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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).- En votación.
(Durante la votación).
El señor GARCIA.- Voto por el criterio de la Cámara, sobre la base de las explicaciones que ya di y a fin de que no haya necesidad de quinto trámite.
Se acuerda no insistir: 14 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara de Diputados no acepta el artículo nuevo, propuesto por el Senado, que dice:
La Contraloría General de la República deberá llevar, a contar de la publicación de la presente ley, una contabilidad separada de los mayores ingresos y mayores gastos que se deriven en el presupuesto fiscal por la aprobación de leyes de reajustes o anticipos de reajustes.
Para estos efectos, la Contraloría podrá requerir de los servicios y empresas públicas la información necesaria.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Prado.
El señor PRADO.-
Sólo quiero dejar constancia de que durante la discusión del proyecto de reajustes hubo un largo debate acerca del déficit del presupuesto fiscal y de las responsabilidades que de ello se derivan. Se formularon denuncias muy importantes respecto del aumento del gasto total en remuneraciones debido a. los muchos miles de personas que se convirtieron en trabajadores mediante el simple expediente de ampliar las plazas de determinados servicios públicos, sin que desempeñen labores útiles. Se habló de los cientos de miles de trabajadores que han ingresado en distintas categorías, algunos a jornal y otros de planta, en estos dos años. Sin embargo, las fuentes normales de trabajo del país no se han incrementado. Al revés, acusan un déficit muy grave.
Para terminar con esta situación, se propuso este artículo nuevo, que no sé por qué la Cámara no mantuvo. No veo el motivo por el cual puede perjudicar a una sana política fiscal el que un organismo como la Contraloría General de la República lleve, a contar de la publicación de la presente ley, una contabilidad separada de los mayores ingresos y mayores gastos que se deriven en el presupuesto fiscal por la aprobación de leyes de reajustes o de anticipo de reajustes.
Creo que al país no le conviene que esta situación quede en la nebulosa; que cada vez que discutamos una ley de reajustes se pongan en tela de juicio las sumas que rindieron los gravámenes o tributos establecidos para financiar el reajuste anterior; en suma, si hubo déficit o rendimiento suficiente.
A mi juicio, esta norma debió aprobarse, pues no merece objeciones de ninguna especie.
Advierto que el Ejecutivo no está de acuerdo con esto, porque así lo ha expresado. Considero que esta posición del Gobierno es absolutamente negativa, que es injustificable que no quiera crear un mecanismo de control de los ingresos destinado a que podamos saber a ciencia cierta cuánto rinden los tributos que financian leyes de reajuste, sobre todo si se considera que Chile es un país donde cada día la legislación impositiva es más gravosa y realmente asfixiante. No se justifica negarse a aprobar un mecanismo que, por de pronto, no representa ningún tipo de gastos, pues se trata de encomendar a la Contraloría un cálculo exacto, perfectamente claro, que evite toda discusión sobre esta materia.
A mi juicio, lo único que cabe hacer en este caso es insistir. Yo, por lo menos, insistiré, por estimar inadmisible seguir discutiendo leyes de reajustes en la forma como se ha hecho hasta el momento: en una verdadera nebulosa del rendimiento de los mayores ingresos que se previeron.
El señor BALLESTEROS.-
Deseo reiterar brevemente las razones aducidas por el señor Prado para mantener este artículo nuevo.
En las Comisiones Unidas de Gobierno y de Hacienda se solicitó que el Ejecutivo nos enviara una nómina del personal de la Administración Pública y, en general, de todo aquel que resulta favorecido con este anticipo de reajuste, separando en esa nómina el personal existente hasta antes de asumir el actual Gobierno de las nuevas contrataciones, porque es evidente que el mayor volumen de gastos se está produciendo por las contrataciones, que han ocurrido en condiciones y en cantidad sin precedentes...
La señora CAMPUSANO.- Como en el caso de Obras Públicas.
El señor BALLESTEROS.- Sí, como en ese caso, que, como muy bien sabe Su Señoría porque entiendo que en esta materia...
El señor PALMA (Presidente).- Ruego al señor Senador dirigirse, a la Mesa.
El señor BALLESTEROS.- Estoy dirigiéndome a la Mesa, pero no puede privarme de la deferencia de contestar la interrupción de la señora Senadora.
