANQUIHUE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, haciéndole presente la urgencia que existe en construir un paso bajo nivel en la línea de ferrocarriles cruce sur, en Frutillar Alto, provincia de. Llanquihue. Los fondos para financiar esta importante obra deberán ser entregados por la Dirección de Vialidad, según los estudios realizados por los técnicos de ese Ministerio, que incluso aprobaron los planos para un paso bajo nivel, en la citada localidad. Es urgente e imperiosa la necesidad de construir ese paso bajo nivel en razón de que día a día aumenta la circulación de vehículos motorizados, que deben cruzar sobre tres líneas férreas, lo que indudablemente constituye un peligro permanente para sus conductores. Del señor Aylwin: DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASTQUETBOL EN HUALAÑE (CURICO). Al señor Director de Ferrocarriles del Estado, solicitándole la donación de 4 rieles de 10 metros, que se necesitan de soporte para la iluminación de la cancha de básquetbol de la Escuela Nº 8 de Mataquito, comuna de Hualañé, provincia de Curicó, construcción que se hizo con el esfuerzo de la comunidad del lugar. Del señor Carmona: DEROGACIÓN DE RESOLUCION Nº255 DE DIRINCO. Al señor Ministro de Economía, solicitándole solución al problema planteado por la Asociación de Agricultores de Arica. El Diario Oficial del 29 de marzo del presente año publicó la Resolución Nº 255, de la Dirección de Industria y Comercio, mediante la cual se prohíbe el transporte y traslado de aceitunas y orégano, sin guía de libre tránsito. Para otorgar este certificado, SOCOAGRO procede a la revisión de los barriles y si comprueba que las aceitunas poseen un calibre superior a los 19 mm. de circunsferencia, procede a su retención por considerar que dicho tamaño es producto de exportación, obligando al productor a vender sus productos a este único poder comprador, que se convierte, automáticamente, en monopolio, ya que el 98% de las aceitunas proveniente de los valles del departamento de Arica, tienen este calibre. Por otra parte, la inclusión de la comercialización de orégano perjudica gravemente a pequeños agricultores de los valles interiores, ubicados a alturas superiores a los 3.000 metros. Es preciso destacar que esta medida está sembrando desaliento entre los productores de la zona, pues consideran que el problema del agro en Arica no es solamente de función exportadora, sino que además tiene aparejados candentes problemas que dicen relación con repuestos, importación de equipos, carencia de abonos adecuados para la calidad de suelos de la región, plagas y múltiples pequeños detalles que hasta hoy han sido subsanados únicamente con la fe y buena voluntad patriótica de los componentes de la Asociación de Agricultores de Arica, quienes sostienen que dicha Resolución es ilegal por cuanto el decreto Nº 277 de 22 de febrero de 1964 no menciona en ninguna de sus partes como artículos de primera necesidad a estos dos productos. Por considerar que esta medida es injusta, atentatoria para la economía de los agricultores y sienta un precedente nefasto para el ejercicio de la libertad de comercio contemplada en nuestra Carta Fundamental, ruego al señor Ministro reconsiderar esta medida y proceder, en consecuencia, a la derogación de la Resolución Nº 255. DEFICIENTE RECEPCION EN TRANSMISIONES DE CANAL NACIONAL EN TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). Al señor Presidente de Televisión Nacional de Chile, solicitándole solución al problema que preocupa a la ciudad, de Tocopilla y en especial a su Ilustre Municipalidad. Desde el 29 de septiembre del año pasado, fecha en que fue inaugurada la Torre Repetidora de Televisión en esa ciudad, las transmisiones se han estado recibiendo en forma muy deficiente, situación que ha hecho crisis en estos últimos meses, pues la imagen, en reiteradas oportunidades, desaparece totalmente de la pantalla receptora. El malestar ha aumentado aún más entre los habitantes de esta zona, debido al interés que han despertado las transmisiones de los encuentros que sostiene el equipo de Colo-Colo (Copa Libertadores de América) y los que sostendrá la Selección de Chile con motivo de las eliminatorias del Campeonato Mundial de fútbol. El pueblo en general se apresta a iniciar un movimiento de protesta con el objeto de que se tomen las providencias del caso para normalizar las transmisiones del canal de televisión. Como los eventos señalados se realizarán dentro de pocos días, mucho agradeceré al señor Presidente de Televisión Nacional enviar un equipo técnico a la ciudad de Tocopilla a fin de subsanar las deficiencias que acusa la Torre Repetidora, la cual fue adquirida gracias a un importante aporte económico de su pueblo. Del señor Foncea: REPOSICION DE ALUMBRADO EN ESTADIO FISCAL DE TALCA. Al señor Director de Arquitectura, a fin de que, como Presidente de la Comisión de Obras de los Juegos Panamericanos y con cargo a los recursos de que dispondrá, interponga sus buenos oficios para que se reponga a la brevedad posible la iluminación en el Estadio Fiscal de Talca. Cabe hacer presente que, a raíz de la construcción de las tribunas y graderías en dicho campo deportivo, fueron retiradas las torres de iluminación con el compromiso de restablecerlas inmediatamente concluidas las obras. Sin embargo, a pesar de que ello ocurrió hace más de dos años, la iluminación aún no ha sido repuesta, lo que perjudica enormemente el desarrollo de las actividades deportivas de Talca. Del señor Fuentealba: PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO SOBRE PENSION DE GRACIA PARA DON JUAN DE LA CRUZ VEGA CONTRERAS. A Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que se sirva conceder el patrocinio constitucional necesario para tramitar un proyecto de ley que concede pensión por gracia a don Juan de la Cruz Vega Contreras. Por oficio del Senado de fecha 20 de septiembre de 1971 (Nº 11.689), se envió el respectivo proyecto al Ejecutivo, y, por oficio Nº 13.598, del 10 de julio de 1972, se acompañaron los documentos exigidos por el decreto supremo 123 del Ministerio de Hacienda, para dar curso a proyectos de esta naturaleza. PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR LA ANEF PROVINCIAL DE BIOBIO Y POR EL COMANDO UNIDO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ESA PROVINCIA. Al Poder Ejecutivo, a fin de que se sirva patrocinar el proyecto de ley que ha sido sometido a su consideración por la ANEF Provincial de BíoBío y por el Comando Unido de Trabajadores Municipales de la provincia. MEJORAMIENTO ECONOMICO A PERSONAL EN RETIRO DE CAPRECA. Al señor Ministro de Hacienda, a fin de considerar un mejoramiento económico al personal en retiro de CAPRECA, en el sentido de: a) Que se les incluya en los beneficios de asignación de zona, ya que actualmente ella sólo es para el servicio activo; b) Que se les otorgue asignación de casa de acuerdo a la ley 17.638, de 7. IV. 1972, tal como lo tenían antes del año 1954, y c) Que se les otorgue una bonificación profesional de acuerdo a los años de servicio que tengan. TREN LOCAL ENTRE VICTORIA Y TEMUCO. Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de estudiar la posibilidad de disponer de un tren local entre las ciudades de Victoria y Temuco con escala en Púa, Perquenco, Quillón, Lautaro, Pillanlelbún y Cajón, ya que sin dicho medio queda una enorme cantidad de estudiantes y particulares, sin poder llegar a sus colegios y lugares de trabajo. Todo esto debido a que la movilización colectiva rural no alcanza a satisfacer esta necesidad con las pocas máquinas con que cuenta, lo que hace indispensable el tren local. Del señor Hamilton: CREACION DE SUBAGENCIA DE ECA Y DEL BANCO DEL ESTADO EN QUEILEN (CHILOE). Al señor Vicepresidente de ECA y al presidente del Banco del Estado solicitándole la creación de una subagencia de ECA y al mismo tiempo la instalación de una subagencia del Banco del Estado en la localidad de Queilén, transmitiéndole el siguiente telegrama: Seiscientos agricultores esta comuna solicitamos Uds. gestionen brevedad subagencia ECA motivo abusos comerciantes ésta punto mismo tiempo creación Subagencia Banco del Estado. Atte. Manuel Pérez Presidente Regional Guido Cárdenas Secretario. Del señor Jerez: INCLUSION EN CONVOCATORIA DE PROYECTO QUE MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LA LEY 17.276. A su Excelencia el Presidente de la República, para que se sirva incluir entre las materias en que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual período extraordinario de sesiones, el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la ley Nº 17.276, con el objeto de garantizar que un jugador de fútbol profesional transferido a una institución extranjera quede a disposición de los organismos deportivos competentes para integrar los equipos chilenos que participan en competencias internacionales. Adjunto el boletín respectivo (Nº 26.487). EMIGRACION DE PROFESIONALES CHILENOS ENTRE 1970 Y 1972 Al Ministro Director de Planificación Nacional Gonzalo Martner, a fin de que se sirva indicarme la cantidad de profesionales chilenos de distintas especialidades, que según vuestros antecedentes, han emigrado de Chile en los años 1970, 1971 y 1972 e incluso la de aquellos que hayan sido becados o contratados por organismos internacionales, particulares o Gobiernos. A fin de tener un cabal conocimiento de esta situación le ruego, en lo posible, indicar las respectivas profesiones, especificando las razones por las cuales el profesional ha dejado el país. Del señor Morales Adriasola: INFORMACION SOBRE NOTIFICACION DE DISOLUCION DE SINDICATO DE TAXISTAS DE ANCUD. Al señor Ministro del Interior, con el objeto de que proporcione una información respecto al problema que afecta al Sindicato de Taxistas de Ancud, entidad que ha sido notificada de su disolución por parte de la Inspección Provincial del Trabajo aduciendo como causal el hecho de estar integrados a él trece funcionarios públicos que fueron los fundadores de dicho organismo en 1967. A este respecto cabe hacer presente que la referida situación es similar a la de muchos otros sindicatos existentes en el país. Además existe la circunstancia de que incluso el Sindicato afectado cuenta con personalidad jurídica. Con fecha reciente el Sindicato de Taxistas de Ancud ha hecho llegar la comunicación telegráfica que a continuación se transcribe, denunciando la medida aplicada en su contra: Comunicamos a Ud. que por Oficio número 258 Inspección Provincial del Trabajo Ancud dictó resolución ordenando expulsión socios empleados del Sindicato Taxista Ancud desconociéndose acuerdo verbal en el sentido que Dirección General del Trabajo dictara resolución definitiva sobre la situación legal este Sindicato y derechos de socios empleados de pertenecer a él Pto rogamos su preocupación para solución favorable sobre esta materia. REQUERIMIENTO A LA CORTE SUPREMA POR INJURIAS, CALUMNIAS Y DIFAMACION AL SENADOR MORALES ADRIASOLA POR PARTE DE RADIO PUDETO, DE ANCUD (CHILOE). Al Presidente de la Corte Suprema, con el objeto de que se le reitere a la Corte de Apelaciones de Valdivia el requerimiento formulado por el Senador de la República, que suscribe, por injurias, calumnias y difamación, en contra de los responsables de la audición transmitida por Radio Pudeto de Ancud con fecha 19 de diciembre de 1972, aproximadamente, a las 12,30 horas, programa de exclusiva responsabilidad del Partido Comunista. NOMINA DE CIUDADANOS PARAGUAYOS INGRESADOS A CHILE DESDE 1969. A la Dirección General de Investigaciones con el objeto de que se proporcione la nómina de los ciudadanos paraguayos que han ingresado a Chile desde el año 1969 hasta la fecha. Del señor Moreno: MEJORAMIENTO DE CAMINO EN RANCAGUA (O´HIGGINS). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole realizar las gestiones necesarias a fin de que se proceda a ripiar el camino que une a los Asentamientos San Ramón y La Gonzalina, de la comuna de Rancagua, provincia de O´Higgins, solucionando con ello un grave problema que afecta a dichos asentamientos. Del señor Ochagavía: INVESTIGACION SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS EN VILLA MAÑIHUALES (AISEN). Al señor Ministro del Interior solicitándole a la Dirección de Correos y Telégrafos que instruya una investigación sobre los Servicios de Correos y Telégrafos de la localidad de Villa Mañihuales, en la provincia de Aisén, ya que según antecedentes que obran en mi poder esta oficina no estaría atendida en forma eficiente ni continua. Incluso el telégrafo estaría parado ya que el empleado a cargo de ella no cumple con sus funciones. Del señor Pablo: TITULOS DE DOMINIO EN REDUCCION INDIGENA IGNACIO MALIPAN (ARAUCO). Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que tenga a bien disponer dar el máximo de agilidad al trámite, de otorgamiento de títulos de dominio a que tienen derecho los habitantes de la Reducción Indígena Ignacio Malipán en la localidad de Elicura, provincia de Arauco, departamento de Cañete. Como lo expresara en anterior petición de oficio, esta diligencia lleva ya más de 8 años, sin que los interesados puedan ver cristalizadas sus justas aspiraciones, a la que la ley les da pleno derecho, por lo demás. Esta situación es posible causa de inquietud y de problemas con los miembros de la reducción que ven en la demora una mala intención visible de parte de las autoridades, lo que en cierta forma se justificaría. Del señor Silva Ulloa: RESULTADO DE INTERVENCION DE SOCIEDAD COOPERATIVA PORVENIR LTDA., DE SANTIAGO. Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole informar sobre los resultados alcanzados con la intervención de la Sociedad Cooperativa Porvenir Ltda., de Santiago, especialmente sobre las posibilidades de devolución de aportes hechos por personas interesadas en importar automóviles para servicio de alquiler. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICARON LA DICTACION DE LA RESOLUCION Nº255, DE DIRENCO. Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole se sirva proporcionar los antecedentes que justificaron la dictación de la Resolución Nº 255, de 28 de marzo de 1973, de la Dirección General de Industria y Comercio, y, en especial, lo relacionado con la forma en que se atenderá el consumo interno de aceitunas y orégano. AGENCIA DE CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL EN IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole que se sirva informar si existen posibilidades de instalar en Iquique una agencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, problema sobre el cual existen facultades contempladas en el artículo 49 de la ley Nº 15.668, de 31 de agosto de 1964. Hago presente que la creación de esa agencia la solicitan con insistencia los pensionados y montepiados de la referida Caja. SITUACION DE PLIEGO DE PETICIONES DE TREABAJADORES DE INESA LTDA. Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole informar sobre el estado en que se encuentra el pliego de peticiones presentado por los trabajadores de la firma International Enginering Services for Latin America Ltda. INESA LTDA., constructora de la Planta de Filtros de Calama, obra que ejecuta por administración delegada. Además, el infrascrito estima de justicia convenir un sistema de indemnización por término de faenas. PERSONALIDAD JURIDICA A SINDICATO PROFESIONAL DE DISIPADORES Y CAPATACES DE LA COMPAÑÍA CARBONIFERA COLICO SUR, DE CURANILAHUE Y SINDICATO PROFESIONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE HONSA, DE EL LOA. Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitándole se sirva informar las causas que ha impedido cursar la solicitud de personalidad jurídica del Sindicato Profesional de Disparadores y Capataces de la Compañía Carbonífera Cólico Sur, S. A., de Curanilahue, cuyos antecedentes completos fueron enviados por la Dirección del Trabajo con Oficio Nº 11.078, de 11 de diciembre de 1971. En igual forma, se desea conocer las razones de que esté pendiente la solicitud de personalidad jurídica del Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de HONSA, del departamento de El Loa. ABASTECIMIENTO DE CEMENTO PARA LA ZONA NORTE. Al señor Subsecretario de Transportes, solicitándole que se sirva adoptar las medidas que permitan un normal abastecimiento de cemento en la zona Norte del país, debido a que la barcaza de EMPREMAR que se dedicaba a este flete ha sido destinada al transporte de carbón y a que las obras que se realizan en Tarapacá y Antofagasta están amenazadas de paralización por falta de cemento. EMBALADORES DE AGENCIAS NAVIERAS Y RAMOS SIMILARES DE ANTOFAGASTA. Al señor Director de la Dirección General del Trabajo, solicitándole informar sobre las causas que han impedido fijar la planta pedida por el Sindicato Profesional de Embaladores de Agencias Navieras y Ramos Similares de Antofagasta; y, además, que a la brevedad posible se fije la planta señalada. PERSONALIDAD JURIDICA A DIVERSOS SINDICATOS. Al señor Director General del Trabajo, solicitándole se sirva informar el estado en que se encuentran las solicitudes de personalidad jurídica de los sindicatos que indico a continuación y las causas que justifican que no se hayan cursado: a) Sindicato Profesional de Carpinteros de la Compañía Carbonífera Colico Sur S. A.; b) Sindicato Profesional de Empleados Supervisores de Mandos Medios de la Sociedad Química y Minera de Chile, Oficina Salitrera Pedro de Valdivia; c) Sindicato Profesional de Empleados Particulares de Empresas Pesqueras, de Tocopilla; d) Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de Grace & Compañía Chile S. A., Antofagasta; e) Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Extranjeras de Tocopilla; f) Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de Maestranza de la Empresa Constructora Foram y Compañía Limitada, de Calama; g) Sindicato Profesional de Productores de Hortaliza, Iquique; h) Sindicato Profesional de Panificadores y Ramos Similares, de Curicó; i) Sindicato Profesional de Pequeños Comerciantes Establecidos y Quioskos, Oficina Salitrera Pedro de Valdivia; j) Sindicato Profesional de Pescadores, de Mejillones, y k) Sindicato Profesional de Supervisores de la Compañía Minera de Tocopilla. SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN COLEGIO DE TECNICOS DE CHILE. Al señor Presidente del Colegio de Técnicos de Chile, solicitándole informar sobre el estado en que se encuentran las solicitudes de inscripción, pendientes desde el año 1970, de las siguientes personas: Julio Acori Zamora, Hugo Aliaga Flores, Marcelino Alvarez Cepeda, Luis Araya Soza, Héctor Areyüna Morales, Luis Arqueros. Acevedo, Sergio Berríos Aguirre, Lino Contreras Nogales, Héctor Gómez Carvajal, Manuel Gómez Carvajal, Guillermo González Araya, Matías Guerra Ramírez, Tucapel Hernández Yapor, Jorge Huerta Jollares, Pedro Morales Salazar, Samuel Núñez Núñez, Carlos Portilla Yáñez, Washington Ramírez Justiniano, Luis Retamales Molina, Guillermo Riveros Fernández, Ciro Salas Cegovia, Rodolfo Seura Huanchicay y Nicolás Soza Chávez. ATRASO EN TRAMITACION DE SOLICITUD DE JUBILACION DE DON ABRAHAM GUZMAN ROJO. Al señor Director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, solicitándole informar sobre las razones que existen para que la solicitud de jubilación presentada por don Abraham Guzmán Rojo hace más de, dos años aún no se finiquite, naturalmente con evidentes perjuicios para el trabajador. INSCRIPCION DE IMPONENTES MUNICIPALES PARA ADQUIRIR DEPARTAMENTOS EN REMODELACION EL MORRO, DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales, solicitándole que se sirva informar lo siguiente: 1º Fecha en que se llamó a inscripción a los imponentes interesados en adquirir departamentos en la Remodelación El Morro, de Iquique, y fecha y diarios en que se publicó dicho llamado. 2º Nómina de los imponentes que postularon, con indicación de puntaje logrado por cada uno. AGENCIA DE LA CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL EN IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, solicitando que se sirva informar si existen posibilidades de instalar en Iquique una agencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, problema sobre el que existen facultades contempladas en el artículo 4º de la ley Nº 15.668, de 31 de agosto de 1964. Hago presente que la creación de esa agencia la solicitan con insistencia los pensionados y montepiados de la referida Caja. PRIORIDAD PARA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LICEO DE HOMBRES DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, solicitándole informar si se respetará prioridad a la tercera etapa en la construcción del Liceo de Hombres de Iquique, prometida por el señor Presidente de la República al alumnado el año 1972. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIXTA DE ANTOFAGASTA. Al señor Director de Educación Profesional, solicitándole se sirva dar certificado de las notas obtenidas por la señorita María Elena Cifuentes Rojas, en 1º y 2º Año Profesional cursados en 1966 y 1967, respectivamente, y de las notas de presentación y de los exámenes que rindió el año 1971. Del señor Valente: ALZA EN SERVICIOS TELEFONICOS DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). Al Ministro del Interior, en los siguientes términos: He recibido de la Cámara de Comercio de Tocopilla copia de un oficio al señor Ministro en el que exponen la difícil situación que se crearía a los usuarios de teléfonos por el alza de tarifas que ha solicitado la Compañía. Manifiestan que el nuevo tarifado propuesto es muy elevado y que su aplicación causaría dificultades imprevisibles, ya que los valores consignados en la petición de la empresa deben todavía ser recargados con los impuestos correspondientes. La Cámara de Comercio señala que está consciente de la necesidad de un alza de estas tarifas: primero, porque los costos en general han sufrido un alza de consideración y, segundo, porque las actuales tarifas son baratas en relación a otros servicios de utilidad pública. Estiman, sin embargo, que el reajuste de precios debe ser moderado y de acuerdo a las posibilidades especialmente del comercio y de los particulares de provincias que no tienen los ingresos de sus similares del centro del país o de las ciudades cabeceras de provincias, a lo menos. Agradeceré acoger la petición de la Cámara Marítima de Tocopilla y disponer, si lo tiene a bien, un reestudio de las tarifas propuestas, escuchando la opinión de los sectores de Tocopilla a través de la Gobernación Departamental. INSTALACION DE INDUSTRIA CONSERVERA EN ARICA (TARAPACA). Al señor Ministro de Economía, Fomentó y Reconstrucción, en los siguientes términos: Tengo el agrado de enviarle una copia del anteproyecto de instalación de una industria conservera en Arica, tomando como base las instalaciones actuales de la Industria Pesquera Guanaye, de esa ciudad. El anteproyecto consigna la instalación de una planta enlatadora de pescados y mariscos, lo que permitiría, aprovechando las actuales intalaciones de Pesquera Guánaye, diversificar la producción, aprovechar en mejor forma la estructura industrial, ofrecer mano de obra especialmente a un importante contingente de mujeres e ir resolviendo paulatinamente la obligada paralización de esta actividad en la zona cuando falta la materia prima para la elaboración de harina y aceite de pescado. El proyecto plantea la fabricación, en primera fase, de 30 mil cajas anuales de conservas con especies que se capturan a cortas distancias en la zona costera de Arica; la presencia casi constante de la sardina, del jurel, la cojinova y el bonito, y la abundancia de machas, aseguran una producción permanente, con un abastecimiento de materia prima también sostenido. El proyecto que remito contiene numerosas especificaciones técnicas de inversiones, cálculos de rentabilidad, estimación de la materia prima necesaria, etcétera. Es un estudio muy completo, cuya factibilidad queda comprobada por los propios datos consignados en el anteproyecto. PROBLEMA HABITACIONAL DE SUBOFICIALES EN POBLACION MANUEL RODRIGUEZ DE IQUIQUE (TARAPACA). Al Ministro de Defensa Nacional, en los siguientes términos: Alrededor de 50 familias de suboficiales viven en la Población Manuel Rodríguez, de Iquique. Algunos de estos funcionarios están jubilados y otros en actividad. Han solicitado la venta de las casas que ocupan por vivir en ellas más de 10 años y haber introducido mejoras importantes casi iguales al valor de las viviendas. Dicha población pertenece al Ministerio de Defensa Nacional y sus ocupantes sirven en la Fuerza Aérea de Chile. Es una población muy alejada de los recintos militares y no está catalogada como tal. Recientemente, el personal jubilado ha recibido la notificación de que deben abandonar las casas creándoseles un problema muy agudo ya que estas familias no tendrían donde vivir, pues, debido a que ocupan tantos años esas viviendas, no tienen antigüedad como ahorrantes ni el ahorro previo para postular a una casa del Ministerio de la Vivienda. Tampoco pueden optar a casas construidas por el Instituto Previsional al que pertenecen debido a que la Caja no tiene planes de construcciones en Iquique. Todo ello ha causado profundo desaliento en un importante grupo de ex servidores y de sus familias. Los ocupantes de esas casas han pedido la venta de ellas de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 3º de la ley Nº 17.663 estimando el suscrito justo este procedimiento y la petición de compra. Agradeceré al señor Ministro se sirva, si lo tiene a bien, disponer que se suspendan las notificaciones de desalojo .de las familias afectadas y se acoja, en cambio, la petición para que les sean vendió das las viviendas a sus actuales ocupantes sean pasivos o activos. PROBLEMAS EN CONSTRUCCION DE PLANTA DE FILTROS EN CALAMA (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: Hace algún tiempo solicité al señor Ministro la intervención del Ministerio a su cargo para que se normalizaran los trabajos de la construcción de la Planta de Fiaros en Calama, dando razones fundadas para proceder, debido al atraso que experimenta esa obra. Hoy he recibido copia de una carta que los delegados de los obreros de esa construcción han enviado al Presidente de la República, doctor Salvador Allende, exponiendo los problemas que afectan a los trabajos de la planta. En resumen, los planteamientos de los trabajadores son los siguientes: 1.