DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL. LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA. Sesión 55ª, en martes 7 de agosto de 1973. Especial. (De 20.59 a 22.57). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI MONTALVA, PRESIDENTE, Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO. ÍNDICE. Versión taquigráfica. Pág. I.- ASISTENCIA 2300 II.- APERTURA DE LA SESIÓN 2300 III.- LECTURA DE LA CUENTA .. 2300 IV.- ORDEN DEL DÍA: Represión del Gobierno en contra de los gremios en conflicto.... 2300 VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. I.- ASISTENCIA, Asistieron los señores: Carmona Peralta, Juan de Dios Diez Urzúa, Sergio Foncea Aedo, José Frei Montalva, Eduardo Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jarpa Reyes, Sergio Onofre Moreno Rojas, Rafael Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Pablo Elorza, Tomás Papic Ramos, Luis Phillips Peñafiel, Patricio Valenzuela Sáez, Ricardo, y Zaldívar Larraín, Andrés. Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de prestaciones familiares. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple. Con el tercero formula indicaciones al proyecto que establece pensiones asistenciales para inválidos y mayores de 65 años de edad. Se manda agregarlo a sus antecedentes. Oficios. Dos del señor Juez del Primer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago, con los cuales solicita copia autorizada del oficio Nº 16 del ex Departamento del Cobre, de fecha 21 de febrero de 1961, que enviara a esta Corporación en cumplí-miento de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley Nº 14.171. Se accede. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 20.59, en presencia de 14 señores Senadores. El señor FREI (Presidente).- En el nombre, de Dios, se abre la sesión. III.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor FREI (Presidente).- Solicito el asentimiento del Senado para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación. Acordado. El señor FREI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Tres de Su Excelencia el Presidente de la Republica. Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de prestaciones familiares. Queda retirada la urgencia y la, nueva se califica de simple. Con el tercero formula indicaciones al proyecto que establece pensiones asistenciales para inválidos y mayores de 65 años de edad. Se manda agregarlo a sus antecedentes. Oficios. Dos del señor Juez del Primer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago, con los cuales solicita copia autorizada del oficio N9 16 del ex Departamento del Cobre, de fecha 21 de febrero de 1961, que enviara a esta Corporación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 14.171. Se accede. El señor FREI (Presidente).— Solicito el asentimiento del Senado para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación. Acordado. IV.- ORDEN DEL DÍA. REPRESIÓN DEL GOBIERNO EN CONTRA DE GREMIOS EN CONFLICTO. El señor FREI (Presidente).- Para referirse al tema de esta sesión, está inscrito en primer lugar el Honorable señor Moreno. El porqué de esta sesión. El señor MORENO.-Señor Presidente, hemos solicitado la celebración de esta sesión con el objeto de que el Senado conozca la forma como las fuerzas policiales al mando de la Intendencia de Santiago han venido actuando en el curso de los últimos tiempos, especialmente la semana recién pasada, para enfrentar a los gremios de trabajadores o actividades independientes que han entrado en conflicto. Comprendo que es insólita la petición que hemos formulado -la Sala del Senado la aceptó- de instalar en este recinto aparatos de televisión para que los señores Senadores puedan observar una película que posee el Canal 13 de la Universidad Católica y que fue filmada el día en que ocurrieron los incidentes que la opinión pública conoce, en la localidad de Nos, aquí en la provincia de Santiago. En esa oportunidad, el Subsecretario de Transportes, señor Faivovich, designado interventor en el conflicto de los transportistas, procedió a actuar en contra de ese gremio con una brutalidad y prepotencia indescriptibles. Me he permitido solicitar la proyección de dicha película en virtud de un acuerdo tomado por esta Sala, por considerar que el testimonio que esas imágenes grabaron constituyen la forma más elocuente de ilustrar y demostrar cuál es el criterio que se ha venido aplicando en el curso del actual Gobierno respecto de los gremios que entran en conflicto. Hace ya dos años y ocho meses que estamos viendo cómo la fuerza pública ha sido colocada al servicio de una nueva doctrina, que no es la de cuidar del orden Publico o la de resguardar y respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos consagrados en ellas. En forma solapada Primero, y por instrucciones reservadas después, aun cuando hoy no es un secreto Para ningún ciudadano del país, la fuerza Pública ha ido siendo forzada por las autoridades de Gobierno Interior, dependientes de la Unidad Popular, a cumplir una acción y a servir una doctrina que no es la propia y que ha llevado al país a las peores formas de represión que se recuerdan contra los trabajadores. La nueva doctrina: violencia discriminada. Cuando en las calles de Santiago o en las de cualquiera otra de las provincias de Chile hacen manifestaciones partidarios de los grupos oficiales, para ellos no sólo hay respeto, sino que, en muchos casos, inclusive ha habido respaldo y protección policial. En cambio, cuando cualquier gremio, sea de trabajadores, de transportistas, de comerciantes, de campesinos, de estudiantes secundarios, inclusive de agrupaciones de parapléjicos o inválidos, ha actuado de acuerdo con el legítimo derecho de reunión y de protesta que garantiza nuestra Constitución Política, las fuerzas policiales han sido lanzadas en contra de ellos con una violencia realmente desconocida, por lo menos en los últimos tres años. La represión de Nos. Eso es lo que ha ocurrido en Nos con la huelga de los transportistas, y aún no está claro cuál fue el procedimiento allí empleado, ni tampoco si quien mandaba la fuerza pública eran los representantes directos del Ministerio del Interior, el Intendente de la provincia o el Subsecretario señor Faivovich. Este último, de filiación mirista -según parece, al mismo tiempo está inscrito en el Partido Socialista-, pues vierte sus opiniones en artículos que escribe semanalmente en la revista oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se puso al mando de las fuerzas de Carabineros, lo cual veremos, en la película a que me he referido, en unos minutos más. En las acciones desarrolladas en Nos se emplearon elementos obtenidos de requisiciones efectuadas contra otros particulares, como es el caso de los tractores y de los implementos que se llevaron hasta ese lugar para sacar los vehículos de los transportistas en huelga desde el parque donde estaban estacionados. El sectarismo del Gobierno. Al mismo tiempo, hemos visto cómo el criterio del Gobierno ha llegado a ser tan sectario, que la Corporación de la Reforma Agraria no vaciló en expropiar, el jueves de la semana recién pasada, el predio denominado El Peñón, ubicado en la localidad de Nos, por el solo hecho de que allí estaban concentrados los camiones de esos transportistas. Estamos acostumbrados a presenciar polémicas entre el Gobierno y los partidos de Oposición, pero cuando la fuerza pública llega a ser usada en forma que desmoraliza a los ciudadanos y que realmente nos lleva al clima que hoy estamos viviendo, uno no puede permanecer impávido, y es su deber levantar la voz para protestar en las instancias que corresponda. La huelga de los transportistas es un movimiento justo. Hoy se está desarrollando nuevamente una huelga de los transportistas. Este movimiento es justo y no vacilo en calificarlo como tal, cualquiera que sea la caricatura que hoy se quiera hacer, por parte de los organismos publicitarios de la Unidad Popular o de sus seguidores políticos, de este gremio y de su conflicto. He tenido oportunidad de recorrer, tanto en octubre pasado como durante estos días, los campamentos de los camioneros, como los denomina el Gobierno, varios de los cuales están ubicados en las provincias que yo represento ante el Senado. No son estos hombres personas que posean fortunas; muchos de ellos ni si quiera han tenido el privilegio de la educación superior o de la enseñanza media. Son hombres modestos, que se ganan la vida trabajando en sus máquinas. La inmensa mayoría lleva una vida de tal manera precaria y difícil, que, a mi juicio, muchos de los ciudadanos que laboran en este país no estarían dispuestos a hacerlo en las condiciones en que los transportistas se desempeñan. Por eso, indignados, después de haberse suscrito dos compromisos con el Gobierno, el 23 de mayo y el 7 de septiembre de 1972, que fueron desconocidos por el Ejecutivo, los transportistas se vieron en la necesidad y en la obligación de declarar su paro del 1º de octubre pasado. Su movimiento fue concitando la adhesión de otros gremios: comerciantes, bancarios, pequeños agricultores, campesinos, colegios profesionales. En una palabra, la mayoría de las actividades de nuestro país que se desarrollan en forma independiente se plegó al movimiento. La visión de la represión en Nos. Voy a suspender en este momento mis palabras, y pido que el texto de la versión de la película que se proyectará sea incorporado en la versión de mí discurso, El señor FREI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a dicha petición. Acordado, Solicito también el asentimiento del Senado para publicar in extenso las palabras pronunciadas por el Honorable señor Ochagavía, cuya indicación no se votó en la hora de Incidentes de la sesión anterior por falta de quorum. Acordado. La versión de lo filmado por el Departamento de Prensa del Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, en Nos, de 31 de julio de 1973, es la siguiente: El señor SÁNCHEZ (Periodista).- Señor Vilarín, hace algunos momentos hubo un allanamiento por parte de efectivos militares. ¿Cuál es el resultado de esta acción? El señor VILARIN (Presidente de la Federación de Transportistas de Chile).- No lo sé. Me lo acaban de informar los colegas aquí en el sitio donde están concentrados los camioneros, en Nos. Vamos a ir a hablar con el jefe, el capitán que firma el acta para aclarar en qué consiste el allanamiento, a qué se debió. En todo caso, quiero decirle que nosotros hicimos antenoche -la directiva de la Confederación- un denuncio a la Fiscalía Militar, para que se procediera a allanar a toda la gente que ha venido aquí en autobuses, que naturalmente ha venido con armas, a provocar a nuestros colegas que están en una concentración pacífica, sin molestar a nadie. Están en un sitio privado. