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- rdf:value = " El señor AYLWIN.-
Permítaseme insistir en uno de los aspectos considerados en ese documento, que se refiere precisamente a la instauración más o menos generalizada de un sedicente poder popular armado, materia específica que ha motivado esta sesión.
Nada puede ser más contrario a la esencia misma del régimen constitucional, ni vulnerar más abiertamente el Estatuto de Garantías Democráticas que este hecho público y notorio, realizado siguiendo instrucciones de organismos, partidos y grupos ligados al Gobierno, con la intervención de funcionarios públicos y bajo el amparo de autoridades.
La experiencia histórica del advenimiento de muchos regímenes de tiranía comunista, revela en su génesis entre otros hechos sintomáticos el surgimiento de organizaciones de base no previstas en la estructura institucional ni generadas democráticamente, que se arrogan de hecho la representación del pueblo y el ejercicio del poder popular al margen de las autoridades legalmente establecidas, como asimismo el intento de, descabezar y politizar a las Fuerzas Armadas y la creación de milicias populares.
Precisamente para prevenir este tipo de hechos, la Democracia Cristiana planteó expresamente estas cuestiones al promover el Estatuto de Garantías Constitucionales.
Lo que la Democracia Cristiana exigió a Allende.
Dijo al respecto en el documento público presentado al señor Allende el 24 de septiembre de 1970:
Nos interesa la plena vigencia del Estado de Derecho. Esto exige la subsistencia de un régimen político en el que la autoridad sea ejercida exclusivamente por los órganos competentes de los tres Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dentro de la independencia de cada uno, de la necesaria colaboración entre ellos y del marco de la Constitución y la ley, sin intervención de otros órganos de hecho que actúen en nombre de un supuesto poder popular.
Y agregó acto seguido:
Nos interesa que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Esto exige que se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado a su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilice las tareas de participación que se les asigne en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Lo que Allende contestó.
¿Qué contestó el señor Allende? En su carta al Senador Benjamín Prado, entonces Presidente de nuestro partido, fechada el 29 de septiembre, expresó a este respecto lo siguiente.
En cuanto a lo primero:
Hemos sostenido que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho.
Las organizaciones sociales, sean éstas sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, o cualquiera otras, funcionarán libre, democrática y autónomamente, sin desmedro de las funciones propias y exclusivas de los tres Poderes del Estado.
Y en cuanto a lo segundo:
El reconocimiento del rol estrictamente profesional y de la función exclusiva que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden es un concepto que repetidas veces he expresado.
Lo que la Constitución manda.
Consecuentemente, en la reforma constitucional que consagró el Estatuto de Garantías estos principios quedaron claramente establecidos.
El número 16 del artículo 10, luego de referirse a las funciones de participación democrática de las juntas de vecinos, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones comunitarias, textualmente, agregó:
En ningún caso esas instituciones, ni ninguna otra, podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo ni intentar ejercer atribuciones de poder propias de las autoridades del Estado.
Por su parte, el artículo 22 de la Carta Fundamental estableció textualmente: La Fuerza Pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros...
Estos principios, tan solemnemente, convenidos y consagrados en la Constitución Política, constituyen bases insustituibles e intransables de todo sistema constitucional auténticamente democrático. Nadie más que los órganos creados expresamente por la Constitución y por las leyes pueden ejercer atribuciones de poder en nombre o representación del pueblo. Quienes lo hacen actúan, en virtud de un mandato popular emanado del sufragio libre y secreto de todos los ciudadanos. Y las decisiones fundamentales como reformas a la Constitución Política pueden ser sometidas al veredicto directo del propio pueblo mediante el plebiscito. Pero ningún individuo ni grupo de individuos pueden constituirse por sí mismos en poder y convertirse en autoridades de facto. Esto significa la más abierta ruptura al orden institucional, porque importa desplazar a las autoridades constitucionales y legales al margen de toda investidura democrática.
Sólo las Fuerzas Armadas.