- Atraso excesivo en la llegada a la zona de los materiales para la terminación de las obras; 2.- Falta de un equipo de grúas para acelerar el montaje de la maquinaria. Actualmente, el trabajo se hace en forma muy rudimentaria, con los consiguientes retrasos en la actividad; 3.- Existe atraso en el pago de las imposiciones previsionales de los obreros y empleados. La deuda asciende a Eº 2.600.000, y afecta a 15 empicados y 120 obreros. El atraso en sus libretas de seguro impide a los trabajadores que se enferman obtener los beneficios de subsidios y otros que entrega el Servicio Nacional de Salud. Los trabajadores han señalado que cada vez que se remite una remesa, ésta llega recortada, disminuida, lo que no sólo no soluciona el problema de pagos, sino que agrava la situación, por los remanentes insolutos que van quedando. La Planta de Filtros está siendo construida, por contrato de administración delegada, por la firma International Engineering Services for Latin America Ltda., I. N. E. S. A. Ruego al señor Ministro disponer que la Dirección de Obras Sanitarias normalice la situación planteada para que la obra pueda ser terminada sin mayores contratiempos. Incluyo copia de la carta dirigida por los trabajadores al señor Presidente de la República. OBRAS CAMINERAS Y ESCOLARES EN COPAQUIRI Y HUATACONDO (TARAPACA). Al señor Ministro de Obras Públicas, en los siguientes términos: He recibido un memorándum de los vecinos de los pueblos de Copaquiri y Huatacondo, en el departamento de Iquique. En ellos me plantean diversos problemas atingentes a ese Ministerio, que me permito detallar a continuación, rogándole darles solución: 1.- Camino carretero. Desde la Carretera Panamericana al pueblo de Huatacondo existe un camino que está en regulares condiciones. Hay diversos tramos, como el denominado Mal Paso, que necesitan de una reparación y ensanchamiento urgente, pues revisten peligrosidad para quienes transitan por ellos. Desde Huatacondo a Copaquiri no hay camino. El trayecto era efectuado por los pequeños campesinos del lugar por un sendero que desapareció por las avenidas de las aguas provenientes del invierno boliviano. Es preciso arreglar el camino a Huatacondo y trazar uno nuevo a Copaquiri para que quede a salvo de las avenidas de enero y febrero. Los pequeños agricultores de ambos pueblos utilizan ese único trayecto para sacar sus productos hacia los mercados de Iquique, María Elena y Pedro de Valdivia. 2.- Casa para director de escuela. Los vecinos están agradecidos del Gobierno Popular que les construyó una moderna escuela. Las condiciones de estudio, ahora, son mucho mejores que antes. Los niños llegan a una escuela bien dotada, limpia, acogedora. Sin embargo, se construyó la escuela con casa para el Director, quien ocupa la parte destinada a habitación, pero no se consideró la situación de la profesora que sirve en esa escuela, cuyo domicilio es Iquique, pero que trabaja todo el año escolar en Huatacondo, donde vive con sus tres hijos. La profesora ocupa ahora una casa de muros agrietados, de mala calidad, peligrosa, debido a los continuos temblores que son característicos en la zona. La solución está en la construcción de un par de piezas con sus correspondientes servicios, con un gasto bajo y poco significativo. Agradeceré al señor Ministro disponer que se dé atención a los problemas planteados en la presente. AYUDA CREDITICIA Y TECNICA PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de Agricultura, para exponerle lo siguiente: Al sureste de Iquique hay dos pueblos cuyos habitantes se dedican a la agricultura y a la crianza de conejos, cerdos, aves, corderos, etcétera. Tienen, sin embargo, diversos problemas que pueden ser fácilmente resueltos si cuentan con la ayuda de los organismos dependientes de ese Ministerio. Enumero los problemas: 1.- Ayuda, crediticia. Las avenidas de agua provenientes del invierno boliviano destruyeron los pastizales y otros cultivos. No han logrado reponerlos debido a que no han recibido ayuda en créditos, elementos, materiales. La situación se agrava por la aparición de plagas de ratones que destrozan todo cultivo incipiente, con daños considerables para los modestos campesinos, lo que aconseja iniciar una campaña de exterminio de esos roedores. 2.- Ampliación de áreas cultivables y regadío. Se necesita ampliar el área cultivable en estos pueblos y asegurar el aprovechamiento del agua canalizando acequias y prolongando esta canalización. Tanto Huatacondo como Copaquiri pueden convertirse en importantes centros de producción agrícola y frutícola para abastecer la zona de estos productos. Para aumentar, asimismo, la producción de ganado menor, aves y otros productos cárneos, se requiere asegurar a los pequeños agricultores una cuota permanente de alimentos para aves y porcinos ya que carecen de estos productos. Es conveniente que INDAP asesore a los pequeños agricultores en sus planes de expansión agropecuaria. GRUPO HABITACIONAL PARA OBREROS MUNICIPALES DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro del Trabajo y previsión Social, en los siguientes términos: Hace alrededor de tres años la Unión Comunal de Obreros Municipales de Iquique solicitó a la Caja de Previsión que convenga con la Corporación de la Vivienda la construcción de un Grupo Habitacional para sus imponentes de esa ciudad. Se trata de 31 obreros de la Municipalidad de Iquique, sin vivienda propia, con los requisitos para obtener una asignación, que han solicitado a la Oficina de Bienes Nacionales de esa ciudad la destinación de un lote de terreno en el sector Playa Brava para levantar su población. Se han propuesto, además, para acelerar la construcción de sus casas, la formación de una Cooperativa de Viviendas, iniciando los trámites para concretar sus anhelos. Deseo solicitar al señor Ministro que se sirva solicitar al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de los Obreros Municipales la concertación de un convenio con la Corporación de la Vivienda u otro organismo dependiente de este Ministerio, con el objeto de buscar una pronta y efectiva solución al problema de los obreros municipales de Iquique. DERECHOS DE CHOFERES Y AUXILIARES DE BUSES INTERCOMUNALES E INTERPROVINCIALES. Al Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: Hace algunos meses, el país fue conmovido por un accidente de tránsito ocurrido en el cruce del camino a Calama y la Carretera Panamericana, en el que perdieron la vida numerosos compatriotas. Los familiares de las víctimas atraviesan en estos momentos por una situación angustiosa. Se ha comprobado también la absoluta orfandad de protección legal que afecta a los choferes, auxiliares y ayudantes de estos vehículos, especialmente en lo relativo al seguro contra accidentes. En su calidad de imponentes, estos trabajadores perciben los beneficios de la Caja de Previsión correspondiente. Sin embargo, esa ayuda es insuficiente y este personal debe estar incluido en las disposiciones que sobre seguros para las personas, pasajeros y conductores, están vigentes en nuestro país. Ha quedado constituido en Antofagasta un Comité de Defensa de los Derechos de Choferes y Auxiliares de Buses Intercomunales e Interprovinciales. Este Comité busca un trato mejor para sus asociados y su incorporación a los beneficios del Instituto de Seguro del Estado. Estimo que los anhelos de estos trabajadores son justos, y por esa razón me he permitido solicitar al señor Ministro se sirva acoger esta petición y disponer que los choferes, auxiliares y otros trabajadores de las líneas de buses mencionadas queden incluidos en el seguro contra accidentes establecido por el Instituto de Seguros del Estado y hacer extensivos estos beneficios, si no los tienen, a los pasajeros de esas líneas, en caso de accidentes. CALIDAD DE EMPLEADOS PARTICULARES DE DIVERSOS SERVIDORES DE HOTELES, RESTAURANTES, FUENTES DE SODA Y NEGOCIOS SIMILARES. Al Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: Junto a la presente tengo el agrado de enviar a usted una copia del proyecto de ley preparado por el suscrito, mediante el cual se da la condición jurídica de empleados particulares, a los garzones, barman, cocineros, administradores de hoteles y otro personal que trabaja en hoteles, restaurantes, fuentes de soda y demás negocios similares. El proyecto ha surgido de una petición recibida del gremio como consecuencia de la verdadera anarquía que existe en la clasificación de estos trabajadores. Agradeceré al señor Ministro acoger el proyecto de ley y darle su patrocinio, a fin de resolver un problema que afecta a los trabajadores mencionados. PAGO DE REAJUSTES A PENSIONADOS DE ANTOFAGASTA. Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: La Asociación Provincial de Jubilados, Empleados Particulares y Montepiadas de Antofagasta, ha enviado al suscrito la nómina de los pensionados que aún no reciben el pago de sus reajustes del 22,1% y del 100%, correspondientes a las leyes de reajustes del año 1972. Exponen los afectados que este atraso les causa evidentes perjuicios, toda vez que están recibiendo con mucho atraso un pago que ya es disfrutado por jubilados de otras cajas de previsión. Agradeceré al señor Ministro disponer que se autorice el pago de los reajustes adeudados a fin de normalizar la situación de estos ex trabajadores. TRANSFERENCIA DE INMUEBLES POR CORMU EN IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de la Vivienda, en los siguientes términos: La Ley Nº 17.904 dispuso en su artículo 3º que la Corporación de Mejoramiento Urbano expropiara los inmuebles de la Sucesión Fróm Hilliger (ex Isabel Ugarte), de la ciudad de Iquique, encomendando a la Dirección de Impuestos Internos señalar las nóminas de las propiedades, individualizándolas con los datos necesarios para ello. Asimismo, dicho artículo dispuso también la expropiación de los inmuebles ubicados en calle Thompson 957 al 973 y en calle Zegers 180, de la misma ciudad. Se dispone, igualmente, la transferencia de estos inmuebles a sus actuales ocupantes conviniendo la forma de pago para cubrir el monto de la expropiación. La ley, dictada el 8 de marzo del año en curso, no da plazos para concretar estas expropiaciones. Sin embargo, todo aconseja que esta operación se realice a la brevedad posible, para normalizar la ocupación de las propiedades por sus ocupantes, darles el título de dominio correspondiente y cumplir lo dispuesto en dicho cuerpo legal. Por estas razones, agradeceré al señor Ministro disponer que la Corporación citada tome los acuerdo respectivos para perfeccionar la transferencia de los bienes raíces a sus respectivos ocupantes. INCLUSION DE POBLACION O´HIGGINS, DE CALAMA, EN PLAN DE URBANIZACION (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos: Los dirigentes de la Unidad Vecinal Nº 4 de Calama, de la población O'Higgins de esa ciudad, han solicitado reiteradamente a los organismos dependientes del Ministerio del ramo incluir a dicha población en el plan de urbanización. Carece la población O'Higgins de alcantarillado, y el problema sanitario que están creando los pozos negros es agudo y puede ocasionar perjuicios graves a la salud de sus habitantes, especialmente de los niños. El problema de falta de alcantarillado lo vienen planteando los dirigentes de esa población hace ocho años. No ha logrado ser resuelto. La población O'Higgins está compuesta de 1.060 sitios y viven en ella alrededor de 5 mil personas. Toda esta masa de población está ausente del servicio de alcantarillado. Es fácil darse cuenta de la gravedad de la situación y de la urgencia en buscarle una solución rápida y definitiva. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA POBLACIONES DE ANTOFAGASTA Y CALAMA (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de la Vivienda, en los siguientes términos: La Ley Nº 17.904, publicada en el Diario Oficial del 8 de marzo pasado, dispuso en su artículo 5º la expropiación, por la Corporación de Mejoramiento Urbano, de los terrenos que forman la Granja Kútulas, ubicada en la ciudad de Antofagasta. Esta expropiación se efectúa para transferir esos terrenos a las familias que integran las Poblaciones Nuevo Amanecer y Villa España, de esa ciudad. Igualmente, el artículo 6º de esa Ley plantea que el Ministerio de la Vivienda debe incluir en sus planes de construcción de 1973 y 1974 la terminación de la Población Villa Hermosa de la ciudad de Calama. Agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que los organismos pertinentes cumplan las disposiciones de la Ley Nº 17.904, a que me he referido, a fin de dar solución al problema habitacional de esas familias. Asimismo, ruego al señor Ministro considerar, al expropiar los terrenos de la ex Granja Kútulas, un plan de construcción de viviendas económicas o de unidades sanitarias (frente, cierre del terreno, servicios higiénicos, cocina y un dormitorio) entregando al poblador la construcción más indispensable para que pueda ser terminada posteriormente por el propio interesado de acuerdo a sus recursos. Urge resolver la situación de estas familias. Un paso determinante en esta solución es la expropiación de los terrenos señalados a fin de que pueda programarse el traslado de las familias de las dos poblaciones citadas; o bien, tomar posesión de los terrenos para iniciar el plan de construcción de las unidades habitacionales para, posteriormente, cumplir el traslado. Ruego al señor Ministro disponer que se me informe en relación a lo planteado en el presente Oficio. DEFICIENCIAS DE TRANSMISIONES DE CANAL DE TELEVISION NACIONAL A PROVINCIAS NORTINAS. A los Ministros del Interior y de Educación Pública, en los siguientes términos: Los miles de televidentes de Tarapacá y Antofagasta están siendo defraudados por los programas de televisión del Canal Nacional. Las causas, la mala recepción de ellos especialmente en donde se utilizan estaciones repetidoras como el caso de Iquique, Tocopilla y Chuquicamata; la calidad deficiente de los programas que exhiben películas antiquísimas, repitiéndolas tres y cuatro veces. Las deficiencias no son atribuibles, por supuesto, al personal que atiende cada Canal tanto en Tarapacá como en Antofagasta. La crítica recae sobre el Canal Nacional de Televisión que parece despreocuparse absolutamente de la programación para provincias, demostrando un desprecio absoluto por la televidencia zonal. En Arica, por ejemplo, son frecuentes las películas antiguas, reiteradamente exhibidas. Miles de televidentes prefieren sintonizar el Canal de TV, de Arequipa, en Perú, con las consecuencias correspondientes. En Iquique la recepción de los programas desde Antofagasta es pésima; prácticamente, no se aprecian los programas, a lo que hay que agregar también la mala calidad de las películas. Más que desde Antofagasta, Iquique debería recibir los programas directamente de Arica, aunque el ideal es la instalación del Canal en Iquique para depender directamente de Santiago. En Tocopilla la recepción de los programas es nula. La imagen desaparece de la pantalla y las expectativas de los televidentes se frustra lamentablemente. Hay verdadera irresponsabilidad en quienes deben controlar estos programas para buscar una solución adecuada. De mantenerse en el actual estado las transmisiones, es preferible no tener televisión en la zona. Con justa razón los televidentes afectados protestan contra esta desidia y desinterés y, por supuesto, ello desprestigia a un Canal que todos deseamos próspero y técnicamente eficiente, que ofrezca verdaderamente programas atrayentes y se convierta en un vehículo de cultura y educación para los chilenos. Agradeceré al señor Ministro su preocupación personal por esta situación ya intolerable. Los Clubes de Televidentes preparan protestas por esta insensibilidad de los dirigentes del Canal Nacional o de la Empresa Nacional de Televisión. SEDE SOCIAL PARA CIRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN ARICA (TARAPACA). Al señor Presidente de la Junta de Adelanto de Arica, en los siguientes términos: El Círculo de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas de Arica, tiene presentado en la Junta todos los antecedentes relacionados con la construcción de la Sede Social de esta institución, en los terrenos ubicados en Tarapacá con Azola. El plan de construcción está a cargo de Desarrollo Social de esa Junta y debidamente financiado, según he sido informado. La petición del suscrito tiene relación con la urgencia de iniciar la obra a la brevedad posible. La necesidad de la sede social para el Círculo es imprescindible para desarrollar las actividades de orden cultural, social y asistencial que ha programado la nueva directiva de esa institución. Es necesario, por otra parte, incluir en el presupuesto de la construcción los honorarios que está cobrando el arquitecto de la Junta de Adelanto, ya que el Círculo no estaría en condiciones de solventar ese gasto con sus propios recursos. Ruego al señor Presidente disponer que se aceleren los trámites para construir esa Sede Social, pues ello permitirá a los miembros de las Fuerzas Armadas en Retiro contar con una casa propia para cumplir el intenso programa de confraternidad y solidaridad social que se han trazado sus dirigentes. PROBLEMAS DE LA POBLACION PARINACOTA EN ARICA (TARAPACA). Al señor Presidente de la Junta de Adelanto de Arica, exponiéndole lo siguiente: Hace algunos días visité la Población Parinacota, en Villa Pampa Nueva, invitado por los dirigentes y vecinos. Conocí personalmente las dificultades que tienen los pobladores como consecuencia del atraso en terminarse dicha población. Las cincuenta casas tipo Plan 20.000 están terminadas y asignadas; las familias están viviendo en ellas. Sin embargo, todavía queda pendiente: 1.- La construcción del cierre de las casas y sus patios. Corhabit ha manifestado al suscrito que en la construcción de las casas no se considera el cierre, que es de costo de sus asignatarios. Las familias de Población Parinacota no están en condiciones de desembolsar el valor del cierre que se estima en 15 mil escudos por casa. Ofrecí hacer una gestión ante la Junta de Adelanto para que se otorgara un aporte a Corhabit, extraordinario, para ser destinado al cierre de la población recargando, por supuesto, el valor proporcional prorrateado, en el pago de los dividendos o arriendos mensuales. En esto están de acuerdo los pobladores, y por la presente dejo formulada la petición. 2.- Alumbrado público. Están instalados los postes y las líneas. No han sido colocadas aún las luminarias. Eso ha significado que la Población carezca de este servicio con los consiguientes problemas para sus habitantes. Si no se dispone de luminarias, estimo conveniente colocar alumbrado provisorio en base a ganchos y ampolletas de conveniente potencia para iluminar todo el sector. 3.- Soleras y veredas. Aún no se colocan ni las soleras ni las aceras. Urge hacerlo debido a que, como la población está abierta, el tráfico de vehículo se realiza por el interior de la población con el peligro que ello entraba para los numerosos niños que juegan en los patios o en la calle. 4.- Sede Social. Los vecinos solicitan que se les instale una casa del Plan 20.000 sin las divisiones interiores, para ser destinada a sede social. El terreno está disponible. 5.- Parque infantil. El plano de la población considera la superficie necesaria para la instalación de un área verde y parque infantil. Ruego disponer que se destinen los elementos para que esta instalación sea una realidad a corto plazo. Agradeceré al señor Presidente de la Junta de Adelanto se sirva considerar los planteamientos del presente Oficio para que la Población Parinacota quede terminada definitivamente en un plazo rápido. El señor REYES (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Izquierda Radical. El señor ACUÑA.- Pido la palabra. El señor REYES (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. INCUMPLIMIENTO DE LEY QUE CREO LOS COMITES PROGRAMADORES DE INVERSIONES DE VALDIVIA Y OSORNO Y DE LLANQUIHUE. El señor ACUÑA: Señor Presidente: En la sesión del 21 de marzo del presente año, intervine en este Honorable Senado con el objeto de plantear, fundamentalmente, las deficiencias y el grave incumplimiento del actual Gobierno de la República el denominado de la unidad popular con relación a la ley Nº 17.382, cuyo Título III contiene un conjunto de disposiciones destinadas a beneficiar el desarrollo, la producción y la creación de nuevas fuentes de trabajo en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Tal como lo dije en dicha oportunidad, ese cuerpo legal tenía como objetivo fundamental incentivar la producción y crear nuevas fuentes de trabajo, destinadas, en gran parte, a estimular el desarrollo, a mejorar el nivel de vida de los habitantes de esa región y, también, esencialmente, a asegurar el empleo para miles de chilenos obreros, jóvenes trabajadores que, por desgracia carecen de fuentes de ocupación o no encuentran un destino que les permita asentarse en la zona y desenvolver sus actividades. Ahora debo expresar, confirmando mis denuncias acerca del incumplimiento por parte del Gobierno de las finalidades de la ley mencionada de la cual fuimos autores el Senador señor Narciso Irureta y el que habla, como representantes de esa zona, que me ha llegado un oficio de la Oficina de Planificación Nacional, N° 1178, de 27 de abril de este año, documento en el cual el Ministro Director de ODEPLAN, señor Gonzalo Martner, me expresa textualmente lo siguiente: Honorable Senador: En relación al Oficio Nº 15421 del 23 de marzo de 1973, cumplo con proporcionar a Ud. los siguientes antecedentes: 1.- Los programas de inversiones del Comité Programador de Inversiones Valdivia Osorno aparecen en los decretos 499 de Hacienda de 1971; 181 de Hacienda de 1972 y en el 353 de Hacienda de 1973. Los programas de inversiones del Comité Programador de Inversiones Llanquihue aparecen en los decretos 500 de Hacienda de 1971, 183 de Hacienda de 1972 y 344 de Hacienda de 1973 (aún en trámite). 2.- Los fondos puestos a disposición de las instituciones alcanzan en 1971 a Eº 104.141.000 para las provincias de Valdivia y Osorno ya Eº 52.382.800 para la provincia de Llanquihue. En 1972 los fondos puestos a disposición de las instituciones ascienden a Eº 130.137.000 para las provincias de Valdivia y Osorno y a Eº 62.023.000 para la provincia de Llanquihue. 3.- Durante 1971 no fueron entregados a las provincias de Valdivia Osorno Eº 39.249.000, correspondiendo dicho saldo Eº 26.035.400 a fondos no autorizados y Eº 13.214.000 a fondos autorizados pero no girados por no existir materialmente fondos. Del total de dicho saldo queda pendiente para el presente año la suma de Eº 19.341.000 que deben ser girados con cargo a la cuenta extrapresupuestaria E45 u otra similar. En relación a la provincia de Llanquihue en 1971 no les fueron entregados a las instituciones responsables de la ejecución de los proyectos Eº 25.895.305, de los cuales Eº 9.440.200 corresponden a fondos programados y no autorizados y Eº 16.455.105 corresponden a fondos puestos a disposición de los servicios, pero que no fueron retirados por éstos a su debido tiempo, situación ésta que se creó dado que algunas instituciones tuvieron que retirar sus fondos por Tesorería Provincial de Santiago por no tener autorización para hacerlo por Tesorería Provincial de Llanquihue. Durante 1972 no fueron entregados a las instituciones de las provincias de Valdivia y Osorno Eº 28.358.000 los que se desglosaron en Eº 23.732.000 sin autorizar incluidos en el decreto de 1973 y Eº 4.626.000 que serán incluidos en una cuenta extrapresupuestaria. Los saldos adeudados a los proyectos del Programa del Comité Programador de Inversiones de Llanquihue para 1972, solamente alcanzaron a un monto de Eº 13.800.000 por concepto de dineros programados y no autorizados. Estos fondos y los fondos no entregados durante 1971 para la provincia de Llanquihue se pondrán a disposición de las instituciones respectivas en el transcurso del año 1973. 4.- En relación a la forma de inversión de los recursos por parte de los señalados Comités, el Comité Programador de Inversiones Valdivia-Osorno comunica que no dispone de recursos, luego no puede invertir. En cuanto al movimiento contable de la entrega de fondos de la programación del año 1972 del Comité Programador de Inversiones de Llanquihue no se cuenta con un documento oficial emanado de la Contraloría General de la República. 5.