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- En definitiva, entonces, no se ha dado ningún paso adelante y, por el contrario, parece que el asunto retrocede con esto de las requisiciones de los camiones. El señor VILARIN (Presidente de la Federación de Transportistas de Chile).- Mientras haya requisiciones de camiones, a nuestro juicio hay represión brutal y hay persecución en contra de nuestro gremio. No nos parece que deberíamos conversar con nadie nosotros, mientras continúe la represión en contra de nuestro gremio. Para comenzar a conversar, tiene que haber una demostración práctica de la autoridad a todo nivel, en el sentido de que se quiere resolver el problema. El problema se resuelve comenzando por suspender la persecución y represión contra nuestro gremio. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- En el Parque de Nos se efectúa este medio día una requisición de camiones estacionados en este lugar desde el jueves último. Se entiende que se van a sacar de este sitio el máximo de vehículos, toda vez que los propietarios les han producido algunos deterioros y les habrían sacado, según las autoridades, algunas piezas fundamentales para evitar que pudieran ser sacados por los funcionarios del Gobierno. En estos momentos, el Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich, está acompañado por un grueso piquete de carabineros que está protegiendo al personal de diversas reparticiones, sobre todo de la E.T.C., que están sacando y tratando de llevarse a la capital a estos camiones y medios de transporte. Aquí se puede observar cómo un funcionario de una repartición fiscal saca un camión Fiat que ha sido requisado por orden del Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich. Es la una de la tarde. En la carretera ya hay más de 40 camiones que han podido ser sacados del parque. Y ahora un auto de Investigaciones trae al interventor de este problema, Jaime Faivovich. Faivovich, fue llamado desde Santiago para que se comunicara con el Ministro de Hacienda. En el asiento trasero, vigilado por Carabineros y por detectives, va el Subsecretario de Obras Públicas y Transportes. Se ignora hasta ahora cuál es el motivo de este llamado urgente desde la capital. El auto que lleva a Faivovich debe pasar con sumo cuidado debido a las barricadas y piedras que han puesto los huelguistas en ese sector. Es la una y media de la tarde. Y ahora desde Santiago llegan más vehículos fiscales. Se ven algunos buses de la E.T.C., y al comienzo una motoniveladora de Obras Públicas viene sacando con su pala las piedras que estaban bloqueando la carretera Panamericana Sur. A su izquierda, se han ubicado los choferes y conductores, quienes piensan atacar -según han dicho- a estos funcionarios de Gobierno, quienes están cooperando en lo que ellos llaman robo de camiones o en lo que el Gobierno pretende que es una requisición legal. Deben ser unos 20 vehículos que están viniendo hacia Nos para ayudar a sacar a los camiones. Carabineros, con algunos vehículos fiscales están custodiando a estos buses de la E.T.C. que traen choferes. Ahí se ve un Carabinero que está apuntando con su metralleta hacia donde están los choferes. Obreros de reparticiones fiscales lanzan piedras desde estas máquinas. Ese es un tractor del SEAM, Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados. Con este tractor se piensa tirar a los camiones que no tengan sus implementos básicos. Allá, al fondo, se alcanza a divisar un enfrentamiento entre choferes de la E.T.C, que se han bajado de los buses para apedrear a los choferes y conductores que están en la huelga. Las tanquetas han despejado el camino. Es ya un poco más de la una y media de la tarde. Y en esta tanqueta que tenemos en pantalla se ha subido recién Jaime Faivovich. Desde la misma tanqueta se están disparando gases disuasivos contra los huelguistas. En la número 228 va el interventor del conflicto de los camioneros. A unos 200 metros de acá, en los potreros, se han guarecido la gente o los huelguistas. Y el contingente policial es casi increíble; superior o similar a la que se observó hace algún tiempo en el puente Maipo a propósito del paro y la marcha de los trabajadores de El Teniente. Hay indignación por parte de los choferes y los dueños de los camiones, El señor SÁNCHEZ (Periodista).- Buenos días, señor Palma. ¿De qué manera piensan ustedes cumplir con la orden de requisición de los camiones que están en este parque? El señor PALMA (Director de DIRINCO).- Bueno, usted sabe, la fuerza pública, en la medida que los rebeldes sediciosos no depongan su actitud, habrá que usarla dentro de las atribuciones que el Gobierno tiene. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- ¿Adónde se van a llevar estos camiones? El señor PALMA (Director de DIRINCO).-Los camiones requisados se van a llevar al Parque O'Higgins. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- ¿Qué personal, qué choferes los van a conducir? El señor PALMA (Director de DIRINCO).- Choferes voluntarios, choferes de la Confederación de Camioneros, choferes de camiones, los que están dispuestos a trabajar en esta labor patriótica de quebrar el paro criminal. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- El Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich se dirige ahora a una de las tanquetas para conversar con los oficiales que están en la tanqueta 228. Oficial a cargo de la tanqueta.-Yo me voy por aquí, porque éste es el sector más amagado. El señor FAIVOVICH (Subsecretario de Transportes).- Perfecto. ¿Dónde se colocarán los tractores? Oficial a cargo de la tanqueta.-En el medio. Lo que me interesa es que me dejen esta pista libre para poder actuar, porque si hay vehículos aquí, no puedo proceder. El señor FAIVOVICH (Subsecretario de Transportes).- ¿Quién los custodia por el otro lado? Oficial a cargo de la tanqueta.- (Respuesta ininteligible). El señor MEKIS (Diputado).-Quisiéramos hablar con el señor Faivovich antes de que partiera la caravana. ¿Se hizo un inventario de cada uno de los vehículos? El señor SÁNCHEZ (Periodista). - Han llegado tres Diputados nacionales, Patricio Mekis, Domingo Godoy y Arturo Alessandri. Los tres conversan con el Jefe de Carabineros, quien se comprometió a ir a buscar a Jaime Faivovich, quien es el que ha dado la orden, en su calidad de interventor de este conflicto, de llevarse los camiones a Santiago. Los parlamentarios se han puesto en la carretera para evitar que los camiones salgan mientras no puedan conversar con Jaime Faivovich. Es una actitud que han adoptado los tres de común acuerdo. Ellos han llegado a las dos y cuarto de la tarde aproximadamente a este lugar, escenario de violentos incidentes producidos alrededor de la una y cuarto. ¿Qué actitudes van a tomar ustedes en cuanto a esta orden de requisición? El señor MEKIS (Diputado).- Nosotros consideramos que es inadmisible lo que está haciendo el Gobierno. Y no sabemos cómo funcionarios fiscales y estos transportistas traidores del MOPARE se están prestando para esto. Y hemos venido aquí un grupo de Diputados Nacionales, el Diputado Monckeberg, el Diputado Godoy, el Diputado Alessandri y el Diputado Schott para impedir este robo, y en estos instantes no sabemos si lo vamos a poder lograr. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- ¿Ustedes mientras no llegue el señor Faivovich no saldrán de la carretera? El señor GODOY (Diputado).- Nosotros estamos exigiendo que venga el Intendente de la provincia. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- De tal modo que no habrá ninguna posibilidad de que ellos puedan salir con los camiones, a no ser que se los tiren encima. El señor GODOY (Diputado).- Somos cinco personas frente a un número grande de camiones y de Carabineros. Vamos a ver qué es lo que pasa. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- La caravana de camiones está lista para avanzar hacia la capital. No han podido hacerlo, porque los cinco Diputados del Partido Nacional se han opuesto a ello y se han estacionado frente a los camiones que encabezan la columna; están esperando que venga el Intendente de la provincia; antes desean conversar con 'Jaime Faivovich. Han dicho que de ninguna manera saldrán de ahí, porque no quieren aceptar lo que llaman un descarado robo de camiones a sus legítimos propietarios. ¿Ese camión de adelante es suyo? Un hijo de transportita,-Sí. Este es el padrón. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- Municipalidad de Paine. Propietario: Santiago Quintanilla Vargas.- ¿Es su padre? Un hijo de transportista.-Sí. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- ¿Usted está muy intranquilo por la actitud que ha tomado el Gobierno? Un hijo de transportista.- Sí, porque es nuestra arma de trabajo. Y no permitimos nosotros que nos vengan a quitar las cosas así porque sí no más. Sin embargo, ellos hacen lo que quieren con nosotros ante la impotencia de nosotros que no podemos hacer nada. Esto es un abuso y no se puede tomar de otra manera. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- ¿Cuál es su camión? Propietario de camión.-Ese Ford amarillo que está ahí. Aquí está mi padrón. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- En ese Peugeot va Jaime Faivovich, quien ha dado órdenes, al parecer, al Comandante de Carabineros para que él dialogue con los parlamentarios. Ahí se acerca acompañado de un Teniente de Carabineros. El señor GODOY MATTE (Diputado). Dígale que tenga la bondad de venir para acá. Vamos a conversar con él delante de esta fila de camiones. Y, mientras no nos muestre una orden judicial, no nos vamos a mover de aquí. El señor SÁNCHEZ (Periodista).