Digo a la Honorable señora Campusano, con la venia de la Mesa, que, en definitiva, el caso de Obras Públicas es típico, porque con cargo al presupuesto de ese Ministerio o sea, a los recursos destinados a realizar obras en el país, por un mecanismo especial que, a mi juicio, no es normal, es irregular, hoy día se están pagando contrataciones de gran número de personal. Y no es un misterio para nadie que hasta hace poco tiempo había unas 17 mil personas creo que ahora son más contratadas por este procedimiento, que, reitero, me parece absolutamente irregular y que significa restar recursos para la construcción de obras, lo que no debe ser el propósito, por cierto, de la señora Senadora ni de nadie más en el Senado.
El caso es que, en definitiva, el Ejecutivo no ha cumplido con la obligación de enviarnos la nómina en cuestión, no obstante que el señor Ministro de Hacienda se comprometió a remitirla en el plazo de dos días, como pueden atestiguarlo los demás miembros de las Comisiones Unidas. Parece que la situación no es tan clara, ya que el propio Ejecutivo no ha querido hacerla pública dando cumplimiento a la obligación que él mismo aceptó en las Comisiones Unidas.
Por eso, como ha dicho el Senador señor Prado, para no estar renovando aquí en forma permanente este debate sobre la suficiencia o insuficiencia de los recursos que se otorgan ni aparecer incurriendo indefinidamente en esas afirmaciones del Ejecutivo, que injustificadamente denuncia que el proyecto estaba desfinanciado, o del Congreso en el sentido de que él otorgó los recursos necesarios, me parece indispensable que sea la Contraloría General de la República, organismo encargado de velar por las cuentas del Estado, la que señale en definitiva quién tiene la razón en esta materia. De lo contrario, permanecerá este juego de apreciaciones, que, por último, sólo conduce a confundir al país.
Por las razones expuestas, porque creo que es necesaria la disposición en debate, estimo que debe mantenerse.
El señor VALENTE.-
El Gobierno no es remiso a que se establezca por la Contraloría u otro organismo un control estricto del rendimiento que producen las leyes de reajustes. Es tan cierto lo que afirmo, que entre las disposiciones contenidas en el mensaje del Ejecutivo se consignaba la creación del Fondo de Compensación y Anticipo de Reajuste, y como consecuencia de ello, se creaba una comisión que estaría integrada, entre otros funcionarios, por el Contralor General de la República. En seguida, al señalarse las tareas que dicha comisión tendría a su cargo, en la letra a) se planteaba que ella, entre otras, debía efectuar el cálculo de los ingresos del Fondo; vale decir, comprobar el rendimiento de la ley de reajustes en cuanto a su financiamiento.
La Contraloría General de la República ha sido la que ha establecido, para las leyes de reajustes dictadas a contar de 1971, los déficit a los cuales se refirió el Ministro de Hacienda en las Comisiones del Senado y en la Cámara, en el sentido de que esas leyes anteriores sólo quedaron financiadas en 30%, 25% y 15%, es decir que su desfinanciamiento fue del 70%, del 75% y del 85%.
No obstante, en esta oportunidad nosotros no votaremos a favor de la norma propuesta en el artículo nuevo en debate. Y no porque no tengamos interés en que esto se conozca, pues nos parece que sería una ayuda para el Gobierno un cálculo de esta naturaleza, que se conociera públicamente, sino porque queremos evitar el quinto trámite constitucional de esta iniciativa, con el objeto de que el Senado la despache en la misma forma como lo hizo la Cámara. No es otra nuestra intención. Nada tenemos en contra del precepto y, por lo contrario, concordamos con él.
Repito: con el objeto de acelerar el despacho del proyecto de ley en discusión, no insistiremos, de acuerdo con lo que hemos planteado.
El señor IBAÑEZ.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, la resolución de la Cámara de Diputados, que impide contabilizar en forma separada los mayores ingresos que percibe el Gobierno con motivo del reajuste de los impuestos, nos parece extraordinariamente inconveniente, y nosotros insistiremos en el criterio del Senado.
