CUMPLIMIENTO DE LA LEY SOBRE CONTROL DE ARMAS. El señor FREI (Presidente).- Para referirse a la materia de esta sesión especial, está inscrito en primer lugar el Honorable señor Aylwin. Tiene la palabra Su Señoría. El señor AYLWIN.- Señor Presidente, la Democracia Cristiana, en cuyo nombre hablo, tiene la conciencia de que estamos viviendo uno de los momentos más graves y trascendentales de nuestra vida republicana. Del reconocimiento de este hecho, al que ningún chileno puede sustraerse, deriva nuestra convicción de que el destino de Chile y de sus diez millones de habitantes puede depender decisivamente de lo que ahora hagamos o no hagamos todos los que tenemos alguna responsabilidad en la marcha del país. Baste lo dicho para explicar la severa formalidad de mis palabras. No obedece a ningún afán de dramatizar, ni a fatua solemnidad ni a interesados fines partidistas. Os ruego recibirlas como el más honesto esfuerzo de expresar, con serena racionalidad y sin otra pasión que el amor a Chile, la esencia de lo que pensamos los democratacristianos en esta encrucijada de la patria. Crisis integral. Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pareciera que el país ha perdido su identidad histórica, los rasgos definitorios de su personalidad como nación. Nuestra vieja inferioridad económica, con su secuela de miseria y de inflación crónica, de la que tan costosamente veníamos saliendo, recrudece ahora con más crueldad que nunca. La carestía desorbitada que devora vertiginosamente sueldos y salarios; la tremenda escasez de bienes esenciales que somete a todos los hogares al padecimiento de colas y privaciones; el envilecimiento de nuestra moneda; la fuga del país de miles de profesionales y técnicos irreemplazables; el deterioro y destrucción del aparato productivo y de los medios de transportes; el drama creciente de la locomoción colectiva, son signos manifiestos de la peor crisis económica. Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, bases de nuestra estabilidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora las leyes son despreciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazados por los hechos consumados; las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas, cuando no simplemente sobrepasadas, por individuos o grupos que se arrogan sus funciones, y los Poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos. Nuestra ya clásica convivencia democrática, fundada en el respeto recíproco entre las personas por encima de sus diferencias ideológicas, en cierta dosis de honesto reconocimiento de la verdad, en el acatamiento a la voluntad de las mayorías y en la búsqueda del consenso para el logro de soluciones prácticas, ha sido substituida por el sectarismo totalitario, caracterizado por la injuria personal al que discrepa, la mentira habitual, el menosprecio por la opinión mayoritaria democráticamente expresada y el afán de imponer el criterio propio, aunque sea minoritario, a toda costa y por cualquier medio. Odio y degradación moral. En nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor únicos de toda acción política y social, se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias. En el seno de las poblaciones, de las fábricas y campos, de las comunidades escolares y de los propios hogares, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio y hasta familiares, se pelean diariamente en una lucha fratricida cada vez más cruenta. Aunque a menudo se invoque el nombre de la patria y se abuse grotescamente de su bandera, el sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos. El recelo y la desconfianza recíprocas, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad, y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores, suelta los apetitos egoístas y sacrifica el bien común. Realidad amenazante. Por dolorosos que sean, nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que Chile parece un país azotado por la guerra; una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos. Manifestaciones de esta realidad han sido los hechos de los últimos días: el amotinamiento del viernes 29 de junio, que oportunamente condenamos, y la acción ilegal de milicias armadas que motiva esta sesión. Responsabilidad de cada cual. ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cómo encararla? En esta hora tan grave, no queremos insistir en nuestro juicio, tantas veces expresado, sobre la culpabilidad del Gobierno por haber conducido al país a esta deplorable situación. Baste señalar el hecho de que la trágica realidad que hemos descrito se ha ido configurando precisamente en el curso del actual período gubernativo. Pero más que volver sobre el pasado, Chile y los chilenos necesitan una salida que despeje su horizonte de amenazas y abra camino a un porvenir feliz. Es sobre esto que la Democracia Cristiana, como primer partido político chileno y desde su definido sitial de oposición, quiere fijar en esta oportunidad su pensamiento, con la máxima claridad y decisión a fin de que cada cual asuma cabalmente su responsabilidad ante la historia. Vocación democratacristiana. Hablamos con la autoridad moral que nos otorga el haber sido siempre fieles a nuestra vocación democrática y revolucionaria. Nuestro partido nació y existe para luchar por la liberación del pueblo ante cualquier forma de opresión. Nuestra tarea es construir una sociedad en que se concilien la justicia con la libertad. Para ello creemos indispensable, en la actual etapa histórica, sustituir las estructuras capitalistas de base minoritaria por formas verdaderamente democráticas de organización política, económica y social, fundadas en la participación comunitaria de los trabajadores. Consecuente con estos ideales, el Gobierno democratacristiano que encabezó el Presidente Frei impulsó un proceso de cambios trascendentales destinados a promover el desarrollo del país e incorporar al ejercicio del poder y a las ventajas del progreso a las grandes mayorías tradicionalmente postergadas. Tal fue el sentido de los programas de organización popular, reforma agraria, expansión y reforma educacional, vivienda, recuperación de riquezas básicas e industrialización puestos en marcha por nuestro Gobierno. Estatuto de Garantías. La lealtad a esos mismos principios nos llevó, en octubre de 1970, a elegir con nuestros votos Presidente de Chile, en el Congreso Pleno, a don Salvador Allende, que había obtenido la primera mayoría relativa en el sufragio popular. Y es bueno recordar, una vez más, que para proceder de esa manera los democratacristianos no exigimos al señor Allende ninguna ventaja partidista, ni la supresión ni modificación de ninguno de los objetivos económico-sociales de su programa de Gobierno, ni aun aquellos que no compartíamos. Lo que sí exigimos perentoriamente fue asegurar de modo público, oficial y solemne, que los cambios que se propiciaban se harían sin violación del orden constitucional y respetando las libertades y derechos consagrados por la vocación democrática irrenunciable de los chilenos. Así nació el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, consagrado formalmente en una reforma de nuestra Carta Fundamental, que fue condición previa para la elección del actual Presidente de la República. Dificulto si en la historia de las democracias del mundo hay otro ejemplo de una actitud de mayor limpieza democrática que el que demostró la Democracia Cristiana en esa oportunidad. ¿Será necesario recordar que el PresidenteAllende y los partidos de la Unidad Popular suscribieron, votaron y apoyaron públicamente dicho Estatuto de Garantías Constitucionales, manifestando que expresaba sus propias convicciones y comprometiendo su honor en su leal acatamiento? Gobierno atropella el Estatuto. Lo que nadie puede ignorar, porque ha ido ocurriendo en el curso de estos dos años y medio a la vista de todos los chilenos, es que el progresivo y cada vez mayor enfrentamiento entre el Gobierno del señor Allende y el Partido Demócrata Cristiano, que lo eligió Presidente de Chile en el Congreso Pleno, no ha sido como tendenciosamente se afirma por algunos el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular respecto del cual, por lo demás, no contrajimos compromiso alguno, sino el incumplimiento reiterado, abierto o encubierto, del Estatuto de Garantías Constitucionales. No es ésta la oportunidad de detallar circunstanciadamente las contradicciones cada vez mayores en que ha incurrido el actual Gobierno, minoritario en el plano institucional y en la base social, corroído por un espíritu sectario denunciado no sólo por sus opositores, sino por muchos de sus propios personeros, y empeñado en imponer al país un esquema no compartido por la mayoría de los chilenos. En esto se halla una de las causas fundamentales de las crisis sucesivas, cada una de ellas más grave que la anterior, que ha ido enfrentando nuestro sistema institucional bajo el actual régimen, hasta alcanzar la extrema peligrosidad de la situación que ahora vive el país. Pérdida de fe democrática. No seríamos francos si silenciáramos el hecho, que todos aquí sabemos, de que la mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile. Sea porque la experiencia vivida estos años exhibe numerosas circunstancias en que la juridicidad institucional ha sido sobrepasada, las libertades atropelladas y la legalidad ha aparecido ineficaz; sea porque la palabra democracia misma tiene significaciones distintas para unos y para otros; sea porque en uno y otro extremo de la gama política chilena hay muchos que jamás han sido verdaderamente democráticos y tienen mentalidad totalitaria, lo cierto es que la convicción democrática como valor cultural y norma de convivencia cívica de los chilenos se ha debilitado en grado sumo. De una parte, hay quienes creen agotada la vía chilena hacia el socialismo y postulan ir derechamente a la dictadura marxista-leninista, encubierta bajo el rótulo de dictadura del proletariado. Nadie puede ignorar que ésta no sólo es la posición del MIR, sino también ha sido casi permanentemente la tesis oficial del Partido Socialista. El innegable fracaso de la gestión económica gubernativa parece empujar a otros sectores oficialistas hacia análogo endurecimiento, y, a juzgar por algunas de sus últimas actuaciones, ésta sería la posición adoptada ahora por el Partido Comunista. De la otra parte, prescindiendo de los grupos minoritarios ultras que nunca creyeron en la democracia, el embate implacable del sectarismo, la arbitrariedad, la discriminación y la violencia, empuja cada día a más chilenos a pensar que sólo una dictadura castrense puede restablecer en Chile el orden y la autoridad indispensables para salvar nuestro porvenir como nación. Nuestra lealtad democrática. Por nuestra parte, yo quiero reiterar aquí, una vez más, que la Democracia Cristiana sigue siendo fiel a sus principios de siempre; que por formación humanista y por convicción doctrinaria, somos contrarios a toda dictadura o totalitarismo, cualquiera que sea el signo bajo el cual pretenda ejercerse; que desde nuestra clara actitud opositora, permanecemos fieles a nuestra devoción al régimen constitucional; que repudiamos su quebrantamiento, venga de donde venga, y que, mientras haya alguna posibilidad de superar la crisis que vive Chile por las vías institucionales, haremos lo que está de nuestra parte por lograrlo. Pero con la misma claridad decimos que está consecuencia nuestra con la vocación democrática y libertaria, consustancial a nuestra inspiración cristiana, no significa ni puede ser interpretada como signo de ingenuidad ni debilidad. No ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile y estamos dispuestos a enfrentarlo, sea como fuere. El Gobierno y sus partidarios deben saber que no pueden seguir girando a cuenta de nuestra devoción democrática, ni esperar que nuestro espíritu constitucionalista sirva de amparo a sus desbordes. Garantías son intransables. El primer obligado a asegurar la plena vigencia del régimen constitucional es el propio Ejecutivo, empezando por el Presidente de la República. Y esa vigencia pasa por el leal cumplimiento del Estatuto de Garantías Constitucionales, libremente convenido con nosotros y al que prestó solemne juramento. Sepa el Gobierno y sepa Chile entero que ese Estatuto y su cumplimiento no están sujetos a ninguna especie de transacción o renegociación. Para nosotros es indiscutible que la institucionalidad democrática chilena se encuentra quebrantada, y por ello, al constituirse el nuevo Ministerio la semana última, estimamos necesario precisar públicamente ante el país las condiciones a nuestro juicio indispensables para su restablecimiento, e instar al Ejecutivo para que las cumpla. Es lo que hicimos en la declaración de la Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano emitida el viernes 6. Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para incorporarla al texto de mi discurso. El señor FREI (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. El documento cuya, inserción se acuerda es del tenor siguiente: El Presidente de la República, en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, ha designado un nuevo Ministerio. El Partido Demócrata Cristiano estima inoportuno emitir juicios sobre el nuevo Gabinete mientras no conozca su conducta en los hechos. Al tomar juramento a sus nuevos Ministros, el Presidente insistió en la necesidad de cumplir su programa de Gobierno, de hacerlo en democracia, pluralismo y libertad, de sanear el clima de degradación moral a que ha sido rebajada la convivencia cívica entre los chilenos y, haciéndose cargo de un documento de los Rectores de las Universidades no estatales, del deber patriótico que a todos nos asiste de buscar un cierto grado de consenso democrático. El Partido Demócrata Cristiano, cuya invariable trayectoria democrática es inherente a sus principios y razón de ser, anhela sinceramente que esas palabras del Primer Mandatario se conviertan en realidad y está dispuesto a contribuir a ello desde el lugar de clara oposición en que se encuentra. Pero el cumplimiento de esos propósitos entraña para el Gobierno la obligación muy clara y precisa de restablecer de inmediato la normalidad democrática actualmente quebrada por hechos que tiene el deber de remover o corregir. La instauración de hecho de un llamado poder popular que, organizado por sectores oficialistas y con amparo de funcionarios del Estado, usurpa industrias, recibe armas y constituye una verdadera milicia armada que se arroga funciones políticas, económicas y de defensa, significa el más grave atentado de cuantos hasta ahora hemos vivido contra las bases mismas del régimen constitucional y de la convivencia democrática. La Carta Fundamental, en textos aprobados en el Estatuto de, Garantías democráticas que permitió la elección del actual Presidente de la República, es categórica al respecto. Perentoriamente afirma, en el Nº 16 del art. 10 que en ningún caso las Juntas de Vecinos, sindicatos o demás instituciones comunitarias, ni ninguna otra, podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer atribuciones de poder propias de las autoridades del Estado. Y en el art. 22 consagra el principio fundamental de que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, que son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. El establecimiento de este poder popular, de hecho, con evidente participación de autoridades del Estado es incompatible con la subsistencia del poder institucional, de derecho, que consagra la Carta Fundamental como base esencial de nuestro régimen democrático. Por otra parte, el plan económico de emergencia que el Presidente anunció como tarea del nuevo Ministerio, tampoco se compadece con los propósitos de restablecer la normal, convivencia democrática entre los chilenos, ni de salvar al país de la grave crisis económica en que se encuentra. Mientras las tomas de industrias están paralizando o deteriorando gravemente la capacidad, productiva nacional, con inevitable perjuicio para la economía y la seguridad del país, dicho plan de emergencia aparece claramente destinado a aprovechar la coyuntura para conquistar nuevo poder político en el sector económico, con absoluto desprecio por los superiores intereses de Chile como nación y de las normas legales vigentes. El nuevo Ministerio tiene el deber de poner pronto remedio a. las situaciones descritas. La circunstancia de que lo encabece un profesor de Derecho, con larga trayectoria en la Administración del Estado, como lo es don Carlos Briones, permite esperar que apreciará en toda su magnitud la gravedad de la situación y la necesidad ineludible de restablecer de inmediato en el país el imperio de la legalidad, tan burdamente sobrepasada. La población civil de nuestra Patria no puede seguir viviendo a merced de grupos minoritarios, armados con la complicidad y tolerancia de las autoridades, que tratan de imponer por la fuerza su voluntad al resto de los chilenos, se apoderan de las fuentes de trabajo y amenazan la propia vida de quienes no se les someten. Esto significa el establecimiento del terror y corresponde al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros el deber de poner término inmediato a esta situación. Cumplida esta primera tarea, que importa el inmediato desarmé de los grupos armados al margen de la ley y la inmediata devolución de las industrias usurpadas en los últimos días, el nuevo Ministerio tiene también el deber ineludible de promulgar, sin mayor demora, la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso Nacional que institucionaliza el área social de la economía y establece las bases del sistema de participación de los trabajadores en las empresas. El reciente dictamen de la Contrataría General de la República no deja dudas al respecto: es deber del Gobierno promulgar, tal como expresamente lo ordena la Constitución Política, el texto aprobado por el Congreso Pleno. Para el Partido Demócrata Cristiano, estos son requisitos ineludibles para empezar a restablecer en Chile la vigencia del régimen institucional. Lo cual supone, además, entre otras, las siguientes rectificaciones a las prácticas que hasta ahora se han seguido: a) Respecto a las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Contraloría General de la República y de la autonomía universitaria; b) Uso de la ley como instrumento para hacer los cambios económico-sociales. No más abuso de los decretos de insistencia; c) Reconocimiento a todas las personas y organizaciones sociales, sin discriminaciones, de las libertades y derechos que la Constitución Política garantiza; d) Restablecimiento del orden público sobre la base de aplicar la ley a todos por parejo; e) Fin de la utilización partidista y odiosa del Canal Nacional He Televisión y de otros bienes del Estado; término de la escalada para controlar o reprimir los medios de comunicación no oficialista; cese a la asfixia económica a diarios y radios libres, y a la industria papelera como medio para estatizarla; devolución a la Universidad de Chile de su Canal de Televisión y, en general, efectivo cumplimiento de las normas constitucionales y legales que protegen la libertad de opinión; f) Abastecimiento racional y justo de los bienes esenciales a todos los sectores de la población en forma no discriminatoria y admitiendo la participación legal de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones democráticamente representativas de la comunidad organizada; g) Rectificación substancial de la política económica para salvar a Chile de la grave crisis a que está abocado, procediendo con eficiencia y criterio técnico por encima de intereses partidistas, y h) Actitud abierta y no odiosa frente a los trabajadores, profesionales, técnicos, gremios y empresarios privados para promover su participación en el proceso productivo a fin de incentivar la economía. La actitud del Partido Demócrata Cristiano frente al Gobierno dependerá de la forma cómo éste aborde las tareas señaladas. Si el nuevo Ministerio asume claramente su responsabilidad para hacer posible el logro de estos objetivos, la Democracia Cristiana, por su parte, desde el sitial de oposición en que se encuentra por voluntad del pueblo, no rehuirá sus deberes patrióticos, para facilitar el consenso democrático indispensable para restablecer la normalidad del país, dar solución a los problemas que afligen a los chilenos, impulsar los cambios que los trabajadores anhelan y afianzar las bases de la seguridad y el progreso de nuestra Patria. Si el Gobierno no cumple de inmediato estas tareas sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que sucede en Chile. Directiva Nacional Partido Demócrata Cristiano. Santiago, 6 de julio de 1973. ¿Poder popular armado? El señor AYLWIN.