- Un pequeño camión Ford de 5 mil kilos, totalmente destrozado en su parte delantera, es tirado ahora por un tractor del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados. Seguramente, va a tratar de sacarlo, ya que no pudieron abrir sus puertas, o bien le faltaban partes vitarles. Hasta ahora, se conoce una declaración extraoficial, en el sentido de que se dio orden de romper la fila. Es Jaime Faivovích quien viene en ese Peugeot blanco. Él ha dado esa instrucción de pasar sobre los cuerpos de los Diputados. Ahí están Patricio Mekis y el Diputado Fernando Schott empujando los vehículos. Y las bombas lacrimógenas ahora son lanzadas contra toda la gente que estamos en ese sector. Ahora un grupo de choferes y dueños de camiones han logrado detener algunos vehículos que venían tirados por un tractor. Había quedado detenido. Y ahora la tanqueta de Carabineros está lanzando gases químicos contra los huelguistas. Una acción realmente increíble de parte de los funcionarios de Gobierno y de Carabineros que han lanzado bombas lacrimógenas y los camiones contra los parlamentarios, Son exactamente las 3 de la tarde y la situación que se vive aquí es realmente intranquila. Y ahora otro grupo de camiones que trata de pasar frente a donde estamos nosotros. Estamos ubicados en una zanja, desde donde podemos filmar, ya que las piedras y bombas llueven desde todos los sectores. Por eso, a lo mejor, algunas deficiencias técnicas, pero con el valor de estar presente en este momento en una nueva situación de hecho presentada por el Gobierno contra sectores de trabajadores de Oposición o gente que está en contra de las medidas gubernamentales. Desde el frente están los dueños de los camiones protestando por lo que ellos llaman un robo; una requisición, según el Gobierno. Y con las manos en los bolsillos, a unos 200 metros de nosotros, están los Diputados quienes recién logran sobreponerse por el vejamen de que fueron objeto. Encima, a un metro, le lanzaron una piedra, un dueño de camión, contra los funcionarios del Gobierno de la Unidad Popular, quienes han venido a requisar los vehículos. Ese tractor, conducido por un funcionario que va con un casco rojo, ofrece todo un flanco y un blanco para los huelguistas que han estado apedreando. Y han preferido mejor retroceder, al ver que es imposible pasar frente a ese lugar. Ahí está tratando de maniobrar rápidamente para huir del lugar. Ahí van las piedras dirigidas contra este funcionario que ha venido a requisar los vehículos. Ahí va otro que también se ha detenido. Es imposible en este momento pasar, pese a que los esfuerzos policiales por mantener esta posibilidad de sacar los camiones ha sido intensísima. Los Diputados en el lugar donde se les lanzaron los camiones encima están observando impotentes cómo se consuma esta acción del Gobierno. Aquí están con sus pañuelos, tratando de pasar en alguna medida los efectos de las bombas lacrimógenas. Diputado Monckeberg. Diputado: ¿Qué le parece esta actitud del señor Faivovich? El señor MONCKEBERG.- Esta actitud del señor Faivovich la encuentro de lo más cobarde, criminal y antichilena. Hemos sido atacados de frente por carabineros. Eso es una vergüenza. Yo desde este momento pienso renunciar al Parlamento, porque no es posible que nosotros podamos seguir ejerciendo nuestras atribuciones donde no se respeta el fuero parlamentario. El señor FREI (Presidente).- Puede continuar el señor Senador. El señor MORENO.- Me parece que las imágenes que hemos presenciado muestran hasta qué punto ha llegado el clima de tensión, de violencia y de desesperación de algunos grupos de chilenos que han sido arrastrados a la situación que acabamos de ver. El Gobierno no cumplió sus compromisos. Alguien se podría preguntar si el operativo paramilitar que la película mostraba se debió a que hay en este conflicto algún propósito nuevo, una nueva intención de lograr más granjerías y más garantías económicas o políticas. No es así. Debo dejar claramente establecido que la huelga de los transportistas se debe a que el Gobierno no cumplió los compromisos que con ellos contrajo formalmente el 6 de noviembre del año pasado, cuando por medio del entonces Ministro del Interior señor Carlos Prats, General del Ejército de Chile, fijó su posición en un documento que se hizo público y fue reiteradamente repetido. Este documento, cuya parte pertinente leeré a continuación, que refleja su criterio en torno de los transportistas, contiene ciertos compromisos que no se han cumplido en ninguna medida, pese al tiempo transcurrido hasta este instante. El compromiso del General Prats. ¿Qué decía el General Carlos Prats González, Ministro del Interior en ese entonces? Punto 3. Posición específica del Gobierno respecto a los problemas del transporte camionero y del comercio. El Gobierno del Presidente Allende desarrolla un claro programa cuyo contenido el país conoce. Dicho programa se caracteriza básicamente por su definición antiimperialista y antimonopólica y persigue, en consecuencia, la creación de un área importante de propiedad social, en los sectores anteriormente controlados por el capital extranjero y por los monopolios. En igual forma, el programa del Gobierno postula la existencia de un área privada, en todos aquellos rubros y sectores de la economía que escapan a los criterios anteriormente señalados; área que tiene el respaldo y el apoyo del Estado. Y para clarificar esta posición, el General Prats expresaba cuál era la opinión que tenía sobre los transportistas, y declaraba: Punto 3.1. Posición del Gobierno respecto a la propiedad en el sector de transporte por camión. A) El Gobierno nunca ha tenido dentro de sus objetivos la estatización del transporte terrestre camionero, que hoy día se encuentra en manos de empresarios particulares. En este sector de la economía no existe el control del capital extranjero y no existen empresas monopólicas, sino una gran cantidad de camioneros propietarios de uno o dos camiones y un número muy reducido de empresas medianas. De tal manera que los legítimos intereses de los transportistas privados han sido y serán respetados por el Gobierno, pues coinciden con los intereses de la mayoría del pueblo de Chile. En consecuencia, la existencia y el buen funcionamiento del sector privado en el campo del transporte por camión constituye para el Gobierno un objetivo importante, que está dispuesto a garantizar con la importancia que tiene este rubro en el funcionamiento y en el desarrollo de la economía nacional. Por lo tanto -agregaba el señor Prats, Ministro del Interior en. Aquel entonces- el Gobierno está dispuesto a delimitar y garantizar por medio de una ley, las actividades de los transportistas privados conforme a las exigencias de la seguridad nacional y a la responsabilidad que tiene el Gobierno de garantizar el abastecimiento de la población en cualquier circunstancia. Serán motivo de esta ley particular los problemas de transporte que afectan a aquellas regiones del país especialmente aisladas geográficamente. En esta perspectiva, el Gobierno suspenderá provisoriamente toda acción en el campo del transporte terrestre, en la provincia de Aisén, e invita a los parlamentarios de todos los partidos y a la comunidad de Aisén a proponerle al Gobierno una acción al respecto. La Empresa de Transporte Integral propuesta por el Instituto CORFO-Aisén, organismo regional descentralizado, seguirá adelante en los campos del transporte aéreo, marítimo y fluvial, desde ya. b) En el marco de las consideraciones anteriores, el Gobierno ha atendido las peticiones gremiales del transporte carretero privado, en especial de la Confederación de Dueños de Camiones. a) Es así como se firmó un acta el 12 de septiembre de 1972, donde quedaron claros los puntos referentes a tarifas, abastecimiento de repuestos y equipos y otros puntos que preocupaban legítimamente al gremio. El Gobierno ya garantizó su cumplimiento dentro de los programas y capacidades de producción que se disponen. Es necesario que el Gobierno y transportistas revisen este acuerdo, si hubiera modificaciones que efectuar. Algunas son efecto del propio conflicto. Finalmente, agregaba: b) El Gobierno exige el estricto cumplimiento de las tarifas establecidas y de los compromisos contractuales de los transportistas. c) Aclara la Resolución 429 del 16 de septiembre de 1972, en el sentido que el alza de fletes es aplicable a las camionetas y a los vehículos menores, como fue el espíritu original. Me ha solicitado una interrupción el Honorable señor Hamilton. Impunidad para los partidarios del Gobierno y represión para quienes no comparten su posición. El señor HAMILTON.- La película que ha visto esta noche el Honorable Senado nos mueve, realmente, a reflexionar sobre un problema muy de fondo. Todo el sistema jurídico chileno está basado en el respeto a la ley y en la igualdad en que frente a ella nos encontramos todos los ciudadanos. Pero este principio es vulnerado en forma reiterada por la acción del Gobierno, particularmente, y con gran peligrosidad en materias de orden público, aspecto en el cual todo Gobierno, en cualquier régimen, tiempo o lugar del mundo, tiene la primera e ineludible obligación de proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos. Este Gobierno ha tenido dos caras: por un lado, la represión más brutal en contra de quienes no son obsecuentes con él. En tal sentido, éste ha sido el Gobierno más represivo en la historia de Chile, o por lo menos, en la historia contemporánea. En segundo lugar, la impunidad e incluso la tolerancia ante la delincuencia, respecto de sus partidarios. Al respecto quisiera recordar muy brevemente algunos ejemplos ocurridos en estos casi tres años de Gobierno de la Unidad Popular. Tal vez la primera represión con violencia policial en contra de los trabajadores se desató durante la huelga del personal de Ferrocarriles del Estado. Ellos pedían un mejoramiento económico. No lo obtuvieron, pero sí recibieron balas y represión. Después vinieron diversos apaleos a estudiantes secundarios y universitarios en Santiago y en distintos puntos del país, cuando salían a reclamar mayor participación para hacer prevalecer sus derechos frente a autoridades administrativas del Gobierno. Recuerdo, también, la marcha de las mujeres en Santiago. Creo que fue un 1º de diciembre de 1971, cuando fueron impunemente atacadas por un lado por los extremistas de Izquierda, y por el otro reprimidas por la fuerza policial que, naturalmente, estaba obedeciendo órdenes superiores. Luego vino la violenta represión en contra de un grupo de lisiados, hecho único en el mundo, como le gusta decir a la gente de la Unidad Popular, por primera vez en la historia. Hombres con muletas o sillas de ruedas que iban a reclamar pacíficamente fueron apaleados por orden del Intendente, que luego debió dejar su cargo. Recordarán los señores Senadores cómo, durante el paro de octubre, fueron desalojados los trabajadores del Banco Central mediante el empleo de bombas lacrimógenas y de todo el armamento moderno de que dispone el cuerpo policial, por orden, naturalmente, de la autoridad administrativa. No se escapa ningún grupo social que no esté con el régimen. Los campesinos, Por ejemplo, a quienes tanto dicen representar, al menos en las palabras, los hombres de Gobierno, han sido objeto de diversas represiones. Recuerdo cuando en la Cámara de Diputados se discutía la aplicación que el Gobierno estaba haciendo en el país de la ley de Reforma Agraria. En esa oportunidad un grupo de dirigentes campesinos de la zona central quiso venir a presenciar el debate. No lo lograron, porque a la altura de Rancagua fueron interceptados por orden del Subsecretario del Interior. Se los apaleó y, para mayor vejación, se los trató de borrachos, impidiéndoseles cumplir su objetivo. Este Gobierno tiene el triste privilegio, en nuestra historia, de ser el primero en haber encarcelado a dirigentes campesinos. Me parece que fueron los de la Federación