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- rdf:value = " El señor BOSSAY.-
Conforme a nuestro Reglamento, el señor Ministro tiene preferencia en el uso de la palabra. Sin embargo, considero que en el curso de la sesión dispondrá de muchas oportunidades para solicitar las interrupciones que estime convenientes, las que, según creo, el Honorable señor Aylwin o algún miembro de su partido contestarán, respecto del desarme de los grupos armados, de la entrega de fábricas y otros asuntos sobre los cuales todos hemos quedado en el aire, pues no hemos recibido respuesta alguna.
Primero, se ha planteado la conveniencia de un diálogo, pero éste no se puede realizar cuando un sector está amenazando con armas y el otro se encuentra sin ellas, lo que lo coloca en situación de inferioridad. Estimo que próximamente habrá oportunidad de aclarar mutuamente la situación.
Señor Presidente, el país atraviesa las horas más dramáticas del presente siglo, porque nunca como ahora estuvo más amenazada la convivencia pacífica de los chilenos, y este dramatismo ha sido también expresado en las primeras palabras del señor Ministro del Interior.
En todo caso, es primera vez, en nuestra historia que esta grave amenaza proviene del propio Gobierno de la República y de los partidos que dicen apoyarlo.
Los demócratas tenemos no sólo el derecho, sino el deber histórico de defender nuestras instituciones libertarias. Si así no lo hiciéramos, las generaciones venideras e incluso los mismos que hoy, engañados por una propaganda machacadora y repetida, se dejan conducir ciegamente hacia el abismo, tendrían derecho muy justificado para reprocharnos nuestra debilidad. Así ha ocurrido en todos los países que han caído bajo el yugo totalitario.
Nos defendemos con las pacíficas armas que nos da la democracia. Otros se dejan llevar por la desesperación y el descontrol y recurren a procedimientos destinados a contener, por cualquier medio, el desborde totalitario del Gobierno.
En ello nada tienen que ver los partidos democráticos, y, desde luego, el nuestro. Tenemos una trayectoria democrática que no todos en este país pueden exhibir. No hay entre nosotros grupos armados, y, si los hubiera, el Gobierno, con las herramientas que nosotros mismos le hemos dado con la ley de Control de Armas, podría erradicarlos, si ése fuera realmente su deseo.
Los grupos extremistas opuestos a este Gobierno no gozan de nuestra simpatía, ni nosotros contamos con la suya. Frescos están todavía en la memoria de la ciudadanía los ataques que sufrimos de parte de sus personeros durante la pasada campaña electoral.
Tenemos, pues, plena solvencia moral para hablar de este problema, y nadie puede hacernos cargo alguno. Tampoco se nos puede acusar de defender intereses subalternos.
Hemos dado la prueba más contundente de que somos partidarios de los cambios en nuestro país. Para ello, hemos hecho el sacrificio máximo que puede exigírsele a un partido político.
Fuimos al Gobierno, invitados por el Presidente de la República, a luchar por que los cambios se encauzaran por la senda democrática que se había prometido al país y para evitar el tremendo costo de los errores económicos, sociales y políticos cometidos por la Unidad Popular.
Fue imposible conseguir que este Gobierno se sujetara a una mínima cordura en la conducción de los destinos de la nación, y por ello abandonamos el Gobierno, para seguir desde esta trinchera luchando por lo que creemos y pensamos: que se hagan en Chile todas las transformaciones indispensables para obtener mayor justicia social, mayor desarrollo de la nación y participación efectiva de los trabajadores, pero sin que se tenga que pagar el precio insoportable de la pérdida de la libertad y de los derechos ciudadanos.
Hemos sostenido, y seguiremos sosteniendo, que las transformaciones que el país necesita sólo pueden hacerse por la vía democrática, sin sectarismo, sin persecuciones, sin prepotencia, sin salirse de la ley, porque es el único sistema con que en Chile puede un Gobierno lograr sus superiores propósitos de bien público.
La Unidad Popular tiene que entender, de una vez por todas, que no puede imponer a la fuerza a la mayoría de los chilenos que están en la Oposición sus propios esquemas y soluciones.
Porque no lo comprende así, se ve obligada a recurrir a los métodos que el país contempla atónito. Por eso tiene sumida a la nación en un clima tal de tensiones, de odios y pasiones desatadas, en que pueden producirse acciones ajenas a nuestras tradiciones.