- Permítaseme insistir en uno de los aspectos considerados en ese documento, que se refiere precisamente a la instauración más o menos generalizada de un sedicente poder popular armado, materia específica que ha motivado esta sesión. Nada puede ser más contrario a la esencia misma del régimen constitucional, ni vulnerar más abiertamente el Estatuto de Garantías Democráticas que este hecho público y notorio, realizado siguiendo instrucciones de organismos, partidos y grupos ligados al Gobierno, con la intervención de funcionarios públicos y bajo el amparo de autoridades. La experiencia histórica del advenimiento de muchos regímenes de tiranía comunista, revela en su génesis entre otros hechos sintomáticos el surgimiento de organizaciones de base no previstas en la estructura institucional ni generadas democráticamente, que se arrogan de hecho la representación del pueblo y el ejercicio del poder popular al margen de las autoridades legalmente establecidas, como asimismo el intento de, descabezar y politizar a las Fuerzas Armadas y la creación de milicias populares. Precisamente para prevenir este tipo de hechos, la Democracia Cristiana planteó expresamente estas cuestiones al promover el Estatuto de Garantías Constitucionales. Lo que la Democracia Cristiana exigió a Allende. Dijo al respecto en el documento público presentado al señor Allende el 24 de septiembre de 1970: Nos interesa la plena vigencia del Estado de Derecho. Esto exige la subsistencia de un régimen político en el que la autoridad sea ejercida exclusivamente por los órganos competentes de los tres Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dentro de la independencia de cada uno, de la necesaria colaboración entre ellos y del marco de la Constitución y la ley, sin intervención de otros órganos de hecho que actúen en nombre de un supuesto poder popular. Y agregó acto seguido: Nos interesa que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Esto exige que se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado a su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilice las tareas de participación que se les asigne en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Lo que Allende contestó. ¿Qué contestó el señor Allende? En su carta al Senador Benjamín Prado, entonces Presidente de nuestro partido, fechada el 29 de septiembre, expresó a este respecto lo siguiente. En cuanto a lo primero: Hemos sostenido que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho. Las organizaciones sociales, sean éstas sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, o cualquiera otras, funcionarán libre, democrática y autónomamente, sin desmedro de las funciones propias y exclusivas de los tres Poderes del Estado. Y en cuanto a lo segundo: El reconocimiento del rol estrictamente profesional y de la función exclusiva que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden es un concepto que repetidas veces he expresado. Lo que la Constitución manda. Consecuentemente, en la reforma constitucional que consagró el Estatuto de Garantías estos principios quedaron claramente establecidos. El número 16 del artículo 10, luego de referirse a las funciones de participación democrática de las juntas de vecinos, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones comunitarias, textualmente, agregó: En ningún caso esas instituciones, ni ninguna otra, podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo ni intentar ejercer atribuciones de poder propias de las autoridades del Estado. Por su parte, el artículo 22 de la Carta Fundamental estableció textualmente: La Fuerza Pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros... Estos principios, tan solemnemente, convenidos y consagrados en la Constitución Política, constituyen bases insustituibles e intransables de todo sistema constitucional auténticamente democrático. Nadie más que los órganos creados expresamente por la Constitución y por las leyes pueden ejercer atribuciones de poder en nombre o representación del pueblo. Quienes lo hacen actúan, en virtud de un mandato popular emanado del sufragio libre y secreto de todos los ciudadanos. Y las decisiones fundamentales como reformas a la Constitución Política pueden ser sometidas al veredicto directo del propio pueblo mediante el plebiscito. Pero ningún individuo ni grupo de individuos pueden constituirse por sí mismos en poder y convertirse en autoridades de facto. Esto significa la más abierta ruptura al orden institucional, porque importa desplazar a las autoridades constitucionales y legales al margen de toda investidura democrática. Sólo las Fuerzas Armadas. En cuanto al ejercicio de la fuerza, la institucionalidad democrática sólo lo concibe como subordinado a los poderes constitucionales y dentro del marco de la ley. La democracia busca fundamentar la autoridad y sus decisiones en el consentimiento colectivo, mediante el debate y la confrontación racionales y no en un enfrentamiento armado. De ahí que las Fuerzas Armadas permanezcan ajenas a la contienda política y, en nuestra tradición republicana, hayan adquirido el papel de ser garantes de nuestra convivencia democrática, asegurando él respeto a la Constitución y las leyes. El Gobierno debe comprender, en consecuencia, que los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto, el establecimiento de hecho de su supuesto poder popular, formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organizaciones o grupos, cosa absolutamente incompatible con la subsistencia del poder institucional, de derecho que consagra la Carta Fundamental como base esencial de nuestro régimen democrático. Y menos podemos aceptar que, con participación o complicidad de autoridades o funcionarios del Estado, o aun sin ellos, se distribuyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho y las mujeres, los niños y los hombres que habitan en las poblaciones, los trabajadores de las fábricas o campos, los estudiantes y, en general cualquier chileno, queden a merced de la voluntad de esos grupos armados, que se apoderan de las fuentes de trabajo, de los locales escolares, de centros vitales para la vida colectiva, y amenazan la propia vida de quienes no se les someten. No creo necesario para no alargar mis observaciones hacer referencia al papel jugado por este tipo de organizaciones armadas, pretextando movilización de las masas en el establecimiento de las dictaduras comunistas en algunos países de Europa oriental. El famoso golpe de Praga en Checoslovaquia, en mayo de 1948, es profundamente revelador. Responsabilidad gubernativa. Francamente debemos declarar que no hemos visto de parte del Presidente de la República, del Ejecutivo y de los partidos que lo constituyen, ni una actitud clara a este respecto, ni la apreciación seria de la gravedad que esta situación entraña. La evidente participación en ella de personeros del oficialismo, los instructivos que la opinión pública ha podido conocer, algunas palabras desafortunadas del propio Jefe del Estado, la actuación personal del Ministro del Trabajo y las declaraciones de destacados dirigentes de los principales partidos de Gobierno, dan base más que suficiente para imputarles clara responsabilidad. Con satisfacción ha visto el país que las Fuerzas Armadas están ejerciendo las atribuciones que les encomienda la ley sobre control de armas. Pero el país también tiene derecho a que el Gobierno actúe decididamente en la misma línea. Responsable y categóricamente le decimos que el inmediato desarme de los grupos armados al margen de la ley y la devolución sin dilaciones de las industrias y demás establecimientos usurpados en los últimos días son, a nuestro juicio, requisitos previos ineludibles para empezar a restablecer en Chile la plena vigencia del régimen constitucional. Y eso no admite espera. A ello habrá de seguir la promulgación de la reforma constitucional que institucionaliza el área social de la economía y establece el sistema de participación de los trabajadores, y luego las demás medidas necesarias para asegurar el pleno imperio de la Constitución y las leyes. ¿Quién es el que manda? En su declaración de anteayer al país, el señor Ministro del Interior manifestó reiteradamente su disposición a impulsar un diálogo generoso y democrático que ayude a conducir los conflictos por los cauces de la razón, de la serena y madura reflexión y del respeto de nuestra institucionalidad. Porque conozco a don Carlos Briones y sé su formación jurídica, no abrigo dudas de su sinceridad. Pero no sería sincero de mi parte ocultar las dudas que me asaltan respecto de su poder real para materializar esos propósitos. Hemos oído tantas declaraciones solemnes del Primer Mandatario y de otros altos personeros del régimen sobre respeto a la Constitución y las leyes, desmentidas al día siguiente por los hechos, y hemos comprobado tantas promesas incumplidas, que uno tiene derecho a preguntarse quién es el que verdaderamente decide lo que en el hecho se hace por quienes tienen en sus manos la administración del Estado y los organismos controlados por el oficialismo. Condiciones para el diálogo. Una vez más los democratacristianos reiteramos nuestra disposición al diálogo racional y democrático. Pero para que ese diálogo sea fecundo es necesario -perdóneme la franqueza, señor Ministro- un interlocutor con atribuciones reales suficientes para cumplir lo que convenga y que empiece por demostrarlo prácticamente. Refiriéndose al caso del Canal de Televisión de la Universidad de Chile, el señor Ministro dijo que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo mientras no se pretenda imponer soluciones de hecho que importen desconocer las atribuciones de la autoridad. ¡Perfecto! Pero yo tengo derecho a preguntar: ¿por qué no se aplica el mismo criterio frente a los grupos armados ilegales y a quienes, arrogándose un supuesto poder popular están realmente imponiendo soluciones de hecho que importan desconocer las atribuciones de la autoridad? ¿Por qué no se aplica el mismo criterio con los usurpadores del Canal 9, que legítimamente corresponde a la Universidad de Chile? Aplique el Gobierno la ley a todos por parejo, y recuperará autoridad moral para ser creído. Pero hay algo más. Todo diálogo supone un intercambio de opiniones en pie de igualdad. No hay diálogo posible bajo amenaza o intimidación. Nadie dialoga con la pistola al pecho. Yo no puedo sentarme a negociar con un interlocutor que me recibe con una metralleta sobre la mesa. Y mientras subsistan las actuales circunstancias, esto es lo que pasa en Chile, porque oficialmente, por medio de reiteradas declaraciones de partidos de la Unidad Popular y sectores adictos al Gobierno, que sostienen el llamado poder popular, se fomenta y estimula la acción de grupos armados. Se reparten armas livianas y pesadas, de todos los calibres, y con ello se pretende intimidar a los chilenos. Mientras el Ejecutivo tolere tal situación, no puede pretender dialogar con quienes no tenemos otras armas que nuestra razón y nuestra vocación democrática para expresar nuestro pensamiento y defender lo que consideramos los verdaderos intereses de Chile. Gobierno debe restablecer la institucionalidad. Sobre el Gobierno pesa la responsabilidad de hacer posibles las condiciones básicas del diálogo democrático, si realmente quiere salvar la institucionalidad. Cumpla prestamente esa tarea por su parte, para lo cual estoy cierto de que contará con la leal y patriótica colaboración de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y de la inmensa mayoría de los chilenos; impóngase sobre los que, venidos del extranjero o con sus cabezas recalentadas por un ideologismo violentista quieren imponer la fuerza sobre la razón y están rompiendo la institucionalidad democrática que tanto prestigio ha dado a Chile; termine de una vez por todas con la amenaza armada y la violencia. Si lo hace no necesito reiterarlo, porque lo hemos dicho muchas veces y comprobado con nuestra conducta, tenga la certeza de que desde el sitial de oposición en que el veredicto democrático del pueblo nos situó, no nos negaremos al diálogo racional ni sacrificaremos el bien superior de Chile a ninguna clase de intereses partidistas. Pero si no lo hace, no pretenda disculparse con la Oposición. Sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que venga. Situación no admite espera. Quiero terminar estas palabras afirmando solemnemente, aunque parezca superfluo, que ellas expresan la posición de toda la Democracia Cristiana. Una campaña mezquina, sistemáticamente empeñada en dividirnos, injuriando un día a algunos democratacristianos y ensalzando a otros, según aparezca conveniente u oportuno para sus fines partidistas, procura presentar a la Directiva de nuestro partido en una línea de dureza opositora con la que sus bases discreparían. ¡Vano engaño y torpe maniobra! El Gobierno y sus partidos deben saber que son nuestros camaradas más modestos, los obreros, los campesinos, las mujeres pobladoras, nuestros militantes juveniles, quienes más sufren la prepotencia, el sectarismo, la persecución, el odio y la violencia totalitaria desencadenada por ciertos sectores del oficialismo. Y son ellos, por lo mismo, quienes nos piden mayor dureza. Nuestro deber es interpretarlos, y al hacer el esfuerzo de serenidad racional que nuestro planteamiento entraña, sentimos el dolor de estar conteniendo su justa indignación, movidos tan sólo por el imperativo patriótico de servir mejor a Chile, según el recto dictado de nuestras conciencias. Nadie debe cerrar los ojos a la realidad. El pueblo exige un cambio, una rectificación fundamental de los procedimientos totalitarios que el oficialismo está imponiendo. Y la cosa no admite espera. El Gobierno tiene la palabra. Esta es la nuestra. He dicho. El señor FREI (Presidente).- Está inscrito, a continuación, el Honorable señor Bulnes. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, el marxismo-leninismo sostiene como principio inamovible, al que nunca ha renunciado en doctrina en ninguna parte del mundo, que el establecimiento de la sociedad socialista requiere necesariamente de lo que sus adeptos llaman, con muchas hipocresía, la dictadura del proletariado. En todas las naciones extranjeras donde los marxistas leninistas han logrado adueñarse del Poder, el dogma a que nos referimos ha sido aplicado con rigor inexorable. En todos esos pueblos han implantado por la fuerza una dictadura integral, que no tiene de proletaria sino el nombre; un régimen tiránico y oligárquico donde pequeñas camarillas políticas, autogeneradas, disponen a su arbitrio, sin limitación ni contrapeso, desde la cuna hasta la tumba, del destino de todos los habitantes del país. Esa es la experiencia histórica indiscutible que hemos vivido en este siglo. El régimen marxista-leninista tiene ya más de 55 años en Rusia, alrededor de 25 en los países de Europa oriental, sobre 20 en China y otras naciones asiáticas, y cerca de 15 años en Cuba. Y en todos esos pueblos, de muy variadas latitudes y condiciones materiales, de razas, culturas y tradiciones diferentes, de muy distintos grados de desarrollo económico, la tiranía totalitaria sigue rigiendo implacablemente, apoyada en la fuerza y el terror que hacen absolutamente imposible toda acción contra ella. En algunos de esos países, allí donde existían verdadera opinión pública y Fuerzas Armadas capaces de resistir la tiranía, los marxistas no implantaron su sistema desde el primer momento, sino que se revistieron de un falso ropaje democrático. Tal fue, por ejemplo, el caso de Cuba, donde Fidel Castro hizo su revolución en nombre de las libertades públicas y del restablecimiento pleno de la Constitución, y sólo vino a arrojar la careta, confesándose marxista-leninista, cuando se sintió seguro de haber eliminado toda posibilidad de resistencia. Tales fueron también los casos de Checoslovaquia, Hungría y otros pueblos, donde los comunistas se filtraron en los gobiernos democráticos, aliados con los que ellos mismos llaman los tontos útiles, y fueron adueñándose desde allí de las distintas herramientas del Poder, hasta que estuvieron en condiciones propicias para asestar a la, democracia un golpe de muerte. Esta es la táctica que el marxismo-leninismo escogió para Chile, tal vez sin que el propio señor Allende y algunos de los dirigentes de los partidos de extrema Izquierda se percataran al principio del círculo infernal en que se metían. La llamada vía chilena para la construcción del socialismo no es en esencia sino un mero trasplante del procedimiento que se empleó en Cuba, en Hungría o en Checoslovaquia. Se están aprovechando el aparato democrático y la ingenua convicción que existe en el extranjero de que éste es un país democrático, para adueñarse de la plenitud del Poder en todos los aspectos de la vida nacional, para destruir científicamente todos los factores que pudieran impedir, el día de mañana, la entronización definitiva de la tiranía marxista. Ese plan, cuidadosamente preparado por ideólogos y técnicos en parte extranjeros, se puso en marcha, inexorablemente, desde el día mismo en que el señor Allende asumió la Presidencia de la República. Las ilegalidades y los abusos que se han cometido desde los primeros momentos no obedecieron casi nunca a la improvisación ni al capricho. Forman parte de toda una estrategia orientada a debilitar la democracia y a implantar finalmente el totalitarismo marxista. Es innecesario hacer en esta oportunidad el recuento de la larga serie de ilegalidades sistemáticamente cometidas o amparadas por el actual Gobierno. Son tales su número, su reiteración, su amplitud, que las conocen no sólo los Senadores, sino también todo ciudadano, gobiernista u opositor, que tenga un mínimum de cultura y de capacidad de discernimiento. Lo que nos interesa destacar ahora es el gravísimo estado en que nos encontramos, la peligrosidad extrema a que ha llegado el proceso a que nos referimos. Tenemos un Congreso Nacional abierto y, aparentemente, en pleno funcionamiento; pero la verdad es que el Parlamento ya no ejerce sino una parte secundaria del Poder Legislativo que el pueblo le confió. Mientras nosotros, los parlamentarios de mayoría, gastamos nuestro tiempo en estudiar en las Comisiones o en discutir en las Cámaras proyectos de ley sin trascendencia alguna en el proceso que vivimos, el Gobierno toma determinaciones capitales, de la mayor importancia para el presente y el futuro de los chilenos, por decretos de insistencia o meras resoluciones administrativas, apoyándose en los resquicios legales, nombre con que se designa irónicamente a la desviación de poder y al fraude a la ley. De esa manera, se ha creado, a espaldas del Poder Legislativo, una gigantesca área estatal de la economía, basada en el despojo a los legítimos propietarios y que sólo ha reportado al país pérdidas de capitales, destrucción de planteles industriales, disminución pavorosa de la producción, cruel desabastecimiento, inflación desorbitada y escandaloso mercado negro, pero que satisface plenamente a los cerebros de la Unidad Popular, porque constituye un gigantesco centro de poder para imponer mañana la tiranía marxista. El propio Presidente de la República se jacta en sus discursos de estar realizando un proceso revolucionario rápido, integral y profundo; y sucede que para esa transformación completa de nuestra vida económica, jurídica y social no se ha dictado ley alguna, por la muy sencilla razón de que se realiza contra la voluntad de los representantes legítimos del pueblo, investidos por éste de la potestad de legislar. Y cuando el Congreso decide ejercer el más alto de sus poderes, el Constituyente, y aprueba una reforma constitucional con estricta sujeción a la Carta, que nos rige, el Presidente de la República pretende anularla con argumentos leguleyos; pierde la causa ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República ; rehúye la convocatoria a un plebiscito que sin duda le sería adverso, y luego se abstiene olímpicamente de promulgar la reforma, violando su obligación constitucional, burlando la voluntad manifestada por la nación por intermedio del Parlamento e incurriendo de ese modo en la demasía sin precedentes de adulterar nada menos que la Constitución Política del Estado. Tenemos también un Poder Judicial que está funcionando, y podemos sentirnos orgullosos de él porque, afrontando calumnias y presiones de todo género, sigue aplicando honradamente la ley y luchando por la preservación del Estado de Derecho. Pero las autoridades ejecutivas dejan sin cumplimiento los fallos de los tribunales cada vez que ellos son opuestos a los designios marxistas. Y el Presidente de la República, en una carta pública que sería risible si no proviniera del Jefe del Estado, se arroga nada menos que la facultad, que nadie le dio, de hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales, aplicándolos o no aplicándolos según él o sus representantes lo estimen conveniente. Tenemos, asimismo, una Contraloría General de la República que desempeña su importante cometido dirigida por un digno funcionario que también sabe resistir las amenazas y las calumnias; pero cada vez que el Contralor objeta un decreto o resolución por ser ilegal, sobreviene el decreto de insistencia y la ilegalidad prevalece y se aplica. Tenemos libertad de difusión; pero los partidos marxistas, amparados por el Ejecutivo y pisoteando groseramente la ley del ramo, han convertido la única red nacional de televisión en instrumento permanente de concientización sectaria, han robado a la Universidad de Chile el canal que le pertenece y han recurrido a procedimientos gangsteriles para impedir por la fuerza que esa Universidad y la Católica de Chile ejerzan, en materia de televisión, derechos que les reconocen la Constitución y las leyes. En cuanto a las radios opositoras, se las persigue con saña en el terreno económico, se les imponen cadenas ilegales de cóncientización y se les aplican medidas de suspensión igualmente ilegales. Los periódicos adversos al marxismo también son cercados económicamente, y en algunos casos han sido suspendidos en contravención a la ley o simplemente usurpados, mientras el Gobierno provoca deliberadamente la quiebra de la Papelera para asumir el monopolio del papel y matar con esta arma a la prensa no marxista. Podríamos hablar también de cómo se coartan la libertad sindical y el derecho de reunión, o de cómo algunos intendentes ordenan detenciones con meros pretextos y con abierta violación de las garantías constitucionales. Podríamos seguir durante horas refiriéndonos a esté proceso de ilegalidades que cada día se intensifica y que constituye el verdadero camino chileno para la construcción del socialismo. Pero ahora queremos referirnos concretamente a una nueva ofensiva que el marxismo ha desatado en estos días y que tiene la más singular gravedad. Desde los primeros balbuceos del actual Gobierno, se estableció como sistema habitual el de las tomas ilegales. Grupos movidos por los partidos de la Unidad Popular o por sus socios del MIR se tomaron por la fuerza en poco más de un año, según estadística de la Dirección General de Carabineros remitida al Senado, más de 1.600 predios agrícolas, procediendo generalmente incitados por funcionarios públicos y ante la pasividad casi absoluta de la fuerza policial, impedida por el Ejecutivo para actuar. Esas tomas parecían destinadas simplemente a hacer una reforma agraria al estilo de Pancho Villa; pero la verdad es que también perseguían el propósito de crear en determinadas zonas del país centros de resistencia armada y focos de guerrilleros. En los últimos días la Unidad Popular y el MIR, con el amparo de su Gobierno, han desatado un nuevo tipo de tomas: el de las fábricas y empresas industriales. El viernes 6 de julio ya estaban ocupadas en Santiago 49 de las fábricas más importantes, que forman lo que los marxistas llaman el Cordón Cerrillos y el Cordón Vicuña Mackenna; y, por cierto, el número ha aumentado desde ese día hasta hoy. Las tomas industriales en estos momentos tienen dos características muy definidas y, por supuesto, muy alarmantes para toda la población. La primera es que no persiguen objetivos directos de carácter económico-social, sino que obedecen al propósito desembozado de crear lo que llaman el Poder Popular; esto es, una organización para-militar dotada de una cadena de fortalezas, bien apertrechadas de armas y explosivos, organizada militarmente y destinada a un enfrentamiento eventual con las legítimas Fuerzas Armadas de la República. En un diario de la capital se publicó el jueves 5 un documento que no ha sido desmentido, en el cual el Comando General del Cordón Industrial Vicuña Mackenna imparte instrucciones minuciosas a los ocupantes de las fábricas de ese sector sobre los preparativos para la lucha armada que deberán hacerse en cada una de esas industrias. La otra característica de estas tomas es que son amparadas y ¿por qué no decirlo? estimuladas desde las más altas esferas de la Unidad Popular y el Gobierno. Todos o casi todos los partidos de esa combinación, incluido el MIR, han llamado en forma expresa a mantener las tomas ya hechas, y tácitamente, a realizar otras nuevas. En vehículos estatales se reparten armas de alto poderío para consolidar el llamado Poder Popular, como se demostró el domingo último, cuando se accidentó una camioneta de la CORA y se descubrieron, en su interior un cargamento de metralletas y una lista de las personas a las cuales debían ser entregadas. En cuanto al Presidente de la República, quien el viernes 29 prometió armas al pueblo o sea, a los marxistas, sigue en sus discursos haciendo profesión de fe legalista para el consumo extranjero, pero acaba de llevar al Ministerio del Trabajo precisamente al dirigente de la CUT que ha ordenado las tomas. ¿A qué va dirigida esta acción? A un objetivo muy claro, que ya señalé: crear un ejército marxista capaz de contener a las Fuerzas Armadas regulares, para poder proseguir impunemente la carrera hacia la tiranía a que el marxismo aspira. El Presidente de la República jugó mucho tiempo la carta de halagar a las Fuerzas Armadas, llegando en esa actitud a los mayores extremos de adulación. Bruscamente cambia su conducta y contribuye a que se desarrolle el ejército marxista, ¿A qué obedece este cambio? Tal vez a que la resistencia de las Fuerzas Armadas a participar en el Ministerio, convirtiéndose en un partido más de la Unidad Popular, hizo comprender al señor Allende que a nuestros hombres de armas no se los compra con halagos de salón y que jamás se prestarán a ser de comparsas activas o pasivas para entronizar la tiranía marxista. La desconfianza que el Gobierno manifiesta en esa forma hacia las Fuerzas Armadas se proyecta también hacia el Cuerpo de Carabineros. Ha habido estos días el propósito de entregar la Jefatura máxima de la institución a un General que ocupa la séptima u octava antigüedad y cuyos antecedentes profesionales no son de los mejores, pero que es reconocidamente adicto al marxismo. De ese modo, se trataba de provocar el retiro de todos los generales más antiguos y aún de otros que no aceptarían servir bajo la dirección del agraciado. La tentativa de formar, al margen de toda legalidad, un ejército marxista, no es una improvisación de ahora último. Ha sido largamente preparada mediante el amparo a los grupos violentistas armados, la introducción clandestina al país de armamento procedente de Cuba y Checoslovaquia y la práctica de tareas de adiestramiento paramilitar. Lo que ahora sucede es, simplemente, que se está llegando a la cúspide de una tarea de largo desarrollo. El Gobierno pretende conseguir carta blanca para quebrar definitivamente el Estado de derecho, y por eso amenaza al país con una guerra civil, para el caso de que las Fuerzas Armadas pretendan oponerse a ese propósito. Dentro de este cuadro siniestro hay, afortunadamente, una esperanza: el papel activo que en los últimos días han asumido los institutos armados para investigar algunas denuncias sobre los depósitos de armas que mantienen los marxistas. Sólo esperamos que esa acción se continúe y se intensifique con la debida serenidad, pero también con la necesaria energía. La Carta Fundamental establece, en su artículo 22, que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que significa prohibir la existencia de cualquier gruño que pueda atribuirse esas funciones. La ley Nº 17.790 entrega a las mismas instituciones facultades suficientes para investigar, desarmar y entregar a la justicia militar a quienes posean ilegalmente armas o explosivos. Dicha ley fue un depósito de confianza que los representantes de la ciudadanía entregamos a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y ha llegado el momento de que sea aplicada con celo especialísimo y hasta las últimas, consecuencias, actuando las instituciones por propia iniciativa y sin esperar denuncias de parlamentarios o vecinos. Si algún sector del país tiene la responsabilidad de concluir con los grupos armados ilegales, ese sector son, sin duda, las Fuerzas Armadas que la Constitución reconoce. Hay que decirlo de una vez: las Fuerzas Armadas no existen sólo para los conflictos bélicos, muy eventuales en nuestros tiempos. En Chile, como en todo el mundo, ellas tienen también un compromiso superior con la institucionalidad del país, con el orden público fundamental, con la paz social indispensable para que un pueblo labore y progrese. Nosotros pensamos que ha llegado la hora en que nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir sin vacilaciones, como parte del compromiso que han contraído con Chile desde el fondo de su historia, la tarea de concluir con los grupos ilegales que quieren oponérseles. Lo dicho no significa que nosotros, políticos, pretendamos descargar sobre las Fuerzas Armadas todas las responsabilidades. Que los institutos castrenses cumplan sus propios deberes, que son importantísimos; pero cumplamos nosotros los nuestros, que también son trascendentales. Frente a un Gobierno que ha caído en indiscutible ilegitimidad de ejercicio, los parlamentarios no podemos limitarnos a recoger las migajas de legislación que nos arroja el Ejecutivo, mientras éste resuelve a espaldas nuestras los más graves asuntos que debieran ser materia de ley, y viola cotidianamente las disposiciones constitucionales y legales. El papel que estamos desempeñando aquí en el Parlamento puede convertirse fácilmente en el de los tontos útiles. Debemos tomar, y pronto, actitudes concordantes con la inmensa responsabilidad histórica que ha caído sobre nuestros hombros. Hemos escuchado con profundo agrado el emplazamiento que el Presidente del partido Demócrata Cristiano, Senador Aylwin, ha hecho en nombre de su colectividad al Presidente de la República. Se trata de exigencias mínimas: desarme de los grupos armados ilegales; devolución de las industrias usurpadas, promulgación inmediata de la reforma constitucional. Dios quiera que ese emplazamiento sea atendido por el Primer Mandatario. Si así ocurriera, seríamos los primeros en celebrarlo y en aplaudirlo, pero, desgraciadamente, la experiencia de estos años nos hace ser escépticos. Tenemos que temer, y más que temer, que suponer, que el llamado del Presidentedel Partido Demócrata Cristiano no será atendido. En ese caso, los parlamentarios tendremos que enfrentar con todos los medios legítimos a nuestro alcance a un Gobierno que está destruyendo sistemáticamente la democracia para sustituirla por el marxismo totalitario. Tenemos que impedir, también, que se consuma la destrucción de la economía nacional, con perjuicio, quién sabe, para muchas generaciones de chilenos. Si no tomamos a tiempo todas las actitudes que la Constitución y la ley nos franquean, seremos tan culpables como los que impulsan ese proceso. Cuando los nacionales decimos estas cosas, no pretendemos asumir papeles protagónicos que no nos interesan, y es mucho mayor la satisfacción que experimentamos cuando escuchamos las mismas ideas a personeros de otros partidos. Las fuerzas democráticas de Chile tienen el deber ineludible de olvidar los agravios recíprocos, de deponer por ahora, sus diferencias y su legítima competencia, para buscar juntas, y recorrerlo unidas, el camino que nos permita frenar el proceso que vivimos, impidiendo que el marxismo suma a Chile en una tiranía sin retorno o lo desangre en una guerra fratricida. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor FREI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior: El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Señor Presidente, concurrí a esta sesión del Honorable Senado invitado, según lo decía la citación, para abordar el problema relativo al cumplimiento de la ley de Control de Armas. No obstante, las intervenciones de los Honorables señores Aylwin y Bulnes no han tocado la materia sustantiva para la cual fue convocada esta sesión especial. He escuchado con mucha atención, detenimiento y respeto las intervenciones de los señores Senadores a que me he referido anteriormente, y sería largo que yo también hiciera un análisis, desde el punto de vista del Gobierno, de los juicios críticos expresados por los señores Senadores mencionados en términos extraordinariamente graves, que corresponden a la posición política de sus respectivos partidos. El Gobierno, por mi intermedio, está dispuesto a recogerlos con el propósito ya expresado al país en mi intervención del lunes pasado, de restablecer la convivencia democrática en Chile y de restablecer el imperio de la razón y del derecho, dentro de las respectivas concepciones programáticas. El Honorable señor Aylwin, personero oficial de su colectividad, ha dicho aquí que el Partido Demócrata Cristiano está dispuesto al diálogo. Por mi intermedio, el Gobierno declara en esta Corporación, con toda responsabilidad, que también está abierto al diálogo. Pero, tal como lo señaló el Honorable señor Aylwin, este diálogo debe entablarse con respeto recíproco para todas nuestras posiciones, principios y programas. Estaría de más que yo hiciera en esta oportunidad algunas rectificaciones a ciertos juicios apocalípticos vertidos en la Sala. Es efectivo que el país vive un clima de tensión, de intenso dramatismo, que debe hacernos meditar a todos los chilenos, como decía el señor Aylwin, en las responsabilidades a que estamos enfrentados, cómo asumirlas y cómo conducir a Chile por la senda de la democracia y del respeto a la vida institucional, conforme a los principios programáticos del Gobierno de la Unidad Popular. En la oportunidad a que me referí anteriormente señalé algunos puntos extraordinariamente críticos, respecto de los cuales las tensiones son más agudas. Es el caso del Canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile; el del conflicto relativo de la reforma constitucional; el de la ocupación de industrias y fábricas; el del control de las armas, etcétera. Con mucha claridad, por expresa instrucción del Jefe del Estado, precisé cuál era y cuál es la posición del Gobierno al respecto. Esa intervención está escrita, fue radiodifundida y televisada, y el país y los señores Senadores la conocen. En consecuencia, en mi condición de Ministro del Interior, declaro que me encuentro con el ánimo abierto al diálogo democrático, cordial y respetuoso, sin que ello signifique que el Gobierno transa sus principios. Y, con la misma energía con que el Honorable señor Aylwin destacó la celosa defensa de los puntos de vista de su partido de Oposición, como lo es la Democracia Cristiana, destaco También aquí la celosa defensa que el Gobierno hará de sus puntos de vista programáticos, que constituyeron el compromiso que contrajo con el pueblo de Chile. En esta brevísima intervención, deseo insistir en los planteamientos que el Gobierno formula por mi intermedio. Pero, en el curso de las exposiciones que, ha escuchado el Senado, se han hecho afirmaciones que no corresponden al pensamiento del Presidente de la República ni al del Gobierno. Y es hora de que hablemos con claridad. Es hora de que nos entendamos y de que cada uno, dentro de su respectiva ubicación, tenga la entereza de plantear al país sus criterios sobre la materia. No hay más autoridad que la que legítimamente corresponde al Gobierno, a través de sus órganos constitucionales. La autoridad en la conducción y el manejo del Estado, en la dirección del país, reside en el Primer Mandatario y sus Ministros. La preservación del orden público, que es obligación fundamental de un Gobierno, está a cargo del Cuerpo de Carabineros e Investigaciones y en las Fuerzas Armadas, en determinadas circunstancias. La investigación sobre los grupos armados que, según aquí se ha señalado con alarma, existirían en el país, así como su sanción, corresponde a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la ley existente sobre el particular, originada, según entiendo, en una iniciativa del Honorable señor Carmona que, posteriormente, fue complementada con indicaciones del señor Ministro de Defensa de la época, es decir por el Gobierno. Allí residen el poder y la autoridad competente para realizar todas las investigaciones en conformidad con la ley, instruir los procesos correspondientes y sancionar a quienes resulten culpables. Esa autoridad no será interferida, y el señor Ministro de Defensa podrá proporcionar mayores antecedentes sobre la materia. El señor AYLWIN.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro? El señor CONTRERAS.- El señor Ministro me ha concedido una interrupción, señor Presidente. El señor AYLWIN.- También le solicité una al señor Ministro, pero parece que no me oyó. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- No le oí, señor Senador. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, esta mañana hemos escuchado dos intervenciones de parte de representantes de los partidos de Oposición. Algunos de nosotros siempre hemos escuchado con respeto las palabras de los diferentes sectores que participan en esta Corporación. Me parece, sin embargo, que junto a ese respeto que siempre me han merecido algunos señores Senadores, ellos tienen, a su vez, la obligación de respetar también a sus opositores, o, por lo menos, respetar la verdad y el pasado del país. El representante del antiguo Partido Conservador, hoy Partido Nacional, preguntó, con alarma, qué es lo que se propone el marxismo en Chile. Por mi parte deseo preguntarle qué es lo que se propusieron y qué es lo que hicieron los antiguos Partidos Conservador y Liberal en este país. Sus Señorías vienen a hablar en nombre de la ley y de la democracia, a pesar de que nunca respetaron la ley ni practicaron la democracia, pues jamás dieron participación al pueblo en los destinos del país. En seguida, nos hablan de las atrocidades cometidas por el actual Gobierno. Y yo me pregunto: ¿Qué hicieron ellos durante la gestión de Gobierno de don Pedro Montt? ¿Qué reclamaban en aquella época los trabajadores de la región salitrera? Respeto para sus derechos y ocho horas de trabajo, porque en esa región se laboraba hasta dieciocho horas diarias. También pedían protección contra los accidentes del trabajo y que no se continuara pagándoles con fichas como las que tengo en la mano, las cuales circulaban sólo dentro de las oficinas salitreras. Estás eran emitidas por los propios industriales, y perdían 20% de su valor al salir fuera de ese centro industrial. ¿Por qué llevaron a cabo la matanza de la Escuela Santa María de Iquique? No quiero referirme a las que vinieron posteriormente. Sin embargo, aquí pretenden aparecer como santos. Yo les pido que se hagan un examen de conciencia y miren un poco hacia el pasado. Cuando se habla de violencia, hay que empezar estableciendo responsabilidades. ¿Cuándo y cómo empezó la violencia en este país? La violencia y el crimen político comenzaron con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. Pero, en repetidas ocasiones, han tratado habilidosamente, por todos los medios a su alcance, de eludir su responsabilidad, de hacer girar los acontecimientos políticos no en torno de la responsabilidad que les incumbe y de hacer recaer ésta en otras personas. ¡Y para qué vamos a seguir insistiendo sobre el particular! ¿Acaso los señores Senadores que ocupan las bancas de enfrente no tuvieron participación, inclusive familiares de ellos, en esos hechos delictivos? ¿Acaso ignoran o han olvidado que en el extranjero se encuentran algunos de sus familiares? El señor FREI (Presidente).- Advierto a Su Señoría que, desgraciadamente, se cumplieron los cinco minutos de la interrupción. El señor CONTRERAS.- Oportunamente expuse a la Mesa la injusticia que se comete con estas sesiones especiales, pues sólo las personas o los Comités que las convocan tienen derecho a hacer uso de la palabra. Y en nombre de esa democracia de la que tanto cacarean los señores Senadores de Oposición, nos niegan el derecho a levantar ahora nuestra voz. El señor RODRIGUEZ.- La Mesa tiene la obligación de alternar las corrientes políticas en la concesión del uso de la palabra. El señor CONTRERAS.- Durante el tiempo que he estado en esta Corporación, siempre hubo algún respeto por las minorías. Y ese respeto se practicó hasta hace poco. En la actualidad, somos Senadores de segunda clase, pues permanentemente se nos niega la posibilidad de intervenir en estas oportunidades. Entendemos que por lo menos debe prorratearse, el tiempo, si en realidad practican el pluralismo y la democracia de que tanto hablan. Gracias, señor Ministro. El señor FREI (Presidente).- La situación de la Mesa es muy clara, y, como Presidente, debo aplicar las normas constitucionales y el Reglamento del Senado. La Carta Fundamental dispone que los señores Ministros podrán pedir la palabra en cualquier momento, y tendrán preferencia. Por eso, cuando el señor Ministro la solicitó, se la concedí de inmediato. El derecho de los señores Senadores está señalado en el artículo 94 del Reglamento, según el cual el Presidente del Senado dará la palabra a los Senadores que se hallen inscritos. El Presidente puede variar el orden para alternar las distintas corrientes de opinión del Senado, de los Senadores inscritos. Le he solicitado al señor Secretario la lista de los señores Senadores inscritos, y entre ellos no figura ningún representante de la Unidad Popular. Si se hubieran inscrito oportunamente, yo les habría ofrecido la palabra. El señor RODRIGUEZ.- ¿Cuándo se inscribieron? Solicito a la Mesa que me inscriba, a fin de alternar el debate. El señor LORCA.- Bien, pero pídalo sin prepotencia. El señor FREI (Presidente).- Su Señoría quedará inscrito para usar de la palabra. El señor CONTRERAS.- Nosotros conocemos las citaciones cuatro horas después, y entonces Sus Señorías ya se encuentran inscritos. El señor DIEZ.- El señor Senador puede hacer uso del mismo sistema. Cuentan con el número suficiente de Senadores para pedir una sesión especial. El señor MUSALEM.- ¡En consecuencia, no alegue que no puede hablar! El señor DIEZ.- Por lo demás, nunca tienen en la Sala 12 Senadores. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Reclamo mi derecho, señor Presidente. El señor FREI (Presidente).- Puede continuar su exposición, señor Ministro. El señor BULNES SANFUENTES.- Solicito una interrupción muy breve, a fin de responder al señor. Contreras, quien se ha referido a mi persona. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Con mucho gusto. El señor BULNES SANFUENTES.- El Honorable señor Contreras se preguntaba qué hicieron los Partidos Conservador y Liberal en la historia de la república. Le voy a contestar en términos muy sencillos: crearon la república; construyeron en Chile la única democracia que existió en los países latinoamericanos; establecieron y desarrollaron la educación pública; ganaron dos guerras con países extranjeros; dieron al país la clase media que tiene y proporcionaron al trabajador una de las primeras legislaciones sociales del mundo; transformaron a la última de las colonias españolas en la primera, en aquellos tiempos, de las repúblicas latinoamericanas. Eso hicieron los Partidos Conservador y Liberal. Señor Contreras Tapia, usted no tiene derecho a responsabilizar a dichas colectividades por hechos lamentables de sangre que se produjeron en lugares entonces remotos del territorio, en los cuales no participó ninguno de sus dirigentes ni representantes. Por lo demás, las responsabilidades que en ellos hubo son muy oscuras. Y mucho menos derecho tiene usted, señor Senador, que está pidiendo respeto en el Senado, para usar un recurso tan poco respetable como el de invocar respeto de un colega suyo, de un Senador que legítimamente ocupa una de estas bancas, el hecho de que uno de sus sobrinos aparezca implicado en el secuestro del General Schneider. Ese es un recurso despreciable, y si usted quiere respeto, tiene que merecerlo. El señor FREI (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor CONTRERAS.- E1 respeto tienen que empezar teniéndolo ustedes, que se califican de gente educada. Señor Presidente, por haber sido aludido, debe concederme tiempo para poder contestar, de acuerdo con el Reglamento. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Señor Presidente, continúo explicando al Honorable Senado cuál es la posición del Gobierno en este momento. He señalado la necesidad de restablecer la cordialidad en el diálogo, dentro de nuestras respectivas posiciones, y me remito por ahora insisto en ello al llamamiento hecho al país el lunes recién pasado por el Ministro que habla. Esa buena disposición se mantiene, y considero necesario que dicho llamamiento encuentre respuesta. En estos instantes existen problemas de la más extraordinaria gravedad, que no sólo preocupan al Ejecutivo, que no sólo afectarán al Gobierno y a su base política, sino que también afecta a toda la nación y a todos los chilenos. Es necesario, pues, que nos entendamos sobre estas bases, y que en ese diálogo cada uno de nosotros no renuncie, como es natural, a sus principios, a sus postulaciones, a sus posiciones programáticas. Puedo declarar al Honorable Senado que en Chile se mantendrán la convivencia democrática, las bases de nuestra institucionalidad y el Estado de derecho. Pero es necesario que dentro de esa institucionalidad, dentro de la concepción del Estado de derecho y dentro de las bases democráticas, se produzcan los cambios de estructura que el proceso social aconseja respecto de los cuales hay coincidencia con muchos partidos, grupos u organizaciones que, a pesar de no participar de las responsabilidades de Gobierno, postularon esos mismos, principios en la elección presidencial pasada. Repito que concurrí a esta sesión con el objeto de ocuparme en el cumplimiento de la ley de Control de Armas en la parte que a mi Cartera se refiere y como Jefe del Gabinete. Sin embargo, como expresé al comienzo de mi intervención, me he encontrado aquí con un debate amplísimo, en el cual se enjuicia toda la labor del Gobierno y la situación general del país. Es útil hacer este análisis, pero no correspondía a la finalidad de la presente sesión. En último término debo declarar, señor Aylwin, que en Chile no habrá dictadura castrense, y que en Chile, señor Bulnes, en la etapa en que estamos viviendo y por la concepción que tiene este Gobierno, tampoco habrá dictadura del proletariado. Nada más. El señor GARCIA.- En esta etapa, no; pero, ¿qué ocurrirá después? El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Eso podemos discutirlo más adelante. Ahora estamos analizando el momento político actual que vive Chile. El señor FREI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bossay. El señor BOSSAY.- He concedido una interrupción al Honorable señor Aylwin. El señor FREI (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor AYLWIN.- Sólo deseo hacer dos o tres observaciones a las palabras que hemos escuchado al señor Ministro, con el objeto de esclarecer el problema. En realidad, el tema de esta sesión se refiere al control de armas y el señor Ministro ha asistido a ella como Secretario de la Cartera de Interior y como Jefe del Gabinete. Asimismo, los oradores que hemos intervenido hemos planteado al Gobierno, en la persona del Jefe de Gabinete, el problema político trascendental de alteración de las bases de convivencia democrática y del sistema institucional que representa en nuestro país la existencia de cordones industriales, consejos comunales u otros grupos que, usurpando industrias y otra clase de locales, reciben armas, portan armas y ejercen una acción manifiestamente delictuosa. El señor RODRÍGUEZ.- A propósito, señor Senador, ¿cuál es su opinión sobre Patria y Libertad? El señor AYLWIN.- Aunque estoy haciendo uso de una interrupción, debo contestarle que hemos condenado claramente los grupos ultras de cualquier sector. Me alegro de que el señor Ministro haya expresado su voluntad, como Jefe del Gabinete, de restablecer la convivencia democrática, lo que significa que él reconoce que en estos momentos esa convivencia democrática está quebrantada en sus bases. Finalmente, deseo recordar que el señor Ministro ha reiterado su invitación al diálogo. Hemos leído cuidadosamente su declaración, y en nuestra intervención nos referimos a ella. Hemos sido muy claros, y lamento que a este respecto el señor Ministro haya guardado absoluto silencio. Su Señoría dice, con razón, que el diálogo exige respeto recíproco. Puede tener la seguridad el señor Ministro de que, por nuestra parte, jamás le hemos faltado el respeto a nadie, como, en cambio, se nos ha faltado a nosotros muchas veces. Pero el problema es que en las actuales condiciones, y lo hemos dicho muy claramente, no puede existir diálogo si previamente el Gobierno no cumple su deber de desarmar a los grupos armados no con meras palabras, sino con hechos. Agradezco al Honorable señor Bossay la interrupción que me concedió. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- ¿En qué guardé silencio, Honorable señor Aylwin? El señor BOSSAY.- Señor Presidente... El señor FREI (Presidente).- Señor Senador, el señor Ministro desea hacer uso de una interrupción. El señor BOSSAY.- Yo estoy con la palabra, señor Presidente. Si el señor Ministro me pide una interrupción, con mucho agrado se la concedo. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- La estoy solicitando, como corresponde, con la venia de la Mesa. Con el propósito de que exista esa claridad en que he insistido, deseo que el Honorable señor Aylwin me indique en qué he guardado silencio, qué he omitido, qué he ocultado. Repito que concurrí a una sesión cuyo objeto era distinto. El señor Senador lo reconoció en su intervención. El señor BOSSAY.