- El Comité Programador de Inversiones de Valdivia-Osorno no dispone de atribuciones para fiscalizar, sólo para programar. El Comité Programador de Inversiones de Llanquihue informa lo siguiente: Se puede decir que el programa de 1971 se cumplió en gran medida. Es importante eso sí, tomar en cuenta el atraso en el envío de los fondos asignados y los problemas generados producto del desconcierto por parte de los servicios responsables de la ejecución de los proyectos y los encargados de poner a disposición los fondos y de la operatoria de la ley respectiva. La situación de la programación de 1972 con respecto a la de 1971 varió en gran medida ya que se ocupó el sistema de entregar los fondos mes a mes, según un calendario de inversiones elaborado por los propios servicios responsables de la ejecución de los proyectos. Para llevar un control de avance físico y presupuestario del programa se ocupó el sistema de pedir estados de avance trimestrales a los servicios responsables de los proyectos, los que en su mayoría no contestaron destaco el alcance de esta información o sólo se limitaron a enviar estados de avance de tipo contable con los cuales indudablemente no se puede cuantificar el avance físico de los proyectos en cuestión. En suma, se puede decir que los proyectos tanto de los programas 1971 y 1972 cumplieron con sus metas en la medida que recibieron fondos estipulados acorde a sus calendarios de inversiones respectivas. Atentamente. Señor Presidente, este oficio constituye un informe de extraordinaria gravedad, porque nos da el detalle contable de cómo se ha violado de manera flagrante esta ley de desarrollo de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, y da la razón al Senador que habla, que ha venido denunciando, en forma reiterada, la violación, por parte del Gobierno, de las obligaciones contenidas en esa ley de desarrollo, lo cual, lógicamente, ha implicado frustrar las aspiraciones y los anhelos de progreso y de fuentes de trabajo que se habían creado en los habitantes de esas tres provincias por los presupuestos establecidos en la ley 17.382, estructurada y promulgada para el desarrollo de esa extensa e importante zona de nuestra república. Quiero hacer presente que, de acuerdo con las cifras que nos da este informe de ODEPLAN, en 1971, el Gobierno de la Unidad Popular no entregó al Comité Programador de Valdivia y Osorno, que tenía un presupuesto de 104.141.000 escudos, la cantidad de 39.249.000 escudos, o sea prácticamente un tercio de los recursos que otorgó la ley. El Gobierno de la Unidad Popular y el señor Ministro de Hacienda se sentaron en la ley y en las aspiraciones y anhelos de progreso de los habitantes de las provincias de Valdivia y Osorno. En 1972, de un presupuesto de 130 millones 137 mil escudos, el Gobierno no entregó 28 millones 358 mil escudos. Y en cuanto a la provincia de Llanquihue, que tiene un Comité Programador independiente, en 1971, de un presupuesto de 52.382.800 escudos, no proporcionó la cantidad de 25.895.305 escudos; en 1972, de un presupuesto de 62 millones 23 mil escudos, no entregó 13 millones 800 mil escudos. En suma, el Gobierno de la Unidad Popular, violando una ley, no entregó al desarrollo y al trabajo de las tres provincias que representamos ante el Senado, la cantidad de 107.302.305 escudos. Aparte lo anterior, debo expresar que se cometió otra transgresión extraordinariamente grave. El artículo 43 de la ley Nº 17.382 estableció un ítem de 193 millones de escudos como presupuesto oficial por invertir en las tres provincias. La disposición señala lo siguiente: El ítem a que se refiere el artículo precedente contendrá una asignación de Eº 193.000.000, la que se incrementará hasta igualar el 20% de los ingresos aduaneros percibidos en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue en el año anterior, con excepción de los que correspondan a las Municipalidades y Policía Aduanera. La suma que se determine en dicha forma en ningún caso podrá ser inferior a la cantidad ya mencionada de Eº 193.000.000. El artículo 44 establece: Los excedentes de fondos que no se alcancen a invertir al terminar el año presupuestario, no pasarán a rentas generales, sino que se traspasarán a una cuenta especial de depósito. En el decreto aprobatorio del programa de inversiones señalado en el artículo 40 se especificará el destino que se dará a dichos saldos. Y sucede que, al sumar las cantidades programadas para el año 1971 104 millones 141 mil escudos para el Comité Programador de Valdivia y Osorno y 52.382.800 escudos para el Comité Programador de Llanquihue, llegamos a una cifra de 156.523.800 escudos; de modo que, en el primer año, el Gobierno de la Unidad Popular, en demostración cabal de su falta de responsabilidad para cumplir compromisos consignados en leyes para beneficiar a zonas geográficas importantes, como es el caso de Valdivia, Osorno y Llanquihue, empezó robando, restando y estafando al anhelo de progreso de esa zona, en la cual viven más de 600 mil habitantes, la cantidad de 36.476.200 escudos. Deseo destacar el significado de tal actitud y las consecuencias que, dentro del contexto general del proceso económico que vive Chile, provoca el incumplimiento de la entrega de tal cantidad a tres provincias que tenían esperanzas y anhelos de trabajo para satisfacer las aspiraciones de miles de jóvenes, obreros y empleados y dar estabilidad a sus ocupaciones. Aparte lo anterior, no se cumplió con el presupuesto inicial, del cual se restó la suma de 36.476.200 escudos. Y tal situación debemos analizarla dentro del contexto económico nacional cuando el país está viviendo una inflación desalada por la incompetencia, incapacidad y anarquía implantadas en Chile por el Gobierno, con una inflación que alcanzó a 22,1% en 1971 y a 163,4% en 1972, que constituye récord de Chile y del mundo. ¿Cuánto se le está robando al Comité Programador de Valdivia y Osorno y al de Llanquihue al no proporcionarle los fondos dispuestos por ley, en moneda de esos años? Por eso no se han llevado a la práctica los planes dispuestos para la zona. Obras como industrias, fábricas, puentes, pavimentación asfáltica y de cemento, en redes vitales de vinculación de la economía de esa zona, han quedado totalmente paralizadas y sólo se han hecho los movimientos de tierra en redes viales importantísimas. Todo ello a raíz del incumplimiento del Gobierno en proporcionar los fondos correspondientes o en la entrega reducida de ellos. Si algún día llegara a cumplirlos compromisos contraídos en esta materia por los Comités Programadores de Inversiones, lo haría aportando una moneda miserable y desvalorizada, como consecuencia de la inflación incontenible provocada en Chile por el Gobierno de la Unidad Popular. He formulado esta denuncia basado en el informe del propio Director de ODEP.LAN, señor Gonzalo Martner, quien tiene rango de Ministro, a fin de que se sepa que cuando damos a conocer tales hechos lo hacemos sobre bases serias, con informes y antecedentes, porque nuestra crítica al actual Gobierno no emana de especulaciones políticas, sino que constituye una actitud consecuente de responsabilidad y de respeto a una norma legal y a los habitantes de esas tres provincias, quienes cifraban anhelos y esperanzas en las enormes posibilidades que implicaba el cumplimiento integral de la ley de desarrollo para esa importante área geográfica del país. El señor REYES (Presidente accidental).- El siguiente turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. A continuación, corresponde usar de la palabra al Comité Comunista, que ha cedido su tiempo al Honorable señor Chadwick. INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El señor CHADWICK.- Como dice el señor Presidente, uso de una parte de la hora de Incidentes por la gentil deferencia que ha tenido el Partido Comunista de cederme su derecho, con el objeto de cumplir, por mi parte, con un deber de conciencia. No creo que se pueda pertenecer a esta Corporación de tan alto rango intelectual en la organización de la República y guardar silencio ante el debate jurídico que se produjo con motivo de la lectura de un documento de la Cuenta. Me explico que el ardor y la pasión política cieguen a los hombres y produzcan un desenfreno que muchas veces se identifica con la irracionalidad como consecuencia de hechos por todos conocidos y que no vale la pena profundizar en esta ocasión. En el debate a que dio lugar la lectura del oficio del Banco Central en la Cuenta de hoy, se llegó al extremo, diría yo, de afirmar que el Presidente del Tribunal Constitucional estaría prácticamente destituido de su cargo por una inhabilidad que produciría sus efectos de pleno derecho, en virtud de una idea que ninguno de los Senadores que intervinieron en el debate se preocupó de verificar. Sin embargo, esa idea no puede ser más falsa y la puedo sintetizar diciendo que se ha pretendido sostener que las prohibiciones, las inhabilidades, las causales de cesación en el cargo que afectan a Diputados y Senadores, según el Capítulo IV de la Constitución vigente, serían aplicables por igual a los miembros del Tribunal Constitucional. A mi juicio, basta recordar el tenor del inciso tercero del artículo 78, letra a), de la Carta Fundamental para llegar a la conclusión irrefutable de que ese juicio, que estaba en el fondo de todo el debate promovido durante la Cuenta, es absolutamente errado. Daré lectura a dicho precepto, a fin de que su reproducción en la versión taquigráfica permita tomar su sentido sin ninguna desfiguración posible. La disposición dice, en su tenor literal, lo siguiente: Los Ministros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado deberán ser abogados con un mínimo de doce años de ejercicio de la profesión y no podrán tener ninguno de los impedimentos que inhabiliten para ser designado juez, y uno de ellos deberá tener, además, el requisito de haber sido, durante diez años titular de una cátedra universitaria de Derecho Constitucional o administrativo en alguna de las Escuelas de Derecho del país. Estos Ministros estarán sometidos a las normas que para los Diputados o Senadores establecen los artículos 29 y 30. En consecuencia, es absolutamente cierto e indiscutible que los Ministros a que se refiere el inciso tercero del mencionado artículo no están sometidos a las inhabilidades o a las causales de cesación en el cargo que se establecen en otros artículos de la Constitución vigente respecto de Diputados y Senadores, sino sólo en las disposiciones de los artículos 29 y 30. Y esto lo confirman los incisos quinto y sexto del mismo artículo 78 a), que vengo citando, y que dicen, respectivamente: Los Ministros de que trata el inciso tercero cesarán en sus cargos por muerte, por interdicción, por renuncia aceptada por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, por remoción acordada por éste a proposición de aquél y por aceptar alguno de los cargos a que se refiere el inciso segundo del artículo 30 y Los Ministros a que se refiere el inciso cuarto cesarán en sus cargos por expirar en sus funciones judiciales y por renuncia aceptada por la Corte Suprema. De modo que entre las causales de cesación en el cargo no está prevista la supuesta incompatibilidad de funciones o las causas consignadas en el artículo 31 de la Constitución vigente, como se afirmó sin ningún asidero durante la Cuenta, ni mucho menos, para autorizar el envío de este grotesco oficio al Tribunal Constitucional, a fin de que tomara razón de que su Presidente había cesado en el cargo. Señor Presidente, esto es el desenfreno, la pasión política llevada a la irracionalidad. Deseo todavía agregar algunas otras consideraciones. Es indudable que la sola lectura de los artículos 29, 30 y 31 y siguientes de la Carta Fundamental conduce a la conclusión de que cada una de esas disposiciones está previendo casos que son inconfundibles entre sí. No es lo mismo el artículo 29 que el 31. No establecen los mismos casos ni prevén las mismas sanciones. De modo que cuando en el debate se utilizaban tales preceptos indistintamente como si dijeran lo mismo y tuvieran igual significado, lo único que se manifestaba era la ligereza con que se formulan ciertos juicios por ese desenfreno político a que tan reiteradamente he hecho mención. El artículo 29 de la Constitución Política es un precepto que está destinado a establecer incompatibilidades entre ciertos cargos. Por ello, resulta un tanto forzado y sencillamente inadmisible pretender aplicar tal norma a una persona que, sin desempeñar ningún cargo, realiza un mero trabajo o gestión profesional, es decir, servicios ocasionales, transitorios, sin ninguna permanencia en el tiempo, a una institución dependiente del Estado, como se ha querido decir, al Banco Central de Chile. La letra de la disposición constitucional no puede ser más clara. En efecto, el artículo 29 dice: Los cargos de Diputados y Senadores son incompatibles entre sí... Es decir, el sujeto está expresado con toda claridad: son los cargos de Diputados y Senadores los que son incompatibles entre sí. Y el precepto continúa expresando: ...y con los de Representantes y Municipales. O sea, los cargos de Diputados y Senadores son incompatibles con los cargos de Representantes y Municipales. En seguida, el mismo artículo establece: Son incompatibles también con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales... Es indudable que en esta frase elíptica el sujeto está tácito: son los cargos de Diputados y Senadores los incompatibles también con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda función o comisión de la misma naturaleza. Si desea formularme una observación, señor Presidente, no tendría inconveniente en escucharla. El señor REYES (Presidente accidental).