Campesina Por la Razón o la Fuerza, de la provincia de Llanquihue. Los trabajadores de El Teniente también fueron objeto hace poco de un operativo similar al que hemos visto hoy, en el caso de los transportistas. Pero mientras para la gente que no se doblega, para los que hacen valer sus derechos, para los que discrepan, e inclusive para quienes, amparados por la ley, están en posición contraria al Gobierno, hay sólo represión, existe impunidad, tolerancia y condescendencia para quienes apoyan al régimen. Así es como se han formado grupos armados al amparo de la Administración Pública o de los organismos del Estado, como se han organizado y planificado tomas de industrias a fin de formar el área social, de terrenos para formar campamentos por intermedio de la CORMU, y del campo para privar de su propiedad a pequeños y medianos campesinos. Así es como se ha indultado a los violentistas para luego incluso entregarles altas responsabilidades públicas. Así es como se ha prestado protección policial a los violentistas, sin ningún respeto por el Cuerpo de Carabineros, inclusive desnaturalizando sus funciones propias. Una fotografía en que aparece un violentista pegando un palo a un carabinero que, aunque armado, se limita a defenderse, fue publicada en un diario de Santiago, y dio la vuelta al mundo. Deseo pedir que se publique otra fotografía, en la que, frente al Palacio de los Tribunales y a esta Corporación, aparece desfilando el MIR -a cuyo haber está el asesinato de más de algún carabinero- y los Carabineros, por orden de la autoridad, prestándole protección policial. Esto ocurrió al día siguiente en que los mismos carabineros, por orden del Subsecretario del Interior, apalearon a estudiantes de la Universidad Católica que salían a protestar por el veto del Gobierno que impedía la extensión del Canal 13 de esa casa de estudios. La fotografía cuya inserción se acuerda más adelante es la siguiente: El señor HAMILTON.-Como se ve, el Gobierno no aplica la ley pareja, que no es dura, sino que aplica la del embudo, con la parte ancha para los partidarios de la Unidad Popular y la parte angosta para la Oposición. Gracias por la interrupción, Honorable colega. Por qué se produce el nuevo paro. El señor MORENO.- Aunque sea brevemente, creo necesario hacer una reseña de las razones que provocaron nuevamente este conflicto de los transportistas, y que pueden ser dos, principalmente: la primera, el cerca/miento económico hecho por parte del Gobierno en contra de esos trabajadores, y la segunda, la decisión tomada por el Ejecutivo de estatificar los medios básicos de producción y transporte. Durante el debate de la reforma constitucional que varios Senadores democratacristianos presentamos al Congreso - que se encuentra totalmente despachada por el Parlamento y comunicada al Ejecutivo el 3 de agosto- tuvimos oportunidad de escuchar, tanto en las Comisiones como en los debates de la Sala, cuál era el criterio por lo menos de algunos parlamentarios de la Unidad Popular con relación a un artículo nuevo que propusimos incorporar a la Carta Fundamental, que fue aprobado, y que define la libertad de comercio y transporte, estableciendo textualmente lo siguiente: La reforma constitucional garantiza. Es deber del Estado velar por el libre abastecimiento y transporte de todos los bienes necesarios para el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades comerciales en forma de permitir el acceso no condicionado a las fuentes de producción o distribución. Sólo en virtud de una ley podrán establecerse normas que regulen el ejercicio de esta garantía, como asimismo autorizar al Estado o a los organismos o entidades que de él dependan a intervenir en la adquisición y transporte de bienes con fines de comercialización o en el expendio de ellos directamente al consumidor. Y termina diciendo: Sin autorización de ley, el control de transporte de mercaderías no podrá significar la reserva de la comercialización o el transporte de determinados productos al Estado, a los organismos o entidades que de él dependan o en los que éstos tengan participación o control. La U. P. es contraria a estos derechos. ¿Y qué declaraban los representantes del Gobierno ante este artículo incorporado a la Constitución? Decían que era contrario al sistema por ellos propugnado, porque creían -y siguen manifestándolo - que el transporte era una actividad esencial, y que así como los medios básicos en la producción, en la minería, en la agricultura y en otras áreas de la economía requieren del creciente control estatal, los transportes también tienen que ser sometidos a este mismo tratamiento ideológico y político. Se está creando la empresa estatal de transportes. Y aun cuando el 6 de noviembre del año pasado, bajo la firma del General Prats, como Ministro del Interior, se declaraba que no se iría a la creación de una empresa de transporte estatal, yo puedo denunciar esta noche ante el Senado que una sola entidad, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), hasta la fecha, con posterioridad al paro de octubre del año pasado, tiene adquiridos quinientos camiones, todos de mediano y gran tonelaje. Estos vehículos han sido comprados por el Estado y entregados a ese organismo, que técnicamente no requiere esos camiones para distribuir los insumos, porque ni siquiera cuenta con los insumos para movilizarlos. Pero lo cierto es que se está montando a través del INDAP, la CORA, el Servicio Agrícola Ganadero y empresas dependientes de la CORFO una empresa estatal de transportes. Que se investigue sobre la entrega, de camiones. Solicito que se oficie en nuestro nombre a la Comisión Automotriz y al Ministerio de Economía, para que se envíe al Senado la información concreta en cuanto al número de chasis y camiones destinados a todos los Ministerios o entidades dependientes de ellos, sean o no sean servicios autónomos y a las empresas del área social; los entregados hasta la fecha y los que se ha acordado entregar aunque no hayan sido armados hasta este instante. El señor DIEZ.- Pido que se agregue el nombre del Comité Nacional. El señor FREI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Moreno y del Comité Nacional. Acordado. El señor MORENO.- Es así como se puede apreciar el criterio del Gobierno tendiente a constituir una empresa estatal de transporte, pasando por encima de los acuerdos suscritos en noviembre pasado. Una nueva traición a la división de los gremios. Además, desde el punto de vista económico hay demasiados antecedentes que ya se expusieron en la sesión pasada, aparte los que ahora entregará el Honorable señor Zaldívar, que demuestran cómo se ha ido arrinconando a los transportistas desde el punto de vista económico: el manejo en forma discriminada de las tarifas; la negativa de abastecimiento de los elementos mínimos, como neumáticos, repuestos y baterías. Por otro lado, está la creación de un movimiento gremial paralelo, a lo cual es proclive el Gobierno, no obstante que ellos, sobre todo los partidos marxistas, durante 40 o 50 años han defendido y levantado la bandera de la unidad gremial y condenado como amarillos y krumiros a los que dividían los movimientos gremiales, y en algunas circunstancias incluso llegaron a atacar en forma violenta y física a los que no deseaban someterse al control del sindicato único. ¿Y qué hemos visto ahora? La creación del MOPARE, Movimiento Patriótico de Recuperación Económica, como lo llaman. En verdad, no sé bien el significado de la sigla. El MOPARE. ¿En qué consiste el MOPARE? Yo puedo contar lo que es en comunas de mi provincia. En San Vicente de Tagua-Tagua está constituido por una persona que tiene un triciclo y tres individuos que no tienen medios de movilización. Ellos han formado el MOPARE para obtener camiones que distribuye la Comisión Automotriz a precio oficial. En Peumo, el MOPARE está compuesto por un grupo de amigos y familiares que se han colocado el rótulo de esa organización y que están dispuestos a recibir camiones y neumáticos también a precio oficial. Y nadie sabe qué harán con los repuestos y neumáticos. Pero ahí está el MOPARE. La misma situación ocurre en Rengo, en Rancagua, en Graneros, en Santa Cruz y en San Fernando. Esa es la verdad. No cuentan con vehículos ni camiones. Y ante la decisión de un gremio de ir a un movimiento legal justo porque no se cumplieron compromisos por parte del Ejecutivo, en forma sistemática se ha recurrido al expediente tenebroso de quebrar los movimientos gremiales, de dividirlos, de crear sindicatos y organizaciones sindicales paralelas, acción que repudiamos, pues los democratacristianos siempre hemos condenado este tipo de actitudes, porque cualquiera que fuera la raíz o razón del conflicto siempre hemos sido respetuosos de la decisión de las bases gremiales. Lo que ocurre es que la Unidad Popular se ha dado cuenta de que los gremios en forma creciente se han comenzado a dar vuelta para defender desde un punto de vista económico la subsistencia de la labor que desarrollan. El señor IBAÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MORENO.- Con mucho gusto. El señor IBAÑEZ.- Quiero hacer un alcance respecto del MOPARE. El MOPARE es un engaño más del Gobierno. De las palabras del Honorable señor Moreno podría deducirse que el MOPARE significa un intento del Gobierno para sobornar a un grupo de trabajadores ofreciéndoles camiones en condiciones altamente favorables. Quiero advertir a nuestro colega que el MOPARE constituye un engaño más de la actual Administración, porque los padrones de todos esos camiones, que efectivamente han sido ofrecidos a precios muy convenientes y en condiciones sumamente ventajosas, están a nombre de la Corporación de Fomento. Y los choferes que creen que van a recibir camiones serán engañados de la misma manera que lo fueron los transportistas que hoy están en paro. Muchas gracias. La detención de los dirigentes gremiales. El señor MORENO.