En cuanto al ejercicio de la fuerza, la institucionalidad democrática sólo lo concibe como subordinado a los poderes constitucionales y dentro del marco de la ley. La democracia busca fundamentar la autoridad y sus decisiones en el consentimiento colectivo, mediante el debate y la confrontación racionales y no en un enfrentamiento armado. De ahí que las Fuerzas Armadas permanezcan ajenas a la contienda política y, en nuestra tradición republicana, hayan adquirido el papel de ser garantes de nuestra convivencia democrática, asegurando él respeto a la Constitución y las leyes.
El Gobierno debe comprender, en consecuencia, que los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto, el establecimiento de hecho de su supuesto poder popular, formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organizaciones o grupos, cosa absolutamente incompatible con la subsistencia del poder institucional, de derecho que consagra la Carta Fundamental como base esencial de nuestro régimen democrático. Y menos podemos aceptar que, con participación o complicidad de autoridades o funcionarios del Estado, o aun sin ellos, se distribuyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho y las mujeres, los niños y los hombres que habitan en las poblaciones, los trabajadores de las fábricas o campos, los estudiantes y, en general cualquier chileno, queden a merced de la voluntad de esos grupos armados, que se apoderan de las fuentes de trabajo, de los locales escolares, de centros vitales para la vida colectiva, y amenazan la propia vida de quienes no se les someten.
No creo necesario para no alargar mis observaciones hacer referencia al papel jugado por este tipo de organizaciones armadas, pretextando movilización de las masas en el establecimiento de las dictaduras comunistas en algunos países de Europa oriental. El famoso golpe de Praga en Checoslovaquia, en mayo de 1948, es profundamente revelador.
Responsabilidad gubernativa.
Francamente debemos declarar que no hemos visto de parte del Presidente de la República, del Ejecutivo y de los partidos que lo constituyen, ni una actitud clara a este respecto, ni la apreciación seria de la gravedad que esta situación entraña. La evidente participación en ella de personeros del oficialismo, los instructivos que la opinión pública ha podido conocer, algunas palabras desafortunadas del propio Jefe del Estado, la actuación personal del Ministro del Trabajo y las declaraciones de destacados dirigentes de los principales partidos de Gobierno, dan base más que suficiente para imputarles clara responsabilidad.
Con satisfacción ha visto el país que las Fuerzas Armadas están ejerciendo las atribuciones que les encomienda la ley sobre control de armas.
Pero el país también tiene derecho a que el Gobierno actúe decididamente en la misma línea. Responsable y categóricamente le decimos que el inmediato desarme de los grupos armados al margen de la ley y la devolución sin dilaciones de las industrias y demás establecimientos usurpados en los últimos días son, a nuestro juicio, requisitos previos ineludibles para empezar a restablecer en Chile la plena vigencia del régimen constitucional. Y eso no admite espera. A ello habrá de seguir la promulgación de la reforma constitucional que institucionaliza el área social de la economía y establece el sistema de participación de los trabajadores, y luego las demás medidas necesarias para asegurar el pleno imperio de la Constitución y las leyes.
¿Quién es el que manda?
En su declaración de anteayer al país, el señor Ministro del Interior manifestó reiteradamente su disposición a impulsar un diálogo generoso y democrático que ayude a conducir los conflictos por los cauces de la razón, de la serena y madura reflexión y del respeto de nuestra institucionalidad.
Porque conozco a don Carlos Briones y sé su formación jurídica, no abrigo dudas de su sinceridad. Pero no sería sincero de mi parte ocultar las dudas que me asaltan respecto de su poder real para materializar esos propósitos. Hemos oído tantas declaraciones solemnes del Primer Mandatario y de otros altos personeros del régimen sobre respeto a la Constitución y las leyes, desmentidas al día siguiente por los hechos, y hemos comprobado tantas promesas incumplidas, que uno tiene derecho a preguntarse quién es el que verdaderamente decide lo que en el hecho se hace por quienes tienen en sus manos la administración del Estado y los organismos controlados por el oficialismo.
Condiciones para el diálogo.
Una vez más los democratacristianos reiteramos nuestra disposición al diálogo racional y democrático. Pero para que ese diálogo sea fecundo es necesario -perdóneme la franqueza, señor Ministro- un interlocutor con atribuciones reales suficientes para cumplir lo que convenga y que empiece por demostrarlo prácticamente.