- No me corresponde hacerla, señor Senador. El señor CHADWICK.- Es decir, el artículo 29 de la Carta Fundamental establece una incompatibilidad referida a la función, a los cargos. Y aunque pudiera darse la existencia de una concepción amplia en esta materia, no cabe concluir que la norma del artículo 29 es exactamente la misma que la del artículo 31, porque este último establece las causales de cesación en el cargo de parlamentario. El inciso primero del artículo 31 se pone en el caso de las ausencias del país, materia que no creo necesario comentar. Sin embargo, el inciso segundo prevé que los parlamentarios cesarán en sus cargos si durante su ejercicio celebraren o caucionaren contratos con el Estado. En otras palabras: sostengo que una recta inteligencia del artículo 31 obliga a diferenciarlo en términos muy claros del artículo 29. Mientras este último da normas sobre incompatibilidad de cargos entre sí, el 31 se refiere a la cesación en el desempeño en el cargo de Diputado o Senador, si durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicios pendientes contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. Vale decir, en el artículo 31 el constituyente establece normas que por excepción, prohíben al parlamentario celebrar determinados contratos con el Estado. Distingue entre contratos y cauciones, las que también son contratos; pero, en el fondo, la idea central del artículo 31 es absolutamente diversa de la del artículo 29, pues este último sólo trata de incompatibilidades entre funciones públicas. Y, por lo tanto, ambos preceptos constitucionales tienen consecuencias muy distintas. Mientras el artículo 29 no produce de pleno derecho la cesación en el cargo de parlamentario, los casos reglamentados por el artículo 31 traen aparejada tal sanción. De modo que habría sido incluso risible que el Senado hubiera acogido la idea de enviar un oficio al Tribunal Constitucional dándole a conocer que uno de sus Ministros se encontraba en el caso previsto en el artículo 31 de la Carta Fundamental y que, por lo tanto, no podía seguir desempeñando el cargo, en circunstancias de que repito el inciso tercero del artículo 78 a) de la Constitución Política del Estado no hace aplicable a los Ministros del Tribunal Constitucional la disposición del artículo 31. Creí necesario decir estas palabras en la hora de Incidentes, porque no me fue posible pronunciarlas durante el debate respectivo y porque tampoco me será permitido asistir a la Comisión de Legislación cuando ésta estudie y emita el informe respectivo. Por eso, al término de mis observaciones solicito a la Mesa que se sirva transcribirlas al señor Presidente de la Comisión de Constitución, a fin de que las tenga presentes cuando informe a la Sala. El señor REYES (Presidente accidental).- La Mesa no tiene ningún inconveniente en acceder a la petición de Su Señoría. El señor CHADWICK.- Muchas gracias, señor Presidente. Otra afirmación que, a mi juicio, sólo es producto de la pasión y del ardor político es la hecha por uno de los señores Senadores que intervinieron en el debate habido durante la Cuenta. A su juicio es obvio y evidente, aunque el Banco Central de Chile no es una repartición de la Administración Central del Estado, la aplicación del artículo 29 de la Carta Fundamental, que se refiere a incompatibilidades de funciones, porque, según dijo, así resultaría imposible concebir los fallos judiciales que han impuesto penas a los funcionarios del Banco Central, como si fueran dependientes de la Administración Central, o a funcionarios públicos que han cometido delito de malversación de caudales u otros semejantes que tienen una agravación especial en nuestro principal cuerpo represivo. Ese argumento es sólo obra de 1a precipitación, porque si se medita un poco se vuelve en contra de la tesis que se sostiene: fue necesario reformar el Código Penal, modificar las disposiciones pertinentes, para que se pudiera condenar, como autores de delitos de malversación de caudales públicos, a los funcionarios de estas instituciones que no forman parte del Estado. Y si hubo necesidad de dictar una ley para llegar a ese extremo, no cabe duda de que eso era así, porque la legislación vigente no permitía hacer la extensión que tan rápidamente se hizo en el debate a que me he venido refiriendo. No es efectivo, es radicalmente falso, que cada vez que se desempeña una función pública deba concluirse que equivale a ser empleado público del Estado. Ha sido necesario decirlo expresamente, para que las sanciones penales previstas para estos casos alcancen a quienes desempeñan funciones públicas pero no integran la Administración Central del Estado. De modo que el artículo 29 de la Constitución, que declara incompatibles entre sí las funciones de Diputados y Senadores con cualquier empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda función o comisión de la misma naturaleza, no puede extenderse por vía de analogía a los casos que traten de un mero informe o trabajo profesional que haya prestado un abogado al Banco Central de Chile. Y esto resumiendo por dos razones principales: Primera, la que ya señalé, es decir, porque la incompatibilidad prevista en el artículo 29 está referida a cargos o funciones permanentes o de duración más o menos continuada, y en ningún caso a trabajos que sólo derivan de contratos, materia establecida en el artículo 31 de la Constitución vigente. Segundo, porque el Banco Central de ninguna manera es órgano del Estado ni es administración central. Ni siquiera es una repartición integrante de la administración descentralizada. Tiene un estatuto que le da carácter propio imposible de conciliar con las menciones del artículo 29. Sólo con la rapidez con que se procede cuando se está al ataque, cuando se quiere agredir, ha podido asimilársele, a pretexto de que ello es evidente. O sea, para demostrar un argumento se ha recurrido a peticiones de principios, las que, como lo dice su designación, sólo descansan en la mera afirmación. Se trata de simples aseveraciones. El Banco Central no es el Estado, no es el Fisco. Sus funcionarios no son empleados públicos ni están retribuidos con fondos fiscales o municipales, y en ningún caso desempeñan funciones o comisiones que pudieran estar consideradas como de la misma naturaleza que las ejercidas por los empleados públicos del Estado o municipales. He querido decir estas palabras porque me parece que hemos ido demasiado ligero en el debate, el que, por lo demás, fue bastante irregular, pues, como recordé, se generó con motivo de la Cuenta y era casi imposible que todos los señores Senadores pudieran expresar sus razones. Pienso que el Senado, por un instinto superior, eludió el peligro de haber enviado el oficio que se reclamaba en la ocasión mencionada. Sería muy conveniente que la Comisión de Legislación tuviera en cuenta las diferencias existentes entre las causales de cesación del cargo que afectan a los parlamentarios y las que se refieren a los Ministros del Tribunal Constitucional. También sería deseable que dicha Comisión advirtiera que los preceptos de los incisos quinto y sexto del artículo 78 a) de la Carta Fundamental no admiten agregados. Nadie puede decir que un Ministro del Tribunal Constitucional ha cesado en su cargo por una supuesta inhabilidad establecida en el artículo 31 de la Constitución Política, porque el artículo recién citado sólo prevé los casos que menciona taxativamente y señala incluso quiénes son los que se van a pronunciar cuando esos casos ocurran. Los Ministros del Tribunal Constitucional designados con arreglo al inciso cuarto del artículo 78 a) cesan en su cargo por expirar en sus funciones judiciales y por renuncia aceptada por la Corte Suprema. Ni siquiera el Senado puede entrar a revisar la renuncia de uno de estos Ministros del Tribunal Constitucional. La Carta Fundamental dispone que ello compete a la Corte Suprema. Ahora bien, respecto de los Ministros designados con arreglo al inciso tercero del artículo 78 a), tampoco el Senado tiene competencia para resolver sobre su remoción, salvo a requerimiento del Presidente de la República. Esta Corporación haría bien en tener en cuenta la necesidad de ajustar sus decisiones al sentido legítimo yo diría honrado que es indispensable asignar a los preceptos constitucionales. Porque si la interpretación es libre, como se suele hacerla a veces en la poesía, de manera que para que haya rima es posible que las hormigas aparezcan verdes o de otro color, aquí no podemos permitirnos ciertas licencias poéticas que nos hagan apartarnos de la norma de la Carta Fundamental y leer de manera inexplicable el tenor claro de sus disposiciones. Si éstas dicen que los Ministros están afectos a los preceptos de los artículos 29 y 30, no puede leerse que lo están a los de los artículos 29, 30 y 31; como tampoco podría sostenerse que les son aplicables las disposiciones del artículo que otorga a los parlamentarios la inmunidad, las del que concede el desafuero, ni las del que regla la suspensión de su cargo o las del que establece normas sobre la renovación de su mandato, todas las cuales están sujetas a las disposiciones de los artículos 29 y 30 pero tratan de materia distinta. Y si la causal de cesación de cargo prevista en el artículo 31 es materia diferente de las incompatibilidades mencionadas en el artículo 29, ha hecho muy bien el Senado en no mandar el oficio que con tanta urgencia se reclamaba con posterioridad a la lectura de la Cuenta. Pido excusas por haber tenido que improvisar estos razonamientos sin más base que la lectura de las disposiciones a que me he referido. Y quiero que se me acepten estas excusas, pues pienso, como lo he dicho muchas veces y he tratado de practicarlo siempre, que la autoridad y hasta la dignidad del Senado dependen, inequívocamente, de su fidelidad al sentido de las normas fundamentales que organizan la República. El Senado no puede transformarse en una especie de palestra donde se ventilan las pasiones y se da toda clase de golpes, buenos o malos. Con esto, digo lícito o ilícito, pensando que son ilícitas las injurias, los denuestos que ponen en duda la rectitud o la honorabilidad de los hombres públicos. Y yo creo que el señor Silva Cimma, magistrado de esta República que contó con la confianza del Senado al ser designado Ministro del Tribunal Constitucional, podía haber sido dispensado de las ofensas que en forma tan gratuita se le infirieron. En suma ésta es mi tesis, los Ministros del Tribunal Constitucional no tienen las prohibiciones o inhabilidades que están consignadas en el artículo 31 de la Constitución Política; así como tampoco gozan de la inmunidad de los parlamentarios y, además, tienen fuero sólo por disposición del inciso 8º del artículo 78 a), y no por ministerio de los artículos 33 u otros siguientes al 29 de la Constitución. Estas disposiciones, que son excepcionales, no pueden extenderse por analogía. Cada una de ellas está estableciendo un régimen de excepción. Darles extensión sólo porque nos acomoda, porque creemos, a raíz de una lectura a toda carrera del artículo 78 a) de la Constitución, haber entendido que son aplicables, en circunstancias de que del tenor literal de la disposición resulta que es imposible sostener tal idea, me parece que, más que una ligereza, implica ceguera, desenfreno, ardor, pasión para golpear, por salir adelante, por hacer sentir una mayoría. Decir que porque el Senado es una Corporación y que, por lo tanto, sus declaraciones o acuerdos, en la medida en que se ajusten a su Reglamento, sólo dependen del voto mayoritario de los que están presentes en una sesión, es indudablemente, apartarnos no sólo de la mejor tradición de esta rama del Congreso, sino también de sus mejores intereses. El señor REYES (Presidente accidental).- Si le parece al señor Senador, la segunda parte de sus observaciones también será transcrita a la Comisión. El señor CHADWICK.- Lo que me interesa, fundamentalmente, es que las citas de los textos legales que he hecho sean puestas en conocimiento de los miembros de la Comisión de Legislación, a fin de que éstos las analicen y vean hasta dónde influyen en la materia. El señor REYES (Presidente accidental).- Si le parece a Su Señoría naturalmente, con su venia, en el oficio que se enviará se incluiría el total de su intervención. El señor CHADWICK.- Lo dejo a la decisión de la Mesa. El señor REYES (Presidente accidental).- Muy bien. Se levanta la sesión. Se levantó a las 20.1. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. 1 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LA PLANTA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. Santiago, 25 de abril de 1973. Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1.- Fíjanse las siguientes Plantas de Cargos para el personal del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: Grado Denominación Nº de cargos 1.- Planta de Subsecretaría Planta Directiva f/g. Subsecretario 1 B Jefes de Gabinete 2 D Secretarios Privados (2) Ayudantes Técnicos (6) 8 11 Planta Administrativa F Oficial Administrativo 1 G Oficiales Administrativos 2 H Oficiales Administrativos 2 I Oficial Administrativo 1 6 2.- Planta Profesional y Técnica Escalafón de Abogados C Abogados 2 CH Abogados 2 D Abogados 4Grado Denominación N° de cargos E Abogados 3 F Abogados 2 13 Escalafón de Ingenieros B Ingenieros ; 3 C Ingenieros 5 CH Ingenieros 7 D Ingenieros 5 E Ingenieros 4 24 Escalafón de Arquitectos C Arquitectos 16 CH Arquitectos . 16 D Arquitectos 18 E Arquitectos ... 16 F Arquitectos 16 82 Escalafón de Sociólogos C Sociólogo 1 CH Sociólogo 1 D Sociólogo 1 E Sociólogos ' 2 F Sociólogo 1 6 Escalafón de Constructores C Constructores 3 CH Constructores 4 D Constructores 4 E Constructores 6 F Constructores 4 G Constructores 3Grado Denominación Nº de cargos Escalafón de Administradores Públicos CH Administrador Público 1 D Administrador Público 1 E Administradores Públicos 2 F Administradores Públicos 3 G Administradores Públicos 2 H Administradores Públicos 2 11 Escalafón de Contadores CH Contadores 2 D Contadores 2 E Contadores 3 F Contadores 3 G Contadores 4 H Contadores 3 I Contadores 3 J Contadores 2 22 Escalafón de Bibliotecarios y Traductores D Bibliotecario y Traductor ... 1 E Bibliotecario y Traductor 1 F Bibliotecarios y Traductores 2 G Bibliotecario y Traductor 1 5 Escalafón de Técnicos Universitarios CH Técnico Universitario 1 D Técnico Universitario ... 1 E Técnico Universitario 1 F Técnico Universitario 1 G Técnico Universitario 1 5 Escalafón de Periodistas CH Periodistas 3 D Periodistas 2Gttrdo!' Denominación Nº descargos E Periodistas ... 22 F Periodista 1 GC Periodista 11 9 y Escalafón de Diseñadores o Artífices D Diseñadores o Artífices 2" E Diseñador o Artífice ... 1 FF Diseñadores. o Artífices ... ....... S» G5 Diseñadoro Artífice ... L H3t Diseñador, o Artífice 1 8* Escalafón de Asistentes Sociales Di» Asistente Social ... .. 11 33$ Asistente Social ... ... ... ... ... 1'. Fí Asistentes Sociales ^... . ... ... 21' G * Asistentes Sociales ... ... ... ... ;.. ... 2 SF Asistente Social ... ... ¡. ... ... ... ,,¡ í n Éscalafón de Egresados Universitarios G Egresados Universitarios ... i.. . . ¿ ¡ ¿. iti é': H Egresados Universitarios ... ... ,.. 7 13'J Escalafón de Procuradores CB3 Procurador ... ... 1 * Gf} Procurador1 » 1s H»* Procurador 1'* Escalafón de Coordinadores D^ Coordinadores ... 2*i E;;' Coordinadores 8 * F*' Coordinadores 10p G Coordinadores 9Grad.o Denominación N' de cstrgos Escalafón de Educadoras de Párvulos F Educadora de Párvulos 1 G Educadora de Párvulos 1 H Educadora de Párvulos 1 3j Escalafón de Oficiales Técnicos F Oficiales Técnicos 6 G Oficiales Técnicos . ... 5 H Oficiales Técnicos ... 4 I Oficiales Técnicos 5 J Oficiales Técnicos 5 K Oficiales Técnicos 6 L Oficiales Técnicos 4, LL Oficiales Técnicos 4 M Oficiales Técnicos 4 N Oficiales Técnicos 4 Ñ Oficiales Técnicos 4 52 3.- Planta Administrativa Escalafón de Oficiales Administrativos F Oficiales Administrativos 18 G Oficiales Administrativos 9 H Oficiales Administrativos . 9v I Oficiales Administrativos 9 J Oficiales Administrativos 10 K Oficiales Administrativos ... ... 10 L Oficiales Administrativos .. ¡ ... 11 LL Oficiales Administrativos 14 M Oficiales Administrativos 11 N Oficiales Administrativos .,. ¡ 9 Ñ Oficiales Administrativos ... ..' 9 O Oficiales Administrativos 8 P Oficiales Administrativos , .. 8 Q Oficiales Administrativos ... ... ... .... ... 7Grado Denominación Nº de cargos Escalafón de Auxiliares de Educadoras de Párvulos LL Auxiliares de Educadoras de Párvulos 2 M Auxiliares de Educadoras de Párvulos ....... 4 N Auxiliares de Educadoras de Párvulos 3 9 4.- Planta de la Central de Informaciones de Vivienda y Urbanismo (CIVU) Escalafón Directivo de Mandos Medios B Administrador CIVU 1 C Jefe de Análisis (1) . .. Jefe de Programación (1) Jefe de Programación de Sistemas (1) Jefe de Operación Control (1) 4 CH Analistas 4 9 Escalafón de Programadores CH Programadores ... . 2 D Programadores 3 E Programadores ....... 2'' F Programadores ,.. 2 G Programadores 2 12 Escalafón de Programadores de Sistemas CH Programador de Sistemas 1 D Programador de Sistemas ' 1 2 Escalafón de Operación de Computador E Jefe Operación Computador 1 F Operadores r 2 G Operadores ... ... . ... ... 2Gradoi. Denominación Nº de; cargos Escalafón de Control G Revisor > 1 H Revisores v 3 4 Escalafón de Perforistas ¡ G Perforista 1 H Perforistas 2 I Perforistas 3 J Perforistas 4 K Perforistas 3 13 5.- Planta de Servicios Menores Escalafón de Mayordomos M Mayordomo . ... 1 1 Escalafón de .Choferes M Choferes * 3 N Choferes 3 Ñ Choferes 4 O Choferes 4 P Choferes 4 Q Choferes 3 21 Escalafón de .Auxiliares Especializados M Auxiliar especializado 1 N Auxiliar especializado 1 Ñ Auxiliar especializado 1 O Auxiliares especializados 2 P Auxiliar especializado 1 Q Auxiliar especializado 1 R Auxiliar .especializado» 1 RRAuxiliar especializado ' 1Grado ^Denominación fN^ de cargos Escalafón de Auxiliares N Auxiliares 6. Ñ Auxiliares f 7 O Auxiliares Ili0 P Auxiliares 'iO Q Auxiliares 10 R Auxiliares 8 RR Auxiliares 7 :5f Lo dispuesto en3 este artículo no afectará las facultades; administrativas que correspondan al Subsecretario de acuerdo con el inciso segundo del artículo 18.de la ley 16.391, agregado por el artículo 42 de la ley Nº 16.742, y otras disposiciones legales vigentes. Artículo 2º.- Tendrá el carácter de Oficiales de Secretaría, para los efectos de la atribución quinta del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, todo el personal que integre las Plantas de Subsecretaría a que se refiere el Nº 1 del artículo anterior. Artículo 3º.- Los funcionarios que integran las actuales Plantas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que se sustituyen en el artículo 1º de1 la presente ley, deberán, obligatoriamente ser encasillados en los nuevos cargos y escalafones, de acuerdo a sus respectivas profesiones, especialidades o actividades. En ningún caso podrán ser encasillados en un grado inferior al que tengan actualmente, aun cuando sean encasillados en un escalafón distinto al que se encontraren. Artículo 4º.- Los encasillamientos que se practiquen con motivo de la aplicación de la presente ley se efectuarán por estricto orden de escalafón. Los funcionarios actualmente contratados asimilados a grados, podrán ser encasillados en los cargos que queden vacantes al final de cada escalafón, una vez practicado el encasillamiento del personal de las actuales Plantas, y por estricto orden de antigüedad en el Servicio. Tratándose de personal a contrata que con motivo del encasillamiento a que se refiere el inciso anterior sufriere disminución de remuneraciones, será necesaria su conformidad expresa para ser encasillado en los escalafones correspondientes. En todo caso, los funcionarios a contrata que sean encasillados en algunas de las Plantas perderán, a contar de la fecha de su encasillamiento, su cargo a contrata. Las disposiciones del artículo 64 del D.F.L. Nº 338, de 1960, no serán a aplicables a los funcionarios que; con motivo de la aplicación de la presente ley, aumentaren de grado. Artículo 5º.- El funcionario grado D que figura actualmente en la Planta de Procuradores, teniendo título profesional, deberá ser encasillado en igual grado en el Escalafón de Abogados. El cargo de Procurador grado CH del mismo escalafón, será suprimido cuando su titular cese en sus funciones. Para llenar los cargos de los nuevos grados que se crean en el Escalafón de Procuradores, se exigirá tercer año de Derecho cursado, a lo menos. Artículo 6º.- La aplicación de la presente ley no podrá significar eliminación de personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones o grado, pérdida de su régimen previsional o beneficios que le confieren los artículos 59, 60 y 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el personal a contrata que sea encasillado en la Planta por el Presidente de la República, deba someterse a la remuneración que corresponda a la aplicación de los incisos segundo y tercero del artículo 4º de la presente ley. Artículo 7º.- Las Plantas fijadas en los artículos 1º y 8º de la presente ley, y sus respectivos encasillamientos, regirán desde .el 1º de enero de 1973. Artículo 8º.- Fíjanse las siguientes Plantas de Cargos para el personal del Parque Metropolitano de Santiago: Planta Grado N° de cargos Directiva y Técnica. Director A 1 Jefe de Departamento B 1 Jefe de Subdepartamento C 1 Jefe de Subdepartamento .. .. t. C 1 4 Profesional, Médicos Veterinarios C 2 Ingeniero Civil C 1 Abogado E 1 Ingeniero Forestal E 1 Asistentes Sociales G 2 Contadores ... G 2 9 Oficios Técnicos. Oficiales Técnicos ...... F 2 Oficiales Técnicos G ,3 Oficiales Técnicos H 3 Oficiales Técnicos I 2 Oficiales Técnicos J 2 Oficiales Técnicos K 2Planta Grado N' de cargos Oficiales Técnicos L 2 Oficiales Técnicos LL 1 Oficiales Técnicos M 1 18 Oficiales Administrativos. Oficiales Administrativos F 4 Oficiales Administrativos G 4 Oficiales Administrativos H 5 Oficiales Administrativos I 5 Oficiales Administrativos J 6 Oficiales Administrativos . K 6 Oficiales Administrativos L 5 Oficiales Administrativos LL 5 Oficiales Administrativos 'M, 4 Oficiales Administrativos N 3,' Oficiales Administrativos Ñ 3 50 SERVICIOS MENORES. Escalafón de Auxiliares Especializados. Auxiliares Especializados ....... M 10 Auxiliares Especializados N 13 Auxiliares Especializados Ñ ,23 Auxiliares Especializados ....... O 26 Auxiliares Especializados P. 27 Auxiliaras Especializados Q 23 Auxiliares Especializados R ,13/ Auxiliares Especializados RR *10 145. Escalafón de. Auxiliares. Auxiliares .... ... ... ... N 6 Auxiliares .......... ... , .. Ñ *8' Auxiliares ... ....... ... .<.... O 9 Auxiliares P 11. Auxiliares . <. Q 9 Auxiliares .. .t ............... R 8 Auxiliares .. RR. 6Planta Grado de cargos Escalafón de Maestros Calificados, Maestros Calificados .... J 20 Maestros Calificados K 24 Maestros Calificados L 27 Maestros Calificados LL 33 Maestros Calificados M 37 Maestros Calificados N 37 Maestros Calificados Ñ 33 Maestros Calificados O 27 Maestros Calificados P 24 Maestros Calificados Q 20 282 El personal en actual servicio, que se encontraba en funciones al 30 de septiembre de 1971, deberá ser encasillado en las Plantas fijadas en el inciso anterior, sin sujeción a las normas de los artículos 14, 19 y 20 del D.F.L. Nº 338, de 1960. La aplicación de esta ley no podrá significar eliminación del personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que confieren los artículos 59, 60 y 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960. Artículo 9º.- La Asociación del personal del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y la entidad gremial respectiva de. cada una de las Instituciones que señalan las letras b), c), d), e) y h) del artículo 5º de la ley Nº 16.391, gozarán de Personalidad Jurídica en la forma establecida en el artículo 6º de la ley Nº 17.594, de 4 de enero de 1972, si no la tuvieren a la fecha de vigencia de la presente ley. Artículo 10.- El gasto que signifique la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al mayor ingreso que sobre lo estimado en el Cálculo de Entradas del Presupuesto. Fiscal para el año 1973 se produzca en la recaudación del impuesto a las compraventas (Item 2110 a 2130). Artículo 11.- Modifícase la ley Nº 16.391, en la siguiente forma: 1) Reemplázase el artículo 7º, modificado por el artículo 3º de la ley Nº 16.609, por el siguiente: Artículo 7º.- La Subsecretaría tendrá las siguientes funciones: a) Conocer y atender de los asuntos jurídicos del Ministerio a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y b) Dirigir y atender los asuntos administrativos a través de la Dirección de Asuntos Administrativos. 2) Reemplázase el artículo 11 por el siguiente: Artículo 11.- La Dirección General de Planificación y Presupuesto estará formada por los siguientes servicios: 1.- Dirección de Planificación Habitacional; 2.- Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario; 3.- Dirección de Planificación de Desarrollo Urbano; 4.- Dirección de Finanzas, y 5.- Dirección de Oficinas Regionales. Artículo 12.- Déjanse sin efecto todas las medidas administrativas adoptadas en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y en las Instituciones, señaladas en el artículo 5º de, la ley Nº 16.391, para perseguir la responsabilidad funcionaría de los trabajadores de esos Servicios que adhirieron al último movimiento gremial ordenado por los Colegios Profesionales, asociaciones de trabajadores, comercio, transportistas y otras organizaciones gremiales o sindicales. No podrá adoptarse por la autoridad administrativa ningún medida disciplinaria, sanción o represalia, individual o colectiva en contra de funcionarios por la circunstancia de haber adherido a dicho movimiento gremial. Artículo 13.