- Conforme a nuestro Reglamento, el señor Ministro tiene preferencia en el uso de la palabra. Sin embargo, considero que en el curso de la sesión dispondrá de muchas oportunidades para solicitar las interrupciones que estime convenientes, las que, según creo, el Honorable señor Aylwin o algún miembro de su partido contestarán, respecto del desarme de los grupos armados, de la entrega de fábricas y otros asuntos sobre los cuales todos hemos quedado en el aire, pues no hemos recibido respuesta alguna. Primero, se ha planteado la conveniencia de un diálogo, pero éste no se puede realizar cuando un sector está amenazando con armas y el otro se encuentra sin ellas, lo que lo coloca en situación de inferioridad. Estimo que próximamente habrá oportunidad de aclarar mutuamente la situación. Señor Presidente, el país atraviesa las horas más dramáticas del presente siglo, porque nunca como ahora estuvo más amenazada la convivencia pacífica de los chilenos, y este dramatismo ha sido también expresado en las primeras palabras del señor Ministro del Interior. En todo caso, es primera vez, en nuestra historia que esta grave amenaza proviene del propio Gobierno de la República y de los partidos que dicen apoyarlo. Los demócratas tenemos no sólo el derecho, sino el deber histórico de defender nuestras instituciones libertarias. Si así no lo hiciéramos, las generaciones venideras e incluso los mismos que hoy, engañados por una propaganda machacadora y repetida, se dejan conducir ciegamente hacia el abismo, tendrían derecho muy justificado para reprocharnos nuestra debilidad. Así ha ocurrido en todos los países que han caído bajo el yugo totalitario. Nos defendemos con las pacíficas armas que nos da la democracia. Otros se dejan llevar por la desesperación y el descontrol y recurren a procedimientos destinados a contener, por cualquier medio, el desborde totalitario del Gobierno. En ello nada tienen que ver los partidos democráticos, y, desde luego, el nuestro. Tenemos una trayectoria democrática que no todos en este país pueden exhibir. No hay entre nosotros grupos armados, y, si los hubiera, el Gobierno, con las herramientas que nosotros mismos le hemos dado con la ley de Control de Armas, podría erradicarlos, si ése fuera realmente su deseo. Los grupos extremistas opuestos a este Gobierno no gozan de nuestra simpatía, ni nosotros contamos con la suya. Frescos están todavía en la memoria de la ciudadanía los ataques que sufrimos de parte de sus personeros durante la pasada campaña electoral. Tenemos, pues, plena solvencia moral para hablar de este problema, y nadie puede hacernos cargo alguno. Tampoco se nos puede acusar de defender intereses subalternos. Hemos dado la prueba más contundente de que somos partidarios de los cambios en nuestro país. Para ello, hemos hecho el sacrificio máximo que puede exigírsele a un partido político. Fuimos al Gobierno, invitados por el Presidente de la República, a luchar por que los cambios se encauzaran por la senda democrática que se había prometido al país y para evitar el tremendo costo de los errores económicos, sociales y políticos cometidos por la Unidad Popular. Fue imposible conseguir que este Gobierno se sujetara a una mínima cordura en la conducción de los destinos de la nación, y por ello abandonamos el Gobierno, para seguir desde esta trinchera luchando por lo que creemos y pensamos: que se hagan en Chile todas las transformaciones indispensables para obtener mayor justicia social, mayor desarrollo de la nación y participación efectiva de los trabajadores, pero sin que se tenga que pagar el precio insoportable de la pérdida de la libertad y de los derechos ciudadanos. Hemos sostenido, y seguiremos sosteniendo, que las transformaciones que el país necesita sólo pueden hacerse por la vía democrática, sin sectarismo, sin persecuciones, sin prepotencia, sin salirse de la ley, porque es el único sistema con que en Chile puede un Gobierno lograr sus superiores propósitos de bien público. La Unidad Popular tiene que entender, de una vez por todas, que no puede imponer a la fuerza a la mayoría de los chilenos que están en la Oposición sus propios esquemas y soluciones. Porque no lo comprende así, se ve obligada a recurrir a los métodos que el país contempla atónito. Por eso tiene sumida a la nación en un clima tal de tensiones, de odios y pasiones desatadas, en que pueden producirse acciones ajenas a nuestras tradiciones. Después del conato subversivo de un sector del Regimiento Blindado Nº 2, sofocado por la inmensa mayoría de las fuerzas militares de nuestra patria, el Gobierno ha perdido todo control y mesura, se ha dejado llevar por una histeria incomprensible y ha lanzado al país por la vía de la sedición; una sedición realmente increíble, porque es alentada desde el propio Gobierno, desde sus altos funcionarios y desde los comités centrales de los partidos de Gobierno, ya aliados sin tapujo alguno con los grupos extremistas que otrora condenaban, por lo menos para la exportación, pero que hoy día no sólo aparecen incorporados plenamente a las tareas de conducción, sino que, además, indican el camino que dócilmente siguen los demás. Es curioso lo que ocurre: parece que estos grupos son los llamados a hacer las tareas sucias de la Unidad Popular. Ellos sacan primero las consignas, indican las acciones violentas que es necesario efectuar, cuáles son los próximos pasos por seguir, predican la guerra civil y el enfrentamiento armado. Hipócritamente, las directivas de Gobierno se lavan las manos en primera instancia. Declaran no tener relación con esos extremistas, y muchas veces condenan por espontaneísmo sus acciones. Pero, a corto plazo, resultan adoptándolas ellas mismas. Así ha ocurrido con las tomas. El Presidente de la República, en cada discurso, en cada intervención, señala que ellas son negativas. ¡Y vaya si lo son! Ellas han colaborado a la destrucción económica del país al sembrar la incertidumbre y la inseguridad en todos los rubros de la producción y al transformar el esfuerzo productivo de las industrias y predios tomados en una acción politiquera constante. Hoy la Unidad Popular trata de ocultar por todos los medios la acción descontrolada que desató a raíz de los acontecimientos del 29 del mes pasado. Para desgracia de ellos, sembraron por todo el país sus declaraciones y actos, desde el Presidente de la República para abajo. El señor Jorge Godoy, Presidente de la CUT, instrumento gremial del Partido Comunista, el mismo día 29 llama a los trabajadores a concentrarse y tomarse sus respectivas fuentes de trabajo, sean éstas industrias, fábricas, servicios, asentamientos y centros de reforma agraria. No obstante que el Gobierno declara en seguida que la situación está totalmente controlada, que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas se mantienen leales, y que se ha tratado de un brote aislado, el que está totalmente sofocado, la CUT mantiene esa orden de toma, que hasta hoy continúa sin variación. ¿Y el Gobierno, que por intermedio del Presidente de la República condenaba hasta hace muy pocos días las tomas, qué hace? Muy simple: llama al autor de esta flagrante trasgresión constitucional a formar parte del nuevo Gabinete, como Ministro del Trabajo. Resulta una verdadera paradoja que al mismo tiempo se llame a los sectores democráticos del país a apoyar la acción del Gobierno para restaurar la tranquilidad, y se manifieste una aparente apertura al diálogo, mientras que por otro lado el Gobierno reconoce su plena complicidad en este atentado contra la Constitución y la ley. El Gobierno ya se sacó definitivamente la careta. Mientras trata de eludir por todos los medios la promulgación de la reforma constitucional que fija las áreas de la economía y otorga participación a los trabajadores, que sin duda no va a promulgar, abandona ya todo disimulo, todo disfraz de legalidad, y procede a alentar y aprobar las meras tomas. Y agrega la burla de proceder después a requisar las industrias tomadas, por haberse paralizado su producción. Pero no es sólo por este lado donde se han desbordado totalmente la legalidad y la institucionalidad. Desde los comienzos del Gobierno de la Unidad Popular se ha denunciado la existencia de grupos armados lo hicimos en su oportunidad, aún dentro del Gobierno, y por escrito, protegidos y amparados por funcionarios públicos. En numerosas oportunidades la casualidad ha permitido descubrir el intenso tráfico de armas que realizan los partidos de Gobierno. Luego tratan de echarle tierra al asunto, pero ahí quedan los hechos acusadores: los bultos del avión cubano llevados a Tomás Moro; la camioneta fiscal que chocó en Curimón y que portaba armas;, las denuncias no investigadas en LAN por el tráfico de armas, el descubrimiento, en Ventanas, de grupos extremistas extranjeros, etcétera. El señor IRURETA.- Señor Presidente sería importante que el señor Ministro oyera este discurso. El señor BOSSAY.- Y el Gobierno nada hizo para investigar y erradicar estos grupos armados. Al revés, el Congreso Nacional aprobó la ley de Control de Armas, pero se ha eludido en forma permanente su aplicación. El Presidente de la República, al saber a temprana hora los sucesos que se desarrollaban en el centro de la ciudad el día 29, perdió todo control y llamó al pueblo a que tome todas las industrias, todas las empresas; y que salga a las calles, se vuelque al centro, con cuanto elemento tenga a mano. Finalizó su llamado con una frase que puso al descubierto a la Unidad Popular. Dijo textualmente: Si llega la hora, armas tendrá el pueblo... Posteriormente, al ver que la magnitud de los acontecimientos no era la que al parecer pensó inicialmente, pronuncia un nuevo llamado a la ciudadanía, en que reconoce que los partidos de Oposición no tenían participación alguna en los hechos, diciendo: y no quiero vincular a ningún grupo de Oposición con el movimiento subversivo. Este reconocimiento, como no podía ser menos, dados los hechos, pretende desconocerlo la Unidad Popular hoy día, en que trata infructuosamente de mezclar a la Oposición democrática en los sucesos del día 29. Pero lo que cabe destacar es que el Presidente señala que el pueblo tendrá armas. Y cabe preguntarse: ¿De dónde saldrán dichas armas? ¿Dónde están esas armas, cuya existencia y destino evidentemente conoce Su Excelencia? La nerviosidad traicionó al Presidente de la República, y a todos los partidos de Gobierno, que con prisa y desesperación comenzaron a sacar las armas de sus escondites y a repartirlas entre sus partidarios. Está lleno el país de proclamas, circulares e instrucciones de los partidos de Gobierno en que se ordena fabricar armas en las fábricas tomadas, repartir las que tengan sus militantes y todo un plan operativo de defensa y ataques. Algunas de esas proclamas llevan la firma y los timbres de partidos de Gobierno, y todavía no he sabido de ninguna directiva de dichas colectividades que haya dicho que es falsa la existencia de tales proclamas o instrucciones o que las firmas no corresponden a las de los dirigentes. Hoy se pretende desconocer estos hechos; pero, para desgracia de esos partidos y suerte del país, en su prisa dejaron todas las huellas necesarias para seguirles la pista. Un Diputado socialista muy allegado a su Comité Central, el señor Barberis, tratando de justificar lo injustificable, el que el Gobierno, mientras clamaba por el estado de sitio al mismo tiempo derogaba la zona de emergencia, dijo que ésta se aplicaba por igual a todos los ciudadanos, dada la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, de manera que así se impedía la acción de los elementos que ellos controlan. Los medios de difusión de la Unidad Popular han tratado de lanzar ahora una cortina de humo para esconder sus acciones. Niegan terminantemente el reparto de armas efectuado; se adelantan a los resultados de las pesquisas realizadas, que corresponden al secreto de los sumarios. Pero la casualidad se interpone en los planes extremistas de estos aprendices de revolucionarios; y una camioneta de CORA que circula, naturalmente sin disco fiscal y en día domingo, choca con otro vehículo y deja al descubierto todo el operativo. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor BOSSAY.- Ya voy a terminar, señor Ministro. Por lo demás, Su Señoría, repito, tiene un privilegio en las sesiones del Senado: en tanto nosotros podemos hablar sólo una vez, usted puede intervenir cuantas veces quiera. Cabe preguntarse contra quién se dirige este armamentismo, predicado por el propio Presidente de la República y ese Poder Popular, que no es sino un control por el amedrentamiento de los trabajadores para utilizarlos como carne de cañón al servicio de cualquier comité central de algún partido de Gobierno. Si el propio Presidente de la República ha reconocido que ninguna participación tienen los partidos de Oposición en las acciones ocurridas el día 29, si ninguno de los partidos democráticos posee armas, la respuesta es una sola. Ese febril y apresurado armamentismo sólo puede tener un destinatario: tratar de superar a las Fuerzas Armadas, en las cuales, no obstante todos los intentos divisionistas y todos los cantos de sirena con que pretenden atraerlas y dividirlas, encuentran un obstáculo insalvable para sus afanes totalitarios estos repartidores de armas. Por ello quieren formar un poder armado paralelo, para desencadenar en Chile una guerra civil de incalculables efectos, tratando de destruir a la Oposición democrática por el temor a esa guerra civil, de manera que acepte sin defensa alguna la instauración definitiva de una dictadura en nuestra patria. Nosotros no hacemos llamados de ninguna especie a las Fuerzas Armadas, ni pretendemos halagarlas, ni conquistarlas para ninguna causa. Simplemente confiamos en que seguirán cumpliendo su misión y sus deberes, como hasta aquí lo han hecho, y que su unidad y férrea disciplina serán una valla insalvable para los intentos de quebrantar el resto que queda de nuestra institucionalidad y de desencadenar en el país una guerra fratricida. No obstante los intentos del Gobierno por evitarlo, el Parlamento despachó una ley que permite a las Fuerzas Armadas controlar a los grupos armados. Es ello la mejor prueba de que desde aquí no se alienta a ningún grupo extremista. Basta con la aplicación de esa poderosa herramienta jurídica para que los problemas de Chile se encaucen por la única vía democrática: el libre juego de las instituciones republicanas. Allí debe solucionarse el actual conflicto, desencadenado por la acción ilegal e inconstitucional que hemos observado de parte de los medios gubernativos en los últimos días. Al cumplir la ley de Control de Armas, las Fuerzas Armadas garantizarán hoy, como siempre ha ocurrido, esta única manera de solucionar nuestros problemas, y frustrarán la desorbitada intención de aquellos partidos que tienen la pretensión de imponer su programa o su doctrina, aunque sea a costa del dolor y la sangre de todos los chilenos. Voy a dar una interrupción al colega señor Aguirre Doolan, señor Presidente. El señor FREI (Presidente).- Puede hacer de una interrupción Su Señoría. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, nuestro distinguido colega el señor Bossay ha interpretado fielmente el pensamiento de nuestra colectividad política. Pero yo quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional en la Sala para plantearle directamente un problema que aqueja a los patriotas chilenos. La Editorial Quimantú ha lanzado a la circulación diez mil ejemplares de un libro en que se falsifica la historia de Chile. Por ello, señor Presidente y señor Ministro de Defensa Nacional, el. Directorio del Instituto O’Higginiano de Chile, que tengo el honor de presidir, envió a Su Señoría una nota respecto de este asunto y de la circulación de ese libro, que tiene seudónimo, el de Ranquil, y que se titula Capítulos de la Historia de Chile. El Directorio del Instituto O’Higginiano estimó inadmisible que el libro de marras, desde el comienzo hasta el fin, lanzara ataques contra la tradición militar chilena, porque no otra cosa se hace en el texto que estoy mencionando y que tengo en mis manos. En él se denigra en la forma más canallesca a nuestro Padre de la Patria Bernardo O’Higgins; posteriormente se analiza la Guerra del Pacífico, de 1879, y ahí se llega al extremo de hacer afirmaciones inaceptables a propósito de la epopeya de Iquique. ¿Qué dice, al respecto, este libro publicado por Quimantú, editorial del Estado, dirigida por hombres con larga tradición en partidos de Gobierno? En un sólo párrafo, expresa lo siguiente: La Armada, después de perder un barco en la bahía de Iquique, obtuvo varias victorias navales y prácticamente destruyó a la flota peruana (página 87). Eso es para la editorial estatal la hazaña de Prat: pérdida de un barco. Podría seguir analizando en forma amplia este libro que está circulando, que se llama Capítulos de la Historia de Chile y que se dedica exclusivamente a denigrar la historia patria. Más adelante se agrega que las Fuerzas Armadas, en la guerra de 1879, estaban mal organizadas, carecían de un alto mando militar y naval (página 87). La ocupación de las provincias sureñas del Perú se debió al hecho de que los ejércitos del Perú y de Bolivia estaban más desprovistos de todo y más desorganizados aún que los chilenos (página 88). Los oficiales chilenos querían abandonar el Ejército, arrancarse al sur, lo que es una cobardía para con el pueblo de Chile, de la cual, como patriota, yo reclamo con indignación. El Presidente se refiere al Primer Mandatario de la época debía enviar carta tras carta a los .oficiales de mayor graduación, exhortándoles a no hacer abandono de sus altos cargos. Podríamos multiplicar las citas. Baste, sin embargo, este broche final: Quedaron en el anonimato dice el libro Capítulos de la Historia de Chile, cuyo autor es Ranquil los hijos del pueblo que creyeron morir por la patria, pero que murieron en aras de la libra esterlina. El señor FREI (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Desgraciadamente, terminó el tiempo de la interrupción que le concedió el Honorable señor Bossay. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Solamente quería aprovechar, no en mi carácter de Senador de la República, sino de Presidente del Instituto O’Higgiano, la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional para pedirle su opinión sobre lo que acabo de decir. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Voy a hacer una rectificación de hecho. Por segunda vez se menciona el incidente de la camioneta de CORA acaecido el domingo recién pasado. En realidad, en el interior de ese vehículo no se encontraron las armas a que se refirió el Senador señor Bulnes, sino tan sólo dos pistolas, marcas Llama y Colt, treinta balas de pistola y una caja con sesenta unidades de fulminantes para dinamita, según el parte policial que tengo a la mano. El señor MORENO.- ¡Poca cosa...! El señor BRIONES(Ministro del Interior suplente).- Un momento, señor Senador. Escúcheme con calma. Los afectados fueron puestos a disposición de la Segunda Fiscalía Militar que conoce del proceso por infracción a la ley de Control de Armas. El señor MORENO.- ¿Eran funcionarios de CORA los dos sujetos que ocupaban la camioneta? El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Sí, son funcionarios de esa Corporación. En la mañana del día lunes, cuando tuve conocimiento de estos hechos, dispuse de inmediato la instrucción de un sumario administrativo. Ordené al Vicepresidente de CORA que, sin perjuicio de la intervención de la justicia militar, de inmediato iniciara un sumario administrativo para determinar las responsabilidades que podrían afectar a esas personas tanto por el uso del vehículo como por infracción de leyes. El señor MUSALEM.- Pero en la camioneta de CORA se hallaron armamentos,... El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Los hay en muchas partes, señor Senador. El señor MUSALEM.- ...y en dos de CORFO se descubrieron dos mil cartuchos de dinamita. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Yo les estoy narrando la verdad de los hechos. Su Señoría no tiene por qué dudar de lo que le estoy diciendo. El señor MUSALEM.- Es decir, son tres las camionetas con armas que en estos días se han pesquisado. El señor FREI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ.- Tal como lo expresó el colega Contreras, el sistema de conceder interrupciones en estas sesiones especiales nos impide usar de todo el tiempo necesario para contestar los largos discursos de los Senadores de Oposición. El señor HAMILTON.- Ustedes no tienen ningún impedimento para convocar a sesiones especiales. El señor RODRIGUEZ.- Sí, pero la validez que tiene... El señor FREI (Presidente).- Antes de Su Señoría estaban inscritos otros señores Senadores que no han reclamado de su derecho. El señor HAMILTON.- Su Señoría se inscribió aquí en la Sala. El señor RODRIGUEZ.- El señor Presidente me ha concedido la palabra en virtud de una disposición reglamentaria que en este momento ha aplicado con equidad, aunque sin merecimiento extraordinario. El señor FREI (Presidente).- No se trata de aplicarla con merecimientos, señor Senador. El señor RODRIGUEZ.- Aquí se han hecho recuerdos diversos. El Senador señor Bulnes formuló una condenación universalista, por así decirlo, de las corrientes marxista-leninista. Ha usado el vocablo en sentido condenable, diabólico, infernal. Declaro que, por lo menos el Senador que habla, se define como un socialista humanista, que siempre pretende fundar sus opiniones en razones de principios. En el pasado mantuve una conducta muy clara, inclusive para condenar y criticar a la Izquierda universal, dondequiera que ella se hubiese encontrado. Por lo mismo, fuimos enemigos acerbos de las concepciones estalinistas del poder, pues ellas significaban una deformación del contenido auténtico del marxismo-leninismo. Condenamos los sucesos de Hungría y también los de Praga. Ese fue nuestro valor moral para enjuiciar las desviaciones en el campo socialista. Pero no siempre la llamada Derecha democrática condenó los excesos de la Derecha mundial. Siempre callaron en este recinto o fuera de él, los crímenes de los muchos regímenes conservadores y ultra-reaccionarios del mundo. Nada dijeron contra la dictadura de Batista, por ejemplo. Nada dicen ahora sobre las torturas lacerantes practicadas en Brasil. Poco dijeron sobre los crímenes de la guerra civil española. Y ahora, en estos minutos, en estos días, como lo manifesté en una intervención pasada, un Diputado nacional ha recordado lo necesaria que es para este país la experiencia de Indonesia y de llevar a la práctica lo que Patria y Libertad escribió en las murallas: el Jakarta necesario para Chile, los 300 mil muertos que hoy día, en este país, desean los fascistas y reaccionarios. Por ello, hay que ser consecuentes en los dichos y en las actuaciones y tener valor moral y político para condenar no sólo las desviaciones de la Izquierda en el mundo, sino también aquellas experiencias políticas de tinte conservador o derechista que atropellan las libertades y los derechos humanos. Indudablemente, deberemos convocar a una sesión más lata para analizar en mayor detalle los problemas planteados por el Honorable señor Aylwin. En algunos aspectos estoy con Su Señoría. Está muy lejos de mi ánimo tratar de introducir un factor de dispersión interna en su partido. Creo que cualquier organización política hace mal en azuzar los problemas internos de los partidos para obtener ganancia de pescadores a río revuelto. Estimo que la respetabilidad de las colectividades políticas y de las tendencias crece en la medida en que ellas se fortifican y son influyentes en la vida nacional. Deseo manifestar, sin embargo, con absoluta sinceridad que el señor Senador emite juicios históricos equivocados: la Democracia Cristiana no eligió Presidente de la República al señor Allende en septiembre de 1970. Al actual Primer Mandatario lo eligió -lo digo con absoluta convicción- el pueblo de Chile. El señor HAMILTON.- Con un 36% de los sufragios...! El señor RODRIGUEZ.- Con un porcentaje que se puede precisar de cualquier manera. El señor ZALDIVAR.- El pueblo elige Jefe de Estado cuando le otorga a uno de los candidatos la mitad más uno de los votos. El señor RODRIGUEZ.- Ruego a los colegas que me permitan continuar. Estoy razonando con mucha tranquilidad, a fin de arribar a conclusiones útiles para el debate. He dicho más de una vez que reconozco la hidalguía y la limpieza política con que en esos momentos obró el entonces Presidente de la Democracia Cristiana, Senador Benjamín Prado. He recordado la conducta clara y definida que mantuvo Radomiro Tomic, candidato democrata-cristiano a la Presidencia de la República en aquella oportunidad. En tercer lugar, en esa ocasión señalamos, y lo recuerdo ahora, lo que algunos colegas parecen olvidar: la gran coincidencia o zonas de coincidencia que hubo entre el programa de Radomiro Tomic y la Democracia Cristiana del momento y el programa y la conducta política de Salvador Allende en esa campaña presidencial. Pero de repente, bajo la presidencia del Honorable señor Aylwin, aquella colectividad política olvida que perdió la elección presidencial y que su candidato obtuvo el tercer lugar, y le han surgido unos arrestos por gobernar, por plantear posiciones ultimatistas. Tengo a mano lo acaba de recordar en algunos trozos el señor Aylwin las condiciones que ponen él y su partido para el diálogo. Yo diría que todo el estilo político del Senador señor Aylwin, como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, se define como una conducta ultimatista frente al Gobierno de la Unidad Popular, Gobierno que no está libre lo reconozco de críticas ni de errores. Soy uno de sus más severos críticos en el interior de mi partido y de la Unidad Popular; pero creo que ello no autoriza para que una colectividad de Oposición pretende cogobernar y plantear las condiciones para dialogar. ¿Qué carácter ha tenido todo el estilo político del Honorable señor Aylwin, como Presidente de su partido? Un carácter ultimatista ante el actual Gobierno; trata de imponer condiciones que, si no se aceptan, impiden iniciar cualquier tipo de diálogo. Opino que ése no es el camino aconsejable. Volviendo a la idea anterior, pienso así lo dije en su oportunidad, y creo que ahí reside en gran parte la raíz de los problemas que vive Chile, que las garantías democráticas planteadas en septiembre de 1970 estaban dadas con generosidad en toda la legislación vigente, aunque muchas veces solamente en el papel, escritas en la propia Constitución Política del Estado. Todavía más se lo dije al entonces ungido Presidente de la República, hacía falta Consagrar en el texto de la Ley Fundamental los derechos sociales y económicos del pueblo chileno. La verdad es que en esa hora Chile iniciaba un proceso destinado a satisfacer otros grandes anhelos colectivos, y en esos propósitos contamos no pocas veces con la buena compañía de muchos demócrata-cristianos. Coincidimos en que la democracia chilena estaba recortada, vivía en un plano formal, era una democracia acartonada, que por la superficie concedía los derechos, pero que en la realidad era una utopía en cuanto a hacerlos efectivos para millones de compatriotas. Entonces, era necesario expandir, con decisión y firmeza, esos derechos sociales y económicos permanentemente soslayados por los regímenes de turno. Por eso la dinámica del proceso social chileno, a veces con excesos y vehemencias, ha tenido que satisfacer estas necesidades inherentes a un proceso de cambios, de aspiraciones revolucionarias, que, por desgracia, no es entendido por núcleos importantes de Oposición cuyo sentir democrático no ignoro. Mas parece que hubiera un olvido, porque no cabe duda de que sólo procede optar entre dos soluciones de Gobierno, entre dos tipos de sociedades: o se está con un régimen o sistema capitalista, o se está por el camino hacia el socialismo, el que, aunque no se apegue a la estricta definición del marxismo-leninismo, comparte, como lo dicen los propios democratacristianos, la idea de socialismo comunitario. Pero todas las decisiones del Partido Demócrata Cristiano, particularmente las de los últimos tiempos, han significado ligar su suerte a los sectores de Derecha para consolidar el régimen capitalista. No por casualidad ahora han coincidido tan exactamente los Honorables señores Bulnes y Aylwin: ambos están defendiendo un sistema que, indudablemente, se contradice con el clamor histórico del momento. El señor FREI (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor RODRIGUEZ.- Lamento no poder continuar, pues creo que valdría la pena analizar el tema en profundidad para llegar a conclusiones claras. El señor FREI (Presidente).- Se dará lectura a dos indicaciones que han llegado a la Mesa. El señor FIGUEROA (Secretario).- Tres señores Senadores han formulado indicación para publicar in extenso la versión del debate de esta sesión. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Comités Demócrata Cristiano, Nacional y de Izquierda Radical formulan indicación para transcribir a los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas la versión de este debate. La señora CARRERA.- Que se explique el motivo. El señor SILVA ULLOA.- Me parece inconveniente. El señor VON MUHLENBROCK.- ¿Cuál es la razón para oponerse? El señor FREI (Presidente).- En votación. (Durante la votación). El señor JEREZ.- Me parece bastante extraña esta indicación, pues toda persona con cierta cultura, dada la situación por que atraviesa el país, debe estar interesada en informarse de lo que ha ocurrido esta mañana en el Senado. Sin ofender a nadie, opinando como Senador y no como parlamentario de Gobierno, debo expresar que, a mi juicio, esta proposición constituye una especie de capitis deminutio o un intento de hacer calificación de méritos ante quienes saben perfectamente cuál es su deber como patriotas y como militares. Acordar el envío de la versión a los Comandantes en Jefe constituiría un acto de poca dignidad de parte del Congreso, pues no es necesario remitir oficios a las Fuerzas Armadas para que ellas conozcan su deber, pues sin necesidad de consejos ni de sugerencias saben perfectamente cuál es el papel que han cumplido y que deben cumplir de acuerdo con su tradición y sus funciones profesionales. El señor PRADO.- Sólo deseo anunciar que me abstendré, pues me parece improcedente la indicación. No veo su utilidad, particularmente si en este debate han expresado su pensamiento parlamentarios de Gobierno y de Oposición. No comprendo, entonces, para qué se hace una solicitud de esta naturaleza. Sólo por esta razón me abstengo. El señor CARMONA.- Votaré favorablemente, no obstante las razones que aquí se han dado para no comunicar el texto de este debate a los Comandantes en Jefe de las Tuerzas Armadas. Lo hago porque me parece evidente, después de haber escuchado al señor Ministro del Interior en esta oportunidad, la necesidad de darles a conocer lo que aquí se ha dicho. El señor Ministro ha manifestado que la ley de Control de Armas es asunto que compete casi exclusivamente a las Fuerzas Armada. Esta sería razón más que suficiente para justificar el envío de la comunicación solicitada, teniendo en vista la tesis de Su Señoría. Pero lo cierto es que no sólo a aquellos institutos incumbe este asunto, sino principalmente a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, a quienes no hemos escuchado información alguna en este recinto sobre la aplicación de la ley en referencia. El señor Ministro del Interior nos dio una versión respecto de los hechos protagonizados por una camioneta cargada con armas, que realmente nos hace dudar sobre su intención como personero y representante del Gobierno en cuanto a la aplicación de la ley de Control de Armas. El señor BRIONES (Ministro suplente del Interior).- El señor Senador no tiene derecho a dudar de mis intenciones. El señor CARMONA.- Lo dudo, señor Ministro, y lo digo claramente. Y lo dudo por una razón muy sencilla: porque usted no ha querido asumir las obligaciones que le corresponden como Ministro del Interior establecidas en la ley de Control de Armas. Los primeros obligados a requerir a los juzgados y fiscalías militares son los Ministros del Interior y de Defensa Nacional. Sin embargo, usted nos ha dicho que a raíz de los sucesos protagonizados por esa camioneta fiscal, sólo se ha ordenado un sumario administrativo y no ha querido requerir, como corresponde, la intervención de la autoridad militar señalada en dicha ley, lo que daría gran fuerza al Gobierno. El señor BRIONES (Ministro suplente del Interior).- Yo he dicho otra cosa. El señor CARMONA.- Pido que se respete mi derecho, señor Presidente. El señor FREI (Presidente).- Señores Senadores, estamos en votación. El señor CARMONA.- Por otra parte, quiero hacer presente una vez más que, según la doctrina sobre la materia, las Fuerzas Armadas responden de la seguridad nacional ante el país y no ante un Gobierno determinado. Cuando en esta Sala se plantean problemas relacionados con el armamentismo y se señalan hechos reales y concretos, no cabe duda alguna del absoluto derecho que tiene la Corporación a imponer de estos antecedentes a las Fuerzas Armadas, pues la responsabilidad de ellas es para con toda la nación y no ante un Gobierno determinado. Por esos motivos, voto favorablemente. El señor PAPIC.- También votaré a favor de la indicación, por las razones que señalaré. El señor Ministro del Interior nada ha dicho de si el Gobierno iniciará alguna acción legal contra los grupos armados, respecto de si promulgará la reforma constitucional de las tres áreas, ni en cuanto a si devolverá las industrias usurpadas. Pero el señor Ministro ha dicho que hay que hablar claro, y yo lo voy a hacer. Manifestó Su Señoría que el Gobierno defendería sus principios programáticos y que no transigiría al respecto. Pues bien, yo le pregunto: ¿acaso en los principios programáticos de la Unidad Popular se incluye el contrabando de armas? ¿Quién podría negar en Chile qué el Gobierno ha contrabandeado armas? ¿Armas para qué y para quiénes? ¿Acaso en estos principios programáticos se establece la usurpación de industrias y la formación de grupos armados? Lo que sucede, y lo digo porque hay que hablar claro, es que este Gobierno está totalmente fracasado, y el marxismo no quiere reconocerlo. Al marxismo no le conviene que América Latina y el mundo lo sepan. Por eso, antes que reconocer su fracaso, como Gobierno, prefiere desatar la guerra civil. De ahí que estén armados y que sean ellos quienes desean desencadenarla. Hablando con absoluta claridad, digo que soy partidario de que las Fuerzas Armadas, que son las llamadas a velar por el cumplimiento de las leyes, la Constitución y el orden institucional en Chile, tomen conocimiento de lo que piensa el Senado de la República. El Senador señor Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, se permitió amenazar a los parlamentarios de Oposición el domingo en el teatro Caupolicán. Lo mismo han hecho parlamentarios del Partido Socialista y dirigentes de grupos armados extremistas. Hago presente, que ni el señor Corvalán, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista ni los demás grupos armados me preocupan. No les tengo temor alguno. Si se trata de ir a la guerra civil que ellos propician, creo que tendrán la respuesta del pueblo de Chile. El señor FREI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lorca. El señor LORCA.- He escuchado las razones que han dado algunos Honorables colegas para no enviar a las Fuerzas Armadas el texto de los discursos pronunciados en esta sesión. Yo comparto ese criterio. Está presente el Ministro de Defensa Nacional, representante en el hecho de las Fuerzas Armadas, y creo que él lealmente, como siempre ha actuado, les llevará la información completa. Por lo demás, se acaba de acordar la publicación in extenso del debate. Sería, entonces, exagerarla nota enviarles una comunicación con los discursos. Además, soy contrario a la indicación porque me parece que no debemos caer en la actitud en que en otras ocasiones ha incurrido el Partido Socialista, representado por su líder revolucionario, el señor Altamirano, ausente siempre del Senado, quien se permite señalar al país lo que éste, los trabajadores y el Parlamento deben hacer. Ha enviado un mensaje, hasta ahora no desmentido por los Ministros de Estado, en el cual invita a las Fuerzas Armadas a deliberar, pues no otra cosa significa pedirles incorporarse a esta revolución totalitaria marxista y a que ayuden a dirigir el país. Como no quiero que exista ninguna posibilidad de que alguien piense que estamos llamando a aquellos institutos a incorporarse en la lucha para destruir el marximo, voto en contra de la indicación, pues creo innecesario enviar estos discursos, que ya escucharon los señores Ministros y que se publicarán en la prensa. Por estas razones, me abstengo. El señor PABLO.- Autorizado por el Comité Socialista, pues estoy pareado, voto que no. El señor DIEZ.- Por las razones expuestas por el Honorable señor Carmona, voto que sí. El señor GARCIA.- Votaré afirmativamente la indicación, pues me parece necesario que no sólo las Fuerzas Armadas sino que todo el país, conozcan el planteamiento del MIR, publicado en el diario Las Noticias de Ultima Hora, perteneciente a varios Ministros de Estado aun cuando ellos dicen no participar en su dirección. Supongo que esto es efectivo pero lo cierto es que el diario les pertenece, según consta en la escritura social. La declaración dice como sigue: Nada sería hoy más peligroso y suicida, que abandonar las posiciones tomadas y abrir tregua. Eso significaría, se quiera o no se quiera, se diga o no se diga, desmoralizar, desorganizar y dividir a la clase obrera y el pueblo, hacerla retroceder y desde allí implacablemente las clases patronales le caerían encima con toda su fuerza sanguinaria. Hoy como nunca la clase obrera y el pueblo han evidenciado que hay fuerzas demás para continuar la contraofensiva. Más aún, no hacerlo en estas condiciones y con la perspectiva abierta, es suicida. Sembrar ilusiones en la oposición democrática o en el freísmo, es hoy desarmar al pueblo y fortalecer el campo enemigo. Hoy es más claro incluso que en octubre, el carácter del enfrentamiento social y político: entre trabajadores y patrones. Extendamos la contraofensiva revolucionaria y popular. Impulsemos un paro nacional de nuevo tipo. Por todo ello la tarea de los revolucionarios y de los trabajadores es desarrollar y extender la contraofensiva popular y revolucionaria en desarrollo. La señora CARRERA.