Refiriéndose al caso del Canal de Televisión de la Universidad de Chile, el señor Ministro dijo que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo mientras no se pretenda imponer soluciones de hecho que importen desconocer las atribuciones de la autoridad. ¡Perfecto! Pero yo tengo derecho a preguntar: ¿por qué no se aplica el mismo criterio frente a los grupos armados ilegales y a quienes, arrogándose un supuesto poder popular están realmente imponiendo soluciones de hecho que importan desconocer las atribuciones de la autoridad? ¿Por qué no se aplica el mismo criterio con los usurpadores del Canal 9, que legítimamente corresponde a la Universidad de Chile? Aplique el Gobierno la ley a todos por parejo, y recuperará autoridad moral para ser creído.
Pero hay algo más. Todo diálogo supone un intercambio de opiniones en pie de igualdad. No hay diálogo posible bajo amenaza o intimidación. Nadie dialoga con la pistola al pecho. Yo no puedo sentarme a negociar con un interlocutor que me recibe con una metralleta sobre la mesa. Y mientras subsistan las actuales circunstancias, esto es lo que pasa en Chile, porque oficialmente, por medio de reiteradas declaraciones de partidos de la Unidad Popular y sectores adictos al Gobierno, que sostienen el llamado poder popular, se fomenta y estimula la acción de grupos armados. Se reparten armas livianas y pesadas, de todos los calibres, y con ello se pretende intimidar a los chilenos. Mientras el Ejecutivo tolere tal situación, no puede pretender dialogar con quienes no tenemos otras armas que nuestra razón y nuestra vocación democrática para expresar nuestro pensamiento y defender lo que consideramos los verdaderos intereses de Chile.
Gobierno debe restablecer la institucionalidad.
Sobre el Gobierno pesa la responsabilidad de hacer posibles las condiciones básicas del diálogo democrático, si realmente quiere salvar la institucionalidad. Cumpla prestamente esa tarea por su parte, para lo cual estoy cierto de que contará con la leal y patriótica colaboración de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y de la inmensa mayoría de los chilenos; impóngase sobre los que, venidos del extranjero o con sus cabezas recalentadas por un ideologismo violentista quieren imponer la fuerza sobre la razón y están rompiendo la institucionalidad democrática que tanto prestigio ha dado a Chile; termine de una vez por todas con la amenaza armada y la violencia. Si lo hace no necesito reiterarlo, porque lo hemos dicho muchas veces y comprobado con nuestra conducta, tenga la certeza de que desde el sitial de oposición en que el veredicto democrático del pueblo nos situó, no nos negaremos al diálogo racional ni sacrificaremos el bien superior de Chile a ninguna clase de intereses partidistas. Pero si no lo hace, no pretenda disculparse con la Oposición. Sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que venga.
Situación no admite espera.
Quiero terminar estas palabras afirmando solemnemente, aunque parezca superfluo, que ellas expresan la posición de toda la Democracia Cristiana. Una campaña mezquina, sistemáticamente empeñada en dividirnos, injuriando un día a algunos democratacristianos y ensalzando a otros, según aparezca conveniente u oportuno para sus fines partidistas, procura presentar a la Directiva de nuestro partido en una línea de dureza opositora con la que sus bases discreparían. ¡Vano engaño y torpe maniobra! El Gobierno y sus partidos deben saber que son nuestros camaradas más modestos, los obreros, los campesinos, las mujeres pobladoras, nuestros militantes juveniles, quienes más sufren la prepotencia, el sectarismo, la persecución, el odio y la violencia totalitaria desencadenada por ciertos sectores del oficialismo. Y son ellos, por lo mismo, quienes nos piden mayor dureza. Nuestro deber es interpretarlos, y al hacer el esfuerzo de serenidad racional que nuestro planteamiento entraña, sentimos el dolor de estar conteniendo su justa indignación, movidos tan sólo por el imperativo patriótico de servir mejor a Chile, según el recto dictado de nuestras conciencias.
Nadie debe cerrar los ojos a la realidad. El pueblo exige un cambio, una rectificación fundamental de los procedimientos totalitarios que el oficialismo está imponiendo. Y la cosa no admite espera. El Gobierno tiene la palabra. Esta es la nuestra.
He dicho.
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