- Yo quisiera, al analizar los antecedentes de este conflicto de los transportistas que hoy lleva ya ocho o diez días de duración, destacar que en la película que se acaba de exhibir hemos visto cómo personas modestas desesperadamente tratan de defender sus medios de trabajo. Y ahora, el Gobierno ha lanzado una acción mucho más decidida en contra de los transportistas y de los otros gremios del rodado como son los que controlan el transporte urbano, la locomoción suburbana y la locomoción colectiva. Y en el día de hoy ha sido detenido el presidente de la Confederación del Transporte, camarada Juan Jara, del Partido Demócrata Cristiano, quien ha sido encarcelado por entregar la solidaridad a los transportistas, que hoy están defendiendo sus camiones y su derecho a comer. Por eso hemos querido levantar nuestra voz, aunque sea como un testimonio moral de respaldo a quienes tienen derecho a vivir y a trabajar en este país; a quienes no son delincuentes, no son fascistas; no son golpistas, como se los quiere calificar. Repudiamos la violencia y el terrorismo. Puede que haya personas que quieren aprovechar de este tipo de conflictos. Hoy estamos presenciando en Chile una ola de sabotajes. Estamos en contra de los sabotajes y en contra de las acciones violentistas, y exigimos que los responsables sean encontrados, porque también tenemos fundadas dudas de que a río revuelto puedan andar otras personas colocando las bombas y provocando la alteración del orden público para tratar de endosar estos actos de violencia a los transportistas y a los otros gremios que hoy solidarizan con ellos. No respaldamos esas actitudes, pero no vacilamos en levantar nuestra voz en el Senado para entregar nuestra adhesión al gremio de los transportistas, al gremio del rodado y a cualquier gremio de trabajadores que se levante en este país para exigir que se les deje trabajar, que se les deje ser libres y que no se les someta a la tutela del Estado, en una situación que no sólo hiere su dignidad, sino que liquida las posibilidades de crecimiento y de mantenimiento de este país. Por estas razones hemos querido levantar nuestra voz. A continuación el Honorable señor Zaldívar hará el análisis de la situación económica por la cual han sido arrinconados los transportistas. El señor FIGUEROA (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación para publicar in extenso el debate de esta sesión. El señor FREI (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. También solicito autorización para incluir en el texto de su intervención la fotografía que mencionó el Honorable señor Hamilton. Acordado. Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, quiero aprovechar esta sesión del Senado para analizar la exposición que el Ministro de Obras Públicas, señor Humberto Mariones, nos hiciera aquí el jueves pasado. Mediante un largo discurso pretendió convencernos de una afirmación que el Gobierno viene haciendo con relación al conflicto que mantienen los transportistas en el sentido de que se trata de un movimiento político, sedicioso, que tiene por objeto derrocar al actual Gobierno y que no tiene ningún fundamento gremial, ya que la Administración de la Unidad Popular habría dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos con ese gremio. No es la primera vez que un Ministro o un funcionario del Ejecutivo sostiene hechos falsos. A mi juicio, el Ministro Hartones ha venido nuevamente a reiterar dicha conducta. El Gobierno no ha cumplido sus compromisos con los transportistas. Como se ha dicho aquí, tanto en esta sesión como en la del jueves, el gremio de los transportistas, al igual que otros gremios, que otras organizaciones de trabajadores, creyó en la palabra de los funcionarios de Gobierno y del propio Presidente de la Republica creyó en los documentos firmados por Ministros de Estado. Y así fue como el 23 de mayo de 1972 la Confederación de Dueños de Camiones de Chile suscribió un acuerdo que firmaron el señor Fernando Flores Labra, entonces Gerente de la CORFO y hoy Ministro de Hacienda, y don León Vilarín, en su calidad de Presidente de dicha Confederación. En ese documento se les aseguró a los transportistas la entrega de 1.500 chasis de camiones; se determinaron la forma y las condiciones de precios; se estableció cómo iban a hacerse las inscripciones y de qué manera la CORFO procedería a distribuirlos entre los asociados a la citada Confederación; asimismo, se les aseguró la entrega de repuestos y de neumáticos. Transcurrió el tiempo, y los transportistas esperaron pacientemente el cumplimiento de los compromisos del Gobierno. El 12 de septiembre, previas reuniones en que esos trabajadores hicieron nuevas exigencias al Gobierno para el cumplimiento de los compromisos contraídos, se firmó un nuevo documento, que fue suscrito por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de la época, don Carlos Matus, y por el Director de DI-RINCO, señor Patricio Palma. En él se fue inclusive más explícito. Se dijo a los transportistas que se les iban a otorgar tarifas; que se les garantizaría la entrega de 5.000 neumáticos mensuales; que se les entregarían repuestos de acuerdo con importaciones que realizaría la CORFO por intermedio de ENARA; que se les daría participación en los organismos públicos que tienen atingencia con el transporte, específicamente en ENARA, en la Comisión Automotriz y en la Industria Nacional de Neumáticos; y, por último -al parecer, como premio a la buena fe de esos trabajadores-, se les expresó que se les asignarían 2.300 chasis de camiones, en vez de los 1.500 señalados. Nada de eso se cumplió, y ello obligó a los transportistas a realizar un paro en octubre pasado, cuyas características ya describieron aquí el Honorable señor Moreno y otros señores Senadores. Realizaron ese movimiento porque no se habían cumplido los compromisos. En definitiva, después de una gran emergencia nacional y luego de haberse producido un cambio de Gabinete -se incorporó en él a miembros de las Fuerzas Armadas, nombrándose Ministro del Interior al General Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército-, se ratificaron dichos acuerdos mediante una declaración publicada el 6 de noviembre y firmada el día 5. En ella, como dije, se reiteraron los compromisos en referencia y, aún más, se reconoció que la actividad del transporte sería netamente privada, manifestándose que el Gobierno se comprometía a remitir un proyecto para dar cumplimiento a lo convenido y garantizar que el Estado no intervendría en el servicio de transporte terrestre por intermedio de empresas estatales creadas por organismos fiscales. Como eso no fuera suficiente, el 12 de diciembre el Ejecutivo emite una declaración unilateral en la que se refiere al cumplimiento de los compromisos contraídos por el nuevo Gabinete y por el Ministro del Interior, y llama a la serenidad. Allí se reiteran nuevamente los compromisos contraídos. Los transportistas siguen esperando. Pero ya en el mes de junio de nuevo esos 50 mil trabajadores del transporte muestran su inquietud y celebran un congreso nacional en que escuchan a los representantes de todas y cada una de las provincias; y demuestran, por medio de sus dirigentes, que ninguno de los compromisos se ha cumplido. En materia de tarifas, el Gobierno otorgó efectivamente, en septiembre de 1972, un reajuste equivalente a 120%. Pero en el mismo acuerdo, que se ratificó en los documentos que he señalado, se dijo que dentro del plazo de 90 días se revisaría lo atinente a las tarifas y conforme a los mayores costos que presentara la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, aquél se incrementaría; además, el Gobierno se comprometió a no subir los insumos ni el combustible. Hasta fines de diciembre, nada se había hecho en materia de tarifas, a pesar de que se comprobó -y así lo reconoció el propio Gobierno- que el alza de costos registrada en ese período de 90 días ascendía a 68%. Sólo en el mes de junio, y después de que los dueños de camiones o trabajadores del transporte hicieron ver el incumplimiento de ese compromiso, se otorga un reajuste equivalente a 66%. Pero ya en el período transcurrido de enero a mayo -el alza señalada correspondía a septiembre-diciembre-, de acuerdo con estudios realizados por expertos en materias del transporte, el alza de costos comprobada -no se cumplieron los compromisos y volvieron a subir los insumos, y especialmente el combustible- era de 120,39% más. En definitiva, no se otorga una tarifa acorde con la realidad, dejándose de cumplir, hasta el día de hoy, el compromiso que contrajo el Gobierno y que reiteraron diferentes autoridades, inclusive el entonces Ministro del Interior señor Carlos Prats. Primera causal que justifica y legitima la posición que hoy día han asumido los trabajadores del transporte. Segundo punto. El Gobierno se comprometió a abastecer de repuestos suficientes a los trabajadores del sector para permitirles desarrollar en forma adecuada la actividad del transporte. Al respecto, es preciso destacar que la suspensión de actividades decretadas por el gremio del rodado no obedece sólo al hecho de que sus miembros deseen pararse o declararse en huelga, sino también a la circunstancia de que están imposibilitados para cumplir sus funciones por carecer de los implementos necesarios para movilizar sus vehículos. El Gobierno hace grandes anuncios, y dice primero que ha contratado en Méjico una importación por la suma de 6 millones de dólares. Efectúa grandes publicaciones en la prensa y, por intermedio de ENARA, pide a los camioneros entregar sus solicitudes para la asignación de los repuestos que se traerían. Esto sucede en el mes de marzo. Los afectados llenan las solicitudes. Sin embargo, todavía -esto me lo han manifestado en forma responsable personeros del gremio de los transportistas, y especialmente en las provincias que represento- no se les ha entregado un solo repuesto. Y el Gobierno ya no sostiene que ha hecho una importación por 6 millones de dólares: el Ministro señor Martones expresó en el Senado que las importaciones ascendían a 60 millones de dólares. Y el Primer Mandatario, mediante declaración pública, ha sostenido que se ha aumentado la importación de repuestos para vehículos por sobre lo normal, en más de 20% o 30%; no recuerdo el porcentaje. ¿Qué sucede? ¿Dónde están los repuestos? ¿Por qué no llegan a los sectores a los cuales estaban destinados? Nueva infracción del compromiso: el Gobierno tampoco ha cumplido en esta materia. El Ejecutivo se comprometió también, como señalé, a entregar a los dueños de camiones y a los sindicatos que los agrupan 5 mil neumáticos al mes. A pesar de que dicha cuota, según manifestó la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, no alcanzaba ni siquiera para cubrir el 50% de las necesidades reales del sector, ella se aceptó, ante la inexistencia de un mayor stock. ¿Y qué sucede? De acuerdo con informaciones entregadas por los sindicatos y por la Confederación mencionada, sólo se les ha entregado 2.500 neumáticos al mes; es decir, ni tan sólo la cuarta parte de los que necesita ese sector para poder trabajar. Además, el Gobierno se comprometió, como lo expresé, a entregar primero 1.500 camiones FIAT, más 400 camiones Pegaso, de una importación de 660 que haría la CORFO. El señor Ministro sostuvo aquí que se habían entregado 467 camiones y que la entrega no se había realizado mediante la Confederación y los sindicatos agrupados en ella porque sus miembros se habían negado a recibirlos debido a que eran de mala calidad. Este hecho no es cierto. Los transportistas se habían inscrito; cumplieron las exigencias que se les hicieron, entregando su documentación en la CORFO. Sin embargo -y lo digo en forma responsable-, ni un solo camión se ha entregado por intermedio de los sindicatos o de la Confederación. Y esos 467 vehículos -no 2.300- se entregaron a personas que nadie conoce. Por eso, concuerdo con la petición del señor Moreno de inquirir antecedentes acerca de quiénes recibieron dichos camiones. Porque, a mi juicio, de aquí tiene que generarse una investigación muy a fondo, que puede destapar muchas ollas y provocar grandes escándalos, pues los vehículos se entregaron a 1.200 millones de pesos, en momentos en que su precio en el mercado negro, o sea, no en el mercado oficial del Gobierno, era superior -cuando se hicieron las asignaciones- a 6 millones o 7 millones de escudos por unidad. Si sacamos la cuenta multiplicando la diferencia de precios por 467, que es el número de vehículos entregados, veremos que hay en juego más de 2.000 millones de escudos. Personalmente, quiero reforzar la petición del Honorable señor Moreno, y solicito oficiar a la Contraloría General de la para que se realicen las investigaciones pertinentes en la Comisión Automotriz y se entregue la información del caso al Senado. Es preciso saber a quiénes se han asignado los vehículos y tener una individualización completa al respecto, de modo que una vez que dispongamos de los antecedentes se proceda a determinar qué personajes han recibido tan importantes beneficios por parte de la Unidad Popular. Además, debe señalarse el precio a que se entregaron los vehículos. El señor NOEMI (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio. . . El señor VALENZUELA.