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- rdf:value = " El señor FREI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El documento cuya, inserción se acuerda es del tenor siguiente:
El Presidente de la República, en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, ha designado un nuevo Ministerio.
El Partido Demócrata Cristiano estima inoportuno emitir juicios sobre el nuevo Gabinete mientras no conozca su conducta en los hechos.
Al tomar juramento a sus nuevos Ministros, el Presidente insistió en la necesidad de cumplir su programa de Gobierno, de hacerlo en democracia, pluralismo y libertad, de sanear el clima de degradación moral a que ha sido rebajada la convivencia cívica entre los chilenos y, haciéndose cargo de un documento de los Rectores de las Universidades no estatales, del deber patriótico que a todos nos asiste de buscar un cierto grado de consenso democrático.
El Partido Demócrata Cristiano, cuya invariable trayectoria democrática es inherente a sus principios y razón de ser, anhela sinceramente que esas palabras del Primer Mandatario se conviertan en realidad y está dispuesto a contribuir a ello desde el lugar de clara oposición en que se encuentra.
Pero el cumplimiento de esos propósitos entraña para el Gobierno la obligación muy clara y precisa de restablecer de inmediato la normalidad democrática actualmente quebrada por hechos que tiene el deber de remover o corregir.
La instauración de hecho de un llamado poder popular que, organizado por sectores oficialistas y con amparo de funcionarios del Estado, usurpa industrias, recibe armas y constituye una verdadera milicia armada que se arroga funciones políticas, económicas y de defensa, significa el más grave atentado de cuantos hasta ahora hemos vivido contra las bases mismas del régimen constitucional y de la convivencia democrática. La Carta Fundamental, en textos aprobados en el Estatuto de, Garantías democráticas que permitió la elección del actual Presidente de la República, es categórica al respecto. Perentoriamente afirma, en el Nº 16 del art. 10 que en ningún caso las Juntas de Vecinos, sindicatos o demás instituciones comunitarias, ni ninguna otra, podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer atribuciones de poder propias de las autoridades del Estado. Y en el art. 22 consagra el principio fundamental de que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, que son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes.
El establecimiento de este poder popular, de hecho, con evidente participación de autoridades del Estado es incompatible con la subsistencia del poder institucional, de derecho, que consagra la Carta
Fundamental como base esencial de nuestro régimen democrático.
Por otra parte, el plan económico de emergencia que el Presidente anunció como tarea del nuevo Ministerio, tampoco se compadece con los propósitos de restablecer la normal, convivencia democrática entre los chilenos, ni de salvar al país de la grave crisis económica en que se encuentra. Mientras las tomas de industrias están paralizando o deteriorando gravemente la capacidad, productiva nacional, con inevitable perjuicio para la economía y la seguridad del país, dicho plan de emergencia aparece claramente destinado a aprovechar la coyuntura para conquistar nuevo poder político en el sector económico, con absoluto desprecio por los superiores intereses de Chile como nación y de las normas legales vigentes.
El nuevo Ministerio tiene el deber de poner pronto remedio a. las situaciones descritas. La circunstancia de que lo encabece un profesor de Derecho, con larga trayectoria en la Administración del Estado, como lo es don Carlos Briones, permite esperar que apreciará en toda su magnitud la gravedad de la situación y la necesidad ineludible de restablecer de inmediato en el país el imperio de la legalidad, tan burdamente sobrepasada.
La población civil de nuestra Patria no puede seguir viviendo a merced de grupos minoritarios, armados con la complicidad y tolerancia de las autoridades, que tratan de imponer por la fuerza su voluntad al resto de los chilenos, se apoderan de las fuentes de trabajo y amenazan la propia vida de quienes no se les someten. Esto significa el establecimiento del terror y corresponde al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros el deber de poner término inmediato a esta situación.
Cumplida esta primera tarea, que importa el inmediato desarmé de los grupos armados al margen de la ley y la inmediata devolución de las industrias usurpadas en los últimos días, el nuevo Ministerio tiene también el deber ineludible de promulgar, sin mayor demora, la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso Nacional que institucionaliza el área social de la economía y establece las bases del sistema de participación de los trabajadores en las empresas. El reciente dictamen de la Contrataría General de la República no deja dudas al respecto: es deber del Gobierno promulgar, tal como expresamente lo ordena la Constitución Política, el texto aprobado por el Congreso Pleno.
Para el Partido Demócrata Cristiano, estos son requisitos ineludibles para empezar a restablecer en Chile la vigencia del régimen institucional. Lo cual supone, además, entre otras, las siguientes rectificaciones a las prácticas que hasta ahora se han seguido:
a) Respecto a las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Contraloría General de la República y de la autonomía universitaria;
b) Uso de la ley como instrumento para hacer los cambios económico-sociales. No más abuso de los decretos de insistencia;
c) Reconocimiento a todas las personas y organizaciones sociales, sin discriminaciones, de las libertades y derechos que la Constitución Política garantiza;
d) Restablecimiento del orden público sobre la base de aplicar la ley a todos por parejo;
e) Fin de la utilización partidista y odiosa del Canal Nacional He Televisión y de otros bienes del Estado; término de la escalada para controlar o reprimir los medios de comunicación no oficialista; cese a la asfixia económica a diarios y radios libres, y a la industria papelera como medio para estatizarla; devolución a la Universidad de Chile de su Canal de Televisión y, en general, efectivo cumplimiento de las normas constitucionales y legales que protegen la libertad de opinión;
f) Abastecimiento racional y justo de los bienes esenciales a todos los sectores de la población en forma no discriminatoria y admitiendo la participación legal de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones democráticamente representativas de la comunidad organizada;
g) Rectificación substancial de la política económica para salvar a Chile de la grave crisis a que está abocado, procediendo con eficiencia y criterio técnico por encima de intereses partidistas, y
h) Actitud abierta y no odiosa frente a los trabajadores, profesionales, técnicos, gremios y empresarios privados para promover su participación en el proceso productivo a fin de incentivar la economía.
La actitud del Partido Demócrata Cristiano frente al Gobierno dependerá de la forma cómo éste aborde las tareas señaladas.
Si el nuevo Ministerio asume claramente su responsabilidad para hacer posible el logro de estos objetivos, la Democracia Cristiana, por su parte, desde el sitial de oposición en que se encuentra por voluntad del pueblo, no rehuirá sus deberes patrióticos, para facilitar el consenso democrático indispensable para restablecer la normalidad del país, dar solución a los problemas que afligen a los chilenos, impulsar los cambios que los trabajadores anhelan y afianzar las bases de la seguridad y el progreso de nuestra Patria.
Si el Gobierno no cumple de inmediato estas tareas sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que sucede en Chile.
Directiva Nacional Partido Demócrata Cristiano.
Santiago, 6 de julio de 1973.
¿Poder popular armado?
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