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- rdf:value = " El señor AYLWIN.-
Señor Presidente, la Democracia Cristiana, en cuyo nombre hablo, tiene la conciencia de que estamos viviendo uno de los momentos más graves y trascendentales de nuestra vida republicana. Del reconocimiento de este hecho, al que ningún chileno puede sustraerse, deriva nuestra convicción de que el destino de Chile y de sus diez millones de habitantes puede depender decisivamente de lo que ahora hagamos o no hagamos todos los que tenemos alguna responsabilidad en la marcha del país.
Baste lo dicho para explicar la severa formalidad de mis palabras. No obedece a ningún afán de dramatizar, ni a fatua solemnidad ni a interesados fines partidistas. Os ruego recibirlas como el más honesto esfuerzo de expresar, con serena racionalidad y sin otra pasión que el amor a Chile, la esencia de lo que pensamos los democratacristianos en esta encrucijada de la patria.
Crisis integral.
Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pareciera que el país ha perdido su identidad histórica, los rasgos definitorios de su personalidad como nación.
Nuestra vieja inferioridad económica, con su secuela de miseria y de inflación crónica, de la que tan costosamente veníamos saliendo, recrudece ahora con más crueldad que nunca. La carestía desorbitada que devora vertiginosamente sueldos y salarios; la tremenda escasez de bienes esenciales que somete a todos los hogares al padecimiento de colas y privaciones; el envilecimiento de nuestra moneda; la fuga del país de miles de profesionales y técnicos irreemplazables; el deterioro y destrucción del aparato productivo y de los medios de transportes; el drama creciente de la locomoción colectiva, son signos manifiestos de la peor crisis económica.
Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, bases de nuestra estabilidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora las leyes son despreciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazados por los hechos consumados; las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas, cuando no simplemente sobrepasadas, por individuos o grupos que se arrogan sus funciones, y los Poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos.
Nuestra ya clásica convivencia democrática, fundada en el respeto recíproco entre las personas por encima de sus diferencias ideológicas, en cierta dosis de honesto reconocimiento de la verdad, en el acatamiento a la voluntad de las mayorías y en la búsqueda del consenso para el logro de soluciones prácticas, ha sido substituida por el sectarismo totalitario, caracterizado por la injuria personal al que discrepa, la mentira habitual, el menosprecio por la opinión mayoritaria democráticamente expresada y el afán de imponer el criterio propio, aunque sea minoritario, a toda costa y por cualquier medio.
Odio y degradación moral.
En nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor únicos de toda acción política y social, se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias. En el seno de las poblaciones, de las fábricas y campos, de las comunidades escolares y de los propios hogares, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio y hasta familiares, se pelean diariamente en una lucha fratricida cada vez más cruenta.
Aunque a menudo se invoque el nombre de la patria y se abuse grotescamente de su bandera, el sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos. El recelo y la desconfianza recíprocas, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad, y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores, suelta los apetitos egoístas y sacrifica el bien común.
Realidad amenazante.
Por dolorosos que sean, nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que Chile parece un país azotado por la guerra; una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos.
Manifestaciones de esta realidad han sido los hechos de los últimos días: el amotinamiento del viernes 29 de junio, que oportunamente condenamos, y la acción ilegal de milicias armadas que motiva esta sesión.
Responsabilidad de cada cual.
¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cómo encararla?
En esta hora tan grave, no queremos insistir en nuestro juicio, tantas veces expresado, sobre la culpabilidad del Gobierno por haber conducido al país a esta deplorable situación. Baste señalar el hecho de que la trágica realidad que hemos descrito se ha ido configurando precisamente en el curso del actual período gubernativo.
Pero más que volver sobre el pasado, Chile y los chilenos necesitan una salida que despeje su horizonte de amenazas y abra camino a un porvenir feliz. Es sobre esto que la Democracia Cristiana, como primer partido político chileno y desde su definido sitial de oposición, quiere fijar en esta oportunidad su pensamiento, con la máxima claridad y decisión a fin de que cada cual asuma cabalmente su responsabilidad ante la historia.
Vocación democratacristiana.
Hablamos con la autoridad moral que nos otorga el haber sido siempre fieles a nuestra vocación democrática y revolucionaria. Nuestro partido nació y existe para luchar por la liberación del pueblo ante cualquier forma de opresión. Nuestra tarea es construir una sociedad en que se concilien la justicia con la libertad. Para ello creemos indispensable, en la actual etapa histórica, sustituir las estructuras capitalistas de base minoritaria por formas verdaderamente democráticas de organización política, económica y social, fundadas en la participación comunitaria de los trabajadores.
Consecuente con estos ideales, el Gobierno democratacristiano que encabezó el Presidente Frei impulsó un proceso de cambios trascendentales destinados a promover el desarrollo del país e incorporar al ejercicio del poder y a las ventajas del progreso a las grandes mayorías tradicionalmente postergadas. Tal fue el sentido de los programas de organización popular, reforma agraria, expansión y reforma educacional, vivienda, recuperación de riquezas básicas e industrialización puestos en marcha por nuestro Gobierno.
Estatuto de Garantías.
La lealtad a esos mismos principios nos llevó, en octubre de 1970, a elegir con nuestros votos Presidente de Chile, en el Congreso Pleno, a don Salvador Allende, que había obtenido la primera mayoría relativa en el sufragio popular. Y es bueno recordar, una vez más, que para proceder de esa manera los democratacristianos no exigimos al señor Allende ninguna ventaja partidista, ni la supresión ni modificación de ninguno de los objetivos económico-sociales de su programa de Gobierno, ni aun aquellos que no compartíamos. Lo que sí exigimos perentoriamente fue asegurar de modo público, oficial y solemne, que los cambios que se propiciaban se harían sin violación del orden constitucional y respetando las libertades y derechos consagrados por la vocación democrática irrenunciable de los chilenos.