- Solicito que tanto el oficio que pidió enviar el Honorable señor Moreno como el señalado por el Senador señor Zaldívar se remitan en nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor DIEZ.- Y del Comité Nacional. El señor NOEMI (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, también -y en esto tiene participación muy importante el Ministro del Interior de la época, General Prats, en su compromiso solemne del 5 de noviembre- se declaró en forma expresa a los transportistas que el total del transporte terrestre tal como lo leyó aquí el Honorable señor Moreno- se entregaría a la actividad privada y que las empresas estatales no discriminarían sobre la materia, estableciéndose enfáticamente que no habría empresas estatales de transportes. ¿Cuál es la realidad y por qué reclaman los transportistas? Porque, a mi juicio, éste es uno de los puntos fundamentales. El mencionado compromiso tampoco se cumplió, y el Gobierno no respetó la palabra empeñada por el General Prats. Para violarla ha procedido como en otras oportunidades, como ya lo hemos visto durante estos dos años y ocho meses del actual Gobierno: utilizó los resquicios y el engaño. Entonces, mediante la organización llamada MOPARE, empezó a crear un organismo adicto a él, para destruir la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, para terminar con las fuentes de trabajo de más de 50 mil transportistas. Además, empezó a utilizar los vehículos que tenía y los que importaba, entregando parte de ellos a las empresas estatificadas o requisadas, y de hecho está estatificando el transporte. Por eso también los transportistas reclaman. Por otro lado, el Gobierno tampoco ha cumplido con la obligación que tenía, y que el propio Ministro señor Prats asumió en su declaración del 12 de enero, de enviar un proyecto de ley para garantizar la actividad privada del transporte. Y se señalaron plazos: se dijo que los transportistas tendrían hasta el 10 de enero de 1973 para presentar indicaciones al mencionado proyecto. El señor Ministro nos ha dicho que los transportistas no presentaron indicaciones, pero eso no exime del compromiso al Gobierno. Asimismo, se dijo que después del 10 de noviembre, dentro del plazo de 30 días, se presentaría el mencionado proyecto, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. El Gobierno ha faltado a todos sus compromisos. A mí no me extraña todo esto, porque cada vez que el Gobierno ha asumido un compromiso -y de esto somos testigos presenciales-, ha hecho todo lo contrario. Se obligó a respetar las garantías constitucionales. Personalmente, creo que lo que ha hecho durante estos dos años y ocho meses de Gobierno es infringir todas y cada una de esas garantías constitucionales. Recuerdo que en el mes de diciembre de 1970 el Presidente de la anunció que dentro de los próximos días o antes del 31 del mismo mes presentaría un proyecto de ley para estatificar la banca privada. Hasta el día de hoy no se ha remitido esa iniciativa al Congreso. El Presidente de la ha asumido una serie de compromisos, como, por ejemplo, la recontratación de los trabajadores de SUMAR expulsados en octubre de 1971, dentro de los cuales hay dos dirigentes sindicales. Hasta la fecha no ha sido cumplido ese compromiso. El Presidente de la se comprometió con el Presidente del Senado de ese entonces, Senador Patricio Aylwin, a que no habría haciendas estatales. Se intercambiaron cartas en el sentido de que sólo se aplicarían en términos experimentales y por razones de tipo geográfico, en la provincia de Magallanes. Resultado: toda la reforma agraria se ha hecho a través de los llamados centros de reforma agraria o haciendas estatales. El Presidente de la, recientemente y por medio de su Ministro del Interior, se comprometió a que lo que resolviera una comisión sobre el problema del mineral El Teniente sería acatado. El señor Ministro del Interior -al respecto, tengo el testimonio de los Honorables señores Valenzuela y Moreno- dio orden de reintegrar a 97 trabajadores que habían sido despedidos con motivo del conflicto. Hoy día se niega el compromiso y no se cumple la orden. Lo mismo está sucediendo con los transportistas: no se les fijan tarifas adecuadas; no se les entregan los vehículos prometidos; no se les dan repuestos ni neumáticos; no se les otorga la participación que se les había ofrecido en los organismos del Estado; no se envía' el proyecto de ley para garantizar que su actividad quedaría en manos privadas. Así, los transportistas deben concluir que han sido engañados en forma definitiva, debiendo suspender sus actividades y enfrentar este proceso desagradable para ellos, porque están sufriendo con ese problema 50 mil familias en Chile, porque están exponiendo su único elemento o fuente de trabajo, como son los camiones, vehículos que, como hemos visto en el documental exhibido por el Canal 13, han sido saqueados en el Parque O'Higgins, donde están guardados; experiencia que también la tuvieron en el paro del mes de octubre. Entonces, no les queda otro camino que la resistencia, derecho que hoy día hacen efectivo frente a un Gobierno que no ha cumplido. El Gobierno no busca solución al problema, de los transportistas. El Ministro Murtones nos mintió cuando vino aquí a esta Corporación. Eso no me extraña, como lo declaré antes, porque creo que una de las cosas que ha caracterizado a esta Administración es que ha pretendido hacer de la mentira su instrumento de Gobierno y pretende convencen a los chilenos de que la mentira es verdad, De allí entonces que hoy día ya no sólo los camioneros, sino la gran mayoría de los chilenos, a mi juicio, reclaman y se rebelan contra la injusticia, se rebelan contra la arbitrariedad del Gobierno, se rebelan contra los funcionarios que, como el señor Faivovich, sin tener calidad moral para ocupar un cargo público, actúa como interventor. Y los transportistas proceden de esta manera, porque el Gobierno no busca solución a sus problemas, sino que trata de provocarlos. Lo que hemos visto hoy día demuestra clara y fehacientemente que el Gobierno anda buscando la provocación de los transportistas. Sin embargo, éstos han respondido en forma pacífica, Por lo menos, yo no he conocido ninguna denuncia o detención de algún miembro de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile o de los sindicatos del transporte con motivo ni siquiera de la infracción a la ley de Armas. La detención que hoy día se está practicando y que ha significado encarcelar al dirigente Juan Jara, democratacristiano y Presidente de la Confederación del Transporte Terrestre, ha sido sólo por el delito de estar defendiendo algo justo y legítimo, como es su fuente de trabajo. El señor Faivovich es designado como interventor. Denantes decía que esa persona no tiene autoridad moral para ser funcionario público. Tuvo que ser echado de la Cámara de Diputados, porque ni siquiera guardó la debida lealtad para con esa Corporación. Tuvo que ser sacado de la Corporación del Cobre por un confuso negociado que se conoció también en el Senado. Como premio, se le nombró Intendente de Santiago. Como éste es uno de los hombres que se caracteriza por tener la cabeza caliente -seguramente es uno de los violentistas más destacados; ideólogo del violentismo y del extremismo; muy bien remunerado; uno de los revolucionarios de boutique o de escritorio-, tuvo que ser sacado por los desatinos que cometió en la Intendencia de Santiago y porque nosotros mismos tuvimos que sancionarlo. Entonces, ¿cómo me voy a extrañar de que este señor sea quien dirija la represión contra los transportistas? ¿Cómo me voy a extrañar de la actitud que tuvo en Nos el otro día? ¿Cómo me voy a extrañar de que este señor sea el hombre de confianza del Presidente Allende para resolver este conflicto? El conflicto de los transportistas fue provocado por el Gobierno. ¿Qué quiere el Gobierno? ¿Exasperar a los transportistas o dar solución al problema? ¿Por qué no da muestras de que quiere hacer esto último? ¿Por qué cuando se produjo el conflicto de la locomoción colectiva designó como interventor a un General de la para la solución del problema? ¿Por qué en este caso el señor Allende nombra al señor Faivovich, que no se conoce como un hombre de paz, sino como un hombre de violencia, que no cree en las soluciones democráticas del país, que es uno de los redactores de la revista Punto Final, el órgano de expresión más típico y oficial del extremismo chileno, que en un número de esa revista -lo cual no ha desmentido- invoca que la única solución para este país es la dictadura popular y que el Presidente de la y los partidos de la Unidad Popular pierden su tiempo en la búsqueda de soluciones democráticas? Esta es, señores Senadores, la realidad de un conflicto; un conflicto provocado por el Gobierno, al cual no se quiere dar una solución y al que el Gobierno pretende calificar como sedicioso y político; sin embargo, niega la verdad de este conflicto, a través del cual, tal vez, se desarrollan fines más negros que los que el propio señor Faivovich pensó cuando se iniciaba. Los transportistas son trabajadores modestos. Por eso, levanto mi voz en defensa de les transportistas, que son trabajadores modestos. Como