- Estoy recién llegada al país, pero sé lo que pasa porque las noticias de Chile se leen en todos los diarios del mundo. Aquí se ha hablado mucho de armamentismo, y lo cierto es que en el extranjero hay plena conciencia de que quien está armada es la Derecha, en contra del Gobierno de la Unidad Popular. Hace poco se publicó en todos los diarios del mundo la noticia de un golpe militar dirigido por un señor Souper. Entiendo que este señor no es marxista y que la gente que estaba con él, íntima de los Senadores nacionales, de las bancas de enfrente, se asiló en algunas embajadas. Y entiendo también otra cosa: que el diario Tribuna, que pertenece al Partido Nacional, como en numerosas ocasiones lo han reconocido personeros muy relevantes de esa colectividad, en el día de ayer publicó una interesante crónica, que tuve oportunidad de leer, en la que reclama y se duele porque militares leales dispararon y aplastaron el golpe sedicioso. Eso llama la atención a cualquier persona que observe lo que pasa en Chile. Pero antes de emitir mi voto deseo enfatizar en el desagrado profundo que siento porque el Senado aparezca como dando explicaciones y tratando de halagar a las Fuerzas Armadas. Me parece que ello no corresponde al estilo que ha caracterizado a esta Corporación; pero no me extrañaría que ahora empezara a usarse. En todo caso, personalmente digo que me desagrada, y por eso votaré en contra. Deseo plantear algo más. Si analizamos esta sesión del Senado, comprobaremos que, al igual que muchas otras, sirve para aclarar la situación política y la táctica que se está adoptando en determinado momento. Sabemos perfectamente que la estrategia de nuestros enemigos es derrocar al Gobierno, para lo cual se usan diferentes tácticas, y en este momento se está utilizando una que es interesante destacar: consiste, so pretexto de la aplicación de la ley de Control de Armas, en colocar al Ejército en contra del pueblo. Es así como se ha llevado a las Fuerzas Armadas a registrar cementerios y a abrir sepulturas para buscar armas que no se encuentran; igualmente, nada han hallado en las empresas estatales en donde han efectuado pesquisas. En verdad, se las ha puesto en ridículo, aparte que es perfectamente, comprensible que en este tipo de acciones las Fuerzas Armadas incurran en algunos actos que pueden poner al pueblo en contra del Ejército. Y ésa es la táctica que en este momento está desarrollando la Derecha. Nosotros no caeremos en ella. Podríamos formular denuncias a fin de mantener al Ejército permanentemente ocupado en esa tarea menguada, pero somos responsables y no lo haremos. Desde mi punto de vista, encuentro absurdo enviar una comunicación a las Fuerzas Armadas respecto de lo que aquí se discutió. También podríamos hacerlo permanentemente, pero depende del estilo que se quiera emplear. Por las razones expuestas, voto en contra de la indicación. El señor SILVA ULLOA.- A mi juicio, es de extraordinaria gravedad la proposición que en estos instantes vota el Senado; inclusive creo que no debió haberse puesto en votación, porque contradice un precepto muy claro lie la Constitución, el artículo 22, que dice lo siguiente: Las fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Creo que en él mismo momento en que el Senado acuerde enviarles oficialmente el texto completo del desarrollo de esta sesión, está invitando a las Fuerzas Armadas a deliberar, porque no tiene otro propósito, y con ello, naturalmente, se está faltando a la Constitución. Pienso que la indicación es producto de la guerrilla permanente que se esté librando en el campo político. Durante el transcurso de esta sesión, estuve optimista por momentos, como por ejemplo, cuando escuchaba al señor Ministro del Interior enfatizar sobre los problemas que deben preocupar a Chile, que es indispensable abordarlos con rapidez y serenidad; cuando lo oí decir que es una guerra que nos compromete a todos y que, naturalmente, todos debemos hacer esfuerzos por alcanzar el bienestar que el país necesita y que las mayorías nacionales reclaman. Sin embargo, a juicio del Senador que habla, la culminación de este debate con la indicación que ahora votamos no puede ser más desdichada, porque estamos renunciando conscientemente no voy a hacer la ofensa a ninguno de mis colegas de decir que no medita sobre lo que vota a ciertas prerrogativas e incitando a las Fuerzas Armadas a deliberar, a preocuparse de los problemas contingentes, cuya definición es propia de quienes actuamos en el campo político. Por eso voto en contra. El señor MUSALEM.- Señor Presidente, no pensaba hablar, pero las palabras del Honorable señor Silva Ulloa me llevan a expresar que él está dando una interpretación errada al texto constitucional al analizar la indicación que se está votando. El hecho de que el Congreso transcriba su pensamiento respecto de la aplicación de la ley de Control de Armas, que, según ha dicho el propio Ministro del Interior, corresponde aplicar principalmente a las, Fuerzas Armadas, no significa que el Senado esté invitando a esos institutos a deliberar. Además, me parece que la publicación en E1 Mercurio no es una forma de plantear la inquietud del Parlamento a cualquier autoridad. Todos los días estamos enviando oficios a distintas autoridades, no sólo para pedir informes, sino para hacerles notar irregularidades que se están cometiendo en sus servicios, a fin de que adopten las medidas pertinentes. En esta oportunidad se trata de una materia relacionada con la ley de Control de Armas, cuyo cumplimiento corresponde hacer efectivo a las Fuerzas Armadas de Chile. Aún más, no estamos, sino destacando a la luz del día, derecha y claramente, la inquietud del Congreso por el diario incumplimiento de la ley mencionada y por las trasgresiones a sus normas. Por las razones expuestas, voto que sí. El señor MORENO.- Tampoco era mi propósito fundar el voto, porque creo que el objeto de esta sesión se estableció claramente en las intervenciones de quienes hicieron uso de la palabra. La posición del Partido Demócrata Cristiano fue fijada en forma precisa por el Presidente de nuestra colectividad, Senador Aylwin. Su opinión es compartida por todos los Senadores demócratacristianos, ya que sus palabras nos interpretan tanto en el fondo como en la forma. Por ello, no podemos menos que rechazar categórica y definitivamente la imputación calumniosa y absurda que algunos señores Senadores pertenecientes a los partidos de Gobierno han pretendido levantar al sostener que el Senado estaría invitando a deliberar a las Fuerzas Armadas al proponerse el envío del texto de esta sesión a los respectivos Comandantes en Jefe. Para nadie es un secreto que nuestras Fuerzas Armadas son garantes del sistema constitucional chileno, y ha sido el propio Gobierno de la Unidad Popular quien, en forma pública y notoria, las ha invitado a participar en las gestiones del Ejecutivo, hecho que sucedió, por ejemplo, cuando se las llamó a contribuir en el mes de octubre del año pasado a restablecer la normalidad y a dar garantías suficientes para que funcionara el proceso electoral que renovó el Congreso Nacional. En consecuencia, pensar que constituye deliberación el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas conozcan la opinión de los sectores del Senado, que representan los distintos partidos políticos, sobre la situación que vive nuestro país, o es suponerles una ignorancia muy grande, o presumir que los Senadores presentes somos unos estúpidos. Lo real es que en la Sala se ha debatido, entre otros problemas vitales que aquejan a nuestro país, la aplicación de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, cuya responsabilidad recae expresamente en las Fuerzas Armadas. Por esa razón, apoyándome en estos argumentos, voto por que el debate habido en esta sesión se envíe a los representantes de nuestros tres institutos armados. Rechazo las intervenciones que han tenido parlamentarios de la Unidad Popular, quienes han pretendido imputar a los Senadores que votan a favor de la indicación propósitos distintos de los que animan a nuestro partido, que fueron precisados con absoluta nitidez por el Presidente de nuestra colectividad. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, recuerdo que cuando presidía la Comisión de Defensa Nacional el ex Senador Raúl Ampuero, cuyo partido tiene un solo representante en el Senado, mi distinguido colega el Honorable señor Silva Ulloa, hubo un planteamiento semejante en esta materia. En aquel tiempo ocupaba la Cartera de Defensa Nacional el actual Senador Carmona, y el que habla apoyó la indicación del Senador Ampuero sobre el particular, lo cual a posteriori me trajo muy malos ratos dentro de mi colectividad, porque no todos concordaban con esa idea. Por lo tanto, consecuente con ésta actitud de hace ocho años, ahora voto que sí. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, los conceptos del Honorable señor Silva Ulloa me obligan a fundar él voto. El largo proceso político de Chile, el drama de la democracia chilena se acerca a su fin. Todos los chilenos estamos conscientes de este proceso trágico. No hace un mes, el Honorable señor Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, invitaba a las Fuerzas Armadas a incorporarse al proceso revolucionario que condujo a la implantación en nuestro país del marxismo leninismo. No hace 15 días, el señor Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, convocaba a los institutos armados a integrar su Gobierno. En consecuencia, ¿qué de extraño o de disímil puede haber en que el Senado de la República transcriba a los jefes de las Fuerzas Armadas el debate de esta sesión? Al contrario, creo que estamos cumpliendo una actitud histórica y asumiendo responsabilidades, y para ello hay un antecedente extraordinario. Se encuentra, creo que por mandato del destino, un hombre de derecho, con una trayectoria completa de servicios a la República, al frente del Ministerio del Interior. Posiblemente en estos tres últimos años es el único hombre de Gobierno con el cual se podría dialogar, y él ha expresado en esta Sala que está dispuesto a hacerlo. Las Fuerzas Armadas de Chile deben tener conocimiento profundo de este debate. Deben saber, después de la exhortación del Senador Altamirano, que las invitaba a incorporarse al proceso revolucionario; después de la invitación oficial del Presidente de la República a compartir las tareas de Gobierno, lo que significa el diálogo sostenido aquí entre el Ministro del Interior, la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el PIR y otras colectividades, y los términos y condiciones tajantes que aquí se han emitido. En consecuencia, los institutos armados tienen un motivo mayor de conocimiento y de profundización del proceso chileno. De ahí que entienda que este acto de honestidad política del Ministro del Interior, su sinceridad, su pureza de pensamiento, debe tomarse como una ayuda al diálogo, y por eso creo que este debate debe ser transcrito en forma íntegra a los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, a fin de que su intención no sea desvirtuada. Por lo tanto, voto que sí. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, al fundar mi voto, deseo comenzar señalando que, en su primera intervención, el señor Ministro del Interior manifestó que durante esta sesión se habían formulado planteamientos de orden político y no se había dado cumplimiento estricto al objetivo indicado en la citación. No comparto ese juicio de Su Señoría, por considerar que los planteamientos de los jefes de los partidos de Oposición en el sentido de que la falta de aplicación oportuna de la ley de Control de Armas tiene al país en el quiebre absoluto de la institucionalidad, son atinentes a la materia motivo de la citación, porque se trata precisamente de una ley que el Congreso Nacional despachó para entregar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de fiscalizar la posesión de armas, con el objeto de impedir la existencia de grupos para-militares o de facciones que pudieran arrogarse las facultades que tienen nuestros institutos armados. Si el Congreso Nacional ha hecho confianza en las Fuerzas Armadas y les ha entregado la atribución concreta del control de las armas, es su deber velar por el cumplimiento de la ley en referencia. A ello obedecen esta sesión y los planteamientos formulados, al término de los cuales se ha llegado a conclusiones muy claras. Se ha establecido, entre otras cosas, que son precisamente el Gobierno, los partidos que lo apoyan y los órganos de prensa, radio y televisión que le son adictos los que están promoviendo la creación de esas organizaciones paramilitares, con una sola finalidad: provocar en Chile el quiebre institucional. Por eso, estimo indispensable que los institutos armados sepan que el Parlamento, mediante los planteamientos de las fuerzas mayoritarias en él representadas, reafirma en esta oportunidad la confianza que depositó en ellos y exige que actúen. El Gobierno, por desgracia, no está animado del mismo propósito. Para demostrarlo, debo recordar las palabras que pronunció el Secretario General del Partido Comunista, SenadorLuis Corvalán, cuando se iniciaba la tramitación del proyecto sobre control de armas. ¿Qué nos decía el Honorable señor Corvalán al hablar de la entrega del control de armas a las Fuerzas Armadas? Lo siguiente: Eso significaría mezclar al Ejército en un asunto poco serio; mezclarlo en una función política o politiquera bastante baja. Yo creo que el Ejército no quiere esto tampoco, ni está dispuesto a ello. El Ejército se transformaría también en una fuerza policial, cosa que también creo que el Ejército rechaza. La Senadora señora María Elena Carrera ha repetido esta mañana los conceptos del Partido Comunista. Por mi parte, pregunto: ¿es admisible calificar de poco serio, de que sería rebajar a nuestras Fuerzas Armadas, el propósito de impedir la creación de grupos paralelos a ellas? Digamos las cosas con absoluta claridad: ¿hacia quién están dirigidas las acciones de los grupos para-militares cuya creación patrocinan los partidos de Gobierno? ¿Acaso en contra nuestra, de los partidos de Oposición? No. Simplemente, están dirigidas contra las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Y, por eso, no sólo tienen que escuchar lo manifestado aquí, sino también pensar en ello y actuar en consecuencia. Voto que sí. El señor FREI (Presidente).- Tiene la palabra, para fundar su voto, el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, suscribo en todas sus partes la exposición del Honorable señor Silva Ulloa relacionada con la inconveniencia de transcribir a los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas los discursos aquí pronunciados. En primer lugar, porque, salvo los de los señores Ministros de Defensa Nacional y del Interior, todos corresponden al pensamiento de los Senadores de Oposición. Los Senadores de Gobierno no hemos hablado. En consecuencia, dejamos en claro... El señor HAMILTON.- Eso es censura. El señor CONTRERAS.- No se trata de censurar. No lo hemos hecho nunca. Quien censura es, precisamente, la mayoría de este Senado. En esta oportunidad no se nos ha permitido usar de la palabra, y eso quiere decir censura. En consecuencia digo, me parece manifiesto abuso transcribir la versión de una sesión donde se contienen sólo las intervenciones de un sector de los Senadores en ejercicio. Por otra parte, muchas veces hemos escuchado decir que nuestras Fuerzas Armadas no son deliberantes. Sin embargo, los señores Senadores están realizando el máximo de esfuerzos para hacerlas deliberar, para que empiecen a existir dentro de sus filas grupos alineados: unos a favor de un bando y otros a favor de uno distinto. También se habla mucho de la violencia. Pero nosotros jamás hemos hecho uso de ella: ni cuando éramos opositores, ni ahora que somos Gobierno. No sacamos a los niñitos escolares a las calles para que rompan vidrios y efectúen toda clase de destrozos en la vía y en los edificios públicos. Tampoco tuvimos participación en la asonada de hace una semana, mediante la cual se quiso destruir a tiro de cañón el Palacio Presidencial. ¡No se ría, Honorable señor Ochagavía, porque en su tienda política hay bastantes personas que han estado o están vinculadas a ese plan conspirativo, cuya finalidad era la de derrocar al Gobierno de la República! El señor OCHAGAVIA.- ¡Eso es falso! Y me río al pensar que un tanque habría destruido todo lo que hubiera deseado. Sin embargo, no se disparó un solo cañonazo... El señor CONTRERAS.- ¡Es la forma más descarada y manifiesta de negar los hechos! Cuando asistió al Senado el Ministro de Defensa, señor Tohá, hicieron una chirigota de la sesión, por lo cual ese personero gubernativo debió retirarse de la Sala. ¡Para eso invitan a los Ministros de Estado: para hacer toda clase de críticas injustas y arbitrarias! Por último, algunos Senadores dijeron que sólo en las mentes enfermizas de algunas personas estaba el peligro de un golpe de Estado. ¡Nada son lo sucedido hace algunos días y lo descubierto en estos instantes...! Espero que la justicia militar ordene realizar las investigaciones pertinentes y que se someta a proceso a todas las personas implicadas en los últimos sucesos. En esta sesión algunos Senadores han querido buscar las cinco patas al gato, evitando precisamente establecer quiénes tienen en sus manos gran cantidad de armamentos y dónde se hallan éstos. Y ¿para qué las tienen? Para repetir lo que ya hicieron en otra oportunidad, como fue el asesinato del General Schneider. Voto que no. El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, creemos que el debate no se agotó en esta sesión. Y los Senadores de la Unidad Popular pediremos una sesión especial para seguir analizando como expresaba denantes en profundidad los problemas de tipo político fundamentales que han tocado los Honorables colegas de la Oposición. Estimo que esta sesión no cumplió los objetivos señalados en la citación. Pensábamos que los Senadores de Oposición iban a señalar casos concretos, definidos numerosísimos, según anticipaban en la prensa, acerca del descontrol de las armas. La verdad es que, aparte el caso de la camioneta de CORA que citaron algunos Honorables colegas, no ha habido por parte de la Oposición denuncias sobre situaciones específicas. En segundo lugar, quiero hacer mía la posición del Honorable señor Silva Ulloa. Lamento que la Mesa no se haya anticipado a declarar la inconstitucionalidad de la indicación que formularon algunos Honorables colegas de la Oposición, porque ésta implica una franca y abierta invitación a las Fuerzas Armadas al diálogo y a la deliberación. Me parece que no es el camino más aconsejable en cuanto a las resoluciones del Senado, pues éste se minimiza y, sin duda, se somete en sus debates a la opinión de los institutos en referencia. Es un contrasentido, algo que atenta contra el Reglamento de la Corporación y contra la Carta Fundamental. En tercer término, debo dejar expresa constancia de que tanto en la exposición del Honorable señor Aylwin como en la del Senador señor Bulnes se echó de menos un alcance siquiera lejano o remoto al levantamiento del día 29 de junio. No ha habido para Sus Señorías ningún hecho fundamental que haya trastocado las libertades democráticas a raíz del intento de asaltar el Poder realizado por un grupo minoritario que pretendía derrocar al Gobierno legítimamente constituido. El señor AYLWIN.