Así nació el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, consagrado formalmente en una reforma de nuestra Carta Fundamental, que fue condición previa para la elección del actual Presidente de la República. Dificulto si en la historia de las democracias del mundo hay otro ejemplo de una actitud de mayor limpieza democrática que el que demostró la Democracia Cristiana en esa oportunidad.
¿Será necesario recordar que el PresidenteAllende y los partidos de la Unidad Popular suscribieron, votaron y apoyaron públicamente dicho Estatuto de Garantías Constitucionales, manifestando que expresaba sus propias convicciones y comprometiendo su honor en su leal acatamiento?
Gobierno atropella el Estatuto.
Lo que nadie puede ignorar, porque ha ido ocurriendo en el curso de estos dos años y medio a la vista de todos los chilenos, es que el progresivo y cada vez mayor enfrentamiento entre el Gobierno del señor Allende y el Partido Demócrata Cristiano, que lo eligió Presidente de Chile en el Congreso Pleno, no ha sido como tendenciosamente se afirma por algunos el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular respecto del cual, por lo demás, no contrajimos compromiso alguno, sino el incumplimiento reiterado, abierto o encubierto, del Estatuto de Garantías Constitucionales.
No es ésta la oportunidad de detallar circunstanciadamente las contradicciones cada vez mayores en que ha incurrido el actual Gobierno, minoritario en el plano institucional y en la base social, corroído por un espíritu sectario denunciado no sólo por sus opositores, sino por muchos de sus propios personeros, y empeñado en imponer al país un esquema no compartido por la mayoría de los chilenos. En esto se halla una de las causas fundamentales de las crisis sucesivas, cada una de ellas más grave que la anterior, que ha ido enfrentando nuestro sistema institucional bajo el actual régimen, hasta alcanzar la extrema peligrosidad de la situación que ahora vive el país.
Pérdida de fe democrática.
No seríamos francos si silenciáramos el hecho, que todos aquí sabemos, de que la mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile. Sea porque la experiencia vivida estos años exhibe numerosas circunstancias en que la juridicidad institucional ha sido sobrepasada, las libertades atropelladas y la legalidad ha aparecido ineficaz; sea porque la palabra democracia misma tiene significaciones distintas para unos y para otros; sea porque en uno y otro extremo de la gama política chilena hay muchos que jamás han sido verdaderamente democráticos y tienen mentalidad totalitaria, lo cierto es que la convicción democrática como valor cultural y norma de convivencia cívica de los chilenos se ha debilitado en grado sumo.
De una parte, hay quienes creen agotada la vía chilena hacia el socialismo y postulan ir derechamente a la dictadura marxista-leninista, encubierta bajo el rótulo de dictadura del proletariado. Nadie puede ignorar que ésta no sólo es la posición del MIR, sino también ha sido casi permanentemente la tesis oficial del Partido Socialista. El innegable fracaso de la gestión económica gubernativa parece empujar a otros sectores oficialistas hacia análogo endurecimiento, y, a juzgar por algunas de sus últimas actuaciones, ésta sería la posición adoptada ahora por el Partido Comunista.
De la otra parte, prescindiendo de los grupos minoritarios ultras que nunca creyeron en la democracia, el embate implacable del sectarismo, la arbitrariedad, la discriminación y la violencia, empuja cada día a más chilenos a pensar que sólo una dictadura castrense puede restablecer en Chile el orden y la autoridad indispensables para salvar nuestro porvenir como nación.
Nuestra lealtad democrática.
Por nuestra parte, yo quiero reiterar aquí, una vez más, que la Democracia Cristiana sigue siendo fiel a sus principios de siempre; que por formación humanista y por convicción doctrinaria, somos contrarios a toda dictadura o totalitarismo, cualquiera que sea el signo bajo el cual pretenda ejercerse; que desde nuestra clara actitud opositora, permanecemos fieles a nuestra devoción al régimen constitucional; que repudiamos su quebrantamiento, venga de donde venga, y que, mientras haya alguna posibilidad de superar la crisis que vive Chile por las vías institucionales, haremos lo que está de nuestra parte por lograrlo.
Pero con la misma claridad decimos que está consecuencia nuestra con la vocación democrática y libertaria, consustancial a nuestra inspiración cristiana, no significa ni puede ser interpretada como signo de ingenuidad ni debilidad. No ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile y estamos dispuestos a enfrentarlo, sea como fuere. El Gobierno y sus partidarios deben saber que no pueden seguir girando a cuenta de nuestra devoción democrática, ni esperar que nuestro espíritu constitucionalista sirva de amparo a sus desbordes.
Garantías son intransables.
El primer obligado a asegurar la plena vigencia del régimen constitucional es el propio Ejecutivo, empezando por el Presidente de la República. Y esa vigencia pasa por el leal cumplimiento del Estatuto de Garantías Constitucionales, libremente convenido con nosotros y al que prestó solemne juramento. Sepa el Gobierno y sepa Chile entero que ese Estatuto y su cumplimiento no están sujetos a ninguna especie de transacción o renegociación.
Para nosotros es indiscutible que la institucionalidad democrática chilena se encuentra quebrantada, y por ello, al constituirse el nuevo Ministerio la semana última, estimamos necesario precisar públicamente ante el país las condiciones a nuestro juicio indispensables para su restablecimiento, e instar al Ejecutivo para que las cumpla. Es lo que hicimos en la declaración de la Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano emitida el viernes 6.
Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para incorporarla al texto de mi discurso.
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