me manifestaba el otro día el Honorable señor Luis Papic, se trata de gente que muchas veces empezó a trabajar como pioneta a los 16 o 17 años de edad y que a los 50 o 60 años logró comprar un camión. Esto es lo que el propio señor Ministro del Interior -en ese entonces el General Carlos Prats- expresó, reconociendo que son empresarios modestos, hombres de esfuerzo, trabajadores. Son trabajadores como otros de Chile; pero que han debido utilizar el sistema de la huelga, ya desesperados, para que el Gobierno los entienda. Por eso tenemos que reclamar. Por eso hoy día expreso mi apoyo a los camioneros que están sufriendo, porque un Gobierno incapaz e irresponsable no ha podido dar solución a su problema, como tampoco ha sido capaz de resolver todos y cada uno de los problemas que vive Chile. De allí el caos, la crisis y la tensión que hoy día vivimos. Lo que está sucediendo con los transportistas hoy día es un botón de muestra más. El Presidente de la debe restablecer la convivencia democrática. El Presidente de la tiene la responsabilidad de reasumir el cargo para el cual fue elegido. No podemos seguir aceptando que sean subalternos los que imponen su voluntad para hacer lo que quieran en este país, para no cumplir la ley, para aplicarla a unos y olvidarla respecto de otros. Es el señor Presidente de la quien está obligado a restablecer la paz y la convivencia democrática. Y si no es capaz de hacerlo, él será el responsable de las consecuencias que de ello se deriven, y la historia y los chilenos tendremos el derecho de señalarlo como el gran culpable del peor desastre que pueda haber conocido la historia de nuestra patria. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, al comienzo de esta sesión se expresó que ella tenía carácter inusitado, debido a las pantallas de televisión colocadas en la Sala. Yo también creo que es inusitada y, a la vez, trascendental. La primera demostración tangible y material que tuvimos aquí de lo que acabo de expresar fue la que dieron esta tarde los instaladores de la televisión al colocar una larga huincha de medir para determinar la longitud de los cables. Y un observador sagaz, mirando la escena, hizo solamente este breve comentario: ¡Por fin el Senado comienza a tomar medidas! Yo creo que las palabras que se han oído en el transcurso de esta sesión confirman el vaticinio de ese observador. Magnitud del movimiento de los transportistas. Me interesa analizar desde un punto de vista diferente las materias que debatimos. Quiero expresar los motivos profundos, que también advierte el país, de la actitud de los transportistas y del eco que despierta en los más variados y disímiles sectores sociales: entre los profesionales, comerciantes, estudiantes, campesinos, mineros, etcétera. Es efectivo que ha habido incumplimiento total de los compromisos solemnemente contraídos por el Gobierno. Las autoridades han negado a los transportistas los vehículos que les ofrecieron, los neumáticos que tienen obligación de entregarles, las tarifas que legalmente deberían fijarles. Todo ello les imposibilita su trabajo. Los transportistas han sido y son víctimas de una persecución implacable de parte de los personeros del Gobierno, representados en este caso por ese increíble personaje que es el señor Subsecretario de Transportes, cuyas matonescas actuaciones acabamos de presenciar en la televisión. Pero ni aun considerando la gravedad de estos hechos y la imposibilidad en que colocan a las actividades del transporte para ejercer sus importantes funciones, podríamos explicarnos la magnitud de este 'movimiento, su eco en la ciudadanía y las esperanzas que los chilenos tienen depositadas en la acción de los transportistas. Estos, con mayor visión y con mayor coraje que otros sectores del país, han percibido en forma nítida la intención, los propósitos y las metas hacia donde conducen los actos del Gobierno. Ellos han percibido la decisión implacable del Gobierno de la Unidad Popular de liquidar toda forma de independencia personal. Y eso explica que alrededor de los transportistas y de los políticos que interpretan esa tremenda amenaza que se cierne sobre Chile, se agrupen todos los inmensos sectores de nuestra dinámica clase media. Porque cuando se ataca a los transportistas se sienten atacados todos los hombres independientes y libres que hay en el país. No todos ellos tienen, sin embargo, el coraje de asumir las decisiones que han adoptado los transportistas. Estos han percibido, como decía hace un instante, que el Gobierno ya no oculta un propósito: no sólo el de negarse a cumplir los compromisos o de crear los obstáculos que acaba de señalar nuestro colega el Senador señor Zaldívar, sino el de destruir la independencia personal para, de este modo, realizar el sometimiento político que requiere todo Gobierno marxista. He ahí la raíz de este movimiento, la explicación de su eco creciente en todos los sectores de la ciudadanía. Es inútil que el Gobierno califique la acción de los transportistas de conspiración fascista. Son demasiado elocuentes las demostraciones de los verdaderos propósitos del Gobierno, comprobados no sólo por pequeños empresarios de la clase media, sino también por obreros y empleados: ahí están las persecuciones ejemplarizadoras de los obreros de Sumar y de El Teniente y de los empleados del Banco Central. Rechazo de la dictadura. Se respira pues, en todos los sectores sociales, y se advierte en todos los grupos profesionales y en todos los sectores asalariados, un sentimiento de unidad de los chilenos para repeler la agresión de que hace víctima al país el Gobierno de la Unidad Popular. Este sentimiento se expresa en un comienzo por una mezcla de cansancio y de irritación, que muy pronto se transforma en una decisión irrevocable de rechazar en forma definitiva la dictadura que el Gobierno pretende establecer. Llevamos recorrida ya buena parte del camino hacia esa dictadura y, por lo mismo, el país ha podido apreciar la opresión que esa política significa y el precio y el peso aprobioso de esa dictadura que avanza. El precio lo configuran factores sobradamente conocidos: la destrucción de la economía, la escasez creciente, la inflación galopante, que asfixia a todos los hogares, la concientización que intenta la ENU; el control de los medios de comunicación para engañar y para que así el Gobierno pueda mentir a su amaño; la persecución de que se hace víctimas a los pequeños empresarios y a los obreros y empleados que no concuerdan con el régimen; el despojo de sus bienes y de sus ingresos; las calumnias y difamaciones con que se trata de enlodar a quienes se oponen a este proceso; la privación de la libertad de trabajo a sectores cada vez más grandes de la población. Todo ello forma parte del precio de esa dictadura progresiva e implacable. Destrucción de la libertad política. Pero insisto, señor Presidente, en que mucho más grave que las repercusiones de orden económico y las privaciones y las persecuciones que sufren los chilenos es la pérdida de la independencia personal y la destrucción de la libertad política. Esto es lo que Chile percibe en este instante, y por eso ahora reacciona. Por ello también este Senado comienza a tomar medidas -no las medidas materiales que se señalaban esta tarde-, a actuar con la energía que los chilenos piden y reclaman en este instante a grandes voces, a demostrar el liderato político y a adoptar sanciones ejemplarizadoras contra un Gobierno que se sale olímpicamente de la Constitución y de la ley y que lo hace cada día con mayor desfachatez, porque el Congreso no ha respondido hasta ahora, a juicio del Senador que habla, con la severidad y con la dureza con que debió hacerlo. Debemos prepararnos para la campaña de violencias, falsedades y mentiras que el Gobierno ha comenzado y que acentuará en los días que vienen. Para ello, conviene que analicemos lo que al Gobierno le sucede en este instante y precisemos qué saca de sus casillas a la Unidad Popular, Una minoría que lo es más. Sostengo que la alteración de ánimo de los hombres de Gobierno proviene del hecho de que ellos comprueban que el suelo cede bajo sus pies; que si bien siempre fueron minoría, ahora lo son más que antes, es decir son todavía menos; que los abandonan quienes antes los apoyaron; que los mineros, que respaldaron al Gobierno, han venido a esta Corporación para, desde estas tribunas, lanzar monedas a una Senadora que eligieron, y demostrarle así su desprecio por quien los engañó y no se atrevió a defenderlos. El Gobierno percibe su soledad y se sabe rodeado de hostilidad creciente. Ya comienzan a llegar' a La Moneda telegramas que piden la renuncia del Presidente de la Republica. Es visible la actitud de desgano y resistencia que enerva la actividad del país. Es la actitud de un pueblo que sabe que todos sus esfuerzos serán vanos y estériles mientras subsista un Gobierno inspirado, manejado y dirigido por marxistas. Por esta misma razón cunden numerosas y espontáneas formas de resistencia civil. Cada vez es más notorio el desconocimiento, por parte de la ciudadanía, de la autoridad que el Gobierno recibió. Porque lo sabe minoritario, injusto y atropellador, el país percibe que la autoridad que pretende imponer este Gobierno es una autoridad ilegitima y que, por lo tanto, no debe reconocerse ni respetarse. Un paralelo histórico. Atendido lo avanzado de la hora y para abreviar mi intervención, ilustraré mis puntos de vista acudiendo a un paralelo histórico con hechos que sucedieron hace ya bastantes años, pero que los suceso actuales me hacen evocar con vivos relieves, no obstante la poca edad que tenía y cuando sucedieron los acontecimientos que me voy a referir. Es importante recordar el clima social y político que prevaleció en Chile entre los años 1930 y 1931 y que culminó con la caí da del Gobierno de aquella época. Recuerdo que el General Ibáñez tenía, un año antes de su caída, una situación extraordinariamente fuerte. El Parlamento era dócil. Al fin y al cabo, se trataba de un Congreso escogido y designado por el pro pio Presidente de la Republica. Y, sobre todo, el Presidente, que había establecido una dictadura militar, contaba con el respaldo unánime e inquebrantable de todas las Fuerzas Armadas del país: del poderoso Ejército de aquellos años, de la Marina, de la naciente Aviación y del Cuerpo de Carabineros, que había sido organizado por ese mismo Gobierno. No hubo traiciones, no hubo disensiones ni sectores que se marginaran del Gobierno. Esos grupos le daban respaldo incontrarrestable frente al resto de la ciudadanía. Es innecesario hacer la historia detallada de los errores garrafales y de los abusos en que, por cierto, incurrió aquel Gobierno, y que vinieron a sumarse a las tremendas penurias que vivía el país a consecuencia de la crisis mundial