Después del conato subversivo de un sector del Regimiento Blindado Nº 2, sofocado por la inmensa mayoría de las fuerzas militares de nuestra patria, el Gobierno ha perdido todo control y mesura, se ha dejado llevar por una histeria incomprensible y ha lanzado al país por la vía de la sedición; una sedición realmente increíble, porque es alentada desde el propio Gobierno, desde sus altos funcionarios y desde los comités centrales de los partidos de Gobierno, ya aliados sin tapujo alguno con los grupos extremistas que otrora condenaban, por lo menos para la exportación, pero que hoy día no sólo aparecen incorporados plenamente a las tareas de conducción, sino que, además, indican el camino que dócilmente siguen los demás.
Es curioso lo que ocurre: parece que estos grupos son los llamados a hacer las tareas sucias de la Unidad Popular. Ellos sacan primero las consignas, indican las acciones violentas que es necesario efectuar, cuáles son los próximos pasos por seguir, predican la guerra civil y el enfrentamiento armado.
Hipócritamente, las directivas de Gobierno se lavan las manos en primera instancia. Declaran no tener relación con esos extremistas, y muchas veces condenan por espontaneísmo sus acciones. Pero, a corto plazo, resultan adoptándolas ellas mismas.
Así ha ocurrido con las tomas. El Presidente de la República, en cada discurso, en cada intervención, señala que ellas son negativas. ¡Y vaya si lo son! Ellas han colaborado a la destrucción económica del país al sembrar la incertidumbre y la inseguridad en todos los rubros de la producción y al transformar el esfuerzo productivo de las industrias y predios tomados en una acción politiquera constante.
Hoy la Unidad Popular trata de ocultar por todos los medios la acción descontrolada que desató a raíz de los acontecimientos del 29 del mes pasado. Para desgracia de ellos, sembraron por todo el país sus declaraciones y actos, desde el Presidente de la República para abajo.
El señor Jorge Godoy, Presidente de la CUT, instrumento gremial del Partido Comunista, el mismo día 29 llama a los trabajadores a concentrarse y tomarse sus respectivas fuentes de trabajo, sean éstas industrias, fábricas, servicios, asentamientos y centros de reforma agraria.
No obstante que el Gobierno declara en seguida que la situación está totalmente controlada, que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas se mantienen leales, y que se ha tratado de un brote aislado, el que está totalmente sofocado, la CUT mantiene esa orden de toma, que hasta hoy continúa sin variación.
¿Y el Gobierno, que por intermedio del Presidente de la República condenaba hasta hace muy pocos días las tomas, qué hace? Muy simple: llama al autor de esta flagrante trasgresión constitucional a formar parte del nuevo Gabinete, como Ministro del Trabajo.
Resulta una verdadera paradoja que al mismo tiempo se llame a los sectores democráticos del país a apoyar la acción del Gobierno para restaurar la tranquilidad, y se manifieste una aparente apertura al diálogo, mientras que por otro lado el Gobierno reconoce su plena complicidad en este atentado contra la Constitución y la ley.
El Gobierno ya se sacó definitivamente la careta. Mientras trata de eludir por todos los medios la promulgación de la reforma constitucional que fija las áreas de la economía y otorga participación a los trabajadores, que sin duda no va a promulgar, abandona ya todo disimulo, todo disfraz de legalidad, y procede a alentar y aprobar las meras tomas. Y agrega la burla de proceder después a requisar las industrias tomadas, por haberse paralizado su producción.
Pero no es sólo por este lado donde se han desbordado totalmente la legalidad y la institucionalidad.
Desde los comienzos del Gobierno de la Unidad Popular se ha denunciado la existencia de grupos armados lo hicimos en su oportunidad, aún dentro del Gobierno, y por escrito, protegidos y amparados por funcionarios públicos. En numerosas oportunidades la casualidad ha permitido descubrir el intenso tráfico de armas que realizan los partidos de Gobierno.
Luego tratan de echarle tierra al asunto, pero ahí quedan los hechos acusadores: los bultos del avión cubano llevados a Tomás Moro; la camioneta fiscal que chocó en Curimón y que portaba armas;, las denuncias no investigadas en LAN por el tráfico de armas, el descubrimiento, en Ventanas, de grupos extremistas extranjeros, etcétera.
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