- Decláranse válidos, para todos los efectos legales, los pagos efectuados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo a los obreros que prestaban servicios en la Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario, por concepto de aguinaldo de Pascua y Año Nuevo en los meses de diciembre de, 1971 y enero de 1972. Dios guarde a V. E. (Edo.): César Raúl Fuentes. Patricia Goycoolea. 2 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REECTRUCTURA LAS PLANTAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA Y DE REDACCION DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. Santiago, 26 de abril de 1973. Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Escalafón Profesional de Secretaría de la Cámara de Diputados; Suprímense los 5 cargos de Oficiales Auxiliares y Auméntanse a 5 los Oficiales 2ºs. y a 6 los Oficiales 3ºs. Artículo 2º.- Asimílanse, para el solo efecto de nivelar sus rentas, ríos cargos que, se indican en el Escalafón Profesional de Secretaría con que se señalan, del Escalafón Técnico de la Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados: a) El de Secretario de Comisiones con el de Redactor; b) Los de Oficial Mayor de Secretaría, y Oficial Mayor de. Comisiones, con el de. Redactor, disminuida, su renta en un 3%; c) Los de Archivero, Oficial de Partes y Oficiales de Secretaría, con el de Redactor, disminuida su renta en un 6%; d) Los de Oficial de Actas, y Oficial de Oficios, con el de Redacto, disminuida su renta en un 7%; e) Los de Oficial 1º, con el de Taquígrafo 1º; f) Los de Oficial 2º, con el de Taquígrafo 2º, y g) Los de Oficial 3º, con el de Taquígrafo 3º. Artículo 3º.- Créase un Escalafón nuevo que se denominará Escalafón de la Oficina de Relaciones Públicas e Informaciones, con los siguientes cargos: Denominación Nº de Cargos Renta base mensual Jefe 1 2.560 Subjefe 1 2.334 Ayudante 1º 2 2.276 Ayudante 2º 2 2.169 Ayudante 3º 2 1.782 Los cargos serán llenados, por una sola vez, por el personal de Secretaría que se interese por ellos, postulando estrictamente en el mismo orden en que figuran en el referido Escalafón. Los funcionarios que en virtud de esta opción pasen a formar parte de esta nueva Planta, no podrán volver a su anterior Escalafón. Con posterioridad a la primera provisión, los cargos serán llenados por concurso público de acuerdo a las normas y requisitos que exija la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 4º.- El personal del Escalafón Técnico de la Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados gozará de una asignación exclusiva de especialidad. Para el Jefe, Subjefe, los Redactores y el Jefe de Publicaciones, esta asignación será equivalente al 4% de sus respectivas rentas imponibles y para los demás funcionarios de este Escalafón, de un 5 % de sus rentas imponibles. Artículo 5º.- Créanse en el Escalafón Técnico de la Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados, los siguientes cargos: 7 Redactores lºs., 2 Taquígrafos lºs. y 2 Taquígrafos 2ºs., con las rentas asignadas actualmente a los cargos respectivos. Suprímense en la Planta de este Escalafón los 7 cargos de Redactores 2ºs. Los 10 Redactores lºs. de este Servicio pasarán a denominarse en lo sucesivo Redactores. La asimilación al cargo de Redactor dispuesta en el artículo 2 de la presente ley, se entenderá referida a la denominación señalada en el inciso anterior. Artículo 6º.- El Jefe de Publicaciones, el Oficial 1º, el Oficial 2º y el Oficial 3º de la Redacción de Sesiones gozarán de la totalidad de las rentas y asignaciones correspondientes a los grados de Redactor, Taquígrafo 1º, Taquígrafo 2º y Taquígrafo 3º, respectivamente. El cargo de Jefe de Publicaciones de la Redacción será proveído con personal de la Planta de Oficiales de la Redacción. Artículo 7º.- Intercálase en el artículo 6 de la ley Nº 13.609, modificado por el artículo 74 de la ley Nº 16.464, después de las palabras Jefe de la Redacción y antes de la expresión Jefe de la Oficina de Informaciones, lo siguiente: Subjefe de la Redacción, Redactores, Jefe de Publicaciones de la Redacción. Artículo 8º.- Las promociones, cambios de denominación o aumentos de remuneraciones que se produzcan con motivo de la aplicación de los artículos anteriores, no se considerarán ascensos para efecto legal alguno y, en especial, para lo dispuesto en el Párrafo IV del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, y en el artículo 50 de la ley Nº 15.078. Al funcionario que estuviere percibiendo el sueldo del grado superior se le reliquidará dicha diferencia sobre la base de la nueva remuneración del cargo que resulte inmediatamente superior al suyo en virtud de esta remuneración. Artículo 9º.- Reemplázase el Escalafón de Administración de la Cámara de Diputados, por los siguientes: Escalafón de Administración Cargos S. base anual Nº Empl, Total Jefe de Administración Eº 20.280 1 Eº 20.280 Subjefe de Administración 19.440 1 19.440 Jefe de Oficiales de Sala 19.200 1 19.200 Jefe lº Ofs. Administrativos ... 18.960 1 18.960 Jefe 2º Ofs. Administrativos 18.720 1 18.720 Oficial de Aprovisionamiento ... 18.480 1 18.480 Of. Auxiliar de Informaciones ... . .. 18.240 1 18,240 Of. Auxiliar de R. Públicas 18.000 1 Í8.000 Oficiales 1ºs. Administrativos .. 17.760 5 88.800 Oficiales 2ºs. Administrativos 17.520 6 105.120 Oficiales 3ºs. Administrativos 17.280 6 103.680 Ayudante 1º de Aprovisionamiento 17.280 1 17.280 Oficiales 4ºs. Administrativos . . 17.040 8 136.320 Oficiales de Sala .. . 16.800 9 151.200 Ayudante de Aprovisionamiento .... 16.560 1 16.560 Oficiales 1ºs. de Servicio 16.320 14 228.480 Oficiales 2ºs. de Servicio , 14.136 8 113.088 Oficiales 3ºs. de Servicio . < 12.120 14 169.680 Auxiliares 1ºs. de Servicio 11.904 12 142,848 Auxiliares 2ºs. de Servicio 11.208 6 67.248 Escalafón de Imprenta Jefe de Imprenta 18.240 1 18.240 Impresores 1ºs 16,800 2 33.600 Impresores 2ºs. 15.600 2 31.200 Impresores 3ºs 14.400 2 28.800 Escalafón de Mantenimiento Cargos S. base anual Nº Empl. i Total Jefe de Aux. de Servicios Menores ^Auxiliar' l9 de Servicios Menores .. Auxiliar. 2?, de Servicios Menores .. 16.800 1 16.800 15.600 1 15.600 14.400 1 147400 Artículo 10º.- Reemplázase el Escalafón de: Comedores de la Cámara de Diputados por el siguiente: Escalafón de Comedores C argos S. base anual Nº Empl. Total Jéfe de Comedores .. .. .18.240 1 >18.240 Auxiliares lºs .... 16.800 4 67Í200 Auxiliares 2ºs .. .. 15.600 4 621400 Auxiliares 3ºs .... 14.400 6 861*400 Auxiliares Ayudantes .. .. 13.152 7 92.064 Coperos .... 11.208 . 7 78.456 Artículo 11º.- Reemplázase el Escalafón de Jardines de la Cámara de Diputados, por el siguiente: Escalafón de Jardines Cargos Director de los Jardines Jefe de los Jardines .. Jardinero lº Jardineros 2ºs Jardineros 3ºs base, anual Nº JEmpl. '.Total 17.928 1 i 17.928 18.240 '1 181240 18.048 1 118.048 15.600 2 i. 31.200 13.440 2 '26.880 Artículo 12º.- Las promociones que se produzcan con motivo de la aplicación de los artículos 9, 10 y 11, no se considerarán ascenso para los efectos del artículo 7 de la ley Nº 12.405. Artículo 13º.- El sueldo base del Jefe de Administración será equivalente al que perciba un Oficial 1º del Escalafón Profesional de Secretaría. En caso de que dicho sueldo base sea incrementado en el futuro, en la misma proporción se aumentarán también los sueldos base del personal de los Escalafones a que se refieren los artículos 9, 10 y 11. Artículo 14º.- El personal del Escalafón de Imprenta percibirá, además, una asignación especial de máquina, de carácter imponible. El monto de dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1973, será la siguiente: Jefe de Imprenta: 3 sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Impresores 1ºs., 2ºs. y 3ºs.: 2 sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Artículo 15º.- La aplicación de la presente ley no significará en caso alguno disminución de rentas. Artículo 16º.- En los juicios civiles, criminales, del trabajo, administrativos y especiales, cuando uno o más de los litigantes se encuentre exento del pago de los impuestos a las actuaciones judiciales en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y sea condenado al pago de las costas, la parte que no gozare de esta exención, ésta deberá pagar la totalidad de las costas procesales, incluidas las que le corresponderían a aquella que disfruta de la exención. El monto de los impuestos que se originen por la aplicación del procedimiento, será de exclusivo beneficio fiscal y se integrará en estampillas por el litigante vencido, las que se adherirán al expediente respectivo. Artículo 17.- Con cargo a los fondos que se recauden por concepto de lo señalado en el artículo anterior, la Tesorería General de la República pondrá a disposición de la Cámara de Diputados, durante el año 1973, las sumas necesarias para financiar la presente ley. Artículo 18.- Las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir desde el 1º de enero de 1973. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Cerda. Patricio Goycoolea. 3 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONDONA INTERESES PENALES, COSTAS DE COBRANZA, MULTAS Y SANCIONES DERIVADAS DE LA NO DECLARACION Y ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LOS SERVICIOS QUE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE DEBIO HACER Y ENTREGAR EN 1970. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que condona intereses penales, costas de cobranza, multas y sanciones derivadas de la no declaración y atraso en el pago del impuesto a los servicios que la Empresa Portuaria de Chile debió hacer y entregar en 1970. La Empresa Portuaria de Chile durante el segundo semestres del año l970 tuvo problemas financieros que le impidió integrar en arcas fiscales el impuesto a los Servicios que había recaudado en el cumplimiento de sus actividades, el que ascendía a la suma cercana a los Eº 9.000.000. De este incumplimiento derivó la aplicación de intereses penales, multas y sanciones. La Empresa solicitó a la Dirección de Impuestos Internos la condonación de estos intereses, multas y costas de cobranza, la que no fue concedida sino en una mínima parte. La Empresa Portuaria de Chile, con posterioridad al año 1970, ha cumplido oportunamente con el integro en arcas fiscales de los tributos que recauda y estaría en condiciones financieras de devolver también la cantidad a que asciende las recaudaciones que adeuda por concepto de recaudación del impuesto de cifra de negocios en el año 1970, pero no así los intereses penales, multas, costas de cobranza y otras sanciones derivadas de la no declaración y atraso en el pago de este impuesto. El Ejecutivo con el objeto de solucionar este problema ha propuesto un proyecto de ley que derechamente condona dichos intereses penales, costas de cobranza, multas y sanciones. La Comisión de Hacienda, por unanimidad, comparte el criterio del Ejecutivo, por lo cual os recomienda la aprobación del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, sin modificaciones. Sala de la Comisión, a 8 de mayo de 1973. Acordado en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Silva Ulloa (Presidente accidental), Acuña y García. (Fdo.) Pedro Correa, Opaso, Secretario. 4 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SILVA ULLOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA QUE EL SEGURO PARA PASAJEROS DE LA MOVILIZACION COLECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO, CUBRIRÁ LOS RIESGOS DE IDENTICA NATURALEZA QUE AFECTEN A CHOFE DE LOS SERVICIOS INTERCOMUNALES E INTERPROVINCIALES DE LA MOVILIZACION COLECTIVA. Honorable Senado: Los choferes y auxiliares de los Buses Intercomunales e Interprovinciales por la naturaleza del trabajo que desempeñan, están expuestos a accidentes y no tienen protección de ninguna naturaleza. EL accidente ocurrido el 12 de marzo de 1973, cuando chocaron dos buses de la Empresa Flecha Norte, frente a la Estación Salinas, en el camino de Antofagasta a Calama, perdieron la vida los choferes y auxiliares de ambos buses y sus deudos no tuvieron derecho a los beneficios que cubre el seguro de pasajeros, protección que es necesario extender con el propósito de entregar idénticos beneficios. En mérito a lo expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Declárase que a contar del 12 de marzo de 1973, el seguro para pasajeros de la movilización colectiva que otorga el Instituto de Seguros del Estado, cubrirá los riesgos de idéntica naturaleza que afecten a choferes y auxiliares de los servicios intercomunales e interprovinciales de la movilización colectiva. (Fdo.): Ramón Silva Ulloa.