y de la extinción del salitre como fuente principal de la economía de Chile. Lo cierto del caso es que la sensación y las angustias de los chilenos de aquel entonces mostraban un marcado paralelismo con las preocupaciones, las angustias y las rebeldías de los chilenos de hoy. Recuerdo que vinieron los paros de brazos caídos, las huelgas universitarias y las huelgas médicas. Me detengo en este punto porque estoy cierto de que el Presidente de la Republica, cuando se informe de mi intervención, podrá evocar tal vez en forma más viva que yo, lo acontecido en Chile en aquellos años. Gobiernos derrocados y Gobiernos que caen solos. El Presidente Allende, que en esa época era estudiante de los últimos años de Medicina o médico recién recibido, debió de haber tomado parte activísima en las acciones que provocaron el término de un Gobierno que había sido repudiado por la ciudadanía. Y digo que provocaron el término de un Gobierno, y no que tales acciones lo derrocaron, porque me parece muy importante hacer un claro distingo entre los Gobiernos que son derrocados por golpes de fuerza y los que caen solos, bajo el peso de sus propios errores. Pues bien, y esto sea dicho en homenaje al General Ibáñez, que en lugar de buscar diálogos en la angustiosa situación en que se encontraba, enfrentó la encrucijada aparentemente sin salida en que su política y su Gobierno habían colocado al país, buscando personas serias, capaces e imparciales para que le hicieran un diagnóstico sobre la situación política y la eventual solución de los gravísimos problemas de aquel entonces. No logro recordar en este instante el nombre que se dio a ese grupo de personas, pero entiendo que se denominó Comisión de Notables... El señor GARCÍA.- Comité de Notables. El señor IBAÑEZ.- Comité de Notables, como apunta el Honorable señor García. ¿Y cuál fue su diagnóstico? Muy poco alentador. La situación económica, según ellos, demostraba una falencia absoluta. Es difícil concebir en estos días lo que fue la quiebra total del país y la magnitud que alcanzó en 1931. Pero, con todo, dicha comisión consideró que mediante determinadas políticas y especiales esfuerzos, tal vez sería posible superar la situación de quiebra en que Chile se encontraba. Cuando el país pierde la confianza en su gobernante. En cuanto al aspecto político, lo estimaron caótico. Los canales naturales de expresión de las distintas corrientes de opinión no existían. Había un estado de rebelión general, y una situación de desgano y de desobediencia absoluta frente al Gobierno. Sin embargo, los integrantes del Comité de Notables juzgaban que si se daban determinadas garantías, podría lograrse superar la gravísima y aparente insalvable crisis política en que nos debatíamos. Finalmente, le manifestaron al Presidente Ibáñez que estimaban su deber informarle sobre una materia que, para ellos, revestía la mayor importancia, atendido el objetivo que el propio Mandatario les había señalado: formularle un diagnóstico desapasionado y veraz sobre la situación del país. Y la circunstancia respecto de la cual juzgaban indispensable pronunciarse era el hecho lamentable de que el país había perdido por completo la confianza en el Jefe del Estado, y que tal situación, a juicio del aquel Comité, no tenía arreglo de ninguna especie. Al General Ibáñez, en una actitud muy patriótica, le bastó esta conclusión lapidaria para hacer sus maletas, traspasar la Cordillera de los Andes y dirigirse voluntariamente al exilio. El país tiene juicio formado sobre el Gobierno. Señor Presidente, volviendo a la situación paralela que tan someramente estoy analizando, debo decir que el país tiene ya juicio formado sobre el Gobierno y los gobernantes actuales. ¿Qué falta, entonces? Que el Gobierno se percate del juicio que el país tiene sobre él y que, sin mayor demora, proceda en consecuencia. Tengo la absoluta convicción de que en este caso, aunque no en todas sus partes, la historia se repetirá. No obstante, quiero hacerme cargo de una objeción que surgirá en muchas mentes que me escuchen o que lean la versión de mis palabras. Me refiero al hecho de que existe hoy un factor nuevo que implica una variable muy importante y grave. En el Gobierno de la Unidad Popular está el Partido Comunista; y existe, además, una intervención foránea de notable magnitud que aflora en determinados momentos, como sucede en estos mismos instantes, cuando el segundo gobernante de Cuba, ese individuo tenebroso que es Carlos Rafael Rodríguez, ha venido a Chile a aconsejar, sugerir y aportar su experiencia para enfrentar la crisis final de este Gobierno. De nada servirán amenazas ni violencia. A pesar de tales circunstancias y del hecho de que el Gobierno seguirá intentando violentar la voluntad de los chilenos mediante toda clase de expedientes indebidos e ilícitos, de que tratará de romper el paro, como dije hace un instante, mediante sobornos, amenazas y engaños, sostengo que tales procedimientos serán vanos e inútiles, porque cuando un pueblo llega a la convicción de que la autoridad que lo rige es ilegítima, simplemente la desconoce, por decisión personal y espontánea. No se requiere de campañas, ni organizaciones, ni de voces de mando. Basta con la actitud pasiva, los brazos caídos, la protesta a lo Ghandi. No descarto en forma alguna la posibilidad de que también haya violencia grave generada por la acción del Gobierno. Espero que todos tengamos conciencia de ello y el ánimo y la voluntad dispuestos para enfrentar esa contingencia. Pero insisto en que al Gobierno de nada le servirán sus amenazas ni sus tropas de asalto marxistas, ni la violencia con que los comunistas asustan, ni la que éstos y sus aliados realizan. Tal vez esas amenazas y violencias van a tener un efecto contrapuesto al que ellos imaginan, porque contribuirán a exacerbar los ánimos, a templar los espíritus y a robustecer la voluntad del pueblo para luchar y atajar la dictadura comunista. La campaña de la guerra civil. Pienso también que será absolutamente inútil e ineficaz la campaña pueril en que está empeñado el Partido Comunista bajo el slogan No a la guerra civil. Todo Chile ha comprendido perfectamente el alcance de esa campaña, Hasta los adolescentes se clan cuenta de su propósito de inhibir a la ciudadanía para defenderse, y de impedir que se tomen las medidas y se ejerzan las acciones necesarias para poner atajo a los comunistas. Todo el mundo se ha dado cuenta de que esa campaña pretende infundir preocupación y temor para que nadie intente oponerse a los designios marxistas. Pero todo será inútil, porque los chilenos tenemos muy presente el si vis pacem, para bellum, aquel viejo aforismo romano que advierte que quienes desean la paz, deben estar preparados para la guerra. La experiencia histórica señala; sólo cuando hay la decisión indomable de no dejarse supeditar, cuando existe la voluntad de enfrentar cualquier contingencia, cuando no hay temor sino coraje para luchar en contra de las peores amenazas, cuando existen esas fuerzas morales, sólo entonces no se producen los conflictos. En cambio, cualquiera actitud de debilidad, temor y vacilación, atraerá esos conflictos y hará que los pronósticos de lucha civil puedan, en alguna forma, materializarse. De modo que mientras más abundantes sean los anuncios y las alarmas que los comunistas lancen sobre esa eventual guerra civil, estoy cierto de que el espíritu de los chilenos, en lugar de desarmarse, estará más vigilante y preparado para cualquiera eventualidad. Y si hubiese provocaciones por parte de los marxistas, el pueblo también responderá a ellas con la virilidad y energía que son constantes de nuestra raza. Si en años recientes esas respuestas aparecen adormecidas, estoy cierto de que sólo esperan una ocasión adecuada para manifestarse en todo su vigor. En el homenaje rendido esta tarde al Comandante Araya, la Honorable señora Campusano tuvo el desparpajo o la desfachatez -en realidad, no encuentro el calificativo parlamentario adecuado -de inculpar a partidos y organizaciones respetables, y de intentar vincularlos al asesinato del Edecán Naval, calificándolos de provocadores nazis. La señora Senadora olvidó que ella y los miembros de su colectividad tienen manchadas las manos con la sangre de los pueblos que sometieron gracias al pacto nazi-soviético, celebrado entre comunistas y nazistas, el pacto de von Ribben-trop y Molotov. En consecuencia, habría sido más prudente que evitara referencias de esta naturaleza, por lo menos en la Sala del' Senado, donde ella debe- suponer que los Senadores estamos suficientemente informados sobre la historia contemporánea. De manera que la democracia chilena no será engañada por los totalitarios como sucedió en Munich, por mucho que lo intenten los comunistas. También es inútil que el Gobierno pretenda pasar desde Argentina 1.500 camiones marca REO, con el propósito de exigir al Ejército que opere esa flota de vehículos, a fin de romper el paro de los transportistas. Tengo la absoluta certeza de que ni 1.500 camiones ni 150.000 van a doblegar la decisión de los transportistas ni la voluntad de una nación que ha dicho ¡basta! al Gobierno de la Unidad Popular. Aparte la actitud de ese gremio en conflicto, que interpreta y refleja la voluntad de todo el pueblo ele Chile, el Gobierno también debe tener presente que el Ejército no se prestará para las traiciones ni para las indignidades que traman los marxistas. Y volviendo a las circunstancias paralelas y a las discrepancias entre los acontecimientos de 1931 y los de hoy, quiero terminar mis palabras diciendo que hay otra circunstancia actual muy diferente de la de aquella época pretérita. El Congreso de 1973 no es dócil ni servil; pero su voz condenatoria, esa unanimidad de voces democráticas que expresa lo que piensa Chile, esa voz que debe condenar y castigar el intento totalitario de la Unidad Popular, aún no se ha hecho oír. Los transportistas, los obreros, los comerciantes, los estudiantes, los campesinos, reclaman con no disimulada impaciencia el pronunciamiento y el liderato político del Congreso Nacional. Por lo mismo, señor Presidente, pienso que nuestro pronunciamiento no puede tardar ni un día más, porque el tiempo es muy breve. Cuando un Poder del Estado deja de cíe cumplir oportuna y cabalmente con sus deberes más graves, ese Poder destruye su propia autoridad. Ello no debe suceder con el Parlamento chileno, ni va a ocurrir. Porque Chile requiere y exige un Congreso con plena autoridad. Por ello, el país aguarda anhelante, impaciente y esperanzado la palabra y la acción rectificadora y punitiva de los miembros del Congreso Nacional. El señor NOEMI (Presidente accidental).- Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión. Se levantó a las 22.57. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.