- El señor Senador estaba distraído. El señor RODRIGUEZ.- Ha sido un silencio culpable el no hacer referencia alguna sobre el particular. El señor AYLWIN.- Repito que Su Señoría estaba distraído. El señor RODRIGUEZ.- Si el señor Senador se refirió a ese hecho, lo hizo de modo tan tangencial, que no le dio importancia alguna. En cuarto lugar como se recordaba en una brevísima interrupción, deploro que el Honorable señor Aylwin, en su calidad de Presidente del partido más importante de la Oposición, no haya analizado lo medular, lo sustantivo del grupo Patria y Libertad. Su Señoría no dedicó ni siquiera un par de líneas para analizar lo que es Patria y Libertad, su contenido fascista, totalitario; su declaratoria de guerra para atrapar el Poder en cualquier circunstancia, y que incluso envía mensajeros al exterior para conspirar contra Chile, como ocurre con el señor Marshall en Bolivia. El Presidente de la Democracia Cristiana ha silenciado todo eso. Y ello es grave. Porque cuando se habla de libertad, de democracia, de la defensa a plenitud de los derechos humanos y políticos en Chile, es bueno recordarse de todo: de los vicios que se observan en la Izquierda, también de los defectos que se aprecian en los sectores de la Derecha. Por estimar que constituye grave error lo que está acordando la mayoría del Senado, rechazo la indicación que presentó la Oposición. El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, también adhiero a lo que manifestó aquí el Honorable señor Silva Ulloa. A mi juicio, la indicación es un error desde el punto de vista constitucional, y la Mesa debió declararla inadmisible por contravenir una norma expresa de la Carta Fundamental. Considero muy grave lo que se propone, pues se convierte al Senado en una especie de monitor de las Fuerzas Armadas, de maestro de ellas que les enseña cuál es su deber o las instruye respecto de algo que se supone que no saben; porque si se supone que lo saben, no hay para qué instruirlas al respecto. Además, la proposición encierra una incitación abierta a deliberar. Por ese motivo, creemos que no se puede inferir a los institutos armados algo que yo reputo como ultraje, o bien; como manifestación de desconfianza en cuanto a que no van a cumplir con la misión que la ley les encomienda. Estimo que esta resolución, en apariencia inocente, tendrá repercusiones hacia el futuro. Y este Senado se está pareciendo demasiado al del año 1890. Comprendo que las pasiones son muy fuertes y que a veces nos llegan a todos, especialmente en un recinto como éste, donde se congregan cincuenta personas que, individualmente consideradas, pueden ser muy racionales, pero que en conjunto y por la presión del ambiente, transforman la atmósfera en poco propicia para el debate y para poder pensar fríamente en qué es lo que estamos viviendo y cuál es la responsabilidad de nuestras palabras o acciones. Deseo recordar que cuando en 1969 se produjo el tacnazo, el Partido Comunista adoptó una actitud de respaldo real al régimen constituido: la CUT salió a la calle a defender un Gobierno que no era el nuestro y por el cual no teníamos simpatía. Y lo hicimos porque consideramos que la defensa del régimen democrático representaba un valor superior. Por eso, estimo que las palabras pronunciadas por el Secretario General del Partido Comunista al discutirse la ley sobre Control de Armas y recordadas aquí por el Senador señor Ochagavía, en el sentido de que se trataría de mezclar al Ejército en una función que no le correspondía se corría el riesgo de que así fuera, se han visto justificadas, por desgracia, con el caso de una denuncia tan irresponsable como la referente al depósito de armas en el Cementerio Metropolitano. Al fin y al cabo, que gente de Derecha, responsable, tenga algo que ver en una denuncia realmente macabra y que induce a fuerzas tan respetables, sólo en virtud del mérito de la denuncia, a abrir muchas tumbas como las fotografiadas por el diario El Mercurio y publicadas por éste en su edición del domingo pasado, es un hecho que debiera hacernos reflexionar. Porque si a ese deporte tan poco honroso nos dedicamos tanto los de Derecha como los de Izquierda, Chile puede convertirse en el país de las mil denuncias diarias, ponerse más insufrible y hacer que su atmósfera se torne más intolerable. Junto con señalar que, a mi juicio, es a las Fuerzas Armadas a quien corresponde aplicar la ley, estimo que en alguna forma el denunciante de hechos como el anteriormente denunciado, debe hacerse responsable de la verosimilitud o seriedad de sus denuncias. Por esas razones y confiando en que El Mercurio no mienta, por lo menos en cuanto a la transcripción de las versiones textuales del Senado creo que basta con lo que aparezca allí, me pronuncio claramente en contra de la petición de transcribir el debate a los Jefes de las Fuerzas Armadas. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, en esta sesión todos hemos estado de acuerdo fundamentalmente en dos cosas. En primer lugar, en que el régimen democrático e institucional de nuestro país está quebrado. Eso lo han planteado con responsabilidad los dirigentes de la Oposición, y así lo ha aceptado también el señor Ministro del Interior. En segundo lugar, en la necesidad de que haya diálogo y de restablecer el pleno, imperio del sistema democrático, para lo cual el Presidentedel Partido Demócrata Cristiano ha señalado una condición previa cuyo cumplimiento depende esencialmente del Gobierno: la disolución y desarme de los grupos armados. Es aquí, a nuestro juicio, donde el Congreso Nacional ha cumplido su obligación al proporcionar al Ejecutivo la herramienta que representa la ley sobre Control de Armas, que permite disolver esos grupos y requisar las armas con el objeto de que impere la norma constitucional que prohíbe la existencia en el país de organizaciones armadas distintas de las consagradas expresamente en la Constitución: la Marina, el Ejército, la Aviación y Carabineros. Al respecto, tanto el Ejecutivo como los institutos castrenses tienen deberes que cumplir; pero aquél -lo decimos con responsabilidad y honestidad- no ha cumplido el suyo, puesto que la ley en referencia fue dictada hace mucho tiempo y aún no se sabe de grupo armado alguno que haya sido disuelto. Las pocas armas encontradas, de las muchas que el Gobierno reconoce que existen en el país, lo han sido por circunstancias tan fortuitas como, por ejemplo, la del choque de una camioneta en la localidad de Curimón, o la del choque a la otra perteneciente a la CORA. El señor AGUIRRE DOOLAN.- O como ocurrió en los casos de Yungay y Talcahuano. El señor HAMILTON.- Y hay muchos casos más. Pero todos ellos son obras de la casualidad, de las circunstancias, y en ningún caso debido a la acción del Gobierno. Quienes también tienen responsabilidad y están cumpliendo sus obligaciones en este instante son las Fuerzas Armadas. Y es bueno que éstas sepan que uno de los Poderes Públicos, el Senado, las respalda en el cometido que ellas realizan respecto de la ley sobre Control de Armas y repudia la campaña que parte del propió Ministerio del Interior y que es muy grave. Porque así como no puede aceptarse que el señor Subsecretario de esa Cartera, al igual como lo ha hecho aquí el Honorable señor Teitelboim, ridiculice las denuncias hechas por infracciones a esa ley, tampoco puede serlo el que se someta a la befa y a la mofa de la opinión pública a quienes, muchas veces equivocadamente, pero siempre persiguiendo la finalidad de restablecer la paz, la tranquilidad y el imperio de la ley, formulan aquéllas con el objeto de investigar la existencia de armas, sea que éstas se encuentren en el Cementerio, en La Moneda o en cualquiera otra parte. Si las autoridades de Gobierno están por la aplicación de la ley de Control de Armas, no pueden ridiculizar a quienes denuncian a los infractores de la misma, ni tampoco reírse de las Fuerzas Armadas por las acciones que éstas emprendan en cumplimiento de su deber. Entonces, transcribir a los institutos castrenses un debate oficial de una de las ramas del Congreso Nacional no es deliberar. Por lo demás, no tienen autoridad moral para hablar de estas materias quienes han llevado la deliberación al seno de los institutos armados. No tienen autoridad moral los que han llevado a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas a concentraciones políticas y los han exhibido desde los balcones del Palacio de Gobierno ante los adictos al régimen. No tienen autoridad moral quienes tentaron la zona de emergencia como lo han expresado claramente y como aquí se ha repetido para quedar con las manos libres y permitir que su gente armada pueda actuar. Las Fuerzas Armadas, en cambio, con errores o sin ellos, actuaban sin discriminación y en forma objetiva. No tienen autoridad moral los que llevaron a las Fuerzas Armadas al Gabinete y entregaron el Ministerio del Interior nada menos que al Comandante en Jefe del Ejército. No tienen autoridad alguna quienes han querido, deliberada, pública e irresponsablemente como lo ha dicho el Secretario General del Partido Socialista, que piensa muy distinto de lo expresado aquí por el Honorable señor Rodríguez, comprometer a las Fuerzas Armadas en el proceso revolucionario chileno, en el programa de la Unidad Popular, en el ensayo fracasado que realiza el marxismo desde el Gobierno. No tienen autoridad moral quienes ayer insultaban a los institutos armados con la misma vehemencia y poca responsabilidad con que hoy día los están aplaudiendo y halagando. Y para que no se diga que éstas son palabras o expresiones mías, citaré las dichas por la Honorable señora Carrera al referirse en este Senado a las Fuerzas Armadas con la autoridad moral de quienes intervinieron en el tacnazo, de quienes azuzaron a las Fuerzas Armadas y al pueblo a llenar el vacío de poder reconozco que aquí existe una diferencia entre ellos y sus aliados comunistas, cuando aquéllos precisamente tenían como jefes al General Schineider y al actual Comandante Prats: Trágico destino. Los herederos de las Glorias del Ejército de los Andes, que se movilizó para cooperar a la liberación de las Colonias Españolas, son ahora gendarmes de las pertenencias norteamericanas en el Cono Sur. No tengo tiempo para repetir lo que sostuvo al respecto el Honorable señor Altamirano, pero fue encarcelado y encargado reo por la justicia ordinaria por ofender e injuriar a las Fuerzas Armadas. También tengo citas del propio Salvador Allende en las que dice que la Armada de Chile estaba al servicio de los intereses norteamericanos en la Operación Unitas. No tienen autoridad moral para hablar en estas materias. El señor FREI (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor HAMILTON.- Voto que sí. El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, creo que votar favorablemente la indicación para transcribir la versión del debate de esta sesión del Senado a los Jefes de las Fuerzas Armadas es caer en el mismo error en que ha incurrido el Subsecretario del Interior cuando, por el hecho de que algún ciudadano seguramente con espíritu democrático y con justo temor denuncia el incumplimiento de una ley vigente como la del control de armas y a lo cual tiene derecho, declara: Ahora tienen la impudicia y desvergüenza de formular denuncias que no vacilamos en calificar de irresponsables y desprovistas de toda veracidad y fundamento. Y añade el señor Subsecretario del Interior: Este hecho revelaba una actitud tendenciosa y alarmista. Estas expresiones muestran que el señor Vergara no sólo desconoce la ley, los derechos de los ciudadanos y la independencia y profesionalismo de las Fuerzas Armadas, sino que tampoco valoriza la actitud de éstas. Por tales razones, a mi juicio, el envío o no envío de esta versión no tiene mayor trascendencia, ni menos el carácter de sedición o incitación que ha querido atribuirle el Honorable señor Silva Ulloa. Las Fuerzas Armadas son suficientemente independientes, conocen sus derechos y tengo confianza en ellas. Creo, como cualquier ciudadano, que ellas no sólo leen las versiones oficiales del Parlamento, sino que están interesadas en saber cuál es la opinión de los distintos Poderes Públicos. Por otra parte, no creo necesario participar en una campaña de reproches como los formulados por el Honorable señor Rodríguez al imputarnos el hecho de no habernos referido en esta ocasión al Movimiento Nacionalista Patria y Libertad. La misma razón que él invoca en este caso sin embargo, hemos hecho referencia a ello en diferentes oportunidades nos obligaría a preguntar al señor Senador y a la Unidad Popular, por qué no se han referido a las últimas actuaciones del MIR conocidas por toda la ciudadanía, que es otro organismo extremista de la misma importancia que el anterior. No obstante ello, silenciaron su voz al respecto. Reitero que no deseo entrar en esta campaña de reproches. Prefiero despejar el camino. Valoro las importantes y graves palabras pronunciadas por el señor Ministro del Interior, y las aprecio en el orden personal, como seguramente también lo hace la Democracia Cristiana. Asimismo, valoro las intervenciones de los representantes de la Oposición en esta oportunidad, especialmente las palabras responsables de nuestro Presidente, el señor Patricio Aylwin; y no me parece conveniente que por cuestiones casi de segundo orden, como es el de preocuparse de si las Fuerzas Armadas leerán o no leerán la versión oficial del Senado, se pongan obstáculos que empañen o alejen de los problemas de fondo planteados y que, a juicio de muchos, constituyen la última posibilidad de diálogo democrático que pueda existir en Chile. Es grave lo que puede ocurrir. El propio ex Ministro de Relaciones Exteriores hoy de Defensa sabe que si nada se hace por evitarlo, puede llegarse al extremo de una guerra civil, y el territorio nacional, incluso, podría ser desmembrado o convertido en un Vietnam de América Latina. Por esas razones, me abstengo esperando que este último diálogo fructifique sobre cosas de fondo, y no entorpeciendo el camino con cuestiones sin importancia y que nada aportan, menos a las Fuerzas Armadas. El señor JARPA.- Señor Presidente, considero absolutamente indispensable que las Fuerzas Armadas tomen conocimiento oficial de las expresiones vertidas en el Senado en esta oportunidad, tanto por los señores Senadores como por el Ministro del Interior, respecto de las interpretaciones y de la aplicación de la ley sobre Control de Armas. A mi juicio, cuando una institución quiere dirigirse a otra, no publica en el diario un debate, sino que le envía una comunicación directa. Por lo demás, se trata de una norma de buena conducta. También considero necesario que las Fuerzas Armadas de nuestra patria conozcan y valoricen la denuncia hecha aquí por el Honorable señor Aguirre Doolan respecto de la impresión de un libro que falsifica la historia de Chile y atenta contra el prestigio y las tradiciones de aquéllas. Deploro que el señor Ministro de Defensa no se haya hecho cargo de tal denuncia; no obstante, espero que los organismos castrenses lo hagan oportunamente y restablezcan su honra, su honor y su prestigio esclareciendo esos capítulos de la historia de Chile que corresponden a una interpretación marxista, amparada y dirigida desde el Gobierno, no sólo para destruir los fundamentos tradicionales de nuestra nacionalidad, sino que también para desprestigiar y destruir el espíritu y la moral de los institutos armados. Voto que sí. Se aprueba la indicación (16 votos por la afirmativa, 6 por la negativa, 5 abstenciones y 1 pareo). El señor ALMEYDA (Ministro de Defensa Nacional).- Pido la palabra, señor presidente. El señor FREI (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra el señor Ministro. Acordado. El señor ALMEYDA (Ministro de Defensa Nacional).- Quiero hacer presente que he tomado debida nota de las observaciones del Honorable señor Aguirre Doolan, las cuales, según entiendo, fueron también dirigidas, por medio de un oficio, al Ministerio de Defensa, y que en su oportunidad contestaré, a fin de expresar cuál será el comportamiento gubernativo frente a los hechos denunciados, con el objetivo preciso de restablecer la verdad histórica y cautelar la tradición y el honor de las Fuerzas Armadas de Chile. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor FREI (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime del Senado para acceder a la petición del señor Ministro. Acordado. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- Al fundar su voto, el Honorable señor Hamilton me atribuyó una afirmación que no he hecho. El señor HAMILTON.- No cité a Su Señoría, sino que al Subsecretario. El señor BRIONES (Ministro del Interior suplente).- No dije que esté en quiebra el régimen democrático. Sostuve sí, y lo repito, que en Chile se vive un momento de extraordinaria gravedad y de gran tensión, y que es indispensable buscar un camino para solucionar este problema de tanta trascendencia para el país, dentro de los cauces constitucionales y de respeto al Estado de derecho. El señor FREI (Presidente).- Se levanta la sesión.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY SOBRE CONTROL DE ARMAS.