En esta oportunidad, quiero señalar también el incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de dar a conocer al Senado el monto de esos mayores ingresos. El Ejecutivo ha hecho toda clase de cargos gratuitos y ha difundido, con dinero de los contribuyentes, lo que por cierto influye en el desfinanciamiento del erario, toda clase de mentiras con relación a este proyecto de ley de reajuste. Yo me atrevo a decir me siento plenamente autorizado a usar estos calificativos que el Ministro, pues sistemáticamente se negó a dar a conocer las cifras del ingreso fiscal, como es su obligación hacerlo, nos mantuvo engañados, haciendo el ofrecimiento de que enviaría esos antecedentes a la Corporación, los que nunca llegaron. Y no llegaron porque al Gobierno no le convenía que tales antecedentes se conocieran y porque, a la luz de esas cifras, perdían absolutamente toda validez las argumentaciones que aquél hacía a favor de la tributación por él propuesta, quedando en evidencia la campaña de mentiras en que se ha empeñado con motivo de la tramitación, de la ley de reajuste, por todos sus medios de difusión.
Por lo tanto, esta actitud del señor Ministro, que debemos señalar y destacar en estos instantes, resulta ser autoacusatoria para el Gobierno, y no sólo confirma plenamente lo que nosotros hemos aseverado en cuanto a que el Gobierno recibe recursos sobrados para pagar los reajustes, sino que también nos autoriza para pensar lo peor respecto de la gestión económica de la actual Administración. Porque cuando quienes están encargados de cautelar los dineros públicos no dan debida cuenta de ellos, estamos autorizados para pensar en todo: malversación de fondos, destinaciones indebidas, derroches e incluso actos dolosos.
Quiero ser muy claro en este aspecto, pues tal como lo hemos dicho y lo seguiremos sosteniendo ahora con mucho mayor razón, atendida la circunstancia que estoy señalando, el Gobierno, mediante el mecanismo del reajuste automático de los impuestos, percibe recursos más que suficientes para pagar un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida de todas las remuneraciones que se cancelan con cargo al erario. Por eso, la pregunta que se hacen los asalariados, las personas que son víctimas de este reajuste discriminatorio e injusto, la reitero yo esta tarde en la Sala: ¿dónde está el dinero que el Gobierno recibe? En el fondo, ésa ha sido también la pregunta que nosotros hemos formulado al Ministro de Hacienda y que éste se ha negado a contestar.
El Gobierno recibe el total de los ingresos reajustados en el ciento por ciento del alza del costo de la vida, y los recibe por los doce meses del año. El proyecto que estamos despachando, en cambio, reajusta solamente los ingresos de las personas que viven de un sueldo o jornal, hasta un monto de cinco sueldos vitales y sólo por un período de nueve meses. En consecuencia, el Ejecutivo se está quedando con una fuerte diferencia que destina a sus aventuras políticas y a las tropelías que aquí se insinúan, como lo es, por ejemplo, la contratación de esos 17 mil obreros, cifra respecto de la cual creo que el Senador señor Ballesteros está equivocado, pues el número de aquéllos es bastante mayor. Esos trabajadores, contratados por el Ministerio de Obras Públicas, constituyen las tropas de choque que el Gobierno utiliza para realizar toda clase de desmanes, toda clase de atropellos a la ley; para realizar desfiles y tomas, e incluso, amenazar la integridad física de los ciudadanos.
Ese es, pues, el destino que la actual Administración está dando al dinero que percibe, aparte muchos otros cuyos antecedentes no daré a conocer en esta oportunidad por lo avanzado de la hora.
Nosotros reiteramos ahora, con pleno fundamento, los graves cargos que hemos hecho al Gobierno, así como haremos público a lo largo de todo el país el engaño de que nuevamente aquél ha pretendido hacer víctimas a las personas a las cuales quita sus legítimos reajustes, guardándose las diferencias de los dineros que percibe. De ahora en adelante no aceptaremos que en forma alguna el Gobierno sostenga que los reajustes salen desfinanciados, porque se le dio la oportunidad de probar esa afirmación y se negó a hacerlo.
Por las razones expuestas, repito que insistiremos en el precepto aprobado por el Senado.
Se acuerda no insistir (14 votos por la, insistencia y 9 por la no insistencia).
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, sé adoptará el mismo criterio respecto de las tres enmiendas siguientes, es decir, el Senado no insistiría.
Acordado.
Queda terminada la discusión del proyecto.
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